Documento - Libya: Human Rights Agenda for Change

Reform the justice system

Índice: MDE 19/028/2011

8 de septiembre de 2011

LIBIA: Agenda de derechos humanos para el cambio

Tras 42 años de brutal represión y casi siete meses de conflicto, la población de Libia mira ahora hacia el futuro con la esperanza de construir un Estado basado en el respeto por los derechos humanos y por el Estado de derecho. En los últimos meses, esta población ha pagado un elevado precio por plantar cara a la represión y la injusticia y por reclamar su derecho a vivir con dignidad y participar en la modelación de su futuro.

Mientras estuvo en el poder, el coronel Muamar al Gadafi gobernó con puño de hierro, sofocando toda libertad y toda forma de disidencia política. Sus opositores sufrieron acoso, detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial, tanto en Libia como en el extranjero. Muchos han sido objeto de desaparición forzada. Libia carecía de sociedad civil independiente, prensa libre y partidos políticos. Las instituciones públicas eran básicamente ineficaces o, como sucedió con el sistema de justicia penal, se convirtieron en herramientas de represión. La población no se fía de ellas. La corrupción es endémica, y la riqueza generada por el petróleo solamente ha beneficiado a unos pocos.

La población libia también ha padecido enormemente durante el conflicto que estalló tras las manifestaciones de mediados de febrero de 2011. Ha sufrido abusos adicionales contra los derechos humanos, unos abusos que, en ocasiones, parecen constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre las víctimas ha habido también muchos ciudadanos extranjeros del África subsahariana y de otros países, que ya se encontraban en una situación precaria antes del conflicto. Estos extranjeros, junto con la población libia de raza negra, especialmente de las regiones de Tawargha y Sabha y otras zonas consideradas leales al coronel Gadafi, como Sirte y Bani Walid, siguen estando especialmente expuestos a los ataques de represalia.

Otros grupos que han sufrido represión durante el gobierno del coronel Gadafi se vuelven ahora hacia las nuevas autoridades libias para que protejan y hagan realidad sus derechos humanos. Entre ellos se encuentra la comunidad amazigh, que ha visto largamente reprimido el uso de su lengua y el disfrute de su cultura. Las políticas y prácticas discriminatorias también han afectado a miembros de la comunidad tabu, en Kufra.

Las nuevas autoridades libias, representadas por el Consejo Nacional de Transición (CNT), se enfrentan a grandes desafíos. Uno de ellos es la tarea urgente de restablecer el orden público en todo el país, crear instituciones estatales y romper con el legado de impunidad total para los abusos contra los derechos humanos.

El CNT se ha comprometido a establecer un Estado democrático y multipartidista basado en el respeto por los derechos humanos fundamentales. En agosto de 2011, el Consejo emitió una Declaración Constitucional en la que se consagran estos y otros principios, como el respeto por las libertades fundamentales, la no discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas –incluida la discriminación de género, raza e idioma– y el derecho a un juicio justo y al asilo.

Amnistía Internacional contempla con satisfacción estos compromisos de los nuevos dirigentes libios, e insta a que se hagan realidad, tomando los derechos humanos como piedra angular de la transición política y del programa general de reforma institucional. La comunidad internacional debe ayudar a Libia en este proceso.

Como contribución al programa de reforma de los derechos humanos en Libia, Amnistía Internacional presenta a las nuevas autoridades del país la siguiente Agenda de derechos humanos para el cambio.

AmnISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LAS AUTORIDADES DE TRANSICIÓN LIBIAS QUE:

Reformen el sector de seguridad y cumplimiento de la ley

  • Pongan bajo la supervisión del Ministerio del Interior a todos los grupos que desempeñan labores policiales en las ciudades libias y practican “detenciones” de presuntos partidarios del anterior gobierno y presuntos mercenarios.

  • Garanticen que los cuerpos de seguridad y de cumplimiento de la ley actúan de plena conformidad con la ley; en particular, que garanticen –mediante, entre otras cosas, la reforma del artículo 13 del Código de Procedimiento Penal– que sólo los miembros de la policía judicial tienen poder para detener, recluir e interrogar.

  • Pongan en marcha un proceso de desarme que incluya las armas pequeñas, recojan las armas y municiones sobrantes que circulan entre la población –utilizando una combinación de incentivos colectivos o individuales dirigidos a regular, someter a permisos y reducir lo más posible toda posesión de armas por parte de civiles– y destruyan de manera segura el excedente de armas y munición, que claramente supera las necesidades nacionales.

