Documento - Argelia: La poblacion civil, atrapada en una espiral de violencia

ARGELIA

La población civil, atrapada en una espiral de violencia

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

La crisis de derechos humanos en Argelia, que ya se ha cobrado decenas de miles de vidas, continúa empeorando. En lo que va del año han muerto miles de personas en lo que ha sido el periodo de violencia más intenso desde el comienzo del conflicto. Hombres, mujeres y niños han sido degollados, decapitados, mutilados y quemados vivos en las matanzas.

Las matanzas en gran escala de civiles este año se han producido en un marco de abusos cada vez más generalizados contra los derechos humanos, perpetrados por las fuerzas de seguridad, las milicias armadas por el Estado y los grupos armados de oposición. La detención arbitraria y secreta, los juicios sin garantías, la tortura y los malos tratos –violaciones incluidas–, las «desapariciones», las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, la toma de rehenes y las amenazas de muerte se han convertido en algo habitual. A medida que aumenta el número de víctimas, el clima de miedo se extiende a todos los sectores de la sociedad civil.

Al no existir estadísticas oficiales, y dadas las restricciones que imponen las autoridades para conseguir esta información, no hay cifras exactas sobre el total de víctimas que se ha cobrado el conflicto desde su inicio. Según informes, desde 1992 han muerto unas 80.000 personas, muchas de ellas civiles. Sin embargo, otras fuentes, entre las que figuran partidos políticos argelinos, trabajadores de la salud y periodistas, indican un número de víctimas considerablemente superior.

Las autoridades argelinas afirman que los responsables de todos los homicidios, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos y actos de violencia que se han cometido desde que se inició el conflicto son los grupos «terroristas». También acusan a estos grupos de las matanzas ocurridas este último año. Y sin embargo, aunque la mayoría de las matanzas se han producido en zonas en torno a la capital, en la región más militarizada del país, y con frecuencia muy cerca de cuarteles del ejército y puestos de las fuerzas de seguridad, ni el ejército ni las fuerzas de seguridad han intervenido en una sola ocasión para detenerlas o impedirlas ni para arrestar a sus responsables.

Como mínimo, las autoridades argelinas son responsables de no haber protegido en ningún momento a la población civil, y deben responder de ello. Pero, además, de los testimonios de supervivientes y testigos de las matanzas surge la preocupación, cada vez más fuerte, de que algunas de las matanzas pueden haber sido perpetradas por «escuadrones de la muerte» que operan con la complicidad y la colaboración de ciertas unidades o facciones del ejército, las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado.

A pesar de la evidencia de que las fuerzas de seguridad cometen violaciones graves y generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y torturas, las autoridades argelinas se han abstenido sistemáticamente de abrir investigaciones y poner a los responsables a disposición judicial.

La impunidad de la que disfrutan los responsables de violaciones de derechos humanos ha exacerbado aún más la erosión del Estado de Derecho, y ha contribuido a aumentar cada vez más la confusión y la falta de protección de la población civil. Con homicidios y secuestros cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que se comportan como grupos armados de oposición, y por grupos armados de oposición que visten de uniforme y adoptan la actitud de las fuerzas de seguridad, la población civil se siente atrapada en un clima de terror, a menudo incapaz de determinar de dónde puede venir el peligro y a quién acudir en busca de protección.

Ante el creciente nivel de violencia –tanto indiscriminada como dirigida hacia un objetivo concreto– de los grupos armados de oposición, las autoridades distribuyeron armas entre la población civil y fomentaron la creación de milicias, cuya tarea declarada es proteger a su comunidad de los ataques de grupos armados de oposición pero que, al tener carta blanca para llevar a cabo operaciones «antiterroristas», han perpetrado a su vez ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Si bien la existencia de estas milicias ha ayudado en algunas zonas a la protección contra los ataques de los grupos armados, en otras ha hundido a la población civil aún más en el conflicto. Al delegar en las milicias paramilitares, que no han recibido la formación necesaria y a las que se permite operar fuera de la ley, las autoridades argelinas han hecho dejación de su responsabilidad de garantizar la protección de la población civil, y han permitido que el Estado de Derecho se deteriore aún más.

La censura y la manipulación de la información, que las autoridades justifican por «razones de seguridad», la negación del acceso al país a los medios de comunicación extranjeros y las organizaciones internacionales de derechos humanos, así como la estricta vigilancia y las fuertes restricciones que padecen los periodistas y trabajadores en favor de los derechos humanos que han obtenido permiso de entrada, han desempeñado un importante papel en la confusión creada sobre la compleja realidad de la violencia y la contraviolencia, y han contribuido a levantar un muro de silencio alrededor de la crisis de derechos humanos de Argelia. La mano dura con que las autoridades argelinas administran la información «relacionada con la seguridad» ha mantenido alejadas de las pantallas de la televisión y las primeras páginas de los periódicos durante más de cinco años las calamidades sufridas por una población civil cada vez más atrapada en una espiral creciente de violencia. Decenas de miles de personas han muerto y el mundo apenas se ha dado cuenta. Sólo en los últimos meses, con las matanzas más masivas en las afueras de la capital, el silencio ha comenzado a romperse. A pesar de la habitual escasez de imágenes e información, los medios de comunicación internacionales han empezado a mostrar cierta preocupación y a formular preguntas sobre la situación de derechos humanos en Argelia.

La comunidad internacional lleva demasiado tiempo indiferente ante la tragedia de la población civil en Argelia. Organismos como las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), así como sus Estados Miembros, han expresado de vez en cuando su preocupación o su condena ante la violencia en Argelia, pero no han hecho nada para detenerla. Su falta de actuación frente a una crisis de derechos humanos que se ha cobrado decenas de miles de vidas en pocos años hace que estas «expresiones de preocupación» parezcan cada vez más vacías.

Amnistía Internacional ha condenado repetidas veces el elevado nivel de abusos cometidos por los grupos armados de oposición que se autodenominan «islámicos», responsables de homicidios en gran escala, secuestros y otras atrocidades contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y también autores de la destrucción de bienes públicos. La organización ha seguido instando a todos los grupos armados de oposición a que dejen de elegir como víctima a la población civil, y a todos los que puedan tener alguna influencia sobre estos grupos a que les pidan que respeten las vidas de los civiles.

La organización también ha seguido solicitando a las autoridades que investiguen los abusos contra los derechos humanos y pongan a sus responsables a disposición judicial, sean éstos miembros de las fuerzas de seguridad, de las milicias armadas por el Estado o de los grupos armados de oposición. Argelia es Estado Parte de tratados internacionales de derechos humanos que exigen una investigación inmediata, imparcial e independiente de los abusos contra los derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades nunca han realizado investigaciones independientes sobre las matanzas de civiles ni sobre otros homicidios y abusos contra los derechos humanos que se producen sin interrupción desde 1992, y han seguido imponiendo cada vez más restricciones para impedir a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación que investiguen los abusos. Al no existir investigaciones adecuadas, el imperio de la impunidad se ha consolidado.

En vista de este continuo deterioro de la situación de derechos humanos es imperativo que la comunidad internacional tome medidas urgentes para garantizar la apertura de una investigación internacional que permita determinar la responsabilidad de las matanzas, los homicidios y los abusos contra civiles y tomar las medidas necesarias para retirar de puestos de autoridad a los responsables de violaciones de derechos humanos, desmantelar todos los grupos de milicias paramilitares y garantizar la protección de la población civil.

Este informe se centra en la falta de protección que sufre la población civil en Argelia, destacando los factores que han contribuido a crear un muro de silencio e indiferencia en torno a esta crisis de derechos humanos y subrayando la necesidad de una actuación concreta para detener y evitar los abusos masivos de derechos humanos. El informe también recuerda otras pautas de abusos que se han generalizado desde el inicio del conflicto y que ya se estudiaron en informes anteriores.(1)

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL

Durante casi seis años Argelia se ha visto atrapada en una espiral de violencia cada vez mayor. En enero de 1992, tras la victoria del Frente Islámico de Salvación (Front Islamique du Salut, FIS) en la primera vuelta de las primeras elecciones multipartidistas celebradas en el país, en las que este partido obtuvo la gran mayoría de los escaños, las autoridades cancelaron la segunda vuelta e impusieron el estado de excepción, aún en vigor. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego para disolver las manifestaciones y concentraciones de protesta de los partidarios del FIS. Miles de simpatizantes de este partido, presuntos o reales, fueron arrestados, y más de 10.000 pasaron a la situación de detención administrativa sin cargos ni juicio, y fueron internados en campos situados en el desierto al sur del país. Miles más quedaron retenidos en comisarías y cárceles, y la tortura, prácticamente erradicada entre 1989 y 1991, volvió a generalizarse de nuevo rápidamente.

El FISfue prohibido en marzo de 1992, basándose en que incumplía la ley sobre partidos políticos, según la cual ningún partido puede estar basado en la religión. Sin embargo, otros dos partidos políticos islamistas, HAMAS(Movimiento de la Sociedad Islámica) e Islamique Nahda(Renacimiento Islámico), que también conculcaban esa ley, no fueron prohibidos(2). El presidente y el vicepresidente del FIS(Abbassi Madani y Ali Belhadj), ya detenidos desde junio de 1991, fueron condenados a 12 años de cárcel en julio de 1992, y el jefe provisional del partido (Abdelkader Hachani) había sido arrestado en febrero de ese mismo año(3). Otros dirigentes del FISde nivel alto y medio también fueron arrestados, algunos huyeron del país y los demás se ocultaron. Durante 1992, algunos partidarios, simpatizantes y miembros del FIS, entre los que figuraban miembros destacados, comenzaron a formar grupos armados de oposición. A lo largo del primer año del conflicto, el objetivo de estos grupos fueron principalmente los miembros de las fuerzas de seguridad, pero desde entonces el enfrentamiento ha ido aumentando sin parar y, a partir de 1993, los civiles han sido cada vez con más frecuencia víctimas tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos armados de oposición.

Desde 1992 ha surgido una plétora de grupos armados de oposición, facciones escindidas y grupos disidentes. Todos ellos se autodefinen como «islámicos», pero en la mayoría de los casos su liderazgo, composición y fines son poco claros. Hay frecuentes informes sobre la formación de nuevos grupos, normalmente facciones escindidas de otros ya existentes, de los que muchas veces no vuelve a tenerse noticias. Los principales grupos son el Ejército Islámico de Salvación (Armée Islamique du Salut, AIS), brazo armado del FIS, que afirma que los únicos objetivos de sus atentados son las fuerzas de seguridad y el ejército, y el Grupo Islámico Armado (Groupe Islamique Armé, GIA), conjunto de grupos aparentemente poco organizados cuyo liderazgo y composición siguen sin estar claros y al que se atribuye la responsabilidad de muchos homicidios de civiles, matanzas y otras atrocidades. El GIAtambién ha amenazado de muerte a líderes del FISy, según los informes, es responsable de la muerte de miembros y simpatizantes de este partido. Otros grupos armados –de tamaño reducido, según los informes– que también han emitido comunicados y hecho declaraciones son la Liga Islámica para la Predicación y la Guerra Santa (Ligue Islamique de la Daawa et le Djihad, LIDD) y el Frente Islámico para la Guerra Santa Armada (Front Islamique pour le Djihad Armé, FIDA).

Las autoridades argelinas mantienen un discurso contradictorio sobre el carácter del conflicto. Por un lado, sostienen que no tiene dimensión política ni relación alguna con la cancelación de las elecciones de 1992 y la prohibición del FIS. Pero, al mismo tiempo, han mantenido contactos con los líderes del FIS, y han presentado estos contactos como esfuerzos por resolver la crisis política y detener la violencia. Más recientemente, en el verano de 1997, las negociaciones entre los generales del ejército argelino y los líderes del AISdieron como resultado el anuncio por parte de este último de una tregua unilateral, que recibió amplia cobertura en la televisión, la radio y los periódicos estatales argelinos.

Desde el estallido del actual conflicto en 1992, Amnistía Internacional ha realizado regularmente visitas a Argelia y ha documentado en amplios informes(4) casos y pautas de abusos contra los derechos humanos protagonizados por las fuerzas de seguridad, los grupos armados de oposición que se autodenominan «grupos islámicos» y, últimamente, por las milicias armadas por el Estado. La organización ha hecho llamamientos y recomendaciones a las autoridades y a los grupos armados de oposición. Amnistía Internacional lamenta que sus peticiones al gobierno argelino para mantener conversaciones, así como sus abundantes comunicaciones no hayan recibido respuesta, y que no se haya tomado medida alguna respecto a sus preocupaciones.

