Documento - Informe 2004 de Amnistía Internacional. Actualizaciones. Selección de acontecimientos más destacados entre enero y abril de 2004

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe a los medios de comunicación

Índice AI: POL 10/017/2004 (Público)

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26 de mayo de 2004

No publicar antes de las 09:00horasGMT del 26 de mayo de 2004

Informe 2004de Amnistía Internacional

Actualizaciones

Selección de acontecimientos más destacados entre enero y abril de 2004

Actualización sobre África

Costa de Marfil

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se establecía una operación de la ONU en Costa de Marfil a partir del 4 de abril, con el mandato, entre otras cosas, de observar y vigilar tanto la aplicación del acuerdo general de alto el fuego alcanzado el 3 de mayo de 2003 como los movimientos de los grupos armados. Decenas de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales durante las manifestaciones organizadas por los detractores del presidente Laurent Gbagbo en marzo de 2004 y también después de ellas. Una comisión de investigación sobre los homicidios establecida por la ONU observó que las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales habían utilizado las manifestaciones como pretexto para llevar a cabo detenciones en masa sin fundamento legal, para matar indiscriminadamente a civiles inocentes y para cometer violaciones generalizadas de derechos humanos.

Liberia

El desarme, la desmovilización, la reintegración y la rehabilitación de ex combatientes, incluidos unos 20.000 niños soldados, se vieron obstaculizados por la demora en el despliegue del contingente completo de tropas de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) y por la aparente falta de compromiso de algunos dirigentes de las partes del conflicto. La operación de desarme, desmovilización, reintegración y rehabilitación no empezó a progresar hasta el mes de abril. En una conferencia internacional sobre reconstrucción celebrada en febrero se comprometieron más de 520 millones de dólares estadounidenses para hacer frente a la reconstrucción después del conflicto y a la ayuda humanitaria durante los próximos dos años.

Ruanda

Ruanda y la comunidad internacional conmemoraron el décimo aniversario del comienzo del genocidio de 1994. Las últimas dos semanas de abril se realizaron una serie de declaraciones públicas y acusaciones sobre incursiones de grupos armados de oposición de la República Democrática del Congo en las provincias del noroeste de Ruanda. También hubo una serie de declaraciones públicas y acusaciones (por parte de los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo y de la Misión de la ONU en este último país) sobre nuevas incursiones del ejército ruandés en la República Democrática del Congo.

Sierra Leona

En marzo se inauguró oficialmente la nueva sede del Tribunal Especial para Sierra Leona. Se espera que los juicios comiencen en los próximos meses. No obstante, sigue habiendo importantes desafíos a la hora de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado de Sierra Leona. Charles Taylor, acusado el año pasado por el Tribunal Especial, sigue cobijado en Nigeria, en lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por este país en virtud del derecho internacional.

Sudán

Las negociaciones llevadas a cabo en Yamena, Chad, en abril, entre el gobierno de Sudán y representantes de los dos grupos armados políticos que actúan en Darfur (el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad) condujeron a un acuerdo de alto el fuego. Pese a este acuerdo, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre ataques de la milicia respaldada por el gobierno (los denominados Janjawid) contra pueblos y sobre ataques indiscriminados o deliberados contra civiles por parte de la fuerza aérea sudanesa.

Actualización sobre América

Haití

Una intensificación de la violencia por parte de los grupos armados provocó la salida del país el 29 de febrero, en circunstancias controvertidas, del presidente Jean Bertrand Aristide, que fue sustituido por un gobierno provisional. Bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se desplegó una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) encargada de restaurar el orden y el Estado de derecho, ayudar a salvaguardar los derechos humanos y facilitar el acceso a la ayuda humanitaria. A pesar de la presencia de la FMP, todos los bandos siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos, en una situación que creó una profunda sensación de inseguridad. Algunos responsables convictos de violaciones de derechos humanos, como Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste, emergieron como líderes de las fuerzas rebeldes. Sin embargo, Chamblain se ha entregado a las autoridades haitianas. Otros individuos condenados por abusos contra los derechos humanos o acusados de cometerlos escaparon de la Penitenciaría Nacional. Se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, ataques y amenazas contra personas que participaron en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Haití en marzo y abril de 2004. A partir del 1 de junio, la recién creada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) relevará a la FMP. El mandato de MINUSTAH incluye disposiciones sobre desarme y derechos humanos; sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que la breve duración del mandato inicial (seis meses) no proporcione a Haití el compromiso internacional a largo plazo que necesita.