  • Detengan la proliferación de armas. Tomen medidas inmediatas para guardar a buen recaudo todos los arsenales nacionales de las fuerzas armadas, la policía y otros cuerpos de seguridad, marquen todas las armas y artículos afines para facilitar el rastreo y la rendición de cuentas efectivos, y garanticen un sistema efectivo de certificados y licencias de usuario final para controlar todas las importaciones y exportaciones de armas y equipo de seguridad.


  • Disuelvan la Agencia de Seguridad Interna y otros cuerpos de seguridad que hayan perpetrado abusos sistemáticos contra los derechos humanos.

  • Reformen los cuerpos de seguridad y cumplimiento de la ley para garantizar que sus políticas, procedimientos y prácticas cumplen el derecho y las normas internacionales, incluidos tanto el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

  • Establezcan criterios y procedimientos claramente definidos para el reclutamiento y la formación de los miembros de los cuerpos de seguridad y cumplimiento de la ley, con el fin de garantizar que respetan y protegen los derechos humanos y que actúan de acuerdo con las normas relativas a la conducta profesional.

  • Establezcan mecanismos efectivos de supervisión, presentación de quejas y adopción de medidas disciplinarias para garantizar que estos cuerpos y sus miembros rinden cuentas por el incumplimiento de las normas de derechos humanos.

  • Establezcan un sistema de examen de antecedentes para garantizar que, mientras se llevan a cabo las investigaciones, los agentes de seguridad o cumplimiento de la ley sobre quienes existan pruebas de que han cometido violaciones graves de derechos humanos no continúan en puestos donde puedan repetir esas violaciones ni son asignados a ellos.

Reformen el sistema de justicia penal

  • Revisen el sistema de justicia penal, y en particular eliminen los tribunales especiales y las instituciones afines, incluidos el Tribunal de Seguridad del Estado y la Fiscalía.

  • Garanticen la independencia del poder judicial, consagrando en la ley la seguridad de tenencia del cargo por parte de los jueces –con salvaguardias efectivas contra la injerencia política–, garantizando procedimientos independientes para la selección de los funcionarios judiciales y garantizando que las personas designadas son íntegras y capaces y cuentan con la cualificación adecuada.

  • Garanticen que los civiles son juzgados exclusivamente en tribunales ordinarios y conforme a la ley, para que ninguno sea juzgado ante tribunales militares, especiales o de seguridad del Estado.

  • Garanticen el derecho a un juicio justo en todas las etapas, de acuerdo con los instrumentos internacionales, en especial el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La legislación libia debe garantizar la igualdad ante los tribunales, el derecho a una vista imparcial y pública por parte de un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido por la ley, el derecho a una indemnización en casos de error judicial en causas penales, y el derecho a no ser juzgado o castigado de nuevo por un delito que ya ha sido enjuiciado (ne bis in idem).

  • Garanticen el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a una reparación completa y efectiva.

Pongan fin a la detención arbitraria y en régimen de incomunicación

  • Pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluso en el contexto del conflicto, y garanticen que las detenciones y reclusiones arbitrarias cesan de inmediato y que nadie es privado de su libertad salvo que sea de acuerdo con los procedimientos y por los motivos establecidos por la ley libia de conformidad con el derecho y las normas internacionales.

  • Garanticen que nadie es privado de su libertad exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, asociación o reunión, incluidos quienes expresan pacíficamente su apoyo al coronel Muamar al Gadafi.

  • Reformen la legislación para establecer salvaguardias contra la detención arbitraria, incluida la detención prolongada sin cargos ni juicio, sin acceso a asistencia letrada y sin posibilidad de impugnar la legalidad de la detención.

  • Deroguen los artículos 187 Bis A, B y C del Código de Procedimiento Penal que estipulan un tratamiento diferente para los acusados de “delitos contra el Estado” en virtud del Código Penal.

  • Garanticen que todas las personas detenidas comparecen sin demora ante un juez u otra autoridad judicial, y que existen mecanismos para que los detenidos puedan impugnar de forma efectiva la legalidad de su detención.

  • Pongan fin a la práctica de la detención prolongada en régimen de incomunicación: garanticen que los detenidos tienen acceso sin demora a su familia, a atención médica independiente y a un abogado de su elección.

