Índice AI: NWS 11/148/93/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:ENCARGADOS DE PRENSA

DE:OFICINA DE PRENSA DEL SI

FECHA:8 DE NOVIEMBRE DE 1993

SERVICIO DE NOTICIAS 148/93

En este Servicio de Noticias encontrarán dos puntos externos, sobre sobre Papúa Nueva Guinea y Reino Unido, y otro interno sobre Papúa Nueva Guinea.

NOTA: El punto adjunto sobre Reino Unido acompañará al documento UK: Unlawful killing of detained asylum seeker Omasese Lumumba, Índice AI: EUR 45/13/93. Se enviará en el correo de la próxima semana. No obstante, si lo necesitan urgentemente antes de eso, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa del SI.

INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

**Venezuela - 10 noviembre** - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 121

Nota: El informe se publicará en Venezuela el 10 de noviembre, a las 10 de la mañana (hora de Venezuela) en El Atereo, Piso 2, Sala 3, Caracas. Los ponentes serán: Morris Tibdall (Investigador de AI), Javier Zúñiga (Jefe de investigación de América), José Antonio Martín Pallín (miembro del Tribunal Supremo de España y delegado de AI), un representante de AI Venezuela; Hipólito Landa Torres (padre de Luis Enrique Lanza Díaz, víctima de una ejecución extrajudicial y uno de los 24 casos de la campaña sobre los homicidios políticos y las desapariciones forzadas).

**Irán - 17 noviembre** - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138

**EE UU - APLAZADO**

Paquistán - 7 diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137

India - 15 diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Naciones Unidas - 17 noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 147

**Papúa Nueva Guinea - 19 noviembre** - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138. Punto adjunto.

Alocución del Día de los Derechos Humanos - 9 diciembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 138

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

1994

Túnez - 12 enero

Sudáfrica - 19 enero

Colombia - 16 marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR 23/56+57/93/s

Servicio de Noticias

ÍNDICE AI: ASA 34/WU 02/93/s

NO PUBLICAR ANTES DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1993

PAPÚA NUEVA GUINEA: CONTINÚAN LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS EN BOUGAINVILLE -EL GOBIERNO IGNORA LA SITUACIÓN

Amnistía Internacional ha afirmado que los soldados gubernamentales están asesinando y torturando a presuntos opositores en la isla de Bougainville, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea está haciendo muy poco o nada por evitarlo.

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha declarado que cada vez hay más indicios de asesinatos y torturas cometidos en la isla por las fuerzas gubernamentales y otras fuerzas respaldadas por el gobierno, durante los cuatro años de conflicto entre el gobierno y el secesionista Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA). Según informes, los miembros del BRA también han cometido violaciones de derechos humanos graves, entre ellas ejecuciones sumarias, torturas y violaciones.

Pero desde que Bougainville permanece prácticamente cerrada al exterior por los militares, las violaciones de derechos humanos se cometen a espaldas del mundo. "Los soldados y las fuerzas de la "resistencia" se han visto prácticamente libres del control público", ha afirmado la organización, "y el propio gobierno ignora la situación. A lo largo del conflicto armado ha habido un clima de impunidad. Esto debe acabar si queremos poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen allí."

El conflicto estalló en 1989 y continuó hasta principios de 1990, cuando las tropas gubernamentales fueron forzadas a retirarse. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos durante ese periodo y ha advertido que si los soldados regresaran a Bougainville, probablemente habría nuevos abusos. A principios de 1991 los soldados regresaron a la isla y desde entonces ha habido persistentes informes de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, palizas y acosos de personas acusadas de apoyar al BRA. Muchas de las víctimas han sido civiles que no han participado en el conflicto.

Según informes, desde 1991, al menos 60 personas, posiblemente muchas más, han sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados o miembros de las llamadas fuerzas de "resistencia", algunos después de ser golpeados o acuchillados. A otros los han atado a la parte trasera de camiones y los han arrastrado a lo largo de la carretera y después los han matado a tiros. Según informes, decenas de personas han sido sometidas a palizas y torturas como amputarlas los dedos de las manos o de los pies o quemarlas con cigarrillos encendidos.

Según informes, decenas de personas, entre ellas ancianos y jóvenes, han recibido disparos con armas de gran potencia desde el aire o desde barcos patrulla. En algunos casos, los disparos han sido mortales, pero estas tácticas también han estado encaminadas, al parecer, simplemente a aterrorizar a los civiles y a obligarlos a aceptar la autoridad del gobierno central y de los militares.

El gobierno de Papúa Nueva Guinea ha afirmado que ha investigado presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por sus soldados y castigado a los responsables. Pero, si ha habido investigaciones, sus conclusiones nunca se han hecho públicas y apenas hay pruebas de que se hayan emprendido procedimientos disciplinarios contra los soldados sospechosos de abusos contra los derechos humanos.

La ONU ha empezado a reconocer la gravedad de la situación de los derechos humanos en Bougainville y ha aprobado dos resoluciones pidiendo al gobierno que permita el acceso internacional a Bougainville de delegaciones para observar la situación de los derechos humanos, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida.

