Documento - Amnesty International News, February 1994. Vol.24, No.2.

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1994

Enfoque



Este mes nos centramos en los tres últimos años de Kuwait, desde la retirada de Iraq. La condena de 14 personas acusadas en relación con la presunta conspiración del gobierno iraquí para asesinar al ex presidente de los EE UU, George Bush, anunciada para diciembre de 1993, se ha pospuesto (véase pág. 4).



TÚNEZ

Palabras huecas


En un informe publicado recientemente*, AI formula una sola recomendación al gobierno tunecino: simplemente, que ponga fin a las violaciones de derechos humanos. Pocos gobiernos se han mostrado más ansiosos por emplear la retórica de los derechos humanos. Túnez ha ratificado casi todos los instrumentos de derechos humanos de la ONU, y ha creado puestos de defensores del pueblo y oficinas de derechos humanos en varios ministerios y departamentos gubernamentales. Sin embargo, desde 1991, se ha sometido a millares de presuntos opositores políticos a detenciones arbitrarias, detenciones ilegales por periodos prolongados en régimen de incomunicación, torturas o malos tratos, y han sido encarcelados tras juicios celebrados sin garantías. Las muertes bajo custodia como consecuencia de torturas han quedado sin aclarar.

En su informe, AI señala que el gobierno tunecino, pese a disponer de un importante aparato de derechos humanos, ha omitido investigar y poner freno a las violaciones que se han puesto en su conocimiento desde 1991. A AI «ya no le es posible recomendar al gobierno tunecino que cree más organismos de derechos humanos, visto que los existentes han sufrido un notable fracaso a la hora de alcanzar sus objetivos».


* Tunisia: Rhetoric versus reality: the failure of a human rights bureaucracy (Índice AI: MDE 30/01/94).



EE UU

Carta abierta pide a Clinton que suspenda todas las ejecuciones


En una carta abierta al presidente de los Estados Unidos,, AI ha exhortado a que se suspendan todas las ejecuciones y se establezca un comité presidencial sobre el empleo de la pena de muerte. La organización pide la suspensión de todas las ejecuciones hasta que dicho comité publique sus conclusiones.

La carta refleja la honda preocupación de AI ante el uso creciente de la pena de muerte en distintos estados del país y ante las presiones para que se reintroduzca la pena de muerte en el ordenamiento jurídico federal y para que se limite el derecho de los presos a recurrir ante los tribunales de apelación federales.

A finales de 1993, 226 presos habían sido ejecutados en los EE UU desde la reanudación de las ejecuciones en 1977. Sólo en 1993 hubo 38 condenados a muerte. Cuatro eran delincuentes juveniles; muchos padecían enfermedades mentales.

Refiriéndose a sus propias investigaciones y a otros estudios que demuestran que la pena de muerte se impone en los EE UU desproporcionadamente a indigentes, miembros de minorías étnicas, enfermos mentales o retrasados mentales y a acusados que no disponen de representación letrada adecuada, AI ha manifestado que esta lamentable situación debe ser investigada y remediada por las autoridades federales del país sin pérdida de tiempo.

Según AI, ya no se puede confiar en que la Corte Suprema de los EE UU rectifique las injusticias de los sistemas estatales, ni se puede esperar que las autoridades encargadas de la clemencia en los estados otorguen indultos ni siquiera en los casos más meritorios. La administración federal de los EE UU representa el último recurso para aquellos ciudadanos condenados por delitos graves cuyos derechos humanos constitucionales siguen siendo conculcados por los gobiernos estatales.

La carta recoge once motivos de preocupación que la organización cree se deben someter a estudio del comité presidencial, incluyendo la ejecución de delincuentes juveniles y de enfermos mentales.



BRASIL

Se teme por la vida de los menores que presenciaron la “matanza de Candelária”, de julio de 1993, en la que siete niños de la calle y un joven fueron asesinados por hombres encapuchados en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. En la foto, los niños de la calle que sobrevivieron asisten al funeral de las víctimas cubiertos con mantas para ocultar su identidad, y protegidos por un cordón de trabajadores de derechos humanos. Tres agentes de la policía militar, acusados formalmente de los asesinatos, se encuentran detenidos en prisión preventiva.

Durante el último incidente, ocurrido en noviembre, un grupo de supervivientes de Candelária —que actualmente viven a la intemperie en la Plaza Mauá, en el centro de la ciudad— fueron amenazados por unos desconocidos. El incidente se produjo después de que la policía militar al parecer amenazara de muerte y atacara con explosivos a dos niños que habían prestado declaración ante los tribunales y que residían temporalmente en una “casa de seguridad para testigos”.

La mayoría de los 58 niños identificados como testigos de la matanza de Candelária permanecen en la calle, donde corren el riesgo de ser ejecutados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad. Los repetidos llamamientos de AI a las autoridades estatales y municipales para que les ofrezcan un lugar seguro donde puedan residir permanentemente no han hallado eco.



CHINA

Libertad de expresión silenciada


Durante 1993, al menos ocho periodistas y funcionarios del gobierno han sido detenidos o enjuiciados en China por cargos de “filtrar secretos de Estado”. AI cree que varios de los detenidos o enjuiciados pueden ser presos de conciencia encarcelados por haber ejercitado pacíficamente el derecho a la libertad de expresión, y teme que otros detenidos que están a la espera de ser juzgados sean sometidos a juicios sin garantías celebrados en secreto.

