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El obstruccionismo del gobierno de Myanmar puede causar nuevas víctimas

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

Tras el paso del ciclón Nargis, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a alrededor de un millón, el gobierno de Myanmar (antes Birmania) está impidiendo deliberadamente la entrada de una ayuda que podría salvar vidas. Su negativa a abrir las fronteras a la ayuda humanitaria masiva que se necesita, incluidos expertos, causará más muertes y sufrimiento a los damnificados por el ciclón.

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento urgente al gobierno para que permita que la ayuda, los expertos y el material lleguen a todas las áreas afectadas por el ciclón, al tiempo que se garantiza que la ayuda se presta en función de las necesidades y sin discriminación alguna.

Un portavoz de Amnistía Internacional afirmó que la organización cree que, al bloquear deliberadamente la entrada de ayuda para la supervivencia, el gobierno de Myanmar puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, a los alimentos y a la salud.

"Cualquier obstáculo que impida el acceso de la ayuda que se necesita con urgencia puede incrementar el número de muertos, ya extremadamente elevado," ha declarado Benjamin Zawacki, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional.

El gobierno de Myanmar ha declarado que casi 23.000 personas murieron a consecuencia del ciclón, aunque observadores independientes calculan que pueden haber muerto hasta 100.000 personas. Tras el paso del ciclón Nargis, más de un millón de personas se han quedado sin casa, alimentos básicos, refugio o asistencia médica.

El gobierno de Myanmar se encuentra cada vez más aislado del resto del mundo debido a su historial de abusos sistemáticos contra los derechos humanos y de crímenes de guerra. No ha proporcionado a cientos de miles de sus atribulados ciudadanos el socorro que desesperadamente necesitan y hasta el momento ha impedido que los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y sus suministros lleguen a las áreas más afectadas.

Amnistía Internacional ha afirmado que teme que miles de personas pueden morir todavía por desnutrición, enfermedades contagiosas y exposición a los elementos. Cada día que pasa sin que los supervivientes del ciclón reciban la ayuda necesaria, incrementa enormemente el riesgo de muerte o lesiones permanentes.

En una declaración citada en los medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar afirmó el viernes 9 de mayo que el país no recibiría “equipos de rescate e información de países extranjeros”. En su lugar, según los informes, declaró que recibiría y distribuiría ayuda “con sus propios recursos”.

En consecuencia, el primer ministro tailandés, Samak Sundaravej, que había previsto trasladarse a Myanmar para reunirse con el gobierno, canceló su viaje. Según se informó, un equipo de trabajadores de rescate que volaba a Yangón desde Qatar recibió la orden de regresar.

Además de rechazar la asistencia técnica que tanto necesita, según informes recibidos, la embajada de Myanmar en Bangkok cerró el viernes 9 de mayo debido a una festividad local, en lugar de expedir visados a los equipos de expertos en ayuda humanitaria que esperaban en la capital tailandesa.

Después de lo que calificó de “restricciones inaceptables”, el Programa Mundial de Alimentos suspendió brevemente sus vuelos con ayuda y grupos de derechos humanos informaron de que las autoridades locales de Yangón habían estado vendiendo material para tejados en lugar de distribuirlo.

Amnistía Internacional ha instado a los Estados vecinos de Myanmar, en especial los que tienen relaciones amistosas con el gobierno de Myanmar –China, India, Tailandia y Vietnam–, que continúen presionando al gobierno de aquel país para que facilite las iniciativas de ayuda humanitaria y establezca mecanismos transparentes de coordinación con la comunidad internacional.

El gobierno de Myanmar ha anunciado que seguirá adelante con sus planes de celebración de un referéndum nacional sobre una nueva Constitución el 10 de mayo. Amnistía Internacional ha afirmado que el documento es un esfuerzo por menoscabar el respeto por los derechos humanos y afianzar el poder militar y la impunidad.

