Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1994

Noticias

[Boletín de abril: noticias]

Burundi

Mueren millares en violencia étnica

La violencia étnica se ha cobrado unas 100.000 vidas y casi un millón de personas han quedado desplazadas o han abandonado el país desde que las tropas burundesas derrocaron y asesinaron al presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993.

A finales de enero, AI pidió a todos los gobiernos del mundo que actuasen urgentemente para ayudar a restablecer el respeto por los derechos humanos en el país. El temor de que se produjese otro golpe había provocado un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos.

Según los informes, a principios de febrero de 1994 estalló nuevamente la violencia étnica en la capital, Bujumbura, y sus alrededores, con un saldo de más de 50 civiles muertos y muchas viviendas destruidas. Los problemas se desencadenaron cuando los líderes de la oposición, de etnia tutsi, instigaron a sus partidarios a forzar al gobierno —apoyado por la etnia mayoritaria hutu— a revocar su decisión de disolver el Tribunal Constitucional. Los tutsis levantaron barricadas y atacaron y mataron a civiles hutus.

Para frenar la violencia, las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad por toda la capital pero, según los informes, las tropas no lograron poner fin a los asesinatos en zonas residenciales de la ciudad. La violencia sólo llegó a su término cuando el gobierno accedió a dar cargos ministeriales a los líderes que la fomentaban. AI ha exhortado al gobierno burundés y a los mandos de las fuerzas de seguridad a velar por que se proteja la vida de civiles inocentes y por que las fuerzas armadas sólo usen los métodos estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones.

Respuesta a tres llamadas

U Shwe Ohn (preso de conciencia cuyo caso apareció en la Llamada Internacional de octubre de 1993) fue puesto en libertad en noviembre. Abogado, de 70 años, presidía un partido político proscrito por la junta militar de Myanmar.

Tres presos de conciencia que llevaban mucho tiempo encarcelados en Siria también han recuperado la libertad. Los casos de dos de ellos, Mustafa Rustum y Hadithe Murad, aparecieron en la Llamada Internacional de febrero. Ambos figuraron entre un grupo numeroso de ex funcionarios del gobierno y del Partido Baas encarcelados desde hace más de 20 años sin cargos ni juicio. Otros cinco mencionados en la misma Llamada continúan encarcelados.

Alemania

Maltrato de detenidos: pero no se enjuicia a la policía de Hamburgo

Según un reciente informe* de AI, las autoridades de Hamburgo no han sometido a juicio ni impuesto medidas disciplinarias a varios agentes de policía responsables de infligir malos tratos a personas que se hallaban bajo custodia. Durante un periodo de cuatro años, los agentes —miembros de E-Schicht, una división especial con base en la comisaría Nº 16 de Hamburgo— han sido objeto de 32 quejas formales sobre malos tratos.

El informe estudia en detalle los casos de Lutz Priebe y Frank Fennel. En agosto de 1989, en la comisaría Nº 16, Lutz Priebe sufrió una fractura del hueso nasal cuando un miembro de la E-Schicht le golpeó la cabeza deliberadamente contra el borde de una mesa. En julio de 1991, Frank Fennel pasó una semana hospitalizado después de que unos agentes de esta división le propinaran una dura paliza. Posteriormente, las dos víctimas entablaron juicios civiles y recibieron compensación.

AI teme que la falta de actuaciones penales o medidas disciplinarias contra los agentes que han maltratado a detenidos aliente a otros a creer que pueden cometer actos similares con impunidad. La organización ha pedido una revisión exhaustiva de las 32 quejas.

*Véase: Federal Republic of Germany: Police ill-treatment of detainees in Hamburg (Índice de AI: EUR 23/01/94)

HAITÍ

Esta niña de cuatro años es Jocelyne Jeanty. El pasado diciembre, una patrulla de soldados y attachés (auxiliares armados de las fuerzas de seguridad) penetró en el barrio marginal de Raboteau y ordenó a 19 hombres, mujeres y niños —entre ellos Jocelyne— que se tirasen al suelo en el patio de una casa. A continuación se dedicaron a golpear a todos los presentes, para después huir disparando al azar. Dos personas perdieron la vida como resultado de las acciones de la patrulla: Evallière Bornelus murió ahogado cuando trataba de huir del tiroteo, y la anciana Louisiana Jean murió de un ataque.

El 27 de diciembre, unos 5.000 habitantes de Cité Soleil, barrio periférico de Puerto Príncipe, la capital, fueron víctimas de un ataque del Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití, voz política de los attachés. Cincuenta personas murieron o “desaparecieron”. Unos 250 hogares quedaron destruidos por el fuego y muchas personas fueron golpeadas.

AI sigue abrigando graves temores por la seguridad de los residentes de Raboteau y Cité Soleil. Las violaciones de derechos humanos son generalizadas y han continuado afligiendo a Haití desde el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Aristide en septiembre de 1991.

Camerún

Ningún preso debe ser torturado

Durante 1993, se detuvo sin cargos a centenares de críticos y opositores del gobierno del presidente Paul Biya. La tortura y los malos tratos de detenidos políticos y de presuntos delincuentes comunes por parte de las fuerzas de seguridad se han vuelto rutina en Camerún.

En 1993, al menos dos personas murieron como resultado de las torturas padecidas. En marzo, Louis Abondo Langwoue, de 29 años, acusado de robo por su patrón, murió después de pasar cuatro días bajo custodia de los gendarmes en Diang, Provincia Oriental. Un médico que aseveró que la muerte había sido causada por una paliza brutal y prolongada fue destituido de su cargo.

