Documento - Israel y los Territorios Ocupados.Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes

a[Fecha de difusión: 18 de mayo de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Israel y los Territorios Ocupados

Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes


Mayo de 2004

Resumen

Índice AI: MDE 15/033/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE150332004

En los últimos tres años y medio, el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes han destruido en Israel y los Territorios Ocupados más de 3.000 viviendas, inmensas extensiones de tierra de cultivo y centenares de bienes más. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños han perdido su hogar y sus medios de vida. Miles de viviendas más han sufrido daños, en muchos casos irreparables, y decenas de miles corren peligro de ser demolidas.

Los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas suelen llevarse a cabo sin previo aviso y a menudo de noche. Apenas se da tiempo a las familias para que abandonen sus casas, y mucho menos para que saquen de ellas sus pertenencias. A menudo la única advertencia es el estruendo de los bulldozer del ejército israelí, por lo que la gente casi no tiene tiempo de huir antes de que las máquinas comiencen a destruir sus casas. En la mayoría de los casos, las autoridades israelíes sostienen que si se destruyen viviendas, tierras de cultivo y otros bienes es por “necesidades militares y de seguridad”, y si no, la justificación es la falta de permiso de construcción. El resultado es siempre el mismo: la familia se queda sin casa y en la indigencia, por lo que se ve obligada a depender de la caridad de sus parientes y de las organizaciones humanitarias para su alojamiento y sustento.

La destrucción de viviendas, tierras y otros bienes ha dado lugar a violaciones generalizadas del derecho a una vivienda y un nivel de vida adecuados, que han afectado a decenas de miles de personas, y constituye también una violación de principios fundamentales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En Israel, la demolición de viviendas afecta fundamentalmente a las casas de los ciudadanos palestinos de Israel (árabes israelíes) y está vinculada a la política estatal de confiscación en gran escala de tierras, la imposición de restrictivos reglamentos de urbanismo en el sector árabe y la distribución discriminatoria de las tierras del Estado. La suma de estos factores hace que a los árabes israelíes les resulte muy difícil o, a menudo, imposible obtener permiso de construcción para satisfacer su creciente necesidad de viviendas. Aunque las infracciones de los reglamentos de urbanismo y construcción son también generalizadas en el sector judío, es en el árabe donde se procede con frecuencia a la demolición de viviendas.

En los Territorios Ocupados, la destrucción de viviendas y tierras palestinas está vinculada a la política israelí de apropiación de la mayor cantidad posible de las tierras ocupadas, en especial mediante la creación de asentamientos, lo cual constituye una violación de derecho internacional. Israel tiene derecho a tomar medidas razonables, necesarias y proporcionadas para proteger la seguridad de sus ciudadanos contra atentados suicidas con bomba y otros ataques de palestinos. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, Israel, como potencia ocupante, tiene prohibido destruir bienes palestinos si no es absolutamente necesario por motivos militares legítimos, no para ampliar asentamientos ilegales o para crear su infraestructura ni como represalia por ataques de palestinos. Los afectados han de tener derecho a impugnar legalmente toda orden de confiscación o destrucción. Incluso en los casos en que quepa justificar la destrucción por ser absolutamente necesaria para las operaciones militares, Israel debe buscar alternativas menos drásticas. La demolición sólo debe llevarse a cabo como último recurso. En los últimos tres años y medio, el ejército israelí ha perpetrado una destrucción masiva de viviendas y bienes en toda Cisjordania y la Franja de Gaza, que no estaba justificada por necesidades militares. Algunos de estos actos de destrucción constituyen infracciones graves del cuarto Convenio de Ginebra y son crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ha documentado en numerosos informes el deterioro de la situación de los derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados. En los últimos tres años y medio, el ejército israelí ha matado a unos 2.500 palestinos, en su mayoría desarmados y entre los que había unos 450 niños. Los grupos armados palestinos han matado a más de 900 Israelíes, en su mayoría civiles y entre los que había más de un centenar de niños. Decenas de miles de personas han sufrido lesiones, y muchas se han quedado lisiadas para toda la vida. Las restricciones sin precedente de la libertad de circulación impuesta por Israel a los 3.500.000 palestinos de los Territorios Ocupados ha causado sufrimientos indecibles al impedir a los palestinos el acceso a sus lugares de trabajo, a los centros educativos y médicos y a otros servicios básicos. El desempleo ha ascendido a más del 40 por ciento, dos tercios de la población viven por debajo del umbral de pobreza y la desnutrición y otros problemas de salud van en aumento.

En el presente informe se analizan desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de derechos humanos las principales pautas y tendencias de los desalojos forzosos, las demoliciones de viviendas y la destrucción de bienes llevados a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes en Israel y los Territorios Ocupados.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes a que anulen todas la órdenes de demolición de viviendas construidas sin permiso y declaren una suspensión de los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas; que garanticen que las leyes y políticas que regulan la calificación y distribución de la tierra se reforman y se aplican de manera no discriminatoria; que concedan reconocimiento jurídico a los pueblos no reconocidos y seguridad de tenencia a sus habitantes; que pongan fin a la demolición de viviendas como medida punitiva y a la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes sin necesidad militar absoluta; que detengan la creación y expansión de asentamientos israelíes e infraestructuras conexas en los Territorios Ocupados y tomen medidas para evacuar a los civiles israelíes que viven en estos asentamientos; que detengan la construcción de la valla/muro dentro de los Territorios Ocupados y eliminen las partes ya construidas; que investiguen todos los casos de destrucción y confiscación de bienes de los últimos tres años y medio y ofrezcan reparación a las personas cuyos bienes han sido destruidos ilegalmente; que inviten a la comunidad internacional a desplegar observadores que vigilen la conducta del ejército israelí, los grupo palestinos armados y las fuerzas de seguridad palestinas. Amnistía Internacional insta a la Autoridad Palestina a que tome todas las medidas posibles para impedir los ataques de particulares y grupos armados palestinos contra civiles israelíes y para garantizar que tales particulares y grupos no inician enfrentamientos armados desde zonas civiles residenciales. La organización reitera su llamamiento a todos los grupos armados palestinos para que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles israelíes.



Este texto resume el documento Israel y los Territorios Ocupados – Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes (Índice AI: MDE 15/033/2004), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


[Fecha de difusión: 18 de mayo de 2004]

Público

Amnistía Internacional


Israel y los Territorios Ocupados

Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes





Mujer sentada entre los restos de su hogar, en el campo de refugiados de Al ‘Ayn, en Naplusa. La casa sufrió daños irreparables al destruir el ejército el edificio contiguo en octubre de 2002 como medida punitiva. © Amnistía Internacional


Índice


a[Fecha de difusión: 18 de mayo de 2004] 1

Público 1

Israel y los Territorios Ocupados 1

Mayo de 2004 1

Resumen 1

Índice AI: MDE 15/033/2004 1

[Fecha de difusión: 18 de mayo de 2004] 4

Público 4

Israel y los Territorios Ocupados 4

Índice 5

Israel y los Territorios Ocupados 1

I. INTRODUCCIÓN 1

II. Marco histórico 4

III. CAUSAS Y EFECTOS DE LAS DESTRUCCIÓN DE BIENES Y LOS DESALOJOS FORZOSOS 7

III. 1. Efectos en la situación económica 9

III. 2. Efectos en las mujeres 10

IV. DESTRUCCIÓN POR “NECESIDADES MILITARES Y DE SEGURIDAD” 11

IV. 1. Demolición de viviendas como medida punitiva 11

IV. 2. Destrucción “preventiva” y por “seguridad” 14

IV. 2.1 Cisjordania 14

IV.2.2 Granjas y tierras de cultivo destruidas para construir la valla/muro 18

IV. 2.3 La Franja de Gaza 19

IV. 2.4 Destrucción de tierras confiscadas “temporalmente” 25

IV. 3. Los argumentos de Israel para justificar la destrucción llevada a cabo en los Territorios Ocupados: “necesidades militares y de seguridad” 27

IV. 4. Definición de objetivos legítimos, actividades de combate y proporcionalidad 29

IV. 5. El argumento de que los bienes han sido utilizados para ataques 30

IV. 6. El argumento de que los bienes destruidos estaban “abandonados” 31

IV. 7. Desprotección por parte del Tribunal Supremo de Israel del derecho internacionalmente garantizado a la vivienda 32

V. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO: DISCRIMINACIÓN EN LA POLÍTICA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y EN SU APLICACIÓN 33

V. 1. Información general sobre la demolición de viviendas construidas sin permiso 33

V. 2. Políticas de urbanismo y construcción 34

V. 3. Restricción de la construcción en los Territorios Ocupados desde los acuerdos de Oslo 36

V. 4. Relación de los asentamientos israelíes con la restricción de la construcción a los palestinos 38

V. 5. Confiscación y expropiación de tierras 40

V. 6. Aplicación discriminatoria de los reglamentos de urbanismo y construcción 41

V. 7. Los pueblos beduinos no reconocidos de la región del Negev: intrusos en sus propios hogares 43

V. 8. Restricción de la urbanización y la construcción en Jerusalén Oriental 46

VI. NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES APLICABLES 50

VI. 1. Aplicabilidad del derecho internacional en los Territorios Ocupados 50

VI. 2. Derecho internacional de derechos humanos 52

VI. 2.1 El derecho a la vivienda 52

VI. 2.2 Discriminación 54

VI. 2.3 Desalojo forzoso 55

VI. 2.4 El proceso debido y el derecho a un recurso efectivo 58

VI. 3. Derecho internacional humanitario 58

VI. 3.1 Prohibición de la destrucción de bienes y el uso desproporcionado de la fuerza 59

VI. 3.2 Prohibición del castigo colectivo 61

VII. RECOMENDACIONES 62


Israel y los Territorios Ocupados

Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes

I. INTRODUCCIÓN

Israel lleva décadas aplicando una política de desalojos forzosos1 y demolición de viviendas de palestinos de los Territorios Ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza y de árabes israelíes de Israel. En los últimos tres años y medio, la destrucción llevada a cabo por el ejército israelí en los Territorios Ocupados ha alcanzado proporciones sin precedente. Las víctimas suelen pertenecer a los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad tanto palestina como israelí. La mayoría de las viviendas que el ejército israelí ha demolido en los Territorios Ocupados eran el hogar de familias de refugiados, que habían huido o habían sido expulsados por las fuerzas israelíes durante la guerra que estalló tras la creación del Estado de Israel en 1948.

En los últimos tres años y medio, el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes han destruido en Israel y los Territorios Ocupados más de 3.000 viviendas, centenares de edificios públicos y de establecimientos comerciales privados y grandes extensiones de tierra de cultivo. Decenas de miles de personas han sido desalojadas forzosamente de sus hogares y se han quedado sin casa o sin sus medios de vida. Asimismo, millares de viviendas y bienes han sufrido daños, en muchos casos irreparables, y decenas de miles de casas más corren peligro de ser demolidas, por lo que sus habitantes viven con el temor de ser desalojados a la fuerza y perder su hogar.

Los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas suelen realizarse sin previo aviso y a menudo de noche. Apenas se da tiempo a los ocupantes de las casas para salir de ellas. A veces se les conceden unos minutos o media hora, plazo insuficiente para sacar sus pertenencias. Con frecuencia, la única advertencia es el estruendo de los bulldozer y tanques militares israelíes, por lo que la gente no tiene casi tiempo de huir antes de que las máquinas comiencen a derribar las paredes de sus casas. Millares de familias han perdido su hogar y sus bienes bajo las palas de los bulldozer de la empresa estadounidense Caterpillar utilizados por el ejército israelí. Tras la demolición, vuelven a las ruinas de sus hogares y buscan entre los escombros para rescatar cuanto puedan, desde pasaportes y libros escolares hasta ropa, utensilios de cocina y muebles que no hayan sido destruidos.

En la mayoría de los casos, las autoridades israelíes sostienen que si se destruyen viviendas, tierras de cultivo y otros bienes es por “necesidades militares y de seguridad”, y si no, la justificación es la falta de permiso de construcción. El resultado es siempre el mismo: la familia se queda sin casa y en la indigencia, por lo que se ve obligada a depender de la caridad de sus parientes y de las organizaciones humanitarias para su alojamiento y sustento.

La destrucción de viviendas, tierras de cultivo y otros bienes palestinos en los Territorios Ocupados, incluido Jerusalén Oriental, está estrechamente relacionada con una política aplicada por Israel desde hace ya mucho tiempo y consistente en apropiarse de la mayor cantidad posible del territorio que ocupa, especialmente por medio de la creación de asentamientos. El establecimiento de asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados constituye una violación del derecho internacional humanitario,2 y la presencia de estos asentamientos ha sido causa de que se cometan violaciones masivas de derechos humanos contra la población local palestina.

Además de violar el derecho internacional humanitario en sí, la aplicación de la política israelí de establecer asentamientos en los Territorios Ocupados es contraria a disposiciones fundamentales de derechos humanos. La confiscación y apropiación de tierras para asentamientos, carreteras de circunvalación e infraestructura conexa y la distribución discriminatoria de otros recursos vitales, incluida el agua, han tenido devastadores efectos en los derechos fundamentales de la población local palestina, incluido su derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda.

Los asentamientos israelíes de Cisjordania y la Franja de Gaza se han extendido considerablemente en la última década, y en el mismo periodo el número de colonos israelíes ha aumentado en más del 50 por ciento.3Con la propagación de los asentamientos y la infraestructura conexa por los Territorios Ocupados, y a fin de garantizar la seguridad y la libertad de circulación de los colonos, el ejército israelí ha cometido de manera cada vez más frecuente graves violaciones de derechos humanos contra la población palestina. Entre tales violaciones figura la destrucción generalizada de viviendas, tierras y otros bienes palestinos, debido a la cual millares de personas ha sido desalojadas por la fuerza y han perdido su hogar.

En Israel la demolición va dirigida fundamentalmente contra las viviendas de los ciudadanos palestinos (árabes israelíes). En el sector árabe está vinculada a la política estatal de confiscación en gran escala de tierras y a restrictivos reglamentos de urbanismo. Gran parte de las tierras que rodean las ciudades y pueblos árabes han sido confiscadas, y la mayor parte del resto de las tierras de propiedad árabe han sido calificadas como zonas verdes, en las que está prohibido construir. Asimismo, la aplicación de políticas discriminatorias de distribución de las tierras del Estado ha reducido aún más las posibilidades de los árabes israelíes de obtener permisos de construcción para satisfacer su creciente necesidad de viviendas. El persistente problema de la falta de permisos de construcción en el sector árabe hace que mucha gente acabe construyendo su casa sin autorización, y a menudo estas casas son demolidas. Mientras que en las ciudades y pueblos árabes los reglamentos de urbanismo y las políticas gubernamentales han inhibido el crecimiento y la urbanización, en el sector judío se ha aplicado una política de ampliación de las ciudades y pueblos existentes y de establecimiento de centenares de pueblos nuevos. Asimismo, aunque las infracciones de los reglamentos de urbanismo y construcción son también un fenómeno generalizado en el sector judío, es en el árabe donde suelen demolerse las viviendas.

En el presente informe se analizan desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de derechos humanos las principales pautas y tendencias de los actos de desalojo forzoso, demolición de viviendas y destrucción de bienes llevados a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes en Israel y los Territorios Ocupados.

Amnistía Internacional lleva años haciendo campaña contra la práctica de la demolición de viviendas.4Los investigadores de la organización han visitado centenares de lugares donde el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes han destruido viviendas y otros bienes, y han entrevistado a habitantes de las casas, vecinos, testigos presenciales, trabajadores humanitarios y otras personas. Para la elaboración del presente informe, Amnistía Internacional se ha basado en la información reunida en el curso de sus investigaciones y trabajo de campo, así como en datos de otras fuentes, como autoridades israelíes, órganos, agencias y mecanismos de las ONU, organizaciones internacionales que trabajan sobre el terrero, y abogados y organizaciones no gubernamentales israelíes y palestinos.

La cuestión de los desalojos forzosos, la demolición de viviendas y la destrucción de bienes en los Territorios Ocupados es sólo una de las muchas sobre las que Amnistía Internacional hace campaña. Otros asuntos que la organización considera motivos de preocupación son:

  • las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de palestinos, perpetrados por el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes;

  • los homicidios deliberados de civiles israelíes en atentados suicidas con bomba y otros ataques indiscriminados y selectivos de grupos armados palestinos;

  • la falta de medidas concretas, tanto de Israel como de la Autoridad Palestina, para poner fin a los homicidios de civiles e impedirlos, la falta de las debidas investigaciones y enjuiciamientos en la mayoría de los casos de homicidio, y la impunidad de que gozan en ambos bandos los autores de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;

  • la detención arbitraria y sin cargos ni juicio durante largos periodos de presuntos autores de delitos relacionados con la seguridad, y las torturas y malos tratos infligidos a los detenidos tanto en Israel como en la Autoridad Palestina;

  • las restricciones cada vez más estrictas impuestas por el ejército israelí a la libertad de circulación de los palestinos dentro de los Territorios Ocupados y sus efectos en los derechos fundamentales de la población palestina, incluido el derecho al trabajo, a la atención médica, a la educación y a los alimentos.

Estos y otros motivos de preocupación se tratan en numerosos informes y otros documentos publicados por Amnistía Internacional en los últimos años.5

II. Marco histórico

En el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, las autoridades británicas gobernaron Palestina en virtud de un mandato de la Liga de Naciones que terminó al proclamarse el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Tras las consiguientes protestas árabes contra el plan de partición de la ONU estalló una guerra entre árabes e israelíes, en la que éstos resultaron victoriosos. Más de 800.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de Israel y buscaron refugio en la Franja de Gaza, Cisjordania o los países vecinos. Dos partes del territorio palestino establecido quedaron fuera de Israel: la Franja de Gaza, bajo administración egipcia, y la zona oriental de Palestina, que fue ocupada por Jordania en 1950 y pasó a llamarse Cisjordania. Las hostilidades de junio de 1967 entre Israel y Egipto, Siria y Jordania concluyeron con la ocupación israelí de Cisjordania (incluido Jerusalén Oriental, que Israel se anexionó) y de la franja de Gaza, así como de los Altos del Golán sirios, que Israel se anexionó en 1980, y de la península del Sinaí, que fue devuelta a Egipto posteriormente.

Los palestinos que, tras el establecimiento del Estado de Israel, se quedaron allí se convirtieron en ciudadanos israelíes, pero estuvieron bajo gobierno militar hasta 1966. Muchos acabaron convertidos en desplazados internos al huir o ser expulsados de sus pueblos. Las tierras y bienes de los refugiados palestinos y de los desplazados por la guerra fueron confiscados. Hoy día hay más de un millón de ciudadanos israelíes palestinos o beduinos, conocidos como árabes israelíes, que constituyen alrededor del 18 por ciento de la población de Israel. La mayoría viven en el norte, en las regiones de Galilea y el Triángulo; unos 100.000 viven en localidades conocidas como ciudades mixtas (como Haifa, Ramle, Lod, Yaffa y Akko), y entre 130.000 y 140.000 son beduinos que habitan en el Negev, en sur del país. En Cisjordania y Gaza, unos 3.500.000 palestinos, más de 1.500.000 de los cuales son refugiados,6 viven bajo la ocupación israelí desde 1967, y unos 200.000 viven en Jerusalén Oriental en condición de residentes permanentes.

Acontecimientos recientes

Entre 1993 y 1995, la negociaciones entre Israel la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) condujeron a una serie de acuerdos entre ambas partes conocidos como acuerdos de Oslo. Se estableció una Autoridad Palestina con jurisdicción sobre parte de Cisjordania y la Franja de Gaza. En 1995, Isaac Rabin, primer ministro israelí que firmó los acuerdos de Oslo, fue asesinado por un activista de la derecha israelí contraria a la paz con los palestinos. Tras el asesinato, muchas de las disposiciones de los acuerdos de Oslo dejaron de aplicarse.

En septiembre de 2000 estalló la Intifada (alzamiento) palestina. Desde entonces, el ejército israelí ha matado a unos 2.500 palestinos, incluidos más de 450 niños, y los grupos armados palestinos han matado a más de 900 israelíes, entre ellos más de 100 niños. El ejército israelí ha detenido a decenas de miles de palestinos, y aún continúan privados de libertad unos 6.000, muchos de ellos acusados de participar en ataques contra israelíes. El ejército israelí ha destruido millares de hogares palestinos, grandes extensiones de tierra de cultivo y centenares de bienes de otras clases. Sumada a las estrictas medidas de restricción de la libertad de circulación impuestas por Israel a los palestinos de los Territorios Ocupados, esta destrucción ha hecho que la economía palestina esté prácticamente arruinada. La mayoría de los palestinos de los Territorios Ocupados viven por debajo del umbral de pobreza y dependen de alguna forma de asistencia para su sustento. Desde el estallido de la Intifada en 2000, los acuerdos de Oslo son básicamente inútiles. La Autoridad Palestina sigue existiendo, pero su capacidad de funcionamiento se ha visto cada vez más mermada. El ejército israelí ha efectuado reiterados bombardeos e incursiones en la mayor parte de las instalaciones de los servicios de seguridad, prisiones y otras instituciones palestinas, y realiza habitualmente incursiones y ataques en ciudades, campos de refugiados y pueblos que se supone que están bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. En los dos últimos años, Israel ha obligado al presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, a vivir confinado en su cuartel general de la ciudad cisjordana de Ramallah, y no permite a las autoridades, legisladores y funcionarios palestinos desplazarse libremente por los Territorios Ocupados. Recientemente se han intensificado las rivalidades y luchas intestinas en la dirección de la Autoridad Palestina y en su aparato político y de seguridad, así como entre las facciones políticas palestinas, lo que ha llevado a un deterioro de la situación y a un desorden cada vez mayor.



CASO: LA FAMILIA BASHIR

El caso de la familia Bashir ilustra muchas de las características de los desalojos forzosos, demoliciones de viviendas y destrucción y expropiación de tierras descritos en el presente informe. Khalil Bashir, director de escuela, y su esposa Souad, sus seis hijos y su anciana madre, están siendo presionados desde hace mucho tiempo por el ejército israelí para que abandonen su casa y sus tierras, situadas en el pueblo de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, cerca del asentamiento israelí de Kfar Darom.

Desde comienzos de octubre de 2000, el ejército israelí ha atacado a menudo la casa. Además, ha prohibido a la familia utilizar los pisos superiores y la ha presionado para que se marche de ella. Temerosa de que destruyan la casa si la abandonan, la familia ha acatado estas restricciones. En noviembre de 2000, el hermano de Khalil Bashir, que vivía al lado (unos 150 metros al este de él, más alejado del asentamiento israelí) cedió a la presión del ejército y se mudó temporalmente a otro sitio, para que su familia estuviera a salvo durante el tiempo que duraran las tensiones, que creía pasajeras. A los pocos días, el ejército destruyó su casa y la mayor parte de la tierra circundante, donde arrancó los olivos y las palmeras datileras y arrasó el huerto.

Unos días después, el 4 de diciembre de 2000, el ejército destruyó también la vieja casa de los padres de Khalil Bashir, contigua a la suya, y ocupó el último piso de la propia casa de Khalil Bashir para convertirlo en una base militar. Desde entonces la familia se ve obligada a vivir en el planta baja, sin poder subir tampoco al primer piso, que no parece utilizarse para nada. Los soldados han colocado una escalera de mano detrás de la casa para acceder al último piso y a la azotea, han bloqueado las ventanas superiores y los bordes de la azotea con sacos de arena y material de camuflaje y han hecho agujeros en los muros alrededor de toda la casa a modo de puestos de francotirador. Los fuertes golpes que se han oído y los escombros amontonados en el patio indican que han derribado las paredes por dentro.

Aunque el ejército israelí controla totalmente la casa, los soldados disparan a menudo contra ella desde una torre de vigilancia situada unos metros más allá y desde el asentamiento,7 e incluso desde la misma casa. Los lados de la vivienda que dan a la torre y al asentamiento están llenos de balas, incluidas balas de calibre pesado y otros proyectiles, y las habitaciones de la planta baja de dan a las posiciones del ejército (la cocina y un dormitorio) han sufrido considerables daños a causa de los disparos. Los delegados enviados por Amnistía Internacional a la zona han visitado la casa en varias ocasiones durante los últimos tres años y han comprobado los daños. Tres miembros de la familia han resultado heridos a causa de disparos del ejército israelí. El 13 de octubre de 2000, el hijo de 17 años de Khalil Bashir, Yazen, fue alcanzado en una pierna cuando traía agua para apagar un fuego que se había producido en el jardín a causa, al parecer, de una bengala lanzada por el ejército. El 28 de abril de 2001, los soldados apostados en la torre de vigilancia dispararon hacia el dormitorio de Khalil Bashir mientras éste estaba en la cama leyendo; lo hirieron en la nuca y el cuello, y causaron graves daños en la habitación. El 18 de febrero de 2004, volvieron a disparar desde la torre, hiriendo de gravedad al hijo de 15 años de Khalil Bashir, Yusuf, que se encontraba en ese momento fuera de la casa con su padre, despidiéndose de dos miembros del personal de la ONU y un miembro de la Asociación de Servicio Internacional de Naciones Unidas (UNAIS) que habían ido a verlos. Los tres visitantes acaban de subir a su vehículo, en el que era claramente visible el emblema de la ONU, y estaban a punto de marcharse, cuando desde la torre de vigilancia, situada a unos 20 metros de donde se encontraban, se hizo un solo disparo que alcanzó a Yusuf en la espalda, muy cerca de la columna vertebral. En el momento de redactar el presente informe, el muchacho se encontraba aún en el hospital y no se sabía si iba a poder caminar de nuevo.

