Documento - Actualización del Informe 1999 de Amnistía Internacional

FECHA DE EMBARGO PARA SU TRANSMISIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 10.00 HRS GMT DEL MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 1999







ACTUALIZACIONES DEL INFORME 1999DE AMNISTÍA INTERNACIONAL








Selección de acontecimientos ocurridos entre enero y junio de 1999


















ÍNDICE AI: POL 10/05/99/s







Actualización sobre África




Selección de acontecimientos ocurridos en África entre enero y junio de 1999




Eritrea / Etiopía


Las expulsiones en masa desde Etiopía continuaron hasta febrero, cuando la reanudación del conflicto dio lugar al cierre de fronteras. Desde junio de 1998 han sido expulsadas del país 54.000 personas de origen eritreo, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niños, ancianos e incluso pacientes de hospitales. Mientras tanto, al menos 22.000 etíopes han regresado a Etiopía desde Eritrea.


Amnistía Internacional manifestó su satisfacción cuando el gobierno etíope liberó a 38 estudiantes eritreos de un campo de internamiento en Bilattein, el 15 de febrero de 1999. No obstante, seguía existiendo temor por los 1.200 civiles que permanecían en el campo. Se sabe que al menos cuatro civiles y un prisionero de guerra murieron a consecuencia de las penosas condiciones de vida en dicho campo. Etiopía ha permitido al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a sus prisioneros de guerra del campo de Bilattein, pero Eritrea aún no ha dado su consentimiento.


La región de los Grandes Lagos


El espantoso catálogo de violaciones graves, constantes y generalizadas de derechos humanos sigue formando parte de la realidad cotidiana de la región de los Grandes Lagos. Al menos 600.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en el interior de Burundi y centenares de miles han huido del país. Desde agosto de 1998, más de 50.000 personas han huido desde la República Democrática del Congo a los países vecinos. Respecto a Ruanda, se calcula que, a principios de 1999, había unos 500.000 desplazados internos.


En la República Democrática del Congo, más de mil civiles fueron masacrados entre enero y abril por fuerzas armadas de oposición en el este del país, y varios centenares murieron a manos de fuerzas gubernamentales en la provincia de Equateur. En Burundi, a principios de enero al menos 55 civiles desarmados murieron, según los informes, a manos de soldados del gobierno en Mubone, Bujumbura Rural, y decenas más resultaron muertos en diversos incidentes. Más de trescientos civiles, entre ellos mujeres y niños, fueron muertos, según los informes, en enero de 1999 en Ruanda por soldados del Ejército Patriótico Ruandés en la comuna de Rubavu, en Gisenyi. Según los informes, los miembros de un grupo armado de oposición mataron a unas cuarenta personas que viajaban en un autobús en Gisenyi (a algunas de ellas las quemaron vivas).


Liberia


Continuaron la inseguridad y las luchas esporádicas, entre el temor de que las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición torturaran y dieran muerte a civiles, al igual que sucedió en 1998. El 21 de abril de 1999, un grupo de hombres armados atacó la localidad de Voinjama, en el condado de Lofa, cerca de la frontera con Guinea. Los diplomáticos extranjeros y los activistas de ayuda humanitaria que visitaban la zona fueron víctimas de secuestros breves por parte de los atacantes, y luego cruzaron a Guinea por motivos de seguridad. Las fuerzas gubernamentales mantuvieron durante varios días en un intercambio de disparos con los atacantes en lo que el gobierno definió como una operación de «limpieza». Centenares de civiles de la zona huyeron a Guinea o a la localidad liberiana de Gbarnga, a 160 kilómetros al norte de Monrovia. Se creía que los atacantes pertenecían a ULIMO-K y a ULIMO-J, dos facciones que se habían mostrado activas durante la guerra civil de 1990 a 1997. El gobierno de Liberia ha presentado una denuncia oficial contra el gobierno de Guinea, ya que afirma que fue allí donde se originaron los ataques. El gobierno guineano niega toda responsabilidad en los incidentes.


En abril, 13 posibles presos de conciencia fueron declarados culpables de traición y condenados a diez años de cárcel en relación con las luchas que estallaron en Monrovia en septiembre de 1998. Tanto la fiscalía como la defensa han anunciado que apelarán. Varios soldados acusados de sedición en relación con esos mismos incidentes están siendo sometidos a un consejo de guerra.