GOLPEADOS

Cyprian Tanwie Ndifor, de 23 años, que trabajaba en un centro pastoral católico, fue detenido en diciembre, aparentemente en relación con un robo. Pocas horas después moría en la gendarmería de Bamenda, en la Provincia del Noroeste; había recibido golpes brutales.

En ninguno de estos casos se tomó medida alguna contra los responsables. AI ha pedido que se den pasos urgentes para proteger a todos los presos de la tortura y los malos tratos.

Presos de conciencia del Tíbet: buenas y malas noticias

Dos observadores tibetanos de derechos humanos han sido puestos en libertad inesperadamente por las autoridades chinas. Gendun Rinchen y Lobsang Yonten habían sido detenidos en mayo de 1993 en Lhasa, por “robar secretos de Estado” y realizar "actividades separatistas". Pasaron ocho meses incomunicados en el Centro de Detención de Seitru, en el noreste de Lhasa, antes de recobrar la libertad el 10 y 11 de enero respectivamente.

Gendun Rinchen, guía turístico de 46 años, fue detenido en Lhasa la noche del 13 de mayo de 1993, aparentemente porque se disponía a entregar cartas describiendo la situación de los derechos humanos en el Tíbet a un grupo de diplomáticos de la Unión Europea. Lobsang Yonten, ex monje de 64 años, había sido detenido dos días antes, al encontrarse en su domicilio los borradores de las cartas de Gendun Rinchen.

AI ha exhortado a las autoridades chinas a confirmar que todos los cargos han sido retirados y que la excarcelación es incondicional.

Once monjas del convento de Garu, al norte de Lhasa, han sido condenadas a penas de cárcel de dos a siete años por su presunta participación en una manifestación que, según fuentes tibetanas no oficiales, nunca se realizó. Las monjas, detenidas en junio de 1993, son presas de conciencia.

Durante otro juicio, celebrado en octubre de 1993, se agregaron hasta nueve años a las condenas de 14 monjas que ya cumplían penas de prisión por participar en manifestaciones independentistas en el Tíbet. La pena suplementaria se les impuso por componer y grabar una canción patriótica sobre el Dalai Lama mientras estaban recluidas en la cárcel de Drapchi, en Lhasa.

La pena de Phuntsog Nyidron, una monja de unos 25 años de edad del convento de Michungri, fue incrementada de nueve a 17 años. Es la pena más larga que se sepa esté cumpliendo actualmente una presa política en el Tíbet. No se cree que las monjas hayan empleado ni propugnado el uso de la violencia, y AI las considera presas de conciencia.

MÉXICO

Delegación confirma los abusos que siguieron al alzamiento de Chiapas

En enero, los esfuerzos del ejército mexicano por controlar el levantamiento de Chiapas se tradujeron en otro tipo de violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos.

Una delegación de AI confirmó que se registraron decenas de casos de tortura, al menos nueve ejecuciones sumarias y otras 15 muertes ocurridas en circunstancias controvertidas, 11 “desapariciones” y decenas de detenciones arbitrarias, todas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los delegados de AI se reunieron con miembros de las comunidades indígenas y con representantes del gobierno mexicano, y entrevistaron a unos 70 presos en la cárcel de Cerro Hueco. En su gran mayoría, habían sido detenidos por cargos falsos y los habían sometido a brutales torturas y malos tratos para arrancarles confesiones.

En febrero aparecieron los cadáveres de tres hombres de la comunidad tzeltal de Morelia, aprehendidos por el ejército tras el levantamiento. Los testigos dicen que las tropas habían conducido a los hombres a la iglesia local, donde los habían torturado, y que después se los habían llevado en una ambulancia militar. Dos de ellos contaban 65 años de edad. No se ha acusado a nadie.

La delegación también investigó posibles abusos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —el grupo armado de oposición que había precipitado el levantamiento— y condenó la toma de rehenes por este grupo. A mediados de febrero, todos los cautivos del EZLN, incluyendo a Absalón Castellanos, ex gobernador de Chiapas, habían quedado en libertad.

[Pie de foto:] Señales de ataduras apretadas en las muñecas: estos hombres de Chiapas posiblemente fueron ejecutados extrajudicialmente.

JORDANIA

Las ejecuciones matan en flor la esperanza

En 1993 se realizaron en Jordania al menos 12 ejecuciones de presos, el número más elevado que haya registrado AI en este país en las últimas dos décadas. En enero de este año se realizaron dos ejecuciones más, y se dictaron por lo menos tres condenas de muerte. En 1992 no se había realizado ejecución alguna.

Diez de las personas ejecutadas en 1993 habían sido condenadas por homicidio. El Tribunal de Seguridad del Estado había condenado a las otras dos por espiar para Israel. En contravención de las salvaguardias internacionales, se les negó el derecho de apelación, que sólo fue introducido para los juicios ante este tribunal a partir de mayo de 1993.

En enero de 1994, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a muerte a tres presos (incluyendo dos procesados en rebeldía por conspirar para derrocar al rey Hussein bin Talal.

AI lamenta profundamente que se haya dado un paso atrás en la marcha hacia la protección plena del derecho a la vida. La organización ha solicitado al gobierno jordano que adopte la política de recomendar la conmutación de todas las penas de muerte, y ha instado repetidamente al rey Hussein a que conmute todas las condenas de muerte pendientes y futuras.

MOZAMBIQUE

[pie de foto:] Tropas gubernamentales (arriba) en un punto de desmovilización coordinado por las Naciones Unidas en Magude, a unos 100 kilómetros al norte de Maputo, la capital. Los soldados se reintegrarán a la vida civil o se incorporarán al nuevo ejército uniformado. En primer plano se apilan las armas de los recién llegados.