En los últimos tres años y medio, el ejército israelí ha ido destruyendo progresivamente toda la tierra cultivada en torno a la casa de los Bashir. A finales del verano de 2001 sólo quedaba intacto el jardín delantero, con sus bien cuidadas palmeras y flores. El 23 de agosto de 2001 por la noche, el ejército arrancó las palmeras y todas las demás plantas y derribó una valla de corta altura que separaba el jardín de la carretera. Cuatro días más tarde destruyó un gallinero adyacente a la casa. La destrucción del jardín de los Bashir parece haber formado parte de una operación en gran escala llevada a cabo por la Fuerza de Defensa Israelí como represalia por un ataque con morteros que los palestinos habían efectuado ese mismo día contra el asentamiento de Kfar Darom.8

Los reiterados ataques al hogar de los Bashir y la destrucción y los daños causados a sus bienes no parecen llevarse a cabo por necesidades de seguridad, sino que dan la impresión de formar parte de una situación de intimidación y hostigamiento sistemáticos, dirigidos contra la familia para obligarla a abandonar su hogar.

En enero de 2004, el ejército israelí dictó una orden de confiscación de algunas de las tierras palestinas de la zona situada en torno al asentamiento de Kfar Darom (véase el recuadro del apartado IV.2.4). Parte de la tierra confiscada pertenece a la familia Bashir y está situada detrás de su casa. En la actualidad está pendiente de resolución una impugnación de la orden.

Normalmente es imposible acceder a las casas ocupadas por el ejército israelí sin autorización previa de éste pero, en el caso de la familia Bashir, durante los tres primeros años algunos representantes de organizaciones internacionales y periodistas extranjeros pudieron visitar su vivienda sin permiso del ejército. No obstante, en febrero de 2004, los soldados de la torre de vigilancia situada frente a la casa dijeron a unos miembros del personal internacional de la ONU que necesitaban autorización previa del mando militar para visitar a la familia. Está ha evitado constantemente recibir a familiares o amigos por temor a que el ejército israelí les cause algún daño o los acuse de intentar atacar a los soldados destacados en la casa. Khalil Bashir y su familia describieron así, a Amnistía Internacional, la difícil situación en que viven:

No sé por qué los soldados se comportan así, por qué nos tratan como si fuéramos enemigos si saben que jamás les hemos causado ningún daño, ni a ellos ni a nadie. Les hemos tendido siempre nuestras manos en señal de paz y todavía lo hacemos a pesar de todo. Estamos totalmente en contra de la violencia y hemos dicho muchas veces a los soldados que mientras sigamos en nuestra casa jamás dejaremos que nadie dispare desde ella. Saben que ni nosotros ni nadie ha realizado jamás desde esta casa un ataque ni un acto de violencia. Por eso no nos marcharemos nunca de nuestra casa, porque sabemos que en el momento en que la dejemos vacía el ejército dirá que se ha sido utilizada por hombres armados y la destruirá. Eso es lo que les han hecho a mi hermano y a muchos otros. A mi hermano lo obligaron a marcharse, y en cuanto se fue le destruyeron la casa. No entiendo este razonamiento. ¿Qué es lo que piensan cuando hacen estas cosas? Un día destruyen unas tierras y a la semana siguiente otra cosa, como si fuera un juego, pero lo que destruyen es la vida de las personas. Están haciendo pasar una experiencia terrible a mi familia. Pero a pesar de todo creemos en la paz, porque tenemos que vivir en paz, como buenos vecinos. Eso es lo que les hemos enseñado siempre a nuestros hijos y eso es lo que creemos, incluso ahora, con los soldados encima de nosotros, atacando nuestra casa, disparando contra nosotros y humillándonos. No respondemos a las provocaciones de los soldados. No respondemos a la violencia con violencia, y nos da igual lo que hagan porque estamos decididos a no abandonar nuestra casa. Esta terrible situación dura ya años; nos han quitado parte de nuestras tierras, han irrumpido en nuestra casa. Y el año pasado fue aún peor. Lo que más nos preocupa es la seguridad de nuestros hijos.

En los dos últimos años, tres de los hijos mayores de los Bashir se han ido a estudiar al extranjero. En febrero de 2004, poco después de que el ejército israelí disparara contra Yusuf Bashir, su herma Amira, de 18 años, que está ahora fuera, estudiando, dijo a Amnistía Internacional:

Estoy muy preocupada por mi hermano. No sé si volverá a caminar. Me preocupan también mis tres hermanos menores, mis padres y mi abuela, así que rezo para que estén bien y no les ocurra nada. La casa debería ser el lugar más seguro, pero para nuestra familia no lo es. Sin embargo, es nuestro hogar y no deben obligarnos a marcharnos de él. No se debe obligar a nadie a abandonar su hogar, así que nosotros no vamos a irnos de nuestra casa. Nunca hemos hecho nada a ningún israelí ni a nadie. Lo único que queremos es vivir en nuestra casa en paz.

III. CAUSAS Y EFECTOS DE LAS DESTRUCCIÓN DE BIENES Y LOS DESALOJOS FORZOSOS

La destrucción de viviendas, tierras y otros bienes se divide en dos categorías: demolición de casas construidas sin permiso y destrucción de viviendas, tierras y otros bienes a causa, según las autoridades israelíes, de “necesidades militares y de seguridad”, incluidas casas de familias de palestinos sospechosos de llevar a cabo ataques contra israelíes.

1 – Casas construidas sin permiso: En los últimos años, en el sector árabe de Israel se han demolido centenares de casas por este motivo, mientras que en el sector judío muy raras veces o quizá nunca se han llevado a cabo demoliciones de este tipo. En los Territorios Ocupados son también siempre viviendas palestinas las que se destruyen, mientras que los asentamientos judíos, que son ilegales según el derecho internacional, continúan creciendo. El motivo de que en el sector árabe de Israel y en parte de los Territorios Ocupados, incluido Jerusalén Oriental, se construyan muchas casas sin permiso se debe principalmente a que a los árabes israelíes y a los palestinos les resulta muy difícil o, a menudo, imposible obtener el permiso.

2 – “Necesidades militares y de seguridad”: La mayor parte de la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes llevada a cabo por el ejército israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza en los últimos años pertenece a esta categoría. Es de escala masiva, pues ha afectado a más de 3.000 viviendas, a grandes extensiones de tierra cultivada y a centenares de establecimientos comerciales, como tiendas, talleres y fábricas, y de edificios públicos. Asimismo, decenas de miles de viviendas y bienes de otras clases han sufrido daños, a menudo irreparables. Los criterios utilizados por el ejército israelí para definir las “necesidades militares y de seguridad” son sumamente amplios. Cabe dividir esta categoría en cuatro subcategorías, a veces coincidentes, a saber:

A. Demolición punitiva de viviendas pertenecientes a familias de palestinos de los que se sabe o se sospecha que han tenido que ver con atentados suicidas con bomba u otros ataques contra civiles y militares israelíes. Se ha convertido en algo habitual. Las autoridades israelíes aseguran que es una medida “disuasoria”, tomada con objeto de prevenir nuevos ataques. Normalmente, el ejército israelí vuela la vivienda en cuestión, por lo que a menudo resultan también destruidas o dañadas las casas vecinas.

B. Destrucción de viviendas, tierras y otros bienes a causa, según las autoridades israelíes, de “necesidades de seguridad”, en especial para construir o ampliar carreteras u otras infraestructuras en beneficio de los colonos o los soldados israelíes o para su protección.

C. Destrucción de viviendas, tierras y otros bienes que, según las autoridades israelíes, son utilizados o podrían ser utilizados por grupos armados palestinos para disparar o lanzar ataques contra israelíes, por lo que Israel se considera con derecho a destruirlos. Esta modalidad de destrucción, calificada a menudo por las autoridades israelíes de “preventiva”, puede afectar a toda casa o bien próximos a asentamientos israelíes, posiciones militares o carreteras utilizadas por los colonos y soldados israelíes. En este tipo de operaciones, el ejército israelí suele elegir varias casas, y en ocasiones se han destruido en una sola operación decenas de viviendas. Aunque las autoridades israelíes sostienen que su objeto es impedir nuevos ataques en la zona, con frecuencia se llevan también claramente a cabo como represalia por ataques palestinos y como castigo colectivo a los habitantes de la zona. En algunos casos, la destrucción tiene también por objeto echar a los palestinos de zonas donde Israel está especialmente interesado en hacerse con el control de la tierra, como las proximidades de los asentamiento y las posiciones militares y la zona que corre a lo largo de la Línea Verde entre Israel y los Territorios Ocupados y de la frontera con Egipto. El objetivo es ampliar después los asentamientos israelíes o construir nuevas carreteras u otra infraestructura que les permita consolidarse o los favorezca, o reforzar el control de Israel sobre las tierras.

D. Destrucción de bienes en el curso, según el ejército israelí, de actividades de combate.

La mayoría de las viviendas demolidas o dañadas por “necesidades militares o de seguridad” se encontraban en la Franja de Gaza, y, en un gran porcentaje, en los campos de refugiados. Esta demoliciones han afectado especialmente al sector más pobre y vulnerable de la población palestina de los Territorios Ocupados. Las demoliciones suelen llevarse a cabo de noche y sin aviso previo. Normalmente, el único aviso que reciben los ocupantes de las casas es el estruendo de los tanques y bulldozer blindados cuando se acercan y comienzan la destrucción. Su llegada suele ir acompañada de disparos, efectuados por el ejército israelí con objeto de que la gente abandone las casas y no oponga resistencia. Casi sin excepción, a los ocupantes de la vivienda elegida no se les da ninguna oportunidad de sacar de ella sus pertenencias. Algunos han resultado heridos o incluso han muerto al derrumbarse el edificio, y a otros los han golpeado o maltratado o han disparado contra ellos por protestar u oponer resistencia a la demolición.

III. 1. Efectos en la situación económica

A la demolición de millares de viviendas se suma la destrucción de grandes extensiones de tierra de cultivo, lo que continuará teniendo graves efectos en la economía palestina durante muchos años. Los bulldozer israelíes han arrancado centenares de olivos, palmeras datileras, almendros y otros árboles frutales, y han destruido numerosos huertos y otros cultivos. Los olivos, en particular, tardan años en crecer y ser productivos. Los árboles y huertos destruidos en los últimos tres años y medio eran los medios de vida, en muchos casos los únicos, de centenares de miles de personas. La agricultura era un importante sector de la economía palestina, debido en especial a que, en los últimos años, a la mayoría de los palestinos que trabajaban en Israel no se les ha permitido seguir trabajando. Muchos habían invertido sus ahorros en el desarrollo y mejora de sus granjas familiares, con costosos invernaderos y sistemas de riego que los bulldozer israelíes han destruido, a veces sin que se hubiera podido hacer aún la cosecha. Las tierras donde crecían los árboles y cultivos son ahora inaccesibles en su mayor parte para los agricultores palestinos, y están sin cultivar o las está utilizando el ejército israelí. Incluso si se permitiera a los palestinos volver a cultivar las tierras destruidas en los últimos años, se tardaría mucho en hacerlas de nuevo productivas y habría que invertir considerables recursos en ello.

III. 2. Efectos en las mujeres

Los niños nos miran a nosotros, que somos sus padres, en busca de protección y seguridad, pero cuando destruyeron nuestra casa quedaron traumatizados por las experiencia y desestabilizados por la situación en que nos encontramos, sin hogar. Llegaron unas personas que destruyeron nuestra casa y nosotros, sus padres, no pudimos hacer nada para impedirlo; perdieron todas su cosas y no pudimos dales otras nuevas. Yo ya no podía darles lo que más necesitaban: un hogar y la sensación de seguridad. Traté de consolarlos, pero no tenía medios para hacerles sentirse seguros. Yo misma estaba tan traumatizada por lo ocurrido que no tuve fuerzas para nada durante bastante tiempo.

‘Arabia Shawamreh, madre de siete hijos, cuyo hogar ha sido demolido cuatro veces.

La mayoría de las decenas de miles de personas que han sido desalojadas de sus casas por la fuerza y se han quedado sin hogar son mujeres y niños, refugiados en su mayor parte. Todas se han visto afectadas por la destrucción de su hogar individualmente y como familia, ya que se ven obligadas a hacer cambios y a vivir en condiciones que a menudo crean tensiones adicionales en las relaciones familiares.

La mayoría de las mujeres palestinas no trabajan fuera de casa, por lo que es su vivienda el espacio que sienten como propio. Los hombres pasan más tiempo fuera, en el trabajo o en actividades sociales, y los niños van al colegio o salen a jugar; pero para la mayoría de las mujeres, la administración de la casa es responsabilidad principalmente suya o su principal actividad. Tanto si trabajan fuera como si no, las mujeres dedican mucho tiempo y energía a la tareas domésticas no remuneradas y, a menudo, no valoradas, por lo que los desalojos forzosos y la destrucción de sus hogares las afecta de manera especial. Cuando las familias se quedan sin hogar tras la demolición, es en las mujeres en las que recae principalmente la responsabilidad de reconstruirlo.

En la mayoría de los casos, las familias cuyo hogar ha sido destruido no pueden permitirse el lujo de pagar su alojamiento en otro lugar, por lo que se ven obligadas a vivir con parientes, que a menudo no tienen espacio suficiente para una familia más. Como las mujeres pasan más tiempo que los demás miembros de la familia en la casa, son las más afectadas por la incomodidad de vivir en casa de otros, sin poder ocuparse ya de la administración del espacio y las actividades de la familia.

Junto con los problemas prácticos, la pérdida de intimidad y de espacio genera con frecuencia tensiones entres los miembros de la familia. Las madres suelen sentirse menos capaces de seguir siendo una fuente de autoridad y apoyo emocional y material para sus hijos.

Fue el comienzo de un nuevo tipo de sufrimiento. Quedarme en la vieja casa de mis padres me ha robado mi libertad: tengo que tener continuamente en cuenta sus sentimientos y no quiero ser una carga. También tengo que tener la casa muy limpia; no es nuestro hogar, así que tenemos que cuidar las cosas. Y estoy tan preocupada cuidando de los niños que estoy desaprovechando la oportunidad de estar con mi marido. Me encuentro siempre tensa, porque necesito desesperadamente un lugar propio para mi familia. ¡Hasta un simple cuarto con ratones nos bastaría! Quiero que mis hijos puedan andar por la casa como quieran y jugar libremente con sus juguetes. Quiero que sintamos que somos todavía una familia. Estoy tan deprimida que no puedo comer, y esta depresión ha afectado a mi marido y a mis hijos.

Testimonio de una mujer cuyo hogar fue demolido, recogido por el Centro de Asesoramiento Jurídico y Orientación para la Mujer de Ramallah, Cisjordania.

En una declaración de marzo de 2003 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante su 59º periodo de sesiones, la organización Centro de Derechos de Vivienda y Desalojos (Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE) señaló:

Las mujeres sufren terriblemente a causa del desalojo forzoso [...] La violencia doméstica es mayor en la precaria y a veces estresante situación de falta de vivienda adecuada, especialmente antes de un desalojo forzoso y en su transcurso.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de los Territorios Ocupados han llegado a la conclusión de que las mujeres palestinas se han visto particularmente afectadas por los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas, que a menudo generan mayores tensiones en el seno de las familias, e incluso un aumento de la violencia doméstica. Además, las mujeres cuya familia se ha quedado sin hogar por haber sido demolido se sienten aún menos capaces de denunciar y pedir resarcimiento, porque creen que, ante la perdida del hogar familiar, sus motivos de queja pueden parecer menos importantes y porque las dificultades económicas y prácticas causadas, además, por la destrucción de su hogar hacen que resulte más difícil encontrar una solución a su problema particular.

IV. DESTRUCCIÓN POR “NECESIDADES MILITARES Y DE SEGURIDAD”

IV. 1. Demolición de viviendas como medida punitiva

Noha Maqadmeh, madre de 10 hijos y embarazada de 9 meses, estaba en la cama cuando murió, el 3 de marzo de 2003, al derrumbarse en plena noche su casa, situada en el campo de refugiados de Al Bureij, en la Franja de Gaza, tras volar el ejército israelí una vivienda adyacente, propiedad de la familia de un palestino que tres semanas antes había disparado contra soldados israelíes en el cruce de Gush Katif. Su esposo y la mayoría de sus hijos resultaron heridos, algunos de gravedad, y otras seis casas cercanas fueron destruidas también por la explosión, que dejó sin hogar a unas 90 personas. El esposo de Noha, Maqadmeh, Shukri, llevaba todavía un collarín y soportaba aún el dolor de las lesiones sufridas al derrumbarse la casa sobre su familia cuando contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

Estábamos en la cama. Los niños estaban dormidos. El dormitorio era la habitación más protegida; estaba en la parte de atrás de la casa, lejos de los tanques que disparaban en la calle. Hubo una explosión y las paredes se derrumbaron encima de nosotros. Salí de debajo de los escombros y pedí ayuda a mis vecinos, pero no vino nadie, porque los tanques disparaban contra todo el que salía a la calle. Sentía dolor, no sabía qué hacer. Comencé a apartar escombros con las manos. Primero encontré a mis dos hijos menores y a mi hija de tres años. Luego mi hijo y mi hija mayores, de 17 y 16 años, lograron salid de debajo de los escombros y me ayudaron a excavar en busca de mi esposa y mis otros hijos. Entonces vinieron a ayudarnos los vecinos, y uno a uno fuimos encontrando a los demás, pero mi esposa seguía atrapada bajo los escombros con nuestra hija menor, que tiene dos años. La tenía en los brazos cuando la pared cayó sobre ella. Cuando las sacamos, oí que sentía dolor, estaba herida y no dejaba de decirme que ayudara a los niños. Y los niños lloraban por ella. Llamamos una ambulancia, pero no pudo acercarse porque los tanques seguían ahí fuera. Queríamos llevarla en una manta a la clínica del UNRWA [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente], que estaba cerca, pero los tanques disparaban contra todo el que salía a la calle. Cuando los soldados se fueron, mis vecinos nos llevaron al hospital, pero murió antes de llegar. Si hubieran permitido venir a la ambulancia, si hubiera llegado al hospital antes, tal vez se hubiera salvado; no lo sé. Murió, y el niño que iba a nacer dentro de unos días, también. Ahora, nuestros 10 hijos ya no tienen madre ni tienen tampoco un hogar. No puedo mover el cuello todavía. Los niños resultaron heridos y están traumatizados. ¿Qué voy a decirles cuando me pregunten por qué los israelíes han hecho esto? Nunca hemos hecho daño a nadie, pero han matado a mi esposa y han destruido nuestra vida.

Según el ejército israelí, “la demolición de casas de terroristas avisa a los autores de atentados suicidas y a sus cómplices de que todo el que participe en actividades terroristas pagará un precio por sus actos”.9

La destrucción de viviendas de familias de palestinos de los que se sabe o se sospecha que han cometido ataques contra israelíes fue una práctica ampliamente utilizada por Israel en décadas anteriores, pero se suspendió en 1997. Se reanudó en 2001, y desde entonces se han destruido centenares de viviendas por este motivo en Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel nunca la ha utilizado contra judíos israelíes culpables de graves delitos de motivación política, como el asesinato del primer ministro o los ataques con explosivos contra palestinos o árabes israelíes.

Desde la reanudación de esta política en 2001, el ejército israelí ha destruido cerca de 500 viviendas de familias de palestinos de los que se sabía o se sospechaba que habían realizado ataques contra israelíes. En estos casos la vivienda suele volarse, mientras que en otros tipos de demolición los soldados utilizan por lo general bulldozer blindados, excepto si los edificios son demasiado grandes o resistentes. El ejército emplea potentes cargas explosivas, por lo que a menudo las casas cercanas resultan también destruidas o sufren graves daños. Anteriormente, cuando el ejército ponía en su punto de mira viviendas de familias de palestinos de los que se sabía o se sospechaba que habían realizado ataques contra israelíes, lo que solía hacer era cerrarlas, no destruirlas, lo que, a diferencia de la demolición, no constituye una medida irreversible.10 Sin embargo, en los últimos tres años y medio, se ha optado sistemáticamente por destruir las viviendas.11

El 10 de septiembre de 2003, el ejército israelí voló un edificio de apartamentos de ocho pisos en el distrito de Wad Abu Kteila de Hebrón. Perdieron su hogar 68 personas, 53 de las cuales eran mujeres y niños.

Hana ‘Ajluni, que vivía en el edificio, describió, así, a Amnistía Internacional, lo ocurrido:

Mi esposo estaba en el hospital, y yo en casa con mis cinco hijos: Muhammad, que tiene sólo dos meses, Rania, de dos años, ‘Umar, de cuatro, Rami, de cinco, y Shadi, de once. Hacia las tres o las cuatro de la madrugada, oí disparos y bombas sonoras, y me levanté presa del pánico. Los soldados gritaban en árabe: “quienes quieran vivir que salgan; los que se queden morirán”. No dejaban de gritar, pero no sé qué; estaba paralizada, no sabía qué hacer. Entonces agarré a los niños y comencé a salir del edificio. Los soldados seguían disparando cuando llegamos a la puerta principal para salir. Uno de mis vecinos, Basem, fue herido en el cuello. Cuando estábamos a la entrada del edificio, los soldados dijeron a todas la mujeres que nos quitáramos el pañuelo de la cabeza y obligaron a todos los hombres a desnudarse, en la misma calle, delante de nosotras y de los niños. Luego, uno a uno, esposaron y vendaron los ojos a todos los hombre, nos llevaron al otro lado de la calle y pusieron a todas las mujeres y los niños juntos en una habitación y a los hombres en otra. Antes de llevarnos a esa casa habían metido a todos sus ocupantes en una habitación. A Basem, que estaba herido en el cuello, no lo llevaron al hospital hasta unas horas d

Hana y Hassan ‘Ajluni con sus hijos, septiembre de 2003.

© AI

espués. A eso de las 10 de la mañana, dejaron salir a las mujeres y a los niños, pero no pudimos regresar a nuestras casas, porque los soldados seguían bombardeando el edificio. A los hombres los retuvieron hasta las seis de la tarde aproximadamente. Hacia las dos de la tarde, los soldados sacaron los cadáveres de dos hombres armados a los que habían estado buscando, pero siguieron sin dejarnos regresar a nuestras casas. Yo no dejaba de preguntarme cuánto daño estarían causando en mi casa; no tenía ni idea de que jamás volvería a verla. Hacia las seis de la tarde, los soldados volaron el edificio, pero no se derrumbó. Los tres primeros pisos quedaron parcialmente destruidos, pero el edificio siguió en pie, aunque ya no podíamos volver a él porque era muy peligroso. A la mañana siguiente, los soldados colocaron más explosivos y el edificio entero se vino abajo, como pueden comprobar ahora. Cuando mi esposo volvió del hospital al día siguiente vio que ya no teníamos casa. Llevábamos sólo seis meses viviendo en este edificio, en el que habíamos comprado el apartamento con todos nuestros ahorros. Era un apartamento espacioso y muy bonito, con cuatro dormitorios, en un edificio nuevo. Ahora vivimos en una tienda de campaña, sin nada.

Una niña de nueve años, Tha’ir Muhammad al-Suyuri, que vivía en un edificio próximo, murió al ser alcanzada por la metralla de un proyectil disparado por un tanque del ejército israelí durante el ataque. Se había asomado a la ventana de la cocina para ver lo que pasaba. Tartil Abu Hafez Ghaith, estudiante de 18 años que estaba también en la ventana de su cocina un piso más arriba, resultó herida de gravedad en el estómago por la metralla del mismo proyectil.

Los dos palestinos armados que murieron en el interior del edificio no vivían allí, y los vecinos dijeron que no los conocían.12 No está del todo claro qué razonamiento llevó al ejército israelí a destruir ese edificio. El ejército anunció que había “demolido la casa de Abdallah Kawasamah y de su hermano Basal Shafik Kawasamah. Estos dos agentes de Hamas habían planeado numerosos atentados terroristas y enviado a varios terroristas”.13 Sin embargo, según los habitantes del edificio, ninguno de estos dos hombres vivía allí. El edificio era nuevo, y tenía 26 apartamentos, 16 de los cuales estaban habitados (las familias que los ocupaban se habían mudado a ellos hacía unos meses). Pertenecía a ‘Umar Hassan al-Qawasmi, y uno de los arrendatarios era Jawad ‘Umran al-Qawasmi, a cuyo hijo, Fu’ad, el ejército israelí le había destruido la casa el 18 de mayo de 2003.14 Los Al Qawasmi son un clan familiar muy grande. La mayoría de las otras 15 familias que vivían en el edificio habían comprado sus apartamentos.

Las autoridades israelíes sostienen que estas demoliciones no tienen por objeto infligir un castigo a las familias de los autores de atentados suicidas o de otros palestinos de los que se sabe o se sospecha que están implicados en ataques contra israelíes, sino que van dirigidas a “disuadir” a atacantes potenciales, que se abstendrán de participar en ataques al saber que, si no, sus familias se quedarán sin hogar y sufrirán las consecuencias de su actos .

Amnistía Internacional considera que estas demoliciones de viviendas y desalojos forzosos de carácter punitivo constituyen una forma flagrante de castigo colectivo y una violación de un principio fundamental del derecho internacional. La afirmación de las autoridades israelíes de que tales demoliciones son efectivas a la hora de disuadir a atacantes potenciales es totalmente irrelevante desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que establece claros límites a las medidas que una potencia ocupante puede adoptar en aras de la seguridad, siendo uno de los más importantes la prohibición absoluta de los castigos colectivos. Bajo ninguna circunstancia se pueden imponer castigos colectivos.

