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Mujeres, violencia y pobreza: Escapar de la trampa del género

Mon, 23 Nov 2009 09:12:44 +0000

¿Por qué más de dos tercios de las personas pobres del mundo son mujeres, pese a que las mujeres sólo constituyen la mitad de la población global?

La discriminación es uno de los principales factores de la pobreza y, con frecuencia, las mujeres son objeto de discriminación múltiple: las discriminan y les niegan sus derechos por ser mujeres y por pertenecer a un grupo marginado. Las mujeres que viven en la pobreza también se enfrentan a discriminación simplemente por su pobreza. La discriminación suele hacer que queden excluidas del acceso a la justicia, la protección o los servicios. En algunos países la discriminación contra las mujeres impregna la legislación, y en otros la discriminación persiste pese a la adopción de leyes de igualdad. Las mujeres suelen ser responsables del sustento de su familia, pese a que a menudo reciben sueldos más bajos que los hombres por realizar las mismas tareas, trabajan en el sector informal, sin seguridad de empleo, y tienen menos acceso a recursos como la tierra, el crédito y los derechos de herencia.

Muchas mujeres que viven en la pobreza carecen de acceso a servicios de salud porque no pueden costeárselos o no pueden pagar el transporte hasta los centros médicos. Las mujeres de Sudáfrica, en especial las de raza negra, se ven afectadas de forma desproporcionada por la pobreza y por la pandemia del VIH. El coste del transporte es elevado en relación con los ingresos de la población, y a las mujeres que viven en comunidades rurales pobres les resulta especialmente difícil trasladarse a los hospitales y continuar su tratamiento. Muchas, además, no reciben una alimentación adecuada, algo esencial para sobrellevar los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales. El estatus social, más bajo, de las mujeres agrava el problema ya que, cuando no hay suficientes alimentos, es probable que sean las últimas en comer.

La discriminación está íntimamente vinculada con la violencia contra las mujeres: determina el tipo de violencia que sufren, y en algunos casos hace que estén más expuestas a convertirse en blanco de ciertas formas de violencia por disfrutar de un estatus social menos elevado que otras mujeres y porque sus maltratadores saben que es menos probable que denuncien los abusos o pidan ayuda.

Atrapadas en el ciclo de la pobreza y la violencia
La pobreza, para las mujeres, es a la vez causa y consecuencia de la violencia: la violencia mantiene a las mujeres atrapadas en la pobreza, y las mujeres pobres están más expuestas a la violencia. Las mujeres que sufren violencia pierden ingresos y ven afectada su capacidad de ganarse la vida. La pobreza puede obligar a las mujeres a hacer elecciones difíciles que las ponen en peligro de sufrir violencia o las mantienen en esa situación. Una mujer que es económicamente dependiente de una pareja abusiva puede no ver una manera viable de mantenerse y mantener a sus hijos e hijas si abandona a su pareja. Una niña que queda embarazada como consecuencia de una violación puede verse excluida del colegio, con menos posibilidades de encontrar empleo seguro y un futuro independiente.

En Haití la pobreza es un fenómeno generalizado, y en las zonas rurales muchos progenitores toman la decisión de enviar a sus hijos e hijas a las ciudades con la esperanza de que allí mejoren sus perspectivas de futuro. Más de 100.000 niñas haitianas cuyas edades oscilan entre los 6 y los 17 años están empleados en el servicio doméstico. Trabajan largas horas, realizando las tareas del hogar, cuidando de los niños de la familia y vendiendo artículos en el mercado; a cambio de ello reciben alojamiento. Lejos de sus familiares y amistades y atrapadas en una situación de dependencia total de sus empleadores, muchas niñas están expuestas a los abusos físicos y la violencia sexual. Sin nadie que se preocupe por su bienestar y con escasas perspectivas de encontrar un trabajo menos riesgoso, estas niñas llevan una existencia solitaria, aislada y vulnerable.

La vida de las mujeres, decisión de los hombres
La pobreza puede limitar las oportunidades de que disfrutan las mujeres para tomas decisiones sobre su propia vida. Esta situación puede verse agravada por las costumbres, la cultura y la religión, que a menudo se suman para negar a las mujeres el acceso a los procesos de toma de decisiones e incluso a decisiones críticas sobre su vida y su cuerpo, como la decisión de ser madres. En Filipinas, las políticas del gobierno limitan el control que tienen las mujeres sobre si quedar embarazadas o no y cuándo, ya que asignan prioridad a métodos “naturales” de planificación familiar como la abstinencia periódica o el coito interrumpido.

