Documento - Amnesty International News Service 154/93

Índice AI: NWS 11/154/93/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A:ENCARGADOS DE PRENSA

DE:OFICINA DE PRENSA DEL SI

FECHA:19 DE NOVIEMBRE DE 1993


SERVICIO DE NOTICIAS 154/93


En este Servicio de Noticias encontrarán puntos externos sobre Europa, Bahrein, India, Turquía y Jamaica.



ADVERTENCIA: EFAI ha cambiado su dirección, estos son los datos: 17, rue du Pont-aux-Choux, 75003 PARIS. Teléfono: + 331 44 59 29 89, Fax: + 331 44 59 29 80, Correo electrónico: Mac 44 59 29 86, PC 44 59 29 87. Katie Rickards, de la Oficina del Secretario General del SI, tiene la lista completa de los números de teléfono del personal de EFAI, por lo que deberán ponerse en contacto con ella si los necesitan.


**CONSEJO DE EUROPA** La Sección belga (de habla francesa), en relación con la oficina jurídica del SI, ha tomado la iniciativa de escribir el punto adjunto en francés y en inglés sobre el protocolo de la Convención Europea sobre Derechos Humanos acerca de los derechos de los detenidos. Coincidirá con la reunión del Comité de Dirección para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que empezará el lunes. Es posible que las Secciones de los Estados miembros del Consejo de Europa quieran usarlo. Pueden obtener la versión francesa en la Sección belga.


INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO


COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES


Paquistán - 7 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137

Iraq - 23/24 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 153

India - 15 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137


COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS


Papúa Nueva Guinea - 19 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138/148/151

Sudáfrica - 1 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 151

Discurso del Día de los Derechos Humanos - 9 de diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138


PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA 1994

Túnez - 12 enero

Sudáfrica - 19 enero

Colombia - 16 marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR 23/56+57/93/s

Servicio de Noticias 154/93

ÍNDICE AI: IOR 61/WU 02/93

19 DE NOVIEMBRE DE 1993


Interno


A lo largo del otoño, las Secciones han estado presionando a sus gobiernos sobre un proyecto de Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos con respecto a los derechos de los detenidos (véase la circular de captación de apoyos para las Secciones, "Protegiendo a los Detenidos en Europa", Índice AI: IOR 61/02/93). El martes 23 de noviembre de 1993, el Comité Conductor sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa se reunirá con el fin de decidir qué hacer con la redacción de este proyecto controvertido y peligrosamente endeble. El siguiente artículo del Servicio de Noticias ha sido escrito a iniciativa de, y conjuntamente con la Sección Belga (rama francófona) que ha sugerido, con toda razón, que cierta cobertura de prensa al respecto el Lunes 22 o Martes 23 de Noviembre podría contribuir a desequilibrar la balanza a favor de la remisión del texto a expertos gubernamentales para una revisión a fondo de su redacción, tal y como insta AI. La Sección Belga (rama francófona) traducirá este artículo al francés y lo remitirá por fax a las Secciones francesa y suiza a la mayor brevedad.

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Externo. Embargado para las 0001 hrs del 21 de Noviembre 1993


EUROPA: EL PROYECTO DE TRATADO DEL CONSEJO DE EUROPA PUEDE DEBILITAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS REFUGIADOS


Amnistía Internacional ha instado hoy al Consejo de Europa a no ignorar los recientes e importantes adelantos del derecho internacional en materia de protección de refugiados. Los 32 estados-miembro del Consejo se reúnen esta semana en Estrasburgo con el fin de decidir qué hacer con el controvertido proyecto de Protocolo sobre Derechos del Detenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Sólo un mes después de que los 32 Jefes de Estado del Consejo de Europa se reunieran en Viena para reafirmar su compromiso con los derechos humanos, vemos que el Consejo puede llegar a debilitar ciertos aspectos del derecho internacional en materia de derechos humanos", declaró Amnistía Internacional.

Si entrara en vigor, el proyecto de Protocolo sería un añadido al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se supone que debe proporcionar mayor protección a cualquier persona privada de su libertad, incluyendo a presuntos delincuentes comunes bajo custodia policial, presos condenados, solicitantes de asilo detenidos y a los enfermos mentales.

La finalidad del proyecto de protocolo es garantizar el derecho del detenido a informar a un abogado y a sus familiares de que ha sido detenido, el derecho a comunicarse con su abogado en privado, el derecho a quejarse del trato recibido durante la detención, el derecho a disponer de intérprete en determinados supuestos y el derecho a recibir cuidados médicos adecuados. El proyecto de Protocolo incluye la prohibición de experimentos médicos salvo consentimiento expreso y limita el poder de imposición de castigos disciplinarios.