Gao Yu, periodista independiente, fue detenida el 2 de octubre de 1993, dos días antes de la fecha en que iba a viajar al extranjero para cursar estudios. El 13 de octubre la acusaron formalmente de “filtrar secretos de Estado a organizaciones extranjeras”, pero no se han hecho públicos los motivos de los cargos. Sus familiares no han conseguido autorización para visitarla.

UN JUICIO SECRETO

El 20 de mayo de 1993, durante un juicio secreto, Bai Weiji, ex empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores, y su esposa, Zhao Lei, fueron acusados de “suministrar ilegalmente secretos de Estado a un ciudadano extranjero”. Bai Weiji fue condenado a diez años de cárcel y Zhao Lei a seis. Según lo que ha podido saber AI, la información suministrada al ciudadano extranjero no representaba un “secreto de Estado”. Otras dos personas fueron enjuiciadas al mismo tiempo por complicidad.

En agosto de 1993, durante un juicio secreto, Wu Shishen, redactor de la Agencia de Prensa Nueva China, fue condenado a cadena perpetua por cargos de “vender secretos de Estado a un ciudadano extranjero”. Se le imputó vender el texto de un discurso del secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, a un diario de Hong Kong una semana antes de la fecha fijada para su pronunciación. Ma Tao, director del boletín chino Educación en la Salud, fue sometido a juicio en relación con el caso de Wu Shishen y recibió una pena de seis años de cárcel por facilitarle copias del discurso.

AI cree que la pena mayor impuesta a Wu Shishen tras un juicio sin garantías obedeció a motivos políticos. q

KENIA: El 5 de noviembre de 1993, Koigi wa Wamwere, activista de derechos humanos y preso político en tres ocasiones, fue detenido en Nakuru, acusado de intento de robo con empleo de violencia, delito que conlleva la pena de muerte preceptiva. Sin embargo, AI cree que se puede tratar de un preso de conciencia. Su juicio, fijado para el 14 de diciembre, ha sido aplazado.

En el momento de su detención estaba en libertad bajo fianza, como otras personas detenidas por criticar la presunta participación del gobierno en la violencia política y los enfrentamientos étnicos del Rift-Valley y en la región occidental de Kenia. Desde 1991, unas 1.000 personas han sido asesinadas y otras 300.000 obligadas a abandonar sus tierras de cultivo. En muchos incidentes, los miembros del grupo étnico kalenjin —al que pertenece el presidente Daniel arap Moi— atacaron a miembros de las comunidades kikuyu, luo y otras a las que se considera simpatizantes de los partidos de la oposición. AI ha seguido pidiendo una investigación imparcial de los asesinatos, y que se ponga a los responsables en manos de la justicia.



NACIONES UNIDAS

Sobre los cimientos de Viena


La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estará reunida en Ginebra hasta el 11 de marzo: la primera reunión de la Comisión desde la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993.

La Comisión debe decidir los procedimientos para examinar el progreso anual de sus actuaciones, con vistas a completar la puesta en ejecución de la Declaración de Viena y el Programa de Acción. Estos documentos subrayan que los derechos humanos son universales, y que su fomento y protección son una cuestión de legítimo interés internacional. AI espera que los debates de la Comisión se hagan eco de estos principios fundamentales y que la Comisión proceda a revisar su progreso anualmente.

El año pasado, la Comisión se ocupó de la situación de los derechos humanos en 24 países sobre los que AI tiene importantes motivos de preocupación. En todos ellos —pero en especial en Iraq y la antigua Yugoslavia— se presenta la necesidad urgente de que la ONU tome medidas efectivas.

Este año, AI ha pedido que se examine la situación en Argelia, China —incluyendo Tíbet—, Indonesia, Perú y Turquía.

En la Declaración de Viena y el Programa de Acción se exhorta a los gobiernos y a la ONU a que den prioridad a la acción en la esfera de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres. AI apoya firmemente la creación de un Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, pero también considera importante que todos los mecanismos temáticos y de países de la Comisión tomen mucho más en cuenta los tipos de abusos concretos dirigidos específicamente contra las mujeres.



Paliza de la policía húngara causa aborto


Una mujer embarazada de cinco meses abortó tras recibir golpes e inhalar gas lacrimógeno durante un incidente en el que la policía hizo uso indiscriminado de la fuerza contra la comunidad romaní en la ciudad de Örkény, a 50 kilómetros al sur de Budapest.

Fehér Péterné figuró entre decenas de romaníes sometidos a malos tratos por la policía el 21 de mayo de 1993. En diciembre, AI instó a las autoridades húngaras a que investigaran el incidente y enjuiciaran a los responsables.

Unos 20 agentes de policía se habían trasladado al vecindario romaní tras un robo. La policía acordonó dos calles donde se proponía realizar una redada.

Dos agentes vestidos de civil que inspeccionaron el documento de identidad de Radics Márton le torcieron el brazo detrás de la espalda, lo arrojaron contra un automóvil y lo esposaron. La policía, según parece, golpeó a su esposa y a algunos vecinos que salieron de sus casas.

A continuación llegó al lugar un refuerzo de 100 agentes que, según testigos presenciales, golpearon indiscriminadamente a los presentes y les lanzaron gas lacrimógeno. Los agentes gritaron: «¡Los vamos a hacer carne picada a los gitanos; los vamos a convertir en jabón!»