La falta de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos afecta gravemente a las mujeres pobres que tienen que hacer grandes esfuerzos para conseguir el dinero necesario para adquirir anticonceptivos, especialmente en épocas de crisis económica en que se dispara el coste de artículos y materias primas. Hasta las tres cuartas partes de las adolescentes sexualmente activas no utilizan ningún método anticonceptivo.

En Filipinas la maternidad es muy riesgosa: diez mujeres mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. La alta tasa de mortalidad materna se ve agravada por la prohibición absoluta del aborto, que hace que las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado o llegado en mal momento tienen pocas opciones seguras. Cada año al menos 400.000 mujeres recurren a abortos clandestinos y, según algunos cálculos, unas 800 mueren anualmente como consecuencia de complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones de riesgo.

Las niñas se pierden la oportunidad de la educación
La violencia y la pobreza suelen sumarse para atrapar a las mujeres en situaciones difíciles, aunque la educación puede proporcionar una vía de escape. La educación puede abrir las puertas de la independencia económica, aumentando las opciones de las mujeres sobre cómo vivir su vida. La educación es un derecho humano, pero en todo el mundo más de 55 millones de niñas no asisten a la escuela debido a la violencia y la discriminación.

En Tayikistán, por ejemplo, muchas familias no pueden costear lo imprescindible para mandar a sus niños y niñas al colegio: libros de texto, ropa y transporte. Por consiguiente, en lugar de mandar a las niñas al colegio, dan prioridad a la educación de los niños, que tienen más probabilidades de ganar más dinero en el futuro. Numerosas niñas, en lugar de completar su educación, cuidan de familiares, trabajan en el campo o en el mercado o se casan a una edad temprana. La falta de educación no sólo reduce sus posibilidades de independencia económica sino también la posibilidad de que se enteren de cuáles son sus derechos.

Las mujeres hablan claro
Cuando saben que tienen derechos, las mujeres los reclaman pese a todos los obstáculos a los que se enfrentan. En todas partes del mundo hay ejemplos inspiradores. Actuando como defensoras de los derechos humanos o simplemente como miembros de sus familias y comunidades, las mujeres impulsan el progreso social y el avance del respeto a los derechos humanos para todas las personas. En algunos países, las mujeres son participantes activas en el proceso político y han dado pasos importantes hacia la igualdad política y económica.

Progreso teórico
El activismo constante de los últimos decenios en favor de los derechos humanos de las mujeres ha logrado considerables avances en materia de compromiso de la comunidad internacional con la defensa de los derechos de las mujeres. En el ámbito internacional existen acuerdos jurídicamente vinculantes para la protección y promoción de estos derechos y la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales reflejados en todos los tratados de derechos humanos. En el ámbito nacional, muchos países tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres, aunque estas leyes no ayudan a mejorar la vida de las mujeres si no se las hace cumplir.

No hay excusas legítimas para explicar por qué los gobiernos no han implementado plenamente y hecho efectivas las leyes nacionales e internacionales aprobadas durante los últimos decenios con miras a poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y, pese a que se han hecho grandes progresos, la vida de muchas mujeres prácticamente no ha mejorado. Las mujeres siguen siendo el sector más afectado por la pobreza, la violencia, la degradación ambiental y las enfermedades. Una cosa es cierta: la igualdad y el disfrute de los derechos sólo pueden alcanzarse cuando las mujeres participan activamente en los procesos políticos y cuando se escucha su voz.

El camino por recorrer
Es preciso que los Estados y las instituciones internacionales trabajen con más energía para proteger los derechos de las mujeres, pero todas las personas tienen un papel que desempeñar a la hora de crear la voluntad política de producir cambios. Podemos retar a nuestros gobiernos a que mejoren el disfrute de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional, así como, mediante la cooperación internacional, en todas partes del mundo.

En septiembre de 2009, todos los gobiernos acordaron la creación de una nueva entidad de la ONU dedicada a los derechos de las mujeres, que tendrá una mayor capacidad para contribuir a que la ONU y los gobiernos aseguren que las mujeres y las niñas de todo el mundo disfruten de sus derechos en la práctica. Para tener éxito, esta nueva entidad necesita de una dotación de fondos y un compromiso político sostenido.

Actúa ya para apoyar la creación de una nueva y enérgica entidad de la ONU dedicada a los derechos de las mujeres y para combatir la violencia contra las mujeres en Sudáfrica y Haití.