Gracias al acuerdo de paz firmado en octubre de 1992 entre el gobierno de Mozambique y la oposición armada, la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), cientos de miles de refugiados y personas desplazadas han podido regresar a sus hogares. Una delegación de AI visitó el país en enero de este año para observar las medidas que se estaban tomando para proteger los derechos humanos de conformidad con el acuerdo de paz, cuya puesta en práctica está sometida a la vigilancia de la ONU.

Mozambique celebrará las primeras elecciones libres de su historia en octubre. No obstante, se han registrado inquietantes retrasos en el proceso de desmovilización de los soldados del gobierno y de la RENAMO, y se han producido algunas violaciones del alto del fuego. Es más, las fuerzas de ambas partes han cometido abusos, incluyendo homicidios de prisioneros, y estos incidentes no han sido investigados adecuadamente por los mecanismos creados en aplicación del acuerdo de paz. La ONU, las Iglesias y otros grupos han emprendido una campaña para informar a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos. Pero aún queda mucho por hacer para mejorar la vigilancia y protección de los derechos humanos tanto en el periodo preelectoral como en el futuro.

COREA DEL SUR

Una carta de agradecimiento a AI

En 1985, Kim Song-man, preso de conciencia, fue detenido en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sometido a juicio y condenado a muerte. En 1988 le conmutaron la pena por la de cadena perpetua. A continuación transcribimos extractos de una carta que escribió a un Grupo de AI en EE UU:

«... En Corea, normalmente, se prohíbe que los presos políticos escriban cartas a personas que residen en el extranjero, a menos que se trate de su familia inmediata o próxima. Pero en agosto me entrevisté con el jefe de la división de asuntos correccionales de la prisión y logré que me autorizara a escribirles. Lo que le hizo cambiar de idea y concederme el permiso fue la cantidad de paquetes que ustedes me han enviado durante los últimos dos años. Lo que importó no fue su elevado número sino el gran corazón y extraordinaria sinceridad que demostraban. Lo conmovieron.

»Hace más de ocho años que no le escribo una carta a un extranjero. Ésta es la primera vez que escribo una carta al extranjero desde que estoy en la cárcel... gracias de todo corazón.»

REINO UNIDO

Denuncias de connivencia entre ejército y policía

En un informe* publicado el 9 de febrero, AI aborda por primera vez los homicidios políticos cometidos por todas las partes en conflicto en Irlanda del Norte y advierte que es necesario dar prioridad a los aspectos de derechos humanos en el curso del proceso de paz.

El informe detalla pruebas de la connivencia entre las fuerzas del gobierno y grupos como la Asociación para la Defensa del Ulster (UDA) —que actúa bajo el nombre de “Combatientes por la Libertad del Ulster”—, y hace referencia al posible encubrimiento de homicidios por parte del ejército y la Real Policía del Ulster (RUC). También menciona que se ha acusado a los servicios de seguridad de adoptar una actitud unilateral frente a la necesidad de proteger a la población contra la violencia paramilitar, exponiendo a la minoría católica a los ataques indiscriminados de los “escuadrones de la muerte” pertenecientes al sector leal al gobierno británico.

En 1993 continuaron los asesinatos políticos por grupos armados. Un total de 48 personas fueron asesinadas por grupos armados leales al gobierno británico, grupos que pertenecen a la mayoría religiosa protestante, que propugna continúe la unión política con Gran Bretaña. Los grupos armados republicanos —pertenecientes principalmente a la minoría católica de Irlanda del Norte—, que preconizan la unidad irlandesa, fueron autores de 35 muertes.

Se han repetido las acusaciones de que miembros de la policía y el ejército han actuado en connivencia con los grupos pro británicos: cerrando los ojos a las actividades de sus organizaciones paramilitares, suministrando armas e información secreta, e incluso participando directamente en sus “escuadrones de la muerte”. En 1989, las denuncias sobre dicha connivencia llevaron a la RUC a iniciar una investigación limitada sobre la divulgación de información confidencial a grupos pro británicos. AI cree que es preciso realizar una investigación independiente de gran alcance, cuyas conclusiones deben hacerse públicas.

*Índice AI: EUR 45/01/94

CUBA

Centenares encarcelados con la "ley de peligrosidad"

Desde el mes de agosto, centenares de ciudadanos cubanos —muchos de ellos presos de conciencia— han sido condenados a penas de hasta cuatro años de cárcel, al emplearse cada vez con mayor frecuencia la llamada “ley de peligrosidad”.

Las autoridades cubanas han venido recurriendo a leyes aparentemente destinadas a combatir el delito para encarcelar a opositores políticos pacíficos y trabajadores de derechos humanos.

La ley faculta a la policía a detener a cualquier persona cuyo comportamiento muestre «la especial proclividad en que se halla para cometer delitos». En algunos casos las razones que se esgrimen son explícitamente políticas, pero en otros se aduce ebriedad o desempleo. Las actuaciones tienen lugar, por lo general, unos días después de la detención, y al acusado se le permite poco o ningún contacto con un abogado.

AI considera que esta legislación es demasiado amplia y se presta al abuso. Ha pedido al gobierno que la abrogue y que excarcele a todas las personas detenidas en virtud de ella.

CORRECCIÓN

En el artículo sobre la pena de muerte en EEUU (febrero) mencionábamos «38 condenas de muerte en 1993». La cifra corresponde a las ejecuciones del año. Lamentamos el error.

Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1994

Llamada

Uzbekistán

Pulat Akhunov, de 31 años, ha sido condenado a un total de cuatro años y medio de cárcel. Las acusaciones fueron al parecer urdidas para castigarlo por sus actividades políticas de oposición en Uzbekistán. En octubre de 1993 lo transfirieron al campo de trabajos forzados de Kyzylteppa, donde se recluye a los delincuentes más peligrosos, y que ofrece las peores condiciones penitenciarias del país. AI teme que la transferencia sea deliberada, para exponerlo a la violencia de los demás reclusos.

Pulat Akhunov fue detenido en julio de 1992 y sometido a juicio en diciembre por “gamberrismo malicioso”. Lo condenaron a 18 meses en un campo de trabajos forzados. Se ha dicho que el caso, supuestamente de agresión, fue urdido por las autoridades para castigarlo por sus actividades como vicepresidente del movimiento de oposición Birlik (Unidad). En febrero de 1993, mientras aguardaba en la cárcel el resultado de su apelación, lo acusaron de posesión ilegal de narcóticos y de atacar a un guardia de la prisión, cargos, que, parecería, también eran falsos. Fue sometido a juicio en agosto y condenado a tres años más de cárcel.

Por favor, escriban al presidente pidiendo una revisión judicial de las sentencias de Pulat Akhunov y garantías para su integridad física y bienestar: President Islam Karimov, Apparat Prezidenta/ ploshchad Mustakillik/ Tashkent/ República de Uzbekistán (para facilitar la distribución, agréguese "antigua Unión Soviética" únicamente en el sobre).

[pie de foto:] Pulat Akhunov. © Moskow News

Tayikistán

Mirzonazar Imomnazarov, cuya “desaparición” fue objeto de una Llamada Internacional en el número de septiembre de 1993, apareció muerto en Dushanbe, la capital, a finales de enero de 1994. Lo habían asesinado poco tiempo antes, lo que indica que pasó 13 meses detenido en secreto.

Por favor, escriban solicitando que se investigue el asesinato de Mirzonazar Imomnazarov y que se someta a juicio a los responsables: Imamali Rakhmonov/Chairman of the Supreme Council/ Dushanbe/ Tayikistán (agreguen "antigua Unión Soviética" en el sobre, para facilitar la distribución).

[pie de foto:] Mirzonazar Imomnazarov.

Irán

Manouchehr Karimzadeh, caricaturista de la revista científica Farad, y Naser Arabha, jefe de redacción de la misma, fueron detenidos en Teherán en abril de 1992 y recluidos en régimen de incomunicación en la cárcel de Evín por publicar una viñeta que mostraba a un futbolista con una pierna amputada; se dijo que el personaje se parecía al difunto ayatolá Jomeini.

En septiembre de 1992, Naser Arabha se convirtió en el primer periodista acusado de violar las leyes de prensa que fue juzgado por jurado. Fue condenado a seis meses de cárcel, y quedó en libertad a principios de 1993, tras cumplir su pena.

Manouchehr Karimzadeh fue juzgado ante un Tribunal Revolucionario Islámico, que le impuso una pena de un año de cárcel y una multa de 500.000 riales. Pero en octubre de 1993 otro tribunal le aumentó la pena a 10 años, al parecer por haber insultado al ex líder iraní. AI lo considera preso de conciencia, encarcelado por ejercitar su derecho a la libertad de expresión.

Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Manouchehr Karimzadeh: H.E. Hojjatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani/ President of the Islamic Republic/ The Presidency/ Palestine Avenue/Azerbaiijan Intersection/ Teherán/Rep. Islámica de Irán.

Zaire

El padre Mukoma, sacerdote católico de Kananga, capital de la región de West Kasaï, en Zaire, fue asesinado a tiros cuando trataba de impedir que los soldados saquearan y destruyeran propiedad de la Iglesia.

El ataque, lanzado en noviembre de 1993 contra dependencias de la Iglesia, domicilios privados y sedes comerciales, fue generalmente interpretado como una represalia contra los líderes religiosos por no haber apoyado la introducción, el mes anterior, de un nuevo tipo de moneda en Zaire. Las autoridades clausuraron por varias semanas los periódicos que criticaron la reforma monetaria.

En septiembre de 1993, los obispos católicos se habían granjeado la antipatía de los partidarios del presidente Mobutu Sese Seko por publicar declaraciones condenando los «saqueos, humillaciones, secuestros, desplazamientos forzados, matanzas por millares...» de que se había hecho blanco a aquellos que se oponían al presidente o sus aliados. AI ha documentado detalladamente graves abusos de este tipo en Zaire.

Los partidarios del gobierno también acusaron a la Iglesia de Kananga de socavar la autoridad del presidente ofreciendo servicios económicos y sociales que el Estado no prestaba.

A principios de noviembre, varios cientos de soldados habían llegado a Kananga desde Kinshasa, la capital. La noche del 28 de noviembre, los soldados del batallón 223º del ejército atacaron edificios de la Iglesia en Kananga. El padre Mukoma y otras cinco personas perdieron la vida. El saqueo y la violencia continuaron durante varios días. El gobierno no ha tomado medida alguna contra los responsables.

Por favor, escriban pidiendo se investigue la muerte del padre Mukoma y otras cinco personas en Kananga y se ponga a sus asesinos en manos de la justicia: S.E. le Maréchal Mobutu Sese Seko/Président de la République/ Présidence de la République/ Kinshasa-Ngaliema/Rep. de Zaire.

Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1994

Enfoque

[Boletín de abril: Colombia]

Mito y realidad

Colombia es un país lleno de contradicciones. En una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, la oposición política —que es legal— puede costarle a uno la vida. Desde 1986, más de 20.000 colombianos han sido asesinados por motivos políticos. Las autoridades culpan de la situación a la guerra de guerrillas que consume al país y al narcotráfico, pero la verdad es que la mayoría de las víctimas son civiles asesinados por las fuerzas gubernamentales. Una hábil campaña de relaciones públicas ha contribuido a crear el mito de que el narcotráfico es una de las causas principales de la violencia, pero en los hechos sólo es responsable de una pequeña parte. Las organizaciones guerrilleras han cometido abusos —como homicidios deliberados y arbitrarios y toma de rehenes— pero la mayoría de los asesinatos son obra de las fuerzas armadas colombianas y de los grupos paramilitares que éstas han creado. Ambos están implicados en violaciones generalizadas de derechos humanos. Los homicidios políticos, las “desapariciones” y las matanzas son comunes, pero en muy raras ocasiones se castiga a los responsables: los han situado fuera del alcance de la ley. Las medidas que han tomado sucesivos gobiernos para controlar a estos grupos y proteger los derechos humanos no han resultado efectivas. Colombia se jacta de poseer todos los mecanismos burocráticos que requiere la salvaguardia de los derechos humanos pero, en la práctica, dichos mecanismos no son más que un adorno, que rara vez protege los derechos humanos o a las personas que los defienden.

No hay refugio posible

En Colombia, las fuerzas de seguridad han asesinado a miles de personas

En las ciudades colombianas, hay personas “desechables”. El término abarca vagos, rateros, prostitutas, niños de la calle, drogadictos, enfermos mentales y homosexuales. Y el número de “desechables” asesinados ha venido multiplicándose rápidamente. Sus asesinos son los “escuadrones de la muerte” —a menudo integrados por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía— con el apoyo frecuente de los comerciantes locales, quienes consideran que tales personas representan una carga o una amenaza para la comunidad y que no tienen derecho a vivir. A este macabro fenómeno se lo conoce como la “limpieza social”.

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (de la Iglesia Católica) ha documentado más de 1.900 asesinatos en operaciones de “limpieza social” entre 1988 y 1992, 500 de ellos en 1992. De enero a septiembre de 1993 se registraron otros 160 asesinatos de este tipo. La cifra real es, con toda seguridad, mucho mayor, y va en aumento en las principales ciudades del país.

Delincuentes y presuntos delincuentes son sus víctimas, arrastradas de sus hogares por hombres fuertemente armados, generalmente por la noche, en vehículos sin placas de matrícula. Sus cuerpos sin vida, con frecuentes señales de tortura, aparecen después a la vera de caminos, en ríos o en vertederos de basura. A otros —vagabundos, "cartucheros", prostitutas y homosexuales— les disparan en la calle desde vehículos en marcha.

En septiembre de 1993, un alto funcionario del municipio de Cali recibió amenazas de muerte después de acusar a la policía de haber asesinado a 12 jóvenes en un periodo de tres meses. El funcionario afirmó que las muertes eran parte de un intento de socavar una iniciativa municipal, el "Plan Pandillas", destinada a desarmar y rehabilitar a los miembros de las pandillas juveniles de la ciudad.

Las investigaciones, que se inician rutinariamente, rara vez culminan en condenas. El caso de Javier de Jesús Londoño Arango ejemplifica la actitud castrense frente a la "limpieza social". Javier Londoño fue asesinado por dos agentes de la policía en Liborina, departamento de Antioquia, en septiembre de 1986. En su decisión sobre el caso, el Consejo de Estado indicó que la policía había dado muerte a Javier Londoño «por tratarse de un "indeseable" y de un antisocial de conocida fama y antecedentes» y ordenó que el Ministerio de Defensa le pagase a cada uno de sus padres el equivalente de 500 gramos de oro. El Consejo también manifestó: «Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir [...] quién es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es malo, inútil, “desechable” y deber morir.»

El Ministerio de Defensa respondió: «No hay lugar a condena de pago de suma alguna por parte de la Nación, menos por un individuo que no era útil ni productivo a la sociedad o familiares, sino que era un vago que nadie quería en el municipio de Liborina.»

Esta cruel siega de vidas marginales está estrechamente vinculada al fenómeno de la impunidad militar y policial. Las fuerzas armadas asesinan a voluntad, conscientes de que sus delitos quedan, por lo general, sin castigo.

(* Personas que se ganan la vida vendiendo desperdicios)

[pie de foto:] Uno de los niños de la calle de Medellín, grupo social con el que se ensañan los "escuadrones de la muerte". © Julio Etchart, Reportage

Confesiones reveladoras

En enero de 1994, dos oficiales de la Armada confesaron haber pertenecido a una unidad secreta que había asesinado a unos 100 sindicalistas, educadores, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja y en toda la región del Magdalena Medio. El 4 de enero de 1994, el diario nacional La Prensa publicó sus confesiones. Los hombres —uno jubilado y el otro en servicio activo— manifestaron que en 1991 los habían asignado a una red de inteligencia naval de carácter secreto (la nº 7), que actuaba bajo el mando directo de un oficial de alta graduación, a quien mencionaron por su nombre. Entre las víctimas de la unidad, dijeron, había tres defensores de los derechos humanos —Julio César Berrio, Ligia Patricia Cortés y Blanca Cecilia Valero de Durán— todos ellos miembros del CREDHOS, la organización independiente de derechos humanos.

Según sus declaraciones, para llevar a cabo estos asesinatos se contrató a pistoleros profesionales, quienes recibieron un salario mensual y figuraron en la nómina de la unidad de inteligencia naval.