Nigeria


En marzo de 1999 quedaron en libertad otros 39 presos políticos, con lo que el número de presos políticos liberados desde la muerte del general Sani Abacha en junio de 1998 ascendía a más de ciento cuarenta. En virtud de una nueva «transición a un gobierno civil», se celebraron elecciones, y estaba previsto que en mayo de 1999 ocupara el poder un gobierno civil encabezado por el general Olusegun Obasanjo, ex preso de conciencia.


Según los informes, al menos tres presos políticos continúan recluidos. Uno de ellos es el teniente coronel Ibrahim Yakassai, un doctor que ocupó un alto cargo en el gobierno y que denunció la participación deliberada del gobierno en la muerte bajo custodia del general de división retirado Shehu Musa Yar'Adua, fallecido en circunstancias aún no explicadas en diciembre de 1997.


Sierra Leona


Tras atacar Freetown el 6 de enero de 1999, las fuerzas rebeldes, antes de verse obligadas a retirarse, sometieron a la población civil a graves abusos contra los derechos humanos. Liberia fue reiteradamente acusada de proporcionar respaldo militar a las fuerzas rebeldes.


Se calculaba que en Freetown murieron hasta seis mil personas, se cree que en su mayoría civiles. Muchos centenares de civiles, entre los que se encontraban mujeres y niños, sufrieron amputaciones de miembros u otras formas de mutilación. Las violaciones y los abusos sexuales contra mujeres y niñas fueron sistemáticos. Las fuerzas rebeldes secuestraron en Freetown a un gran número de civiles, incluidos niños. A algunos los reclutaron a la fuerza para combatir, a otros los utilizaron como porteadores, y a las mujeres y a las niñas las convirtieron en esclavas sexuales. A mediados de febrero, las familias habían denunciado la desaparición de unos 1.750 niños; se creía que la mayoría habían sido secuestrados.


El Grupo de Verificación de la Cesación del Fuego (ECOMOG) de la Comunidad de Estados de África Occidental desplegado en Sierra Leona y la milicia civil que respaldaba al presidente Ahmad Tejan Kabbah también fueron responsables de violaciones de derechos humanos, aunque en una escala significativamente menor que las fuerzas rebeldes. Se recibieron numerosos informes de homicidios de rebeldes o presuntos rebeldes capturados después de la incursión a Freetown.


Zimbabue


Los primeros meses de 1999 fueron testigo de un aumento de los ataques contra la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes. En enero, Mark Chavhunduka y Ray Choto, director y periodista, respectivamente, del periódico The Standard, fueron detenidos por la policía militar en relación con una presunta conspiración de golpe de Estado. Los soldados encargados del interrogatorio sometieron a los dos periodistas a palizas, descargas eléctricas y asfixia. Finalmente, los dos detenidos fueron acusados de publicar información falsa y quedaron en libertad bajo fianza.


En febrero, otros cuatro periodistas fueron detenidos por esos mismos cargos tras publicar un artículo en el que hablaban de la muerte de soldados de Zimbabue desplegados en la República Democrática del Congo. Más tarde fueron liberados bajo fianza en espera de juicio. Estos procesamientos tuvieron lugar en un contexto de agresiones verbales por parte del presidente Robert Mugabe contra jueces de altos tribunales, periodistas y activistas de derechos humanos, en una atmósfera que amenazaba seriamente con minar el estado de derecho en el país.




Actualización sobre América




Selección de acontecimientos ocurridos en América entre enero y junio de 1999




Chile -- caso de Pinochet


La lucha internacional contra la impunidad alcanzó un hito con el segundo fallo emitido por el comité de apelación de la Cámara de los Lores del Reino Unido, en el que se denegaba al general retirado Augusto Pinochet la inmunidad como ex jefe de Estado. Augusto Pinochet había sido detenido por los cargos de tortura y conspiración para torturar (delitos que constituyen crímenes contra la humanidad) presentados contra él por el poder judicial español.


El 24 de marzo de 1999, el comité de la Cámara de los Lores resolvió, por seis votos contra uno, que el general retirado no tenía derecho de inmunidad por los actos de tortura y conspiración para torturar cometidos después del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que el Reino Unido ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y la incorporó a su legislación nacional. A pesar de que esta limitación en las fechas reducía el número de cargos que podían tomarse en cuenta para decidir sobre la extradición, el 15 de abril de 1999 el ministro del Interior del Reino Unido firmó una nueva autorización para que continuara el procedimiento de extradición.