Al menos nueve personas resultaron heridas; entre ellas, Lakatos Lászlóné, que respira a través de un tubo insertado en la tráquea. Un agente le asestó golpes, le arrancó el tubo de la garganta y le echó gas lacrimógeno en el rostro. La mujer perdió el conocimiento y fue trasladada a un hospital. Radics Krisztián, de 13 años, fue llevado a la comisaría de policía de Dabas junto con ocho hombres. El joven estuvo encerrado en una celda desde las 9 de la noche a la 1:30 de la mañana, hora en que su madre lo encontró sin conocimiento. Radics Krisztián dijo que la policía le había dado una paliza. Las contusiones de su cuerpo fueron descritas en un certificado médico después del incidente.



MALAWI

Representantes de AI visitaron Malawi en noviembre de 1993, la primera visita autorizada en muchos años tras tres décadas de campañas contra graves violaciones de derechos humanos en el país. El gobierno ha fijado para mayo la celebración de elecciones multipartidarias.

Los delegados se entrevistaron con miembros del gobierno y de partidos de la oposición, abogados, grupos religiosos y de derechos humanos. En la foto, el delegado de AI Joseph Gitari saluda al ex preso de conciencia Chakufawa Chihana (izquierda). AI calificó de positivas las recientes mejoras realizadas en la esfera de los derechos humanos, incluyendo la puesta en libertad de todos los presos políticos y la abrogación —durante la visita de AI— de la ley que autorizaba la detención sin juicio por periodos indefinidos.



PAQUISTÁN

Periodista en libertad tras campaña internacional


Un periodista condenado a 16 años de cárcel únicamente por ejercer su profesión ha sido puesto en libertad después de una campaña internacional de publicidad realizada por AI y otras organizaciones.

Sailab Masud, detenido el 24 de septiembre de 1993 en Wazi-ristán del sur —área tribal fronteriza bajo administración fede-ral—, fue enjuiciado en aplicación del Reglamento sobre delitos de frontera de 190. Éste estipula la celebración del juicio ante un jirga —consejo de ancianos de la tribu.

El juicio se celebró el 12 de octubre a puerta cerrada. El acusado no dispuso de representación letrada ni disfrutó del derecho de apelación. Sailab Masud fue condenado por su presunta asociación con un narcotraficante a quien había entrevistado.

Tras protestas nacionales e internacionales, el jirga se reunió nuevamente y lo absolvió de todos los cargos. Fue puesto en libertad a mediados de noviembre. q



BAHREIN

Exilio forzoso de ciudadanos bahriníes


En un informe publicado en diciembre*, AI consigna que desde principios de los 80 ha venido recibiendo innumerables denuncias sobre el exilio forzado de ciudadanos bahriníes.

Durante 1993, muchos ciudadanos bahriníes que regresaron a residir en el país fueron sometidos, a su llegada al aeropuerto, a interrogatorios sobre sus pasadas publicaciones o actividades políticas, para después ser devueltos por la fuerza al país donde residían hasta entonces. No se les comunicaron los motivos de dicha acción ni se les dio la oportunidad de apelar contra la decisión o de impugnar su legalidad ante los tribunales.

El Dr. ‘Abd al-‘Aziz al- Rashid, médico, intentó regresar a Bahrein en noviembre de 1993. Poco después de su llegada fue expulsado; a continuación se le negó la entrada en Kuwait y, en dos ocasiones, en Siria. Tras cada rechazo lo devolvieron a Bahrein: en poco más de una semana fue expulsado de Bahrein —su país de origen— cuatro veces. En la última, le expidieron un pasaporte con un año de vigencia y lo enviaron en un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos donde, finalmente, se autorizó su entrada.

Al-Sayyid Hashem al- Moussawi, ex preso político sometido a juicio en 1988, fue puesto en libertad en abril de 1993 al finalizar su pena, y de inmediato fue expulsado de Bahrein.

AI se opone al exilio forzoso impuesto por motivos políticos. La organización ha solicitado a las autoridades que celebren el día de fiesta nacional declarando públicamente que todos los ciudadanos bahriníes tienen derecho a regresar a Bahrein, y que tomen las medidas oportunas para que ello ocurra en la práctica.


* Banned from Bahrain: Forcible exile of Bahraini nationals (Índice de AI: MDE 11/04/93).

Dr. ‘Abd al-‘Aziz al-Rashid

Al-Sayyid Hashem al-Moussawi



ARMENIA

Años esperando la ejecución por falta de verdugo


Durante los últimos cuatro años ha aumentado el número de condenados a muerte a la espera de ser ejecutados en la antigua República Socialista Soviética de Armenia. Ello obedece, dice la prensa local, a que el país no dispone de un funcionario encargado de llevar a cabo las ejecuciones (hasta el desmembramiento de la URSS, los condenados eran trasladados a otra república a los efectos de la ejecución).

Actualmente son siete los que aguardan la muerte. Se cree que entre ellos figuran dos personas condenadas en 1990 con las que se entrevistó una delegación de AI en 1992. Un tercer hombre con quien también se había reunido AI fue asesinado recientemente por otro condenado a muerte. Los hombres estaban sometidos al régimen de aislamiento, pero parece que recientemente, por agudizarse la falta de espacio, se ha dispuesto que algunos compartan una celda.

AI ha continuado exhortando a las autoridades a que conmuten todas las condenas de muerte pendientes y a que den pasos concretos con vistas a la abolición total de la pena capital, siguiendo la tendencia internacional a su eliminación.

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1994

Llamada


CHIPRE

Salih Askerogul, objetor de conciencia del norte de Chipre, zona controlada por Turquía, fue condenado a tres meses de cárcel por no presentarse a alistarse para cumplir el servicio militar, y a tres años por «hacer propaganda en contra de las fuerzas armadas». Su compañera griega, Yiota Nikolaou, y su hija recién nacida, Melissa, fueron expulsadas a la parte sur de la isla, y las autoridades del Chipre turco no les permiten entrar en la zona norte para visitar a Salih Askerogul en la cárcel ni comunicarse con él por teléfono.