Satisfacción por el aplazamiento de una ejecución en Irán

Mon, 05 Oct 2009 12:01:33 +0000

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la actuación de las autoridades iraníes al posponer la ejecución de un ciudadano afgano acusado de haber cometido un asesinato cuando aún era menor de edad.

Abbas Hosseini iba a ser ejecutado el lunes 5 de octubre, pero, según informes, las autoridades judiciales de la ciudad de Mashhad han acordado aplazarla y así conceder más tiempo para convencer a la familia de la víctima de que acepte una compensación económica y se cierre el caso.

No se tienen noticias de que se haya establecido una nueva fecha para la ejecución.

Amnistía Internacional insta a las autoridades ironies a reviser la condena de manera que Abbas Hosseini no se enfrente más a la pena de muerte. Al tener menos de 18 años en el momento de cometerse el presunto delito, su ejecución está estrictamente prohibida en aplicación del derecho internacional.

Abbas Hosseini fue condenado a muerte en junio de 2004 por el asesinato de un hombre que, dijo, había intentado violarlo en julio de 2003.

Hosseini tenía que haber sido ejecutado el 1 de mayo de 2005, pero en el último momento se le concedió un aplazamiento de la ejecución durante una semana para dar a la familia de la víctima una nueva oportunidad de aceptar una diyeh o dinero de sangre, un tipo de compensación económica para la familia de sangre del hombre que murió.

Entre tanto, el presidente de la Magistratura ordenó a la magistratura local de Mashhad que no llevara a cabo la ejecución, tras lo cual se sometió la causa a revisión. El 27 abril de 2008, el Tribunal Supremo ordenó que se celebrara un nuevo juicio dada la edad de Abbas Hosseini en el momento del delito

El 5 de agosto de 2008, el Tribunal de Menores de Mashhad lo condenó de nuevo a muerte.

La condena fue confirmada el 29 de diciembre de 2008 por la Sección 33 del Tribunal Supremo y recibió la aprobación final del presidente de la Magistratura, lo que allana el camino para la ejecución, que debía haberse llevado a cabo el lunes día 5.

Amnistía Internacional cree que la prolongada incertidumbre jurídica que rodeó la revisión del caso y el nuevo juicio, así como las repetidas suspensiones en el último momento de la ejecución no han hecho sino aumentar su sufrimiento y el de su familia.

Desde 1990, Irán ha ejecutado al menos a 41 personas que eran menores de edad en el momento del delito y se sabe que más de 140 están condenadas a muerte. Al menos tres han sido ejecutadas en 2009, lo que supone una contravención de las obligaciones internacionales de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben de forma inequívoca la ejecución de personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito.

El presidente ruso debe actuar para poner fin a los ataques contra activistas de derechos humanos

Tue, 06 Oct 2009 11:29:26 +0000

Tres años después del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, los activistas de derechos humanos en Rusia y en el Cáucaso Septentrional están cada vez más expuestos a sufrir violencia e intimidación, según afirmó Amnistía Internacional el 5 de octubre de 2009.

En una carta al presidente ruso, Dmitry Medvedev, Amnistía Internacional le pide que adopte medidas genuinas para poner fin a los ataques y demostrar que su gobierno asume el compromiso de llevar ante la justicia a los autores de tales crímenes.

“Que quienes asesinaron y ordenaron asesinar a Anna Politkovskaya continúen en libertad refleja que las autoridades rusas no investigan estos crímenes en profundidad” afirmó Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

Varias personas que han denunciado las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, incluidos activistas de derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas, han sido víctimas de homicidio o han sufrido intimidación, muy probablemente como consecuencia del trabajo que realizaban.

En enero de este año, Stanislav Markelov, abogado que trabajaba en estrecha colaboración con Anna Politkovskaya, murió por disparos en Moscú. La periodista Anastasia Baburova fue abatida a tiros junto a él.

Los ataques contra quienes intentan proteger los derechos humanos son habituales en el Cáucaso Septentrional. El 15 de julio, Natalia Estemirova, del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, fue secuestrada en Grozni, capital de la República Chechena. Su cadáver apareció ese mismo día en Ingushetia.

Natalia Estemirova había sido amenazada de muerte en varias ocasiones en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.

Su homicidio tuvo lugar en un contexto de ataques verbales contra los activistas de derechos humanos por parte de las autoridades chechenas, que los acusaban de simpatizar con grupos armados ilegales.

Amnistía Internacional condena los comentarios emitidos por altos cargos públicos en torno a la fecha del homicidio de Natalia.

