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Las autoridades de El Salvador deben emprender acciones inmediatas para proteger a los periodistas que temen por su vida tras haber recibido una serie de amenazas de muerte. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Del 30 de abril al 4 de mayo, los empleados de Radio Victoria, emisora de radio comunitaria dedicada a informar sobre derechos humanos y sociales en la región de Cabañas, al nordeste de la capital, San Salvador, recibieron reiteradas amenazas de muerte de lo que se autodenominaba un “grupo de extermino”, según han contado a Amnistía Internacional.

“Es inaceptable que El Salvador se mantenga al margen mientras los miembros de los medios de comunicación reciben amenazas destinadas a silenciarlos”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Las autoridades salvadoreñas deben brindar de inmediato protección al personal de Radio Victoria e iniciar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre estas reiteradas amenazas, y deben llevar a los responsables ante la justicia.”

Una carta introducida en Radio Victoria en la madrugada del 30 de abril amenazaba de muerte a los periodistas Pablo Ayala y Manuel Navarrete si no cesaban en sus retransmisiones y abandonaban la zona en un plazo de tres días. El autor de la carta afirmaba tener fotografías y un vídeo de los dos periodistas.

El 2 de mayo, Pablo Ayala y Marixela Ramos, productora de informativos de Radio Victoria, recibieron varios mensajes de texto amenazadores.

El 4 de mayo, varias horas después de que el personal de Radio Victoria celebrara en San Salvador una conferencia de prensa sobre la intimidación, se recibieron nuevos mensajes de texto amenazadores.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades que garantizaran la seguridad del personal de Radio Victoria.

El personal de la emisora ya había recibido amenazas de muerte anteriormente, en diciembre de 2009, y desde entonces se han producido varios ataques y amenazas de muerte contra trabajadores de los medios de comunicación y defensores y defensoras de los derechos humanos en la región de Cabañas.