Salih Askerogul es el primer objetor de conciencia encarcelado por las autoridades turcas en el norte de Chipre (si bien es cierto que la República Helénica de Chipre ha venido encarcelando a objetores de conciencia desde hace años). Lo llamaron a filas el 24 de septiembre de 1993. En lugar de responder a la convocatoria, celebró una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de su negativa a prestar servicio en las fuerzas armadas e indicó que estaba dispuesto a cumplir un periodo equivalente en un servicio civil alternativo.

Tres días después, Salih Askerogul se entregó a las autoridades y el 12 de noviembre un tribunal militar lo condenó a un total de tres años y tres meses de cárcel.

Por favor, escriban al líder de la comunidad chipriota turca, de ser posible en inglés, expresando pesar ante el encarcelamiento de Salih Askerogul por expresar sus opiniones pacíficas y pidiendo su libertad inmediata e incondicional: Mr. Rauf Denktas/ Leader of the Turkish Cypriot Community/ Cumhurbaskanligi/Lefkosa/ Kibris/via Mersin 10/Turquía.



COREA DEL SUR

Ahn Hak- sop, de 63 años, ex estudiante y soldado del ejército norcoreano, ha estado preso en Corea del Sur desde 1953, condenado por espionaje. AI cree que es un preso de conciencia, encarcelado únicamente debido a que se ha negado a censurar públicamente la ideología comunista.

Ahn Hak-sop fue capturado por el ejército de Corea del Sur en la provincia de Kanghwa el 26 de abril de 1953 cuando fue destruída la unidad del ejército norcoreano de la que formaba parte. Después lo pusieron en manos de una unidad especial de la policía, donde lo interrogaron, lo sometieron a duras palizas y lo acusaron de ser un espía norcoreano.

Ese año, un tribunal militar le impuso la pena de cadena perpetua. Según parece, el fiscal fundó los cargos de espionaje en el hecho de que en el momento de su captura Ahn Hak-sop se hallaba solo, en las cercanías de la frontera, y que sus familiares no se habían presentado a identificarlo (se les impidió hacerlo, acusándoseles de ser parientes de un “espía comunista”).

Ahn Hak-sop se ha negado a firmar una declaración de “conversión” renunciando a presuntas convicciones comunistas. Como resultado, lo han mantenido en régimen de aislamiento durante la mayor parte de los 40 años que lleva en la cárcel y le han negado la posibilidad de excarcelación o de libertad condicional. Los informes indican que no goza de buena salud física ni mental debido a las torturas padecidas, al encarcelamiento prolongado en condiciones inadecuadas y a la falta de contacto con otras personas. Actualmente está recluido en la cárcel de Taejon.

Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Ahn Hak- sop: President Kim Young- sam/The Blue House/1 Sejong-no/Chongno- gu/Seúl/República de Corea.


SIRIA

Siete presos de conciencia, detenidos hace más de 20 años, continúan encarcelados sin cargos ni juicio en la Prisión Militar de al-Mezze, en Damasco. Uno de ellos, Muhammad ‘Id ‘Ashawi, de 63 años, es un ex ministro de Asuntos Exteriores, y los otros seis: Dafi Jam’ani, ‘Abd al-Hamid Miqdad, Haditha Murade, ‘Adel Na’issa, Fawzi Rida y Mustafa Rustum, en su mayoría sexagenarios, son ex funcionarios del Partido Baas.

Los siete figuraron entre un grupo de ex funcionarios del gobierno y del Partido Baas detenidos entre 1970 y 1972 por negarse a cooperar con el gobierno de Hafez al-Assad, que se hizo con el poder en 1970 tras un golpe de Estado incruento. Muchos han quedado en libertad, principalmente por motivos de salud, y algunos han muerto bajo custodia o poco después de recobrar la libertad; tres han muerto durante los últimos 15 meses.

En vista de las muertes repetidas dentro de este grupo de presos, AI siente gran preocupación por la integridad física de los siete detenidos restantes que, al parecer, sufren diversas dolencias. Se cree que uno de ellos, Muhammad ‘Id ‘Ashawi, padece anemia aguda, reumatismo y una úlcera gástrica.

Por favor, escriban solicitando la libertad inmediata e incondicional de estos presos: H.E. President Hafez al- Assad/President of the Republic/ Presidential Palace/ Damasco/ República Árabe Siria.


Muhammad ‘Id ‘Ashawi

Dafi Jam’ani

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1994

Enfoque


Un soldado kuwaití hace guardia junto a detenidos sometidos a juicio ante un tribunal de la ley marcial en 1991 a los que se acusaba de "colaboración". Las actuaciones judiciales en este caso fueron manifiestamente injustas.


Balqis Hafez Fadhil


Walid Jassem Mahdi —ciudadano iraquí, fotografiado aquí con su esposa— fue condenado a muerte en junio de 1993 por el Tribunal de Seguridad del Estado de Kuwait, por una serie de cargos, incluyendo "colaborar" con las fuerzas iraquíes. Su caso está a estudio del Tribunal de Casación. La condena a muerte podría ejecutarse, de ser confirmada por el Tribunal y ratificada por el emir de Kuwait. Un ciudadano kuwaití enjuiciado en el mismo caso, acusado de prestar asistencia a Walid Jassem Mahdi, ha sido absuelto.