A principios de julio, Adam Delimkhanov, miembro del Parlamento ruso y estrecho aliado del presidente checheno, Ramzan Kadyrov, apareció en la televisión chechena amenazando a los “supuestos defensores de los derechos humanos, que apoyan a los terroristas”. En una entrevista con Radio Libertad poco después del asesinato de Natalia Estemirova, el presidente Ramzan Kadyrov tachó su labor de irrelevante y la describió como alguien que “nunca había tenido el menor sentido del honor o la vergüenza”.

“Es de la máxima importancia que las investigaciones sobre los homicidios de Natalia Estemirova, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova y Anna Politkovskaya se lleven a cabo con independencia e imparcialidad y que, si hay motivos para ello, no dejen de investigarse las posibles conexiones con representantes del gobierno, incluidas las máximas autoridades” ha afirmado Irene Khan.

Amnistía Internacional ha seguido expresando su preocupación en particular por la seguridad de los compañeros de Natalia Estemirova en las oficinas de Memorial en el Cáucaso Septentrional y en Moscú.

Akhmed Gisaev trabajaba con Natalia Estemirova. Poco antes de que la mataran, estuvo investigando junto a ella un caso de presunta ejecución extrajudicial en un pueblo checheno. Akhmed denunció que lo estaban siguiendo y que lo habían amenazado con correr la misma suerte que ella.

Entre otros ataques recientes están los cometidos contra Zarema Saidulaeva, presidenta de la organización humanitaria Let’s Save the Generation, y su esposo, Alik Dzhabrailov, que fueron víctimas de homicidio el 11 de agosto. Unos hombres que se identificaron como agentes de la ley los secuestraron de su oficina de Grozni; horas más tarde aparecieron sus cadáveres en el maletero de su coche.

La oficina de la organización Madres de Daguestán por los Derechos Humanos en Makhachkala, capital de Daguestán, ha sido recientemente incendiada. Los nombres de dos representantes de la organización, Svetlana Isaeva y Gulnara Rustamova, así como los de otros activistas de derechos humanos, abogados y periodistas de Daguestán, se citaban en folletos distribuidos en Makhachkala como instigadores y colaboradores de miembros de grupos armados ilegales. En tales folletos se hacía un llamamiento a la “venganza sangrienta” contra estas personas.

“Ya es hora de que el presidente Medvedev demuestre su voluntad política de proteger a la población y hacer valer los derechos humanos en Rusia. Debe actuar ya para acabar con el clima de miedo e intimidación” afirmó Irene Khan.

Amnistía Internacional ha pedido garantías al presidente Medvedev de que todos estos crímenes se investigan exhaustivamente y los responsables son procesados y juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales. Tres años después del asesinato de Anna Politkovskaya, las autoridades rusas deben tomar medidas para poner fin a los ataques contra quienes trabajan para proteger los derechos humanos en el país.

Periodistas en Honduras: “Ya nos tienen identificados”

Wed, 30 Sep 2009 16:44:54 +0000

Testimonio de Marvin Ortiz, periodista de Radio Globo en Honduras

El lunes a las 5 de la mañana comenzamos con nuestra programación habitual, con el noticiero Radio Globo de 5 a 8 de la mañana, dirigido por el director de la radio y dos periodistas. A eso de las 5.20 se escucharon golpes en la puerta y gente que gritaba "afuera!".

Eran militares y policías que venían a decomisar todo el equipo de la radio.

Mis colegas empezaron a escuchar disparos a la cerradura de la puerta, como para violentarla e ingresar a la radio. En ese momento, varios periodistas decidieron saltar del tercer piso del edificio donde esta la radio. Ellos ahora están golpeados, lesionados. Afortunadamente, una persona que pasaba por ahí los vio, les dio primeros auxilios y los llevo a un lugar seguro.

Cuando los militares y policías entraron a la radio, sin aviso, se llevaron todo el equipo, todo lo que se requiere para operar en la radio, computadoras, micrófonos, la consola, la central telefónica, los amplificadores y hasta las antenas. Hicieron un destrozo en la mesa de redacción. Se lo llevaron todo en una patrulla de la policía.

Posteriormente procedieron a la militarización del edificio. Además de la radio, ahí mismo funciona una entidad del estado, el Registro Nacional de las Personas y cuando los empleados de esa entidad llegaron a trabajar, la policía no les permitió ingresar. Solo pudieron marcar la tarjeta de entrada e irse a sus casas.