Se proporcionaron helicópteros a condición de que se utilizaran sólo para el apoyo y la vigilancia logística. Sin embargo, no está claro si los helicópteros han sido retirados del servicio en Bougainville. Amnistía Internacional ha instado al gobierno australiano a que no envíe más helicópteros y a que lleve a cabo una revisión exhaustiva de toda la ayuda militar al gobierno de Papúa Nueva Guinea.

Según informes, los miembros del BRA han cometido también graves violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones sumarias de los acusados de "traicionar" al movimiento de independencia, las torturas contra civiles que viven en campamentos controlados por el gobierno, conocidos como centros de asistencia; y la violación de mujeres acusadas de estar en contacto con soldados del gobierno. Amnistía Internacional condena estos abusos sin reservas. Pide al BRA que ponga fin a los homicidios arbitrarios y a las torturas y que acate los principios de la legislación humanitaria.

Servicio de Noticias 148/93

ÍNDICE AI: EUR 45/WU 06/93/s

8 de noviembre de 1993

REINO UNIDO: PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR EL HOMICIDIO ILEGÍTIMO DE UN SOLICITANTE DE ASILO EN LA PRISIÓN DE PENTONVILLE

Amnistía Internacional ha publicad un documento detallando su preocupación sobre la muerte del solicitante de asilo zaireño Omasese Lumumba mientras se encontraba detenido en la prisión de Pentonville, Reino Unido, en 1981. En julio de 1993, una comisión de investigación llegó a la conclusión de que lo mataron ilegítimamente unos funcionarios de la prisión de Pentonville como consecuencia "de métodos impropios y de un uso excesivo de la fuerza en el proceso de control y represión".

Omasese Lumumba era sobrino de Patrice Lumumba, primer ministro electo de lo que ahora es Zaire, asesinado en 1961 poco después de que Zaire obtuvo la independencia de Bélgica. Omasese Lumumba huyó de Zaire después de permanecer 18 meses detenido y maltratado. Pasó 10 años en Suiza y llegó a Inglaterra pidiendo asilo en septiembre de 1991.

Le mataron en octubre de 1991, en una celda en la unidad de aislamiento de la prisión de Pentonville, donde le habían llevado cuando se negó a moverse mientras le conducían al hospital de la prisión. De seis a ocho funcionarios de la prisión entraron en la celda de la unidad de aislamiento y le ordenaron tumbarse en el suelo. Empezaron a sujetarle a la fuerza los brazos, las piernas y la cabeza, y empezaron a desnudarle, aunque no había ninguna normativa de la prisión que lo autorizara. Omasese Lubumba murió durante un forcejeo de unos 10 o 15 minutos para quitarle la ropa. Según el médico de la prisión, los funcionarios de la prisión continuaron intentando reducirle incluso después que su cuerpo hubiera perdido toda la fuerza.

Hasta la fecha, ninguno de los funcionarios de la prisión han sido acusados de un delito penal ni sometidos a procedimientos disciplinarios.

Omasese Lumumba fue detenido el 15 de septiembre de 1991, por decisión del Oficial de Inmigración, decisión aprobada posteriormente por el departamento de asilo de ministerio del Interior. Estuvo cuatro días recluido en una celda en la comisaría de policía de Catford, y después fue trasladado a la prisión de Pentonville. Desde el 19 de septiembre de 1991 hasta su muerte estuvo encerrado en una celda durante más de 20 horas diarias. Sólo le permitían salir para recoger dos comidas y para un periodo de ejercicio de 30 minutos cada día. Otros presos y personal de la prisión afirmaron que estaba deprimido y padecía ansiedad: rara vez comía y a menudo le veían con la cabeza entre las manos, repitiendo una y otra vez en francés por qué estaba encarcelado.

Cuando una persona es acusada de un delito en el Reino Unido, un tribunal revisa la decisión de detenerla y también la cuestión de la libertad bajo fianza. No obstante, puesto que él era solicitante de asilo, no hubo revisión judicial sustancial de la decisión de detenerle, y puesto que había entrado en el Reino Unido sin autorización y no había sido acusado de ningún delito, no tenía derecho a solicitar la libertad bajo fianza.

Amnistía Internacional cree que la historia de Omasese Lumumba ilustra serias deficiencias en los procedimientos aplicados a los solicitantes de asilo en el Reino Unido. La organización ha instado al gobierno a que inicie una investigación pública, independiente e imparcial sobre la muerte bajo custodia de Omasese, que debería examinar también cuestiones más amplias sobre el uso de la fuerza y de las medidas represivas con las personas encarceladas y detenidas. La organización ha pedido también al gobierno que acometa revisiones específicas de los procedimientos de asilo para garantizar que todos los solicitantes de asilo, incluidos los detenidos, son tratados de acuerdo con las normas internacionales.