Colompurage Asoka Pathmakumara, fotografiado aquí con su hijo, murió de camino al hospital, según parece después de haber sido torturado en una comisaría de policía de Kuwait.


«... en el pecho y parte superior de los brazos quedaban relativamente pocas zonas intactas; a juzgar por las apariencias, se le administraron golpes múltiples, extraordinariamente fuertes, de una magnitud desconocida por mí hasta la fecha...» (Un patólogo de AI).


Butros Koko, sudanés de 35 años, fue azotado con cables eléctricos y mangueras, y recibió quemaduras de cigarrillo después de su detenci ón en Kuwait en marzo de 1991.



Kuwait no responde

AI lamenta que el gobierno de Kuwait no haya considerado apropiado actuar en ninguno de los asuntos que la organización ha abordado durante los últimos tres años. Más deplorable aun es que el gobierno no haya estimado oportuno aplicar a la conducta de sus propios agentes del orden los mismos principios internacionales de derechos humanos que había pedido, con toda justificación, al ejército de ocupación.

En mayo de 1991, como resultado, parecería, de la continua publicidad negativa que su gobierno merecía en los medios de comunicación internacionales, el príncipe heredero declaró públicamente que los residentes de Kuwait vivían «amenazados por el terror", y que algunos, llevados a las comisarías de policía, corrían el riesgo «de ser torturados". El príncipe instó al Ministerio del Interior a que eliminara de sus filas «a los malos elementos y a los desilusionados». Nunca quedó claro cómo se había de ejecutar esta directriz.

El gobierno ha omitido:

-emprender investigaciones serias de los casos de detenciones arbitrarias, detenciones prolongadas sin juicio, torturas, muertes bajo custodia, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales;

-llevar ante la justicia a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han perpetrado estas atrocidades —pese a haberle asegurado a AI que había iniciado actuaciones judiciales contra algunos de ellos, hasta la fecha no ha suministrado detalles ni pruebas concretas de ello;

-indemnizar a las víctimas y a sus familias;

-velar por que las actuaciones ante el Tribunal de Seguridad del Estado se ajusten a las normas de imparcialidad reconocidas internacionalmente —los encausados siguen recibiendo condenas de prisión mayor o incluso de muerte tras juicios celebrados sin garantías;

-emprender una revisión judicial de los casos de presos condenados por tribunales de la ley marcial en juicios a todas luces injustos.



La justicia en el banquillo

Kuwait, tres años después


Este mes se cumplen tres años de la retirada de las fuerzas iraquíes del territorio de Kuwait. A este acontecimiento, con el que culminó la Guerra del Golfo, se le ha llamado frecuentemente la "liberación" de Kuwait. Sin embargo, para muchos kuwaitíes no representó el comienzo sino el fin de la libertad.

Mientras numerosos gobiernos —incluyendo aquellos que habían participado en el esfuerzo bélico para expulsar a las fuerzas iraquíes— exhortaban al gobierno kuwaití a respetar la libertad y la democracia ahora que la nación había recobrado su soberanía, las fuerzas armadas kuwaitíes, la policía y civiles armados en busca de presuntos "colaboradores" de las fuerzas de ocupación detenían arbitrariamente en sus redadas a centenares de palestinos, jordanos, iraquíes y miembros de la comunidad bidun kuwaití (árabes sin patria) entre otros. Muchas de estas personas pertenecían a familias que residían y trabajaban en Kuwait desde hacía generaciones, y fueron escogidas debido únicamente a su nacionalidad u origen, como represalia por la posición adoptada por sus gobiernos o sus líderes respecto de la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990.

Decenas de detenidos murieron bajo custodia después de ser sometidos a torturas. Otros fueron asesinados, o "desaparecieron" y se desconoce su suerte. Muchos pasaron meses en centros de detención secretos, recluidos sin cargos ni juicio. Tres años después, se cuentan en centenares los que siguen privados de libertad, a la espera de juicio o deportación.

Los juicios de los que llegan a comparecer ante los tribunales no se ajustan a las normas internacionales de imparcialidad y, sin embargo, han producido condenas a muerte o penas de prisión mayor. Ya se ha realizado una ejecución, y 19 presos aguardan la misma suerte. Más de 140 personas, inclusive presos de conciencia, cumplen penas que llegan hasta la cadena perpetua.

¿Qué se ha hecho en Kuwait durante los últimos tres años para investigar estas violaciones de derechos humanos y llevar a sus autores ante la justicia? El silencio del gobierno kuwaití lo dice todo.

«Cuando Kuwait fue liberado, nuestras vidas se volvieron aun más difíciles... Cada vez que pasaba por un puesto de control, me insultaban. El único motivo de los insultos era que éramos portadores de pasaportes iraquíes. Los kuwaitíes me preguntaban por qué no había regresado a Iraq con el ejército iraquí. Yo les explicaba que habíamos permanecido en Kuwait porque nos oponíamos al gobierno de Iraq. Les explicaba que habíamos ayudado a los kuwaitíes durante la invasión iraquí. No me escuchaban. Me daban puñetazos y puntapiés y golpes con palos y cables. Los kuwaitíes se habían enterado de cómo habían torturado a la gente los iraquíes...»

Son las palabras de un kurdo iraquí de 34 años, uno de los muchos detenidos y torturados por las fuerzas de ocupación bajo sospecha de ayudar a los kuwaitíes, que después sufrieron la misma suerte —esta vez a manos de las fuerzas kuwaitíes— bajo sospecha de haber "colaborado" con las fuerzas iraquíes durante la ocupación.