Aunque centenares de miles de sus ciudadanos luchan por conseguir refugio, alimentos y atención médica básicos, el gobierno ha dado prioridad a la aprobación de la nueva Constitución.

"Los dirigentes de Myanmar están demostrando una vez más su desprecio por el bienestar de su propio pueblo –ha declarado Zawacki–. En lugar de ayudar a centenares de miles de personas que se encuentran en una situación desesperada, al gobierno le preocupa más reforzar su poder."

Una mirada fugaz a Guantánamo

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

Amnistía Internacional llevará a ciudades de todo Estados Unidos la reproducción a tamaño real de una celda de máxima seguridad de Guantánamo. Esta gira brindará a la población estadounidense la oportunidad de entrever la dura realidad de la detención ilegal en régimen de aislamiento prolongado.

La mayoría de los detenidos de Guantánamo viven en régimen de aislamiento, muchos de ellos sin prácticamente acceso a la luz solar ni contacto con otras personas, en muchos casos durante todo el día. La falta de noticias sobre la fecha de su liberación o sobre la posibilidad o no de que ésta llegue algún día agrava aún más su sufrimiento.

En la mayoría de los casos no se han presentado cargos y, cuando se ha hecho, los detenidos sólo tienen la perspectiva de comparecer en juicios injustos ante comisiones militares. Algunos pueden ser condenados a muerte.

La gira empezará el 8 de mayo en Miami, y se detendrá en Washington D.C. el 26 de junio, con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Animamos a quienes visiten la celda a vivir en primera persona la sensación de aislamiento y a compartir su experiencia en un mensaje de vídeo. Para hacerte una idea, puedes ver una foto panorámica del interior de la celda.

Antes de marcharse, los visitantes también pueden actuar para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos en Guantánamo y en otros lugares.

Sigue el recorrido de la celda en su viaje por Estados Unidos:

Ve los vídeos y escribe tus comentarios. También puedes enviar tu propio vídeo.
Puedes ver fotos de la celda en Flickr.

¡Actúa ya!

Firma nuestra petición mundial para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.
Mantente al día de la campaña 'Contra el Terror, Justicia' de Amnistía Internacional.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

Amnistía Internacional insta a Indonesia a ratificar el Estatuto de Roma

Fri, 02 May 2008 16:26:36 +0100

Amnistía Internacional hace un llamamiento a Indonesia para que cumpla su compromiso de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2008.

En 2004, el presidente de Indonesia aprobó el Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos, en el que resulta significativa la afirmación de que el país tenía intención de ratificar el Estatuto de Roma en 2008.

Sin embargo, aunque 2008 está ya casi mediado, sigue sin saberse con certeza si Indonesia va a alcanzar su objetivo. En particular, cabe señalar que aún no se ha promulgado la legislación interna necesaria para la cooperación con la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido a Indonesia que tome todas las medidas necesarias para ratificar el Estatuto de Roma este año y demostrar su compromiso con los esfuerzos por poner fin a la impunidad de las peores violaciones de derechos humanos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente e independiente, creado por la comunidad internacional para perseguir los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En virtud de un sistema de complementariedad, sólo actúa cuando las autoridades nacionales no pueden abrir investigaciones ni enjuiciamientos o no están dispuestas a hacerlo.

El Estatuto de Roma se aprobó en una conferencia internacional celebrada en dicha ciudad el 17 de julio de 1998. Hasta la fecha lo han ratificado 106 países, más de la mitad del mundo. La Corte Penal Internacional, que comenzó su actividad el 1 de julio de 2002, ha iniciado ya cuatro investigaciones, sobre crímenes cometidos en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán) y Uganda. Se espera que su primer juicio dé comienzo este año.