La familia Al Najmah, cuyo hijo Shadi había participado el 9 de marzo de 2002 en un ataque en Netania en el que murieron dos civiles israelíes y resultaron heridos otros 50, fue castigada por esta acción. El 22 de octubre de 2002, a las dos y media de la madrugada, destruyeron su casa, situada en el campo de refugiados de Al ‘Ayn, en Naplusa. Vivían en ella los padres y los hermanos de Shadi, así como la esposa y el hijo de uno de éstos. La potente carga explosiva utilizada por el ejército israelí para volar la casa destruyó también seis viviendas próximas, habitadas por nueve familias. Sesenta y una personas perdieron su hogar a causa de ello. Una de las casas destruidas pertenecía a Maryam Sheikh, quien contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

Era nuestro hogar, mío, de mis tres hijos y de mis nueras y sus hijos. Éramos 27 en total. Uno de mis hijos se ganaba la vida criando pájaros; murieron todos cuando el ejército voló las casas. Tenía pájaros por valor de 4.000 sheqel en ese momento. El ejército no nos dio tiempo para sacar nada; sólo unos minutos para reunir a los niños y salir de la casa.

Al día siguiente, el ejército israelí emitió una declaración anunciando que había volado la casa de los Al Najmah, pero sin mencionar que también habían resultado destruidas seis casas vecinas.15

IV. 2. Destrucción “preventiva” y por “seguridad”

IV. 2.1 Cisjordania

A Nabila al-Shu’bi, de 40 años y embarazada de 7 meses, la dejaron morir bajo los escombros de su casa, junto con su esposo –Samir, de 48 años–, sus tres hijos –Anas, ‘Azzam y ‘Abdallah, de 4, 7 y 9 años–, sus cuñadas –Fatima y ‘Abir, de 57 y 38 años– y su suegro –‘Umar, de 85 años–, cuando los bulldozer del ejército israelí demolieron el edificio en Naplusa el 6 de abril de 2002. Los soldados impusieron un estricto toque de queda en toda la zona durante días, impidiendo el acceso a las patrullas de rescate, por lo que transcurrió una semana hasta que, el 12 de abril, los cadáveres de la familia fueron hallados bajo los escombros por parientes y vecinos. Se ignora si murieron al derrumbarse las paredes o posteriormente, a causa de lesiones o por asfixia. Otros dos miembros de la familia sobrevivieron, a pesar de haber pasado una toda semana atrapados bajo los escombros.

Cuando el ejército levantó brevemente el toque de queda el 12 de abril de 2002, un cuñado de Nabila, Mahmud ‘Umar, comenzó a retirar los escombros con ayuda de sus vecinos, con las esperanza de encontrar a la familia viva. Continuaron trabajando cuando el ejército volvió a imponer el toque de queda dos horas después, a pesar de los disparos de advertencia que los soldados hacían en su dirección. Lo primero que encontraron fue una pequeña abertura en lo que había sido la planta baja de la casa. Milagrosamente, en el reducido espacio que quedaba se encontraban, todavía vivos, Shamsa, de 67 años, y su esposo, ‘Abdallah, de 68. Los componentes del equipo de rescate continuaron retirando escombros durante toda la noche, hasta que encontraron los cadáveres d

Un hombre señala hacia los escombros de su casa en el campo de refugiados de Yenín, abril de 2002. © AI

e los otros ocho miembros de la familia, todos ellos acurrucados en círculo en una pequeña habitación.

Los vecinos cuyas casas fueron destruidas a la vez que la de los Al-Shu’bi y que huyeron al comenzar la demolición contaron a Amnistía Internacional que los soldados no les habían avisado de que tenían que evacuar las casas. El ejército israelí no hizo ningún comentario sobre demoliciones concretas durante estas operaciones militares en gran escala.16

En Cisjordania, la destrucción en gran escala de viviendas y otros bienes comenzó a principios de 2002, cuando Israel lanzó una serie de prolongadas ofensivas, incursiones y asaltos contra campos de refugiados y ciudades de toda la región. Los soldados dejaron una estela de destrucción en cada localidad y campo de refugiados en los que entraron. Sus tanques pasaron por encima de los automóviles estacionados en las calles, demolieron muros y fachadas de casas y derribaron postes eléctricos. Las balas y los proyectiles de los tanques causaron grandes daños en viviendas, tiendas y otros edificios.

La mayor operación de demolición llevada a cabo por el ejército israelí de una sola vez tuvo lugar en el campo de refugiados de Yenín en abril de 2002. Los soldados demolieron el barrio de Al Hawashin entero (una zona de 400 por 500 metros) y destruyeron parcialmente otros dos, dejando sin hogar a más de 800 familias, que sumaban unas 4.000 personas en total.17 En esta y otras ofensivas, el ejército israelí encontró considerable resistencia armada palestina, y las autoridades israelíes afirmaron que habían destruido la zona en el curso de combates contra palestinos armados. Sin embargo, las fotografías aéreas del campo de refugiados y otros datos revelan que gran parte de la destrucción de viviendas se llevó a cabo tras concluir los enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos armados y haberse entregado o haber sido detenidos éstos.18 Tras realizar una exhaustiva investigación sobre las operaciones israelíes de Yenín y Naplusa, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que la extensa destrucción de viviendas y otros bienes llevada a cabo por el ejército israelí no estuvo justificada por necesidades militares, por lo que constituye un crimen de guerra.

Desde mediados de 2002, las incursiones del ejército israelí en campos de refugiados de Cisjordania han sido menos intensas y largas, pero más frecuentes, y la destrucción de viviendas y otros bienes palestinos en el curso de tales operaciones no ha cesado. Amnistía Internacional considera que la mayor parte de esta destrucción ha sido innecesaria, desproporcionada o ambas cosas.

El 5 de septiembre de 2003 por la mañana, los soldados israelíes volaron en Naplusa un edificio de siete pisos habitado por ocho familias con 31 niños, la mayoría de ellos menores de 12 años. Ibtisam, maestra y madre de cuatro hijos (tres niñas de 13 y 9 años y 9 meses, y un niño de 11 años), describió así lo ocurrido a Amnistía Internacional:

H

Estas mujeres y niños perdieron su hogar cuanto el ejército israelí destruyó el edificio de apartamentos de siete pisos donde vivían en Naplusa el 5 de septiembre de 2003. Tras la destrucción, tuvieron que irse a vivir con parientes. © AI


acia las nueve o nueve y media de la noche, los soldados israelíes nos dijeron a todos los que vivíamos en el edificio que saliéramos; utilizaban un megáfono y lo decían en árabe. Dijeron que teníamos que salir del edificio inmediatamente. Estábamos en pijama. Los niños estaban ya durmiendo. Mi esposo y yo los sacamos a toda prisa de la cama y bajamos tal como estábamos; no nos dio siquiera tiempo a vestirnos. Lo mismo les ocurrió a los demás vecinos. Todos tenemos niños y todos nos apresuramos a sacarlos de la cama y a salir. Fueron momentos de pánico. No me dio tiempo a sacar leche ni nada para mi bebé; sólo a abrigarla. Estábamos asustados; no sabíamos lo que pasaba. Yo todavía sentía dolor por una operación reciente de espalda e intenté explicárselo a los soldados, pero se mostraron groseros y no me dejaron sentarme. Los soldados nos llevaron a todos a la escuela de enfrente [el Colegio de Said Ibn ‘Amr], volaron la puerta para abrirla y nos hicieron entrar a todos, a las mujeres y los niños en el sótano, y a todos los hombres en la tercera planta. Estuvimos allí toda la noche, sin comida, agua ni nada. No sabíamos nada de nuestros esposos; estábamos preocupadas; intentábamos hacer dormir a los niños, pero la mayoría lloraban y no se dormían. Hubo muchos disparos; fuego intenso de tanques. Hacia las seis de la mañana los soldados dejaron que otras cuatro mujeres con bebés y yo regresáramos al edifico en busca de leche para darles. Necesitábamos cosas para cambiarlos, y también para los demás niños, pero los soldados nos dieron solo cinco minutos. El edificio estaba en mal estado y habían disparado mucho contra él. Antes de dejarnos entrar, hacia las tres y media de la madrugada, los soldados habían enviado dentro a uno de los hombres con un grupo de soldados para inspeccionar el lugar. Luego lo habían enviado de nuevo a la escuela, para después enviarlo otra vez dentro junto con otro hombre, solos los dos, sin soldados, ordenándoles que trajeran el cadáver de un hombre armado al que habían matado. Lo encontraron. Le faltaban la cabeza y el brazo derecho, y tenía el otro brazo roto y otras lesiones. Iba armado. Los dos hombres lo llevaron abajo, pero dejaron su arma arriba, y los soldados los hicieron volver a por ella e inspeccionar el cadáver antes de acercarse a él. Luego llevaron otra vez a los dos hombres a la escuela y todos nos quedamos allí varias horas más. De repente los soldados volaron el edificio, sin decírnoslo y sin dejarnos ir a sacar nada, Nos quedamos sin nada, en pijama. ¿Por qué tenían que volarlo? No había nadie en él después de matar al hombre armado; él no vivía en nuestro edificio, no lo conocíamos y no sabíamos que había entrado en el edificio. ¿Cómo íbamos a saberlo? Yo me quedaba en mi apartamento. Todos lo hacíamos, sobre todo de noche. ¿Cómo vamos a saber quién entra y sale del edificio? Era un edificio enorme. Habíamos estado 14 años ahorrando para comprar el apartamento; estaba totalmente equipado, y llevábamos menos de un año viviendo en él. Ahora no tenemos nada. Todos nuestros muebles, la ropa, los documentos, el dinero, las mochilas de la escuela de los niños, nuestras fotografías, todo acabó enterrado bajo los escombros. Los niños han quedado traumatizados por lo ocurrido. Han visto destruir su casa y todos los días ven los escombros, y no tienen casa donde ir. Ahora mis hijos y yo estamos con mi padre, y mi esposo va de un pariente a otro. Es muy difícil. ¿Qué voy a decirles a mi hijos cuando me pregunten qué ha ocurrido y por qué nos ha ocurrido a nosotros? Sólo queremos vivir en paz y con dignidad; no pedimos nada más.

Las autoridades israelíes no emitieron ningún comentario sobre la destrucción de este edificio.

IV.2.2 Granjas y tierras de cultivo destruidas para construir la valla/muro

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Construcción del muro de cemento de Abu Dis, Jerusalén Oriental, marzo de 2004. © AI


Un bulldozer Caterpillar de fabricación estadounidense destruye tierras para permitir la construcción de la valla/muro cerca de Ras Atiya, Cisjordania, 2003. © AI

esde el verano de 2002, el ejército israelí ha destruido grandes extensiones de tierra de cultivo palestina, así como otros bienes, para hacer sitio a la valla/muro que está construyendo, la cual está previsto que se extienda de norte a sur, a lo largo de unos 650 kilómetros, en su mayor parte a través de Cisjordania.19 La valla/muro tiene una anchura media de entre 60 y 80 metros, y contiene alambre de espino, zanjas, grandes senderos “detecta-huellas” y rutas de patrulla para tanques a cada lado, así como zonas adicionales de seguridad o acceso prohibido de diversa anchura. Hasta la fecha se ha construido a lo largo de menos de la mitad del trazado, principalmente en la zona norte de Cisjordania y en torno a Jerusalén. Además de haberse destruido grandes extensiones de tierras palestinas de cultivo especialmente fértiles, zonas aún mayores han quedado separadas del resto de Cisjordania por la valla/muro. Las autoridades israelíes afirman que ésta tiene por objeto impedir la entrada en Israel de palestinos que pretendan cometer atentados con bomba u otros ataques. Sin embargo, no se está construyendo entre Israel y los Territorios Ocupados, sino que discurre en su mayor parte (cerca del 90 por ciento) por el interior de Cisjordania, aislando pueblos y ciudades palestinos, dividiendo a comunidades y familias y separando a la gente de sus tierras, lugares de trabajo, centros educativos y médicos y otros servicios esenciales. Se está construyendo así con objeto de facilitar la comunicación entre Israel y más de 50 asentamientos ilegales israelíes establecidos en Cisjordania.20

No se pueden alegar “necesidades militares y de seguridad” para justificar medidas que beneficien a los asentamientos ilegales y civiles israelíes a costa de la población palestina ocupada. La construcción de la valla/muro es una medida de este tipo. Fijar el trazado de la valla/muro por el interior de Cisjordania con el supuesto fin de proteger los asentamientos israelíes ilegales, y dando lugar con ello a la destrucción y apropiación ilegítimas de bienes palestinos y otras violaciones de derechos humanos, no es ni necesario ni proporcionado. Con su actual trazado, la valla/muro constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario.

En el pueblo de ‘Izbat Salman, cerca de Kalkilia, la familia Quzmar, al igual que sus vecinos, perdió la mayoría de sus tierras al construirse la valla/muro en torno al casco urbano. ‘Abd al-Nasser Quzmar trabajaba en Israel, pero con el estallido de la Intifada se hizo imposible la entrada allí, por lo que la tierra se convirtió para él en su única fuente de ingresos, en el único medio para mantener a los seis miembros de su familia. Invirtió todos sus ahorros en la granja familiar para mejorar su rendimiento y productividad, construyendo invernaderos y un complejo sistema de riego para el cultivo intensivo. Cuando Amnistía Internacional visitó por primera vez el pueblo, en octubre de 2002, ‘Abd al-Nasser Quzmar y sus convecinos acaban de enterarse de que la valla/muro iba a rodear el pueblo, destruyendo gran parte de sus tierras y aislándolos del resto. Unas marcas hechas por el ejército israelí en piedras y árboles indicaban que se iba a construir al alrededor del pueblo, muy pegada a él. Sin embargo, a los vecinos no se les comunicó con antelación el trazado exacto. Algunos no lo supieron hasta que llegaron los bulldozer del ejército israelí y comenzaron a arrancar árboles y todo lo que había en las tierras, y otros se encontraron con una orden militar de confiscación de sus tierras clavada en un árbol. Las protestas de los habitantes del pueblo y los recursos judiciales no sirvieron de nada. Se destruyeron millares de olivos y árboles de cítricos, así como grandes extensiones de cultivos de hortalizas, para dejar sitio a las vallas, zanjas y rutas de patrulla. La mayor parte de las tierras restantes se encuentran ahora al otro lado de la valla/muro, y a ‘Abd al-Nasser Quzmar y a sus convecinos les resulta difícil en el mejor de los casos, cuando no imposible, llegar a ellas.

IV. 2.3 La Franja de Gaza

Tienes una imagen muy impresionante de gente huyendo. ¿Pero huyendo adónde? Si estás en Rafah no puedes ir al sur, porque hay una frontera; no puedes ir al oeste, porque hay un mar, y no puedes ir al norte ni al este porque no hay a donde ir. No puedes salir de Gaza. Así que, si has sido ya refugiado muchas veces, no queda sitio a donde huir.

Peter Hansen, comisionado general del UNRWA, tras la destrucción en gran escala de viviendas llevada a cabo en el campo de refugiados de Rafah, Franja de Gaza, en octubre de 2003.

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Demolición de viviendas en el campo de refugiados de Rafah, julio de 2001. © AI

a zona más afectada por la demolición de viviendas ha sido la Franja de Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo,21 donde en los últimos tres años y medio se han destruido cerca de 3.000 hogares, la mayoría de ellos de refugiados. Según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), entre octubre de 2000 y octubre de 2003 más de 2.150 viviendas fueron demolidas y más de 16.000 sufrieron daños. En el mismo periodo se destruyeron en Cisjordania 600 viviendas.22 Las familias cuyas casas fueron demolidas viven en tiendas de campaña donadas por organizaciones humanitarias, en casas de parientes que estaban ya hacinados antes de llegar ellas o en apartamentos alquilados, aunque esta última opción no está al alcance de casi ninguna de las familias víctimas de las demoliciones si no reciben ayuda de la comunidad donante. En su informe anual de 2003 al secretario general de la ONU, el comisionado general del UNRWA manifestó, en relación con la destrucción en gran escala de viviendas de refugiados llevada a cabo por el ejército israelí, que “el ritmo de destrucción de viviendas en la Franja de Gaza se aceleró de forma significativa” y que el UNRWA “fue incapaz de reparar y construir las viviendas al ritmo en que eran destruidas”.23



En una operación de tres días iniciada el 10 de octubre de 2003, el ejército israelí destruyó unas 130 casas y causó daños en decenas más en el campo de refugiados de Rafah y las zonas próximas, dejando a más de 1.200 palestinos sin hogar. Según el UNRWA, 76 viviendas de refugiados fueron demolidas totalmente, 44 quedaron parcialmente destruidas y 117 sufrieron daños. En la misma operación se destruyeron también varias viviendas de los alrededores del campo no ocupadas por refugiados. La mayoría de las personas que perdieron su hogar eran niños.

Entre las personas cuyas viviendas fueron destruidas se encontraban Hamda Radwan, refugiada de 67 años, y varios familiares suyos. Ella ya había perdido su hogar en 1948, cuando tuvo que huir con su familia de Jaffa durante la guerra que estalló tras el establecimiento del Estado de Israel.

Suha ‘Abdallah, cuya casa resultó parcialmente destruida en la misma operación, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

No había ningún túnel ni nada de eso en nuestra casa; que venga quienquiera y que lo vea. Parte de la casa está todavía en pie, pero no es segura; las paredes que quedan pueden derrumbarse en cualquier momento. Los soldados saben que no habíamos hemos hecho nada. Llegaron a la casa, cuando estaban allí mi esposo y mi hijo, y nos dijeron que nos fuéramos inmediatamente. No tuvimos más remedio que irnos. Destrozaron algunas cosas y se llevaron otras, y destruyeron parte de la casa. ¿Por qué?¿Qué vamos a hacer ahora? Destruir el resto de la casa nosotros mismos para que no se le caiga a nadie encima.

Los tanques y bulldozer del ejército israelí estropearon aún más el ya deficiente sistema de saneamiento, así como la red de suministro de agua y el tendido eléctrico y telefónico. El ejército dijo que durante la operación se habían descubierto tres túneles utilizados por grupos armados palestinos para introducir clandestinamente armas en la Franja de Gaza desde Egipto.24 Durante las seis semanas anteriores habían sido demolidas también en Rafah unas 50 casas más, dejando a centenares de palestinos sin hogar.

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Demolición de viviendas en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, febrero de 2002. © AI

a zona de la Franja de Gaza donde más viviendas se han destruido es el campo de refugiados de Rafah, situado en el sur, en la frontera con Egipto. Desde octubre de 2000 han sido demolidas allí cerca de 1.000 viviendas, y centenares más han resultado parcialmente destruidas o han sufrido grandes daños. El campo es un lugar muy densamente poblado, con hileras de casas separadas por estrechos callejones. Hasta el otoño de 2000, las primeras hileras se alzaban a sólo unos metros de la frontera, que el ejército israelí controla y patrulla,25 pero desde entonces la destrucción masiva llevada a cabo progresivamente por los soldados ha reducido a escombros varias hileras de viviendas, dejando una banda de hasta 300 metros de anchura entre la frontera y las casas más próximas a ella.

El 23 de junio de 2001, hacia las tres de la madrugada, el ejército israelí lanzó bombas aturdidoras en el distrito de Barahmeh del campo de refugiados, situado lo largo de la frontera egipcia, y, utilizando altavoces, dijo a sus habitantes que abandonaran el lugar inmediatamente. En menos de dos horas fueron destruidas 20 casas. La familia Barhoum perdió 11 casas, en las que vivían 75 personas.

Suhaila Ahmad Salim Barhoum, viuda, vivía en una de las casas demolidas con su hijo, su hija y su hermano. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

Me desperté con el ruido de los disparos del ejército y me interne corriendo en el campo con los niños. Otras veces, cuando el ejército disparaba, nos íbamos corriendo y esperábamos hasta que cesaban los tiros para volver. Pero en esta ocasión los tanques se abalanzaron sobre las casas con los bulldozer. Cuando se fueron, en el lugar donde estaban nuestras casas no habían más que escombros y polvo. Yo tenía una casa preciosa, con cuatro habitaciones, una para cada uno de nosotros, cocina, cuarto de baño y un vestíbulo. La había construido hacía cuatro años. La que tenía antes me la demolieron en 1982, cuando hicieron la frontera. Entonces mi casa estaba donde se encuentra ahora la frontera. Al cabo de algún tiempo recibí algo de indemnización, pero no era suficiente, así que tuve que esperar a tener el dinero necesario para construir una nueva casa. Ahora no podré construir de nuevo otra. No me queda nada, nada para mis hijos.

La tía de Suhaila, Fadhiya Suleiman Ibrahim Barhoum, de 70 años, vivía en una casa cercana a la suya con sus dos hijos, sus esposas y sus 12 nietos. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Destruyeron la casa con todas nuestras cosas. He trabajado toda mi vida y ahora no me queda nada, y a mis hijos no les queda tampoco nada y tienen hijos, uno ocho, y el otro cuatro. La casa tenía tres viviendas, una para mí, y dos para mis hijos. Había seis habitaciones y dos cuartos de baño, uno para cada uno de ellos. Habíamos trabajado mucho para construir nuestra casa. Que Dios no ayude. Ya no duermo por las noches. Y siguen destruyendo casas, cada día más; quizá mañana destruyan también ésta [la de los familiares con los que vive ahora]. Que Dios nos ayude. ¿Por qué esto encima de todo lo demás? El ejército destruyó también mis tierras, allí, cerca de la casa [señala hacia los escombros de su casa, que está al lado]; todos mis olivos. Todavía se ven, allí. Los arrancaron todos. No dejaron ni uno. Me los arrancaron de aquí, de mi corazón. Aunque plante otros, no viviré para verlos. Soy demasiado vieja y no tengo más tierras, ni hogar, nada.

En el campo de refugiados de Rafah la destrucción ha sido un proceso progresivo, dirigido contra una hilera de casas tras otra, lo que contradice la afirmación de las autoridades israelíes de que sólo se han destruido casas utilizadas por los palestinos para disparar contra los soldados israelíes que patrullan por la frontera o para ocultar túneles que sirven para introducir clandestinamente armas desde Egipto. Ya desde finales de 2000, los palestinos del campo de refugiados que vivían cerca de la frontera contaban a Amnistía Internacional que los soldados israelíes les habían dicho que se iban a destruir muchas hileras de casas. Las declaraciones de las autoridades militares y gubernamentales israelíes confirman que tenían realmente intención de hacerlo. A raíz de la destrucción de unas 60 viviendas palestinas del campo de refugiados de Rafah los días 9 y 10 de enero de 2002, el general Yom Tov Samiah, comandante del Mando Sur del ejército israelí cuando comenzó la Intifada, dijo lo siguiente en la radio israelí:

Las casas deberían haberse demolido y evacuado hace ya mucho tiempo [...] Hay que evacuar 300 metros de la Franja a lo largo de ambos lados de la frontera [...] Trescientos metros, haya las casas que haya.26

Las autoridades israelíes presentaron distintos argumentos para justificar la demolición de estas casas. Algunas dijeron que había sido necesario hacerla porque había palestinos armados que atacaban a las tropas israelíes desde ellas o porque ocultaban túneles utilizados para introducir clandestinamente armas en la Franja de Gaza desde Egipto, mientras que otras señalaron que la demolición se había llevado a cabo como represalia por el homicidio de cuatro soldados israelíes en la base militar de Kerem Shalom, en el sur de Israel, el 9 de enero de 2002. El general Doron Almog, comandante del Mando Sur, dijo: “La mayoría de nuestras operaciones se han centrado en la zona de Rafah, pues de ahí es de donde procedían los dos terroristas de Hamas”.27

La oficina del portavoz del ejército israelí emitió declaraciones dispares, según las cuales las casas demolidas “servían para cubrir los disparos de hombres armados”, “se sospechaba que ocultaban túneles utilizados para introducir clandestinamente armas” o se destruyeron “en respuesta a un atentado terrorista en el que murieron un oficial y tres soldados de la Fuerza de Defensa Israelí”.28

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Viviendas destruidas cerca del asentamiento israelí de Neve Dekalim (bloque de asentamientos de Gush Katif), Jan Yunis, Franja de Gaza, noviembre de 2002. © AI


ituado al norte de Rafah, el campo de refugiados de Jan Yunis también ha sufrido operaciones de demolición de viviendas en gran escala a manos del ejército israelí. Está rodeado por tres partes (norte, oeste y sur) por el bloque de asentamientos israelíes de Gush Katif, dentro del cual hay varias bases militares. Desde su establecimiento, el bloque de asentamientos, antigua base militar entregada a los colonos israelíes en 1977, ha continuado ampliándose, y en el año 2000 la valla levantada a su alrededor estaba a sólo unos metros de las últimas hileras de casas del campo de refugiados. Como en el caso de Rafah, el ejército Israelí ha ido destruyendo progresivamente una hilera de casas tras otra, hasta dejar vacía una amplia zona del campo junto al perímetro del asentamiento israelí. Hasta la fecha se han destruido más de 200 viviendas y un numero similar ha sufrido daños irreparables que las hace inhabitables. Tras la destrucción de viviendas palestinas del campo de refugiados, el ejército israelí ha construido a todo alrededor del asentamiento un muro de cemento de ocho metros donde los edificios están más próximos al campo de refugiados.

Además de las demoliciones llevadas a cabo en los campos de refugiados, el ejército israelí ha destruido también en toda la Franja de Gaza centenares de viviendas y otros bienes, sobre todo en el sector agrícola, que no eran de refugiados. En los últimos tres años y medio se han destruido más del 10 por ciento de las tierras de cultivo. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, sólo en 2002 y 2003 se destruyeron en la Franja de Gaza más de 700 hectáreas de tierras de cultivo y se arrancaron más de 226.000 árboles.29

Gran parte de las tierras destruidas se utilizaban para el cultivo de aceitunas, cítricos, dátiles y almendras, así como de diversas verduras cultivadas en invernaderos, método utilizado para maximizar la producción de la pequeña cantidad de tierras de cultivo disponibles en la densamente poblada Franja de Gaza. A menudo se destruían los invernaderos sin permitir a los agricultores desmantelarlos para salvar al menos el armazón y las lonas a fin de poder utilizarlos en el futuro. Los bulldozer del ejército arrancaban sistemáticamente los árboles, incluso si los agricultores los habían cortado ya con la esperanza de que se salvaran y volvieran a crecer.

