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Consideramos que el texto aprobado el miércoles 18 de junio por el Parlamento Europeo no garantiza el retorno, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes irregulares. Por el contrario, con un periodo excesivo de internamiento –de hasta un año y medio– y la prohibición de que las personas expulsadas regresen a la UE, se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembros, y se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo.

Al mismo tiempo, el texto carece de garantías suficientes para los menores no acompañados, y contiene disposiciones débiles respecto a la supervisión judicial de la detención administrativa. Por último, permite adoptar medidas excepcionales respecto a las condiciones de internamiento en los Estados miembros que tengan que hacer frente a lo que se denomina “situaciones de emergencia”.

Resulta difícil apreciar qué valor añadido tiene esta directiva de la UE. Al mismo tiempo, entraña el peligro de promover prácticas de detención prolongada en los Estados miembros de la UE y de afectar negativamente al acceso al territorio.

Amnistía Internacional insta a los Estados miembros que actualmente aplican normas más elevadas a que no utilicen esta directiva como pretexto para reducirlas.