Mientras tanto, España presentó a las autoridades del Reino Unido pruebas adicionales sobre casos de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988, incluidos 1.198 casos de «desaparición» aún sin resolver. En virtud de las leyes internacionales, la «desaparición» constituye una tortura tanto para las víctimas como para sus familiares. Ahora, los tribunales británicos tendrán que decidir si autorizan la extradición del general retirado a España. No obstante, la decisión final sobre si el proceso de extradición debe seguir adelante (es decir, en caso de que los tribunales así lo decidan) deberá tomarla el ministro del Interior, Jack Straw.


Colombia


Los defensores de los derechos humanos han seguido siendo víctimas de ataques, principalmente a manos de grupos paramilitares, en una atmósfera de creciente temor e inseguridad. A finales de enero, cuatro miembros del Instituto de Capacitación Popular fueron secuestrados por paramilitares en Medellín. Posteriormente fueron liberados, pero otros dos defensores de los derechos humanos pertenecientes al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos murieron a manos de paramilitares en febrero.


En todo el país, varias organizaciones de derechos humanos han tenido que cerrar algunas de sus oficinas a consecuencia de las amenazas; entre ellas se encuentran la oficina de Trujillo de la Comisión Intercongregacional de Derechos Humanos de Justicia y Paz y la de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Estos episodios ilustran cuánto queda por hacer para poner en práctica el compromiso para con la defensa de los derechos humanos manifestado en repetidas ocasiones por las autoridades colombianas en los foros internacionales.


Como primer paso para romper los vínculos entre el ejército y los paramilitares, dos generales de alta graduación fueron destituidos por sus relaciones con grupos paramilitares ilegales.


Los grupos armados de oposición también cometieron abusos graves contra los derechos humanos. Entre ellos destacan el secuestro y homicidio de tres defensores de los derechos de los indígenas a manos de un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la toma como rehenes de la tripulación y los pasajeros de un vuelo internacional secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional.


Cuba


El 16 de febrero se aprobó la nueva Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, en virtud de la cual los disidentes y los periodistas que se descubriera que trabajaban contra el Estado podían ser condenados a veinte años de prisión y a fuertes multas. Otra ley también aprobada en febrero disponía la pena de muerte para castigar los casos graves de narcotráfico, corrupción de menores y robo a mano armada.


El 1 de marzo, cuatro presos de conciencia que permanecían recluidos desde julio de 1997 fueron juzgados por «sedición». Fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre los tres años y medio y los cinco años. Durante los días previos al juicio se detuvo a unos cien disidentes, aparentemente para impedir que desempeñaran su trabajo periodístico y de derechos humanos o que asistieran al juicio. Según los informes, todos ellos fueron liberados posteriormente.


Ecuador


Durante los dos primeros meses de 1999 se produjo un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, tras la declaración en enero de un estado de emergencia. A consecuencia de las operaciones conjuntas llevadas a cabo por la policía y el ejército en todo el territorio, centenares de personas fueron detenidas, recluidas en prisiones abarrotadas y más tarde liberadas sin cargos. Algunas fueron maltratadas, y al menos dos murieron por disparos de las fuerzas de seguridad.


Dos parlamentarios del Movimiento Popular Democrático (MPD), un partido de oposición, fueron asesinados en febrero, y los informes indicaban la posible implicación de las autoridades.


Estados Unidos de América


Estados Unidos ha confirmado una vez más su liderazgo mundial en lo que se refiere a la ejecución de menores. El 4 de febrero, Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma por unos delitos que cometió cuando tenía sólo 16 años. Con su muerte, el número de ejecutados en Estados Unidos desde 1990 por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años se elevó a 10. Durante ese mismo lapso de tiempo, en todo el resto del mundo fueron ejecutados 9 menores.


Durante los tres primeros meses de 1999 fueron ejecutadas 30 personas, incluidos tres ciudadanos extranjeros a los que se había negado su derecho a tener acceso a su consulado. La Corte Internacional de Justicia había pedido que se aplazara la ejecución del ciudadano alemán Walter LaGrand, pero las autoridades de Arizona hicieron caso omiso de la petición y lo ejecutaron en marzo de 1999.