Se han destruido centenares de pozos, estanques, aljibes y bombas hidráulicas que suministraban agua para el consumo, el riego y otras necesidades a millares de personas, junto con decenas de kilómetros de redes de riego. Al destruir las tierras y las instalaciones agrícolas, los bulldozer israelíes derribaban también los postes y cables eléctricos, dejando a las zonas circundantes sin electricidad.

Otras zonas contra las que se dirige a menudo el ejército israelí son los alrededores del asentamiento de Kfar Darom, los cruces de Kissufim/Abu Houli y Katif/Al-Matahin y la carretera que corre de este a oeste desde el asentamiento de Gush Katif hasta la entrada a Israel por Kissufim. Con objeto, aparentemente, de proteger las carreteras utilizadas por los colonos, sus bulldozer han destruido grandes extensiones de olivos, árboles de cítricos, palmeras datileras y otros cultivos.

A la familia Abu Houli, que vive en las cercanías del asentamiento de Kfar Darom, donde es propietaria de la mayor parte de las tierras, le destruyeron entre octubre de 2000 y agosto de 2001 nueve casas (pertenecientes a siete familias) unos 350 dunum (35 hectáreas) de tierra, una fábrica de alimentación, un vivero, una granja avícola (con 5.000 gallinas), tres pozos y varios depósitos de agua. En total, 84 miembros del clan familiar se vieron afectados por la destrucción de sus tierras y 57 perdieron su hogar. Hacia el 10 de octubre de 2000, el ejército israelí comenzó a destruir algunas de las tierras de la familia situadas a lo largo de la carretera principal que corre de norte a sur (carretera de Salah al-Din/carretera núm. 4), y el 26 de octubre demolió la primera de sus casas. Yusuf Muhammad Abu Houli estaba en su casa, con su esposa y sus nueve hijos, cuando de repente advirtió que el edificio estaba rodeado de tanques y bulldozer. Cuenta lo siguiente: “Estábamos aturdidos. No tuvimos tiempo más que para poner a los niños a salvo. Minutos después, los bulldozer israelíes comenzaron a demoler la casa, y no nos dio tiempo de salvar nada”.

Días más tarde, el 9 de noviembre, le demolieron la casa a un sobrino de Yusuf, ‘Abd al-Hakim ‘Abedrabbo Abu Houli, miembro de la administración del UNRWA, casado y padre de cuatro hijos. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

El trabajo de años destruido como si nada. El ejército llegó a las once de la noche con dos tanques, un bulldozer y un jeep. Nos dijeron que saliéramos inmediatamente o derribarían la casa sobre nuestras cabezas. Nuestra casa no era la primera que se demolía, pero, aún así, eso es algo para lo que no puedes estar preparado. No teníamos ni idea de que era sólo el principio, de que dentro de unos meses iban a dejarnos sin nada. No es sólo la casa, los muebles, la tierra y todo; es parte de nuestra vida lo que se ha ido.

Después de la casa de ‘Abd al-Hakim fueron destruidas las de otros cinco hermanos y primos suyos y más tierras de la familia.

El ejército israelí no ofreció ningún informe ni explicación de la destrucción de estos y otros bienes en la zona.

Entre el 20 y el 22 de noviembre, el ejército israelí destruyó en la zona unas 29 viviendas y grandes extensiones de tierra cultivada, dejando a unos 180 palestinos sin hogar. No hizo mención posteriormente de la destrucción de estos bienes, que aparentemente se llevó a cabo como represalia por un atentado con explosivos perpetrado por palestinos el 20 de noviembre por la mañana contra un autobús que transportaba a colonos entre los asentamientos de Kfar Darom y Gush Katif. En el atentado habían muerto dos israelíes y habían resultado heridos otros nueve, entre ellos cinco niños

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Halima ‘Abidin delante de la tienda en la que vive desde que fue destruida la última de las casas de la familia ‘Abidin en agosto de 2001; fotografía tomada ese mismo mes de agosto de 2001. © AI


ntre los bienes destruidos había cinco casas y varias parcelas cultivadas pertenecientes a la familia ‘Abidin y situadas al noreste del cruce de Katif/al-Matahin. Todo esto fue destruido el 21 de noviembre de 2000. En la misma zona se destruyó el 12 de agosto de 2001 una sexta casa y 50 dunum (unas 5 hectáreas) de palmeras y árboles de cítricos pertenecientes a la misma familia. Halima ‘Abidin, de 75 años, vivía en la casa, propiedad de sus dos hijos, que estaban trabajando en el extranjero. La destrucción de esta casa y de las tierras circundantes se llevó a cabo, al parecer, como represalia por unos disparos efectuados, según informes, ese día en el cruce cercano.30Halima ‘Abidin y su hija, Samiha, contaron a Amnistía Internacional que habían estado todo el día en casa y no habían visto a nadie ni oído nada sospechoso en los alrededores. Aproximadamente dos horas después del momento en que, según informes, se habían producido los disparos, dos tanques israelíes y un bulldozer apostados en el cruce se aproximaron a la casa y la destruyeron, junto con las tierras de alrededor. Los tanques derribaron también dos postes eléctricos y los cables tendidos entre ellos, dejando sin electricidad a decenas de familias residentes en la zona.

En el norte de la Franja de Gaza, desde el otoño de 2000 el ejército israelí ha destruido grandes extensiones de tierra, así como viviendas y otros bienes. Más recientemente, una de las razones dadas por el ejército para justificar la destrucción es el aumento de los ataques con morteros y cohetes Qassam lanzados contra Israel desde esta zona por grupos armados palestinos.

Entre el 14 de mayo y el 29 de junio de 2003, el ejército israelí realizó una incursión en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, como represalia por los reiterados ataques con morteros lanzados por palestinos contra la localidad meridional israelí de Sderot. Los soldados demolieron 21 casas, habitadas por 35 familias de refugiados, y causaron daños en decenas más. Asimismo, destruyeron varias fábricas y grandes extensiones de olivos y árboles de cítricos, destrozaron con sus bulldozer otras tierras y arruinaron la infraestructura de carreteras, alcantarillado y suministro de agua.

El 15 de mayo de 2003, anunciando el comienzo de la operación, el ejército Israelí dijo:

Durante la operación, la Fuerza de Defensa Israelí tomó el control de posiciones clave desde las que se dominan zonas utilizadas para disparar cohetes Qassam contra comunidades israelíes y demolió cuatro estructuras utilizadas por terroristas implicados en el lanzamiento de los cohetes Qassam. Asimismo, la Fuerza de Defensa Israelí despejó amplias zonas de vegetación utilizadas para ocultar el lanzamiento de cohetes [...] La Fuerza de Defensa Israelí no permitirá que las organizaciones terroristas interfieran en la vida cotidiana de las comunidades israelíes de la Franja de Gaza y las zonas próximas.31

Entre los bienes destruidos figuraba la fábrica de azulejos de la familia Abu Ghaliun, la mayor y más moderna en su género de la Franja de Gaza. Unos delegados de Amnistía Internacional visitaron la fábrica y comprobaron la magnitud de la destrucción: había grandes cantidades de azulejos hechos añicos, sacos de cemento rotos y con su contenido esparcido por toda partes, grandes y complejas máquinas para fabricar azulejos rotas deliberadamente, paredes demolidas y gran número de árboles de cítricos próximos a la fábrica arrancados.

El dueño de la fábrica, Jamil Abu Ghaliun, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

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A Abu Ghaliun le destruyeron su fábrica de Beit Hanun, Franja de Gaza, en junio de 2003. © Privado


a fábrica daba trabajo a 600 personas, entre las que trabajaban en ella y las que se dedicaban a poner azulejos en los proyectos de vivienda. Ahora, 600 familias se han quedado sin ingresos a causa de su destrucción . Teníamos las mejores maquinas italianas, completamente automáticas, y producíamos azulejos de buena calidad; exportábamos parte de nuestra producción a Israel. He trabajado mucho toda mi vida y el fruto de todo este trabajo fue destrozado sin una buena razón. Nadie ha disparado jamás morteros desde ninguna parte próxima a mi fábrica. Estoy seguro de ello, porque el lugar estaba bien vigilado día y noche. Me aseguraba siempre de que lo estuviera. Llevo décadas trabajando con los israelíes. Les compro material y les vendo los azulejos que producimos. Jamás habría permitido a nadie cometer un acto que pudiera poner en peligro esto. Pero llegó el ejército, nos obligó a todos a quedarnos en nuestra casa durante días con un toque de queda, destruyó todo y se fue. ¿Cómo puede contribuir algo así a la seguridad? ¿Ha mejorado la seguridad? A mí, a nuestra familia, esto nos ha destruido la vida, y también a muchos otros. ¿Qué va a pasar con los centenares de familias que dependían de esta fábrica para vivir, para alimentar a sus hijos? Nunca he hecho daño a ningún israelí. Al contrario, el Ejército sabe que ni mi familia ni yo les hemos hecho nunca nada, ni ellos han acusado jamás de nada ni a mis hijos ni a mí, así que ¿por qué nos han destruido la fábrica, los árboles, la vida? Han causado daños por valor de más de 5.200.000 dólares estadounidenses Pueden ver cómo lo destruyeron todo deliberadamente, a propósito, aplastando los azulejos, rompiendo los sacos de cemento y las máquinas, que son tan grandes y pesadas que no podían destruirse más que como lo hicieron, con explosivos; lo pueden ver con sus propios ojos.

IV. 2.4 Destrucción de tierras confiscadas “temporalmente”

El 5 de febrero de 2004, los soldados israelíes se presentaron en las afueras de Al Mutila, pueblo del noreste de Cisjordania, y dejaron, atada a un árbol, una carpeta de plástico que contenía una orden de confiscación de unas tierras donde los bulldozer del ejército israelí llevaban ya alrededor de un mes arrancando árboles y destruyendo cultivos. Incluso antes de recibir la orden, los habitantes del pueblo habían comprendido que les estaban quitando y destruyendo sus tierras para dejar sitio a la valla/muro que Israel está construyendo a través de Cisjordania. La orden de confiscación, firmada por el general Moshe Kaplinsky, jefe del Mando Central del ejército israelí, era similar a la que encontrarán más adelante en este informe, y llevaba fecha de 3 de enero de 2004. De acuerdo con ella, el ejército iba a confiscar 141,6 dunum (más de 14 hectáreas) de tierra hasta el 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, puesto que el ejército está utilizando la tierra confiscada para construir una compleja valla/muro (equipada con sensores electrónicos y flanqueada a cada lado por profundas zanjas, senderos “detecta huellas”, rutas de patrulla para tanques y vallas adicionales de alambre de espino) que le está costando a Israel unos 2 millones de dólares estadounidense por kilómetro, son pocos los que creen que les será devuelta alguna vez a sus propietarios, ya que ello supondría desmantelar la costosa valla/muro. Dado que las obras iniciadas en las tierras en cuestión estaban ya bastante avanzadas cuando los habitantes del pueblo recibieron la orden de confiscación, los propietarios de las tierras consideraron que ya no tenía sentido impugnar ésta. A fin de hacer sitio a la valla/muro, en los 20 últimos meses se han confiscado también “temporalmente” y destruido las tierras de millares de familias palestinas de Cisjordania.

Las tierras palestinas confiscadas por el ejército israelí por “necesidades militares y de seguridad” se han utilizado en su mayor parte para ampliar y construir asentamientos israelíes e infraestructura conexa, sobre todo carreteras para uso de los colonos y, más recientemente, la valla/muro, que separa los asentamientos de las ciudades y pueblos palestinos.

El proceso comenzó tras la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967 y continúa todavía hoy. En teoría la tierra no se expropia, sino que se confisca sólo “temporalmente”, durante un periodo determinado, por necesidades “de seguridad” no especificadas. No obstante, las órdenes de confiscación pueden prorrogarse indefinidamente, y en la inmensa mayoría de los casos las tierras confiscadas “temporalmente” por el ejército israelí jamás se han devuelto a sus propietarios. Por tanto, en la práctica, tales tierras se pierden siempre. Para los palestinos, la pérdida de la tierra supone quedarse sin medios de vida, ya que la agricultura se ha convertido en uno de los principales medios de sustento desde que el mercado laboral israelí ha quedado cerrado en su mayor parte para los palestinos.

Por lo general, las órdenes de confiscación no se envían a los propietarios de las tierras, sino que se dejan en éstas, a menudo pegadas a árboles y con frecuencia días o semanas después de su fecha de entrada en vigor. En cualquier caso, la mayoría de los propietarios de tierras confiscadas consideran que no merece la pena ya presentar una impugnación. Son pocos los que tienen medios económicos para sufragar los gastos judiciales, y la mayoría creen que es inútil entablar un proceso que les falla invariablemente. En los 37 años que dura ya la ocupación militar israelí, la mayoría de las confiscaciones “temporales” han acabado siendo permanentes. (Véase el apartado sobre confiscación y expropiación de tierras, infra.)

En enero de 2004, el ejército israelí dictó al menos 12 órdenes de confiscación “temporal” de terrenos próximos a asentamientos israelíes de la Franja de Gaza. Estaban firmadas por el comandante del ejército en la región, el general Dan Harel, y decían lo siguiente:

En el marco de mi autoridad como comandante de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) en la región, de acuerdo con todas las leyes y la legislación de seguridad, soy de la opinión de que se requiere por necesidades militares imperiosas, dadas las circunstancias especiales de seguridad que existen en la región, y vengo a declarar lo siguiente: Por la presente declaro que las tierras se confiscan por necesidades militares.

Las tierras serán mantenidas por la FDI y se entregará el mantenimiento exclusivo al encargado de tierras del Cuartel General del Mando Sur, por medio del coordinador del Ministerio de Defensa en la administración.

La fecha de entrada en vigor de esta declaración es la fecha de su firma y [tendrá validez] hasta el 31 de diciembre de 2005.

Como es habitual, a la orden se adjuntaban planos de los terrenos que se iban a confiscar y un formulario estándar con espacios en blanco que tiene que rellenar el jefe militar con datos como la ubicación de los terrenos, el nombre del propietario, la fecha, etc. El formulario reza:

Aviso de confiscación de tierras por necesidades militares

Por la presente se comunica que con fecha de ----------,el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí de la región de Gaza, dadas las circunstancias especiales existentes en la región y por necesidades militares imperiosas, ha ordenado que la tierra indicada en el mapa32 adjunto a la orden relativa a la confiscación de tierras (2004-2) (valla de seguridad de Kfar Darom) (región de Gaza) sea confiscada para la construcción de elementos de seguridad.

Se concede un plazo de siete días para formular ante el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí en la región de Gaza reservas en torno a su decisión. Pueden, como se indica, formularse reservas ante el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí en la región de Gaza por medio de las oficinas del asesor jurídico (de la Fuerza de Defensa Israelí) de la región:

Fax: ________

Nombre del destinatario del aviso: ___________

Condición del destinatario: propietario/encargado del mantenimiento Bloque ____ Terreno _____

Número de identificación: ____________

Nombre del comandante de la FDI: ______________

Firma: _______________

Fecha:______________

Una parte de las tierras confiscadas se encuentra entre las dos secciones del asentamiento israelí de Kfar Darom, en el centro de la Franja de Gaza, y otra parte cerca de su extrarradio. Este asentamiento se construyó, al igual que otros, en tierras palestinas confiscadas, en algunos casos por medio de órdenes de confiscación “temporal” dictadas hace décadas. Los propietarios de las tierras han impugnado la confiscación, pero no abrigan muchas esperanzas.

IV. 3. Los argumentos de Israel para justificar la destrucción llevada a cabo en los Territorios Ocupados: “necesidades militares y de seguridad”

Cómo se marcaron las pautas

En los días siguientes al estallido de la Intifada, el ejército israelí dejó de aplicar tácticas basadas en mantener el orden y hacer cumplir la ley y adoptó en su lugar medidas militares utilizadas generalmente en conflictos armados, incluida la destrucción en gran escala de viviendas, tierras y otros bienes. Esta pauta no tardó en consolidarse y generalizarse, y se ha seguido hasta la fecha.

En Jerusalén Oriental y dentro de Israel, los participantes en las manifestaciones organizadas después del 29 de septiembre de 2000 arrojaban piedras. En Cisjordania y la Franja de Gaza, aunque en la mayoría de las manifestaciones se arrojaban también piedras, miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina u otras personas dispararon a veces armas de fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes.

En respuesta a estas manifestaciones, las fuerzas de seguridad israelíes hicieron reiteradamente uso excesivo de medios letales en circunstancias en que ni la vida de sus miembros ni la de otras personas corría peligro inminente, por lo que cometieron homicidios ilegítimos. En las tres primeras semanas de Intifada mataron a más de 100 palestinos, incluidos 27 niños. Asimismo, el ejército israelí destruyó viviendas, tierras cultivadas y fábricas. Gran parte de la destrucción inicial se llevó a cabo en los alrededores del cruce de Netzarim/Shuhada, en la Franja e Gaza, cerca de los lugares donde se habían celebrado manifestaciones. Por ejemplo, los días 7 y 8 de octubre de 2000, el ejército israelí destruyó dos edificios de cuatro pisos, conocidos como “los gemelos”, en los que vivían más de 39 familias, así como grandes extensiones de tierras cultivadas situadas en torno al cruce y una fundición cercana. Tras la demolición, el ejército anunció que había:

realizado obras de ingeniería para eliminar la continua amenaza del cruce de Netzarim. Entre estas actividades, la destrucción de los edificios conocidos como “los gemelos”, la destrucción del edificio cercano conocido como “la fábrica” y la limpieza del terreno en varias decenas de metros en torno a la posición de la Fuerza de Defensa Israelí en el cruce [...] El cruce de Netzarim es una posición clave, que controla la principal carretera de entrada al asentamiento judío de Netzarim. La violencia que tuvo lugar en el cruce la semana pasada perturbaba la vida cotidiana en el asentamiento.33

El ejército israelí afirmó que palestinos armados habían disparado desde estos lugares contra las posiciones del ejército durante las manifestaciones. Aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a responder a las amenazas a su seguridad o a la seguridad de otros, la respuesta ha de ser proporcionada. Amnistía Internacional cree que la destrucción de estas tierras y edificios de viviendas en las circunstancias en que se hizo fue una respuesta desproporcionada.

Las autoridades israelíes sostienen que la destrucción de viviendas y otros bienes es una medida totalmente justificada y proporcionada desde el punto de vista de su “necesidad militar y de seguridad” de impedir o responder a los ataques de palestinos armados contra los asentamientos israelíes o las posiciones del ejército israelí. Califican este tipo de destrucción de “preventiva” o de acción llevada a cabo “en el curso de actividades de combate”.

La calificación de “preventiva” es sumamente amplia. Se aplica a la destrucción de bienes utilizados, según el ejército, para realizar ataques o ponerse a cubierto durante ataques. Va también asociada a la destrucción de bienes con objeto de despejar las líneas de mira del ejército en zonas consideradas delicadas, crear zonas de seguridad en torno a probables objetivos y despejar zonas para construir vallas o instalaciones militares. Asimismo, se aplica a la destrucción de bienes con el fin de construir carreteras para mejorar la comunicación entre los asentamientos israelíes dentro de los Territorios Ocupados y entre los asentamientos e Israel.

Según las autoridades israelíes, todas estas actividades se enmarcan en la categoría de “necesidades militares y de seguridad”, ya que se consideran necesarias para impedir los ataques de palestinos contra los asentamientos, colonos y soldados israelíes de los Territorios Ocupados. De acuerdo con el ejército israelí:

La fuente de autoridad de la Fuerza de Defensa Israelí para causar daños en bienes privados en momentos de combate y debido a necesidades militares forma parte de las leyes de la guerra, que son parte del derecho internacional. Remite específicamente al artículo 23.g del Reglamento de La Haya de 1907, que permite la destrucción de bienes en los casos en que “tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra”.34

Sin dejar de insistir por ello en que tiene derecho a demoler todo lo que necesite para sus operaciones militares, el ejército israelí afirma que aplica el principio de proporcionalidad para garantizar que las operaciones no tiene efectos desproporcionadamente negativos en los civiles. Amnistía Internacional cuestiona la interpretación israelí del alcance permisible de la destrucción de bienes según el derecho internacional (véase el apartado sobre las normas jurídicas infra). Las circunstancias de la destrucción masiva de viviendas, tierras y otros bienes en los Territorios Ocupados y sus consecuencias para los palestinos desmienten que se esté respetando el principio de proporcionalidad proclamado en el derecho internacional.

IV. 4. Definición de objetivos legítimos, actividades de combate y proporcionalidad

El ejército israelí sostiene que toda casa o bien utilizado con cualquier fin por miembros de grupos armados palestinos es objetivo militar y puede ser atacado y destruido legítimamente en cualquier momento. En estos casos, el ejército habla de demoliciones llevada a cabo “en el curso de actividades de combate”. La decisión de llevar a cabo demoliciones de este tipo se deja al arbitrio del jefe militar sobre el terreno, por lo que tales actos no están sujetos a deliberación, supervisión ni apelación judiciales.

Dentro de la categoría de destrucción por “necesidades militares y de seguridad”, en la práctica no parece haber mucha diferencia entre demoliciones llevadas a cabo “en el curso de actividades de combate” y demoliciones “preventivas”. Por ejemplo, tanto una casa desde la que se supone que un palestino armado ha disparado contra israelíes como un edificio que, por su proximidad a una carretera o un asentamiento, se preste a ser utilizado para atacar a israelíes podrían ser destruidos en cualquier momento. Ambos tipos de demolición se llevan a menudo a cabo también como forma de castigo colectivo, infligido como represalia por ataques de palestinos a civiles o militares israelíes.

Según la interpretación que hace el ejército israelí del derecho internacional humanitario y teniendo en cuenta lo esparcidos que están los asentamientos israelíes, las carreteras de los colonos y las posiciones del ejército en la densamente poblada Franja de Gaza, en la se encuentran al lado mismo de los campos refugiados, ciudades y pueblos palestinos, prácticamente todo edificio y parcela de tierra de la región podría considerarse una amenaza y, por consiguiente, un objetivo militar susceptible de demolición.

Es evidente que no puede ser así. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, no hay objetivos militares en los Territorios Ocupados que las fuerzas israelíes puedan atacar y destruir legítimamente en cualquier momento. Las fuerzas de seguridad israelíes pueden atacar a individuos que hagan uso de un bien para atacar a soldados o a otras personas. No obstante, en tal caso no deben utilizar más que la fuerza estrictamente necesaria para contrarrestar cualquier amenaza su vida o a la vida de otros. En circunstancias excepcionales pueden confiscar o destruir bienes palestinos con un fin militar legítimo, pero no para la ampliación de asentamientos ilegales o infraestructura conexa ni como represalia por ataques de palestinos contra israelíes. Los palestinos afectados deben tener derecho efectivo a impugnar legalmente toda orden de confiscación o destrucción.

En dos últimos tres años y medio, Israel no ha respetado tales principios, pues ha llevado a cabo desalojos y destrucciones masivas sin las debidas salvaguardias jurídicas y violando el derecho de decenas de miles de palestinos a una vivienda y un nivel de vida adecuados.

IV. 5. El argumento de que los bienes han sido utilizados para ataques

El argumento más utilizado por Israel para justificar la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes es que sólo se han destruido bienes que habían resultado ser una amenaza. En los anuncios del ejército israelí se afirma a menudo que los bienes destruidos eran utilizados para efectuar ataques. Los palestinos con frecuencia no niegan que hayan tenido lugar ataques o enfrentamientos armados en la zona antes de la destrucción, pero sí que sus bienes hayan sido utilizados para lanzar los ataques. En la gran mayoría de los casos, el ejército israelí no ha acusado específicamente a las personas cuyas viviendas, tierras o bienes ha destruido de participar en los ataques, ni tampoco ha intentado detenerlas ni procesarlas.

Según el razonamiento del ejército israelí, el hecho de que una persona sospechosa pueda haber disparado desde la tierra de alguien o cerca de la casa, la fábrica o la tienda de alguien o pueda haber pasado por allí, es razón suficiente para destruir el lugar y todo lo de alrededor, aún cuando los habitantes o propietarios no hayan participado en el ataque y no tuvieran conocimiento de él ni medio de impedirlo. Los palestinos cuyas viviendas y bienes están cerca de asentamientos israelíes, posiciones del ejército u otros lugares delicados se encuentran en una situación imposible. El ejército israelí restringe estrictamente su libertad de circulación por sus propiedades y alrededor de ellas. Toda persona a la que se encuentre en estos lugares de noche, e incluso de día en ciertas zonas, está expuesta, tanto si es el dueño de la propiedad como alguien ajeno a ella, a que los soldados disparen contra ella. Por tanto, el ejército hace casi imposible que los propietarios, incluso los que estén dispuestos a hacerlo, puedan proteger sus tierras de intrusos que quieran lanzar ataques contra israelíes desde ellas. Sin embargo, si alguien efectúa un ataque desde su propiedad o desde un lugar cercano a ella, a los propietarios se les castiga destruyendo sus bienes.

