Documento - Llamada internacional. (extracto de The Wire). Julio de 2007

Índice AI: NWS 21/006/2007


Llamada internacional

(extracto de The Wire)

Julio de 2007



Vietnam

Abogada recluida en un hospital psiquiátrico


La abogada Bui Thi Kim Thanh permanece recluida en un hospital psiquiátrico, donde le inyectan contra su voluntad medicamentos desconocidos que, al parecer, la han dejado sin habla.


Amnistía Internacional la considera presa de conciencia recluida por su trabajo como abogada para el Partido Democrático de Vietnam (XXI), organización no autorizada a favor de la democracia. Bui Thi Kim Thanh también trabajó sin cobrar defendiendo a familias con bajos ingresos de su comunidad cuyas propiedades habían sido confiscadas por las autoridades y que buscaban resarcimiento. Al igual que muchos otros disidentes de Vietnam, antes de ser detenida fue objeto de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad.


La policía la detuvo en su domicilio a primeras horas del 2 de noviembre de 2006 y la llevó a un hospital cercano, donde intentó que la ingresaran. Sin embargo, según los informes dos psiquiatras la evaluaron y concluyeron que no sufría ningún trastorno mental. Tras esto la policía se la llevó al hospital psiquiátrico de Bien Hoa, donde al parecer le han inyectado medicamentos desconocidos sin ningún motivo médico. Desde entonces sigue detenida en ese hospital.


Según los informes, las autoridades le ofrecieron dejarla en libertad a condición de que no dijera nada sobre su tratamiento, pero ella se negó. Desde ese momento le negaron de forma reiterada las visitas y los paquetes que llegan al hospital a su nombre. Hasta entonces podía recibir visitas de sus familiares.


No se sabe en virtud de qué disposiciones legales permanece detenida Bui Thi Kim Thanh, y no se tiene constancia de que haya sido acusada de ningún delito o de que sufra trastorno mental alguno. Sin embargo, la ley vietnamita contiene disposiciones que contemplan la reclusión en una unidad psiquiátrica y pueden ser administradas de forma local sin necesidad de comparecer ante un tribunal. Según informes, otros disidentes políticos y religiosos fueron recluidos anteriormente en el hospital psiquiátrico de Bien Hoa por motivos no médicos y sufrieron malos tratos.


Escriban pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Bui Thi Kim Thanh, que permanece detenida contra su voluntad en el hospital psiquiátrico de Bien Hoa sin necesidad médica aparente.


Envíen sus llamamientosal primer ministro:

Nguyen Tan Dung

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Hoang Hoa Tham

Ha Noi

Vietnam

Fax: (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores) +844 823 1872

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

[Pie de foto: Bui Thi Kim Thanh © Particular]


Azerbaiyán

Malos tratos a adolescentes en detención preventiva


Tres adolescentes, Ruslan Bessonov, Maksim Genashilkin y Dmitri Pavlov, permanecen detenidos desde marzo de 2005 acusados de asesinar a otro adolescente, Vusal Zeynalov. Los tres jóvenes afirman haber sido sometidos a tortura y malos tratos desde su detención.


Ruslan Bessonov ha declarado que el 14 de marzo de 2005 investigadores policiales le propinaron puñetazos y golpes con porras en la cabeza y el cuerpo, además de colgarlo por las piernas, sentarse encima de su pecho y pisotearle los dedos de la mano. Al parecer lo amenazaron con arrancarle las uñas, pillarle los genitales con un portazo, matar a su madre y propinarle descargas eléctricas. Los otros dos adolescentes denunciaron amenazas y palizas similares.


Los tres afirman que fueron obligados a firmar confesiones incriminando a los demás en el asesinato de Vusal Zeynalov. Todos sostienen que no cometieron el asesinato y que tienen coartada para ese momento. Algunos familiares creen que los tres jóvenes puede haber sido detenidos y acusados a causa de su etnia rusa, lo que permitiría explicar el crimen como delito de motivación étnica.


Las vistas judiciales se aplazaron en reiteradas ocasiones a lo largo de dos años. Cuando, por fin, se celebraron dos de ellas en octubre y noviembre de 2006, un investigador admitió haber falsificado la firma del abogado de Dmitri Pavlov en uno de los protocolos y haber destruido documentación importante para el caso. En otra vista judicial celebrada el 1 de junio, un fiscal del Estado pidió al tribunal que se impusiese a los tres jóvenes una pena de 10 años de reclusión en una prisión de máxima seguridad. A los periodistas locales no se les autorizó a entrar en la sala de audiencia.


