Documento - Servicio de actualizacion semanal 46/92 (y 3 adiciones) (9211s)


Indice AI: NWS 11/46/92/ad3/s

Distr:SC/PO

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Secretariado Internacional

Amnistía Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido



A:Encargados de Prensa


DE:Prensa y Publicaciones


FECHA:23 de noviembre de 1992




TERCERA ADICIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 46/92



Esta adición al servicio de actualización semanal contiene un punto externo sobre India.



2. ASA 20/WU 07/92 EXTERNO

23 de noviembre de 1992


INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL DISCUTE UN AMPLIO ABANICO DE CUESTIONES DE DERECHOS HUMANOS CON EL GOBIERNO DURANTE SU VISITA


Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por el ex Secretario General Ian Martin visitó Nueva Delhi del 16 al 20 de noviembre para discutir las preocupaciones de derechos humanos de la organización con el gobierno indio.


Esta era la primera visita de estas características desde 1978. La delegación se entrevistó con el ministro de Interior S.B. Chavan y con el ministro de Desarrollo de Recursos Humanos, Arjun Singh, así como con altos funcionarios de los Ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Defensa, Legislación, Bienestar y Desarrollo de la Mujer y el Niño. Aunque la delegación no tenía permiso para viajar fuera de Nueva Delhi ni para entrevistarse con funcionarios locales responsables del orden público, Amnistía Internacional aprovechó la oportunidad para reunirse con una amplia variedad de escritores, abogados, periodistas, miembros de organizaciones de derechos humanos y libertades civiles y representantes de partidos políticos de la oposición.


En sus reuniones con el gobierno, Amnistía Internacional discutió las preocupaciones que se detallan en su informe de marzo de 1992 titulado India: Tortura, violación y muerte y sus recomendaciones al gobierno contenidas en su programa de 10 puntos para combatir la tortura en India. La organización pidió al gobierno garantías de que muy pronto se llevarían a cabo investigaciones independientes sobre los 69 nuevos casos de muertes bajo custodia denunciados ante Amnistía Internacional desde la publicación del citado informe.

Amnistía Internacional expresó su satisfacción por el compromiso expreso del gobierno de reforzar los procedimientos de investigación en los casos de muerte bajo custodia y de introducir salvaguardias jurídicas adicionales para proteger de la tortura a las personas bajo custodia policial. La organización destacó las resoluciones aprobadas por las recientes conferencias de primeros ministros acerca del establecimiento de una comisión nacional de derechos humanos y sobre la administración de justicia penal, resoluciones que sugieren varias medidas significativas para fomentar la protección de los derechos humanos. AI instó al gobierno a dar prioridad a las medidas destinadas a hacer preceptivas las investigaciones judiciales sobre muertes bajo custodia, a conceder una indemnización establecida por ley a las víctimas de violencia bajo custodia, a hacer públicos los informes de las investigaciones y autopsias, a reforzar las salvaguardias jurídicas sobre la detención y a mejorar la formación de la policía.


Amnistía Internacional recibió del gobierno información acerca de las investigaciones oficiales sobre 237 de los 455 casos que la organización había planteado antes de la visita. La respuesta del gobierno confirmó que, de 230 casos, al menos en 27 había pruebas suficientes a primera vista de que las personas habían muerto bajo custodia de la policía y de las fuerzas de seguridad a consecuencia de la tortura. El gobierno también proporcionó información adicional sobre la indemnización a las víctimas en ocho casos, aunque a Amnistía Internacional le seguía preocupando el escaso número de víctimas que han recibido una indemnización económica hasta el momento. Amnistía Internacional sólo conoce 18 casos en los que se haya dado una indemnización y seis casos más en los que se hayan pagado cantidades ex-gratia.