Las autoridades israelíes han reconocido a Amnistía Internacional que suele ser difícil localizar con exactitud el punto desde el que se lanzan los ataques armados. Se referían principalmente al origen de los disparos efectuados con armas de fuego, que es más fácil de determinar que el origen del fuego de mortero, de trayectoria y alcance variables. De hecho, se ha demostrado reiteradamente que los soldados israelíes se han equivocado al determinar el origen de los disparos, incluso cuando se han efectuado a muy corta distancia. Centenares de palestinos desarmados, incluidos niños, mujeres y ancianos, así como trabajadores humanitarios y periodistas extranjeros, han muerto en situaciones en que el ejército israelí ha afirmado erróneamente haber atacado puntos desde los que se estaba disparando.35

Asimismo, el ejército israelí no ha realizado casi nunca inspecciones ni exámenes balísticos o forenses para determinar el origen de los disparos, el fuego de mortero u otros ataques. La falta de certeza es a veces explícita en las declaraciones oficiales israelíes, por ejemplo al describir bienes destruidos diciendo que “se pensaba que ocultaban túneles”.36

Hasta la fecha, el ejército israelí no ha dado cuenta del número y el lugar exactos de los bienes que ha destruido, ni ha proporcionado datos que demostraran que esos bienes específicos se utilizaban para lanzar ataques y se destruyeron mientras se les estaba dando tal uso. Numerosas personas, incluidos delegados de Amnistía Internacional, trabajadores de organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos y periodistas, han visto reiteradamente a los soldados israelíes destruir y dañar viviendas, tierras y otros bienes en momentos en que no había disturbios ni enfrentamientos con palestinos.

A este respecto resulta significativo que las autoridades israelíes se hayan opuesto constante y enérgicamente a la presencia de observadores internacionales de derechos humanos a pesar de las reiteradas veces que lo han pedido la comunidad internacional, diversas organizaciones palestinas, israelíes e internacionales de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.37Amnistía Internacional cree que la presencia de observadores internacionales de derechos humanos podría ayudar a reducir las violaciones de derechos humanos cometidas por ambos bandos y desempeñaría un importante papel a la hora de determinar la veracidad de las afirmaciones de uno y otro sobre las acciones del contrario –por medio, entre otras cosas, del registro exacto de la escala y las circunstancias de las destrucciones llevadas a cabo por Israel y de los ataques efectuados por los grupos armados palestinos–.

IV. 6. El argumento de que los bienes destruidos estaban “abandonados”

Las autoridades israelíes minimizan por lo general la magnitud de la destrucción y el número de personas afectadas por ella. Responden con evasivas a la pregunta de si el ejército lleva siquiera un registro del número de viviendas que destruye (que no sean las demolidas como medida punitiva) y de palestinos que desaloja a la fuerza y deja sin hogar. En la mayoría de los casos, las autoridades israelíes no emiten declaraciones sobre la operación de demolición, y cuando lo hacen sus anuncios ofrecen muy pocos datos y no contienen ni siquiera la información más básica, como el número de bienes destruidos, su tipo y ubicación. A la casas destruidas no suele llamárselas “viviendas”, sino “edificios” o “estructuras” “abandonados” o “deshabitados”. Asimismo, las autoridades tienden a no utilizar el término “demolición”, y prefieren hacer uso de expresiones como “obras de ingeniería” para “despejar” o “limpiar” ciertas zonas. 38 La destrucción de tierras de cultivo apenas se menciona.

Amnistía Internacional y otras organizaciones y periodistas internacionales han visitado con frecuencia viviendas recién demolidas. Contradiciendo al gobierno israelí cuando dice que las casas estaban “abandonadas”, por todas partes han visto entre los escombros restos de cacharros de cocina con comida ya preparada, botellas de refrescos o champú medio llenas, periódicos del día anterior, frigoríficos y aparatos de televisión destrozados, prendas de vestir, juguetes de niños y libros escolares.

Aunque a veces los habitantes de las viviendas destruidas no se encontraban en casa en el momento de su destrucción, no cabe interpretar su ausencia como abandono. Los palestinos que viven en zonas contra las que el ejército israelí abre a menudo fuego, como las situadas sobre todo en torno a asentamientos o posiciones del ejército, procuran no utilizar las habitaciones que dan a esas posiciones. Sin embargo, muchos no tienen habitaciones protegidas de los disparos. La planchas de metal colocadas contra ventanas y puertas y el fino material ondulado de las techumbres ofrecen muy poca o ninguna protección contra los frecuentes bombardeos israelíes. Por consiguiente, los habitantes de estas zonas abandonan a menudo sus hogares cuando se intensifican los enfrentamientos, incursiones y disparos del ejército, y no vuelven hasta que la tensión ha disminuido, normalmente al día siguiente. Sin embargo, dejar el propio hogar durante unas horas o unos días para buscar refugio seguro en otra parte no significa abandonarlo.

En la Franja de Gaza, los extensísimos daños causados por los disparos y bombardeos israelíes contra millares de viviendas palestinas que dan a posiciones militares y asentamientos y el modo y el momento en que se han perpetrado gran parte de los daños y la destrucción indican que el ejército israelí ha respondido desproporcionada y, a veces, innecesariamente a amenazas de palestinos armados activos en esas zonas. Toda destrucción o daño que tenga por objeto obligar a la población civil de la zona a abandonar sus hogares constituye una violación del derecho internacional.

IV. 7. Desprotección por parte del Tribunal Supremo de Israel del derecho internacionalmente garantizado a la vivienda

En el caso de las demoliciones por “necesidades militares y de seguridad” no pertenecientes a la categoría de las llevadas a cabo “en el curso de actividades militares”, el Tribunal Supremo de Israel resolvió en 2002 que las familias afectadas tenían derecho de apelación a menos que con ello “se ponga en peligro la vida de israelíes o haya actividades de combate en las proximidades”.39 Sin embargo, en un fallo posterior, el Tribunal determinó que no era necesario avisar con antelación si con ello se dificultaba la demolición,40 lo que prácticamente supuso dar luz verde a las demoliciones sin posibilidad de presentar una apelación contra ellas. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos.

En los casos de destrucción notificada con antelación en que los dueños de los bienes en cuestión han presentado una apelación, el Tribunal Supremo de Israel normalmente ha aceptado la explicación de “necesidades militares y de seguridad” ofrecida por el ejército israelí y ha permitido la demolición. Por ejemplo, en una apelación presentada por el propietario de un fábrica contra la demolición de ésta para construir un nueva carretera cerca del asentamiento de Netzarim, en la Franja de Gaza, el Tribunal aceptó como justificación de la demolición una larga lista de incidentes de seguridad ocurridos en el pasado en la zona, así como datos vagamente expresados y no especificados según los cuales había “intención” de utilizar de nuevo el lugar para lanzar ataques.41

Amnistía Internacional cree que estos fallos judiciales indican que el Tribunal Supremo de Israel ha aceptado con demasiada facilidad la definición manifiestamente amplia que hace el ejército de “necesidad militar” (véase el apartado sobre normas jurídicas infra) y que, al hacerlo, no ha protegido a los palestinos de los Territorios Ocupados de la destrucción arbitraria de sus hogares y bienes ni de los desalojos forzosos, dando luz verde a las demoliciones israelíes con casi cualquier fin teóricamente militar.

V. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO: DISCRIMINACIÓN EN LA POLÍTICA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y EN SU APLICACIÓN

Tenemos que empezar a concienciar al público árabe de que hay que construir edificios en altura, pisos. Vivimos en un país pequeño y superpoblado y veo que en otros países árabes construyen edificios en altura. No hay razón para que en el sector árabe todo el mundo viva en casas bajas.

Abraham Poraz, ministro israelí del Interior, 21 de enero de 2004.

V. 1. Información general sobre la demolición de viviendas construidas sin permiso

Las autoridades israelíes llevan décadas aplicando una política de demolición de viviendas y destrucción de tierras y otros bienes en Israel y los Territorios Ocupados. En la gran mayoría de los casos, las personas cuyas viviendas y bienes se han destruido son palestinos o ciudadanos israelíes de origen palestino. La demolición de viviendas dentro de Israel difiere considerablemente, tanto en la legislación como en la práctica, de la que se lleva a cabo en los Territorios Ocupados, y es en éstos donde más extensa ha sido la destrucción de viviendas y bienes realizada por Israel en los últimos años. No obstante, hay también semejanzas entre ambas situaciones, sobre todo en lo que respecta a las principales causas subyacentes de la demolición de viviendas por falta de permiso de construcción, fenómeno que se da tanto en el sector árabe de Israel como en partes de los Territorios Ocupados.

La expropiación y confiscación de grandes extensiones de tierras palestinas ha reducido considerablemente las reservas de tierra disponible en que los palestinos y los árabes israelíes pueden construir para dar respuesta al crecimiento natural de sus comunidades. Los reglamentos de urbanismo y construcción de estas zonas restringen aún más la cantidad de tierra de propiedad privada en que los árabes israelíes y los palestinos pueden construir.

En los Territorios Ocupados, los palestinos tienen prohibido arrendar tierras o construir en ellas si han sido declaradas tierras del Estado, porque los “extranjeros” no pueden disponer de este tipo de tierras para su arrendamiento o para construir en ellas, y a todos los habitantes palestinos de los Territorios Ocupados se los define como extranjeros en la legislación israelí. 42 A los palestinos no se les ha permitido construir, ni utilizarlas para otros fines, en la mayoría de las tierras que se han puesto a disposición, para construir, cultivar o dedicar a usos comerciales, de los colonos judíos, cuya presencia en los Territorios Ocupados constituye una violación del derecho internacional.

En Israel se han fundado desde su establecimiento como Estado más de 700 ciudades y pueblos judíos, pero ni uno sólo árabe. Además, decenas de pueblos árabes que existían antes de la creación de Israel fueron recalificados posteriormente como zonas no residenciales y siguen sin estar reconocidos y en peligro de ser demolidos.

Alrededor del 93 por ciento de la tierra de Israel es estatal, pero parte de ella está administrada por el Fondo Nacional Judío, la Agencia Judía u otros organismos que no arriendan tierras a personas que no sean judías ni aceptan a estas personas en las comunidades y proyectos de vivienda que establecen, y hay otros proyectos de vivienda en tierra estatal elaborados específicamente para nuevos inmigrantes judíos. Otras medidas que restringen el acceso de los árabes israelíes a la tierra y las viviendas son los subsidios de vivienda, sólo disponibles para los israelíes que han cumplido el servicio militar, lo cual excluye a los árabes israelíes, a los que no se llama a filas.

Los planes de construcción de muchos pueblos y ciudades árabes de Israel no se han completado, lo que restringe o bloquea la concesión de permisos de construcción, mientras que los de los nuevos pueblos y ciudades judíos se trazaron enseguida. Muchos pueblos árabes de Israel no tienen ayuntamiento propio (al contrario que pueblos judíos más pequeños), sino que dependen del de un pueblo o ciudad judíos, en el que no tienen representación. Las tierras de propiedad privada de los pueblos árabes se han calificado como agrícolas y se han puesto bajo la jurisdicción de municipios judíos adyacentes, lo que hace que a los árabes les resulte muy difícil, si no imposible, obtener permisos de construcción.

V. 2. Políticas de urbanismo y construcción

En la raíz del problema de la demolición de viviendas construidas sin permiso en el sector árabe de Israel y en partes de los Territorios Ocupados se encuentran las políticas de suelo y urbanismo y la manera en que se aplican. Tales políticas se han caracterizado por la discriminación de que son objeto los árabes israelíes y los palestinos en el uso de las tierras del Estado, incluidas las expropiadas previamente a palestinos, y en el modo en que se elaboran los planes de uso de la tierra de propiedad privada, así como en la aplicación de los reglamentos de urbanismo y construcción. La preocupación que suscitan los reglamentos y prácticas discriminatorios se reconoce desde hace ya tiempo, e incluso la Comisión Or lo vio ya así en su informe de 2002.43

Extractos del informe de la Comisión Or, septiembre de 2003

36) En los primeros 50 años de existencia del Estado, la población árabe se multiplicó por siete, pero la cantidad de tierras destinas a la construcción de viviendas casi no varió. Por consiguiente, la densidad de población aumentó considerablemente en el sector árabe, y la falta de tierra disponible perjudicó a las parejas jóvenes que buscaban vivienda. La construcción pública no las ayudó substancialmente, no se establecieron nuevas localidades, con excepción de los asentamientos (municipios) beduinos, y la Administración Israelí de Tierras normalmente no destinaba tierras a la construcción en el sector árabe. Los habitantes del sector árabe que querían construir en tierras de su propiedad pero bajo la jurisdicción de las autoridades judías locales vecinas no podían hacerlo debido a los reglamentos de estas autoridades.

37) Un importante obstáculo para la construcción de viviendas en el sector árabe era la falta de planes preliminares y generales. Le preparación y actualización de tales planes lleva siempre tiempo, pero había demoras irrazonables en el sector árabe. A ello se sumaba el problema de la falta de representación efectiva del sector árabe en las comisiones de urbanismo y construcción. En las comisiones nacionales y de distrito había una representación simbólica, o ninguna representación en absoluto, del sector árabe. En muchos casos no se establecían comisiones locales en las localidades árabes, las cuales se ponían bajo la jurisdicción de comisiones dirigidas por judíos. Como consecuencia de ello, en las decisiones sobre la urbanización del sector árabe no se tenían lo suficientemente en cuenta las necesidades de la población árabe.

Incluso después de que se acelerara la elaboración de planes durante el decenio de 1990, al terminar el siglo la mitad de las localidades árabes no habían aprobado aún un plan general que permitiera la expansión de zonas muy urbanizadas, y muchas de ellas no habían aprobado planes preliminares. Debido a ello, en gran parte de las zonas de la jurisdicción (de las localidades árabes) los propietarios de tierras privadas no podían construir casas legalmente. El fenómeno generalizado de la construcción sin permiso que ha surgido tiene en parte su origen en la imposibilidad de conseguir permisos de construcción. Las construcciones sin permiso son normalmente casas familiares. Se han dictado órdenes de demolición de casas árabes en Galilea, el Negev, el Triángulo y las ciudades mixtas. Se ha dicho que por detrás de la situación legal hay motivos políticos e ideológicos y que se ha creado un doble rasero para con los ciudadanos árabes. Los ciudadanos comenzaron a prepararse para oponerse a la demolición de casas, y las figuras públicas participaron activamente en la movilización de la población para esta oposición, animándola a defender las casas con su cuerpo, e incluso pidieron que se utilizara la violencia contra los policías.

l 18 de junio de 2003, las fuerzas de seguridad israelíes demolieron la casa de Hani Zbeida, joven de 25 años que es parapléjico y tiene que ir en silla de ruedas. Hani vive en Lod con sus padres y hermanos, en una casa alquilada por la familia a Amidar (la autoridad israelí que administra las casas y bienes que pertenecían a los palestinos expulsados u obligados a huir durante la guerra iniciada a raíz del establecimiento del Estado de Israel, en 1948, y que quedaron en manos del Estado tras ser declarados “abandonados”). La casa tiene jardín, y adyacente a ella hay también una pequeña parcela.

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Hani Zbeida, de 28 años, septiembre de 2003. © AI

n esta parcela había dos pequeños cuartos trasteros, y en septiembre de 2002 la familia construyó una habitación de amplias puertas, con un cuarto de un baño adjunto, para Hani, a fin de que le resultara más fácil desplazarse con la silla de ruedas y tuviera cierta intimidad y espacio para su trabajo. Aunque no puede utilizar las manos, Hani trabaja con ordenadores, pues teclea con la cabeza por medio de una varita sujeta a la frente. Contó a Amnistía Internacional que se había puesto muy contento cuando su familia construyó esa casa para él al lado de la suya, porque era espaciosa y más cómoda. Sus padres dijeron que cuando fueron a demoler la nueva casa y la familia protestó, las fuerzas de seguridad golpearon al padre de Hani y a su hermano, que llevaba una pierna escayolada a causa de un accidente de tráfico. Poco después de la demolición, la familia comenzó a reconstruir la casa, pero cuando la tenía casi acabada recibió una nueva orden de derribo y tuvo que parar las obras.

A Amal y Zuhair Hajji les demolieron su casa nada más acabar de construirla en Majd al-Krum, en el norte de Israel, el 14 de abril de 2002. El padre de Amal le ha dado a ésta una parcela situada al oeste el pueblo, pero es imposible obtener permiso de construcción, porque la tierra está calificada como agrícola. Amal contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Tenemos la tierra, pero no podemos construir en ella; no hay forma de conseguir un permiso, así que hay mucha gente en la misma situación y no nos queda más remedio que construir nuestras casas sin permiso. Tenemos cinco hijos y necesitamos un hogar. No podemos seguir construyendo encima de las casas ya existentes, porque no es seguro, y además, tampoco está permitido. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Es que no tenemos derecho a tener un hogar?

En Majd al-Krum, como en otros pueblos del sector árabe de Israel, la densidad de viviendas de la zona calificada como suelo edificable ha aumentado espectacularmente y hay ya escasez de suelo donde construir. Parte de las tierras del pueblo se confiscaron por “necesidades militares” hace décadas, y, aunque no se han utilizado con fines militares, nunca les han sido devueltas a los vecinos; de hecho, según informes, se piensan dejar para la ampliación de cercano pueblo judío de Karmiel.

V. 3. Restricción de la construcción en los Territorios Ocupados desde los acuerdos de Oslo

Tenemos por norma no aprobar la construcción en la zona C.

Explicación ofrecida por un portavoz del ejército israelí a delegados de Amnistía Internacional en 1999.

En la práctica no se plantea la cuestión. No hay más permisos de construcción para palestinos.

Declaración del asesor jurídico del ejército israelí, el coronel Shlomo Politus, hablando de la zona C de Cisjordania ante la Comisión de Constitución, Justicia y Ley del Parlamento de Israel, 13 de julio de 2003

Los acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en tres zonas: A, B y C. La Autoridad Palestina quedó encargada de los asuntos civiles (como la salud, la educación y la concesión de permisos de construcción) en las zonas A y B, que abarcaban sólo el 40 por ciento del territorio cisjordano, pero contenían el 97 por ciento de la población palestina. Israel se reservó el control tanto de los asuntos civiles como de la seguridad en la zona C, que abarcaba el 60 por ciento de Cisjordania y contenía la mayor parte de las tierras palestinas despobladas, los asentamientos israelíes y las principales carreteras. Las zonas A y B no son contiguas, sino que se hallan divididas en unos 227 enclaves distintos, rodeado cada uno de ellos de zona C bajo control militar y civil israelí.

La Franja de Gaza se dividió de manera similar, quedando las zonas más densamente pobladas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina y la despobladas o menos pobladas bajo control pleno israelí. Las segundas, denominadas “zonas amarillas” (similares a la zona C de Cisjordania) abarcan más del 30 por ciento de la Franja e incluyen los asentamientos israelíes.

Debido a esta división, a los palestinos se les ha seguido impidiendo construir en la mayor parte de Cisjordania. A los que, incapaces de obtener un permiso, han construido su hogar en estas zonas sin autorización , el ejército israelí les ha demolido la casa. Según cifras proporcionadas por las autoridades militares israelíes a la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, en 2001 y 2002 el ejército demolió 419 estructuras por falta de permiso de construcción en la zona C de Cisjordania. No se dispone de estadísticas actualizadas, pero Amnistía Internacional ha recibido información que indica que en el último año y medio en la zona C de Cisjordania se han demolido decenas de viviendas y otros bienes por falta de permiso.

Al mismo tiempo, Israel ha acelerado de manera espectacular el establecimiento y la ampliación de asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental y sus alrededores, en la zona C de Cisjordania y en las zonas amarillas de la Franja de Gaza, y ha construido una amplia red de carreteras a largo de los Territorios Ocupados para facilitar la comunicación de esos asentamientos entre sí y con Israel. En los siete años del proceso de paz de Oslo, desde 1993 hasta el estallido de la Intifada en 2000, el número de colonos israelíes de Cisjordania y la Franja de Gaza aumentó más de un 50 por ciento. La expansión de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados continúa. Según cifras publicadas el 2 de marzo de 2004 por la Oficina Central de Estadística de Israel, en 2003 la construcción de viviendas en Israel se redujo un 8 por ciento, pero aumentó un 35 por ciento en dichos asentamientos.

Continúan construyéndose asentamientos israelíes y carreteras para los colonos en tierras palestinas expropiadas progresivamente o confiscadas “temporalmente” por las autoridades militares israelíes desde el comienzo de la ocupación en 1967.44 En teoría, la confiscación “temporal” de tierras por “necesidades de seguridad” (no especificadas) tiene una duración determinada, pero puede prorrogarse indefinidamente. En la práctica, las confiscaciones “temporales” de tierras han acabado siempre siendo permanentes.

En la actualidad, el ejército israelí continúa confiscando tierras palestinas por “necesidades militares y de seguridad” a fin de construir estructuras permanentes que benefician a los asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados.

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La casa de la familia Shahadeh en Al Walaja, Cisjordania, fue destruida por haberse construido sin permiso, septiembre de 2003. © AI


l 13 de agosto de 2003 por la mañana, el ejército y los guardias de fronteras israelíes demolieron cinco viviendas en el pueblo de Al Walaja, situado al suroeste de Jerusalén. Unas 80 personas perdieron su hogar a causa de la demolición. Una de esas viviendas era el hogar de la familia Shahadeh, formada por los padres, dos hijas y dos hijos, uno de estos casado y con un hijo. La familia había construido la casa en 1999 y vivía en ella desde entonces. .

Badria Shahadeh contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Poco después de mudarnos a la casa recibimos una orden de demolición y presentamos una apelación ante los tribunales. La última vista judicial fue en junio de 2003, y se nos impuso una multa de 18.000 shekel, de los que pagamos dos primeros plazos mensuales antes de la demolición de la casa. El tribunal decidió también que en enero de 2004 debíamos tener condenadas todas las ventanas, pero no dijo nada de destruir la casa. Los guardias de fronteras llegaron de madrugada y no quisieron escuchar nada de lo que teníamos que decir; incluso se negaron a mirar los documentos judiciales que quisimos enseñarles. Nos dijeron que tenían orden de demoler nuestra casa, pero jamás nos mostraron ninguna orden ni ningún otro documento. No nos dieron tiempo; nos apresuramos a sacar todo lo que pudimos. Mi hermana se fracturó una mano al intentar sacar los muebles. Mis padres son ancianos y estaban todavía durmiendo. Seis soldados sacaron a mi padre de la cama y lo llevaron fuera de la casa.

V. 4. Relación de los asentamientos israelíes con la restricción de la construcción a los palestinos

El Comité también está gravemente preocupado por la práctica constante de expropiación de tierras y recursos de los palestinos para propiciar la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel, 23 de mayo de 2003, E/C.12/1/Add.90, párr. 26.

Durante los 37 años de ocupación, las autoridades israelíes han recurrido a diversas medidas para impedir y restringir la urbanización y construcción palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos israelíes han aplicado con diversos grados de intensidad una política de establecimiento de asentamientos judíos en grandes extensiones de tierra palestina confiscada a lo largo y ancho de los Territorios Ocupados, violando así el derecho internacional.45 Por medio de generosos incentivos económicos, se ha animado a mudarse a los asentamientos a israelíes y a nuevos inmigrantes judíos que no en todos los casos lo habrían hecho sólo por razones ideológicas.

Tras ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel paralizó la urbanización en las ciudades y pueblos palestinos. Se utilizaron proyectos urbanísticos de hacía varias décadas y que no servían ya para satisfacer la necesidades de una población creciente como base para rechazar las solicitudes palestinas de permiso de construcción. Enfrentados a una situación en la que se rechazaban invariablemente las largas, complicadas y costosas solicitudes de autorización para construir en sus tierras, los palestinos no tuvieron más remedio que construir sus hogares sin permiso. En vez de considerar la posibilidad de permitir la elaboración de procedimientos de urbanismo y construcción más adecuados para hacer posible el desarrollo de las ciudades y pueblos palestinos, Israel adoptó una política de demolición masiva de viviendas palestinas.

Al mismo tiempo, Israel elaboró exhaustivos y eficaces proyectos urbanísticos para más de 150 asentamientos judíos establecidos en los Territorios Ocupados. A pesar de ello, en estos asentamientos se construyeron millares de viviendas sin permiso. Israel no procedió a demolerlas, sino que concedió permisos de construcción con carácter retroactivo para miles de ellas, así como para asentamientos enteros establecidos sin autorización del gobierno.

V. 5. Confiscación y expropiación de tierras

En Israel, tras el establecimiento del Estado se confiscaron también grandes extensiones de tierra en aplicación de reglamentos de emergencia. Se las declaró zonas militares de acceso prohibido y se expulsó de ellas a sus habitantes y propietarios. Aunque se habían confiscado sólo “temporalmente”, en varios casos jamás se permitió a sus dueños regresar a ellas.46

Israel ha expropiado grandes extensiones de tierra en Israel y en los Territorios Ocupados declarando que la tierra no registrada oficialmente o que no esté en cultivo constante no es de propiedad privada, sino del “Estado”. La justificación de esta medida es la Ley de Tierras otomana, que definía el miri, tipo de propiedad aplicado a la mayor parte de las tierras de cultivo palestinas en virtud del uso. Las tierras miri incluyen los pastos y praderas; las tierras no cultivadas durante tres años podían ser entregadas en subasta a un agricultor dispuesto a cultivarlas (o, si nadie pujaba, a un agricultor necesitado); el cultivo durante 10 años daba al cultivador derecho de tabu (escritura de propiedad). En Palestina era normal la posesión sin título de propiedad antes de que las autoridades iniciaran el proceso de concesión de títulos durante el mandato británico, proceso que no había terminado al acabar dicho mandato.47 Muchos palestinos no registraron sus tierras ni con la administración otomana ni con la británica para evitar los impuestos y porque no era necesario, ya que su derecho a la tierra jamás se había puesto en duda.