Mientras tanto, la campaña de Amnistía Internacional Derechos para todoscomenzó a dar resultados. En enero, un juez de California prohibió el uso de cinturones inmovilizadores por electrochoque en los tribunales de Los Ángeles, y el Departamento de Prisiones de Nueva York canceló su pedido de estos dispositivos. Varios estados, entre los que se encuentran Pensilvania, Washington y Virginia, han iniciado o puesto en vigor leyes que penalizan los contactos sexuales entre guardias de sexo masculino y reclusas, con el objetivo de poner fin a los abusos sexuales en los centros penitenciarios.


Guatemala


La Comisión para el Esclarecimiento Histórico creada en virtud de los acuerdos de paz de 1996 hizo públicas sus conclusiones y recomendaciones en febrero. Entre otras cosas, reconocía la abrumadora responsabilidad del ejército y sus agentes en las atrocidades cometidas durante el largo conflicto civil del país y reconocía que el ejército guatemalteco había cometido genocidio contra los pueblos indígenas de Guatemala como parte de su estrategia de contrainsurgencia. La Comisión reconocía también el destacado papel desempeñado en el conflicto por la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense. Durante una visita a Guatemala en marzo de 1999, el presidente Clinton se disculpó oficialmente por la participación de Estados Unidos en la tragedia de Guatemala.

En febrero, un tribunal de apelación anuló las condenas a muerte dictadas contra tres ex miembros de una Patrulla de Autodefensa Civil que a finales de 1998 habían sido declarados culpables de participar en las matanzas cometidas en 1982 en Río Negro, departamento de Baja Verapaz, y Agua Fría, departamento de El Quiché; en esas matanzas habían muerto 177 mujeres y niños indígenas. La imposición de esas condenas a muerte había suscitado la preocupación de los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. Éste fue el primer caso en el que se declaraba culpables a los participantes de alguna de las cuatrocientas o quinientas matanzas que, según se calculaba, el ejército había dirigido e instigado en los años ochenta.


Transcurrido más de un año desde el asesinato del obispo Juan José Gerardi, destacado defensor de los derechos humanos, sus asesinos aún están en libertad. Mientras tanto, se han producido actos de intimidación contra dos destacados activistas de derechos humanos, actos que parecen estar relacionados con la muerte del obispo. El 16 de abril, unos hombres armados y enmascarados asaltaron la casa de Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, amenazaron a una sirvienta, apuntaron con un arma a la cabeza del hijo de Ochaeta, de cuatro años de edad, y dejaron tras ellos un bloque de piedra, una aparente referencia al bloque de cemento con el que el obispo Gerardi fue golpeado hasta morir. El 26 de abril, fecha exacta del aniversario del asesinato del obispo, alguien dejó una piedra envuelta en una bolsa de plástico ante la puerta de una iglesia de Ciudad de Guatemala. En esa iglesia, la activista de derechos humanos Helen Mack asistía al funeral de su padre. Helen Mack es la directora de la Fundación Myrna Mack, llamada así en memoria de su hermana, que fue ejecutada extrajudicialmente en 1990.


México


Manuel Manríquez San Agustín, preso de conciencia, fue liberado el 29 de marzo de 1999 tras permanecer nueve años detenido. En una resolución histórica, la Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal, en Ciudad de México, lo absolvió de los cargos de asesinato de los que había sido declarado culpable basándose en una confesión obtenida mediante tortura. Manuel Manríquez, indígena otomí y músico de profesión, había sido detenido en junio de 1990 y condenado a veinticuatro años de prisión. A pesar de que en 1995 un agente de policía había sido declarado culpable de someterlo a torturas, su caso no se había reabierto.


Este fallo de la Corte, basado, al parecer, en la información que contenía un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sienta un importante precedente, ya que es la primera vez que las autoridades mexicanas siguen una recomendación de la Comisión.


Paraguay


El asesinato, cometido el 23 de marzo, del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, enérgico opositor al presidente Raúl Cubas, dio lugar a violentos enfrentamientos entre simpatizantes del gobierno, detractores y la policía. Los enfrentamientos culminaron con la muerte de seis manifestantes antigubernamentales; también resultaron heridas al menos cien personas. Durante la crisis política que siguió a estos incidentes, el presidente Raúl Cubas dimitió, y posteriormente huyó a Brasil.


Venezuela


Los derechos individuales, suspendidos desde 1995 en los municipios fronterizos con Colombia de los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, fueron restaurados en febrero de 1999 por el nuevo gobierno del presidente Hugo Chávez. Se recibieron denuncias que afirmaban que las fuerzas armadas de esa región utilizaban frecuentemente la tortura contra los civiles sospechosos de simpatizar con los grupos armados de oposición colombianos.