Yo llegue a la radio a las 7am. Estaba con una compañera que trabaja conmigo. Ahí mismo comenzó el hostigamiento de los policías y militares. Nos amenazaron y hostigaron. Nos tomaron fotos e insultaron.

A varios periodistas que estuvieron cubriendo el cierre de la radio, les decomisaron los equipos y a algunos los arrestaron.

Todos abandonamos el edificio como a las 9 de la mañana.

Todo esto surge de un decreto ejecutivo por parte del gobierno de facto de Roberto Micheletti donde suspende las garantías constitucionales a los hondureños y restringe la libertad de expresión. El decreto llevaba una dedicatoria para la Radio Globo y para el Canal 36 que también ha salido del aire.

Después del golpe de estado, la Radio Globo ha mantenido una posición de informar los acontecimientos tal como suceden en nuestro país. Una posición condenando el golpe de estado. Le damos un espacio a la gente para que se exprese libremente y haga sus denuncias.

En la radio somos alrededor de 50 personas, entre reporteros, presentadores, operadores y administrativos. Hay mucha persecución en nuestra contra y hay mucho temor. No nos sentimos seguros en ningún momento.

Mucha gente se acerco al edificio de la radio a repudiar la decisión del ejecutivo de cerrarla.

Hoy la radio esta operando solo por Internet en www.radiohonduras.com. Ayer teníamos alrededor de 400 mil personas. La gente esta pendiente de lo que esta pasando en la radio.

Tras la intervención de varias organizaciones de derechos humanos, el cuerpo militar y policial decidió desalojar la radio. Hay un cuerpo de abogados que ahora están trabajando para poder establecer que la radio comience a operar nuevamente sin restricciones en lo que habla.

Hoy estamos en el edificio solo los locutores. Estamos sacando la señal a través de Internet porque la prohibición, el decreto, no nos permite que salga por la frecuencia de radio.

Siguen habiendo amenazas y represión y arrestos contra periodistas, pero nosotros, los reporteros, nos mantenemos en las fuentes. Tenemos que ir a donde esta la noticia pero es temerario porque sabemos que ahí puede haber represión en contra nuestra, especialmente porque ya nos tienen identificados. Saben que somos del equipo de Radio Globo.

Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo, con nuestra profesión y nuestra familia.

Vamos a mantenernos ahí a pesar de todo, informando.

Contabilizando el coste humano del conflicto de Sri Lanka

Fri, 11 Sep 2009 14:09:03 +0000

El 23 de mayo, el gobierno de Sri Lanka anunció un plan para reasentar a la mayor parte de la población civil desplazada por el conflicto antes de que finalice el año. El objetivo inicial del gobierno –reasentar al 80 por ciento de los desplazados– fue revisado a la baja posteriormente y fijado en el 60 por ciento.

El plan, de 180 días de duración, pretendía incluir tanto a personas recientemente desplazadas por los combates librados en el norte del país, como a personas que llevaban desplazadas periodos prolongados.

Algunas familias srilankesas llevan años o decenios viviendo como personas internamente desplazadas y el proceso de reasentarlas no ha concluido. El ministro de Reasentamiento y Servicios de Ayuda en las Catástrofes, Rishad Bathiudeen, afirmó ante el Parlamento srilankés en agosto que el gobierno había reasentado a más de 59.000 familias desplazadas por la guerra en los últimos meses, principalmente familias que ya habían sido víctimas de desplazamientos anteriores en el este del país.

Según datos de la ONU sobre ayuda humanitaria, 266.567 personas desplazadas por el conflicto en el norte del país después del 1 de abril de 2009 permanecían en campos y hospitales a 28 de agosto. En junio esta cifra ascendía a 280.000 personas. Casi 250.000 de ellas se encontraban en el distrito de Vavuniya.

El plan del gobierno para devolver a las personas a sus lugares de origen consta de cuatro fases: en primer lugar se reasentará a las familias procedentes del este de Sri Lanka y Jaffna, seguidas por las de Vavuniya, Mannar y, por último, las de Kilinochchi y Mullaitivu, antiguos baluartes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. La Oficina del Presidente es el organismo responsable de coordinar este plan.

A finales de agosto, según los informes, 6.490 personas fueron autorizadas a salir de los campos para vivir con familias de acogida o en residencias de ancianos. La mayoría eran ancianos o discapacitados. Entre el 5 y el 28 de agosto, 5.123 personas fueron devueltas a los distritos de Jaffna, Vavuniya, Mannar, Trincomalee, Batticaloa y Ampara.