MATANZAS DE CIVILES: NADIE ESTÁ A SALVO INFORMACIÓN GENERAL MATANZAS DE CIVILES: NADIE ESTÁ A SALVO

A lo largo de este año, la población civil ha sido más que nunca el objetivo de la violencia, al surgir una pauta de matanzas de civiles, muchos de ellos mujeres y niños, en las zonas rurales. Esta pauta se ha ido generalizando cada vez más, y muchas veces se produce a diario. Los habitantes de los pueblos mueren de las formas más brutales: degollados, decapitados y mutilados con cuchillos, machetes y sierras, abatidos a tiros en algunos casos y en otros quemados vivos tras prender fuego a sus casas.

Las matanzas siempre son perpetradas de noche, por grandes grupos de hombres que atacan a los habitantes de las aldeas, a menudo sorprendiéndolos durante el sueño, y matan familias y aldeas enteras, persiguiendo a quienes tratan de escapar. Nadie está a salvo de la brutalidad. Hombres, mujeres, niños, bebés y ancianos son acuchillados hasta la muerte, decapitados o mutilados y abandonados hasta que se desangran. Las mujeres embarazadas son destripadas. Los supervivientes, los familiares de las víctimas y el personal médico quedan traumatizados por el horror que se han visto obligados a presenciar.

Algunos han sobrevivido únicamente porque sus agresores los dejaron heridos, creyéndolos muertos. Otros consiguieron huir a pesar de las heridas. Según los informes, decenas de mujeres han sido secuestradas por los atacantes, que las han violado y luego les han quitado la vida.

A consecuencia de estas matanzas, miles de personas han huido de sus aldeas, en algunos casos porque sus casas han sido destruidas o incendiadas, pero en la mayoría por temor a que se produzcan nuevos ataques, y han pasado a engrosar las cifras de los miles de desplazados por el conflicto en los últimos años.

Según los informes, en estas matanzas han muerto varios miles de personas, pero no hay cifras exactas. En la mayoría de los casos el gobierno no hace declaraciones ni da ninguna información sobre las muertes y, cuando lo hace, las cifras son considerablemente inferiores a las de otras fuentes. Tras las matanzas, los lugares suelen ser acordonados para impedir el acceso de periodistas y otras personas. Los supervivientes, los familiares de las víctimas, el personal médico, los conductores de ambulancias y los trabajadores del cementerio que dan cifras y otros detalles a los periodistas suelen hacerlo a condición de que se mantenga su anonimato para evitar problemas con las autoridades. Todas estas limitaciones hacen que las cifras y los detalles exactos de las matanzas sean imposibles de verificar en la mayoría de los casos, y que la información publicada por la prensa argelina, objeto de una férrea censura, varíe según el periódico, llegando a no darse noticia alguna de muchos homicidios.

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MATANZAS DE CIVILES: NADIE ESTÁ A SALVO¿Quién está tras los homicidios? ¿Negligencia o compl ¿Quién está tras los homicidios? ¿Negligencia o complicidad del Estado?

La mayoría de las matanzas se han producido en los alrededores de la capital, en las regiones de Argel, Blida y Medea, la zona más militarizada del país. En muchos casos, las matanzas, que a menudo duran varias horas, han ocurrido a muy poca distancia –unos pocos kilómetros o incluso cientos de metros– de cuarteles y puestos del ejército y las fuerzas de seguridad. No obstante, a pesar de los lamentos y los gritos de las víctimas pidiendo ayuda, del sonido de los disparos y de las llamas y el humo de las casas incendiadas, las fuerzas de seguridad no han intervenido, ni para acudir en ayuda de las víctimas ni para arrestar a los responsables de las matanzas, que siempre han escapado.

Supervivientes y vecinos han relatado que llamaron o corrieron a puestos de seguridad cercanos en busca de ayuda y que las fuerzas de seguridad se negaron a intervenir, alegando que no tenían órdenes de hacerlo. Al menos en dos ocasiones, varios supervivientes han descrito situaciones en las cuales quienes trataban de escapar de aldeas donde se estaba produciendo una matanza fueron obligados a retroceder por un cordón de miembros de las fuerzas de seguridad, que no hicieron nada mientras se masacraba a los aldeanos y sólo entraron en la aldea una vez que los agresores se hubieron marchado.

Es un hecho indiscutible que cerca de varios de los lugares donde se han producido matanzas hay cuarteles del ejército y puestos de las fuerzas de seguridad. También es un hecho que las fuerzas de seguridad no intervinieron durante las matanzas, algo que las autoridades argelinas no discuten. La pregunta que queda sin responder es: ¿por qué no intervinieron? Las autoridades argelinas no han hecho declaraciones oficiales sobre ningún incidente concreto, pero en los periódicos progubernamentales se ha publicado a menudo que las fuerzas de seguridad no pudieron intervenir porque los autores de las matanzas habían minado el terreno que rodeaba a las aldeas para impedir esta intervención. No obstante, esto parece improbable, ya que durante las matanzas hubo personas que lograron escapar de las localidades, y después entraron y salieron de ellas supervivientes, ambulancias, personal de socorro y servicios de seguridad sin pisar ninguna mina. Si todos estos movimientos pudieron realizarse en el transcurso de las matanzas y después de ellas, las fuerzas de seguridad también podrían haber entrado en las aldeas para detener los homicidios.

La mayor matanza de civiles de la que hay informes hasta la fecha fue perpetrada durante la noche del 28 de agosto de 1997 en Sidi Rais, al sur de Argel. Según muy diversas fuentes, incluido el personal médico, murieron unas 300 personas, muchas de ellas mujeres, niños e incluso bebés de corta edad, y resultaron heridas más de 100. Las autoridades no dieron información alguna sobre el suceso hasta la tarde siguiente, cuando anunciaron que había 98 muertos y 120 heridos. Sidi Rais está situada muy cerca del cuartel del ejército de Sidi Moussa, que se encuentra aproximadamente a unos tres kilómetros, y del cuartel de Baraki, situado a unos seis o siete kilómetros de distancia, así como del puesto de las fuerzas de seguridad de Gaid Kacem, que está a unos cuatro kilómetros y de otros puestos de las fuerzas de seguridad, situados a sólo unos cientos de metros. Los supervivientes contaron a Amnistía Internacional que, además de los cuarteles cercanos, a las afueras de la localidad había estacionadas unas unidades de las fuerzas de seguridad que sabían que se estaba produciendo la matanza, ya que las personas que lograron huir al principio fueron hasta allí en busca de ayuda y refugio. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no llegaron a intervenir nunca, ni para detener la matanza ni para impedir que los agresores escaparan. Un superviviente dijo a Amnistía Internacional:

¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué nadie lo detuvo? La ley ya no existe. El ejército y las fuerzas de seguridad estaban ahí mismo; lo oyeron y lo vieron todo, y no hicieron nada, y dejaron irse a los terroristas... El ejército esperó a que los terroristas terminaran su sucia tarea y les dejó que se fueran. ¿Qué le parece? ... He recibido amenazas de los fundamentalistas, pero casi me mata el ejército. Ni siquiera los amigos que tengo en el ejército entienden ya nada de lo que está pasando...

Los testimonios de supervivientes recogidos por periodistas argelinos, algunos de los cuales aparecieron en periódicos del país, también subrayaban que las matanzas se habían producido cerca de cuarteles del ejército.

...La gente daba golpes en la puerta gritando. Eran vecinos aterrorizados que querían atravesar mi casa para ir al cuartel del ejército, que no está lejos, a unos 100 metros, a avisarles y pedirles protección. Muchos vecinos pudieron escapar y salvarse de esta forma. Precisamente estaba dejando entrar a una anciana cuando un terrorista me disparó y me hirió en el hombro, pero conseguí llegar corriendo hasta el cuartel...(5)

La tarde del 5 de septiembre de 1997, más de 60 hombres, mujeres y niños murieron en una matanza en Sidi Youssef (Beni Messous), localidad situada a las afueras de Argel, en el oeste. Muchas de las víctimas vivían en casas improvisadas construidas cerca del distrito residencial de Beni Messous. Según los testimonios recibidos, los habitantes de un barrio cercano, alertados por los gritos y los golpes de cazuelas y sartenes (una forma de los que están en peligro de llamar la atención), avisaron por teléfono a las fuerzas de seguridad, que les dijeron que no podían intervenir, pues era asunto de la gendarmería. Cuando llamaron a la gendarmería no recibieron respuesta. En Beni Messous se encuentra el mayor cuartel del ejército y centro de seguridad militar de la capital, así como otros tres centros de la gendarmería y de las fuerzas de seguridad, desde los que se ve claramente el lugar de la matanza. Además, el cuartel de Cheraga está sólo a unos kilómetros. Sin embargo, como sucedió en todas las demás matanzas, las fuerzas de seguridad no intervinieron y los atacantes huyeron sin problemas. Las autoridades no dieron detalles sobre el suceso ni facilitaron información alguna sobre el número de muertos.

Durante la noche del 22 al 23 de septiembre de 1997, más de 200 hombres, mujeres y niños fueron masacrados en Bentalha (Baraki), al sur de Argel. Bentalha está cerca de cinco instalaciones del ejército y de las fuerzas de seguridad: el cuartel de Baraki, a unos tres kilómetros, el cuartel de Sidi Moussa, a unos cinco kilómetros, el puesto de las fuerzas de seguridad de Gaid Kacem, a menos de un kilómetro, el cuartel de la guardia comunal, aproximadamente a un kilómetro, y los puestos de las fuerzas de seguridad situados a la entrada de la localidad. Los supervivientes dijeron a Amnistía Internacional que, en el momento de la matanza, había estacionadas fuera de la localidad unidades de las fuerzas armadas con vehículos blindados, que impidieron salir a algunos de los que intentaban huir. Se han recibido informes similares de periodistas que han entrevistado a supervivientes. Un superviviente dijo a Amnistía Internacional:

No lo entiendo: el ejército estaba rodeando Bentalha, pero no intervino. Llevábamos algún tiempo preocupados, especialmente desde la matanza de Rais, unas semanas atrás. Habíamos pedido armas a las autoridades, pero nos dijeron que teníamos que esperar. Cuando nos dimos cuenta de que nos atacaban, intentamos resistir, subimos a las terrazas y a los tejados y les tiramos piedras y todo lo que pudimos encontrar. Algunos patriotas [miembros de milicias locales] vinieron a ayudarnos desde Baraki cuando oyeron que se estaba produciendo una matanza, pero el ejército no les dejó entrar a Bentalha. Los terroristas tenían listas de las personas a quienes querían matar, pero también mataban al azar. Es inconcebible. La matanza continuó durante varias horas y luego los terroristas se fueron y nadie les impidió el paso. Después, llegaron las ambulancias a retirar los cuerpos. No sé lo que está pasando pero sé que no hay seguridad. Después de la matanza, las autoridades nos dieron armas. Ahora tengo una pistola, pero por el momento no pienso volver a vivir en Bentalha. Me quedaré con unos familiares y trataré de mantener a mi familia a salvo. Incluso hablar sobre ello es peligroso. Mi vecino, que perdió a toda su familia en la matanza, le estaba contando a un periodista lo que había pasado y un policía le dijo que más valía que se callara. ¿Quién puede ayudarnos? A nadie le importa.

A Amnistía Internacional le preocupan mucho estos testimonios, que dan mayor peso a los informes según los cuales los grupos armados que llevaron a cabo las matanzas de civiles en algunos casos operaron en combinación con ciertas unidades del ejército y de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. La escala, frecuencia y concentración geográfica de las matanzas de este último año plantea graves interrogantes sobre la aparente incapacidad o falta de voluntad del ejército y las fuerzas de seguridad a la hora de tomar medidas adecuadas para proteger a la población civil, y la carencia de investigaciones sobre tales incidentes. En ausencia de investigaciones exhaustivas, independientes e inmediatas que cumplan las normas internacionales mínimas pertinentes, como los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, resulta difícil establecer responsabilidades acerca de las matanzas.

Las matanzas siguen una pauta que implica que grandes contingentes de hombres han podido desplazarse desde sus supuestos escondites en las montañas y los bosques a las aldeas, –lo cual a menudo supone cruzar carreteras importantes–, matar durante varias horas y luego regresar a sus escondites sin que se les impida el paso. El ruido de los disparos y las explosiones de las bombas, los gritos de las víctimas y las llamas y el humo de las casas incendiadas son audibles y visibles a distancia.

La falta de respuesta de los servicios de seguridad a las llamadas de los residentes avisándoles de ataques nocturnos no es nueva. En los últimos tres años, decenas de personas han informado a Amnistía Internacional de que las fuerzas de seguridad no han respondido o se han negado a intervenir cuando se han puesto en contacto con ellas por la noche, por teléfono o en persona, para informarles de ataques a sus casas, homicidios de familiares, ataques a sus vecinos o tiroteos. Las barreras, los controles y las patrullas que funcionan durante el día son retirados por la noche, cuando la población es más vulnerable a los ataques y cuando se perpetran las matanzas. El ejército y las fuerzas de seguridad no suelen llegar al lugar hasta varias horas después de la matanza, muchas veces a la mañana siguiente. El motivo que se argumenta con más frecuencia para justificar esta falta de respuesta es el temor a ser víctimas de una emboscada con una falsa alerta. Es comprensible que muchas veces no les sea posible llegar a tiempo para detener agresiones concretas, que suelen producirse con mucha rapidez, ni para arrestar a sus autores, que pueden esconderse fácilmente y escapar. Sin embargo, en el caso de las matanzas la situación se diferencia en algo fundamental: suelen durar varias horas, durante las cuales las fuerzas de seguridad cercanas deberían tener tiempo sobrado para intervenir, ponerles fin y arrestar a los agresores, que hasta ahora siempre han podido escapar sin problemas.