Amnistía Internacional teme que los jóvenes sufran torturas o malos tratos mientras se encuentren recluidos, y que su juicio no cumpla las normas internacionales.


Escriban pidiendo un juicio justo para Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov, o su liberación inmediata. Pidan que las denuncias de tortura y malos tratos que han realizado se investiguen a fondo y, si se confirman, que sus confesiones se declaren inadmisibles como prueba ante el tribunal. Pidan que los responsables rindan cuentas y que se ofrezca reparación a las víctimas.


Envíen sus llamamientosal presidente:

Ilham Aliyev

Office of the President of the Azerbaijan Republic

19 Istiqlaliyyat Street

Baku AZ1066

República de Azerbaiyán.

Fax +994 12 492 0625

Correo-e: president@gov.az; office@apparat.gov.az

Tratamiento: Dear President / Señor Presidente


Irán

Posible pena de muerte para un clérigo chií


Según los informes recibidos, el 10 de junio comparecieron ante el Tribunal Especial para el Clero el ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi y 17 de sus seguidores. Pese a que las autoridades lo niegan, informes fiables sugieren que fue condenado a muerte.


Un testigo presencial ha declarado que, en una sesión del tribunal celebrada en marzo, el ayatolá sangraba por la boca, tosía sangre y no podía caminar derecho.


El 19 de febrero el ayatolá, actualmente detenido en la cárcel de Evin, se declaró en huelga de hambre en protesta por las deplorables condiciones de la cárcel y por la negativa de las autoridades a permitirle visitar a su madre moribunda y, posteriormente, acudir a su funeral. Al parecer fue torturado durante el interrogatorio y no se le ha permitido recibir tratamiento médico.


El ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi fue detenido el 8 de octubre de 2006 en su casa en Teherán, junto con más de 300 de sus seguidores. Su madre, de 80 años, se encontraba entre los detenidos y, al parecer, sufrió malos tratos durante la reclusión. Las detenciones se produjeron en medio de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Se cree que casi todos o todos los detenidos han sido puestos en libertad.


Según informes, el ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi fue acusado de 30 delitos, entre ellos el de «hacer la guerra a Dios», tener vínculos con antirrevolucionarios y espías, y «atentar contra la seguridad nacional». No ha tenido acceso a un abogado y al parecer no sabe «lo que quieren de él». De acuerdo con la información recibida, defiende la separación entre la religión y la base política del Estado, parte fundamental de la Constitución de Irán.


El Tribunal Especial para el Clero, que funciona al margen del poder judicial y bajo el control directo del líder supremo de la República Islámica, fue establecido en 1987 por el ayatolá Jomeini para juzgar a los miembros del sistema religioso chií de Irán. Sus procedimientos no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, y en general se le considera ilegítimo. El Tribunal puede imponer condenas como la flagelación y la pena de muerte.


Escriban instando a las autoridades a que aclaren los informes según los cuales el ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi ha sido condenado a muerte y, en caso de ser ciertos, que tomen medidas inmediatas para anular esta sentencia y poner al ayatolá en libertad, a menos que se le acuse de un delito común reconocible y se le juzgue sin dilación y con justicia. Pidan que se investiguen de forma imparcial y sin demora las denuncias según las cuales el ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi podría haber sufrido torturas y, en caso de ser ciertas, que los responsables de esas torturas sean llevados ante la justicia.


Envíen sus llamamientosal líder de la República Islámica de Irán:

His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader

Shoahada Street

Qom

Irán

Correo-e: info@leader.ir; istiftaa@wilayah.org

Fax: +98 251 774 2228 (indiquen: «For the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei»)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia


[Pie de foto: Ayatollah Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi © Particular]


República Democrática del Congo

No hay justicia para el defensor de derechos humanos asesinado


El 31 de julio se cumplen dos años de la muerte de Pascal Kabungulu Kibembi (en la foto), asesinado a tiros delante de su esposa e hijos por unos hombres uniformados que irrumpieron en su casa a primeras horas de la mañana. Pascal Kabungulu Kibembi era uno de los defensores de los derechos humanos más destacados de la República Democrática del Congo y secretario general de Herederos de la Justicia (Héritiers de la Justice), organización no gubernamental con sede en Bukavu, en la provincia de Kivu meridional, en el este del país.