Se trata de un tratado de efectos de un largo alcance potencial aunque, desgraciadamente, después de casi dos años de trabajo, el borrador tiene serios defectos. "Varios de sus preceptos no proporcionarán la protección que pretenden garantizar, faltan algunas salvaguardias esenciales y otras están tan rodeadas de restricciones que dejan enormes lagunas legales", declaró Amnistía Internacional.

El derecho internacional permite a los gobiernos impedir que los sospechosos de delitos comunes contacten con sus abogados o familiares, pero sólo durante cortos períodos de tiempo y en circunstancias definidas estrictamente. El proyecto de Protocolo tiene unas restricciones redactadas de forma muy difusa del derecho a contactar con abogados, familiares y otras personas que en la práctica permitirían a la policía aislar al detenido del mundo exterior de forma rutinaria y durante períodos inaceptables de tiempo.

"La tortura y los malos tratos aún constituyen un problema importante en Europa", declaró Amnistía Internacional. El año pasado, la organización recibió denuncias de torturas y malos tratos procedentes de más de la mitad de los países miembros del Consejo de Europa, producidos, en la mayoría de los casos, durante las primeras horas o días de detención. "La detención en régimen de incomunicación que permitiría el proyecto de Protocolo es precisamente el tipo de situación que en ocasiones lleva a la tortura y a otros abusos".

"Este tratado debería cuanto menos restringir la detención en régimen de incomunicación a casos excepcionales, y en todo caso se debería primero solicitar al juez que aprobase que se niegue al detenido el acceso al mundo exterior. El proyecto de Protocolo debería garantizar las visitas de los abogados, familiares y médicos de propia elección poco después de la detención y posteriormente con regularidad durante la reclusión".

El proyecto de Protocolo debería asimismo incluir otras salvaguardias contra abusos tales como el derecho de consultar con un médico libremente elegido, al menos en aquellos casos en los que se formulan denuncias formales de torturas o malos tratos, así como el derecho de reclamar ante un tribunal por el trato recibido.

Desgraciadamente, el proyecto de Protocolo tampoco establece límites a la reclusión en celdas de aislamiento, lo cual debería constituir una medida excepcional y temporal utilizada primordialmente para proteger la integridad física del detenido o de terceros.

Algunos de los estados no desean que los enfermos mentales o los solicitantes de asilo, recluidos durante períodos breves, disfruten de ninguno de los derechos contemplados en el proyecto de Protocolo. A pesar de ello, todas las personas privadas de su libertad en Europa deberían disfrutar de al menos alguna protección adicional contra los abusos.

El Comité Conductor de Derechos Humanos del Consejo de Europa decidirá mañana (martes) si debe dar por terminado el texto tal y como está, devolverlo para su revisión o abandonar todo el proyecto. "Un tratado de este tipo debería suponer una gran diferencia en la protección de los detenidos contra posibles abusos, pero sólo si su redacción es adecuada", declaró Amnistía Internacional.

"Instamos al Consejo de Europa a cumplir con sus responsabilidades como protector de los derechos humanos devolviendo el texto actual a los expertos para su mejora en la redacción". Amnistía Internacional ya ha remitido al Consejo de Europa un Memorándum con más de 20 recomendaciones de enmiendas importantes.

Es más, en los últimos dos años, el proceso de redacción se ha llevado a cabo en su mayor parte en secreto. "Este tratado podría afectar las vidas de cientos de miles de personas en Europa y ya es hora de que el Consejo de Europa admita en los debates la presencia de una amplia gama de organizaciones no gubernamentales además de a la asamblea parlamentaria del propio Consejo de Europa".

El Consejo de Europa se enorgullece de ser un modelo para el resto del mundo en la elaboración de las normas más altas de derechos humanos. Es una pena que el proyecto de protocolo, en su actual redacción desacredite esta presuntuosa pretensión.


FIN

Servicio de Noticias 154/93

ÍNDICE AI: MDE 11/WU 01/93

19 DE NOVIEMBRE DE 1993


BAHREIN: EXILIO FORZADO DE UN SÚBDITO BAHREINÍ


Amnistía Internacional ha recibido informes fiables según los cuales el Dr. 'Abd al-'Aziz Rashid al-Rashid, súbdito bahreiní, se halla en peligro de ser expulsado de Bahrein por cuarta vez en el espacio de una semana.