Actualización sobre Asia y Oceanía




Selección de acontecimientos ocurridos en Asia y Oceanía

entre enero y junio de 1999




Corea del Sur


En febrero, el gobierno liberó mediante una amnistía a más de 43 presos políticos. Entre ellos se encontraban 19 que llevaban recluidos hasta cuarenta años. No obstante, siguió deteniéndose a presos de conciencia en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.


En marzo, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional su proyecto de ley para establecer una comisión de derechos humanos, en medio de las protestas de las organizaciones no gubernamentales que alegaban que no se había llevado a cabo una consulta adecuada y que la comisión propuesta carecía de independencia.


Indonesia y Timor Oriental


Durante los primeros meses del año, el gobierno indonesio introdujo algunos cambios legislativos, pero no derogó las leyes que castigaban con penas de prisión el «odio» y las expresiones «insultantes» hacia el gobierno y el presidente, la difusión del marxismo y la socavación de la ideología del Estado.


En marzo, el gobierno anunció la liberación de 52 presos de conciencia, entre los que se encontraban 10 ancianos que llevaban encarcelados tres décadas. Ocho miembros del Partido Democrático de Pueblo y de sus organizaciones afiliadas, todos ellos presos de conciencia, continuaron bajo custodia pese a que está previsto que su partido se presente a las elecciones al Parlamento nacional que se celebrarán en junio.


En la provincia de Irian Jaya, las autoridades mantuvieron un estricto control sobre las actividades políticas. Diez personas seguían siendo juzgadas por «rebelión» en la localidad de Wamena, por participar en actividades pacíficas en favor de la independencia. En abril, tras las conversaciones mantenidas en febrero entre representantes de la provincia y el presidente Habibie, las autoridades anunciaron que se prohibían los debates sobre la situación política de la provincia. Las organizaciones juveniles y de otro tipo en favor de la independencia también fueron prohibidas.


En Aceh, cuatro soldados fueron encarcelados por la muerte bajo custodia de cinco hombres detenidos tras un estallido de violencia en la provincia. Los cuatro soldados fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre los dos y los dos años y medio. Aparte de estas condenas y de una disculpa pública del presidente Habibie a los habitantes de Aceh, el gobierno no tomó ninguna medida adicional para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas allí. Continuaron los homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas armadas. Al menos siete personas murieron cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una multitud que se dirigía a sus casas desde una concentración celebrada en Idi Cut en febrero.


Mientras tenían lugar las conversaciones promovidas por la ONU sobre la celebración de un referéndum entre los habitantes de Timor Oriental en relación con la situación del territorio, la situación de los derechos humanos en la zona se deterioraba. Los violentos ataques de las unidades armadas paramilitares respaldadas por las Fuerzas Armadas de Indonesia (ABRI) contra los partidarios de la independencia dieron lugar a decenas de homicidios ilegítimos. Las ABRI no hicieron nada por impedir los ataques y, en muchos casos, participaron directamente en detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y «desapariciones». Muchos observadores de los derechos humanos y periodistas sufrieron amenazas e intimidaciones.


Malaisia


El juicio ante el Tribunal Superior del ex viceprimer ministro de Malaisia, Anwar Ibrahim, concluyó el 14 de abril, cuando fue condenado a seis años de prisión por «prácticas corruptas». Los procedimientos no cumplieron las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías y suscitaron honda preocupación respecto a la administración de justicia. En concreto, tras su detención en septiembre de 1998, Anwar había permanecido detenido en régimen de incomunicación y había sido golpeado por el ex jefe de policía. Posteriormente, su derecho a la presunción de inocencia fue minado por unas declaraciones realizadas por el primer ministro; además, su abogado no pudo presentar una defensa completa, ya que lo amenazaron con condenarlo por desacato a los procedimientos judiciales.


Tras dictarse la condena, estallaron en Kuala Lumpur una serie de manifestaciones, algunas de ellas violentas. Según los informes, la policía propinó golpes y patadas a manifestantes pacíficos tanto antes como después de detenerlos, y también mientras permanecían bajo custodia.