El secreto hace que aumenten los abusos contra los derechos humanos en Sri Lanka

Fri, 02 May 2008 18:22:04 +0100

Con mucha frecuencia, garantizar el respeto de los derechos humanos en el mundo depende de la información imparcial y rigurosa de los medios de comunicación, pues si no se sacan a la luz para someterlos al escrutinio público, los abusos, ocultos por el secreto y la negación, pueden aumentar.

La importancia de los medios de comunicación en las situaciones de conflicto es indudable, pues sin noticias, imágenes y filmaciones de los combates y la violencia nadie sabe lo suficiente para ejercer presión sobre los participantes a fin de garantizar que se respetan los derechos humanos.

Esta información es especialmente necesaria en Sri Lanka, donde se cree que todas las partes en el conflicto tienen un número muy alto de bajas y hay gran cantidad de civiles atrapados en medio de las hostilidades. Todas las partes son responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su preocupación por el incremento del número de víctimas civiles desde que, a principios de año, comenzaran a aumentar los ataques indiscriminados en el norte, el este y el sur del país.

A pesar de su alto coste humano, la guerra de Sri Lanka es un conflicto en el que los periodistas sufren restricciones injustificadas a la hora de informar, y hay muy pocos hechos que se den por establecidos. De hecho, ambos bandos se contradicen mutuamente una y otra vez.

El conflicto de Sri Lanka enfrenta a las fuerzas del gobierno, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y los grupos armados tamiles presuntamente alineados con el gobierno. Como señaló Amnistía Internacional en su informe de febrero Silenciar la disidencia, Sri Lanka es un país donde se silencia a los medios de comunicación con amenazas, restricciones y violencia para que no informen sobre la guerra.

El conflicto del norte y el este del país ha seguido intensificándose desde 16 de enero de 2008, cuando terminó la tregua que se había acordado. La retirada de la Misión de Observación en Sri Lanka, encargada de vigilar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 2002, ha dejado un vacío en lo que respecta a contar con información independiente de las violaciones de derechos humanos. Debido a ello, es aún más urgente que se permita a los profesionales del periodismo informar sin restricciones indebidas y documentar los abusos sobre el terreno.

Sin embargo, a menudo se impide el acceso de periodistas a las zonas en conflicto. Los Tigres de Liberación no permiten la información independiente en las zonas bajo su control, mientras que el gobierno oculta el coste de la guerra.

Según el Movimiento de Medios de Comunicación Libres, organización de vigilancia de los medios de comunicación con sede en Colombo, la semana pasada las autoridades del gobierno de Sri Lanka prohibieron la entrada de periodistas en hospitales de la capital donde se estaba atendiendo a soldados del Ejército de Sri Lanka heridos en combate a finales de abril.

Según la Federación Internacional de Periodistas, 25 profesionales de la minoría tamil han huido de la península de Jaffna, donde las fuerzas del gobierno combaten contra rebeldes de los Tigres de Liberación.

Hace ya dos años que Suresh Kumar y Rajiv Kumar, miembros del personal de servicio del periódico de Jaffna Uthayan, fueron abatidos a tiros en la sede del periódico el 2 de mayo de 2006. Esta publicación ha sido objeto de intensos ataques debido a su presunta postura nacionalista tamil. Desde comienzos de mayo de 2006, han sido víctimas de homicidio en Jaffna siete trabajadores de medios de comunicación, entre ellos cuatro de Uthayan.

Unos hombres armados que circulaban en motocicleta atacaron la oficina y, puesto que los periodistas a los que parecía que iban buscando no estaban, mataron a los dos trabajadores. Los homicidas aún no han sido detenidos.

"Publicar nuestro diario en Jaffna es una tarea cada vez más hercúlea y peligrosa –ha manifestado el director de Uthayan-, pues hay hombres armados que amenazan continuamente nuestro trabajo y nuestra vida.”

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ninguna investigación que haya hecho posible la detención y procesamiento de los presuntos responsables de los homicidios de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

Otro caso es el del periodista Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam, detenido el 7 de marzo y recluido desde entonces en el centro de detención de la División de Investigaciones de Terrorismo de Colombo. Las autoridades han afirmado que está detenido como sospechoso de vinculación con los Tigres de Liberación, pero no se han presentado cargos contra él.