El Dr. 'Abd al-'Aziz Rashid al-Rashid, médico, ha sido objeto de repetidos intentos de ser expulsado por la fuerza de Bahrein. Su primer intento sin éxito de retornar a su país se produjo el 6 de octubre de 1991, cuando se le recluyó e interrogó durante cuatro días antes de su expulsión. Posteriormente volvió a Bahrein el 12 de noviembre de 1993 y fue expulsado al día siguiente a Siria a través de Kuwait. Sin embargo, a su llegada a Kuwait, las autoridades le negaron la entrada al país, ya que carecía de documentos de viaje en regla -su pasaporte bahreiní había expirado- y lo devolvieron a Bahrein el mismo día 13 de noviembre. En el aeropuerto internacional de Bahrein se le volvió a negar la entrada al país, y fue expulsado a Siria. Las autoridades sirias también le han negado la entrada a Siria y, al parecer, el 14 de noviembre, le obligaron a volver a Bahrein. El 18 de noviembre de 1993, las autoridades bahreiníes le volvieron a expulsar a Siria y al parecer, las autoridades sirias le volvieron a obligar, una vez más, a retornar a su país. Se desconoce el paradero y la situación actuales del Dr. al-Rashid.


Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento al gobierno Bahreiní para que permita el retorno a Bahrein del Dr. al-Rashid y de los demás ciudadanos bahreiníes expulsados por la fuerza, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y con la propia Constitución de Bahrein.

Servicio de Noticias 154/93

ÍNDICE AI: ASA 20/WU 11/93

19 DE NOVIEMBRE DE 1993


INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL ACOGE CON AGRADO EL FINAL PACÍFICO DE UN ASEDIO


Amnistía Internacional acoge con agrado el final del asedio de 32 días del santuario Hazratbal de Jammu y Kashmir, así como los esfuerzos del gobierno por garantizar que esto ocurriera. El 17 de noviembre 65 civiles abandonaron la mezquita, donde se habían encontrado armas y municiones, y fueron detenidos. Los informes oficiales sugieren que, de las 65 personas detenidas para su interrogatorio, 30 de ellas identificadas como civiles se negaron a ser puestas en libertad el 18 de noviembre.


Amnistía Internacional está preocupada por las denuncias de los agentes de policía locales según las cuales unos soldados del ejército que insistieron en interrogar a presuntos militantes el martes por la noche les propinaron una fuerte paliza. Las denuncias indican que los negociadores del gobierno habían dado su aprobación a la solicitud de los militantes de ser interrogados por la policía local y no por el ejército. Amnistía Internacional reitera su solicitud al gobierno de tomar todas las medidas posibles para garantizar que nadie sea torturado o maltratado y que todos los detenidos tengan pleno acceso a las salvaguardias legales existentes en el derecho internacional. Amnistía Internacional también ha instado al gobierno a publicar inmediatamente los nombres e historiales de los detenidos, los cargos que se formulan en su contra, así como el lugar en que se encuentran recluidos. Los cargos deben ser acordes con el derecho penal ordinario. Se debe proporcionar a los detenidos un acceso inmediato a abogados, familiares y exámenes médicos.


De acuerdo con los informes recibidos por la organización, a lo largo del asedio, el ejército actuó con comedimiento. Sin embargo, el 22 de octubre 51 civiles desarmados fueron arbitrariamente abatidos a tiros en Bijbehara, la mayoría de ellos por miembros de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras, mientras protestaban, al parecer de forma pacífica, contra el asedio del santuario de Hazratbal. Los informes oficiales según los cuales las matanzas se habían producido en un cruce de fuegos entre las Fuerzas de Seguridad de Fronteras y los militantes asediados no han sido demostrados y no se han publicado los resultados de las dos investigaciones oficiales que se han realizado, una llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad de Fronteras y la otra por un juez. La Comisión de Derechos Humanos de la India, de reciente creación, ha solicitado un informe detallado sobre este incidente. Hasta el presente, el gobierno no ha respondido a la solicitud formulada por Amnistía Internacional de que se lleve a cabo una investigación plenamente independiente e imparcial acerca de estos homicidios.


Amnistía Internacional también ha instado al gobierno a que ponga en libertad a los líderes políticos detenidos durante las manifestaciones celebradas contra el ejército que rodeaba la mezquita o, de lo contrario, a que formule en su contra cargos tipificados en el código penal. Entre estos líderes se encuentran Syed Ali Shah Geelani y Abdul Gani Lone.


FIN

Servicio de Noticias 154/93


ÍNDICE AI: EUR 44/WU 11/93

19 DE NOVIEMBRE DE 1993


EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS CONFIRMA QUE LA TORTURA ESTÁ MUY EXTENDIDA Y ES "SISTEMÁTICA" EN TURQUÍA


Las preocupaciones que Amnistía Internacional tiene desde hace mucho tiempo con respecto a la práctica extendida y sistemática de la tortura en Turquía fueron corroboradas hoy en un informe publicado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Los 10 expertos independientes del Comité, elegidos por los estados con el fin de supervisar la aplicación del Convenio contra la Tortura de las Naciones Unidas, concluyeron que "no se puede negar la existencia de la tortura sistemática en Turquía".

Este informe público, el primero de este tipo desde la creación del Comité en 1988, representa la culminación de una investigación de tres años que ha incluido extensas discusiones confidenciales con el gobierno, así como una visita al país realizada en junio de 1992. El Comité empezó la investigación tras la presentación de un informe de Amnistía Internacional en 1990.

