Documento - Amnesty International News Service 32/94
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AMNISTÍA INTERNACIONAL
SERVICIO DE NOTICIAS 32/94
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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/32/94/s
DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO
FECHA: 17 DE FEBRERO DE 1994
ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - COREA DEL SUR
Deben tener en cuenta que el comunicado sobre Corea del Sur puede utilizarse junto con el documento South Corea: Human rights violations continue under new government, ÍNDICE AI: ASA 25/08/94, que será enviado próximamente.
INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Kuwait - 24 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 170
Mujeres - 8 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 161/26
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Parlamento Europeo y Manual de «desapariciones» y homicidios políticos ─23 de febrero VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 22/94
Turquía - 10 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 26/94
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Arabia Saudita - 31 de marzo Les enviaremos más información próximamente.
Colombia - 16 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR 23/56+57/93/s
Sudáfrica - 23 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 05/94
Servicio de noticias 32/94
ÍNDICE AI: ASA 25/WU 02/1994
No publicar antes del 9 de marzo de 1994
COREA DEL SUR: ABUNDAN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A PESAR DEL NUEVO GOBIERNO
El gobierno de Kim Young-sam, primer presidente de Corea del Sur no procedente del ámbito militar, ha finalizado su primer año de mandato sin mejorar sustancialmente la situación de los derechos humanos del país. Durante este último año han estado detenidos decenas de presos políticos y presos de conciencia han sido detenidos. En Corea del Sur se encuentran algunos de los presos de conciencia que más tiempo llevan recluidos de todo el mundo. Se han recibido nuevos informes de torturas y malos tratos.
En el discurso inaugural en febrero de 1993, el presidente Kim Young-sam declaró que con su gobierno Corea del Sur se convertiría en una «sociedad democrática más madura y más libre» donde «la justicia fluirá como un río». En junio de 1993, el ministro de Asuntos Exteriores dijo ante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos: «Por fin los derechos humanos han alcanzado la mayoría de edad en Corea. Comparezco ante ustedes en representación de una nación y un pueblo que puede decir con orgullo que finalmente la verdad, la libertad y la democracia han triunfado en su país».
A pesar de estas palabras, el gobierno de Kim Young-sam no ha hecho prácticamente nada para poner fin a las violaciones de derechos humanos. Se limitó a modificar ligeramente las competencias de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, pero dejó intactas las de la policía, que, al igual que la Agencia, puede mantener detenidos a sospechosos políticos sin necesidad de presentar cargos hasta 50 días. El gobierno decidió archivar indefinidamente las enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional, ley que ha permitido encarcelar a cientos de presos de conciencia. Tampoco se presentó ninguna enmienda a la Ley de Arbitraje de Conflictos Laborales, que prohíbe la «intervención de una tercera parte» en los conflictos laborales, que impide a los funcionarios y asesores de los sindicatos asesorar a los miembros. Tampoco se cumplió el compromiso de ratificar la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, antes de finalizar el año 1993. Y no se han revisado ninguno de los casos de decenas de presos de conciencia encarcelados por acusaciones falsificadas y condenados en juicios que carecían de las debidas garantías, celebrados durante gobiernos anteriores.
Actualmente, unos 200 presos siguen recluidos bajo la Ley de Seguridad Nacional. A muchos presos políticos que han cumplido penas largas se les niega la libertad condicional porque no se han «convertido» (no han renunciado a sus ideas o supuestas ideas comunistas). Entre estos se encuentran Kim Sun-myung y Ahn Hak-sop, recluidos desde la guerra de Corea.
En 1993 fueron detenidos decenas de presuntos miembros de la Liga de Trabajadores Socialistas (Sanomaeng), catalogada por las autoridades como organización «anti-Estado». Muchos otros fueron detenidos por la cláusula de la Ley de Seguridad Nacional (claúsula de la que se ha abusado ampliamente), que permite encarcelar a quien posea o distribuya material que «beneficie» a Corea del Norte ─a pesar de que dicho material puede conseguirse libremente en Corea del Sur.
Se recibieron nuevos informes de torturas y malos tratos perpetrados este último año. El activista Kim Sam-sok y su hermana, Kim Un-ju, fueron detenidos por la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional y acusados de actividades contra la seguridad del Estado en septiembre de 1993; tras su detención fueron objeto de abusos sexuales y recibieron numerosos golpes. Según informes, a otros detenidos políticos les golpearon y les privaron del sueño durante las primeras fases del interrogatorio.
Hasta el momento, durante todo el tiempo que permanecen recluidas el nuevo gobierno no ha llevado a cabo ninguna ejecución. Pero 50 presos siguen condenados a muerte. La mayoría permanecen esposados en prisión, una práctica que en opinión de Amnistía Internacional constituye un trato cruel, inhumano y degradante.
En el informe publicado hoy, la organización destaca que el nuevo gobierno surcoreano no ha puesto fin a las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno que libere a todos los presos de conciencia y que revise los casos de los presos políticos condenados en juicios sin las debidas garantías. También pide que se enmienden las leyes que impiden el ejercicio pacífico del derecho a las libertades de expresión y asociación, incluida la Ley de Seguridad Nacional, y que se acabe con las torturas y malos tratos; y recomienda que se apliquen nuevas salvaguardias que protejan los derechos de los detenidos. Asimismo, pide al gobierno la conmutación de todas las sentencias de muerte y la abolición de esta pena.
FIN/