Amnistía Internacional ha manifestado que su detención es arbitraria. El periodista podría quedarse ciego si no recibe atención médica especializada, pues padece una grave dolencia ocular.

En total, desde comienzos de 2006 han sido víctimas de homicidio ilegítimo en Sri Lanka al menos 10 trabajadores de los medios de comunicación. Otros han sido detenidos arbitrariamente, han sufrido tortura y han desaparecido, al parecer, bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa en 2008, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Sri Lanka a que proteja a los trabajadores de los medios de comunicación y garantice su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, conforme a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.

La organización ha pedido también al gobierno que respete a los trabajadores de los medios de comunicación y anuncie públicamente que no se tolerarán los homicidios, amenazas y demás ataques y que se investigarán con prontitud y de manera independiente, imparcial y efectiva todos los casos de agresión, desaparición y homicidio de trabajadores de los medios de comunicación, independientemente de la identidad de los responsables y de las víctimas.

La organización pide también a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que ordenen a todos sus miembros poner fin a los homicidios, amenazas y demás ataques contra trabajadores de los medios de comunicación. Todas las partes en el conflicto deben dejar de atacar a periodistas.

Continúa el drama de la población palestina en campos de refugiados

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

Más de 3.000 refugiados palestinos se encuentran aislados del resto del mundo, en penosas condiciones y sin acceso a ayuda humanitaria adecuada.

En marzo de 2008, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con refugiados palestinos abandonados a su suerte en el campo de Al-Tanf, situado en tierra de nadie en la frontera de Irak y Siria.

Dicho campo está formado una estrecha franja de tierra, seca y polvorienta, encajada entre un muro de hormigón y la principal carretera de Bagdad a Damasco, y en él se alcanzan temperaturas superiores a los 50º C en verano, mientras que en invierno se registran temperaturas bajo cero. En Al-Tanf residen cientos de refugiados palestinos huidos de Irak, país en el que llevaban mucho tiempo viviendo, y en el que la población palestina se ha convertido en uno de los principales blancos de actos de violencia y homicidios sectarios.

La única protección contra el calor, la nieve y las cegadoras tormentas de arena son una serie de tiendas masificadas.

El peligro acecha por doquier, especialmente para los menores de edad. El lugar está infestado de escorpiones y serpientes, mientras que las tiendas que sirven de escuela no están protegidas contra el intenso tráfico de la cercana carretera, que ya se ha cobrado la vida de un menor, atropellado por un camión.

Según residentes entrevistados por la delegación de Amnistía Internacional durante su visita al campo en marzo de 2008, los sistemas de calefacción y cocina causan con frecuencia incendios que destruyen las tiendas (42 en total hasta el momento).

Pese a la dureza de las condiciones de vida y a la inseguridad de Al-Tanf, continúa creciendo en el campo la población de refugiados palestinos huidos de Irak, a medida que llegan a él personas expulsadas de Siria tras haber entrado en dicho país con pasaportes falsos. Muchos de los residentes describieron a Amnistía Internacional los terribles acontecimientos que les impulsaron a huir de Irak y que aún les traumatizan.

Además, la población de Al-Tanf se siente también traumatizada por las condiciones de vida que soporta en el campo y por el temor a verse atrapada en él muchos años más. Basta recordar las palabras de un residente a la delegación de Amnistía Internacional: “¡Sálvennos de este infierno, por favor!”.