Venezuela

Los violentos enfrentamientos que estallaron entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2004 entre los grupos de oposición, los partidarios del gobierno y las fuerzas de seguridad se saldaron con más de 14 muertos y 200 heridos. Durante los disturbios se detuvo a más de 500 personas y se recibieron informes de tortura y malos tratos. También se informó sobre miembros de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos en las manifestaciones, frecuentemente violentas. Las investigaciones posteriores para determinar los hechos en torno a estos presuntos abusos y procesar a los responsables han sido lentas e inadecuadas. La tensión entre el gobierno y el grupo de oposición por el proceso de referéndum sigue siendo elevada. Por primera vez, en febrero se concedió la condición de refugiados a un grupo de solicitantes de asilo colombianos.

Brasil

Se produjeron numerosas denuncias sobre abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados en Río de Janeiro. Entre ellas había informes de tortura, muertes bajo custodia, ejecuciones extrajudiciales y actividades de los "escuadrones de la muerte". Los torpes intentos de combatir a las bandas de narcotraficantes en la ciudad causaron constantes muertes de civiles a manos de las fuerzas policiales, y provocaron que se recomendara utilizar a miembros de las fuerzas de seguridad que respaldaran a la policía. Sigue habiendo una violencia generalizada en torno a la cuestión de los derechos de los indígenas, cuya situación no ha sido abordada por el gobierno federal. Las condiciones de reclusión siguieron siendo motivo de preocupación cuando más de 14 presos murieron a manos de otros reclusos en Urso Branco, en el estado de Rondonia, en abril.

Estados Unidos

La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en los casos de los denominados "combatientes enemigos" recluidos sin cargos ni juicio por el poder ejecutivo. Esos casos se referían a algunos de los centenares de ciudadanos extranjeros recluidos en la bahía de Guantánamo y a dos ciudadanos estadounidenses recluidos en territorio de Estados Unidos. Se espera que la Corte anuncie su resolución este año. Entre enero y abril de 2004 se llevaron a cabo 24 ejecuciones. En marzo, los gobernadores de Wyoming y Dakota del Sur firmaron la entrada en vigor de legislación que prohíbe la ejecución de menores. Este mismo año la Corte Suprema revisará su decisión de 1989 que permite la ejecución de menores, es decir, de personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del delito. Varias ejecuciones fijadas para antes de que terminara junio se suspendieron en espera de la decisión de la Corte Suprema.

Actualización sobre Asia y Oceanía

Afganistán

En enero de 2004, la Loya Jirga, Gran Asamblea Constitucional, aprobó una nueva Constitución. En ella el país se comprometía a garantizar la igualdad –independientemente del género o la etnia–, la libertad de culto y el respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros tratados y convenciones internacionales de los que Afganistán es signatario. Amnistía Internacional siente preocupación por las prolongadas reclusiones arbitrarias en la base aérea de Bagram y en otros centros de detención dirigidos por fuerzas militares estadounidenses. A pesar de sus repetidas peticiones, a la organización no se le ha permitido visitar a los detenidos de esos lugares, que permanecen recluidos allí en un agujero negro legal. A finales de abril se informó de la primera ejecución judicial desde la caída del gobierno talibán. Abdullah Shah, comandante regional, fue condenado a muerte en septiembre de 2003 tras un juicio que violó claramente las normas internacionales de justicia procesal.

Myanmar

Antes de la Convención Nacional prevista para el 17 de mayo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar del país) liberó en abril de 2004 a varios presos políticos y permitió que se reabriera la sede del principal partido de oposición, la Liga Nacional para la Democracia. Sin embargo, al menos 1300 presos de conciencia y presos políticos seguían encarcelados, 200 de ellos condenados a muerte.