Condenas a muerte y a prisión tras juicios injustos


Acabada la ocupación de Kuwait, los detenidos que fueron sometidos a juicio durante los primeros meses debieron comparecer ante un tribunal de la ley marcial, acusados de "colaboracionismo" con las fuerzas de ocupación. Según el delegado de AI que asistió a varias sesiones del tribunal: «...los procedimientos fueron defectuosos en todas las fases críticas —en el periodo presumarial, durante las propias sesiones y, posteriormente, en la medida en que los acusados carecieron del derecho a apelar ante un tribunal superior. En algunos casos, no les comunicaron los cargos que se les imputaban». Durante un periodo de un mes, del 19 de mayo al 20 de junio de 1991, se realizaron 164 juicios, 42 de ellos en rebeldía.

AI pidió que se suspendieran inmediatamente los juicios hasta que se ajustasen a las normas internacionales, pero el gobierno kuwaití no respondió. Los juicios siguieron su curso, 29 personas fueron condenadas a muerte y otras 72 recibieron penas de prisión que oscilaron entre un año y cadena perpetua. Otros 45 acusados resultaron absueltos. Algunos de los acusados fueron condenados únicamente en base a "confesiones" obtenidas con torturas, y otros en base a "comentarios de terceros" proporcionados por testigos secretos. En algunos casos, incluso se les negó el contacto con un abogado defensor hasta el comienzo del juicio.

Ninguno disfrutó del derecho de apelación. La suerte de los condenados se dejó en manos del príncipe heredero, jeque Sa’ad al-‘Abdallah al-Sabah quien, como Gobernador de la Ley Marcial, estaba facultado para reducir, confirmar o incluso aumentar las penas. AI considera que la creciente presión internacional con que se enfrentó Kuwait durante este periodo se tradujo en la conmutación de 29 condenas a muerte, hecho que la organización acogió con satisfacción. El príncipe heredero también redujo varias penas de cárcel.

No obstante, al menos 59 presos condenados por tribunales de la ley marcial cumplen actualmente sus penas en la Prisión Central de Kuwait tras juicios manifiestamente injustos. Algunos de ellos son presos de conciencia. AI ha venido pidiendo que se sometan todos estos casos a revisión judicial. El gobierno de Kuwait se ha negado a hacerlo.

Balqis Hafez Fadhil, de 29 años, trabajaba para una compañía de televisión radicada en Kuwait que realizaba programas culturales sobre todos los países del Golfo Pérsico. Cumple actualmente una pena de 10 años de cárcel por cargos de "colaboracionismo" con las autoridades iraquíes. La acusaron en relación con el famoso caso del diario al-Nida (el único periódico cuya publicación fue autorizada por las autoridades iraquíes durante la ocupación). Junto con otras 14 personas, fue sometida a juicio en 1991 ante un tribunal de la ley marcial. Durante el juicio negó todos los cargos que se le imputaban. Seis de los encausados —incluyendo otra mujer— recibieron la pena de muerte, que posteriormente les fue conmutada por la de cadena perpetua.

Las personas acusadas de "colaboracionismo" que no habían sido sometidas a juicio al levantarse la ley marcial en junio de 1991 quedaron detenidas hasta abril de 1992, fecha en que se reanudaron los juicios, esta vez ante el Tribunal de Seguridad del Estado. En el ínterin, se enmendó la Ley de Seguridad del Estado para conceder a los encausados ciertos derechos limitados que la ley marcial les había negado. Entre ellos figuraba el derecho de apelación en cuestiones de derecho, y el derecho a impugnar la detención continuada ante un tribunal de revisión recientemente creado. Sin embargo, los encausados seguían careciendo del derecho de apelación en cuestiones de hecho (derecho que existe en los casos penales comunes), y seguía permitiéndose la renovación repetida de la detención preventiva por el tribunal de revisión, en algunos casos dictada en ausencia de un abogado defensor.

Al menos 19 personas —incluyendo siete iraquíes y diez jordanos de origen palestino— podrían ser ejecutadas tras haber sido condenadas a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado en 1992 y 1993. En mayo de 1993 se llevó a cabo la ejecución de un ciudadano iraquí condenado por homicidio y por pertenecer al Frente de Liberación Árabe, organización pro-iraquí. Se trata de la primera ejecución judicial registrada en Kuwait desde 1989.

El anuncio de la condena de otras 14 personas —acusadas en relación con una presunta conspiración para asesinar al ex presidente de los Estados Unidos de América, George Bush— previsto para el 25 de diciembre, ha sido pospuesto. El fiscal había pedido la pena de muerte para los 11 iraquíes y uno de los tres kuwaitíes en este caso. En julio de 1993, AI solicitó que se instruyese nuevo juicio. La organización veía con inquietud, entre otras cosas, la violación de los derechos de los acusados durante la detención preventiva, por ejemplo, que se les negara el derecho a contar con un abogado defensor en todas las fases de las actuaciones.


«...los procedimientos fueron defectuosos en todas las fases críticas —en el periodo presumarial, durante las propias sesiones y, posteriormente, en la medida en que los acusados carecieron del derecho a apelar ante un tribunal superior. En algunos casos, no les comunicaron los cargos que se les imputaban.»