Es preciso investigar si ciertas unidades del ejército y de las fuerzas de seguridad han estado activamente implicadas en las matanzas. Entretanto, está claro que se ha producido una dejación consciente por parte de las autoridades argelinas de su responsabilidad de proteger a la población civil en zonas cuya situación geográfica y redes de seguridad y comunicaciones deberían posibilitar esa protección.

MATANZAS DE CIVILES: NADIE ESTÁ A SALVORazones aducidas para explicar el origen de las matanzas Razones aducidas para explicar el origen de las matanzas

Según las autoridades y los servicios de seguridad, todas las matanzas han sido perpetradas por el GIAy grupos similares con el objetivo de aterrorizar y castigar a la población que les es hostil, o que era partidaria de ellos pero en los últimos tiempos les ha retirado su apoyo, o a familiares y simpatizantes de grupos armados rivales.

Muchas matanzas han sido perpetradas en zonas donde el FISobtuvo un alto porcentaje de votos en las elecciones municipales de 1990 y en las legislativas de 1991. Amnistía Internacional ha recibido informes de que muchas de las víctimas de las matanzas recientes eran familiares de miembros y simpatizantes de grupos armados de oposición, personas que habían sido detenidas acusadas de «actividades terroristas» en el pasado y sus familiares, y personas que se habían negado a tomar las armas y crear grupos de milicias. Según los informes, los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias han dicho a los habitantes locales y a los periodistas que las víctimas de algunas de las matanzas habían recibido su merecido porque habían apoyado a los «terroristas» y no merecían protección alguna.

Al parecer, muchas matanzas han sido perpetradas por grupos armados con el objetivo de eliminar a simpatizantes de grupos rivales o del FIS, que cada vez con más frecuencia condena los homicidios de civiles y otros abusos cometidos por estos grupos. Sin embargo, hay denuncias de que algunas de las matanzas han sido obra de grupos que actúan siguiendo las instrucciones o con el consentimiento de ciertas unidades del ejército y las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, con el fin de erradicar la base de los grupos armados de oposición, que continúan manteniendo su presencia en estas zonas a pesar de las repetidas acciones militares que han emprendido contra ellos el ejército y las fuerzas de seguridad a lo largo de los años.

Aparentemente, las víctimas de las matanzas eran gente corriente, muchas veces personas con escasos recursos económicos que vivían en casas improvisadas o que se habían asentado en la zona en los últimos años huyendo de sus hogares a causa del conflicto. La implantación en la región del Ejército Islámico de Salvación (AIS), brazo armado del FIS, no parecía especialmente fuerte (según los informes, el AISestá presente fundamentalmente en el este y el oeste del país, pero no en el centro), mientras que, según los informes, había grupos del GIAcon base en la zona. Sin embargo, no se sabe en qué medida la población local apoyaba a estos grupos, y, si lo hacía, hasta qué punto era voluntariamente o por miedo.

La pauta de matanzas a gran escala ha tenido como antecedente años de escalada de la violencia, en los que las fuerzas de seguridad mataban a los miembros de grupos armados, a sus familiares y a personas de las que se sabía o se sospechaba que apoyaban a estos grupos, mientras que los grupos armados de oposición elegían como víctimas a familiares de miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias, así como a familiares y simpatizantes de grupos armados rivales. En este marco, hay quien cree que ciertas matanzas han sido en venganza por matanzas y homicidios anteriores de familiares y comunidades perpetrados por las fuerzas rivales. Además, hay denuncias de que parte de la violencia es consecuencia de los intereses y las luchas por el poder de facciones gubernamentales rivales y está asociada a asuntos económicos, como la próxima privatización de los terrenos agrícolas y las empresas estatales, la explotación de los recursos petrolíferos y la corrupción.

La drástica reducción del nivel de violencia cuando se producen acontecimientos importantes, como las elecciones presidenciales de noviembre de 1995 o las legislativas de junio de 1997, a pesar de haber aumentado las amenazas de los grupos armados de oposición contra los civiles que participaran en el proceso electoral, indica que las autoridades argelinas tienen medios para garantizar una mayor protección de la población civil en todo el país cuando lo necesitan.

Sean quienes sean los perpetradores de estas matanzas, y sea cual sea la lógica que emplean para justificar sus atrocidades, deben tomarse medidas urgentes y concretas para poner fin al actual nivel de violencia y brutalidad sin precedentes y para proteger a la población civil, especialmente a los más vulnerables a estas agresiones, como las mujeres, los niños, los ancianos y los pobres. Como primer paso, deben llevarse a cabo investigaciones completas e independientes a fin de determinar quiénes son los responsables de estos homicidios y de otros crímenes que continúan produciéndose diariamente y de garantizar que los responsables comparecen ante la justicia.

ATAQUES PUNITIVOS FRENTE A PROTECCIÓN ATAQUES PUNITIVOS FRENTE A PROTECCIÓN

El material utilizado por los grupos armados autores de estas matanzas ha sido principalmente cuchillos, hachas, machetes, sierras, barras de metal, algunas armas de fuego ligeras (escopetas, rifles de caza, kalashnikovs) y bombas caseras. El ejército y las fuerzas de seguridad poseen armamento y material más avanzado –vehículos blindados, lanzacohetes, artillería pesada y aviones de combate– que utilizan habitualmente en las grandes operaciones «antiterroristas de limpieza» que realizan en diferentes partes de la región y en todo el país.

El gobierno argelino no suele dar información sobre las operaciones militares, pero sí permite que la prensa del país publique regularmente informaciones de fuentes de seguridad anónimas que declaran que decenas o centenares de miembros del GIAhan muerto durante operaciones militares y de seguridad. Sin embargo, al no haber fuentes independientes, no es posible determinar el número y la identidad de los muertos ni las circunstancias de su muerte, y los informes de los medios de comunicación suelen ser contradictorios. Durante julio y septiembre de 1997, hubo informes de dos operaciones a gran escala en Hatatba y Thala Acha. Como es habitual, las autoridades argelinas no dieron ninguna información directamente, pero permitieron a los medios de comunicación del país informar sobre ellas diciendo que, según fuentes anónimas militares y de seguridad, habían muerto entre 100 y 200 miembros del GIAen Hatatba y más de 100 en Thala Acha, entre ellos los responsables de las matanzas recientes. Sin embargo, los medios de comunicación dieron diferentes versiones del mismo suceso. Por ejemplo, a finales de julio de 1997, algunos periódicos afirmaron que Antar Zouabri, al que presentaban como líder del GIA, había muerto en la operación de Hatatba (cada periódico daba una versión diferente de las circunstancias de su muerte(6)), información que no pudo ser confirmada y que posteriormente fue desmentida por un comunicado al parecer emitido por el GIA, así como por otras informaciones de los medios de comunicación. A comienzos de septiembre de 1997, los periódicos argelinos volvieron a informar de la muerte de Antar Zouabri, esta vez en la operación de Thala Acha(7), pero la información también fue desmentida posteriormente. Un mes después, en la primera operación militar sobre la que se permitió informar a algunos periodistas argelinos, se publicó que un oficial del ejército anónimo había declarado que Antar Zouabri seguía vivo(8).

Los anuncios –hechos oficialmente por las autoridades o a través de los medios de comunicación argelinos– de que los autores de ciertos asesinatos, matanzas u otros crímenes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad forman parte desde hace mucho tiempo de una pauta habitual. En los últimos años se ha anunciado que los autores de la muerte de las víctimas más conocidas –periodistas, intelectuales y extranjeros– habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad, pero hasta la fecha ni una sola persona ha sido arrestada y juzgada por ninguno de estos asesinatos, que recibieron una amplia atención informativa en Argelia y en el extranjero. Tampoco hasta la fecha se ha enjuiciado a nadie por las matanzas perpetradas este último año.

Por consiguiente, de acuerdo a la información oficial, las fuerzas de seguridad, a menudo tan rápidas para capturar y matar a los grupos responsables de los asesinatos y las matanzas, nunca han podido o querido intervenir para detener e impedir las matanzas de civiles.

Esta pauta según la cual se informa regularmente de que se ha matado a «quienes mataron a X» y nunca se arresta ni se juzga a nadie plantea graves interrogantes, especialmente dado que las autoridades argelinas siempre se niegan a facilitar información respecto a la base en que se fundan sus conclusiones y no permiten que se realicen investigaciones independientes.

OTRAS PAUTAS DE ABUSOS: VIOLACIONES COMETIDAS POR AGENTES ESTA OTRAS PAUTAS DE ABUSOS: VIOLACIONES COMETIDAS POR AGENTES ESTATALES

Además de las matanzas a gran escala, que son la preocupación más reciente y grave, se han afianzado cada vez más otras pautas surgidas en años anteriores de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, las milicias armadas por el Estado y los grupos armados de oposición (conocidos como grupos «islámicos»).

Argelia ha ratificado importantes tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La legislación argelina, a pesar de recientes enmiendas(9), también contiene importantes disposiciones que, si se aplicaran, constituirían una importante salvaguardia de los derechos humanos. Sin embargo, el desprecio de la legislación nacional e internacional y de las normas de derechos humanos no es la excepción, sino la regla. No se han realizado investigaciones sobre los abusos, y sus responsables no han comparecido ante la justicia. Además, el poder judicial tiene poca autoridad sobre las fuerzas de seguridad. La consecuencia es la creación de un clima de ilegalidad e impunidad cada vez mayores, pues las fuerzas de seguridad, especialmente la seguridad militar, saben que no tienen que responder de sus actos ante las autoridades judiciales y, de hecho, ante ninguna autoridad.

Desde 1992 el historial de derechos humanos de las autoridades argelinas se ha ido deteriorando. Ciertas pautas de violaciones han sido sustituidas por otras, generalmente más graves.

OTRAS PAUTAS DE ABUSOS: VIOLACIONES COMETIDAS POR AGENTES ESTACLas ejecuciones extrajudiciales han sustituido a las judicia C Las ejecuciones extrajudiciales han sustituido a las judiciales

Tras la ejecución en 1993 de 26 personas acusadas de actos «terroristas» y sentenciadas por tribunales especiales en juicios que distaban mucho de reunir las debidas garantías, las autoridades anunciaron a comienzos de 1994 la suspensión de las ejecuciones, moratoria que aún sigue vigente. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales se han generalizado desde entonces, y con frecuencia parecen utilizarse como alternativa a la detención y el procesamiento de personas de las que se sabe o se presume que forman parte de grupos armados de oposición o están vinculadas a ellos.

El caso de Rachid MEDJAHED: El 12 de febrero de 1997, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un bloque de apartamentos en el centro de Argel y mataron a ocho personas, entre ellas dos mujeres y dos niños pequeños. Las autoridades anunciaron que el «grupo de terroristas» que había muerto era el responsable de la planificación y la ejecución del asesinato de Abdelhak Benhammouda, jefe de la Unión General de Trabajadores Argelinos (Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA) y destacada figura nacional, abatido a tiros en el exterior de la sede de la UGTAen el centro de Argel el 28 de enero de ese mismo año. Poco antes de morir, Abdelhak Benhammouda había anunciado que iba a presidir el nuevo partido político «oficial», Agrupación Nacional para la Democracia (Rassemblement National pour la Démocratie, RND). Este partido ganaría posteriormente las elecciones legislativas en junio de 1997, apenas dos meses después de su creación, y está dirigido y compuesto por ministros y otras figuras gubernamentales. El 15 de febrero de 1997, Rachid Medjahed fue arrestado y «desapareció» en detención secreta hasta que apareció en la televisión argelina (ENTV) el 23 de febrero siguiente confesando que había planificado y dirigido el homicidio de Abdelhak Benhammouda y dando los nombres de los miembros de su grupo muertos por las fuerzas de seguridad durante el asalto del 12 de febrero a un apartamento situado frente a la sede de la UGTAen Argel.