Nepal

Desde el fracaso del alto el fuego en 2003, el gasto militar ha ido en aumento. Si a esto sumamos las consecuencias negativas que el conflicto ha tenido sobre la economía, el resultado es que el Estado ha perdido capacidad para asumir algunas de sus responsabilidades primordiales, como la seguridad y el acceso a la salud y la educación.

Vietnam

La ausencia de protección del derecho a la vida siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación. En una extraña decisión, firmada por el primer ministro el 5 de enero, el gobierno de Vietnam convirtió en secreto de Estado los informes y la difusión de estadísticas sobre la pena de muerte.

Bután

En una nota positiva, el rey anunció en marzo de 2004 la abolición de la pena de muerte.

Samoa

El Parlamento abolió la pena de muerte para todos los delitos el 15 de enero de 2004.

India

En Jammu y Cachemira, Asiya Jeelani y el conductor Ghulam Nabi Sheikh, dos defensores de los derechos humanos pertenecientes a la Coalición de la Sociedad Civil, murieron el 20 de abril durante las actividades de observación de las elecciones. En enero de 2004, decenas de miles de activistas de todo el mundo se reunieron en Mumbai para el Foro Social Mundial.

Corea del Norte

China organizó en febrero de 2004 una segunda ronda de conversaciones entre seis naciones para reunir a Estados clave (Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Rusia y Corea del Norte) en un intento de resolver la amenaza planteada por el programa nuclear de Corea del Norte. Las seis naciones acordaron reunirse de nuevo antes de junio e iniciar antes de la reunión conversaciones de trabajo para hablar sobre el conflicto.

Nueva Zelanda

Ahmed Zaoui, argelino que pidió asilo en diciembre de 2002, continuaba recluido en abril de 2004 y se enfrentaba a una posible expulsión del país a causa de la evaluación en materia de seguridad realizada –a partir de información secreta– por los servicios secretos neozelandeses. Y todo ello a pesar de que en agosto de 2003 se le había concedido la condición de refugiado.

Actualización sobre Europa y Asia Central

Unión Europea

La UE admitió el 1 de mayo 10 nuevos Estados: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Amnistía Internacional siente preocupación por la administración de justicia, la discriminación contra las minorías (especialmente los romaníes en algunos de los nuevos Estados miembros) y el trato a los solicitantes de asilo. La UE debe abordar más seriamente la cuestión del respeto de los derechos humanos dentro de sus fronteras.

España

Una serie de bombas en el interior de varios trenes en la hora punta de la mañana del 11 de marzo en Madrid causó 192 víctimas mortales e hirió a más de 1.460 personas. La matanza puede constituir un crimen contra la humanidad en virtud del derecho internacional.

Uzbekistán

Entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2004 se produjo una serie de explosiones y ataques contra controles de la policía en Tashkent y en la ciudad de Bujara. Las autoridades uzbekas culparon de la violencia, que se saldó con más de 40 muertos, a los "extremistas islámicos", y en especial a un pequeño grupo islamista llamado Jamo’aty del que se dice que tiene vínculos con el grupo armado prohibido Movimiento Islámico de Uzbekistán, y al partido islamista de oposición Hizb ut Tahrir, al que las autoridades acusan de intentar desestabilizar el país.

Reino Unido

En marzo de 2004, un libio conocido como M fue liberado de una prisión de alta seguridad de Londres después de que la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración resolviera que "no se ha establecido" la causa para detenerlo como "presunto terrorista internacional". M formaba parte de las 14 personas detenidas en virtud de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA), que permite la detención potencialmente indefinida de ciudadanos extranjeros, a quienes no se puede expulsar de Reino Unido, basándose sobre todo en "pruebas" secretas, y permite también el uso de "pruebas" obtenidas mediante tortura. En abril de 2004, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración concedió también la libertad bajo fianza a otro detenido, conocido como G, tras quedar convencida de que la salud mental y física de G se había deteriorado seriamente a consecuencia de su detención en virtud de la ATCSA. G quedó en libertad bajo fianza en condiciones muy estrictas que constituían arresto domiciliario.