Tras el establecimiento del Estado de Israel (y después de 1967 en los Territorios Ocupados), si se demostraba por medio de fotografías aéreas que una tierra no había sido cultivada todos los años durante un periodo de diez años, el Estado, no el pueblo al que pertenecía, podía disponer de ella. La notificación de que una zona había sido declarada tierra del Estado podía entregarse a un representante del pueblo, dejarse en la tierra (debajo de una piedra, por ejemplo) o hacerse verbalmente. Era responsabilidad del propietario encargar un informe catastral y presentar una apelación en un plazo determinado. Muchos no recibían jamás la notificación, y eran muy pocos los que tenían medios para presentar una reclamación judicial. Casi ninguno de los que lo hacían tenía éxito

De acuerdo con la Ley de Propiedades de Absentistas (promulgada por Israel en 1950), las tierras, casas y otros bienes de palestinos calificados de absentistas eran expropiados y declarados propiedad del Estado. La ley definía como absentistas a todos los palestinos que estuvieran fuera del país o lejos de su lugar de residencia tras el 29 de noviembre de 1947. Más de 800.000 palestinos que fueron expulsados o huyeron del país durante la guerra fueron despojados de sus tierras y bienes en aplicación de esta ley, al igual que alrededor de la cuarta parte de los 150.000 palestinos que se quedaron en el país pero convertidos en desplazados internos debido a la guerra.

Se expropiaban también tierras de ciudadanos palestinos de Israel por medio de la Ordenanza de Adquisición de Tierras para Fines Públicos. Esta norma, promulgada por la administración británica en 1943, permite a las autoridades apropiarse de manera permanente o temporal de la tierra con fines públicos. La definición de “fin público” la hacen las autoridades, a las que no se pide que proporcionen detalles del fin.48

V. 6. Aplicación discriminatoria de los reglamentos de urbanismo y construcción

La localidad judía de Kamon se fundó en 1980 en torno a las tierras de los Sawad, familia a la que ya habían confiscado tierras anteriormente y que lleva una década luchando por sus derechos ante los tribunales israelíes. Las tierras de los Sawad figuraban en el plan de 1984 del Consejo Regional de Misgav para Kamon como destinadas a la construcción, pues iban dentro de la línea azul del plan, que delimita la zona urbanizable. Sin embargo, el plan se reformó posteriormente de manera que dejó las tierras de los Sawad fuera de la línea azul. Al impugnar la familia la reforma del plan, fue informada de que ésta no modificaba la condición de sus tierras, que sigue siendo zona edificable. Sin embargo, cuando la familia vio el plan se enteró de que sus tierras habían sido divididas en siete parcelas, cada una de la cuales contenía también algunas tierras pertenecientes al Consejo Regional. Debido a esto, los permisos de construcción están sujetos al parecer del Consejo, aun cuando no se dispute a la familia la propiedad de la tierra y los permisos de construcción solicitados sólo afecten a la parte de las parcelas perteneciente a la familia y no a la que pertenece al Estado. El procedimiento de parcelación de la tierra puede durar años, y en este caso la división de las tierras de los Sawad en parcelas compuestas sólo de tierra suya precisará del consentimiento del Consejo, que no se ha mostrado dispuesto a colaborar. Por tanto, la familia no ha obtenido los permisos de construcción necesarios para sus tierras.

En el sector árabe de Israel y en Jerusalén Oriental, muchas de las tierras de propiedad privada han sido calificadas como zona verde en la que no está permitido construir. Todos los esfuerzos por conseguir su recalificación para poder construir en ellas viviendas han sido inútiles. Sin embargo, en el sector judío sí se han recalificado tierras de cultivo a fin de poder construir no sólo viviendas, sino también establecimientos comerciales. A lo largo de los años, la Administración Israelí de Tierras ha aprobado sin reservas la recalificación de tierras de moshav y kibutz (granjas agrícolas del sector judío) para darles uso comercial, en vez de agrícola.49

Un estudio de 1997 llevado a cabo por el departamento de urbanismo del Ministerio de Agricultura reveló la existencia de 7.400 actividades comerciales en moshav, 3.000 de las cuales estaban en el distrito central del país. Esta cifra probablemente sea un cálculo demasiado bajo, ya que, según datos de la Unidad de Supervisón del Comité de Urbanismo y Construcción, sólo en el distrito central había 7.250 casos de uso excepcional de tierras de cultivo. El estudio no revelaba si eran o no legales, pero de acuerdo con una carta de diciembre de 1997 enviada por el director del departamento de urbanismo al Ministerio de Agricultura, la mayoría no tenían condición legal. El uso excepcional de tierras de cultivo se da también en localidades urbanas. Por ejemplo, la Unidad de Supervisión del Comité de Urbanismo y Construcción del distrito central comprobó en febrero de 1998 que había 25 estructuras construidas sin permiso en tierras de cultivo en la zona de Petah Tikva. Informe de 2000 del interventor del Estado.50

Tanto en Israel como en los Territorios Ocupados, los reglamentos de urbanismo y construcción se aplican de una manera que, en la gran mayoría de los casos, discrimina a los árabes israelíes y a los palestinos. También se cometen infracciones de estos reglamentos en el sector judío de Israel y en los asentamientos judíos de los Territorios Ocupados. Sin embargo, las demoliciones de viviendas de judíos israelíes son algo insólito. La información oficial sobre demoliciones no se desglosa en estadísticas separadas para los sectores árabe y judío.51 Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, raras veces se derriban viviendas en el sector judío, y cuando se hace lo que se demuele suelen ser ampliaciones de edificios ya existentes, no viviendas enteras. En el sector judío se ha tendido a tolerar la construcción de edificios sin permiso y a conceder a estos edificios permisos de construcción con carácter retroactivo, no a demolerlos.

En los Territorios Ocupados, el establecimiento de asentamientos israelíes es ilegal según el derecho internacional. Además, a los asentamientos creados sin autorización del gobierno se les suele conceder la autorización retroactivamente y se les dota de servicios como agua y electricidad incluso antes de estar autorizados. En 2003 no se ejecutó al final una notoria decisión del gobierno de desmantelar los puestos de avanzada de unos asentamientos no autorizados (formados por caravanas en su mayoría deshabitadas). En unos casos, los puestos no se eliminaron, y en otros, sí, pero los colonos los volvieron a levantar enseguida y las autoridades dejaron que siguieran allí.

El Comité está profundamente preocupado por la continuación de la diferencia de trato entre judíos y no judíos, en particular las comunidades árabes y beduinas, con respecto al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el territorio del Estado Parte [...] Esta actitud discriminatoria se aprecia claramente en el nivel de vida más bajo que sigue registrándose entre los árabes israelíes como resultado, entre otras cosas, de [...] la falta de acceso a vivienda, agua, electricidad y atención sanitaria, y su nivel más bajo de educación, a pesar de los esfuerzos del Estado Parte para reducir esas diferencias. A este respecto, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte no haya incorporado los principios de la igualdad y no discriminación.

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel, 23 de mayo de 2003, E/C.12/1/Add.90, párr. 16.

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As`ad Mu`yin delante de los restos de su hogar y debajo de una imagen de la casa antes de su destrucción, septiembre de 2003. © AI


a mañana del día de su boda, el 21 de agosto de 2003, a As’ad Mu’yin le demolieron la casa. Al mismo tiempo destruyeron también la de su primo Ziad As’ad, que se había casado una semana antes. Eran edificios contiguos, construidos a lo largo de los cinco últimos años en la localidad cisjordana de Nazla ‘Issa (zona C, según los acuerdos de Oslo). As’ad Mu’yin vivía en la planta baja de la casa con sus padres y tres hermanos, y había amueblado y preparado la segunda planta para mudarse a ella con su esposa. La demolición se llevó a cabo antes de que pudiera hacerlo. Los muebles nuevos y los regalos de boda desaparecieron bajo los escombros, junto con todo lo que había en el hogar familiar de la planta baja. Lo único que quedó de la casa fueron unas cuantas fotografías que mostraban cómo era la víspera de la demolición, cuando estaba completamente amueblada y lista para acoger a los recién casados. As’ad Mu’yin explicó así lo ocurrido a Amnistía Internacional:

El ejército llegó por la mañana temprano, hacia las siete. Yo me estaba preparando para la boda, para pasar un día muy feliz. Tenían bulldozer, y había también guardias de fronteras y policías; nos dieron 15 minutos para abandonar la casa. No tuvimos tiempo de salvar nada. Dijeron que no teníamos permiso de construcción, y que lo necesitábamos, porque esto es zona C. Pero todo el mundo sabe que Israel no concede permisos de construcción a los palestinos de la zona C. En menos de una hora las dos casas quedaron destruidas. No pudimos hacer nada.

La casa de Ziad As’ad tenía también dos plantas, una para él y otra para su hermano. Él vivía en la suya, la superior, desde su boda, una semana antes de la demolición.

V. 7. Los pueblos beduinos no reconocidos de la región del Negev: intrusos en sus propios hogares

La policía envenenó los campos con aviones. Tuvieron que utilizar algo muy fuerte, veneno, porque caímos enfermos. Al principio creímos que era una sustancia química de Irak, pues en la televisión habían hablado mucho de que Irak iba a lanzar un ataque químico contra Israel por la guerra de Estados Unidos allí. Yo no había pensado mucho en ello, pero cuando llegaron los aviones y arrojaron ese gas, no sabía lo que era, estaba aterrorizada. Mi esposo no estaba aquí; se encontraba en Be’er Sheva, así que estaba sola con mis hijos y tenía mucho miedo. Los niños se pusieron enfermos, y yo estaba muy mareada [...] Algunas personas vomitaron e incluso se desmayaron. No sabía qué hacer. Pensé que era eso, el ataque químico, y luego me enteré de que era la policía. Lo hizo para destruir nuestros cultivos. ¿Por qué hacen cosas así? ¿Traer aviones para destruir nuestros cultivos? No tenemos nada, ya lo ven. No tenemos agua para regar los campos, y no se puede cultivar la tierra sin agua. Destruyeron hasta ese pedacito que conseguimos hacer. ¿Por qué?

Habitante de un pueblo beduino no reconocido hablando de las destrucción de cultivos llevada a cabo en mazo de 2003.

En el Negev hay unos 45 “pueblos no reconocidos” en los que viven entre 60.000 y 70.000 beduinos. Aunque estas personas llevan generaciones viviendo en esta región del sur de Israel, donde eran la principal población antes del establecimiento del Estado de Israel, sus pueblos no han sido reconocidos jamás por las autoridades israelíes, que no los han dotado de servicios básicos, como agua corriente, electricidad, saneamiento, escuelas, centros médicos y carreteras pavimentadas. Los índices de mortalidad infantil y enfermedad de estos pueblos son los más altos del país. Las autoridades israelíes no permiten a sus habitantes construir casas ni cultivar la tierra, por lo que viven con el temor constante de que les destruyan sus hogares. Solamente en los últimos dos años, las fuerzas de seguridad han demolido decenas de viviendas en estos pueblos y han destruido los cultivos fumigándolos desde helicópteros en siete ocasiones. La última vez, el 11 de marzo de 2004, la Administración Israelí de Tierras confirmó que la sustancia química con que se habían fumigado los campos era el herbicida Roundup, producido por la empresa Monsanto Corporation. Según las instrucciones del fabricante, este producto no debe utilizarse en fumigaciones aéreas, e incluso si se esparce desde el suelo, no debe permitirse el acceso de personas ni animales a la zona tratada durante siete días.52Sin embargo, las autoridades israelíes no avisaron a la población beduina de la zona para que saliera de ella antes de fumigarla. Varias personas se vieron afectadas por los gases y tuvieron que recibir tratamiento hospitalario.

Puesto que las construcciones más permanentes son las que más probabilidades tienen de ser destruidas por las autoridades israelíes, muchos de los habitantes de los pueblos beduinos no reconocidos se ven obligados a vivir en casas semejantes a cobertizos, con el tejado de chapas de cinc, que ofrecen muy poca o ninguna protección contra las temperaturas extremas del desierto. Aún así, la mayoría de sus viviendas y establos corren peligro de ser demolidos. La Administración Israelí de Tierras sitúa el número de estructuras sin permiso (y, por tanto, expuestas a ser demolidas) de estos pueblos en 60.000, 25.000 de las cuales son viviendas, y el Ministerio del Interior de Israel da la cifra de 30.000.53

Las autoridades han prohibido a los beduinos construir viviendas y cultivar la tierra para impedirles establecer formalmente una presencia permanente y adquirir derechos sobre la tierra por medio del cultivo continuo. Hasta finales de la década de 1940, los beduinos ocupaban una zona mucho mayor del Negev.54 Tras el establecimiento del Estado de Israel, las autoridades confinaron a la población árabe de la región a una superficie que fue declarada zona militar cerrada y pasó a conocerse como el Siyag (correspondiente a la superficie triangular comprendida entre Rahat, al norte, Yerucham, al sur, y Arad, al este). Tras concluir el dominio militar israelí sobre la población árabe en 1966, jamás se permitió a los beduinos regresar a las tierras que ocupaban anteriormente. Hoy día continúan en el Siyag, zona que representa alrededor del 2 por ciento del Negev.55

Los beduinos afirman que las tierras de los pueblos no reconocidos les pertenecen y que, de hecho, son sólo un pequeño porcentaje de sus tierras, pese a que no tengan escrituras de propiedad.56 Las autoridades israelíes sostienen que son tierras del Estado, aunque no estén registradas como tales. Afirman también que los beduinos son intrusos en tierras públicas, pero llevan años ejerciendo presión sobre ellos (llegando incluso a destruir sus casas y cultivos y negándoles servicios básicos) para que firmen acuerdos por los que renuncian a seguir reclamando estas tierras y se trasladan a municipios urbanizados que las autoridades están proyectando para ellos.

En las últimas décadas, cerca de la mitad de la población beduina ha cedido a la presión del gobierno y se ha mudado a cinco de esos municipios, que carecen de infraestructura y de oportunidades de trabajo y desarrollo económico. Estas localidades figuran entra las más pobres del país, y tienen altos índices de desempleo y delincuencia. Los 60.000 ó 70.000 beduinos que viven todavía en los pueblos no reconocidos han resistido la presión a que los somete el gobierno para que renuncien a sus tierras y a su estilo tradicional de vida, basado en la agricultura y el pastoreo, y se trasladen a los nuevos municipios

A la vez que intensifican sus esfuerzos por concentrar a la población beduina en pequeños municipios con pocas o ninguna perspectiva de empleo y desarrollo, las autoridades han fomentado y auspiciado el establecimiento de nuevas granjas y pueblos judíos en la región. Según el informe 52B de 2000 del interventor del Estado, la Administración Israelí de Tierras ha arrendado 66.000 dunum (unas 6.600 hectáreas) de tierras del Estado a unas 35 granjas familiares judías del Negev. Esta medida resulta chocante si se compara con la situación de los 60.000 ó 70.000 beduinos de los pueblos no reconocidos, a los que no se permite construir viviendas ni cultivar la tierra en la que viven desde hace generaciones. Las aisladas granjas familiares judías del Negev reciben servicios como electricidad y agua, mientras que a los pueblos beduinos se les niegan incluso si están cerca de las centrales eléctricas y los depósitos de agua.

El Comité sigue estando preocupado por la situación de los palestinos beduinos que viven en Israel, en particular los que residen en aldeas que todavía no están reconocidas [...] A pesar de las medidas adoptadas por el Estado Parte para reducir las diferencias en las condiciones de vida entre los judíos y los beduinos del Negev, la calidad de las condiciones de vida y de vivienda de los beduinos sigue siendo muy inferior, ya que éstos carecen de acceso o tienen un acceso limitado a los servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento. Además, siguen siendo objeto periódicamente de medidas de confiscación de tierras, demolición de viviendas, multas por construcciones "ilegales", destrucción de cosechas, campos de cultivo y árboles, y hostigamiento y persecución sistemáticos por parte de la Patrulla Verde a fin de obligarlos a reasentarse en "poblados".

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel, 23 de mayo de 2003, E/C.12/1/Add.90, párr. 27.

En los últimos años, el gobierno ha dado prioridad al Negev como zona de desarrollo y apta para la absorción de nuevos inmigrantes judíos, y las autoridades han reiterado a menudo su intención de llevar a los beduinos de los pueblos no reconocidos a siete municipios proyectados específicamente para ellos.57

E

´Ali Abu Sbeit y sus hijos junto a los escombros de su hogar, septiembre de 2003. © AI


l gobierno está tomando también medidas para endurecer la legislación sobre desalojos. Se ha elaborado un proyecto de ley, denominado ley de “expulsión de intrusos”, que tiene por objeto mejorar los procedimientos y mecanismos necesarios para “desalojar y sacar [de las tierras públicas] a toda persona, cabeza de ganado, cosa construida o plantada en ellas y objeto de cualquier otra clase conectado permanentemente [a la tierra]”. 58 En especial, este proyecto de ley prevé un sustancial aumento del presupuesto de los servicios de seguridad para efectuar más desalojos y expulsiones de manera más oportuna y efectiva.

El 4 de agosto de 2003, las fuerzas de seguridad israelíes demolieron en Sa’wa, uno de los pueblos beduinos no reconocidos, la casa de ‘Ali y Sara Abu Sbeit y sus seis hijos, de edades comprendidas entre los trece y los dos años y medio. ‘Ali Abu Sbeit contó lo siguiente a Amnistía Internacional

La policía y los guardias de fronteras llegaron hacia las siete de la mañana. Todavía estábamos durmiendo. Eran más de 200 y tenían bulldozer. Me ataron las manos a la espalda y me sacaron fuera, junto con mi esposa y mis hijos. No nos dieron tiempo para sacar nada de la casa. Algunos policías sacaron algunas cosas, pero casi todo lo que teníamos se quedó dentro. Comenzaron a golpear la casa con el bulldozer y la demolieron muy rápidamente, luego algunos de ellos aplaudieron y todos se fueron. Fue un día terrible; mi esposa y mis hijos estaban muy tristes, y todos nos encontrábamos muy mal. Como nuestra casa fue destruida, estamos viviendo con nuestros parientes, pero no todos juntos, porque somos muchos. A mi esposa le afectó mucho la demolición de nuestro hogar y necesitaba cuidados para recobrase, así que ella y nuestra hija menor están en casa de sus padres, en Ramle; nuestras dos hijas mayores están con mi hermano, y los tres chicos y yo, con mi madre. Mis hijos llevan tres semanas sin ver a su madre y a su hermanita. Luego vamos a ir a Ramle a visitarlas; pero ¿cómo vamos a vivir así? Somos una familia y necesitamos tener nuestro propio hogar.

Es la segunda vez que me derriban la casa. La primera fue en 1997, y tuve que demolerla yo mismo, porque, si no, las autoridades me obligaban a pagar el bulldozer y todo lo de la demolición. En esa ocasión había una orden judicial en la que se decía que tenía de demoler la casa, así que lo hice. He sido siempre un ciudadano respetuoso de la ley. He estado 13 años en el ejército de Israel,59 y todos los años cumplo servicio en la reserva. Lo acabé hace unas semanas, y dos semanas después de volver a casa del servicio en la reserva vino la policía y demolió mi hogar, sin avisar. No he recibido nunca una orden judicial ni nada. No podemos construir en ningún sitio, así que ¿dónde vamos a vivir? Cuando nos demolieron la casa en 1997, vivimos con mi madre durante tres años, pero ahora no hay sitio para todos nosotros allí. Entonces, en 1999, construí esta casa, y ahora nos hemos quedado otra vez sin hogar.

Ese mismo día, las fuerzas israelíes demolieron nueve viviendas más en el mismo pueblo. La casa demolida inmediatamente después de la de ‘Ali Abu Sbeit era de su primo, que está casado y tiene cuatro hijos.

V. 8. Restricción de la urbanización y la construcción en Jerusalén Oriental

L

Salim y Arabiya Shawamreh, septiembre de 2003. © AI

a casa de Salim y ‘Arabia Shawamreh fue demolida cuatro veces desde julio de 1998. Tras la última demolición, ocurrida el 2 de abril de 2003, la reconstruyeron con ayuda de voluntarios de varios grupos israelíes de derechos humanos para convertirla en un centro de paz dedicado a Noha Maqadmeh, mujer de Gaza, madre de 10 hijos, que murió aplastada bajo los escombros de su casa en marzo de 2003 (véase el apartado IV.1 supra) y de Rachel Corrie, pacifista estadounidense de 23 años que murió aplastada también por un bulldozer del ejército israelí en marzo de 2003 cuando intentaba impedir la demolición de una casa en el campo de refugiados de Rafah, en la Franja de Gaza.

Salim y ‘Arabia tienen siete hijos de entre 2 y 21 años de edad. Proceden de familias de refugiados palestinos que perdieron sus hogares al ser destruido su pueblo en el norte del Negev tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Vivían en el superpoblado campo de refugiados de Shu’fat, en Jerusalén, hasta que decidieron comprar un terreno en el cercano pueblo de ‘Anata. Tras pasar más de cuatro años y gastar mucho dinero intentando obtener un permiso de construcción, perdieron la esperanza y levantaron su hogar sin autorización. Contaron lo siguiente a Amnistía Internacional:

Las autoridades nos dieron distintas explicaciones de por qué se nos denegaba el permiso de construcción: que si el terreno tenía demasiada pendiente, que si estaba calificado como tierra de cultivo, que si en la escritura de propiedad no figuraban las firmas, que si se había proyectado una autopista en las inmediaciones, que si se había perdido la solicitud. Cada vez que conseguíamos impugnar o refutar la razón de su negativa, rechazaban nuestra solicitud por un motivo distinto. Gastamos miles de dólares en este proceso. Al final nos dimos cuenta de que era inútil y construimos la casa sin permiso.

‘Arabia contó así a Amnistía Internacional la demolición reiterada de su hogar:

La primera vez que nos demolieron la casa fue el 9 de julio de 1998; llevábamos cinco años viviendo en ella. Llegaron por la mañana, sin avisar. Había muchos soldados y policías, con bulldozer. Yo cerré la puerta con llave, pero los soldados arrojaron gas lacrimógeno por la ventana y echaron la puerta abajo. Ataron las manos a Salim con tanta fuerza que se le hincharon, y lo golpearon, a él y a nuestro hijo mayor, que tenía entonces 14 años. Me golpearon en la cabeza con la culata de un arma y maltrataron a los niños. Unas mujeres soldado agarraron a mis hijitas del pelo y las llevaron a rastras. Me llevaron al hospital. Vivimos en una tienda en nuestras tierras y comenzamos a reconstruir enseguida la casa. Un mes más tarde, cuanto estaba ya casi acabada, volvieron de nuevo el ejército y la policía, en plena noche, y amenazaron con disparar contra el que se moviera, incluidos los pacifistas israelíes que estaban con nosotros ayudándonos. Demolieron otra vez la casa. Los niños estaban aterrados, y siguieron mal; los más pequeños estuvieron mucho tiempo mojando la cama después de aquello. Los niños estaban traumatizados, y yo también. Estuve algún tiempo sin poder siquiera hablar, muy deprimida. Fue muy duro para todos nosotros.

La familia comenzó a reconstruir su casa en 1999 y la acabó y se mudó a ella el 3 de abril del 2001. Al día siguiente se presentaron otra vez las fuerzas de seguridad israelíes para demolerla, y en esa ocasión destruyeron también los cimientos. En el verano de 2002, la familia comenzó una vez más a reconstruir su hogar, y el 3 de abril de 2003, cuanto estaba acabando ya el interior, la casa fue destruida de nuevo. Desde que se reconstruyó otra vez en el verano de 2003 como centro de paz, las fuerzas de seguridad israelíes han vuelto a amenazar con demolerla, pero en el momento de redactar el presente informe seguía en pie.

En Jerusalén Oriental60 se han demolido en los últimos años centenares de casas con el pretexto de que habían sido construidas sin permiso, y millares más corren peligro de que las derriben. A muchos habitantes palestinos de Jerusalén les resulta imposible obtener permiso para construir viviendas en sus tierras, porque las autoridades israelíes han clasificado la mayoría de las tierras palestinas como zonas verdes.

Cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967 se anexionó inmediatamente Jerusalén Oriental y las tierras de 28 pueblos y ciudades de alrededor61 y expropió más de la tercera parte (24,5 km²) de total de las tierras anexionadas (71 km²). La mayor parte de las tierras eran propiedad privada de palestinos. Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem,

al final de 2000, en la tierra expropiada en Jerusalén Oriental se habían construido cerca de 44.000 unidades de vivienda para judíos, pero ni una sola para palestinos [...] el 82 por ciento de las unidades de viviendas construidas [en todo Jerusalén Oriental] eran para judíos, y el 18 por ciento, para palestinos. La disparidad ha sido aún mayor en los últimos años: de las unidades de vivienda acabadas entre 1990 y el final de 2000, sólo el 11,4 por ciento se construyeron en barrios palestinos.62

Desde la anexión de Jerusalén Oriental, Israel ha limitado considerablemente la construcción de edificios nuevos en los barrios palestinos. La expropiación de grandes extensiones de tierra cerca de los barrios y pueblos palestinos dejó a la mayoría de los barrios palestinos con muy poca o ninguna tierra en la que construir, y en los sitios donde hay tierra no está permitido construir. Mientras que en el resto de Cisjordania las autoridades israelíes se han valido de antiguos planes que no ofrecen ninguna oportunidad de urbanización, en Jerusalén Oriental han hecho lo contrario. Poco después de la anexión, en 1967, las autoridades anularon el plan de urbanismo (jordano), que había sido aprobado en 1966 y ofrecía amplias oportunidades de urbanización. Se creó así un vacío urbanístico en espera de la aprobación de nuevos planes, y en el ínterin sólo se concedieron algunos permisos de construcción específicos a palestinos y únicamente en zonas muy restringidas.