Tras esta aparición en televisión, la familia de Rachid Medjahed, a la que nunca habían informado de su arresto, comenzó a solicitar información sobre su paradero, sin resultado alguno. Los contactos con las autoridades judiciales realizados por su familia, su abogado y Amnistía Internacional no hallaron respuesta. A finales de marzo de 1997, Amnistía Internacional supo que Rachid Medjahed aparecía mencionado en un informe policial como muerto, y el 3 de abril sus padres fueron informados de que había muerto y recibieron un documento que certificaba su fallecimiento por heridas de bala. Se les permitió ver el cadáver, que, según los informes, presentaba heridas de bala en la parte superior del muslo, el abdomen, la espalda y el cuello, pero no les dejaron llevárselo para enterrarlo. Sin embargo, en una entrevista con delegados de Human Rights Watch, celebrada el 8 de abril de 1997, el ministro de Justicia, Mohamed Adami, afirmó que Rachid Medjahed estaba vivo y recibía tratamiento médico en un hospital, y el día 24 del mismo mes el presidente del organismo oficial de derechos humanos, Organismo Nacional de Observación de los Derechos Humanos (Observatoire National des Droits de l'Homme, ONDH), Kamel Rezzag-Bara, dijo a Human Rights Watch que aún estaba esperando la confirmación de su muerte. Al final, el 25 de mayo el presidente del ONDHescribió a Amnistía Internacional comunicándole que Rachid Medjahed había muerto el 18 de febrero de 1997 a consecuencia de heridas de bala sufridas en el momento de su arresto. Sin embargo, Rachid Medjahed no parecía estar herido de bala cuando apareció en televisión el 23 de febrero, y quienes lo vieron cuando estaba detenido afirmaron que no había sufrido heridas cuando lo arrestaron, y que creían que había sido ejecutado extrajudicialmente.

Este caso es ilustrativo del uso sistemático de la detención secreta fuera del control de las autoridades judiciales. El hecho de que autoridades del gobierno de tan alto rango como el ministro de Justicia y el presidente del organismo oficial de derechos humanos (que depende directamente del presidente de la república) no pudieran conseguir información durante varias semanas sobre la muerte de Rachid Medjahed, cuyo arresto y detención había sido confirmado por su aparición en televisión, da una idea de la total descomposición del Estado de Derecho y de la capa de impunidad que protege a los servicios de seguridad.

La muerte bajo custodia de Rachid Medjahed arroja nuevas dudas sobre el asesinato de Abdelhak Benhammouda. Amnistía Internacional ha solicitado una investigación independiente e imparcial sobre ambos casos.

OTRAS PAUTAS DE ABUSOS: VIOLACIONES COMETIDAS POR AGENTES ESTACLas «desapariciones» se han generalizado C Las «desapariciones» se han generalizado

La legislación argelina permite un máximo de 12 días de detención en régimen de incomunicación(10). En la práctica, lo habitual es que los arrestados sean mantenidos en detención secreta fuera de cualquier marco legal durante semanas o incluso meses. Las fuerzas de seguridad responsables de los arrestos y las detenciones secretas desmienten sistemáticamente que los detenidos se encuentren en su poder y se niegan a facilitar información a sus familias y sus abogados. Es durante este periodo en que a los detenidos se les corta todo contacto con el mundo exterior cuando corren más peligro de ser torturados, ser ejecutados o «desaparecer». La judicatura parece tener poco control sobre las diferentes fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, seguridad militar, unidades paramilitares) que arrestan y retienen a los acusados en centros secretos de detención, a menudo durante prolongados periodos de tiempo. Los magistrados y jueces de instrucción han mostrado siempre poco interés en determinar cómo llegaron los detenidos a estar bajo la custodia de las fuerzas de seguridad, dónde, cuándo y por quién fueron arrestados, dónde permanecieron detenidos y durante cuánto tiempo, todo ello aun en los casos en que hay claros indicios de que han permanecido en detención secreta en contra de lo que marca la ley. Incluso el organismo oficial de derechos humanos, el ONDH, que frecuentemente ha desmentido las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, ha admitido en sus informes que la detención secreta es un problema. No obstante, hasta la fecha no se tiene noticia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación judicial sobre casos de detención secreta.

El caso del doctor Messaoud OUZIALA: Messaoud Ouziala, cirujano de 41 años, especializado en trasplantes de riñón, fue secuestrado el 8 de julio de 1997 cuando se dirigía en automóvil hacia su domicilio tras salir del Hospital Mustapha en el centro de Argel, donde trabajaba. Tras su «desaparición», su esposa, también médico, y su familia se pusieron en contacto con las autoridades judiciales y los servicios de seguridad, que se negaron a cursar la denuncia. Amnistía Internacional también se puso en contacto con las autoridades argelinas inmediatamente después de su secuestro, pero no recibió respuesta hasta mucho después de su liberación. Cuando el doctor Ouziala fue secuestrado, no fue posible determinar si los autores del secuestro habían sido las fuerzas de seguridad o un grupo armado de oposición, ya que ambos suelen operar de forma similar. Sin embargo, el hecho de que las fuerzas de seguridad se negaran a tramitar la denuncia de la «desaparición», y de que los periódicos argelinos dijeran a Amnistía Internacional que no podían publicar información sobre el secuestro, apuntaba hacia ellas como autoras del secuestro. Al final, el doctor Ouziala quedó en libertad sin cargos ni juicio el 22 de julio de 1997, tras 15 días de detención secreta. El presidente del ONDHescribió a Amnistía Internacional el día 30 del mismo mes confirmando que Ouziala había sido liberado, pero sin comentar el hecho de que había sido secuestrado y mantenido en detención secreta, violando tanto la ley argelina como las normas internacionales de derechos humanos(11).

Desde 1993, y sobre todo a partir de 1994, Amnistía Internacional ha conseguido y documentado pruebas de centenares de casos de «desapariciones». Sin embargo, según las informaciones recibidas de diferentes fuentes e informes, el número de «desaparecidos» puede ascender hasta los 2.000. Se trata de individuos, en su mayoría hombres, pero también algunas mujeres, que han «desaparecido» tras ser arrestados por las fuerzas de seguridad en sus casas, en su lugar de trabajo o en la calle. Los esfuerzos de sus familiares y sus abogados por conseguir alguna información sobre su paradero han sido en vano, ya que las autoridades han negado sistemáticamente saber nada de ellos, incluso en los casos cuya detención fue confirmada por otros detenidos, por miembros de las fuerzas de seguridad o por otros funcionarios que informaron a las familias confidencialmente. Hay informes de que algunos de los «desaparecidos» murieron a consecuencia de las torturas o fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se encontraban bajo custodia. En los dos últimos años, la respuesta de las autoridades a los organismos de la ONUcuando se les ha preguntado por casos de «desaparecidos» ha sido que algunos murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante el combate o al intentar escapar, y que otros fueron asesinados por grupos «terroristas». Sin embargo, no han aportado nunca los detalles necesarios ni han explicado por qué durante meses o años no han informado de la suerte corrida por estos «desaparecidos» a sus familias y sus abogados, que han seguido solicitando a las autoridades información sobre su paradero.

Mokhtar YOUSSFI, de 40 años, casado y padre de dos hijos, fue arrestado en su domicilio en Ain el-Turk (Orán) el 2 de noviembre de 1994. Todos los esfuerzos hechos por su familia para averiguar dónde estaba detenido fueron en vano. Amnistía Internacional también planteó el caso a las autoridades argelinas, pero no obtuvo respuesta. En octubre de 1996, las autoridades contestaron a las preguntas formuladas sobre el caso por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones afirmando que Mokhtar Youssfi había fallecido en un tiroteo «entre las fuerzas de seguridad y su grupo terrorista» el 3 de noviembre de 1994. Hasta la fecha, las autoridades no han dado más detalles ni ninguna explicación sobre por qué su familia, que había realizado repetidas averiguaciones, no fue informada de su muerte.

OTRAS PAUTAS DE ABUSOS: VIOLACIONES COMETIDAS POR AGENTES ESTACLa tortura y la impunidad para los torturadores se han conve C La tortura y la impunidad para los torturadores se han convertido en algo habitual

La práctica de la tortura, que se ha generalizado desde comienzos de 1992, continúa sin remitir. Es habitual que se torture a los detenidos mientras están en detención secreta, situación que suele durar semanas o meses. Generalmente, los que quedan en libertad sin juicio no suelen estar dispuestos a presentar denuncia por las torturas sufridas, por temor a volver a ser arrestados y torturados. Miles de detenidos han denunciado ante los jueces de instrucción y en los tribunales haber sido torturados, y los abogados han presentado numerosas denuncias de tortura, solicitando exámenes médicos e investigaciones. En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha planteado a las autoridades argelinas cientos de casos de detenidos que han informado haber sido torturados, y les ha pedido que se aseguren de que se lleva a cabo una investigación. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene noticia de ninguna investigación judicial, ni siquiera en los casos en que los detenidos han aparecido ante el juez de instrucción o el tribunal con hematomas y otras lesiones. La evidente falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de tortura ha contribuido a reforzar la pantalla de impunidad de los torturadores, y ha ido minando la confianza de las víctimas, sus familiares y sus abogados en la administración de justicia. La hermana de uno de los detenidos manifestó a Amnistía Internacional:

Cuando volví a Argelia a visitar a mi familia, mi hermano había sido arrestado hacía dos semanas y desde entonces había «desaparecido». Mi madre y mis otros hermanos no habían podido averiguar nada: la policía y la gendarmería negaron que hubiera sido arrestado. Yo intenté hacer más averiguaciones. Me puse en contacto con el fiscal, con el jefe de la gendarmería, con el ONDHe incluso llegué a escribir al ministro de Justicia y al presidente Zeroual. Pensábamos que era un problema de las fuerzas de seguridad y que la judicatura lo resolvería. Cuando lo llevaron ante el juez, seis semanas después de su arresto, dijo que había sido torturado y mi madre lo visitó en la cárcel y volvió a casa llorando y diciendo que estaba irreconocible por culpa de la tortura. Sin embargo, ni el juez ni nadie hizo nada. Sabían que había estado en detención secreta y que lo habían torturado durante varias semanas, pero no hicieron absolutamente nada. No es sólo la policía y la SM (Sécurité Militaire, Seguridad Militar): no hay justicia a ningún nivel.

El hermano de esta mujer quedó en libertad en mayo de 1997, tras pasar seis meses detenido.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha planteado cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y torturas ante las autoridades argelinas, pidiéndoles que se aseguren de que se investigan. La repetitiva frecuencia de estos casos indica que se trata de pautas muy arraigadas, no de «incidentes aislados de abuso de poder» ni de «acusaciones sin fundamento», como algunas veces han afirmado las autoridades. Si estos abusos no se investigan de forma concienzuda, independiente e imparcial, y no se toman medidas para poner a disposición judicial a los responsables, el imperio de la impunidad continuará prevaleciendo sobre el de la ley.

ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO OBJETIVO

Los grupos armados que se autodenominan «islámicos» han matado civiles de forma deliberada y arbitraria, han llevado a cabo atentados indiscriminados y aleatorios en los que han muerto civiles, han proferido amenazas de muerte y han sometido a sus víctimas a violación y otras formas de tortura.

Mientras que durante el primer año del conflicto estos grupos atacaron principalmente a miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, desde 1993 sus víctimas son cada vez con más frecuencia miembros de la población civil, y de todo tipo: han matado a hombres y mujeres a los que creían partidarios de las autoridades, familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, personas que se negaban a unirse a ellos o a apoyarlos, o que se oponían a sus ideas políticas, integrantes de ciertas categorías profesionales, jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio y personas cuya forma de vida consideraban «no islámica» o «inmoral».

Por lo general, la forma en que los grupos armados matan a los civiles ha sido particularmente brutal: hombres mujeres y niños han sido degollados, decapitados y mutilados, a menudo en presencia de sus familiares.

Entre los familiares de víctimas entrevistados por Amnistía Internacional hay varios niños a cuyos padres los mataron en su presencia. Dos hermanas de 11 y 13 años relataron así el horror de la noche en que mataron a sus padres:

Nos despertó el ruido. Unos hombres armados golpeaban a papá con una escopeta de caza. Mamá corrió hacia ellos gritando y los otros hombres la agarraron y la golpearon. Unos empujaron a papá a la cocina y los otros sacaron a mamá al patio y le ataron las manos. Después la degollaron. Los que se habían quedado dentro de la casa los llamaron, y el que había degollado a mamá gritó: 'Esperen, ya termino'. Antes de huir nos amenazaron para que no se lo dijéramos a nadie y no fuéramos al colegio. Uno de ellos era del pueblo, se llama Boudjema. Arrastramos a mamá dentro de la casa, le cerramos los ojos y la cubrimos con una manta, igual que a papá, al que también habían degollado. Lloramos y gritamos y después esperamos hasta que se hizo de día con nuestros hermanos [de 6 y 8 años]. Ahora vivimos con nuestra tía, la hermana de mamá.