Los informes indican que el destacado periodista Ismael Jaimes, propietario del diario La Opinión del Magdalena Medio, habría sido otra de las víctimas de la unidad. Fue abatido a tiros el 6 de mayo de 1992. Su muerte fue ordenada, según parece, porque «publicaba en su periódico columnas acusando siempre a las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado».

Algunas de las víctimas de la unidad de inteligencia habrían sido escogidas al azar, con vistas a crear un clima de terror en Barrancabermeja. En una de las varias matanzas de julio de 1992, un grupo de pistoleros adscritos a la unidad asesinó a tiros a seis personas y causó heridas a varias más en un local público.

Defienden derechos, arriesgan la vida

La defensa de los derechos humanos es una actividad perfectamente legal en Colombia, pero quienes la emprenden corren riesgos cada vez mayores. La principal amenaza la constituyen las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares, que acusan a todos sus críticos —incluyendo los grupos de derechos humanos— de tener vínculos con las organizaciones guerrilleras.

Durante 1992 y 1993, sectores influyentes de los medios de comunicación y altos mandos militares pasaron a atacar verbalmente a las organizaciones de derechos humanos. En varios casos, las palabras fueron seguidas de violencia física.

El Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) es una organización independiente que se ocupa de la región del Magdalena Medio. Sus funcionarios han sido víctimas de varios atentados. En febrero de 1992, los jefes militares locales imputaron al CREDHOS vínculos con los guerrilleros, y unos elementos paramilitares comenzaron a hostigar a sus miembros. En 1992, tres trabajadores del CREDHOS fueron abatidos a tiros. Otros fueron amenazados y se vieron obligados a abandonar Barrancabermeja.

La intimidación y la violencia no van dirigidas únicamente contra los empleados de organizaciones de derechos humanos: los familiares de las víctimas también corren peligro. La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) ha sido blanco favorito del B-2 (servicios de inteligencia del ejército). Más de 70 familias de todas partes de Colombia, reunidas en Bogotá para asistir al congreso celebrado por ASFADDES en noviembre, afirmaron que unos desconocidos —algunos de ellos armados— las habían fotografiado, tanto a escondidas como abiertamente, las habían seguido y les habían dado empujones. Uno de los hombres armados, enfrentado directamente, admitió pertenecer al B-2. Los miembros del B-2 han participado en "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales.

ABOGADOS

Los abogados se han convertido en blanco especial de violaciones de derechos humanos. Jesús Antonio Montoya, defensor de sindicatos y presos políticos y miembro fundador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fue asesinado el 14 de diciembre cuando acudía una reunión con un Comité de Vivienda de Barrio Navarro, en la vecindad de Belalcázar, Cali. Unos pistoleros no identificados lo abatieron a tiros.

Otro abogado, Óscar Elías López Muñoz, asesor jurídico de la comunidad indígena páez —20 de cuyos miembros fueron asesinados por agentes de la policía y paramilitares en diciembre de 1991— recibió amenazas de muerte que él creía relacionadas con su labor de representación de las víctimas. En mayo de 1992, lo asesinaron unos desconocidos en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. El abogado que se hizo cargo del caso también ha recibido repetidas amenazas de muerte.

Se estima que, entre 1978 y 1992, más de 1.500 personas “desaparecieron” en Colombia después de ser detenidas. Es posible que a muchas, poco después de detenidas, las asesinaran, y que se deshicieran de sus cuerpos en secreto. A menudo, los militares encargan las “desapariciones” a fuerzas paramilitares o a sicarios civiles.

Delio Vargas, miembro de la Unión Patriótica (UP) —alianza política izquierdista legal— y destacado activista de derechos humanos, participaba en la organización de una conferencia sobre soluciones pacíficas para la escalada de la violencia cuando fue emboscado, en abril de 1993, por cinco hombres fuertemente armados que lo atacaron a él y a su esposa frente al domicilio familiar de Villavicencio, capital del departamento de Meta, y se lo llevaron en un automóvil. No se lo ha vuelto a ver. El conductor del vehículo ha sido detenido. Era un sargento jubilado que trabajaba para los servicios de inteligencia del ejército. Unos reclutas dijeron haber visto a Delio Vargas, torturado, con otros presos, en la sede de la VII Brigada del Ejército en Villavicencio. Sin embargo, los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que fueron a buscarlo no lo encontraron allí. Se desconoce su paradero.

Alirio de Jesús Pedraza Becerra, abogado y activista de derechos humanos, "desapareció" el 4 de julio de 1990 en Bogotá. Según los testigos, unos ocho hombres armados, vestidos de civil, lo aprehendieron en el centro comercial La Campiña, en el barrio de Suba. Dos de los hombres se dieron a conocer a unos agentes de policía, quienes ignoraron los gritos de ayuda del Dr. Pedraza. Éste representaba a los familiares de las decenas de campesinos abatidos a tiros por las tropas en una marcha de protesta en Llano Caliente, departamento de Santander, en mayo de 1988. También representaba a unos sindicalistas detenidos y torturados en marzo de 1990 por el ejército en Cali, departamento de Valle del Cauca. Las autoridades militares y policiales han negado su detención, y se desconoce su paradero. En julio de 1993, dos agentes de la policía judicial fueron puestos en libertad sin cargos tras haber sido detenidos bajo sospecha de participación en el incidente.

En Colombia, la maquinaria burocrática para la protección de los derechos humanos está fallando estrepitosamente. Aunque se han establecido numerosos mecanismos y se emplea la retórica de los derechos humanos, sigue existiendo un abismo entre la ley y la práctica. Trabajar para una organización independiente de derechos humanos equivale a veces a firmar la propia sentencia de muerte.