  • Garanticen que todos los centros de detención quedan bajo el control del Ministerio de Justicia y bajo la supervisión de la Fiscalía. En todo momento debe haber acceso regular, independiente, sin aviso previo y sin restricciones, incluido por parte de mecanismos independientes, a todos los lugares donde se mantiene a personas privadas de libertad.

Erradiquen la tortura y otros malos tratos

  • Condenen públicamente la tortura y otros malos tratos y dejen claro a los cuerpos de seguridad y cumplimiento de la ley que esos abusos no se tolerarán en ninguna circunstancia.

  • Definan la tortura como delito en el Código Penal libio, garantizando que dicha definición es conforme a la expuesta en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que la legislación Libia es plenamente conforme con dicha convención. Deben prohibirse todas las formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante.

  • Lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso aunque no se hayan presentado denuncias formales, y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesen a los responsables en juicios justos celebrados en virtud de leyes que establezcan penas proporcionales a la gravedad del delito, sin recurrir a la pena de muerte.

  • Deroguen toda legislación que permita la aplicación de castigos corporales, como la flagelación o la amputación, incluidas la Ley 70 de 1973, la Ley 52 de 1974 y la Ley 13 de 1425.

Respeten y protejan las libertades de expresión, asociación y reunión

  • Consagren en la nueva Constitución libia y en otras leyes el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, permitiendo únicamente las limitaciones necesarias y proporcionadas para un propósito legítimo, conforme establece el derecho internacional de los derechos humanos.

  • Deroguen todas las disposiciones legales que penalizan las actividades que constituyen un ejercicio pacífico de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluidas la Ley 71 de 1972, sobre la Criminalización de Partidos, y algunos artículos (como los artículos 178, 195, 206, 207 y 208) del Primer Capítulo del Segundo Libro del Código Penal (Ley 48 de 1956, promulgada el 23 de septiembre de 1956, que modifica una serie de disposiciones del Código Penal), relativos a delitos “contra el Estado”.

  • Deroguen o reformen la Ley 19 de 1369 sobre la Reorganización de las Asociaciones Civiles, para permitir el establecimiento de organizaciones y partidos políticos independientes.

Defiendan los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

  • Ratifiquen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967, y adopten legislación relativa al asilo que sea conforme con el derecho y las normas internacionales.

  • Establezcan un memorando de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y le permitan de inmediato acceso sin restricciones en todo el país a todas las personas sobre las que pueda existir preocupación, en particular a todos los centros de detención donde pueda haber recluidas personas necesitadas de protección internacional.

  • No devuelvan, en ninguna circunstancia, a refugiados, solicitantes de asilo u otras personas necesitadas de protección internacional a un país donde corran peligro de ser perseguidas o de sufrir otros daños graves, como abusos graves contra los derechos humanos. Cesen de inmediato todas las expulsiones arbitrarias o colectivas.

  • Condenen públicamente los ataques violentos contra personas del África subsahariana.

  • Protejan a las personas sospechosas de ser migrantes irregulares frente a la explotación, la violencia, la intimidación y otros abusos, y lleven a los responsables de dichos abusos ante la justicia.

  • Reformen la Ley 6 de 1987, relativa a la Organización de la Entrada, la Estancia y la Salida de extranjeros en Libia, y la Ley 19 de 2010, sobre la Migración Irregular, para garantizar que toda persona con ciudadanía extranjera, ya sea refugiada, solicitante de asilo o migrante, únicamente es detenida por su condición de inmigrante sobre la base de una decisión individualizada que sea demostrablemente legal, necesaria y proporcional al objetivo que se desea alcanzar, y que se tome por motivos que las normas tanto internacionales como regionales reconozcan específicamente como legítimos.

Luchen contra la impunidad

  • Establezcan mecanismos independientes efectivos para determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas desde septiembre de 1969. Esos mecanismos deben estar facultados para realizar registros y confiscaciones, emitir citaciones y acceder a los archivos y a todos los documentos y recursos necesarios para realizar su labor de forma efectiva.

  • Reformen la legislación nacional para incluir los delitos de derecho internacional como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Las definiciones de estos delitos deben ser conformes al derecho internacional. No debe haber obstáculos –tales como amnistías, inmunidad o prescripción– para su enjuiciamiento.

  • Investiguen todos los delitos de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, incluida la violencia por motivos de género, cometidos en Libia. Procesen a los presuntos autores cuando haya pruebas admisibles suficientes.