No es posible explicar con palabras el desconcierto de estas niñas, y es difícil imaginar cómo podrán superar semejante trauma. Su tía dijo a Amnistía Internacional que el padre había recibido amenazas de muerte y que cuatro meses antes un grupo armado había ido a buscarlo una noche a su casa y, al no encontrarlo, habían amenazado a su esposa y le habían dicho que volverían.

ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO CLos más vulnerables, en el punto de mira C Los más vulnerables, en el punto de mira

Los grupos armados de oposición no han respetado la vida de mujeres, niños, ancianos ni minusválidos. Por el contrario, parecen haber elegido a menudo como víctimas a los más vulnerables por ser blancos más fáciles y como forma de presionar a sus familiares miembros de las fuerzas de seguridad. Los comunicados firmados por el GIAhan justificado y reivindicado con frecuencia estos crímenes.

Entre los informes recibidos está el de la matanza de 16 niños de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años que el 5 de octubre de 1997 fueron abatidos a tiros junto con el conductor que los llevaba desde su aldea de Sidi Selhane, en la montaña, a la escuela de Bouinan (cerca de Blida). Los niños y el conductor murieron al ser ametrallado el vehículo en el que viajaban. Según los informes, los cuatro miembros de una milicia local que escoltaban el minibús también murieron al pasar su automóvil por encima de una mina que estalló. Al día siguiente, los medios de comunicación argelinos dieron la noticia de que las fuerzas de seguridad habían matado a 12 hombres sospechosos de cometer el atentado.

La semana anterior, el 26 de septiembre, 11 profesoras fueron degolladas delante de sus alumnos por un grupo armado en el exterior de la escuela de Ain Adden, en Sfizef (al sur de Mascara). Grupos armados como el GIAhan matado a profesores y amenazado de muerte tanto a los que imparten una materia concreta, como francés, como a los profesores en general.

Desde que se inició el conflicto, cada vez más mujeres engrosan las listas de víctimas de los grupos armados de oposición. Una de las primeras fue Karima Belhadj, de 20 años, secretaria de la Dirección General de la Seguridad Nacional (Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN), que en enero de 1993 fue abatida a tiros cerca de su casa en el barrio de Los Eucaliptos, en Argel. En febrero de 1994, Katia Bengana, estudiante de secundaria de 17 años, corrió la misma suerte cerca de su casa en Meftah (Blida). Katia había recibido amenazas de muerte por negarse a vestir el hidjab(velo islámico) y expresar su negativa abiertamente.

ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO CLas amenazas de muerte suelen ir seguidas de asesinatos C Las amenazas de muerte suelen ir seguidas de asesinatos

Los grupos armados también han lanzado a menudo amenazas de muerte contra los civiles. Estas amenazas, tanto individuales como colectivas, llegan en forma de comunicados que se envían a los medios de comunicación y se colocan en lugares públicos, o de llamadas telefónicas y cartas dirigidas a las víctimas, que hasta ahora han sido funcionarios del Estado, esposas y familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, artistas, activistas en favor de los derechos humanos de la mujer, vendedores de periódicos y de tabaco, peluqueros y esteticistas y muchos otros. Las amenazas han contribuido a aumentar el clima de miedo y terror de la población. Una profesora de educación física declaró a Amnistía Internacional:

En 1993 mataron a mi padre. Era gendarme, y como tal estaba condenado a muerte por los terroristas. Luego yo empecé a recibir amenazas de muerte. Al principio quise ser valiente, quedarme y seguir con mi vida normalmente. Pero las llamadas de teléfono continuaron y un día encontré un sobre en la puerta de mi casa en el que había un jabón y un pedazo de tela blanca [símbolo del jabón para lavar el cuerpo de los muertos y el sudario]. Fue demasiado y decidí irme a casa de unos familiares en otra ciudad. Perdí mi trabajo y estuve dos años sin poder trabajar. Ahora he encontrado otro trabajo.

Los periodistas argelinos de la Maison de la Presse (Casa de la Prensa) mostraron a los delegados de Amnistía Internacional algunas de las amenazas de muerte que reciben habitualmente por fax en sus oficinas. En mayo de 1995, unos delegados de Amnistía Internacional se entrevistaron con Mohamed Abderrahmani, director del diario progubernamental El Moudjahid. Al terminar la entrevista, Abderrahmani les dijo: «Espero volverles a ver. Nunca se sabe si mañana estaré vivo». A la mañana siguiente, fue asesinado en su automóvil en Argel, cuando llevaba a sus hijos al colegio.

La pauta de matar a personas cuyo asesinato recibía una amplia atención informativa dentro y fuera del país, como periodistas, intelectuales, artistas, figuras políticas y religiosas y extranjeros, ha ido sustituyéndose paulatinamente por homicidios indiscriminados y atentados con bomba, y últimamente por matanzas en gran escala.

ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO CAtentados indiscriminados y aleatorios ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO CLa tortura y la impunidad para los torturadores se han conve C Atentados indiscriminados y aleatorios

En los últimos dos años, el número de atentados con bomba en lugares públicos perpetrados por grupos armados ha ido en aumento. Decenas de explosiones en mercados, cafés, cerca de escuelas, en líneas férreas y en otros lugares públicos se han cobrado la vida de decenas de civiles en la capital y en otras ciudades. Incluso las bombas colocadas cerca de comisarías de la policía y la gendarmería han causado mayoría de víctimas civiles.

En enero de 1995, una bomba estalló en el exterior de la Comisaría Central de Policía de Argel, matando a más de 40 personas e hiriendo a más de un centenar, la mayoría de ellos civiles que pasaban por allí. Quienes perpetraron el atentado, en una de las calles más concurridas de la capital y a una hora punta, sabían que morirían gran número de civiles.

Según los informes, la noche del 4 al 5 de octubre de 1997, grupos armados de oposición lanzaron bombas caseras sobre el importante bastión militar de Blida, al sur de la capital, matando a más de 10 civiles e hiriendo a decenas. Fue el primer ataque de este tipo lanzado por un grupo armado de oposición contra una ciudad importante del que se tiene noticia.

Al igual que en otros casos de homicidio, las autoridades argelinas casi nunca facilitan cifras sobre el número de víctimas de atentados con bomba, y cuando lo hacen, éstas suelen ser considerablemente más bajas que las de otras fuentes, como el personal hospitalario y los testigos.

ABUSOS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN: LOS CIVILES COMO CSecuestros y violaciones y otros métodos de tortura C Secuestros y violaciones y otros métodos de tortura

Ha habido informes generalizados del secuestro y la violación de mujeres por grupos armados de oposición, sobre todo en las zonas rurales. La vergüenza y el estigma asociados a la violación, especialmente en las sociedades conservadoras y rurales, la falta de infraestructura para atender a las víctimas de violación y las restricciones impuestas por las autoridades para acceder al país han hecho que resulte muy difícil llevar a cabo las investigaciones adecuadas y evaluar la magnitud del problema. Sin embargo, la información recogida por Amnistía Internacional dentro y fuera de Argelia indica que el fenómeno de la violación como arma de guerra puede estar muy generalizado.

Hay informes de decenas de mujeres secuestradas por grupos armados y mantenidas cautivas por periodos de tiempo variables, durante los cuales fueron violadas y maltratadas. Según los informes recibidos, la pauta más extendida durante 1994 y 1995 fue que los grupos armados secuestraran a las mujeres de sus casas, especialmente en zonas rurales aisladas, y las mantuvieran cautivas en sus escondites por un periodo de tiempo variable, durante el cual eran violadas repetidas veces por miembros del grupo, que solían justificar el delito declarándolas sus «esposas». Además de ser violadas, las mujeres solían ser sometidas a otras formas de tortura, como palizas y amenazas de muerte, y en algunos casos eran obligadas a cocinar y realizar otras tareas. Según los informes, en algunas ocasiones, las mujeres eran violadas por más de un miembro del grupo, y algunas murieron al intentar escapar o por negarse a realizar las tareas que les habían asignado. Algunas mujeres fueron secuestradas con la complicidad de sus hermanos u otros familiares, miembros o simpatizantes de grupos armados. Al parecer, la mayoría de las mujeres que han sido secuestradas han podido escapar, han sido puestas en libertad por los grupos armados, especialmente cuando tenían que cambiar de escondite, o han sido liberadas cuando las fuerzas de seguridad asaltaban los escondites.

Durante 1996 disminuyeron los informes de secuestro y violación de mujeres, pero han vuelto a aumentar en el marco de las recientes matanzas en las regiones que rodean la capital. Al parecer, muchas familias que viven en zonas rurales aisladas han enviado a sus hijas a vivir con familiares en las ciudades por temor a que puedan ser secuestradas por grupos armados.

LA PRIVATIZACIÓN DEL CONFLICTO: EL PAPEL DE LAS MILICIAS LA PRIVATIZACIÓN DEL CONFLICTO: EL PAPEL DE LAS MILICIAS

Durante los últimos tres años, el gobierno argelino ha seguido repitiendo que «sólo quedan un puñado de terroristas», que la situación de seguridad está «bajo control» y que «el terrorismo es residual». Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades han distribuido armas entre la población civil y fomentado la formación de grupos milicianos para que protejan a sus comunidades de los ataques de los grupos armados de oposición. A estos grupos, que operan fuera de la ley y en su gran mayoría sin supervisión alguna, se les ha permitido llevar a cabo tareas de aplicación de la ley y operaciones ofensivas «antiterroristas».

En su informe de noviembre de 1996, Amnistía Internacional se mostró preocupada de que, al permitir la formación de milicias y animar a la población civil a tomar las armas, las autoridades la estuvieran hundiendo cada vez más en el conflicto. La evolución de los acontecimientos este año ha demostrado que estos temores estaban justificados.

La existencia de milicias armadas por el Estado y definidas como «grupos de legítima defensa», «grupos de autodefensa» o «patriotas» se remonta a 1994. Inicialmente, las autoridades solían negar la existencia de milicias o quitar importancia a su función, pero a partir de finales de 1995, animaron abiertamente a la población civil para que tomara las armas y se organizara en grupos milicianos. La televisión pública se ocupó de las actividades de las milicias, alabando su función de «combatir y erradicar el terrorismo» e incluso emitió «anuncios publicitarios» animando a los hombres a que las formaran. El eslógan era rijal khuliqu li-l-watan(hombres nacidos para su patria). Los periódicos también prestaron más atención a las actividades de las milicias.

A medida que crecía el número de milicias y que salía a la luz más información sobre sus actividades, se puso de manifiesto que, además de defender sus localidades y comunidades de los ataques, cada vez participaban más en operaciones militares en toda regla, tanto en su región como en otros lugares. En algunas zonas, prácticamente sustituían a las fuerzas de seguridad –que, según la población local, no habían hecho acto de presencia para protegerles de los ataques de grupos armados de oposición– montando barreras y controles de carretera y organizando emboscadas y operaciones «antiterroristas». También participaban cada vez con más frecuencia en este tipo de operaciones junto al ejército y las fuerzas de seguridad.

Algunos miembros de grupos milicianos hablaron sobre sus actividades con delegados de Amnistía Internacional, periodistas extranjeros y para la televisión argelina, dando detalles de cómo habían tendido emboscadas, perseguido, rastreado y matado «terroristas» y de su determinación de matar a tantos como pudieran encontrar hasta que las zonas quedaran «limpias». Algunos de ellos, cuando se les preguntó si habían entregado a los prisioneros a las fuerzas de seguridad, afirmaron que ellos no hacían prisioneros. Según dijeron, si entregaban a las fuerzas de seguridad a los «terroristas», éstos podían quedar en libertad al aplicárseles la ley de clemencia(12), y los «terroristas» no merecen vivir.

Los grupos milicianos han estado afiliados o estrechamente vinculados a ciertos partidos políticos, a diferentes fuerzas del ejército y de seguridad y a autoridades locales. La calidad de su material y su armamento es variable, y algunos grupos se han quejado de que tienen peor material que otros, vinculados a personas más poderosas, que disponen de armamento y material avanzado. La televisión argelina mostró a grupos milicianos vestidos con uniformes oficiales del ejército y de las fuerzas de seguridad y utilizando material también oficial, como vehículos y señales para los controles de carretera.

Algunas personas han mostrado su satisfacción por la creación de milicias al considerarlas el único medio de protección en vista de la incapacidad o la falta de voluntad de las fuerzas de seguridad para proteger a la población civil. Sin embargo, otras se han opuesto a ello por creer que la presencia de milicias convierte a la población civil en blanco de los grupos armados de oposición, que se vengan de ellas a través de los habitantes de las localidades.