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Esta casa de Beit Hanina, Jerusalén Oriental, hogar de la familia Badr, fue destruida el 11 de septiembre de 2001. Según informes, la demolición se detuvo al darse los soldados cuenta de que se habían equivocado de casa. Al fondo, el asentamiento israelí de Reches Shu’afat, septiembre de 2001. © AI


esde la década de 1980 se han elaborado planes preliminares para la mayoría de los barrios palestinos de Jerusalén Oriental. Una llamativa característica de estos planes es la cantidad extraordinaria de tierra (alrededor del 40 por ciento) que se califica en ellos como “paisaje abierto” (shetah nof patuah), con lo que queda prohibida toda forma de urbanización en esa tierra. Los planes que se habían aprobado al final de 1999 sólo permiten la construcción en poco más del 11 por ciento de las tierras de la zona de Jerusalén Oriental que son propiedad privada de palestinos, y estas tierras se encuentran en su mayor parte dentro de zonas ya urbanizadas. Se han elaborado planes preliminares distintos para los asentamientos judíos y para los barrios palestinos, siendo las normas adoptadas manifiestamente diferentes. Los planes de los barrios palestinos son restrictivos desde el punto de vista geográfico, tienen una capacidad insuficiente y no tienen en cuenta las necesidades de la población palestina.

Geográficamente, los planes establecen una “línea azul” delimitadora en torno a la mayoría de las zonas urbanizadas existentes, y dentro de ella la tierra se califica de manera que permita la urbanización “de relleno” en parcelas vacías situadas entre edificios ya existentes. Jamás se ha hecho una asignación considerable de tierras urbanizables nuevas. En los registros israelíes se cita la necesidad de marcar los límites para no superar el “cupo” como justificación para los estrechos límites de la urbanización. La tierra que queda fuera de la línea azul se califica como “paisaje abierto”, en el que no está permitida ninguna urbanización, lo que en la práctica a menudo impide incluso la agricultura.

La calificación de la tierra como “paisaje abierto” se ha utilizado a menudo para paralizar su urbanización a fin de confiscarla posteriormente en favor de los asentamientos judíos (como Reches Shu’fat, Beit Safafa y, más recientemente, el importante asentamiento de Jabal Abu Ghneim/Har Homa). Por ejemplo, la tierra de Shu’fat destinada a viviendas para palestinos en el plan jordano de 1966 fue recalificada posteriormente por Israel como “paisaje abierto” y se plantaron en ella cipreses. En 1993, fue asignada al Fondo Nacional Judío para las viviendas judías que se han construido desde entonces.

Los procedimientos utilizados también son causa de problemas. Aunque los palestinos suelen construir en tierras que son propiedad familiar, no se ha hecho ningún intento de tener en cuenta las pautas de la propiedad en la elaboración de los planes. No se ha hecho nada por transferir la toma de decisiones de ámbito local a las comunidades palestinas locales. Incluso cuando están aprobados los planes preliminares, a menudo es necesario aprobar luego un plan detallado, y las parcelas grandes hacen necesario un plan de parcelación, proceso se puede tardar años en aprobar.

Por estos y otros factores, a millares de palestinos y árabes israelíes les resulta imposible obtener permisos de construcción incluso después de largos y costosos procedimientos de solicitud. Muchos han recurrido a los tribunales, incurriendo aún en más gastos, pero en la mayoría de los casos sus esfuerzos han sido inútiles. Otros, sabiendo que no tenían ninguna oportunidad de obtener permiso de construcción, han construido sus casas sin solicitarlo siquiera. Debido a ello se han demolido millares de viviendas, y miles más corren peligro de ser destruidas.

A muchas de las personas que han construido sus hogares sin permiso les han impuesto fuertes multas, equivalentes a veces al valor mismo de la vivienda. Han creído entonces que al pagar la multa se les iba a conceder el permiso o se iba anular o aplazar el peligro de demolición hasta que se llevara a cabo por fin una revisión del sistema de concesión de permisos de construcción. Sin embargo, tras pagar parte de la multa o en algunos casos casi toda, ha acabado recibiendo una orden de demolición.

VI. NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES APLICABLES

Tanto en Israel como en los Territorios Ocupados, Israel tiene que cumplir lo dispuesto en el derecho internacional de derechos humanos, incluidos los tratados internacionales de derechos humanos en que es Estado Parte. Los tratados más importantes desde el punto de vista de los motivos de preocupación expuestos en el presente informe son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención sobre la Mujer) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En los Territorios Ocupados son aplicables dos marcos jurídicos complementarios: las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por tanto, además de los tratados internacionales de derechos humanos anteriormente mencionados, Israel, en tanto que potencia ocupante, debe cumplir también en su conducta en los Territorios Ocupados las disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a la ocupación beligerante, incluidas las siguientes: .

  • Convención relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (H.IV), con su Anexo: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R). La Haya, 18 de octubre de 1907 (Reglamento de La Haya);

  • Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (cuarto Convenio de Ginebra);

  • Reglas del derecho consuetudinario internacional, incluido el artículo 75 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I).

VI. 1. Aplicabilidad del derecho internacional en los Territorios Ocupados

Derecho internacional de derechos humanos: Israel ha negado constantemente su obligación de aplicar en Cisjordania y la Franja de Gaza los tratados de derechos humanos de la ONU en los que es Estado Parte. Afirma que, según el derecho internacional, tales tratados no son aplicables a zonas que no forman parte de su territorio soberano. Su postura es que en los Territorios Ocupados deben aplicarse disposiciones limitadas del derecho humanitario, excluyendo las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, un principio básico del derecho internacional de derechos humanos es que los tratados internacionales de derechos humanos son aplicables en todas las zonas en que los Estados Partes ejerzan un control efectivo, independientemente de que ejerzan o no soberanía en ella.

Asimismo, Israel sostiene que no puede ser responsable internacionalmente de garantizar la aplicación de tales tratados en estas zonas, porque la mayoría de los poderes y responsabilidades civiles se han transferido a la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos de Oslo, los cuales prevén que ésta ejerza amplios poderes y responsabilidades en los Territorios Ocupados. Sin embargo, la Autoridad Palestina depende claramente de la cooperación de Israel para ejercer tales poderes y responsabilidades. Israel puede controlar y, de hecho, controla el acceso de la población palestina de los Territorios Ocupados a recursos vitales, como la tierra y el agua. Israel ha conservado siempre el control global efectivo de los Territorios Ocupados, y el artículo 47 del cuarto Convenio de Ginebra estipula:

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la ocupación, en las instituciones o en el Gobierno del territorio de que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del territorio ocupado

Además, en los últimos años Israel ha vuelto a desplegar sus fuerzas en ciudades y pueblos que, según los acuerdos de Oslo, están bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina y en los que viven la mayoría de los palestinos. De hecho, casi todas las viviendas, tierras y demás bienes palestinos destruidos en los últimos tres años se hallaban en zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. No cabe duda de que Israel continúa ejerciendo un control efectivo sobre los Territorios Ocupados y tiene, por tanto, que cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de derechos humanos.

Los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de la ONU no han aceptado la postura de Israel sobre la aplicabilidad de tales tratados en los Territorios Ocupados. Por ejemplo, el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, organismo de expertos que vigila la aplicación del PIDESC, en sus conclusiones finales sobre el informe inicial de Israel, de 2000, manifestó: “El Comité opina que las obligaciones del Estado en virtud del Pacto se aplican a todos los territorios y poblaciones que controla efectivamente”.63 Asimismo, pidió a Israel que le proporcionara “información adicional sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en los territorios ocupados, con objeto de completar el informe inicial y dar así pleno cumplimiento a sus obligaciones en materia de información”.64 El Comité ha vuelto a examinar esta cuestión en los dos últimos años, y en 2001 reiteró su postura de que el PIDESC es aplicable en los Territorios Ocupados. Manifestó lo siguiente:

incluso durante un conflicto armado, deben respetarse los derechos humanos fundamentales y [...] los derechos económicos, sociales y culturales básicos, como parte de las normas mínimas de protección de los derechos humanos, están garantizados por el derecho internacional consuetudinario y están consagrados también en el derecho internacional humanitario.65

Derecho internacional humanitario: Aunque Israel ha sostenido ante los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de la ONU que el régimen jurídico adecuado para los Territorios Ocupados es sólo el derecho humanitario, se ha negado también a aceptar la aplicabilidad de muchas de estas normas. A la vez que reconoce que el Reglamento de la Haya es aplicable de jure, ha rechazado constantemente la aplicabilidad del cuarto Convenio de Ginebra a Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel sostiene que aplica de facto “disposiciones humanitarias” no especificadas del cuarto Convenio de Ginebra, aunque alegando que el derecho internacional no le obliga a hacerlo.

Israel está solo en su postura de que el cuarto Convenio de Ginebra no se aplica a su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. La ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la comunidad internacional han mantenido constantemente que el cuarto Convenio de Ginebra se aplica plenamente a los Territorios Ocupados y que los palestinos son una población protegida conforme a lo dispuesto en él.

VI. 2. Derecho internacional de derechos humanos

VI. 2.1 El derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda es un derecho básico, parte fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado y esencial para el disfrute de otros derechos humanos. La necesidad de todas las personas de una vivienda para su seguridad personal, intimidad, salud, protección de los elementos y muchos otros atributos de la humanidad compartida66 ha llevado a la comunidad internacional a incluir este derecho en diversos instrumentos de derechos humanos, entre ellos el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos en que Israel es parte.

Por ejemplo, el PIDESC garantiza el derecho a la vivienda en su artículo 11.1, que reza:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

En su observación general 3, relativa a la índole de las obligaciones de los Estados Partes en el PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica:

si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.67

El derecho a la vivienda abarca el derecho a vivir en algún lugar con paz, seguridad y dignidad, así como el derecho a una vivienda adecuada, lo que incluye no sólo disponer del grado adecuado de intimidad, espacio, seguridad, protección de los elementos y las amenazas a la salud y ventilación, todo ello a un coste razonable, sino también contar, entre otras cosas, con seguridad jurídica de la tenencia, incluida protección contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y las amenazas, y con acceso permanente a agua potable, calefacción, alumbrado, instalaciones sanitarias, de aseo y de eliminación de desechos, y servicios de emergencia.68

Según el artículo 12 del PIDCP, todas las personas que se encuentren legalmente en un territorio tienen garantizado el derecho a escoger su residencia libremente.

El derecho de los niños a una vivienda adecuada se halla proclamado en el principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño. La obligación de los Estados Partes, incluido Israel, de, en caso de necesidad, prestar asistencia material y programas de apoyo a las familias y los niños, particularmente en relación con la vivienda, está recogida en el artículo 27.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La obligación de los Estados Partes, incluido Israel, de eliminar la discriminación contra las mujeres en las zonas rurales a fin de garantizar que las mujeres disfrutan de condiciones de vida adecuadas, particularmente en relación con la vivienda, se halla recogida en el artículo 14.2 de la Convención sobre la Mujer.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclara las obligaciones contraídas por los Estados Partes en el PIDESC de acuerdo con el artículo 11 del tratado en su observación general 4, donde dice:

el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte [...] la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada69 (la negrita la hemos añadido nosotros).

Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación [...] de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad. De manera semejante, el derecho a no ser sujeto a interferencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, constituye una dimensión muy importante al definir el derecho a una vivienda adecuada.70

Independientemente del estado de desarrollo de tal o cual país, hay ciertas medidas que deben tomarse inmediatamente. Como lo ha reconocido la Estrategia Mundial de Vivienda y otros análisis internacionales, muchas de las medidas requeridas para promover el derecho a la vivienda requieren sólo la abstención del gobierno de ciertas prácticas y un compromiso para facilitar la autoayuda de los grupos afectados. 71

En mayo de 2003, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó en sus observaciones finales honda preocupación por las prácticas de Israel que violan el derecho a la vivienda de los árabes israelíes, incluidos los beduinos, en Israel y de los palestinos en los Territorios Ocupados.72

El Comité se lamentó también de que varios motivos de preocupación que había expuesto en 1998 continuaran pendientes y reiteró su preocupación por esas cuestiones.73

En 1998, el Comité había manifestado, entre otras cosas, lo siguiente:

El Comité observa con gran preocupación que la Ley sobre la condición jurídica de 1952 autoriza a la Organización Sionista Mundial/Agencia Judía y sus filiales, incluido el Fondo Nacional Judío, a controlar la mayoría de la tierra en Israel, pues la finalidad de estas instituciones es beneficiar exclusivamente a los judíos. A pesar de que estas instituciones se rigen por derecho privado, el Estado de Israel tiene una influencia decisiva en sus políticas y, así, sigue siendo responsable de sus actividades. Un Estado Parte no puede liberarse de las obligaciones derivadas del Pacto privatizando funciones públicas. El Comité opina que la confiscación sistemática y en gran escala de tierras y propiedades palestinas por el Estado y la transferencia de esa propiedad a dichos organismos constituyen una forma institucionalizada de discriminación, porque esos organismos negarán, por su propia naturaleza, la utilización de tales propiedades a quienes no sean judíos.74

También dijo que observaba

con profunda preocupación que una proporción importante de ciudadanos árabes palestinos de Israel sigue viviendo en aldeas no reconocidas sin tener acceso a servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento ni a carreteras [...] Además, los habitantes de esas aldeas viven continuamente bajo la amenaza de demolición de sus hogares y confiscación de sus tierras [...] A este respecto, el Comité toma nota de que mientras los asentamientos judíos se construyen con regularidad, no se ha construido en Galilea ninguna aldea árabe nueva.75

Asimismo, expresó

grave preocupación por la situación de los palestinos beduinos asentados en Israel [...] No tienen acceso a servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento, mientras que periódicamente les confiscan tierras, les destruyen viviendas, les imponen multas por construcciones "ilegales", les arrasan campos agrícolas y árboles.76

VI. 2.2 Discriminación

El deber fundamental de los Estados de garantizar los derechos sin discriminación se halla recogido en los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos el PIDCP (artículos 2.1 y 26) y el PIDESC (artículo 2.2).

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR) prohíbe toda discriminación en el ejercicio de varios derechos, incluido el derecho a la vivienda. Su artículo 5 dispone:

los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de [...] [l]os derechos económicos, sociales y culturales, en particular [...] [e]l derecho a la vivienda.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha explicado claramente que el deber de garantizar que el derecho a un vivienda adecuada se aplica a toda persona sin discriminación no es progresivo, sino inmediato. Asimismo, ha aclarado:

Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás.77

La política de tierras y vivienda de Israel viola el derecho de los árabes israelíes y los palestinos de los Territorios Ocupados a no sufrir discriminación. En marzo de 1998, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió “que se detenga la demolición de construcciones árabes en Jerusalén oriental y que se respeten los derechos de propiedad, independientemente del origen étnico del propietario” y expresó su preocupación por “las desigualdades étnicas, en particular las que están relacionadas con las denominadas aldeas árabes ‘no reconocidas’[de Israel]”.78

VI. 2.3 Desalojo forzoso

El "desalojo forzoso" se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.79

Como ya dijimos, el derecho a una vivienda adecuada abarca el derecho a la seguridad de la tenencia, incluidas garantías jurídicas contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas.80

Por medio de desalojos forzosos y demolición masiva de viviendas en los Territorios Ocupados y, en menor medida, en Israel, las autoridades israelíes han dejado deliberadamente sin hogar a decenas de miles de palestinos y a millares de árabes israelíes en los últimos años.

Tanto si se invocan “necesidades militares y de seguridad” para justificarlos como si constituyen una forma de castigo colectivo o se llevan a cabo en aplicación de reglamentos de urbanismo, los desalojos forzosos en gran escala son incompatibles con la realización del derecho a una vivienda adecuada. En virtud del derecho internacional, el Estado tiene la obligación de abstenerse de llevarlos a cabo.

En su observación general 4, relativa al derecho a una vivienda adecuada, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado:

las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional.81

En su observación general 7, el Comité explica claramente que los desalojos forzosos y la demolición de viviendas como medidas punitivas son también incompatibles con las normas del PIDESC y las disposiciones de los Convenios de Ginebra que prohíben el traslado de población civil y la destrucción de bienes privados.82

Según el Comité:

Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.83

Los desalojos forzosos constituyen también una violación de la intimidad del hogar. El artículo 17 del PIDCP estipula:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

La cuestión de la tenencia legal es particularmente pertinente en el caso de la situación de los pueblos beduinos no reconocidos del Negev, cuya reivindicación de la propiedad de la tierra es cuestionada por las autoridades israelíes. Una medida básica de protección contra los desalojos forzosos consiste en dar seguridad jurídica de la tenencia a las personas que carecen de ella.

Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han pedido a los Estados que den seguridad jurídica de la tenencia a quienes corran peligro de desalojo forzoso.

El Comité enumera varios tipos de tenencia, incluidos los asentamientos informales, y añade:

Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.84

En su resolución de 1993 sobre los desalojos forzosos, la Comisión de Derechos humanos manifestó que los desalojos forzosos constituyen una violación grave de derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada, e instó a los gobiernos a dar seguridad jurídica de tenencia a todas las personas bajo amenaza de desalojo forzoso y a adoptar todas las medidas necesarias para prestar tal protección contra los desalojos forzosos, sobre la base de la participación, consulta y negociación efectivas con las personas o grupos afectados.85

Los desalojos forzosos y la demolición de viviendas no sólo violan el derecho a una vivienda adecuada, a la intimidad, a la familia, al hogar y al disfrute pacífico de las pertenencias, sino que han sido causa también de violaciones del derecho a la vida y a la seguridad de las personas, garantizados por los artículos 6 y 9 del PIDCP. Varias personas han muerto o han resultado heridas en la demolición de sus viviendas o de edificios próximos o al protestar por las demoliciones.

El Comité de la ONU contra la Tortura ha expresado su preocupación por la política israelí de demolición de viviendas, que, en ciertos casos, puede constituir trato o pena cruel, inhumano o degradante, violando el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité ha pedido al gobierno de Israel que desista de esta política.86

VI. 2.4 El proceso debido y el derecho a un recurso efectivo

El artículo 26 del PIDCP estipula:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 17 garantiza el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su domicilio, así como el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha manifestado que el derecho a una vivienda adecuada es como mínimo conforme con la disposición de recursos jurídicos como los siguientes:

a) apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio.87

El artículo 2.3 del PIDCP obliga a los Estados Partes, incluido Israel, a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades sean violados tiene derecho a un recurso efectivo, decidido por una autoridad competente.

En los raros casos en que las autoridades israelíes han avisado con antelación del desalojo o la destrucción de una vivienda o bien, casi nunca ha servido de nada el largo y costoso procedimiento judicial entablado por las personas afectadas para obtener protección contra la demolición o resarcimiento por ella. En la mayoría de los casos, la destrucción de la vivienda, la tierra u otros bienes se lleva a cabo sin previo aviso, sin dejar a las víctimas apenas –por no decir ninguna– posibilidad de recurrir. Los tribunales israelíes, incluido el Tribunal Supremo, han aprobado reiteradamente la demolición de viviendas llevada a cabo por el ejército como medida “disuasoria” y la destrucción masiva de viviendas, tierras y otros bienes por “necesidades militares y de seguridad”. Al dictaminar que el ejército israelí no necesita avisar con antelación de la demolición de viviendas u otros bienes, el Tribunal Supremo ha menoscabado el derecho de las víctimas al debido proceso. En los casos de demolición de viviendas por falta de permiso de construcción, los tribunales no han tenido en cuenta el carácter discriminatorio de las leyes, reglamentos de urbanismo y prácticas de aplicación de la ley que han dado lugar a la demolición.

VI. 3. Derecho internacional humanitario

Como potencia ocupante, Israel tiene que cumplir lo dispuesto en el cuarto Convenio de Ginebra. Israel conserva y ejerce el control efectivo de los Territorios Ocupados. Por ejemplo, los soldados israelíes practican frecuentes detenciones y registros de viviendas y otros edificios a lo largo de los Territorios Ocupados, en zonas rurales y urbanas, campos de refugiados, pueblos y ciudades, tanto de día como de noche. El ejército israelí impone habitualmente toques de queda y otras restricciones a la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, y en los últimos tres años y medio ha ejercido un control de la libertad de circulación de los palestinos y los extranjeros en estos territorios sin precedente en los 37 años de ocupación.

Israel tiene prohibido atacar a civiles y a objetos civiles. Los habitantes palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza son civiles, que se benefician de la protección del cuarto Convenio de Ginebra. Los palestinos armados que participan directamente en hostilidades –por ejemplo, disparando contra civiles o militares israelíes– pierden su condición de personas protegidas durante el ataque. El artículo 51.3 del Protocolo I explica así cómo se puede perder temporalmente la condición de civil protegido: “Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Los palestinos que participan en enfrentamientos armados con las fuerzas israelíes no son combatientes, sino civiles que pierden su condición de personas protegidas mientras dure el enfrentamiento. No se los puede matar más que cuando estén atacando o si representan de alguna otra manera una amenaza inmediata para las tropas o los civiles israelíes. Puesto que no son combatientes, el hecho de que hayan participado en un ataque no puede justificar que se los pretenda matar posteriormente.

Asimismo, no hay ningún objeto palestino en los Territorios Ocupados que cumpla los requisitos de objetivo militar. Ciertos objetos pueden ser atacados mientras se estén utilizando para disparar contra las fuerzas israelíes, pero recuperan su condición de objetos civiles tan pronto como dejan de utilizarse para lanzar ataques.

Se ha debatido mucho si la violencia en Israel y los Territorios Ocupados ha alcanzado una escala e intensidad tales que deberían aplicarse las normas del derecho internacional humanitario sobre la conducción de las hostilidades en los conflictos armados internacionales y, en tal caso, en qué medida. Cabe afirmar que en algunos casos, como las prolongadas operaciones militares llevadas a cabo en Yenín y Naplusa en la primavera de 2002, los combates han alcanzado el umbral necesario. En tales situaciones, el derecho internacional humanitario establece normas de conducta humana aplicables tanto a las fuerzas estatales como a los grupos armados. Estas normas se hallan recogidas en el Protocolo I, que se aplica a los conflictos armados internacionales, incluidos “los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (articulo 1.4 del Protocolo I). Las disposiciones del Protocolo I sobre la protección de la población civil se consideran normas del derecho internacional consuetudinario. En la gran mayoría de las situaciones de destrucción de bienes y desalojo en los Territorios Ocupados, el régimen jurídico aplicable es el compuesto por el cuarto Convenio de Ginebra y las normas de derechos humanos, no las normas sobre la conducción de las hostilidades.

Al responder a ataques palestinos, las fuerzas israelíes tienen prohibido hacerlo con fuerza desproporcionada. Las normas que deben aplicarse para determinar si las fuerzas de seguridad han respondido debidamente son las relativas al uso de armas de fuego contra miembros de la población.

VI. 3.1 Prohibición de la destrucción de bienes y el uso desproporcionado de la fuerza

Israel, en tanto que potencia ocupante, tiene prohibido destruir los bienes de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza si no existe necesidad militar que lo justifique. El artículo 53 del cuarto Convenio de Ginebra dispone:

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.

En el comentario al Convenio se explica con claridad que la disposición se aplica específicamente al territorio ocupado.88

Hay una disposición similar en el artículo 23.g del Reglamento de La Haya, que prohíbe “[d]estruir o tomar propiedades enemigas, a menos que tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra”.89

En el comentario al artículo 53 del cuarto Convenio de Ginebra se señala específicamente que el Reglamento de La Haya se aplica a las situaciones no comprendidas en el artículo 53.90

Y según el artículo 147 del cuarto Convenio de Ginebra, “la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” son una infracción grave y, por tanto, un crimen de guerra.

Por necesidad militar se entiende “la necesidad de medidas esenciales para alcanzar las metas de la guerra, y que sean legales de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra91 [...] sobre la base de cuatro condiciones: urgencia, medidas limitadas a lo indispensable, control (en el espacio y el tiempo) de la fuerza utilizada y medios que no infrinjan una prohibición incondicional”.92

La necesidad militar no debe interpretarse de una manera amplia y poco precisa, que menoscabe las normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Las medidas concebidas de modo que tengan efectos preventivos a largo plazo no son, por tanto, justificables en términos de necesidad militar absoluta.

En el caso de los territorios ocupados por tiempo prolongado sobre los que la potencia ocupante ejerza un control efectivo, el concepto de necesidad militar ha de interpretarse de manera muy limitada, a la luz del concepto de proporcionalidad inherente a las normas sobre orden público, más que a las normas sobre conducción de las hostilidades, que sólo han de aplicarse en el curso de conflictos armados reales. Puesto que en los Territorios Ocupados no hay objetivos militares permanentes, los bienes sólo pueden destruirse cuando sea absolutamente inevitable hacerlo en el curso de combates o cuando sea absolutamente necesario por motivos militares legales. Entre tales motivos figuraría la eliminación de amenazas inminentes a la vida, pero no las medidas destinadas a facilitar la expansión y consolidación de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, que son ilegales según el derecho internacional. Incluso en los casos en que la destrucción o desalojo pueda justificarse por motivos de necesidad absoluta para las operaciones militares, Israel debe buscar alternativas menos drásticas. No deben realizarse demoliciones y desalojos más que como último recurso. En los últimos tres años y medio, el ejército israelí ha llevado a cabo un extenso proceso de destrucción de viviendas y otros bienes en toda Cisjordania y la Franja de Gaza sin que existiera necesidad militar de hacerlo. Algunos de estos actos de destrucción constituyen infracciones graves del cuarto Convenio de Ginebra y son crímenes de guerra.