Por otro lado, unos 2.000 refugiados palestinos residen en el campo de Al-Waleed, en el desierto de Irak, en condiciones aún más severas, dada la extremada dificultad que tienen las organizaciones de ayuda y el ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para acceder a él. Sus condiciones de vida son deplorables, y la única solución para poner fin a su dolorosa situación es reasentarlos en terceros países. Además, en febrero de 2008, otras 300 personas palestinas se encontraban en el campo de Al-Hol, situado en la gobernación de Al-Hassakah, en la región noreste de Siria. La mayoría de ellas habían sido trasladadas allí en mayo de 2006, procedentes de la frontera entre Irak y Jordania.

En opinión del ACNUR, el reasentamiento en terceros países es la única solución duradera y posible para los palestinos procedentes de Irak en la actualidad. Aunque miles de personas huidas de Irak se han refugiado en Siria y Jordania, las autoridades de ambos países han prohibido en general la entrada a los refugiados palestinos.

El gobierno chileno se ha ofrecido a reasentar un grupo inicial de 116 palestinos de Al-Tanf. Hasta el momento, sólo 64 han llegado a Chile, aunque se espera que los restantes se reúnan con ellos en breve.

Por otro lado, según informes, algunos gobiernos de países no pertenecientes a Oriente Medio han afirmado que reasentarán a residentes de Al-Tanf, pero la situación de éstos es desesperada, y su reasentamiento en condiciones de seguridad tarda en llegar.

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña mundial para llamar la atención con respecto a la tragedia de estos refugiados palestinos procedentes de Irak, y poner de manifiesto la necesidad de actuar sin demora.

A tal efecto, la organización ha pedido a su membresía y simpatizantes que hagan llamamientos solicitando ayuda internacional urgente para los refugiados palestinos y para otros grupos de refugiados particularmente vulnerables procedentes de Irak.

Aumentan los homicidios de sindicalistas en Colombia

Wed, 30 Apr 2008 17:30:12 +0100

No queremos marchas llorando los muertos ni protestas para el 1 de mayo. –Fragmento de una amenaza de muerte paramilitar enviada a sindicalistas del departamento de Santander, 22 de abril de 2008

En gran parte del mundo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, brinda a trabajadores y trabajadoras la oportunidad de celebrar sus derechos y manifestar su solidaridad. Ese día se celebran concentraciones y actos en todo el mundo, de Londres a Moscú, pasando por Yakarta, Caracas o Ciudad del Cabo.

En el mundo entero, los sindicalistas sufren violencia y opresión. Pese a los casi 60 años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, ese derecho sigue violándose de forma generalizada.

Año tras año, Colombia simboliza los abusos más graves y constantes contra este derecho humano. En este país no se puede dar por sentada la posibilidad de participar en actos del 1 de mayo ni en otras actividades sindicales legítimas.

En lo que va de año, unos 22 sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra considerablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo precaria.

El 17 de abril de 2008 se encontró en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, el cadáver de Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA). Según los informes, presentaba señales de tortura. Al parecer, antes de su muerte, Jesús Heberto Caballero había recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

El homicidio se produjo unos días antes de que sindicatos y organizaciones de derechos humanos recibieran por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por “Águilas Negras”, fechada el 21 de abril de 2008. Según los informes, Jesús Heberto Caballero estaba sacando a la luz prácticas corruptas dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Adolfo González Montes, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Riohacha, departamento de La Guajira, el 22 de marzo de 2008. Su homicidio coincidió con las amenazas de muerte telefónicas recibidas por otros dirigentes de SINTRACARBON.

Algunos de estos dirigentes han denunciado también que sus casas estaban siendo vigiladas por individuos no identificados. La muerte de Adolfo González ha tenido lugar mientras el sindicato se disponía a iniciar negociaciones sobre las condiciones de trabajo con las empresas propietarias de la explotación minera de Cerrojón, en el departamento de La Guajira.

La mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas.

Desde que, en julio de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, el gobierno colombiano ha alegado que la situación de los sindicalistas ha mejorado de forma espectacular.