República Popular de China


Continuó la represión contra los líderes nacionalistas uigures y los dirigentes independentistas musulmanes en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, donde, según los informes, al menos 33 personas fueron ejecutadas en enero y febrero de 1999. La mayoría de los ejecutados eran uigures que habían sido declarados culpables de actividades subversivas tras juicios injustos o sumarios. En abril, Amnistía Internacional publicó un importante informe que documentaba una práctica constante de graves violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, violaciones que incluían torturas, ejecuciones sumarias y arbitrarias, y juicios injustos. La Región Autónoma Uigur del Sin-kiang es la única región de la República Popular de China en la que se sabe que, en los últimos años, se ha ejecutado a presos políticos.


En el Tíbet, donde una campaña de «educación patriótica» había dado lugar al cierre de monasterios y a la expulsión de monjas y monjes «no patrióticos», siguieron denunciándose detenciones arbitrarias y torturas a presos.


China bloqueó el debate sobre su historial de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al utilizar con éxito una «moción de no acción» de procedimiento con la cual impedía el debate sobre un proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos, que criticaba la situación de los derechos humanos en el país.





Actualización sobre Europa




Selección de acontecimientos ocurridos en Europa entre enero y junio de 1999




República Federativa de Yugoslavia


A pesar de que, tras el alto el fuego de octubre de 1998, el nivel de violencia en Kosovo había descendido, continuaron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad serbias y de la República Federativa de Yugoslavia, por un lado, y el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), por el otro. Durante los primeros meses de 1999, Amnistía Internacional recibió numerosos informes de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad serbias. Ante el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo político para la provincia, el 24 de marzo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inició una campaña de ataques aéreos contra blancos yugoslavos.


Durante las semanas que siguieron, centenares de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares o huyeron ante el temor por su seguridad. Los refugiados de Kosovo han narrado relatos estremecedores de violencia y expulsiones acompañadas de homicidios, violaciones, palizas, detenciones arbitrarias e incendios de casas por parte de miembros de la policía serbia y del ejército yugoslavo y por paramilitares.


También se han recibido informes que señalan al ELK como responsable de violaciones (aunque en mucha menor escala) tales como homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y toma de rehenes.


Amnistía Internacional ha recordado a todas las partes del conflicto (el gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, la OTAN y el ELK) que tienen la obligación de proteger la vida de la población civil y de tratar adecuadamente a los prisioneros y a quienes no participan en las hostilidades. La organización también ha pedido a la OTAN que explique los ataques que han dado lugar a bajas civiles.


A comienzos de mayo, más de 800.000 personas habían huido de Kosovo, principalmente a Macedonia y Albania. La llegada masiva de refugiados a estos países sobrecargó las estructuras locales y creó tensiones potencialmente peligrosas. Centenares de miles de personas permanecían como desplazadas internas en Kosovo, y otras 60.000 huyeron a Montenegro. Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que compartiera la responsabilidad por el bienestar de los refugiados.


Los medios de comunicación independientes de Serbia prácticamente dejaron de existir a causa de la creciente presión: los tres periódicos en lengua albanesa que aún subsistían fueron obligados a cesar su publicación y Radio B-92, la principal emisora de radio independiente de Belgrado, fue cerrada por la policía en marzo. El 11 de abril, el periodista Slavko uruvija, destacado crítico del gobierno, fue abatido a tiros ante su domicilio. Los ataques contra los medios de comunicación independientes también están aumentando en Montenegro. Asimismo, los periodistas extranjeros que informan sobre el conflicto armado en la República Federativa de Yugoslavia han sido hostigados, y algunos de ellos han sido detenidos por el ejército yugoslavo y han permanecido recluidos durante breves periodos. A principios de mayo, un periodista alemán y otro croata permanecían en detención preventiva acusados de espionaje.


La República de Montenegro se negó a reconocer el estado de excepción anunciado por el gobierno federal yugoslavo al iniciarse los ataques aéreos de la OTAN. El 19 de abril, el viceprimer ministro de Montenegro, Novak Kilibarda, se negó a comparecer ante un tribunal militar para responder del cargo de «socavar la capacidad de defensa militar de la República Federativa de Yugoslavia»; ese cargo se le había imputado tras declarar públicamente que los montenegrinos se negarían a ser movilizados en el ejército yugoslavo.


Las agencias internacionales han manifestado su preocupación por la seguridad de las personas de etnia albanesa desplazadas en determinadas zonas de Montenegro. El motivo que ha suscitado esta preocupación es el ataque lanzado por el ejército yugoslavo contra un pueblo cercano a Roñaje el 18 de abril. Las autoridades de Montenegro afirmaron que entre quienes murieron en el ataque se encontraban mujeres y desplazados internos. Según el ejército yugoslavo, el objetivo del ataque era dispersar a un grupo del ELK.