Amnistía Internacional tampoco pudo esclarecer la naturaleza de las investigaciones llevadas a cabo para examinar los casos de violencia bajo custodia que llevaron al gobierno a concluir que, de 230 casos, en 153 las denuncias de Amnistía Internacional no tenían fundamento. En ese contexto es importante hacer notar que el gobierno reconoce que las investigaciones judiciales, aunque obligatorias, no se han llevado a cabo en todos los casos. Además, en ninguno de los casos en los que, al parecer, se han llevado a cabo investigaciones se han presentado pruebas documentales en apoyo de las conclusiones del gobierno en el sentido de que las denuncias de Amnistía Internacional no tenían fundamento. Amnistía Internacional solicitó que las copias de los informes de autopsias e investigaciones judiciales estuviesen disponibles y recibió con satisfacción las garantías del gobierno de que en el futuro los familiares y Amnistía Internacional podrían acceder a los informes de las investigaciones judiciales.


La respuesta del gobierno aumentó la preocupación de Amnistía Internacional sobre la falta de voluntad para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de delitos contra personas bajo custodia: de los 77 casos en los que el gobierno había concluido que las denuncias estaban fundamentadas, sólo en seis se ha condenado a los agentes de policía responsables.


El gobierno aportó información detallada sobre la naturaleza y el grado de las actividades violentas de los grupos armados de oposición en las regiones de Punjab, Jammu y Cachemira y en otras partes del país. Amnistía Internacional dejó clara su política de oponerse a los homicidios arbitrarios y deliberados, a la tortura y a la toma de rehenes por todas las partes implicadas en un conflicto interno y confirmó que seguiría denunciando y condenando ese tipo de abusos cometidos por grupos de oposición.


Amnistía Internacional expresó su honda preocupación por los constantes informes de graves violaciones de derechos humanos en distintas partes del país y sobre todo en los estados donde está en vigor una legislación especial, como Jammu y Cachemira, Punjab y el noreste del país. Amnistía Internacional llamó la atención sobre los continuos informes de "desapariciones" en Cachemira y pidió al gobierno que investigase los informes de tortura y violación.


Amnistía Internacional expresó asimismo su preocupación porque las leyes especiales como la Ley sobre Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas y la Ley sobre Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas facilitan que se cometan violaciones de derechos humanos e instó al gobierno a que revisara éstas y otras leyes especiales para que no entren en contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos de los que India es parte.


Amnistía Internacional instó al gobierno a que investigara 53 casos de "desaparición" en Cachemira en los últimos dos años. También pidió al gobierno que investigara las denuncias de muchas decenas de muertes bajo custodia pendientes en la actualidad ante el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira, y pidió que una autoridad independiente llevara a cabo una investigación inmediata sobre las denuncias que indican que algunos miembros del ejército violaron a ocho mujeres y a una niña de 11 años en Shopian el 10/11 de octubre. La organización también instó al gobierno a que liberase al dirigente de la Liga del Pueblo de Jammu y Cachemira, Shabir Ahmad Shah, detenido sin juicio desde septiembre de 1989 y que padece una enfermedad renal.


Amnistía Internacional también solicitó al gobierno que investigara los informes de numerosas "desapariciones" en Punjab, entre ellas las de tres hombres citados en su informe de marzo; según se decía en el informe, un funcionario judicial había localizado a estos tres hombres bajo custodia de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central, pero aun así siguen sin aparecer; entre las "desapariciones" se encontraban también las de dos periodistas detenidos, según informes, por la policía este año y que se encuentran en paradero desconocido.


Amnistía Internacional instó al gobierno a garantizar que los informes de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en Punjab, Jammu y Cachemira y en otras partes de la India serán objeto de investigaciones inmediatas e independientes y que los responsables comparecerán ante la justicia.


Amnistía Internacional espera desarrollar el diálogo con el gobierno de India y de sus distintos estados. La organización también ha expresado su deseo de obtener muy pronto permiso para llevar a cabo investigaciones independientes en diversas zonas del país. Según las normas de la organización, Amnistía Internacional sólo trabaja abiertamente y no entra en un país sin informar a las autoridades. El gobierno ha indicado que considerará las peticiones pendientes de Amnistía Internacional para visitar el Punjab, Jammu y Cachemira, Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Manipur.

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