Tortura y muerte bajo custodia


Los siguientes son extractos del informe médico de un perito forense de AI, quien examinó a víctimas de la tortura durante una visita de investigación de dos semanas a Kuwait, en marzo y abril de 1991. Se trataba de tres palestinos acusados de "colaboracionismo" con las fuerzas iraquíes. Las pruebas médicas, obtenidas durante la visita y posteriormente, confirmaron que la tortura de detenidos, especialmente durante el periodo de la ley marcial, fue rutinaria, generalizada y brutal. Numerosas víctimas declararon que soldados y agentes de seguridad y, en algunos casos, civiles armados, las golpearon, las quemaron con ácido o con cigarrillos, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a simulacros de ejecución y les cortaron la piel con cuchillos.


Caso A:


«El despellejamiento y carne viva en espalda y muslos concuerdan con la aplicación de ácido sulfúrico, aunque también pueden haber sido causadas por descargas eléctricas, ya que el despellejamiento ocurre en ambos casos.»


Caso B:


«Hay señales claras de múltiples golpes fuertes en espalda, tórax, abdomen y brazos administrados con objetos de diversos diámetros. Se observan al menos dos marcas de dientes humanos en el brazo, y varias quemaduras de cigarrillo.»


Caso C:


«Ha recibido numerosos golpes con instrumentos finos en la parte superior del cuerpo. Presenta al menos tres típicas quemaduras de cigarrillo y una lesión cutánea que concuerda con la quemadura que produce la chispa de la corriente eléctrica.»


Entre las víctimas había niños y septuagenarios, en su gran mayoría palestinos, jordanos, iraquíes y sudaneses; también había bidunes (árabes apátridas), muchos de los cuales nacieron en Kuwait y han residido y trabajado en ese país durante años sin que se les reconozcan los derechos civiles y políticos más fundamentales.

En algunos casos, hubo que ingresar de urgencia a las víctimas en hospitales donde se controlaba estrictamente la seguridad y los médicos eran por lo general kuwaitíes. Pese a la dificultad de tomar contacto con dichas víctimas, AI logró obtener en algunos casos los archivos del hospital. Éstos, junto con las declaraciones de médicos no kuwaitíes, indican que durante el periodo de la ley marcial se registró un elevado índice de hospitalización de "pacientes" que padecían cólico nefrítico causado por el "síndrome de aplastamiento" —condición relacionada frecuentemente con traumatismos del tejido muscular, como los causados por golpes brutales.

AI cree que en muchos de estos casos las víctimas fueron escogidas y torturadas únicamente debido a su nacionalidad u origen. Entre los historiales médicos que obtuvo AI figuran los de dos ciudadanos kuwaitíes a quienes, según parece, se detuvo y sometió a palizas por habérselos confundido con palestinos.

Otros no sobrevivieron a estos tratos y murieron o fueron asesinados bajo custodia.

Ahmad Jassem al-Thajil, musulmán chiita de 18 años y miembro de la comunidad bidun, murió el 6 de marzo de 1991 tras pasar tres días detenido en la comisaría de al-Rumaithiyya. Después llevaron su cadáver a la morgue del Hospital Mubarak, donde dos médicos le dijeron a AI que habían visto el cuerpo y que éste presentaba señales de palizas brutales.

Pese a los numerosos llamamientos públicos dirigidos al emir de Kuwait y a otras autoridades, la ola de torturas y asesinatos continuó durante el periodo de la ley marcial. Por lo que ha podido saber AI, el gobierno kuwaití no ha investigado con seriedad una sola denuncia de tortura o asesinato relacionada con dicho periodo, no ha hecho responder ante la justicia a ninguno de los autores de tales abusos, ni ha indemnizado a víctima alguna.

Tras el levantamiento de la ley marcial, a finales de junio de 1991, continuaron llegando a AI denuncias de torturas, pero hacia finales del año el índice de tales casos fue reduciéndose gradualmente. En 1992 y 1993 se recibieron nuevos informes sobre casos de tortura no relacionados con la Guerra del Golfo.

En junio de 1992, un ciudadano de Sri Lanka, Colompurage Asoka Pathmakumara, murió de camino al Hospital de al-Farwaniyya, aparentemente después de haber sido torturado en la comisaría de policía de Jlaib al-Shuyukh. Lo habían detenido en mayo por cargos de robo, acusación que su esposa rechaza categóricamente. El certificado de defunción del Ministerio de Salud Pública indicaba como causa de la muerte «contusiones en la espalda y el pie y fracturas en el fémur derecho, hemorragia interna y conmoción". En diciembre de 1992, el Ministerio de Justicia comunicó a AI que la muerte del detenido no había sido ilegal, y que se había producido como consecuencia de lesiones recibidas al caer de un edificio durante un intento de fuga. El Ministerio admitió que se lo había golpeado "ligeramente" durante el interrogatorio para obtener una confesión, y que se habían presentado cargos de tortura contra siete agentes de policía ante el Juzgado de lo Penal. No obstante, y a pesar de las repetidas solicitudes de AI, hasta la fecha el gobierno no ha suministrado detalles de las actuaciones judiciales en los casos de los siete agentes de policía involucrados en la tortura de Colompurage Asoka Pathmakumara.

Hisham ben Soltana, auxiliar de vuelo de nacionalidad británica y tunecina, fue torturado según parece en julio de 1992, durante los dos meses que pasó detenido en el Centro de Defensa Civil de Messila. Una vez en libertad, declaró que, mientras estaba bajo custodia, lo habían golpeado en repetidas ocasiones y lo habían quemado con cigarrillos, y que le habían negado todo contacto con funcionarios consulares británicos hasta su puesta en libertad.