En marzo de 2004, cinco ciudadanos británicos fueron liberados de la custodia estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, y enviados de vuelta a su país. A su regreso a Reino Unido quedaron en libertad sin cargos.

En abril de 2004, el gobierno británico no puso en práctica la recomendación del juez Cory de que se abriera una investigación pública inmediata sobre el homicidio del abogado de derechos humanos Patrick Finucane. Se anunciaron investigaciones públicas sobre otros tres casos de presunta connivencia estatal por parte de autoridades británicas en homicidios.

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Actualización sobre Oriente Medio y Norte de África

Irak

En abril y mayo salieron a la luz detalles de las torturas y malos tratos generalizados a prisioneros iraquíes por parte de las tropas de la Coalición. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, escribió una carta abierta al presidente estadounidense George W. Bush el 7 de mayo diciendo que los abusos presuntamente cometidos por personal militar en la prisión de Abu Ghraib, en Bagdad, eran crímenes de guerra, y pidiendo al gobierno que los investigara exhaustivamente. Irene Khan también escribió a Tony Blair el 10 de mayo pidiendo una reunión lo antes posible para exponer los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en torno al papel de Reino Unido en Irak. La intensificación de los combates entre las fuerzas de la Coalición y los grupos e individuos armados que se oponían a la ocupación provocaron la muerte de decenas de civiles en ciudades como Bagdad, Faluya, Ramadi, Amara, Kerbala, Kut y Nasiriya. Al menos 600 personas murieron en los combates que estallaron en Faluya entre las fuerzas de la Coalición y los insurgentes en marzo y abril. De esas personas, parece ser que la mitad eran civiles, muchas de ellas mujeres y niños. El 2 de marzo, cuando millones de musulmanes chiíes celebraban la 'Ashura(la Procesión de Duelo, el día más sagrado del calendario chií) tuvieron lugar nueve atentados coordinados de grupos armados en Kerbala y Bagdad que se cobraron la vida de más de 100 civiles e hirieron a más de 400. En Basora, los atentados perpetrados el 21 de abril causaron la muerte a al menos 58 personas, muchas de ellas niños.

Israel y los Territorios Ocupados

El 14 de abril, el presidente estadounidense apoyó un plan del primer ministro israelí, Ariel Sharon, para retirarse de la Franja de Gaza pero manteniendo y ampliando los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. El plan incluía también negar el derecho de retorno a los refugiados palestinos y continuar la construcción de la valla/muro en el interior de Cisjordania. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, condenó estos planes en una carta abierta al presidente Bush por ser contrarios al derecho internacional. El ejército israelí ejecutó extrajudicialmente al dirigente de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, el 22 de marzo de 2004 en la Franja de Gaza, y a su sucesor, Abdel Aziz Rantisi, el 18 de abril. El ataque de marzo causó asimismo el homicidio ilegítimo de siete palestinos y heridas a otro más.

Un atentado suicida perpetrado en Jerusalén el 29 de enero de 2004 se cobró la vida de al menos diez personas e hirió a decenas más cuando un hombre se inmoló en un autobús.

Mordechai Vanunu, el israelí que denunció la capacidad nuclear de su país, quedó en libertad el 21 de abril tras haber cumplido en su totalidad, y gran parte de ella en régimen de aislamiento, una pena de 18 años de prisión. Sin embargo, el gobierno israelí al liberarlo le impuso restricciones sin precedentes, negándole el derecho a viajar libremente. Mordechai Vanunu tiene prohibido abandonar Israel y no puede ponerse en contacto con ciudadanos extranjeros sin permiso.

Libia

Seis profesionales de la salud extranjeros fueron condenados el 6 de mayo a morir fusilados, tras ser acusados de infectar deliberadamente con el VIH a 426 niños.