El 26 de agosto, unos 800 sacerdotes hindúes y católicos fueron liberados de los campos para personas desplazadas de Vavuniya. El 20 de agosto, 130 personas desplazadas en 2006 fueron trasladadas desde el distrito de Batticaloa al distrito de Trincomalee, pero no pudieron regresar a sus hogares porque sus tierras se encuentran dentro de un área que el ejército ha calificado como zona de alta seguridad. En su lugar han sido instaladas en una escuela y en otro edifico público.

Recordando a los desaparecidos en el mundo en 2009

Thu, 20 Aug 2009 08:12:29 +0000

Rosendo Radilla tenía 60 años cuando en agosto de 1974 fue víctima de una desaparición forzada. El que fuera alcalde del municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, y activista social, fue visto por última vez en un cuartel días después de ser detenido en un control de carreteras. Otras personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado.

Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a explicar qué le ha sucedido a Rosendo Radilla. Pero del mismo modo, su familia se ha negado a abandonar y ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperan que este año, la corte actual obligue al gobierno mexicano a decirles la verdad y les garantice su derecho a la justicia.

"Me decían 'y tú, ¿por qué no perdonas?'", dice Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo. "Por lo mismo que aquél no me dice qué hizo con mi padre. ¿Está vivo o está muerto? ¡No sé! Cuando uno piensa, él era muy friolento. Y cuando lo acababan de detener yo pensaba en eso. ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Le dolerá algo? ¿Qué pasa con él? Y eso no es un momento, sino que toda la vida. Como dicen 'ya no hay que reabrir la herida'. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta. Jamás ha sido cerrada."

Familias en todo el mundo esperan tener noticias de qué ocurrió con esos seres queridos que se llevaron agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o aquiescencia.

Amigos y familiares no tienen la manera de saber qué ha ocurrido con ellos. Las personas desaparecidas no tienen la protección de la ley. Les puede ocurrir cualquier cosa. Muchas son torturadas. Muchas fallecen.

El domingo 30 de agosto se celebra el vigésimo sexto Día Internacional de los Desaparecidos. Todos los años Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, recuerda a los desaparecidos y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas mediante actividades y eventos.

Los gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.

Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 personas en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares.

Las desapariciones forzadas están relacionadas a menudo con operaciones de contrainsurgencia o antiterrorismo. Chechenia, que en 1991 intentó escindirse de la Federación Rusa, ha sufrido desde entonces los estragos de dos conflictos armados y de una operación antiterrorista. Tanto las fuerzas de la Federación Rusa como los agentes de la ley chechenos se han visto implicados en desapariciones forzadas, que suman miles.

En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.

James Balao, activista en favor de los derechos de los indígenas e investigador, desapareció en septiembre de 2008 cuando se dirigía en automóvil a visitar a su familia en La Trinidad, provincia de Benguet.

Hombres armados y uniformados que decían ser agentes de policía, lo hicieron parar y lo metieron en una furgoneta blanca. Testigos que firmaron declaraciones juradas en las que relataban su captura se encuentran hoy escondidos por miedo a ser perseguidos.

Los familiares y los amigos de las personas desaparecidas sufren la angustia de la incertidumbre y no pueden llorar su pérdida ni continuar con sus vidas. Chief Ebrima Manneh, periodista gambiano, fue detenido en julio de 2006 por el intento de dar a conocer un artículo de la BBC crítico con el gobierno de Gambia. Su paradero todavía se desconoce pese a que un tribunal regional de África occidental dictó una sentencia sin precedentes en la que ordenaba al gobierno de Gambia su liberación y el pago de indemnizaciones. La madre de Ebrima Manneh comenta que le cuesta disfrutar de cualquier cosa porque no puede quitarse a su hijo de la cabeza. La familia ha dicho a Amnistía Internacional que se encuentra cada vez más aislada porque otras personas tienen miedo de relacionarse con ellos. Además está pasando una situación apurada porque dependían del sueldo de Ebrima Manneh.

Para hacer frente a las desapariciones forzadas, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuando entre en vigor, la Convención se convertirá en una herramienta útil para evitar las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias.

La Convención define la desaparición forzada como:
"El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

La Convención aborda las violaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los problemas a los que se enfrentan aquellas personas que intentan investigarlas y hacer rendir cuentas a sus responsables. Asimismo reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el destino de una persona desaparecida y a obtener reparaciones.

La Convención obliga a los Estados a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. También exige a los Estados instaurar firmes salvaguardias para aquellas personas privadas de su libertad, buscar a las personas desaparecidas y, en el caso de que hayan fallecido, localizar, respetar y restituir sus restos.