En dicho informe, Amnistía Internacional reconoció que, efectivamente, se había producido un descenso del número de sindicalistas víctimas de homicidio, frente a las cifras de principios de la década de 2000. Sin embargo, la organización conmemora este año el 1 de mayo pidiendo al gobierno colombiano que ponga más empeño en defender a los sindicalistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de homicidios experimentado en 2008.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tachado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estos activistas.

Amnistía Internacional ha destacado cómo, en los dos últimos decenios, el número de homicidios de sindicalistas ha experimentado bruscos descensos seguidos de fuertes aumentos. La organización ha insistido en que la ausencia de medidas enérgicas por parte de los sucesivos gobiernos colombianos para poner fin a la impunidad –superior al 90 por ciento– que rodea estos casos impide garantizar que la reducción de las cifras un determinado año se traduzca necesariamente en una mejora sostenible de la situación de los derechos humanos.

El fuerte incremento del número de sindicalistas asesinados en los cuatro primeros meses del año ilustra claramente este problema.

El gobierno colombiano ha alegado también que los abusos sufridos por sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical. Sin embargo, Amnistía Internacional recibe incesante información que indica que las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.

El 1 de mayo de 2008, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno colombiano que tome medidas enérgicas para poner fin a la crisis de derechos humanos a la que se enfrentan los sindicalistas en Colombia. La organización ha pedido a la comunidad internacional que insista ante el gobierno colombiano a este respecto.

Otros gobiernos pueden garantizar que la oficina permanente de la OIT en Colombia cuenta con recursos adecuados para poner en práctica un mandato que incluye la vigilancia activa y la información sobre la situación de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas.

Y pueden asimismo emprender acciones para garantizar que se dota de recursos adecuados a las unidades especializadas creadas para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

Pakistán debe restablecer en sus cargos a los jueces destituidos en aplicación de la ley de excepción

Mon, 28 Apr 2008 17:35:38 +0100

El gobierno de Pakistán debe restablecer en sus cargos a unos 60 jueces de los tribunales superiores que fueron destituidos por el presidente Pervez Musharraf en aplicación de la ley de excepción, antes de que expire el plazo fijado por la coalición gobernante el 30 de abril, ha afirmado Amnistía Internacional.

“La restitución de los jueces es un paso imprescindible para garantizar un poder judicial independiente. Los jueces están en una posición única para cuestionar políticas sobre derechos humanos, anular leyes abusivas y proteger a las personas frente a los abusos.”

“Sin un poder judicial efectivo e independiente, en Pakistán persistirá una situación nefasta de los derechos humanos.”

“Si los jueces depuestos no son restablecidos en sus cargos, futuros presidentes y jefes militares podrían considerar justificada la decisión de apartar a los jueces cada vez que una decisión de los tribunales no fuera de su agrado.”

Amnistía Internacional ha instado al gobierno y al Parlamento de Pakistán a formular con carácter urgente un mecanismo inequívoco de asignación de jueces para los tribunales superiores, con miras a restablecer la independencia del poder judicial en consonancia con los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. Dicho mecanismo debería garantizar que los jueces no tienen conflictos de intereses, no sufren intimidación o influencias indebidas y son inamovibles en el cargo. No pueden ser considerados instrumentos prescindibles por quienes ocupan el poder.

El 3 de noviembre de 2007, Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, impuso el estado de excepción en su calidad de jefe del Estado Mayor del ejército y destituyó a unos 60 jueces del Tribunal Supremo y los tribunales superiores provinciales. El Tribunal Supremo se disponía a decidir si Musharraf podía presentarse como candidato a la presidencia por otro mandato siendo simultáneamente el jefe del Estado Mayor. Entre otras cosas, el tribunal había puesto gran empeño en resolver los casos de centenares de personas “desaparecidas”, casos que los jueces designados por el presidente Musharraf para sustituir a los depuestos dejaron de lado.