INTERNOServicio de Noticias 148/93

PAPÚA NUEVA GUINEA: "BAJO EL CAÑÓN DE UN ARMA" - BOUGAINVILLE, DE 1991 A 1993

(ASA 34/05/93)

NOTA PARA LOS ENCARGADOS DE PRENSA

Una frase que aparece en la página 27 del informe citado más arriba, que discute la participación de los helicópteros proporcionados por Australia en el conflicto de Bougainville, inadvertidamente va más allá de la actual política de AI sobre transferencias militares, de seguridad y policiales (MSP). Pedimos disculpas por el hecho de que el texto sea ambiguo y pueda, por tanto, causar confusión entre los periodistas y el público general.

Esta nota proporciona clarificación y ofrece las siguientes sugerencias a los encargados de prensa para responder a las preguntas de la prensa sobre Bougainville:

La frase en cuestión aparece en la página 27 del informe y dice lo siguiente:

"Amnistía Internacional insta al gobierno de Australia a que deje de proporcionar helicópteros a Papúa Nueva Guinea y a que lleva a cabo una revisión inmediata de toda la ayuda militar que proporciona al gobierno de este país. Recomienda que se suspenda esa ayuda hasta que las autoridades de Papúa Nueva Guinea hayan llevado a cabo una investigación independiente de las denuncias según las cuales los helicópteros se han usado para cometer violaciones de derechos humanos y hayan puesto los resultados de esa investigación a disposición del gobierno australiano y del público general."

Pedimos a los encargados de prensa que tengan en cuenta que se pretende que el pasaje subrayado se refiera sólo a la suspensión del envío de ayuda militar, que según se ha averiguado, está directamente relacionado con las violaciones de derechos humanos. No debe creerse que significa que toda la ayuda militar australiana al gobierno de Papúa Nueva Guinea debe ser suspendida. AI ha pedido al gobierno australiano que deje de proporcionar helicópteros al gobierno de Papúa Nueva Guinea, en vista de las pruebas de que los helicópteros proporcionados por el gobierno australiano han sido usados directamente para cometer violaciones de derechos humanos. Ha pedido también que se revise toda la ayuda militar de Australia a Papúa Nueva Guinea debido a la posibilidad de que otra ayuda australiana esté relacionada también con violaciones de derechos humanos.

Los siguientes puntos pueden ser útiles para los que concedan entrevistas a la prensa:

1) Los que deseen referirse a la responsabilidad del gobierno australiano respecto al conflicto de Bougainville deben enfatizar las pruebas sustantivas del uso inadecuado de los helicópteros proporcionados por Australia (descritos en la página 26) y la actitud del gobierno australiano, que nunca ha respondido adecuadamente a esta realidad (páginas 26 y 27). Deben recalcar lo que AI ha pedido al gobierno australiano: que no proporcione más helicópteros al gobierno de Papúa Nueva Guinea y que lleve a cabo una revisión de toda la ayuda militar a Papúa Nueva Guinea.

2) No debe prestarse atención innecesaria a la frase ambigua. Puede tenerse en mente que (con la posible excepción de Australia) los medios internacionales no estarán al corriente de la política MSP de AI ni interesados en ella.

3) Si los periodistas formulan preguntas específicas sobre lo que AI está pidiendo al gobierno australiano, los encargados de prensa pueden esclarecer cualquier confusión y usar la oportunidad para volver a dirigir la atención al tema de los helicópteros y las pruebas de que han sido usados: a) para arrojar al mar los cadáveres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales; y B) como plataformas desde las cuales disparar a los civiles.

Deben recalcar que a pesar de estas pruebas, que le fueron presentadas por primera vez en 1991, el gobierno australiano parece haber permitido que continuara la transferencia de helicópteros a Bougainville. Tampoco ha insistido en que se lleve a cabo una investigación completa y adecuada sobre el presunto uso indebido de los helicópteros, indicando que está dispuesto a hacer caso omiso de las violaciones de derechos humanos que se producen en Bougainville.

4) Las preguntas sobre la responsabilidad del gobierno australiano deben ser tratadas como punto inicial para discutir el panorama más amplio de violaciones de derechos humanos en Bougainville, y en particular, el clima general de impunidad que, al parecer, ha prevalecido en la isla. Puede señalarse que el hecho de que no se haya investigado el presunto uso indebido de los helicópteros australianos no es sino un aspecto de un panorama más amplio, en el cual tanto el gobierno de Papúa Nueva Guinea como la comunidad internacional han ignorado las pruebas de la existencia de continuas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos (véase comunicado de prensa).

5) La cuestión de los helicópteros ilustra también la respuesta realmente inadecuada del gobierno de Papúa Nueva Guinea a las violaciones de derechos humanos en Bougainville. El gobierno de Papúa Nueva Guinea no ha proporcionado los resultados de ninguna investigación sobre el presunto uso indebido de los helicópteros. Esta falta de respuesta es característica de su actitud general hacia los informes de violaciones de derechos humanos en Bougainville. El gobierno de Papúa Nueva Guinea ha afirmado frecuentemente que las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido investigadas y los responsables castigados. Pero los resultados de las investigaciones no han sido publicados y ha habido pocas pruebas de procedimientos judiciales o disciplinarios contra los soldados sospechosos de abusos.