La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, a no ser que decidan extraditarlos a otro Estado o entregarlos a una corte penal internacional.

Un Comité contra la Desaparición Forzada velará por la implantación de la Convención y estudiará las denuncias de personas individuales y de Estados.

Para que la Convención entre en vigor sólo necesita ser ratificada por algunos gobiernos más. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que todavía no lo han hecho que ratifiquen la Convención lo antes posible. La ratificación proclamará con fuerza que las desapariciones forzadas no se tolerarán y será una herramienta nueva y muy necesaria para aquellos que buscan a sus seres queridos.

Malaisia aplaza el azotamiento de una mujer por el ramadán

Tue, 25 Aug 2009 10:42:00 +0000

Hoy, lunes 24, autoridades malaisias han aplazado el azotamiento con vara de una mujer musulmana, condenada por consumir alcohol en un lugar público, hasta que termine el mes santo del ramadán.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción el aplazamiento y pide al gobierno malaisio que deje de aplicar definitivamente el castigo del azotamiento con vara.
“Este caso es una muestra de que el azotamiento y la flagelación son una epidemia en Malaisia” –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–. Desde el año 2002, se ha azotado o flagelado a más de 35.000 personas, la mayoría migrantes irregulares.”
Kartika Sari Devvi Shukarno debía permanecer en la prisión de mujeres de Kajang, en el estado de Pahang, a partir de hoy, a la espera de ser azotada en un plazo de siete días.
Según informaciones periodísticas, la furgoneta que la trasladaba a la prisión desde la casa de su padre dio media vuelta y la llevó de nuevo al hogar paterno.
Autoridades de Pahang han dicho que el aplazamiento se prolongaría hasta el final del mes de ayuno. El lunes 24 corresponde al tercer día del ramadán.
Kartika Sari Devvi Shukarno, de 32 años, fue condenada a recibir seis azotes con vara por beber cerveza en el bar de un hotel en diciembre de 2007. Además, un tribunal que administra la ley islámica en el estado malaisio de Pahang le impuso una multa de 5.000 rupias (unos 1.400 dólares estadounidenses) al declararse culpable del delito.
Kartika Sari Devvi Shukarno no ha recurrido la condena. Si se aplica el azotamiento, será la primera mujer que reciba un castigo de esta naturaleza en Malaisia.
En junio de 2009, el gobierno de Malaisia anunció que 47.914 migrantes habían sido condenados a recibir golpes con vara por delitos relativos a la inmigración desde la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley de Inmigración en 2002. Al menos 34.923 migrantes han sido azotados con vara entre 2002 y 2008, según los archivos del departamento de prisiones del país.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que derogue todas las leyes que contemplan éste y cualquier otro castigo corporal.
“Los azotes con vara son un castigo cruel, inhumano y degradante y están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos –ha declarado Sam Zarifi–. El gobierno malaisio debe hacer todo lo que esté en su mano para impedir la utilización de este castigo inhumano en cualquier circunstancia.”
En la actualidad, los golpes con vara se aplican como castigo suplementario por la comisión de al menos 40 delitos en Malaisia, pero ésta es la primera vez que se utiliza contra una persona declarada culpable de violar las leyes religiosas del país. La ley islámica se aplica sólo a las personas de religión musulmana, que suponen el 60 por ciento de una población de 28 millones de habitantes.

Una mujer malaisia, primera persona azotada con vara en aplicación de la ley islámica

Mon, 24 Aug 2009 12:41:14 +0000

Un tribunal estatal malaisio ha condenado a una mujer musulmana a recibir seis azotes con vara después de que fuese sorprendida bebiendo cerveza en un hotel del estado malaisio de Pahang.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno malaisio que ponga fin de inmediato al uso del azotamiento con vara como forma de castigo. La organización también ha pedido al gobierno malaisio que derogue todas las leyes que contemplan éste y cualquier otro castigo corporal.
Kartika Sari Devvi Shukarno, de 32 años de edad, también fue condenada a pagar una multa de 5.000 rupias (unos 1.400 dólares estadounidenses) por un tribunal que administra la ley islámica en el estado malaisio de Pahang, cuando se declaró culpable del delito. El tribunal ha ordenado que permanezca en reclusión provisional en la prisión de mujeres de Kajang desde el lunes, 24 de agosto, y reciba el castigo en el plazo de siete días a partir de esa fecha.
“Los azotes con vara son un castigo cruel, inhumano y degradante y están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Sam Zarifi, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “El gobierno malaisio debe hacer todo lo que esté en su mano para impedir la utilización de este castigo inhumano en cualquier circunstancia”.
En la actualidad, los golpes con vara se aplican como castigo suplementario por la comisión de al menos 40 delitos en Malaisia, pero ésta es la primera vez que se utiliza contra una persona declarada culpable de violar las leyes religiosas del país. La ley islámica se aplica sólo a las personas de religión musulmana, que suponen el 60 por ciento de una población de 28 millones de habitantes.
En junio de 2009, el gobierno de Malaisia anunció que 47.914 migrantes habían sido condenados a recibir golpes con vara por delitos relativos a la inmigración desde la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley de Inmigración en 2002. Al menos 34.923 migrantes han recibido golpes con vara entre 2002 y 2008, según los archivos del departamento de prisiones del país.