Reino Unido


En Irlanda del Norte, el asesinato, el 15 de marzo, de la abogada de derechos humanos Rosemary Nelson a manos de paramilitares unionistas atrajo una vez más de forma dramática la atención mundial hacia el problema del hostigamiento sistemático y las amenazas a las que se enfrentaban los abogados. Rosemary Nelson había denunciado reiteradamente las intimidaciones a las que la sometían la Real Policía del Ulster y el Real Regimiento Irlandés, así como las amenazas de muerte anónimas que venía recibiendo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Amnistía Internacional pide que la investigación sobre la muerte de esta abogada no la lleve a cabo la Real Policía del Ulster, ya que ésta podría no garantizar el grado necesario de imparcialidad.


Turquía


El juicio contra 10 directivos de la oficina de Diyarbakir de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, fundada en octubre de 1998, continuó durante los primeros meses de 1999. Amnistía Internacional asistió como observadora a las vistas celebradas el 9 de febrero y el 6 de abril de 1999. La organización cree que los 10 defensores de los derechos humanos no deberían ser sometidos a juicio y, en caso de que fueran declarados culpables, los consideraría presos de conciencia.


Se agotaron las vías legales de apelación de los casos del ex alcalde de Estambul, Recep Tayy2p Erdoan, y de los defensores de los derechos humanos Ak2n Birdal, Eren Keskin y Zeynep Baran, condenados a diferentes penas de prisión por expresar sus opiniones no violentas. Recep Tayy2p Erdoan fue encarcelado en marzo para cumplir una pena de diez años de cárcel por un discurso que pronunció en diciembre de 1997. Respecto a Ak2n Birdal, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, está previsto que sea encarcelado el 3 de junio a pesar de la preocupación en torno a su estado de salud.


La detención, aparentemente ilegal, del líder del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) Abdullah Öcalan en Kenia el 15 de febrero suscitó el temor de que su juicio no cumpliera las normas internacionales, especialmente teniendo en cuenta que Öcalan permaneció detenido en régimen de incomunicación durante diez días. A finales de abril de 1999, el acceso de Öcalan a la asistencia letrada había sido muy limitado. Durante las visitas de sus abogados habían estado presentes dos guardias de la prisión, lo que violaba su derecho a comunicarse de forma confidencial con sus letrados. Amnistía Internacional pidió a las autoridades turcas que garantizaran que el juicio de Abdullah Öcalan cumpliría las normas internacionalmente reconocidas sobre la celebración de juicios justos. En una serie de episodios alarmantes, los abogados que representaban a Abdullah Öcalan sufrieron amenazas y hostigamientos. Uno de ellos, Osman Baydemir, fue detenido por cargos poco claros el 26 de febrero, tras difundir un comunicado de prensa en el que pedía que se concediera a su cliente un juicio justo. Fue liberado al día siguiente. Tras la sesión judicial del 24 de marzo, los abogados de Öcalan tuvieron que abandonar el juzgado por una ventana a causa de las amenazas de una multitud enfurecida.


El 7 de marzo, el sindicalista Süleyman Yeter murió bajo custodia a consecuencia de torturas. Según un periodista que había sido detenido junto con él el 5 de marzo, Süleyman Yeter había declarado que lo habían desnudado, le habían propinado fuertes palizas, lo habían rociado con agua fría y le habían obligado a tumbarse sobre hielo mientras lo interrogaban en el Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía de Estambul.






Actualización sobre Oriente Medio y el Norte de África




Selección de acontecimientos ocurridos en Oriente Medio

y el Norte de África entre enero y junio de 1999




Bahrein


Tras permanecer recluido sin cargos ni juicio durante más de tres años, Shaikh 'Abd al Amir Mansur al Jamri, considerado por Amnistía Internacional preso de conciencia, compareció ante el tribunal de seguridad del Estado el 21 de febrero de 1999. Entre otras cosas, lo acusaban de incitación a la violencia y de actos de sabotaje. El juicio fue aplazado, y no se sabe cuándo tendrá lugar la siguiente sesión.