De acuerdo con el artículo 20 del Convenio contra la Tortura, el Comité debe investigar toda información fiable que reciba según la cual se esté practicando la tortura de forma sistemática en un estado parte. Turquía ratificó el Convenio en 1988.

Este Comité de las Naciones Unidas es el segundo ente intergubernamental en concluir, en el espacio de doce meses, que la tortura se practica extensamente en Turquía. En diciembre de 1992, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa emitió una declaración pública después de que el gobierno turco no lograra instituir reformas para poner fin a la tortura.

El informe del Comité de las Naciones Unidas dejó constancia de la cooperación de las autoridades turcas durante a investigación, pero también aclaró que se había negado el acceso de sus delegados a ciertos locales del Ministerio del Interior en la ciudad de Diyarbakır.

Si bien acogía con agrado ciertas reformas legislativas, el informe también hacía constar que "una legislación inadecuada que en la práctica da lugar al uso de la tortura puede asimismo contribuir a la naturaleza sistemática de esta práctica".

El Comité realizó una serie de recomendaciones. Estipuló que se debía prohibir expresamente vendar los ojos a los detenidos durante los interrogatorios y que se debía permitir a los detenidos acceso a médicos de su elección y consultar con sus abogados.

También recomendó que los fiscales actuaran "con prontitud y eficacia" a la hora de investigar denuncias de torturas o de malos tratos y que el legislativo debería reformar las penas estipuladas para actos de tortura. "Las condenas impuestas por los tribunales a torturadores no deberían verse anuladas por medio de promociones administrativas". El Comité subrayó que "los torturadores no deben sentirse en una situación de virtual impunidad de la ley".

El informe también lamentó que se niegue expresamente a los detenidos políticos las salvaguardias vitales establecidas por la Ley nº 3842 de noviembre de 1992, tales como la reducción del período máximo bajo custodia policial y la reafirmación del derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados. Sin embargo, en la experiencia de Amnistía Internacional, son precisamente estos detenidos los que corren el mayor riesgo de tortura y la mayoría de las muertes producidas bajo custodia policial como resultado de torturas han sido de detenidos políticos.

Amnistía Internacional ha declarado frecuentemente que uno de los principales obstáculos a la persecución de presuntos torturadores es la ley que otorga poderes de examinar (y bloquear) las denuncias de torturas a un comité controlado por el gobernador local. El informe del Comité contra la Tortura afirma que el gobierno turco aseguró al Comité que, debido a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, "un funcionario público acusado de tortura se expone a proceso público de acuerdo con el procedimiento normal". Amnistía Internacional ha comprobado con preocupación que esta información puede llevar a error puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional no puede aplicarse en las 10 provincias, principalmente kurdas, que se encuentran sometidas a la legislación de emergencia en el sudeste del país.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido testimonios creíbles de centenares de víctimas de torturas. Desde que el Comité contra la Tortura inició sus investigaciones en 1990, más de 40 personas, de las cuales 20 sólo en 1993, han muerto bajo custodia policial, al parecer como resultado de torturas, mientras que también se ha producido un incremento en el fenómeno relacionado de las "desapariciones".

Estas cifras, junto con los testimonios de primera mano, sugieren que la práctica de la tortura continúa sin merma en Turquía y que incluso puede haberse incrementado en gravedad, especialmente cuando las víctimas son miembros de la minoría kurda sospechosos de tener conexión con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que es una organización armada ilegal. Ahora es práctica común no sólo que la policía niegue acceso a los detenidos a sus abogados o familiares, sino incluso que niegue su detención durante días o semanas.

Amnistía Internacional apoya la esperanza del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas de que el gobierno turco "tomará medidas enérgicas y eficaces con el fin de poner rápidamente término a la práctica de la tortura". También es responsabilidad de los demás estados garantizar que las recomendaciones del Comité contra la Tortura con respecto a Turquía sean puestas en práctica y que se detenga la tortura.


FIN

Servicio de Noticias 154/93

ÍNDICE AI: AMR 38/WU 07/93

19 DE NOVIEMBRE DE 1993


JAMAICA: VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL


Amnistía Internacional enviará dos delegados a Kingston, Jamaica, del 20 al 24 de noviembre de 1993. Esta delegación recogerá información sobre asuntos de preocupación para la organización, tales como el trato recibido por los presos de la Prisión del Distrito de St. Catherine y las investigaciones en curso sobre las muertes a tiros de cuatro condenados a muerte.


Para más información, véase el artículo del Servicio de Noticias: Jamaica: Amnistía Internacional insta a la realización de una investigación sobre homicidios ocurridos en prisión, Índice AI: AMR 38/WU 06/93, Servicio de Noticias 146/93.

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