Hay informes generalizados de abusos cometidos por las milicias para imponer su control sobre la población local. Por ejemplo, a finales de 1995, los familiares de Antar Zouabri, líder del GIA, murieron a manos de miembros de un grupo miliciano en Hauch-el-Gros (Boufarik), en venganza por la muerte de los familiares de un líder del grupo miliciano local a manos del GIA. Los informes de estos incidentes son generalizados, y a menudo los miembros de las milicias los han justificado y defendido. En 1996, miembros de grupos milicianos dijeron a los delegados de Amnistía Internacional:

A mí me pueden matar, pero si matan a uno de mis familiares, yo mataré a toda su familia. Es el único idioma que entienden los terroristas....(13)

En marzo de 1996, tras las denuncias generalizadas de muertes de civiles a manos de miembros de las milicias y de abusos cometidos por éstos impunemente, las autoridades argelinas anunciaron que decenas de miembros de los grupos milicianos habían sido arrestados y serían juzgados por abusos contra los derechos humanos, entre ellos el asesinato. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen noticias de que se haya llevado a cabo ninguna investigación, y las autoridades no han respondido a las peticiones de información sobre estos juicios.

LA PRIVATIZACIÓN DEL CONFLICTO: EL PAPEL DE LAS MILICIASLegalización de las milicias Legalización de las milicias

En enero de 1997, el primer ministro argelino firmó un decreto que oficializaba la existencia de las milicias y establecía un marco para sus actividades ('Decreto-Ley 97-04 de establecimiento de las condiciones para el ejercicio de acciones de legítima defensa en un marco organizado'). De esta forma, a grupos de individuos que son reclutados arbitrariamente y que actúan fuera del marco de la legislación sobre aplicación de las leyes y sin la formación y la supervisión adecuadas, se les confían tareas de aplicación de las leyes que deberían ser únicamente responsabilidad del Estado.

El decreto, que se aprobó más de dos años después de comenzar a existir las milicias, no hace mención alguna de quién responde de los miles de grupos milicianos que existen, ni contiene ninguna disposición para su desmantelamiento ni para garantizar el cumplimiento de las normas fundamentales de derechos humanos. Tampoco contiene ninguna de las disposiciones esenciales de normas de derechos humanos como el PIDCP, la Convención contra la Tortura, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Conjunto de Principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas, y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU.

Por ejemplo, carece de disposiciones que establezcan los requisitos de reclutamiento y formación de los miembros de los «grupos de legítima defensa» que exige el artículo 5 de la Convención contra la Tortura y los principios 18 a 21 de los Principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego. Tampoco cuenta con disposición alguna para garantizar que los miembros de estos grupos respetan y protegen los derechos humanos, como exige el artículo 2 del Código de Conducta, ni que las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por sus miembros son investigadas y los responsables comparecen ante la justicia, como exige el artículo 2 del PIDCP, los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y el artículo 7(1)(e) de la Carta Africana. Carece asimismo de disposiciones referidas al derecho a desobedecer las órdenes de emplear la fuerza y las armas de fuego, exigidas por el principio 25 de los Principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.

Este decreto establece que los miembros de los «grupos de legítima defensa» pueden emplear la fuerza y las armas de fuego «en caso de agresión, intento de agresión o de verse en la obligación de ayudar a personas que se encuentren en peligro». Sin embargo, las milicias llevan a cabo operaciones militares de contrainsurgencia, bien solas o bien participando activamente junto con el ejército y las fuerzas de seguridad, y por tanto violan habitualmente las disposiciones de este decreto con el conocimiento y la anuencia de las autoridades que lo han aprobado y son responsables de su aplicación.

UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVEST UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES

Varios factores han contribuido a la creación del muro de silencio e indiferencia que rodea a la crisis de derechos humanos en Argelia. Las restricciones impuestas por las autoridades para recoger y comunicar información hacen que cada vez sea más difícil investigar las violaciones y los abusos que se cometen todos los días. Los homicidios y las amenazas de muerte de los grupos armados de oposición contra los periodistas han creado un clima de temor entre los periodistas argelinos. Al mismo tiempo, se imponen más restricciones a los periodistas extranjeros, muchos de los cuales tienen cada vez más problemas para acceder al país. En el clima de desorden reinante, la gente es cada día más reacia a dar información y testimonio a los medios de comunicación. La falta de una información precisa y contrastada es caldo de cultivo para rumores y especulaciones, que se añaden a la confusión y la inseguridad.

UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVESTLos medios de comunicación argelinos Los medios de comunicación argelinos

Es el ladrón que regresa a casa por la noche ocultándose contra las paredes. El padre que aconseja a sus hijos que no le digan a nadie su horrible profesión. Es el mal ciudadano que espera en la sala a que el juez lo interrogue. El individuo que cae en una redada de la policía, recibe un culatazo y es arrojado a la parte trasera de un camión. Es el que sale de su casa por la mañana sin saber si llegará al trabajo, y el que sale del trabajo por noche sin saber si llegará a su casa. El vagabundo que ya no sabe donde pasar la noche. El que es amenazado en secreto en el despacho de un funcionario, un testigo que debe guardarse lo que sabe, un ciudadano desnudo e indefenso... Es el que tiene el firme propósito de no morir degollado, el que no puede hacer nada con sus manos más que escribir unas líneas. Es el que, a pesar de todo, no pierde la esperanza, porque hasta en un estercolero pueden nacer rosas. Es todo eso y es sólo un periodista.

El autor de este artículo es Saïd Mekbel, periodista y director del periódico en lengua francesa Le Matin. El artículo se publicó el 3 de diciembre de 1994, el mismo día que lo asesinaron.

Desde 1993, más de 60 periodistas y profesionales de los medios de comunicación han perdido la vida en Argelia, más que en cualquier otro país. Grupos armados que se autodenominan «islámicos», como el GIA, han firmado comunicados amenazando con matar a todos los periodistas, y han reclamado la autoría del asesinato de muchos de ellos.

Los portavoces del FIS, y su brazo armado, el Ejército Islámico de Salvación, se han ido distanciando cada vez más del GIA, condenando sus asesinatos y amenazas de muerte contra periodistas. Sin embargo, en el pasado no sólo no condenaron estos crímenes, sino que incluso los justificaron arguyendo que los periodistas que no informaban de las violaciones de las fuerzas de seguridad y que habían pedido o apoyado la intervención del ejército para cancelar las elecciones de 1991 eran colaboradores del régimen y contribuían a la represión.

El asesinato de sus colegas y las amenazas de muerte obligaron a los periodistas a ocultarse, alejarse de sus hogares y sus familias, utilizar pseudónimos y cambiar sus hábitos. Pocos consiguieron ser alojados en lugares protegidos, generalmente sólo los que tenían buenos contactos en los círculos oficiales, y muchos se fueron del país.

Con el paso del tiempo, y el homicidio de más y más periodistas, comenzaron a surgir denuncias de que ciertas facciones del ejército y las fuerzas de seguridad estaban tras la muerte de algunos periodistas que investigaban cuestiones delicadas, especialmente la corrupción estatal(14). Hasta la fecha, ni una sola persona ha sido procesada ni declarada responsable del homicidio de ninguno de los aproximadamente 60 periodistas que han muerto. En muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad han anunciado que han matado a los autores de la muerte de este o aquel periodista, pero nunca han mostrado las pruebas que les llevaron a la conclusión de que realmente los muertos eran los autores de los crímenes que se les atribuían. Como las autoridades no toman ninguna medida concreta para poner a disposición de la justicia a los responsables de las muertes de periodistas, continúan las dudas, y los periodistas siguen viviendo con miedo y han aprendido a no plantear ciertos temas. Un periodista argelino dijo a Amnistía Internacional:

Escribir ciertas cosas es imposible, y no las escribes; decir ciertas cosas también es peligroso –aunque no las escribas–, y no las dices; pero lo peor es que cada vez es más peligroso sabercosas, aunque no digas que las sabes y no escribas sobre ellas. Así que tratas de no averiguar demasiado, de no meterte donde no te llaman. Lo que pasa es que a veces empiezas a ocuparte de un tema y a descubrir cosas, y luego te das cuenta de que el asunto es demasiado gordo para ti. En esos casos, tratas de olvidar lo que sabes, pero ¿qué pasa si alguien sabe que lo sabes? Entonces eres hombre muerto.

Las autoridades han establecido nuevas leyes y normativas, escritas y no escritas, para restringir el flujo de información sobre temas relacionados con la seguridad. Además de las restricciones sobre la libertad de información impuestas bajo el estado de excepción, un decreto publicado por el Ministerio del Interior en junio de 1994 que daba instrucciones a los directores de los periódicos sobre lo que podían publicar y la forma en que debían presentarlo es sólo un ejemplo del grado de control de las autoridades sobre los medios de comunicación(15). Aunque el decreto era confidencial (no se publicó en el Boletín Oficial (Journal Officiel)organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa se hicieron con él y lo publicaron(16). Los innumerables casos de secuestro, suspensión y prohibición directa de periódicos por la publicación de artículos que planteaban cuestiones «delicadas», y las decenas de acciones judiciales contra periodistas y directores de periódicos por la misma razón han institucionalizado aún más la censura. Numerosos periodistas y directores de periódico han informado que han recibido advertencias y amenazas verbales de autoridades gubernativas y militares por material que habían publicado o pensaban publicar.

Así, los periodistas y directores de periódico, que arriesgan sus vidas para continuar ejerciendo su profesión frente a las amenazas de muerte de los grupos armados de oposición, se ven cada vez más presionados y amenazados por las autoridades.

Si bien la falta de información sobre las violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales se ha debido en gran parte a la censura y el miedo, también es consecuencia del sesgo político. La mayoría de los periódicos no han informado sobre estos temas, y algunos han atacado por sistema a los que, en Argelia o en el extranjero, han sacado a la luz y planteado preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales contra conocidos o presuntos activistas islamistas. Por ejemplo, los casos de periodistas islamistas víctimas de abusos a manos de las fuerzas gubernamentales han recibido poca o ninguna atención en la mayoría de los medios de comunicación argelinos.

Djamaleddine Fahassi, periodista de la radio argelina, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad cerca de su casa en mayo de 1995, y «desapareció». Los medios de comunicación argelinos, que dan amplia cobertura informativa a los casos de periodistas víctimas de ataques cuyos autores se sabe o se cree que son grupos armados de oposición, guardaron total silencio sobre su secuestro y su «desaparición». Aunque la detención de un periodista acapara inmediatamente los titulares de la mayoría de los periódicos, el arresto y la detención en secreto durante más de una semana de Khaled Gherdjouma, periodista del diario en lengua árabe El Alam el-siyassi(El Mundo Político), en octubre de 1995, fue recibido en silencio por la mayoría de la prensa. Más recientemente, en febrero de 1997, Aziz Bouabdallah, también periodista de El Alam el-siyassi, fue secuestrado de su casa por las fuerzas de seguridad y «desapareció». Su secuestro recibió poca atención informativa en ese momento, y no se ha vuelto a hablar de él, aunque sigue «desaparecido». Varios periodistas argelinos han afirmado confidencialmente que saben que fueron las fuerzas de seguridad quienes se lo llevaron, y que ésa es la razón de que el caso no aparezca en los medios de comunicación. Cuando se plantea la cuestión a los periodistas argelinos, pocos discuten los hechos, pero dicen que no es posible hablar de estos casos porque son «delicados». Algunos han afirmado que han tratado de escribir sobre su compañero sin señalar a los responsables de su «desaparición», y así poder defenderse ante las autoridades arguyendo que habían escrito sobre el tema creyendo que su compañero había sido secuestrado por un grupo armado, pero que los directores de sus periódicos no han permitido que sus artículos se publicaran porque también sabían que las fuerzas de seguridad eran las responsables del secuestro y no estaban dispuestos a correr el riesgo. Un periodista que quería escribir sobre la «desaparición» de Djamaleddine Fahassi afirmó que un miembro del consejo editorial de su periódico le dijo: «¿Quieres que cierren el periódico para siempre?»

Otros métodos para limitar la libertad de prensa han sido las presiones económicas. Los periódicos que se han salido de la fila en temas de política y de seguridad han sido cerrados por sus deudas con las rotativas propiedad del Estado, mientras que otros más «obedientes», también con deudas, han podido continuar con sus actividades. Las autoridades han reprimido cualquier iniciativa de crear rotativas independientes. En 1996, el gobierno rechazó una iniciativa de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que se ofreció a donar una rotativa a los periódicos privados de Argelia. En 1997, una rotativa privada (SodiPress), sociedad limitada en copropiedad con el director de un periódico previamente prohibido, fue incautada inmediatamente basándose en que el copropietario tenía deudas pendientes. La incautación violaba la ley argelina, que dispone que una sociedad limitada y sus activos no pueden ser incautados por deudas previas de uno de sus propietarios. La medida se consideró un intento más de las autoridades de frustrar cualquier iniciativa de crear una rotativa privada, que no puede controlarse de la misma forma que una estatal.

UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVESTLos medios de comunicación extranjeros Los medios de comunicación extranjeros

Las amenazas de muerte de los grupos armados y los asesinatos de periodistas y extranjeros crearon cierta preocupación entre los periodistas extranjeros. Algunos ya no estuvieron dispuestos a ir más a Argelia, otros continuaron yendo y la mayoría quisieron ir, pero no consiguieron el visado, especialmente a partir de 1994. Al mismo tiempo, las autoridades argelinas comenzaron a imponer medidas de «protección» a los periodistas extranjeros que visitaban el país, como exigirles ir acompañados por miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento, algo que es cada vez con más frecuencia condición para la obtención del visado. En estas circunstancias, muchos periodistas extranjeros sólo han podido recoger información sobre homicidios y abusos cometidos por los grupos armados de oposición, y les ha resultado muy difícil conseguirla sobre los cometidos por las fuerzas gubernamentales, ya que sus víctimas y sus familias temen exponerse a nuevas violaciones.

Paulatinamente los periodistas extranjeros comenzaron a sentir que la «protección» de seguridad era una medida pensada para impedirles cumplir con sus obligaciones profesionales. Decenas de periodistas de la prensa escrita, la televisión y la radio de distintos países que han visitado Argelia han afirmado que no han podido trabajar, moverse y entrevistar a la gente libremente. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de su protección suelen insistir en estar presentes en sus entrevistas, incluso dentro del hotel, y en comprobar la identidad de los entrevistados, aumentando así la resistencia de la gente a entrevistarse y a hablar con ellos. Con frecuencia, los equipos de protección se niegan a acompañar a los periodistas a los lugares donde éstos quieren ir, y también a dejarlos ir solos. Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argel y de las embajadas argelinas han llamado a los periodistas para quejarse sobre sus entrevistas con ciertas personas, e incluso sobre conversaciones telefónicas sostenidas desde las habitaciones de su hotel. A algunos les han dicho, de forma directa o implícita, que el acceso al país depende del carácter de su labor informativa, especialmente en lo referente a asuntos políticos y de seguridad, y a muchos les han negado los visados por los mismos motivos.

Muy pocos corresponsales de medios de comunicación extranjeros pudieron quedarse en Argelia después de 1993-94. A algunos los expulsaron, otros no pudieron conseguir acreditación y otros se fueron, por considerar que había demasiadas restricciones para hacer su trabajo.

Así pues, la crisis de derechos humanos en Argelia ha estado rodeada por un muro de silencio, ha sido una tragedia sin imágenes y uno de los conflictos con menor cobertura informativa. Los periodistas han podido observar, informar e investigar las matanzas y otros abusos de guerras y conflictos internos en lugares aislados de otros países, pero hasta ahora les ha resultado imposible hacer lo mismo en Argelia, donde se cometen diariamente matanzas y otras atrocidades, en una región que está a muy poca distancia de una capital situada a no más de dos horas de vuelo de las principales capitales europeas.

UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVESTLas organizaciones de derechos humanos Las organizaciones de derechos humanos

Durante algunos años, las organizaciones de derechos humanos argelinas no han podido investigar ni documentar adecuadamente la situación de derechos humanos. El asesinato de Yousef Fathallah, presidente de la Liga Argelina de Derechos Humanos (Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, LADH), las amenazas de muerte, el encarcelamiento y el hostigamiento de abogados y activistas de derechos humanos, la prohibición de reuniones y otras actividades, las divisiones políticas y la falta de fondos, han sido algunos de los factores que han contribuido a la parálisis de las organizaciones de derechos humanos en Argelia. Sin embargo, sigue habiendo defensores de los derechos humanos comprometidos que, a pesar de la difícil y peligrosa situación, continúan defendiendo los derechos humanos con gran valor.

Amnistía Internacional fue la única organización de derechos humanos que siguió visitando el país regularmente después de 1992, a pesar de las frecuentes restricciones de acceso, y durante mucho tiempo su voz fue la única que planteó el constante deterioro de la situación de derechos humanos en Argelia. Desde comienzos de 1997, a Amnistía Internacional se le niega el acceso a Argelia, pero otras organizaciones de derechos humanos han llevado a cabo visitas de investigación durante el año. La Federación Internacional de Derechos Humanos(17) y Human Rights Watch(18) publicaron informes en junio de 1997. La Federación Internacional de Derechos Humanos envió posteriormente delegados para actuar como observadores en un juicio, en julio de 1997, pero éstos no pudieron conseguir permiso para acceder al tribunal, y el juicio se celebró a puerta cerrada. Amnistía Internacional no pudo conseguir los visados para que sus delegados fueran a Argelia como observadores en ese mismo juicio.

Organizaciones en favor de la libertad de prensa han realizado investigaciones y publicado informes sobre la libertad de prensa en Argelia. Article 19, Reporters sans frontières(RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas han publicado informes y comunicados, aunque sólo RSF y la Federación Internacional de Periodistas han visitado el país en los últimos años.

En los últimos años, otras organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones humanitarias han intentado visitar el país, pero no han conseguido autorización para hacerlo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó Argelia por última vez en 1992. Desde entonces, las autoridades argelinas han afirmado en varias ocasiones que el CICRpuede ir a Argelia, pero éste sigue sin poder conseguir acceso para desempeñar su trabajo de acuerdo con su mandato.

UN MURO DE SILENCIO: AUMENTAN LOS OBSTÁCULOS PARA LAS INVESTLa reacción de las autoridades argelinas a las críticas de La reacción de las autoridades argelinas a las críticas de su historial de derechos humanos

Las autoridades argelinas acusan por sistema a todo el que critica su historial de derechos humanos de mentir deliberadamente, interferir en los asuntos internos de Argelia y tener prejuicios políticos.

Como Estado Parte de los tratados internacionales de derechos humanos, Argelia ha aceptado que su historial de derechos humanos sea sometido al examen de la comunidad internacional. El gobierno argelino ha expresado su satisfacción por la «condena del terrorismo» en Argelia efectuada por otros gobiernos y por organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, pero ha rechazado las preguntas sobre la situación de derechos humanos en el país y la responsabilidad del Estado en el respeto y la protección de estos derechos, calificándolas de injerencia en la «soberanía nacional».

En una entrevista concedida a los medios de comunicación en agosto de 1997, después de la matanza de cientos de personas, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Argelia, afirmando que, en una situación que llevaba mucho tiempo considerándose un problema interno, ya no bastaba con condenar la violencia y dejar al pueblo argelino a su suerte, y que era necesario encontrar una solución urgente. El gobierno argelino reaccionó diciendo que esas declaraciones eran «inaceptables» y constituían una «injerencia» en los asuntos internos de Argelia.

De forma similar, las autoridades argelinas han condenado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos sobre la situación de derechos humanos en Argelia, acusándolas de mentir deliberadamente y de tener prejuicios políticos. Por ejemplo, el representante de Argelia ante la ONUen Ginebra afirmó ante la Comisión de Derechos Humanos, en abril de 1997, que Amnistía Internacional tiene «una curiosa pedagogía de los derechos humanos que, como el aparato burocrático estalinista, sólo ofrece a sus miembros la posibilidad de reproducir las ideas del maestro, como una secta que exige a sus miembros reproducir las ideas del gurú».

Las autoridades han acusado a menudo a Amnistía Internacional de publicar denuncias no contrastadas o falsas. Sin embargo, no han querido responder a las peticiones de información o aclaración sobre los casos formuladas por la organización, y tampoco han aportado prueba alguna que apoye la afirmación de que los detalles sobre los casos planteados son inexactos o falsos. Por otro lado, no han puesto nunca en duda la veracidad o la exactitud de los informes de la organización sobre los homicidios, violaciones, secuestros y otros delitos cometidos por los grupos armados que se autodenominan «islámicos».

Amnistía Internacional cree que la forma más constructiva de desmentir las denuncias que las autoridades consideran infundadas y de probar el compromiso que aseguran tener con los derechos humanos sería proporcionar información sobre esos casos, así como las pruebas de las investigaciones que, según ellos, se han realizado, y permitir acceder libremente a las organizaciones de derechos humanos y los periodistas para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno.

LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La comunidad internacional lleva tiempo eludiendo sus responsabilidades frente a una tragedia que se produce a puerta cerrada. Esta indiferencia y esta ausencia de esfuerzos para detener e impedir las matanzas y otras atrocidades y graves abusos no deben continuar. Durante años, los gritos de auxilio de las víctimas en Argelia y los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos por llamar la atención sobre la situación de derechos humanos en el país han recibido muy poca o ninguna respuesta.

Año tras año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha evitado cuidadosamente abordar la cuestión de la situación de derechos humanos en Argelia. Hasta la fecha, el relator especial de la ONUsobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias no ha podido visitar el país. Fue invitado oficialmente a hacerlo en 1993, y desde 1996 ha tratado de ponerse de acuerdo con las autoridades argelinas para realizar la visita en una fecha que convenga a ambas partes.

La Unión Europea y el Parlamento Europeo también han tendido durante los últimos años a evitar ocuparse de la situación en Argelia de forma concreta. Las declaraciones de la UEante la Comisión de Derechos Humanos de la ONUen 1996 y 1997 se redactaron en términos muy generales, condenando de forma amplia la violencia y animando al gobierno a que siguiera adelante con el proceso democrático y electoral, pero sin reconocer responsabilidad alguna del Estado en las violaciones de derechos humanos ni recomendar ninguna medida concreta para detener e impedir las violaciones(19).

El Parlamento Europeo ha publicado varias resoluciones sobre la situación de derechos humanos en Argelia, en abril de 1995, diciembre de 1996 y septiembre de 1997(20), incluyendo en todas ellas llamamientos al diálogo político y la condena del terrorismo. Mientras que la resolución de 1995 contiene una referencia a la responsabilidad el Estado en las violaciones de los derechos humanos, en las resoluciones de 1996 y 1997 se eliminó toda referencia de ese tipo, aunque el Parlamento Europeo sabía que no se había llevado a cabo investigación alguna sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales mencionadas en la resolución anterior. Aunque condena los homicidios y otros actos de violencia contra la población civil, el Parlamento Europeo no condena la falta de protección de la población civil por parte del Estado, ni ofrece ninguna recomendación sobre las medidas que deben tomarse para garantizar esa protección.

La UEestá en conversaciones para firmar un acuerdo de cooperación con Argelia, en el marco del Acuerdo de Cooperación Euromediterráneo, que contiene disposiciones referentes al respeto de los derechos humanos(21). A fin de que estas disposiciones tengan un significado concreto, la UEdebe hacer esfuerzos para arrojar luz sobre la situación de derechos humanos en Argelia, con objeto de poder formular políticas y recomendaciones constructivas.

En noviembre de 1994, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana) adoptó una resolución sobre Argelia en la que figuraba su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria. La resolución también pide «a la comunidad internacional que se movilice y apoye a las fuerzas democráticas en Argelia y en el exterior en sus esfuerzos por restaurar la paz, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Argelia». Esta resolución se hizo constar en el comunicado final de la decimosexta sesión ordinaria de la Comisión Africana(22). En su decimoséptima sesión ordinaria, celebrada en marzo de 1995, la Comisión Africana decidió debatir de nuevo las resoluciones adoptadas en la sesión anterior y procedió a volver a adoptarlas todas excepto la referente a Argelia(23).

El doble rasero que la comunidad internacional aplica a la crisis de derechos humanos de Argelia queda meridianamente claro cuando se observa la actitud que ha tomado con los solicitantes de asilo argelinos: tras el homicidio de unos 100 extranjeros en Argelia y las amenazas de muerte del GIA contra los extranjeros, la mayoría de los gobiernos occidentales adoptaron grandes medidas de protección en sus embajadas en Argelia y avisaron a sus ciudadanos de que no viajaran al país. Tomaron estas medidas por considerar que el riesgo era grande y que las autoridades argelinas no podían proteger adecuadamente a sus ciudadanos.

Por otro lado, los argelinos que esperaban escapar de la muerte buscando refugio en países occidentales han visto cómo sus solicitudes de asilo eran rechazadas porque «no pudo probarse que corrieran peligro en su país», o «no pudo probarse que no pudieran conseguir protección de las autoridades de su país». Y esto a pesar del hecho de que han muerto decenas de miles de argelinos, y de que los homicidios, las matanzas, las «desapariciones»y otros abusos graves son algo cotidiano.

Si no es posible proteger adecuadamente a un puñado de extranjeros, la mayoría de los cuales vive en condiciones mucho más seguras que los argelinos, ¿cómo puede decirse que éstos, que son la inmensa mayoría de las víctimas de la violencia, no corren peligro? Adoptando esta postura, los gobiernos occidentales han demostrado que no conceden el mismo valor a la vida de los argelinos que a la de sus ciudadanos.