[véase entrevista pág. 6]

[pie de foto:] Las familias de los "desaparecidos" se unen a la manifestación del 1º de Mayo (Bogotá, 1993). Más de 1.500 detenidos "desaparecieron" entre 1978 y 1992. © Utopías

La impunidad del ejército

A las cinco y media de la mañana del 5 de octubre de 1993, un grupo de unos 20 ó 25 hombres llegó a la localidad de El Bosque, en Riofrío (departamento de Valle del Cauca). Según los testigos presenciales, algunos vestían de camuflaje, otros uniformes de la policía y otros usaban pasamontañas. Al mediodía, se habían llevado de sus casas a 13 vecinos y los habían torturado y asesinado. No se han formulado cargos contra persona alguna por participación directa en la matanza.

La impunidad a la que está acostumbrado el ejército colombiano puede haber contribuido a la brutalidad del ataque. En él murieron siete miembros de la familia Ladino, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 75 años, y cinco miembros de la familia Molina, que eran sus vecinos. Cinco mujeres de estas familias fueron violadas. A algunas de las víctimas las obligaron a ponerse uniformes de estilo militar antes de ejecutarlas sumariamente, para poder acusarlas de pertenecer a la guerrilla. Hugo Cedeño, que estaba de visita en casa de la familia Ladino, también fue asesinado. Inmediatamente después de la matanza, los altos mandos militares afirmaron que los muertos eran miembros de la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional. El comandante del Batallón Palacé, teniente coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, sostuvo que las 13 personas habían muerto en un enfrentamiento armado con sus tropas. Sin embargo, las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Riofrío y varios párrocos, declararon que las víctimas eran simplemente familias campesinas, bien conocidas en la zona, y que las sometieron a torturas antes de asesinarlas sin más. Cuando el incidente llegó al conocimiento público, Luis Felipe Becerra fue relevado de su cargo y licenciado del ejército, pero no ha sido enjuiciado.

El teniente coronel Becerra ya era famoso por su participación en otra matanza: la de 21 trabajadores bananeros de las plantaciones Honduras y La Negra, en Urabá, a manos de 30 hombres enmascarados y fuertemente armados, ocurrida en 1988. En junio de 1991, Fidel Castaño, líder paramilitar implicado en una serie de matanzas en el noroeste de Colombia, y otros 11 pistoleros fueron declarados culpables de estos asesinatos in absentia (en rebeldía), y condenados a 20 años de cárcel. Todos siguen en libertad. Los tribunales militares se atribuyeron exclusiva competencia para dar curso a actuaciones penales contra el personal del ejército que dirigía la unidad paramilitar, pero no iniciaron juicio alguno. Se realizaron actuaciones disciplinarias, durante las cuales el procurador delegado para las fuerzas militares recomendó que el teniente coronel Becerra y otros dos oficiales fueran licenciados del ejército. Durante las actuaciones se estableció que los tres habían identificado a los trabajadores bananeros como "presuntos guerrilleros" y habían planeado la matanza. También se comprobó que el teniente coronel Becerra había usado su propia tarjeta de crédito privada para pagar las facturas de hotel de la unidad paramilitar a la que se había encomendado la matanza. Pero, en lugar de ser relevado de su cargo, el teniente coronel fue ascendido. De habérsele hecho responder de sus actos, es posible que la matanza de Riofrío nunca hubiese ocurrido.

No es éste un ejemplo aislado. La impunidad es un mal endémico del país. Pese a la abundancia de pruebas de la participación militar en las más graves violaciones de derechos humanos, pocos miembros de las fuerzas de seguridad han sido procesados. Aunque las máximas autoridades —hasta el presidente Gaviria— han reconocido la gravedad del problema, el gobierno se ha mostrado reticente a tomar medidas que demuestren su determinación inequívoca de poner freno a la tortura, las matanzas y las “desapariciones”, así como a someter a juicio a los miembros de las fuerzas militares responsables.

[pie de foto:] Miembros de una unidad contrainsurgente de élite de las fuerzas armadas colombianas. © Ascodas

Las Brigadas Móviles siembran el terror

En 1990 se crearon en Colombia las Brigadas Móviles, unidades del ejército especializadas en operaciones de contrainsurgencia, que se estacionaron en las zonas donde la actividad guerrillera era más intensa. Las Brigadas Móviles están integradas por soldados profesionales equipados con armamento avanzado. Se las ha acusado a menudo de cometer graves y frecuentes violaciones de derechos humanos contra civiles inocentes.

En noviembre de 1992, unos miembros de la Brigada Móvil Nº 2 se presentaron en el domicilio de Luis Fernando Martínez y Sonebia Pinzón en Sabaneta, departamento de Santander. Exigieron la entrada, afirmando que buscaban armas. Uno de los soldados sacó a Luis Martínez de la casa y le dio una paliza; también amenazó con fusilarlo. Otro hizo salir a Sonebia Pinzón y la violó en presencia de su hijo de tres años. Mientras abusaban de ella, Sonebia Pinzón oyó gritar a Marcela, su hija de dos años. Cuando le permitieron volver a la casa, Sonebia Pinzón encontró a su hija desángrandose, semiconsciente: la habían violado. Luis Martínez fue puesto en libertad esa noche. Lo extraordinario del caso es que cuatro soldados fueron detenidos y acusados de violación y de conspiración para delinquir; en la mayoría de los casos no se toma medida alguna.

