AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: MDE 28/002/2010

Fecha: 22 de abril de 2010

Argelia: Investigar y juzgar las agresiones a mujeres

Las autoridades argelinas deben actuar urgentemente para investigar una serie de agresiones a mujeres y poner a sus autores a disposición judicial, ha dicho hoy Amnistía Internacional. En una carta dirigida hoy al ministro de Justicia de Argelia, la organización ha expresado su honda preocupación por los informes sobre agresiones en la ciudad de Hassi Messaoud, y ha pedido a las autoridades argelinas que indiquen claramente que no tolerarán la violencia contra las mujeres.

Según informes, durante los dos últimos meses las mujeres que viven en las zonas de “las 36 viviendas” y “las 40 viviendas” de Hassi Messaoud –un área petrolífera situada a 627 kilómetros al sudeste de Argel–, han sido víctimas de una oleada de agresiones por parte de grupos de hombres jóvenes no identificados. Al parecer, las agresiones se producen durante la noche, cuando los grupos (normalmente integrados por cinco o seis jóvenes) entran por la fuerza en domicilios de mujeres, al parecer para robar, las atacan, en ocasiones con navajas, y les quitan sus teléfonos móviles y sus joyas. Según informes, algunas mujeres también son víctimas de abusos sexuales, consistentes en desnudarlas e insultarlas, llamándolas “prostitutas”.

A Amnistía Internacional le resulta especialmente alarmante el hecho de que las agresiones parecen estar dirigidas deliberadamente contra mujeres. La mayoría de las agredidas han llegado a Hassi Messaoud en busca de trabajo y viven solas con otras mujeres de su familia o con sus hijos. Se teme que se las esté agrediendo no sólo por ser mujeres, sino por vivir solas y ser económicamente independientes. Según algunos informes, el motivo de las agresiones también ha sido que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no las protegen eficazmente ni ponen a disposición judicial a los agresores.

Según los informes, las agresiones han aumentado en las últimas semanas: en la noche del 8 al 9 de abril, al menos cinco casas fueron asaltadas en el vecindario conocido como “las 36 viviendas”. Tras el incidente, varias mujeres agredidas acudieron a la comisaría local a presentar denuncia. Tras publicarse en el periódico El Watandel 11 de abril un artículo sobre los ataques escrito por Salima Tlemcani, al parecer los agentes han llamado al menos a una mujer como parte de la investigación. Los informes indican también que desde el 12 de abril se ha desplegado por las noches a miembros de las fuerzas de seguridad para vigilar la situación.

En su carta, Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por los esfuerzos que ya han realizado las autoridades, pero ha subrayado que los hechos deben investigarse sin demora y de manera rápida, independiente e imparcial. La organización ha pedido que las personas halladas responsables sean llevadas ante la justicia en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales. Amnistía Internacional también ha subrayado que debe proporcionarse a las mujeres agredidas un recurso efectivo, incluido el acceso al asesoramiento y los servicios sociales y de atención a la salud que puedan necesitar. Las autoridades también tienen la responsabilidad de garantizar que todas las denunciantes, los testigos y sus familias son protegidos de actos y amenazas de violencia y de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir durante las investigaciones. Además, las autoridades deberán afirmar taxativamente que las mujeres tienen derecho a no sufrir actos o amenazas de violencia independientemente de cuál sea su estado civil.

Por último, Amnistía Internacional ha pedido de nuevo a las autoridades de Argelia que respeten y defiendan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos relativas a la lucha contra la violencia contra las mujeres. A tal fin es preciso que las autoridades efectúen una enérgica condena de dicha violencia, como recomienda el artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que, además, pide a los Estados que procedan con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades argelinas también están obligadas a garantizar que las víctimas de estas acciones de violencia, tanto si han sido cometidas por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales o por particulares, puedan interponer un recurso efectivo. Como afirmó el Comité de Derechos Humanos en su Observación general número 31: “[...] sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometen particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que pueden aplicarse entre particulares o entidades privadas”.

El Comité añade: “Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2 [del PIDCP], los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado”.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de especial preocupación que las autoridades argelinas aún no hayan aplicado plenamente la recomendación formulada en 2005 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que instaba “al Estado Parte a que dé una alta prioridad a la formulación y aplicación de una legislación sobre la violencia contra las mujeres”. El Comité recomendó que las autoridades de Argelia adopten “medidas para evitar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, por medio de la educación y la concienciación de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, el poder judicial, los proveedores de servicios de salud, los trabajadores sociales y el público en general”. Recomendó también que se adoptaran medidas para proporcionar asistencia médica, psicológica y jurídica a las víctimas de la violencia.

Amnistía Internacional se hace eco del llamamiento para que las autoridades argelinas adopten “una estrategia de tolerancia cero en la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de violencia contra la mujer”, formulado en 2007 por la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Información complementaria
Esta última serie de incidentes en Hassi Messaoud pone de manifiesto la importancia de abordar adecuadamente los incidentes de violencia de género a fin de asegurarse de que las violaciones no vuelven a repetirse y de terminar con la cultura de impunidad para los abusos contra las mujeres. Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones a las autoridades argelinas que abordaran adecuadamente los incidentes que tuvieron lugar en Hassi Messaoud en julio de 2001, cuando unos 300 hombres agredieron a un grupo de mujeres. La mayoría de las víctimas fueron sometidas a agresiones sexuales, algunas fueron violadas y tres de ellas fueron violadas en grupo. A varias las apuñalaron en la cara o el cuerpo, y a otras las quemaron. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, sólo se acusó de violación a un hombre, que fue condenado a ocho años de cárcel. No hubo ninguna otra persona procesada por otras agresiones sexuales.

En Argelia no hay leyes que aborden adecuadamente la violencia contra las mujeres. Según la legislación argelina, la violación es punible con hasta 10 años de cárcel, pero no está definida. El Código Penal argelino tampoco define otras formas de violencia sexual distintas de la violación, pero éstas pueden ser consideradas bajo la figura de abusos deshonestos.