VI. 3.2 Prohibición del castigo colectivo

El cuarto Convenio de Ginebra prohíbe específicamente el castigo colectivo. En su artículo 33, dispone: “No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo”. En el comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja al Convenio se explica que este párrafo prohíbe los castigos de todo tipo infligidos a personas o grupos enteros, en contra de los principios más elementales de humanidad, por actos que estas personas no han cometido.93

En el Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, respetada guía interpretativa del derecho internacional humanitario, se explica así la prohibición del castigo colectivo:

Los castigos colectivos y todas las medidas de intimidación y terrorismo aplicadas por la potencia ocupante tienen sólo un fin: someter a la población del territorio ocupado. Tales medidas pueden adoptar distintas formas, como la imposición de un toque de queda que impida a los habitantes cumplir con sus obligaciones cotidianas, el castigo o la reclusión de varios miembros de un grupo o familia por un presunto delito cometido por otro miembro, o la destrucción de la casa de la familia del presunto autor de un delito. Tales actos están prohibidos sin excepción por el artículo 33 [del cuarto Convenio de Ginebra].94

La prohibición del castigo colectivo es también una norma fundamental del derecho de derechos humanos.95 La recién intensificada práctica israelí de la demolición de casas de familiares de autores de atentados suicidas con bomba y otros ataques armados palestinos es una forma manifiesta de castigo colectivo, pero el fenómeno se ha manifestado también de otras formas. También son castigos colectivos medidas como atacar a una comunidad entera como represalia por actos cometidos por algunos de sus miembros o restringir arbitrariamente la libertad de circulación de toda una población. El razonamiento que sirve de base al castigo colectivo se halla condensado en las siguientes palabras, pronunciadas por el general israelí Doron Almog al informar de que se habían destruido varias viviendas en el campo de refugiados de Rafah como represalia por el ataque a un puesto militar israelí: “La mayoría de nuestras operaciones están centradas en la zona de Rafah, pues es de ahí de donde procedían los dos terroristas de Hamas”.96

VII. RECOMENDACIONES

A LAS AUTORIDADES ISRAELÍES

Sobre la demolición de viviendas como medida punitiva y calificada de “disuasoria”

  • Se debe poner fin de inmediato a la demolición de viviendas de familiares de palestinos de los que se sepa o se sospeche que han cometido atentados suicidas con bomba u otros ataques contra civiles y militares israelíes, pues constituye una violación del derecho internacional.

  • Se debe ofrecer reparación plena, incluida una indemnización adecuada, a todas las personas cuyo hogar haya sido demolido por este motivo o haya resultado destruido o dañado incidentalmente en el curso de tales operaciones de demolición.

Sobre la destrucción de bienes por otras “necesidades militares y de seguridad”

  • Se debe poner fin de inmediato a la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes cuando, como prescribe el derecho internacional humanitario, no exista una necesidad militar absoluta de hacerlo.

  • Se debe reformar la legislación para que, salvo cuando se produzcan realmente operaciones militares o enfrentamientos armados que hagan la destrucción absolutamente necesaria, no se lleve a cabo ninguna demolición sin comunicárselo previamente a las partes afectadas, a las que se debe dar tiempo adecuado y la oportunidad de impugnar la orden de demolición ante un tribunal de justicia imparcial e independiente. Se debe prestar ayuda jurídica a quienes no tengan medios para contratar un abogado. Se debe poner fin de inmediato a la actual práctica de las demoliciones y desalojos sin previo aviso.

  • Se debe ofrecer reparación a todas las personas cuyos bienes hayan sido destruidos ilegítimamente, sin aviso previo adecuado y sin darles la oportunidad efectiva de impugnar ante un tribunal de justicia la decisión de destruirlos. Se les debe permitir también reconstruir sus bienes en el mismo lugar si es posible.

  • El establecimiento y ampliación de asentamientos civiles israelíes en los Territorios Ocupados, así como de la infraestructura necesaria para apoyarlos, incluidas carreteras, constituye una violación del derecho internacional. Israel debe detener y prohibir la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes con tal fin.

  • Se deben tomar medidas para evacuar a los civiles israelíes que viven en asentamientos en los Territorios Ocupados, de manera que se garantice que se respetan los derechos de los palestinos, en particular su derecho a la libertad de circulación y a un nivel de vida adecuado. Tales medidas han de garantizar también el respeto de los derechos de los ciudadanos israelíes evacuados, incluido el derecho a recibir una indemnización adecuada.

  • Israel debe poner fin a la construcción de la valla/muro en el interior de los Territorios Ocupados, eliminar los tramos ya construidos en ellos, devolver los bienes confiscados y garantizar una reparación por las tierras y bienes expropiados, confiscados o destruidos.

  • El ejército israelí debe llevar un registro público exacto de los bienes destruidos o dañados. Esta información ha de incluirse en el parte operativo que se dé tras toda operación militar. En el registro ha de figurar también información detallada sobre las circunstancias del daño o destrucción de cada bien.

  • Se debe establecer una comisión judicial de investigación que examine todos los casos de destrucción, confiscación y daño de bienes llevados a cabo por el ejército israelí en los Territorios Ocupados desde octubre de 2000, a fin de determinar la magnitud de los daños causados y la reparación necesaria. La comisión debe examinar también la legalidad, de acuerdo con el derecho internacional, de los motivos por los que, según el ejército, la destrucción es necesaria.

  • Israel debe invitar a la comunidad internacional a desplegar en los Territorios Ocupados observadores cualificados y con experiencia para que vigilen la conducta del ejército israelí y de las fuerzas de seguridad y los grupos armados palestinos. Estos observadores independientes y especializados deber informar públicamente de la conducta de todas las partes desde el punto de vista del derecho internacional, incluso en relación con la destrucción y daño de bienes. Los observadores han de poder acceder libremente y sin restricciones a los Territorios Ocupados, así como a la documentación pertinente, a fin de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales, incluidos exámenes forenses.

Sobre la demolición de casas construidas sin permiso en los Territorios Ocupados

  • Israel debe anular todas las órdenes de demolición de viviendas edificadas sin permiso en los Territorios Ocupados.

  • Los reglamentos y políticas de urbanismo y construcción en los Territorios Ocupados deben dejar de ser competencia de las autoridades israelíes y depender exclusivamente de las comunidades palestinas locales.

  • Se debe ofrecer resarcimiento efectivo a todas las personas cuyos bienes hayan sido demolidos violando el derecho internacional. Israel deber ofrecer reparación a las personas cuya vivienda haya sido destruida ilegítimamente.

Sobre la demolición de casas construidas sin permiso en Israel

  • Se deben anular todas las órdenes pendientes de desalojo forzoso y demolición de viviendas y se debe declarar una suspensión de los desalojos forzosos y las demoliciones hasta que se reforme la legislación de manera que cumpla las normas internacionales.

  • Se deben revisar de inmediato las leyes y políticas de calificación y distribución de la tierra, para anular o reformar las disposiciones que sean discriminatorias. Esas leyes y políticas se deben aplicar de manera que respeten la prohibición de la discriminación por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico y ascendencia.

  • Se deben conceder de inmediato reconocimiento y condición jurídicos a los pueblos no reconocidos y seguridad jurídica de tenencia a sus habitantes, todos los cuales han de tener también garantizado el acceso a agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, de aseo y de eliminación de desechos, servicios de emergencia, atención médica y educación. Asimismo, se deben detener de inmediato los intentos de expulsar a los habitantes de estos pueblos.

  • Israel debe garantizar que las personas cuyas viviendas han sido demolidas tienen acceso a un resarcimiento y una reparación efectivos.

A LA AUTORIDAD PALESTINA

  • La Autoridad Palestina debe tomar todas las medidas posibles para impedir los ataques de particulares y grupos armados palestinos contra civiles israelíes en los Territorios Ocupados y en Israel.

  • La Autoridad Palestina debe tomar todas las medidas posibles para garantizar que tales particulares y grupos no inician enfrentamientos armados desde zonas residenciales civiles.

  • La Autoridad Palestina debe apoyar el llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue en los Territorios Ocupados observadores cualificados y con experiencia que vigilen la conducta del ejército israelí y de las fuerzas de seguridad y los grupos armados palestinos, y debe comprometerse a prestar plena cooperación a cualesquiera observadores que puedan desplegarse en las zonas de los Territorios Ocupados bajo su jurisdicción, cooperación que incluirá el acceso a la documentación necesaria para llevar a cabo investigaciones, incluidos análisis forenses y periciales.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

  • La comunidad internacional y los Estados Partes en los tratados de derecho internacional humanitario y de derechos humanos en los que Israel es parte deben tomar medidas para garantizar que Israel cumple con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional.

  • Los Estados, en particular Estados Unidos, deben detener la venta o transferencia a las fuerzas israelíes de armas y material que se utilicen para cometer actos ilegales de destrucción de viviendas u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos hasta que obtengan garantías de que no se utilizan con tal fin.

  • Los gobiernos y organismos participantes en la financiación o realización de proyectos de desarrollo y ayuda de emergencia deber realizar y hacer públicas las evaluaciones necesarias para determinar en qué medida sus proyectos y programas se han visto afectados negativamente por la política israelí de destrucción de bienes.

A CATERPILLAR Inc.

  • Caterpillar Inc., empresa estadounidense que fabrica los bulldozer utilizados por el ejército israelí, debe tomar medidas dentro de su esfera de influencia para garantizar que sus productos no se utilizan para cometer violaciones de derechos humanos, incluidas operaciones de destrucción de viviendas, tierras y otros bienes.

  • Caterpillar debe adoptar un código de conducta que cumpla las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas, y debe respetar y garantizar la aplicación del artículo 3 de tales normas, según el cual las empresas transnacionales y otras empresas comerciales no cometerán actos que constituyan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones del derecho internacional humanitario ni se beneficiarán de esos actos. En particular, el comentario al artículo 3 establece que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales adoptarán medidas estrictas para impedir que sus productos y servicios se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y cumplirán las prácticas óptimas que vayan adoptándose a este respecto.



1 Para la definición de “desalojo forzoso”, véase el apartado VI.2.3.

2 - El artículo 49 del cuarto Convenio de Ginebra dispone categóricamente: “La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.

- El artículo 55 del Reglamento de La Haya prohíbe al Estado ocupante modificar el carácter y la naturaleza de los bienes públicos, salvo por necesidades de seguridad y por el bien de la población local. La construcción por parte de Israel de asentamientos, carreteras e infraestructura conexa para civiles israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza no se atiene a estas dos excepciones.

- El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 1 de julio de 2002, incluye entre los crímenes de guerra de la competencia de la Corte el “traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa” cuando se cometa “como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes” (artículo 8.2.b.viii).

La definición de este delito se amplía en los Elementos de los Crímenes, instrumento complementario del Estatuto de Roma aprobado en septiembre de 2002.

3 En la actualidad hay más de 380.000 colonos israelíes en los Territorios Ocupados, que tienen una población de unos 3.500.000 palestinos.

4 Véanse, por ejemplo, Israel y los Territorios Ocupados - Demolición e incautación: la destrucción de viviendas palestinas (Índice AI: MDE 15/59/99), diciembre de 1999, e Israel y los Territorios Ocupados: La destrucción gratuita constituye un crimen de guerra (Índice AI: MDE 15/091/2003), 13 de octubre de 2003.

5 Se pueden consultar los informes, declaraciones y demás material de Amnistía Internacional en http://web.amnesty.org/library/esl-isr/index.

6 En Jordania, Siria y Líbano viven más de 2.500.000 refugiados palestinos más.

7 En 1992, después de que un palestino matara a uno de ellos, los colonos del asentamiento de Kfar Darom causaron daños en algunos bienes palestinos de la zona y se apropiaron de unas tierras de los Bashir situadas entre su casa y el asentamiento, en las que el ejército israelí levantó poco después una torre de vigilancia.

8 El 23 de agosto cayó sobre una casa del asentamiento de Kfar Darom un proyectil de mortero lanzado por los palestinos, que destruyó el tejado y el techo de un habitación, pero no causó heridos . En una declaración que hizo al día siguiente un portavoz del ejército israelí no se mencionó la destrucción de los bienes de los Bashir y de otras propiedades de la zona.

9 Esta frase suele incluirse en los anuncios del portavoz del ejército israelí sobre las demoliciones de viviendas incluidas en esta categoría. Véase www.idf.il/newsite/english/main.stm

10 Estas prácticas se generalizaron durante la primera Intifada (1987-1993). Entre 1987 y 1997, el ejército israelí demolió unas 500 viviendas de familias de palestinos de los que se sabía o se sospechaba que habían realizado ataques, y cerró al menos 300 más.

11 Las únicas excepciones han sido unos tres apartamentos de la zona de Jerusalén que se han cerrado o llenado de cemento.

12 Uno de ellos era ‘Izzeddine Misk, cuya casa fue también destruida al día siguiente. Véase http://www.idf.il/english/announcements/2003/september/12.stm

16 Véase el informe de Amnistía Internacional Israel and the Occupied Territories: Shielded from scrutiny: IDF violations in Jenin and Nablus (Índice AI: MDE 15/143/2002), del 4 de noviembre de 2002.

17 Información proporcionada a Amnistía Internacional por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) el 13 de junio de 2002.

18 Véase la nota al pie núm. 15.

19 En febrero de 2004, la víspera de la celebración ante la Corte Internacional de Justicia de la vista sobre la legalidad de la construcción de la valla/muro dentro de Cisjordania, se modificaron los tramos ya construidos a lo largo de unos 15 kilómetros, y las autoridades israelíes anunciaron que se estaban estudiando más cambios del trazado planeado en zonas donde no se había iniciado aún la construcción. En el momento de redactar el presente informe no se disponía de información confirmada sobre esos posibles cambios.

20 Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Israel y los Territorios Ocupados: La valla/muro y el derecho internacional (Índice AI: MDE 15/016/2004), de 19 de febrero de 2004.

21 La Franja de Gaza tiene una extensión de 360 km², y acoge a alrededor de 1.300.000 palestinos. Estos tienen prohibido el acceso a más de la tercera parte de la tierra, que es de uso exclusivo de unos 6.700 colonos israelíes y del ejército israelí.

23 Informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, doc. de la ONU A/58/13, sup. 13, de 10 de octubre de 2003.

25 Durante la ocupación israelí de la península egipcia del Sinaí, el campo de refugiados se extendía a ambos lados de la frontera. Cuando acabó la ocupación, en 1982, la frontera partió en dos el campo, y las casas que ocupaban la línea divisoria fueron demolidas para reconstruirlas posteriormente en el interior del campo o en otras partes.

26 Voice of Israel, 16 de enero de 2002.

27 Jerusalem Post, 13 de enero de 2002, citando las declaraciones del general Doron Almog en el programa “Meet the Press” del Canal 2 de la televisión israelí.

29Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Consolidated Appeal Process 2004 (CAP), disponible en inglés en http://ochadms.unog.ch

30 No se sabe bien si los disparos fueron efectuados por palestinos armados, que apuntaban a la base militar israelí situada en el cruce, o por soldados israelíes que apuntaban a un palestino sospechoso. No se tuvo noticia de ningún herido o muerto.

32 Los mapas suelen ser de escala muy reducida, por lo que resulta prácticamente imposible determinar los límites exactos de las tierras confiscadas. Por lo general, los propietarios lo descubren cuando el ejército destruye las tierras o construye en ellas carreteras, vallas u otras estructuras.

33 http://www.idf.il/english/announcements/2000/october/8.stm: IDF Acts to Remove Threat in Netzarim Junction.

34 Respuesta del portavoz de la Fuerza de Defensa Israelí a la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, publicada en el informe de ésta Policy of Destruction, House Demolition and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip, de febrero de 2002 (www.btselem.org).

35 Así ocurrió en los casos de Iain Hook, británico empleado en la ONU al que los soldados israelíes mataron de un tiro en su oficina del campo de refugiados de Yenín en noviembre de 2002, el pacifista Tom Hurndall y el periodista James Miller, ambos británicos, a los que los soldados israelíes mataron en Rafah en abril y mayo de 2003, el activista estadounidense Brian Avery, a quien los soldados israelíes dispararon en la cabeza en Yenín en abril de 2003, y Yusuf Bashir, disparado en la espalda por soldados israelíes delante de miembros del personal de la ONU en febrero de 2004.

36 IDF Activity Against the Palestinian Terrorist Infrastructure, 23 de octubre de 2002, sitio web de la Fuerza de Defensa Israelí, http://www.idf.il/newsite/english/021023-2.stm.

37 La autoridad Palestina se ha mostrado favorable al envío de observadores internacionales.

38 Véanse las declaraciones de la Fuerza de Defensa Israelí y otras instituciones citadas a lo largo de este informe en relación con los casos específicos mencionados. Véase también el sitio web de la Fuerza de Defensa Israelí, http://www.idf.il/english/news/main.stm ( “Spokesperson news/announcements”).

39 Decisión del Tribunal Supremo de Israel en las causas 2002/2264, Yihiye Suleiman al Mutayeb et al v. Estado de Israel; 2002/2329, Basel al Wuhaidi et. al. v. Estado de Israel; 2002/2332, Rafiq Musullem Mutaweh et al v. Estado de Israel, y 2002/2333, Anwar Awadh et al v. Estado de Israel, 19 de marzo de 2002, citadas en Centro Palestino de Derechos Humanos, Israeli Supreme Court Issues Guidelines on House Demolitions, comunicado de prensa 42/2002, 19 de marzo de 2002.

40 Véase la decisión 4219/02 del Tribunal Supremo de Israel, de 6 de agosto de 2002.

41 Ibíd.

42 Se considera extranjero a todo el que no pertenece a ninguna de las categorías siguientes:
1) Ciudadano israelí.
2) Inmigrante llegado a Israel en virtud de la Ley del Retorno israelí.
3) Persona con derecho a la condición de inmigrante en virtud de la Ley del Retorno, es decir judía por ascendencia o religión.
4) Empresa controlada por 1, 2 ó 3.

43 La Comisión Or fue creada por las autoridades israelíes con el fin de investigar las circunstancias del homicidio de 13 ciudadanos palestinos de Israel a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante unas manifestaciones de protesta organizadas en octubre de 2000. [La traducción de los extractos del informe de la Comisión incluidos en el presente documento es de Amnistía Internacional.]

44 Jamás se ha revelado la cantidad exacta de tierras palestinas confiscadas por Israel. Se calcula que, sólo en Cisjordania, se han confiscado más del 70 por ciento. En muchos casos, los palestinos no se han enterado de que les han confiscado sus tierras hasta que el ejército israelí ha comenzado a construir un nuevo asentamiento o carretera, incluso habiéndose dictado la orden de confiscación años antes.

45 Para más información sobre la política de asentamientos de Israel, véase el documento de Amnistía Internacional Israel y los Territorios Ocupados: La cuestión de los asentamientos debe abordarse de acuerdo con el derecho internacional (Índice AI: MDE 15/085/2003), de 8 de septiembre de 2003.

46 Tal es el caso de los pueblos de Iqrit y Bir’im, situados en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Sus habitantes fueron expulsados temporalmente, pero jamás se les permitió regresar, a pesar incluso de un fallo del Tribunal Supremo en su favor, y el ejército israelí destruyó posteriormente los pueblos. Todavía están pendientes de resolución, 55 años después de la expulsión, los recursos de apelación que los habitantes presentaron más tarde ante el Tribunal Supremo para que se les permitiera regresar a sus tierras.

47 El proceso comenzó en el norte del país, que es donde más tierra había registrada en concepto de propiedad privada al final del mandato británico.

48 Varias zonas de tierras palestinas expropiadas en aplicación de esta ley entre las décadas de 1950 y 1970 se utilizaron posteriormente para construir ciudades y pueblos judíos, como Karmiel y Alto Nazaret.

49 En algunos casos de tierras de cultivo del sector judío utilizadas con fines comerciales, no de vivienda, continúan pendientes de resolución apelaciones presentadas ante en el Tribunal Supremo para que se anulen las decisiones de la Administración Israelí de Tierras.

50 Informe 52B de 2000 del interventor del Estado, apartado sobre el uso de tierras de cultivo con fines comerciales, p. 418, puntos 2 y 3.

51 El 19 de enero de 2004, el viceministro del Interior, Victor Brilovsky, respondió así a una pregunta del Parlamento: “La Unidad Nacional de Supervisión de Construcciones del Ministerio del Interior no distingue entre demolición de estructuras judías y árabes. No obstante, hay que señalar que la mayoría de las construcciones ilegales en zonas abierta están en el sector árabe” (www.knesset.gov.il). La última afirmación contradice datos proporcionados por fuentes oficiales según los cuales los edificios construidos sin permiso en tierras de cultivo en el sector judío son un fenómeno generalizado.

52 Véase en http://www.adalah.org/eng/index.php el comunicado de prensa del 24 de marzo de 2004 sobre una petición presentada al Tribunal Supremo de Israel por la organización israelí de derechos humanos Adalah.

53 Cifras citadas por el interventor del Estado en su informe 52B de 2000, apartado sobre la diáspora beduina en el Negev, p. 111, párr. 2.

54 Históricamente, la región del Negev del sur de Israel ha estado habitada casi exclusivamente por beduinos. De acuerdo con el estudio de Palestina del mandato británico, realizado en 1945 y 1946 por el Comité Angloestadounidense de Investigación, un 15 por ciento de las tierras de la región eran utilizadas por árabes, el 0,5 por ciento eran propiedad de judíos, el 0,2 por ciento eran suelo público, y el 84 por ciento restante no tenían propietario definido.

55 El Negev representa el 60 por ciento de la superficie total de Israel y está escasamente poblado.

56 Para la cuestión del registro de tierras y la adquisición de escrituras de propiedad véase el apartado sobre confiscación y expropiación de tierras supra.

57Véase, por ejemplo, la declaración del ministro del Interior Poraz en el debate parlamentario sobre la cuestión del plan maestro en el sector árabe, de 21 de enero de 2004 (www.knesset.gov.il).

58 La [Enmienda a la] Ley de [expulsión de intrusos] de tierras públicas de 2002, por la que se reforma la ley original del mismo nombre de 1981, fue presentada por el gobierno al Parlamento en 2002 y está pendiente de aprobación.

59 Los beduinos, al igual que los árabes israelíes, no son llamados a filas, pero algunos se alistan voluntariamente, mientras que los árabes israelíes no cumplen jamás el servicio militar. Ahora hay en el ejército israelí menos beduinos que en décadas anteriores, debido, según informes, al creciente malestar de la población beduina por la discriminación y el trato desigual que recibe del Estado.

60 Según el derecho internacional, Jerusalén Oriental es parte de los Territorios Ocupados, y su anexión por Israel constituye una violación del derecho internacional. Sin embargo, debido a la anexión, en Jerusalén Oriental rige la legislación civil israelí, no la militar, como en el resto de los Territorios Ocupados. Para evitar malentendidos, la situación en Jerusalén Oriental se expone aparte en este capítulo.

61 Los límites de las tierras palestinas anexionadas se trazaron de manera que incluyeran la mayor cantidad posible de tierras y la menor cantidad posible de palestinos, principalmente dejando fuera las zonas urbanas de estas ciudades y pueblos.

62 Véase la sección sobre discriminación en el urbanismo, la construcción y la expropiación de tierras del sitio web de B’Tselem: www.btselem.org.

63 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1/Add.27, párr. 8.

64 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1/Add.27, párr. 32.

65 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1/Add.69, párr. 12.

66 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Housing Rights Legislation, Review of international and national legal instruments, 2002, p 1.

67 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 3, párr. 2.

68 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párrs. 7 y 8.

69 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 7.

70 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 9.

71 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 10.

72 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel. 23/05/2003; doc. de la ONU E/C.12/1/Add.9, párrs. 16, 26 y 27.

73 Ibíd., doc. de la ONU E/C.12/1/Add.9, párrs. 12, 26, 27 y 28.

74 Ibíd. doc. de la ONU E/C.12/1/Add.27, párr. 11.

75 Ibíd., doc. de la ONU E/C.12/1/Add.27, párr. 26.

76 Ibíd., doc. de la ONU E/C.12/1/Add.27, párr. 28.

77 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 3, párr. 1, y observación general 4, párrs. 6 y 11.

78 CERD/C/304/Add.45, párrs. 11 y 19.

79 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 7, párr. 3.

80 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 8.a.

81 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 18.

82 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 7, párr 12.

83 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 7, párr. 13.

84 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 8.a.

85 Resolución 1993/77, párrs. 1 y 3.

86 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Israel, 23/11/2001, CAT/C/XXVII/Concl.5, párrs. 6.j y 7.g.

87 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 4, párr. 17.

88 “A fin de disipar todo malentendido sobre el ámbito de aplicación del artículo 53, hay que señalar que no se otorga a los bienes aludidos una protección general: el Convenio simplemente prevé aquí su protección en el territorio ocupado.” [Traducción de Amnistía Internacional.]

89 El ejército israelí se ha referido a este artículo en sus respuestas a ONG palestinas e israelíes (como el Centro Palestino de Derechos Humanos, de Gaza, y B’Tselem, de Jerusalén) sobre casos de destrucción y confiscación de viviendas, tierras y otros bienes palestinos. Véase la respuesta del ejército a B’Tselem incluida en el informe Israel’s Policy of House Demolition and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip, de febrero de 2002, disponible en www.btselem.org.

90 “Se recordará que el artículo 23.g del Reglamento de La Haya prohíbe la destrucción innecesaria de bienes enemigos; puesto que esta regla se encuentra en el apartado titulado 'hostilidades', abarca todos los bienes del territorio afectado por una guerra, y su ámbito de aplicación es, por tanto, mucho más amplio que el de lo dispuesto en [el artículo 53]. ” [Traducción de Amnistía Internacional.]

91 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. [Traducción de Amnistía Internacional.]

92 Ibíd., p. 396. [Traducción de Amnistía Internacional.]

93 Comité Internacional de la Cruz Roja, comentario del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, Ginebra, 1958.

94 Dieter Fleck, ed., The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, p. 249. [Traducción de Amnistía Internacional.]

95 En especial la observación general 29 sobre el artículo 4 del PIDCP.

96 General Doron Almog, comandante en jefe del Mando Sur (Franja de Gaza), hablando en el programa “Meet the Press” del Canal 2 de la televisión israelí, citado por el Jerusalem Post del 13 de enero de 2002.

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