El 3 de octubre de 1993, Ángel de Jesús Ariza, de 38 años, Álvaro Blanco, de 20, y Edilia Ortega, de 25, fueron detenidos por miembros de la Brigada Móvil Nº 2 en Puerto Barranca, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander. Nunca se los volvió a ver con vida. Sus cuerpos, que presentaban señales de tortura, fueron encontrados al día siguiente, abandonados frente al domicilio del obispo de Tibú, monseñor Madrid Merlano.

Monseñor Merlano ha criticado abiertamente las violaciones de derechos humanos cometidas por la Brigada Móvil Nº 2 en la zona de Tibú. Se piensa que los asesinos dejaron los cadáveres frente a su casa para darle a entender que él podría ser la próxima víctima. El obispo ha recibido varias amenazas anónimas advirtiéndole que se arriesga a morir si no abandona la zona.

Durante una entrevista con la prensa, monseñor Madrid Merlano manifestó: «Hay que ver cómo estaban esos cuerpos. Tenían sus caras destrozadas.

»El problema es que se quiere hacer una polarización de la gente. Usted o es guerrillero o no es guerrillero... Es "está conmigo" o "está contra mí".»

Las organizaciones guerrilleras son, ellas también, culpables de graves abusos. Han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y de miembros de las fuerzas armadas capturados o fuera de combate.

En noviembre de 1991, ocho miembros de una comisión judicial, entre los que figuraban un juez y un patólogo, murieron cuando los vehículos en que viajaban fueron atacados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor de los grupos guerrilleros, cerca de Usme, departamento de Cundinamarca. Éstos también han dado muerte a líderes populares indígenas al penetrar en el territorio de las comunidades autóctonas para tratar de imponer su autoridad sobre ellas.

Centenares de personas han sido secuestradas como rehenes por las organizaciones guerrilleras colombianas. Algunas han sido asesinadas, aun después de que se pagara rescate por ellas. En los baluartes guerrilleros, han tomado como rehenes a las autoridades locales, sometiéndolas a juicios sumarios o manteniéndolas cautivas hasta que accediesen a cambiar su política o a dimitir. En marzo de 1992, Argelino Durán Quintero, ex ministro del gobierno, de 77 años de edad, murió de un ataque al corazón mientras el Ejército Popular de Liberación lo tenía como rehén. Su muerte suspendió las conversaciones de paz entre el gobierno y la oposición armada.

Luchador contra viento y marea

ENTREVISTA CON EL DR. RAFAEL BARRIOS MENDEVIL, CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS (Londres, enero de 1994)

--Es obvio que la labor que usted ha venido realizando en representación de la comunidad indígena páez después de la muerte de Óscar Elías López Muñoz es sumamente arriesgada. ¿Qué le ha infundido el valor necesario?

Cuando se trata de poner fin a las violaciones de derechos humanos, uno encuentra fuerzas que no sabía que poseía. Yo era consciente del riesgo. En Colombia todos sabemos que defender los derechos humanos nos pone personalmente en peligro. Pero tenemos que hacer frente al desafío. Cuando me hice cargo del caso de la masacre de 20 indígenas páez en Caloto, departamento del Cauca, en diciembre de 1991, dos abogados que habían trabajado en el caso ya habían sido asesinados, pero no aceptar el reto habría significado contribuir a la impunidad.

--A sus predecesores los amenazaron de muerte. ¿Qué amenazas recibió usted?

Variaron. Poco después de hacerme cargo del caso, luego de la muerte del abogado Óscar Elías López en 1992, pasé bastante tiempo en la región de la masacre tomando testimonios y declaraciones de los sobrevivientes y de otros testigos a los efectos de entablarle juicio por compensación al Estado. Mantuvimos reuniones en el local de un colegio de monjas católicas en Caloto, que estaba situado frente a la estación de policía [fueron los agentes de esta estación quienes participaron en la matanza]. Los agentes andaban siempre rondando e interrumpiendo las reuniones a fin de intimidar a los testigos, y me amenazaron. Les dijeron a las monjas que, si permitían que las reuniones continuasen, correrían peligro. Posteriormente, comencé a recibir amenazas telefónicas en mi bufete de Bogotá, que decían: «si no abandona el caso, le pasará lo mismo que a los otros abogados».

--Para pedir protección contra estas amenazas ¿a quién acudió?

Informé de ellas al asesor presidencial de derechos humanos, al procurador delegado para las fuerzas militares y al defensor del pueblo, y me ofrecieron guardaespaldas de organismos de seguridad del Estado. Pero no quise aceptar los guardaespaldas porque tanta gente ha sido asesinada de esa manera que, en realidad, no es una solución. Yo quería que investigaran de dónde provenían las amenazas y que tomaran medidas contra los responsables, pero no se hizo nada...

--Tuvo que abandonar su país, pero ahora se dispone a regresar: ¿ha cambiado la situación, o se enfrentará con los mismos riesgos?

En cuanto regrese a Colombia en marzo y vuelva a mis actividades de derechos humanos, las amenazas comenzarán otra vez. Pero no podemos permitir que las fuerzas de seguridad se salgan con la suya y nos hagan abandonar nuestra labor de defensa de los derechos humanos.

--Estas amenazas, ¿cómo le afectan, y cómo encuentra el valor para seguir luchando?

Es indudable que ese nivel de amenazas causa tensiones. La forma en que tratamos de superarlas es tener presentes constantemente a todos aquellos que ya han muerto y que han derramado su sangre en aras de un futuro mejor. Es un compromiso que no se puede eludir. Yo no soy ni un mártir ni un héroe, pero de ninguna manera puedo darme por vencido.