Once manifestantes detenidos por cargos penales graves en Ciudad de México el 20 de noviembre corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto. Todos ellos han denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares.