Además, los gobiernos occidentales no sólo no han ofrecido protección a los solicitantes de asilo argelinos, sino que han hecho prácticamente imposible que los argelinos consigan visados para sus países, negándoles así la posibilidad de escapar de la muerte. Los hombres, mujeres y niños que han muerto en las recientes matanzas no estaban dentro de la selectísima categoría de personas que pueden conseguir visados para los países occidentales según las actuales normas para su expedición. Incluso aunque hubieran conseguido llegar a los países occidentales por otros medios y pedir asilo, lo más probable es que su solicitud hubiera sido rechazada con el argumento de que no había pruebas de que corrieran ningún riesgo concreto en su país de origen. Y, sin embargo, fueron asesinados, y cada día mueren más personas. Si los gobiernos occidentales hubieran adoptado una postura más humana sobre este asunto, podrían haber salvado la vida.

Finalmente, en septiembre de 1997, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Parlamento Europeo recomendaron que se brindara protección internacional a los solicitantes de asilo argelinos que corrieran peligro si se les obligaba a volver a su país. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta recomendación, y considera que debe ser el primer paso para romper el muro de indiferencia de la comunidad internacional ante la difícil situación de las víctimas de abusos contra los derechos humanos en Argelia. La comunidad internacional debe tomar medidas concretas para mostrar su solidaridad con estas víctimas y garantizar que este problema –que es la razón por la que los solicitantes de asilo argelinos se han visto obligados a huir de su país– se resuelve sin más demora.

LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONALRecomendaciones al gobierno argelino Recomendaciones al gobierno argelino

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha dirigido numerosas recomendaciones al gobierno argelino y ha pedido a las autoridades que tomen medidas concretas para terminar con las ejecuciones extrajudiciales, torturas y «desapariciones», garantizar la realización de investigaciones inmediatas, independientes e imparciales en todos los casos de abusos contra los derechos humanos y el procesamiento de los responsables en juicios que cumplan todas las normas internacionales para la celebración de juicios justos y desmantelar todas las milicias paramilitares, garantizando que las operaciones de seguridad son llevadas a cabo únicamente por personal encargado de hacer cumplir la ley que haya recibido la formación necesaria y opere en un marco que asegure su responsabilidad.

Amnistía Internacional vuelve a pedir al gobierno argelino que ponga en práctica sin demora estas recomendaciones.

720 LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONALRecomendaciones a todos los grupos armados de oposición de Arg Recomendaciones a todos los grupos armados de oposiciónde Argelia

Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones a todos los grupos armados de oposición que operan en Argelia que dejen de hacer víctimas civiles y respeten el derecho más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. La organización reitera una vez más esta petición.

LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONALRecomendaciones a las Naciones Unidas Recomendaciones a las Naciones Unidas

El 15 de octubre de 1997, Amnistía Internacional lanzó un llamamiento junto con otras tres organizaciones internacionales de derechos humanos(24) en el que pedía a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONUque convocaran una Sesión Especial para abrir una investigación internacional sobre las últimas matanzas y otros abusos contra los derechos humanos, a fin de:

C establecer los hechos

C examinar las denuncias de responsabilidad

C efectuar recomendaciones

Amnistía Internacional cree que esta investigación podría sentar las bases para que la comunidad internacional tomara otras medidas concertadas. Sería el inicio de un proceso que debe incluir la elaboración de un plan de derechos humanos a largo plazopara Argelia, al que los organismos y agencias pertinentes de la ONUpodrían aportar sus conocimientos y experiencia.

La investigación internacional también debe hacer recomendaciones sobre los pasos para poner a disposición judicial a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional recomienda que las normas existentes de la ONUpara estas investigaciones, como las directrices para las investigaciones de las Naciones Unidas sobre presuntas matanzas, los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y el Manual para su aplicación, y los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales sirvan de base para elaborar el modelo y las competencias de una investigación internacional.

Además, el relator especial de la ONUsobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en virtud de su mandato permanente para investigar matanzas y violaciones del derecho a la vida, debe participar en el diseño de la investigación.

La investigación debe hacer referencia a las obligaciones que establecen los tratados suscritos por Argelia como forma objetiva de evaluar las leyes, políticas y acciones del gobierno: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, ambos de la ONU, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Se utilizarán también como guía otras normas internacionales relativas, entre otras cosas, a las «desapariciones», la detención arbitraria y la violencia contra la mujer.

Amnistía Internacional pide a la ONUque garantice una adecuada provisión de fondos y recursos para la investigación internacional.

LA INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Recomendaciones a otras organizaciones intergubernamentales

Recomendaciones a otras organizaciones intergubernamentales

La organización cree que la Unión Europea tiene varias opciones abiertas para trabajar en apoyo de una investigación internacional y asegurarse que llegue a hacerse realidad, a través del Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, entre otros organismos.

Amnistía Internacional insta a los Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana (OUA) a que apoyen la iniciativa de una investigación internacional. La organización cree que una estrecha cooperación y coordinación entre las Naciones Unidas y la OUAes fundamental para buscar soluciones duraderas a la situación.

Amnistía Internacional pide al presidente de la Comisión Africana que llame la atención del presidente de la OUAsobre la situación de graves y masivas violaciones de derechos humanos en Argelia, como dispone el artículo 58(3) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

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(1) En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en los que las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado fueron responsables de homicidios y secuestros de individuos y grupos de civiles atribuidos por las autoridades a «terroristas».

(2) En 1997, estos dos partidos se vieron obligados a eliminar de sus nombres toda referencia al islam para poder seguir existiendo. HAMAScambió su nombre por el de MSP (Movimiento de la Sociedad por la Paz), e Islamique Nahda eliminó del suyo la palabra Islamiquey pasó a denominarse Nahda.

(3) Abbassi Madani y Ali Belhadj fueron arrestados tras la huelga general organizada por el FISen junio de 1991. Fueron condenados a 12 años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, sabotear la economía y distribuir material subversivo. En septiembre de 1994 salieron de la cárcel y pasaron a situación de arresto domiciliario, pero volvieron a ser trasladados a la prisión unos meses más tarde. Desde comienzos de 1995, Ali Belhadj está detenido en un lugar secreto, sin poder ver a sus familiares ni a sus abogados, ni mantener contacto alguno con el mundo exterior. Abbassi Madani volvió a pasar a la situación de arresto domiciliario en un lugar secreto, y luego quedó en libertad en julio de 1997, pero volvió a quedar bajo arresto domiciliario en septiembre de 1997 tras enviar una carta abierta al Secretario General de la ONU. Abdelkader Hachani estuvo detenido sin juicio durante cinco años y medio, después de los cuales fue juzgado en julio de 1997 y condenado a cinco años de cárcel, pero quedó en libertad al haber permanecido detenido durante más tiempo que el impuesto por la sentencia.

(4) - Argelia: Miedo y silencio: Una crisis oculta de derechos humanos (Índice de AI: MDE 28/11/96/s); noviembre de 1996.

- Argelia: Matanza en la prisión de Serkadji (Índice AI: MDE 28/01/96/s); febrero de 1996.

- Argelia: La represión y la violencia deben cesar (Índice AI: MDE 28/08/94/s); octubre de 1994.

- Algeria: Executions after unfair trials; A travesty of justice (Índice de AI: MDE 28/15/93); octubre de 1993.

- Algeria: Deteriorating human rights under the state of emergency (Índice AI: MDE 28/04/93); marzo de 1993.

(5) La Tribune, 29-30 de agosto de 1997.

(6) Véanse La Tribune, 27 de julio de 1997, Le Matin, 26 de julio de 1997 y El Watan, 26 de julio de 1997.

(7) Véase El Khabar, 11 de septiembre de 1997.

(8) Le Matin, 8 de octubre de 1997.

(9) El decreto de emergencia «relativo a la lucha contra la subversión y el terrorismo» promulgado en septiembre de 1992 y anulado oficialmente a principios de 1995, quedó incorporado prácticamente en su totalidad al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Este decreto, y posteriormente las enmiendas de 1995 a ambos códigos, amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte, reduce la edad penal a los 16 años, aumenta el plazo de detención en régimen de incomunicación (de dos a 12 días), ofrece una vaga y amplia definición de actividades «terroristas» o «subversivas» y amplía los delitos que constituyen una amenaza para la seguridad del Estado, que ahora incluyen la reproducción o distribución de literatura «subversiva», la «justificación del terrorismo por cualquier medio» o la «actividad en cualquier asociación, grupo u organización en el extranjero terrorista o subversivo». La extrema vaguedad de la redacción de las disposiciones del Código Penal reformado se presta claramente a cometer abusos. No se aclara lo que está prohibido exactamente, y se juzga y se condena a los acusados sin pruebas suficientes de que hayan cometido un delito tipificado. Los procedimientos judiciales violan constantemente las normas internacionales de los juicios con las debidas garantías. Los tribunales aceptan habitualmente como pruebas confesiones de las que los acusados se han retractado en la sala por haberles sido extraídas bajo tortura, y se niegan a ordenar los exámenes médicos solicitados por los detenidos que denuncian haber sido torturados. Tampoco investigan la detención secreta prolongada de los acusados por parte de los servicios de seguridad , y se niegan a llamar a declarar a los testigos de la acusación cuyas declaraciones escritas son utilizadas contra los acusados y que son reclamados por la defensa para interrogarlos.

(10) Artículo 51 del Código de Procedimiento Penal (tras la enmienda de la Orden 95-10 de 25 de febrero de 1995).

(11) El doctor Ouziala ya había sido arrestado en febrero de 1992 y permaneció en detención administrativa sin cargos ni juicio durante casi cuatro años en un campo del desierto en el sur de Argelia, de donde salió sin cargos en diciembre de 1995. En febrero de 1996, volvió a su trabajo en el hospital. Tras su liberación en 1995, las fuerzas de seguridad lo citaban periódicamente para interrogatorios.

(12) La ley de clemencia (Qanun al-rahma), de febrero de 1995, dispone la retirada de cargos o la reducción de las penas a los implicados en actividades «terroristas» que se entreguen y se arrepientan.

(13) Véase el capítulo dedicado a las milicias apoyadas por el gobierno en el informe Argelia: Miedo y silencio: Una crisis oculta de derechos humanos(Índice AI: MDE 28/11/96/s), publicado en noviembre de 1996.

(14) Omar Belhouchet, director del diario en lengua francesa El-Watan,afirmó en noviembre de 1995, en una entrevista en el canal de la televisión francesa Canal +, que ciertos periodistas e intelectuales de cuya muerte se había culpado a los grupos armados de oposición realmente habían muerto a manos de agentes del Estado.

(15) El decreto del Ministerio del Interior, confidencial, establecía estrictos criterios para la cobertura de la información relacionada con la seguridad en los medios de comunicación.

(16) Véase el informe de Article 19: Secret decree: new attack on the media in Algeria; publicado el 10 de noviembre de 1994.

(17) Esta organización centró su investigación en la administración de justicia y la situación de la mujer en la legislación argelina.

(18) Human Rights Watch centró su investigación en los preparativos de las elecciones legislativas, antes del inicio de la campaña electoral, y también investigó algunos casos concretos de violaciones de derechos humanos.

(19) Declaración de la UEen 1996: «La Unión Europea continúa muy preocupada por la situación de los derechos humanos en Argelia. Condenamos todos los actos de violencia y pedimos que se respeten los derechos humanos y las leyes humanitarias. Pedimos al gobierno argelino que continúe con el proceso democrático iniciado con las elecciones presidenciales de noviembre de 1995 y que celebre elecciones legislativas libres y limpias tan pronto sea posible. Esperamos que Argelia continúe en el camino hacia la normalización política y social a través del diálogo pacífico y del proceso democrático.»

Declaración de la UEen 1997: «La UEestá muy preocupada por la situación de los derechos humanos en Argelia. Condenamos todos los actos de violencia y renovamos nuestra petición de que se respeten plenamente los derechos humanos. Nos preocupan especialmente los repetidos ataques terroristas, con asesinatos y violencia sexual, contra la población civil. La Unión Europea anima al gobierno argelino a continuar desarrollando el proceso democrático y a aumentar la estabilidad y la paz en el país. Esperamos la celebración de elecciones generales a mediados de 1997, seguidas de elecciones locales.»

(20) Resoluciones del 6 de abril de 1995, 12 de diciembre de 1996 y 18 de septiembre de 1997.

0 (21) La cláusula sobre derechos humanos (artículo 2) establece que el respeto de los principios democráticos y los principios fundamentales de derechos humanos inspira la política interior y exterior de la Comunidad (UE) y de Argelia, y es un elemento esencial del acuerdo.

(22) Comunicado final de la decimosexta sesión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Banjul, 3 de noviembre de 1994, ACHPR/COM.FIN/XVI; se hizo constar que la comisión adoptó resoluciones sobre Argelia, Gambia, Nigeria, Ruanda, el ejército, las formas contemporáneas de esclavitud y la situación de derechos humanos en África.

(23) Comunicado final de la decimoséptima sesión ordinaria de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Lomé, Togo, 22 de marzo de 1995, ACHPR/COM.FIN/XVII/Rev.3.

(24) La Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporters sans frontières.