  • Garanticen que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación completa y efectiva –que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición– para abordar su sufrimiento y ayudarlas a rehacer sus vidas. En particular, las víctimas deben poder pedir reparación ante los tribunales nacionales. Asimismo, deben establecerse programas de reparación.

Pongan fin a la discriminación por cualquier motivo

  • Tomen medidas efectivas para combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, en particular contra las personas de piel oscura, con medidas como la exaltación de la diversidad étnica de la población libia y la positiva contribución de las personas migrantes, incluidas las del África subsahariana, a la sociedad, la economía y el desarrollo de Libia.

  • Pongan fin a las medidas discriminatorias contra la comunidad tabu. En particular, deben poner fin a los desalojos forzados, facilitar la emisión de certificados de nacimiento y permisos de conducir, y garantizar que los miembros de esta comunidad pueden renovar o ampliar sus pasaportes y otros documentos de identificación.

  • Pongan fin a la discriminación tanto en la ley como en la práctica contra la comunidad amazigh. Garanticen que la Ley 24 de 1369 (que prohíbe el uso de lenguas que no sean la árabe, y de “nombres no árabes, no musulmanes”, en publicaciones, documentos oficiales, espacios públicos y empresas privadas) se reforma para respetar el derecho y las normas internacionales.

  • Revisen, reformen o deroguen todas las leyes que discriminan por motivos de raza, color, religión, origen étnico, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, u otra condición.

  • Garanticen que las mujeres gozan de igualdad de acceso a la verdad, la justicia y la reparación, lo que incluye establecer estrategias específicas para abordar los obstáculos por razón de género.

  • Deroguen toda la legislación discriminatoria relativa al matrimonio, el divorcio y la herencia, incluida la Ley 10 de 1984 sobre Matrimonio, Divorcio y sus Consecuencias.

  • Despenalicen las relaciones sexuales consentidas entre adultos reformando los artículos 407 y 408 del Código Penal libio y derogando la Ley 70 de 1973, relativa al Establecimiento de la sanción preceptiva de Hadd para el delito de Zina y la Reforma de Varios Artículos del Código Penal.

  • Retiren todas las reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que contradicen el objeto y el propósito del tratado.

  • Apliquen la recomendación de febrero de 2009 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que pide a las autoridades libias que tomen todas las medidas adecuadas para incrementar la representación de las mujeres en los poderes ejecutivo y legislativo y en la vida política.

Garanticen la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales

  • Garanticen, para toda la población, la satisfacción de unos niveles mínimos de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, el agua, instalaciones de saneamiento, atención de la salud y vivienda y, si es necesario, soliciten la cooperación y la asistencia internacionales para conseguirlo.

  • Garanticen la ausencia de discriminación en el acceso a servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, las instalaciones de saneamiento y la atención de la salud.

  • Revisen las leyes y las instituciones del país para garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales pueden interponer recursos efectivos.

Tomen medidas para abolir la pena de muerte

  • Establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte, de conformidad con las resoluciones 62/149, 63/168 y 65/206 de la Asamblea General de la ONU, que piden dicha moratoria.

  • Conmuten formalmente todas las condenas de muerte.

  • Garanticen que, en los casos de pena de muerte, se respetan las normas internacionalmente reconocidas más rigurosas respecto a la celebración de juicios justos.

  • Revisen todas las leyes libias y el borrador de Código Penal para garantizar que la pena de muerte se limita a “los delitos más graves”, conforme establece el PIDCP, con miras a su abolición total.

Establezcan una institución nacional de derechos humanos

  • Establezcan una institución nacional encargada de investigar y abordar las violaciones de derechos humanos, de conformidad con los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París).

Cooperen con los mecanismos de la ONU y ratifiquen los tratados internacionales

  • Cooperen plenamente con las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y con la Comisión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en la Yamahiriya Árabe Libia.

  • Ratifiquen el Estatuto de Roma de la CPI y promulguen legislación que establezca la plena cooperación con la CPI.

  • Ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura para establecer un sistema de visitas periódicas de órganos independientes internacionales y nacionales a los lugares donde se recluye a personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

  • Ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo cual incluye reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada mediante la formulación de declaraciones en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención.

  • Cursen invitaciones al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, al relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y cursen invitaciones permanentes a todos los mecanismos de la ONU.

  • Adopten las buenas prácticas identificadas por la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU para controlar las armas y las municiones, y ratifiquen las convenciones internacionales para prohibir la transferencia y el uso de armas inhumanas, como las minas antipersonal y las municiones de racimo.

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