Irán


En enero, el Ministerio de Información anunció que diez de sus empleados habían sido detenidos en relación con la muerte de Dariyush Foruhar, Parvaneh Foruhar, Mohammad Mokhtari y Mohammad Ja'far Pouyandeh, destacados intelectuales y figuras de la oposición. Según los informes, las detenciones se llevaron a cabo tras el nombramiento de un comité especial encargado de investigar los homicidios. Se cree que algunos de los detenidos van a ser juzgados ante un tribunal militar.


En marzo se anunció que el general de brigada Mohammad Reza Naqdi, jefe de los servicios secretos de la policía, y diez de sus subordinados iban a ser juzgados en mayo ante un tribunal militar. Se cree que los cargos en su contra incluían «detención ilegal» y «uso de la tortura para obtener confesiones». Este anuncio se produjo tras las denuncias presuntamente realizadas por varios alcaldes de subdistritos de Teherán detenidos en 1998 en relación con el juicio de Gholam Hussain Karbaschi.


En abril, Helmut Hofer, el ciudadano alemán condenado a muerte en enero de 1998 por mantener relaciones sexuales con una mujer iraní musulmana, fue liberado bajo fianza en espera de la vista final de su caso. Unos informes no confirmados sugerían que la condena de cien latigazos impuesta a la mujer acusada con él, Vahideh Ghassemi, podía haber sido ya ejecutada. No se disponía de más información sobre este caso.


El 21 de abril, el hojjatoleslam val Moslemin Mohsen Kadivar, detenido en marzo por «propaganda contra el sagrado sistema de la República Islámica», «publicar mentiras» y «confundir a la opinión pública», fue condenado a dieciocho meses de prisión por el Tribunal Especial para el Clero. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.


Irak


El homicidio de la máxima autoridad chií musulmana, el ayatolá Mohammad Sadeq al Sadr, y dos de sus hijos, muertos a tiros el 19 de febrero en la localidad de al Najaf, suscitó el temor por la seguridad de otros dirigentes chiíes del país.


El ayatolá Mohammad Sadeq al Sadr fue el tercer dirigente chií musulmán importante muerto en circunstancias sospechosas en menos de un año. Las protestas generalizadas que estallaron en todo el país tras su homicidio tuvieron como resultado la muerte de decenas de manifestantes y la detención de varios centenares de personas.


Cuatro personas acusadas del asesinato del ayatolá y de sus dos hijos aparecieron en la televisión iraquí y confesaron el crimen. Se temía que esas confesiones pudieran haber sido obtenidas mediante coacción. Amnistía Internacional además cree que las confesiones televisadas van en contra del derecho de los acusados a la presunción de inocencia.


Israel y los Territorios Ocupados / Autoridad Palestina


! abIsrael y los Territorios Ocupados


En lo que se consideró una oportunidad perdida de mejorar el historial de derechos humanos de Israel, el Tribunal Superior de Justicia aplazó en enero la vista de una causa que impugnaba los métodos de interrogatorio que constituyen tortura y que se utilizan sistemáticamente contra los sospechosos palestinos y libaneses.

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! abAutoridad Palestina


El 26 de febrero, el coronel Ahmad 'Atiya Abu Mustafa fue ejecutado en Gaza por «causar desórdenes públicos» tras ser acusado de violar a un niño de seis años. Su juicio ante un tribunal palestino no fue anunciado públicamente y duró sólo una hora, por lo que el tribunal no tuvo oportunidad de evaluar las pruebas en su contra. Amnistía Internacional expresó su preocupación por la posibilidad de que la presión pública hubiera inducido a la Autoridad Palestina a juzgar al coronel Abu Mustafa sin las debidas garantías y a ejecutarlo.


Jordania


La transición política tras la muerte del rey Hussein en febrero estuvo caracterizada por una serie de detenciones de miembros de grupos integristas islámicos de oposición entre los que se encontraban el partido integrista islámico Partido de la Liberación (Hizb al-Tahrir), el partido más moderado Frente de Acción Islámica y la Hermandad Musulmana. En marzo, tras las conversaciones entre el rey Abdalá y el líder de la sección jordana de la Hermandad Musulmana, las autoridades liberaron a 25 de los miembros del Frente de Acción Islámica detenidos.


A finales de marzo, el rey Abdalá firmó una amnistía para más de quinientos presos. Entre los beneficiados se encontraban 25 presos políticos, algunos de los cuales eran Ata Abu' Rushta y otros miembros del Partido de la Liberación condenados el año pasado por distribuir folletos. Amnistía Internacional los consideraba posibles presos de conciencia.

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