Amnistía Internacional realizó en febrero de 2004 su primera visita a Libia en 15 años. A los delegados se les permitió un acceso sin precedentes a las autoridades gubernamentales y mantener entrevistas privadas con presos políticos. Las investigaciones revelaron una práctica constante de violaciones de derechos humanos, una negativa también constante a investigar y resolver abusos cometidos en el pasado y un clima de temor en el que la mayoría de los libios tienen miedo de plantear motivos de preocupación en torno a violaciones de derechos humanos tanto actuales como cometidas en el pasado. En abril, el coronel Gadafi se dirigió a los miembros del poder judicial para sugerir algunas reformas judiciales y de derechos humanos.

Siria

Al menos 20 personas murieron, según los informes, y centenares de kurdos sirios fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el norte y el nordeste del país tras los enfrentamientos entre seguidores kurdos y árabes en un partido de fútbol en Qamishli el 12 de marzo de 2004. Se recibieron informes de tortura, incluso a niños, y de al menos dos muertes bajo custodia. Se ha remitido a un tribunal penal de Damasco a 27 niños kurdos (de entre 14 y 17 años) acusados de insultar al presidente. Estos niños permanecen recluidos en la prisión de Sednaya junto con adultos, en lo que constituye una violación de sus derechos humanos como niños. Mientras continuaban la represión y el acoso a defensores de los derechos humanos, Aktham Nu’aysa, director del Comité pro Defensa de las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos, fue detenido y presentado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por su dedicación pacífica a la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. Recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Sednaya, sufre trastornos renales y cardiacos y se le niega el acceso a su familia. Decenas de estudiantes fueron detenidos o expulsados de sus universidades tras otras protestas pacíficas.

Arabia Saudí

Los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad saudíes y grupos armados en distintas partes de Arabia Saudí continuaron durante el primer trimestre de 2004. Según los informes, varios hombres y varios policías resultaron muertos o heridos. Al parecer también se aprehendió una gran cantidad de armas y explosivos. Durante el mes de abril se llevaron a cabo tres atentados suicidas con explosivos en Riad, Yidda y Yanbu que causaron la muerte de varios civiles y agentes de las fuerzas de seguridad.

Se informó de centenares de detenciones de presuntos miembros de Al Qaeda en distintas partes de Arabia Saudí durante el primer trimestre del año. Varios intelectuales reformistas saudíes fueron detenidos, según los informes, el 16 de marzo mientras planeaban hacer una declaración en la que criticaban el proceso de reforma. Al parecer, fueron recluidos en el servicio de Investigaciones Generales de Riad. Varios de ellos fueron luego puestos en libertad, pero al menos tres permanecen detenidos. El 9 de marzo, el rey de Arabia Saudí, Fahd bin Abdul Aziz, anunció la formación de una Asociación Nacional de Derechos Humanos compuesta por 41 miembros fundadores, de los que 10 eran mujeres.

Irán

Se utilizaron las disposiciones discriminatorias de «selección» (gozinesh) –leyes utilizadas para excluir a individuos de empleos para el Estado alegando presuntas opiniones o asociaciones políticas– para excluir a miles de posibles candidatos a las elecciones parlamentarias del 20 de febrero. Esos mismos procedimientos, aplicados a miembros y dirigentes de sindicatos, han hecho que sea imposible abordar las crecientes disputas laborales, incluida una en la provincia de Kerman en la que al menos cuatro personas murieron en el transcurso de una acción policial. Decenas de individuos, muchos de ellos estudiantes o trabajadores, fueron detenidos tras manifestaciones relacionadas con disputas específicas regionales; se desconoce si a estos detenidos se les imputó algún cargo. Igualmente, la libertad de expresión y asociación fue objeto de ataques del poder judicial, y se citó, se acusó y se encarceló a decenas de periodistas. En abril, Ensafali Hedayat fue condenado a una pena de prisión en Tabriz, provincia de Azerbaiyán Occidental, y la condena fue confirmada en mayo. En febrero, Mohsen Mofidi murió tras ser flagelado, en una sentencia que le había sido impuesta por delitos menores. En enero, Mohammad Mohammadzadeh fue ejecutado por un asesinato que había cometido cuando era menor de edad. Se cree que la suya era la octava ejecución de un menor que se llevaba a cabo en Irán desde 1990.

Documento público

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