‘Abd al-Karim Nuri Layedh Muhammad, mecánico, su hermano y su padre de 62 años eran ciudadanos iraquíes residentes en Kuwait. Se los llevaron de su hogar y "desaparecieron" en marzo de 1991. No se ha vuelto a saber de ellos. Su familia teme que hayan muerto a causa de torturas o de ejecuciones extrajudiciales, o que sigan detenidos en régimen de incomunicación.

Khalid Rashid Muhammad Agha-Mir, kurdo iraquí nacido en Kuwait en 1965, trabajaba como cajero en el Hospital de Ginecología al-Salam. El 4 de abril de 1991, un grupo de soldados y civiles armados lo detuvieron en su residencia; al parecer, fue visto en la comisaría de policía de al-Salmiyya, y posteriormente trasladado a un lugar desconocido.


Crece el temor sobre los ‘desaparecidos’de Kuwait


El cementerio de al-Rigga, en las afueras de Kuwait City, está salpicado de sepulturas anónimas.

En marzo y abril de 1991, los delegados de AI que estudiaron el registro del cementerio descubrieron que, durante el mes siguiente a la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait el 26 de febrero, se había dado sepultura a decenas de cadáveres sin identificar. Las actas simplemente los registraban como "desconocidos".

Desde entonces, AI ha instado repetidamente al gobierno kuwaití a que investigue unos 62 casos registrados de personas "desaparecidas" entre febrero y junio de 1991. No se ha recibido una respuesta concreta. AI teme que algunas de las víctimas hayan muerto como resultado de torturas o que hayan sido ejecutadas extrajudicialmente; que algunas de ellas se cuenten entre los "desconocidos" sepultados en el cementerio de al-Rigga.

Otros "desaparecidos" quizá hayan permanecido incomunicados, a la espera de ser juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado, o de ser expulsados de Kuwait.

Los que han intentado averiguar la suerte de sus seres queridos han sido enviados de un centro penitenciario, o de detención, a otro. Dicen que, para disuadirlos, los golpearon y amenazaron con detención o deportación.

La negativa del gobierno kuwaití a investigar tales casos, combinada con la dispersión de las familias de los que siguen "desaparecidos", conspira para que tal vez nunca se llegue a saber el verdadero número y la suerte de los "desaparecidos".

El Dr. Nazmi Salim Khurshid fue detenido en marzo de 1991, con otros médicos palestinos, en el Hospital de al-‘Ardiyya. De la comisaría de al-‘Ardiyya pasó a la sede central del Servicio de Inteligencia de la Seguridad del Estado. Las autoridades dijeron a AI en enero de 1992 que estaban investigando su "desaparición". AI no ha recibido ninguna otra información.

Muhammad Ya’qub Hajj Mustafa al-Ya’qub, de 23 años, es un estudiante palestino de nacionalidad jordana. "Desapareció" el 1 de marzo de 1991 al-Salmiyya, cuando unos 10 civiles armados dijeron llevárselo a la comisaría de policía de al-Rumaithiyya. Parece que lo transfirieron a la Prisión Central de Kuwait o a la sede central del Servicio de Inteligencia de la Seguridad del Estado.


SI DESEA AYUDAR

Escriba a las autoridades kuwaitíes, instándolas a que:


-conmuten todas las condenas de muerte impuestas por el Tribunal de Seguridad del Estado;

-velen por que las actuaciones de dicho Tribunal se ajusten plenamente a las normas internacionales de imparcialidad en los juicios, incluyendo el derecho irrestricto de apelación ante un tribunal superior;

-inicien una revisión judicial de todos los casos de presos condenados por tribunales de la ley marcial;

-realicen investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todos los casos de torturas, muertes bajo custodia, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales;

-hagan públicos los resultados de dichas investigaciones y pongan a los responsables en manos de la justicia.


También puede enviar llamamientos en favor de los casos concretos que destacamos en este Enfoque.


Por favor escriba al príncipe heredero y primer ministro: His Highness Shaikh Sa’ad al-‘Abdallah al-Sabah, Crown Prince and Prime Minister, Al-Diwan al-Amiri, Kuwait.



Autoridades obstaculizan la labor de derechos humanos


Los miembros de AI han trabajado activamente en Kuwait desde 1986, año en que comenzaron a enviar llamamientos en favor de presos concretos y a fomentar los derechos humanos que defiende el Mandato de AI.

Su trabajo incluye ahora la participación en campañas internacionales de AI y la educación en derechos humanos y el fomento de éstos. Entre las actividades realizadas por los miembros de AI en cuestiones de derechos humanos ha habido una exposición artística, un festival de cine y una serie de seminarios.

Otros grupos de derechos humanos kuwaitíes, sin embargo, han visto su labor entorpecida por el gobierno. En agosto de 1993, el Consejo de Ministros decretó la disolución de todas las organizaciones sin licencia oficial, incluyendo varios grupos de derechos humanos que se ocupaban de los casos de unos 650 kuwaitíes desaparecidos desde la Guerra del Golfo que se cree detenidos en Iraq.

El más importante de estos grupos es la Asociación Kuwaití para Defender a las Víctimas de la Guerra, cuyas repetidas solicitudes de autorización han resultado infructuosas.

Al tomar esta decisión, el gobierno ha hecho caso omiso de una resolución aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 1992, que instaba a la legalización de los grupos no gubernamentales que trabajaban en favor de los desaparecidos kuwaitíes y a que se les prestara apoyo económico.

Hasta la fecha, el gobierno no ha respondido a las protestas generalizadas de las familias de los desaparecidos y del Comité de Rehenes y Desaparecidos —comité parlamentario cuyos miembros, posteriormente, dimitieron de sus cargos.

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