Etiopía debe poner en libertad a los menores detenidos en el asalto a una mezquita

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

Se ha acusado a fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia de haber atacado a civiles en el asalto a una mezquita de Mogadiscio llevado a cabo el sábado 19 de abril. Durante el asalto –que según Amnistía Internacional podría constituir un crimen de guerra– resultaron muertas 21 personas.

De los 21 fallecidos, 11 murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios ulemas tabliq. Al menos otras 10 personas resultaron muertas en los alrededores de la mezquita. Vecinos de la zona trasladaron después sus cadáveres al interior del edificio.

Según los informes, 7 de los 21 murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en Somalia.

El asalto a la mezquita se produjo durante los combates generalizados habidos en la zona nordeste de Mogadiscio, en los que, según los informes, han muerto varios soldados etíopes. Según testigos presenciales, las 11 personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados que no participaban activamente en las hostilidades. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas muertes.

A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que las tropas etíopes sacaran a unos 41 menores, al parecer con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, de la mezquita de Al Hidya, en donde asistían a clases de religión. Según los informes, los menores se encuentran detenidos en la base militar que el ejército etíope tiene cerca de una fábrica de pasta en Mogadiscio. No fueron detenidos otros menores más pequeños que se encontraban también en la mezquita.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes señalaron que pondrán en libertad a los menores “cuando los hayan investigado” y “si no son terroristas”.

Fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia llevan dos días luchando contra grupos armados de oposición. La organización de derechos humanos Elman ha documentado 81 muertos y más de 100 heridos durante los combates. Se desconoce cuántas de estas personas eran civiles.

El asalto a la mezquita estuvo precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia. Vecinos de Beledweyne han señalado que miembros de la milicia Al-Shabab mataron a cuatro profesores en un ataque lanzado el 13 de abril. Un dirigente de la milicia declaró que los profesores habían muerto como consecuencia del fuego cruzado.

Los ataques contra civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que se ponga fin a estos crímenes, perpetrados en muchas zonas de Somalia. La organización ha señalado que el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar una investigación independiente de estos homicidios.

“Todos los soldados etíopes a los que se halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte”, ha indicado Amnistía Internacional.

La organización ha pedido también que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga para poner fin a la impunidad en toda Somalia, creando una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar que investigue las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolla en el país.

Nepal amenaza con reprimir las protestas contra los Juegos Olímpicos

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

Amnistía Internacional ha condenado la amenaza de Nepal de recurrir a la violencia para impedir las protestas contra China cuando la antorcha olímpica llegue al monte Everest.

El Ministerio del Interior nepalí ha asegurado que utilizará a “la fuerza, incluidas armas de fuego [...] para impedir las protestas contra China” cuando el relevo de la antorcha olímpica llegue al monte Everest a principios de mayo. La amenaza sucede a una serie de medidas represivas adoptadas contra manifestantes pacíficos protibetanos que fueron inconstitucionales. Desde el 10 de marzo, se ha detenido arbitrariamente al menos a 2.000 personas.

El gobierno nepalí está ampliando las acciones ilegales de la policía contra tibetanos en Nepal y vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso judicial y la libertad de circulación, reunión y expresión.

“Los miembros de la comunidad de refugiados tibetanos se han enfrentado en los últimos días a medidas policiales cada vez más punitivas dirigidas a amordazar la libertad de expresión, incluidas amenazas de expulsión arbitraria a China. Las declaraciones que amenazan con el uso de medios letales representan una escalada inaceptable”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades de Nepal deben garantizar que sus agentes reciben la formación y el material adecuados para emplear medios no violentos de control de multitudes antes de recurrir, si fuera estrictamente necesario, al uso de la fuerza. Las armas de fuego sólo se pueden utilizar como último recurso cuando hay vidas en peligro. El gobierno de Nepal debe cerciorarse de que sus agentes actúan sujetos a una estricta normativa relativa al empleo de tales métodos y un estricto sistema de rendición de cuentas.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Nepal que la actuación policial se ajuste al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.