Una investigación criminal militar dio lugar a la detención en agosto de varios soldados sospechosos de haber dado muerte a Pascal Kabungulu. Sin embargo, poco después los hombres fueron excarcelados ilegalmente a punta de pistola por el coronel Thierry Ilunga, que entonces estaba al mando de la guarnición militar de Bukavu. Éste había amenazado abiertamente con dar muerte a Pascal Kabungulu en 2003, después de que Herederos de la Justicia lo acusara de organizar la explotación ilegal de minerales en Kivu meridional.


Tras las protestas nacionales e internacionales, los sospechosos fueron nuevamente encarcelados y comparecieron ante un tribunal militar en noviembre de 2005, pero el juicio se interrumpió tras oírse un testimonio que al parecer implicaba directamente al coronel Ilunga en el homicidio. El tribunal detuvo al coronel Ilunga y ordenó el traslado del juicio a un tribunal militar superior con jurisdicción sobre personal del ejército de rango superior. Los funcionarios que participaron en el juicio, que duró poco más de dos semanas, se quejaron de amenazas e intromisión política.


El nuevo juicio todavía no se ha iniciado. A pesar de los cargos que se le imputaban, el coronel Ilunga fue puesto en libertad después de pasar menos de un día bajo custodia, y posteriormente fue ascendido y puesto al mando de una brigada del ejército nacional unificado (FARDC, Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo).


Escriban pidiendo la reanudación inmediata del juicio contra los sospechosos de haber participado en el homicidio de Pascal Kabungulu Kibembi en julio de 2005. Insten a que el juicio respete las normas internacionales de justicia y a que se excluya la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Pidan que el coronel Thierry Ilunga sea apartado de su cargo hasta que finalice el juicio.


Envíen sus llamamientosal ministro de Defensa Nacional y de Ex Combatientes:

M. Chikez Diemu

Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

Ministre de la Défense

Kinshasa

República Democrática del Congo.

Tratamiento: Dear Minister / Señor Primer Ministro


[Pie de foto: Pascal Kabungulu Kibembi © Héritiers de la Justice]



Actualizaciones

Arabia Saudí: en libertad después de 15 años


Sarah Jane Dematera salió de la cárcel el 2 de mayo después de pasar 15 años condenada a muerte. En 1992, cuando tenía 19 años, dejó su casa de Filipinas para trabajar como empleada doméstica en Arabia Saudí. Cuatro días después de su llegada fue detenida y acusada de asesinar a la persona para la que trabajaba. Ella negó los cargos en todo momento, pero fue acusada y condenada a muerte en un juicio injusto y sin haber tenido acceso a un abogado. Tras las campañas organizadas en todo el mundo y la aparente intervención de Gloria Macapagal Arroyo, presidenta de Filipinas, la familia de la víctima, a la cual se cree que se pagó dinero de sangre (diyat), le concedió el indulto. Hoy Sarah Jane se encuentra nuevamente con su familia en Filipinas.


Véase la Llamada Internacional de marzo de 1998.


Vietnam: condena de sindicalista


Tran Quoc Hien fue juzgado el 15 de mayo y condenado a tres años de cárcel en virtud del artículo 88 del Código Penal por «hacer propaganda» contra el Estado, a otros dos años de cárcel en virtud del artículo 89 por «atentar contra la seguridad», y a dos años de libertad condicional. Entre las acusaciones que pesaban contra él se encontraba la de unirse a «elementos hostiles» para publicar un manifiesto a favor de la libertad y la democracia en Vietnam. Los otros cuatro miembros de su sindicato también detenidos no fueron enjuiciados junto con Tran Quoc Hien, y no se sabe cuándo lo serán ni por qué cargos.


Véase la Llamada Internacionalde mayo de 2007.


[Pie de foto: Tran Quoc Hien © Partido Democrático Popular]


Comienza el juicio de Sierra Leona


El juicio del ex presidente liberiano Charles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona dio comienzo, por motivos de seguridad, en La Haya el 4 de junio. Sobre el ex presidente pesan 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Sierra Leona. Es la primera vez que se juzga a un ex jefe de Estado en un tribunal penal internacional por delitos cometidos en África contra el pueblo africano.


El primer día del juicio, Charles Taylor se negó a comparecer, y también de forma imprevista despidió a su abogado y en una carta leída por su representante legal declaró su intención de representarse a sí mismo. A consecuencia de ello la presidenta del tribunal ordenó al miembro restante de la defensoría de oficio que lo representase ese día. El proceso continuó con las alegaciones iniciales de la defensa. En principio el juicio ha de reanudarse el 25 de junio.


En el próximo número The Wire encontrarán información de primera mano sobre los procedimientos judiciales.

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