Las restricciones electorales a los medios de comunicación menoscaban el proceso democrático en Afganistán

Wed, 19 Aug 2009 16:49:46 +0000

La víspera de las elecciones presidenciales en Afganistán, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno afgano que revoque su prohibición de que los medios de comunicación nacionales e internacionales informen sobre casos de violencia e inseguridad durante los comicios del jueves 20 de agosto.

La decisión se adoptó después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el martes 18 de agosto y fue anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano. El Ministerio señaló que los periodistas deben abstenerse de informar sobre cualquier incidente de violencia o seguridad relacionado con las elecciones que pueda tener lugar durante la votación.

“El gobierno afgano debe poner fin de inmediato a las restricciones impuestas a la labor informativa de los medios y permitir que los medios nacionales e internacionales ejerzan la libertad de expresión y el derecho de las personas a acceder a la información”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

En el periodo previo a las elecciones, Amnistía Internacional ha documentado actos de intimidación de periodistas afganos críticos tanto por parte del gobierno afgano como de los insurgentes talibanes.

Amnistía Internacional cree que restringir la labor informativa de los medios de comunicación el día de las elecciones menoscabará los esfuerzos de la comunidad internacional y los logros del gobierno afgano para mantener la libertad de expresión y el acceso a la información en Afganistán.

“La libertad de expresión es inherente al proceso democrático. El gobierno afgano está contradiciendo este mismo principio en su intento de restringir la labor informativa de los periodistas en un momento en que la población de Afganistán necesita más información, no menos”, ha declarado Sam Zarifi.

Activistas del terremoto de Sichuan, a juicio

Tue, 04 Aug 2009 12:14:59 +0000

Dos activistas que prestaron ayuda a supervivientes del terremoto ocurrido en mayo de 2008 en la provincia china de Sichuan van a ser juzgados este mes. Su detención forma parte de los continuos esfuerzos de las autoridades por impedir las actividades pacíficas y legales en favor de los derechos humanos valiéndose de la legislación penal china.

Huang Qi comparecerá mañana ante el Tribunal Popular del Distrito de Houwu en la ciudad de Chengdu para ser juzgado a puerta cerrada por el cargo de “estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados como altamente secretos”. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cumplir hasta tres años de prisión.

Otro activista del terremoto, Tan Zuoren, será juzgado el 12 de agosto en el Tribunal Popular Intermedio de Chengdu por el cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Está acusado de difamar al Partido Comunista y al gobierno chinos en información que ha publicado en Internet sobre el modo en que las autoridades tratan la represión de Tiananmen de 1989.

No obstante, fuentes locales creen que la detención de Tan Zuoren está relacionada con su intención de publicar, con motivo del primer aniversario del terremoto, un informe basado en investigaciones independientes sobre el derrumbamiento de escuelas a causa de la corrupción del gobierno.

"Tras más de 13 meses de detención, Huang Qi padece graves dolencias, incluidos dos tumores que se le han desarrollado desde que fue detenido, y se teme que no reciba la debida atención médica –ha manifestado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Las autoridades han rechazado las reiteradas solicitudes presentadas por su familia para que lo dejen en libertad bajo fianza en espera del juicio."

Huang Qi ha sido interrogado repetidas veces en relación con su ayuda a diversas familias que entablaron acciones judiciales contra las autoridades locales tras la muerte de sus hijos e hijas al derrumbarse sus escuelas en el terremoto de Sichuan. Estas personas creen que los edificios públicos que se derrumbaron entonces se habían construido mal debido a la corrupción, en la que estaban implicadas autoridades locales.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que retiren los cargos presentados por motivos políticos contra Huang Qi y Tan Zuoren y los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones.