Documento - Evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinas sobre el conflicto de Gaza, realizada por Amnistía Internacional

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Índice AI: MDE 15/018/2011

18 de marzo de 2011


Evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinas sobre el conflicto de Gaza, realizada por Amnistía Internacional


Introducción


Amnistía Internacional presenta en el presente documento su evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinas sobre los presuntos delitos de derecho internacional cometidos en los 22 días de duración del conflicto que se desarrolló en Gaza y el sur de Israel entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009. El documento está centrado en lo sucedido desde la anterior evaluación que hizo la organización de las investigaciones, publicada en septiembre de 2010.1 También se analizan en él algunas de las deficiencias del sistema de investigaciones de Israel, que afectan a todas las investigaciones israelíes realizadas hasta la fecha, incluidas las llevadas a cabo antes de septiembre de 2010. Este análisis tiene por objeto explicar con mayor detenimiento la conclusión de Amnistía Internacional de que ni el gobierno israelí ni la administración de facto de Hamás han llevado a cabo investigaciones creíbles, independientes y acordes con el derecho internacional. La administración de facto de Hamás no ha iniciado ningún proceso en absoluto contra autores de delitos de derecho internacional.2 Como se explica más adelante, el fiscal militar general de Israel ha dictado acta de procesamiento contra cuatro militares por delitos cometidos en tres incidentes distintos, relacionados con el conflicto de Gaza de 2008-2009. Dada la magnitud y gravedad de las violaciones israelíes del derecho internacional determinadas en el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, dirigida por el juez Richard Goldstone,3 Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que, dos años después del conflicto, las autoridades israelíes tampoco han iniciado procesamientos de presuntos autores de delitos de derecho internacional.


Investigaciones israelíes

Novedades


El último informe del gobierno israelí sobre sus investigaciones en torno al conflicto es Investigaciones sobre la Operación Gaza: segunda actualización, que se presentó a la Secretaría de la ONU en julio de 2010.4 En este documento se informaba de que la División de Investigación Penal de la Policía Militar, integrada en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), había abierto 47 investigaciones penales sobre incidentes del conflicto de Gaza.5 Además de las investigaciones de la División de Investigación, la FDI ha examinado otros incidentes por medio de "investigaciones militares” o “investigaciones militares especiales” de las autoridades israelíes, llamadas también “indagatorias operacionales”. En la Segunda actualización de julio de 2010, Israel informó de que se habían realizado o se estaban realizando más de 100 indagatorias operacionales.6 Sin embargo, sólo se ofrecían detalles sobre las conclusiones de alrededor de 10 de tales indagatorias, en todas las cuales se había determinado que las acciones de las FDI examinadas habían sido legales, y no se revelaba cuántas se habían realizado ni cuántos incidentes estaban aún examinándose.7 Desde julio de 2010, las autoridades israelíes no han ofrecido más información sobre la marcha o las conclusiones de las indagatorias operacionales. Como ha señalado Amnistía Internacional anteriormente,8 los jefes militares que elaboran las indagatorias operacionales carecen de la formación y los conocimientos necesarios para realizar investigaciones sobre violaciones del derecho internacional.


El último comentario israelí sobre las investigaciones es una entrevista con la comandante Dorit Tuval, fiscal militar adjunta de Asuntos Operacionales, publicada en el sitio web del fiscal militar general de las FDI en marzo de 2011 y en la que se indica que “en los últimos meses se han iniciado cinco nuevas investigaciones de la División de Investigación Penal de la Policía Militar sobre la Operación de Gaza, con lo que el número total de investigaciones penales asciende a 52.”9 La fiscal militar adjunta no ofrece ningún dato sobre las cinco nuevas investigaciones penales, y no queda claro en su declaración cuántas investigaciones, de las 52 a que hace referencia, están aún en curso. En la declaración se alude a tres investigaciones de la División de Investigación Penal de la Policía Militar que concluyeron sin dar lugar a actuaciones penales ni a acciones disciplinarias,10 pero ello no constituye en absoluto una relación completa de la marcha de las 52 investigaciones iniciadas por la División de Investigación Penal. Dos de las investigaciones mencionadas por la comandante Dorit Tuval se cerraron antes de julio de 2010, por lo que se tratan en la Segunda actualización de Israel.11


Amnistía Internacional ha señalado anteriormente que la evaluación independiente de las indagatorias operacionales de las fuerzas armadas israelíes sobre incidentes del conflicto de Gaza es imposible cuando el caso se cierra sin ordenar una investigación penal.12 Grupos palestinos e israelíes de derechos humanos han puesto de relieve la escasez de investigaciones penales iniciadas hasta la fecha en comparación con la magnitud y gravedad de las violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas israelíes durante el conflicto, observación que Amnistía Internacional comparte.13 La escasa información publicada por las autoridades israelíes en los últimos seis meses ha hecho imposible vigilar los progresos realizados en los casos en que la División de Investigación Penal de la Policía Militar ha iniciado investigaciones penales o evaluar la decisión de cerrar investigaciones penales sin iniciar enjuiciamiento. Amnistía Internacional reconoce que las FDI no pueden informar de los resultados de investigaciones en curso, pero cree que, más de dos años después del conflicto, es razonable esperar que se explique claramente cuántas de las 52 investigaciones de la División de Investigación Penal de la Policía Militar ha cerrado el fiscal general militar sin que se hayan entablado actuaciones penales o disciplinarias, indicando el motivo de ello en cada caso. La falta de tal explicación supone que las investigaciones de Israel no ofrecen un grado mínimo de transparencia, uno de los principales requisitos de las investigaciones según las normas internacionales.14


Las autoridades israelíes no han facilitado tampoco información sobre estas investigaciones a las organizaciones que han estado ofreciendo asistencia jurídica a las víctimas palestinas y que presentaron originalmente las denuncias que sirvieron de base algunas de las 52 investigaciones de la División de Investigación Penal de la Policía Militar iniciadas. Por ejemplo, el Centro Palestino para los Derechos Humanos presentó 490 denuncias ante el fiscal militar, pero recibió sólo 21 respuestas de la Fiscalía Militar General, en 19 de las cuales se hacía simplemente acuse de recibo. El Centro Palestino para los Derechos Humanos señala que ha sabido por la información de los medios de comunicación israelíes que las investigaciones sobre algunos de estos casos se cerraron, pero aclara que no ha recibido comunicación oficial de ello del fiscal militar general ni ha recibido información actualizada sobre ninguna de las investigaciones penales iniciadas.15 Entre las denuncias presentadas por el Centro Palestino para los Derechos Humanos que el fiscal militar general reconoció haber recibido figuran dos casos que, según la Segunda actualización de Israel y la entrevista con la comandante Dorit Tuval,16 se investigaron y cerraron sin recomendar iniciar actuaciones penales: el caso de los cinco miembros de la familia Abd al-Dayem muertos por flechillas disparadas por un tanque israelí y el del homicidio de ocho miembros de la familia Abu Halima.


Un caso destacado, que examinaron la Misión de Investigación de la ONU y varios grupos de derechos humanos, es el asunto tratado en una investigación penal israelí aún en curso sobre el homicidio de unos 21 miembros de la familia Al-Sammouni que se habían refugiado en la casa de Wa’el al-Sammouni cuando cayeron sobre ella misiles o proyectiles el 5 de enero de 2009.17 El ejército israelí anunció que se había abierto una investigación de la División de Investigación Penal de la Policía Militar sobre este incidente el 6 de julio de 2010.18 El 21 de octubre de 2010, el coronel Ilan Malka, que estaba al mando de la Brigada Givati durante la operación “Plomo Fundido” y tuvo que ver, presuntamente, con la aprobación de ataque aéreo que mató a los 21 miembros de la familia Al-Sammouni, fue interrogado previa lectura de sus derechos por la policía militar. Según información publicada en los medios de comunicación, afirmó que no sabía de la presencia de civiles en el edificio cuando aprobó el ataque.19 Al parecer, la decisión de aprobar el ataque aéreo estaba basasa en fotografías de vehículos aréos no tripulados que mostraban a hombres de la familia Al-Sammouni partiendo tablones para hacer fuego, pero a los que en el centro de mando se tomó por palestinos armados con granadas lanzadas por cohetes. Sin embargo, cuando se recibieron las fotografías, la familia ya había sido confinada al edificio y llevaba más de 24 horas rodeada y siendo observada por soldados de la Brigada Givati desde al menos seis puestos de avanza distintos instalados en las inmediaciones; al menos algunos de los soldados de estos puestos tenían que saber que los miembros de la familia eran civiles, pues ellos mismos les habían ordenado congregarse en la casa de Wa’el al-Sammouni.20 Según informes, algunos de estos militares declararon ante los investigadores militares que habían advertido al coronel Malka que podría haber civiles en la zona.21


El coronel Malka es en la actualidad jefe adjunto del Estado Mayor para Operaciones del Mando Central de las FDI; su ascenso a general de brigada se aplazó debido a la investigación.22 Según informes, altos mandos militares, como Yoav Galant, ex jefe del Mando Sur de las FDI, y Avi Mizrahi, jefe del Mando Central, se han opuesto al inicio de una investigación de la División de Investigación Penal de la Policía Militar sobre el caso, mientras que otros han alabado la profesionalidad del coronel Malka y han advertido que no se lo convierta en chivo expiatorio.23 Asimismo, en los medios de comunicación se han citado, sin mencionarlas, fuentes militares israelíes según las cuales tal investigación es “material explosivo y altamente delicado”, que podría provocar un debate más general sobre las reglas de intervención durante la operación “Plomo Fundido” si se dictara acta de procesamiento contra el coronel Malka y otros militares implicados.24 No se ha tomado aún tal decisión. Amnistía Internacional teme que la presión de las fuerzas armadas israelíes provoque más demoras en la investigación de la División de Investigación Penal de la Policía Militar o influya en la decisión del fiscal militar general sobre si deben presentarse cargos en este caso.


El fiscal militar general ha dictado acta de procesamiento contra cuatro militares iraelíes por cargos penales relacionados con la operación “Plomo Fundido” en tres incidientes distintos. Un miembro de la Brigada Givati fue declarado culpable de robo de una tarjeta de crédito en noviembre de 2009 y condenado a siete meses y medio de prisión y al pago de una indemnización.25 Otros dos miembros de la Brigada Givati contra los que se dictó acta de procesamiento por el caso de un niño palestino de nueve años (Majed R.) a quien se había ordenado abrir una bolsas que los militares israelíes sospechaban que eran bombas trampa fueron declarados culpables de “conducta indebida” y “abuso de autoridad” por un tribunal militar el 3 de octubre de 2010.26 El 21 de noviembre de 2010, el mismo tribunal les impusó una condena condicional de tres meses y los degradó de sargento a soldado raso.27 Ni los cargos ni las condenas reflejaron bien la gravedad de los delitos. El cargo de “abuso de autoridad” se castiga con una pena máxima de tres años de prisión; los jueces militares aplicaron atenuantes como “las circunstancias personales de los acusados y su contribución a la seguridad nacional de Israel […] su cansancio físico y mental en el momento de los hechos, así como la angustia existencial que sirvió de fondo al incidente”.28


Amnistía Internacional teme que la presión de las fuerzas armadas israelíes o de los grupos que apoyaban a los militares acusados influyeran excesivamente en el tribunal militar. Destacados militares israelíes, como el general retirado Uzi Dayan, que preside el Consejo de Seguridad Nacional, hicieron ante el tribunal declaraciones en las que expresaron su apoyo a los acusados criticaron al fiscal militar y explicaron que la policía militar no debía investigar incidentes ocurridos en combate, mientras que a la entrada de los juzgados se celebraron manifestaciones públicas de reservistas y soldados de la FDI vestidos con camisetas donde se leía: “Todos somos víctimas de Goldstone”.29 La fiscal militar adjunta de Asuntos Operacionales llamó la atención sobre estas manifestaciones, señalando que “había mucha emoción en el ambiente” y que se habían hecho pintadas “humillantes y muy ofensivas” contra ella en un transitado cruce de Tel Aviv por su papel en la aprobación del acta de procesamiento contra los militares.30


Las autoridades isrelíes sostienen que los procedimientos ante los tribunales militares se celebran por lo general en presencia de público y de los medios de comunicación israelíes y que muchas de sus sentencias se publican en Internet.31 En la práctica, la falta de información previa sobre las fechas y lugares de celebración de las vistas impide a veces la asistencia de representantes de organizaciones israelíes de derechos humanos, mientras que, según informes, la sala está atestada de partidarios de los militares acusados.32 Como las vistas se celebran en bases militares situadas dentro de Israel, los representantes de las organizaciones de derechos humanos radicadas en Gaza no pueden asistir, ni siquiera si han sido estas organizaciones las que han presentado las denuncias que han dado lugar al juicio. No se pone a disposición pública una transcripción completa de los procedimientos ante tribunales militares. La falta de observadores de derechos humanos y de transcripciones completas de los procedimientos hace que, aunque en teoría estos juicios militares sean públicos, en la práctica el escrutino público se limite a la información de los medios de comunicación.


El último de estos casos en los que se han iniciado actuaciones penales es el del homicidio de dos mujeres –Rayya Abu Hajjaj, de 64 años, y su hija Majda Abu Hajjaj, de 35– el 4 de enero de 2009, cuando caminaban con un grupo de personas que llevaban banderas blancas tras haber sido obligas por las fuerzas israelíes a abandonar su casa, en el barrio de Juhr al Dik de la ciudad de Gaza.33 Un breve examen de la investigación israelí sobre este caso resulta ilustrativo. El 14 de mayo de 2009, B’Tselem escribió al fiscal militar general para solicitar una investigación sobre los homicidios, la responsabilidad de los escalones de mando y las órdenes dadas a los soldados,34 tras lo que la División de Investigación Penal de la Policía Militar inició una investigación penal. Según la información publicada en los medios de comunicación, la investigación dio a entender que el sargento S. había abierto fuego sin recibir órdenes de hacerlo del oficial superior presente en el lugar; las FDI calificaron el caso de “problemático”, y posteriormente se retiró al sargento de su puesto en la Brigada Givati.35 Como admitió más tarde la fiscal militar adjunta de Asuntos Operacionales “hubo un momento en que […] aunque la investigación seguía abierta, se habían agotado todas las vías posibles, por lo que no se pudo avanzar hasta que se nos presentó más información que permitió proseguir la investigación”.36


Esta información incluía probablemente el testimonio de cuatro testigos palestinos ofrecido a los investigadores israelíes el 8 de octubre de 2009 gracias a B’Tselem, junto con documentación adicional proporcionada por la ONG israelí.37 Es posible que incluyera también una carta enviada, según informes, al fiscal militar general por un oficial en la reserva en diciembre de 2009, unos ocho meses después de que descubriera que el mortal incidente en cuestión no se le había comunicado al Mando Sur de las FDI en el plazo exigido por el reglamento militar.38 El sargento S. no fue interrogado por la policía militar hasta 2010, cuando, según informes, afirmó que la vida de los soldados israelíes presentes corría peligro y que el sólo había “disparado a las víctimas a la parte inferior del cuerpo”.39 Cómo explicó la comandante Dorit Tuval, “según los nuevos datos, parece que un soldado de las FDI disparó su arma sin atenerse a las órdenes que le había dado su superior, lo que causó la muerte de un civil. Sin embargo, los investigadores no pudieron hacer una identificación precisa del civil muerto. El fiscal militar general ordenó entonces el procesamiento del soldado por el cargo de homicidio involuntario de un civil desconocido.”40 Dado que sólo murieron en el incidente dos mujeres –Rayya y Majda Abu Hajjaj– y teniendo en cuenta la abundate documentación y ayuda proporcionadas por B’Tselem, que el fiscal militar general reconoció,41 resulta dudoso que no se pudiera hacer una “identificación precisa” del civil a quién el sargento S. presuntamente mató.


El anuncio que hicieron las FDI en julio de 2010 para explicar que se había dictado acta de procesamiento por homicidio involuntario en relación con el caso puso de relieve la disparidad entre los testimonios de los testigos palestinos, según los cuales habían matado a dos mujeres, y los de los soldados, que decían que en el incidente había resultado muerto por disparos un hombre;42 al tomar una decision sobre los cargos, parece que el fiscal militar general se basó en el testimonio de los soldados y desechó el de los testigos palestinos. La discrepancia entre las conclusiones de la investigación de la División de Investigación Penal de la Policía Militar que se comunicaron y los hechos establecidos por B’Tselem y la Misión de Investigación de la ONU pone en duda la probabilidad de que este proceso proporcione verdad, justicia y reparación a la familia de Rayya y Majda Abu Hajjaj. La causa judicial sigue pendiente. Se celebró una primera vista el 1 de agosto de 2010, pero se suspendió el juicio a petición de la defensa,43 que exigió una investigación sobre la demora en presentar al Mando Sur de las FDI y al fiscal militar general los resultados de la investigación inicial realizada tras el incidente. No se han celebrado más vistas hasta la fecha. En noviembre de 2010, el fiscal militar general anunció una investigación sobre el motivo de que la Brigada Givati no hubiera informado del incidente al mando de las FDI al principio; según informes, el comandante del batallón está siendo investigado por “obstaculizar una investigación”.44


Análisis: Deficiencias del sistema israelí de investigaciones


El 19 de diciembre de 2010, el fiscal militar general presentó un documento de posición sobre “el sistema para examinar e investigar las denuncias de conducta indebida y violaciones del derecho de los conflictos armados” cometidas por las FDI a un órgano israelí de investigación, la Comisión Pública para Examinar el Incidente Marítimo del 31 de Mayo de 2010, presidida por el juez Jacob Turkel y conocida como Comisión Turkel.45 En el documento se defienden los sistemas y procedimientos de investigación de las FDI, señalando que cumplen los criterios del derecho internacional humanitario, y se sostiene que sólo el derecho internacional humanitario, no el derecho internacional de los derechos humanos, es aplicable al “actual conflicto armado entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas, incluido el régimen de Hamás en Gaza”. También se afirma en él que el sistema de justicia militar de Israel es lo suficientemente independiente y tiene la suficiente supervisión civil como para realizar investigaciones creíbles y acordes con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario. En este apartado se analizan las deficiencias sistémicas de las investigaciones de Israel a la luz del documento del posición del fiscal militar general presentado a la Comisión Turkel y de documentos israelíes previos.46


Amnistía Internacional continúa viendo con gran preocupación las investigaciones israelíes –realizadas por mandos de las FDI o por la División de Investigación Penal de la Policía Militar bajo la dirección del fiscal militar general– por considerar que adolecen de falta de independencia, imparcialidad, transparencia, conocimientos apropiados y atribuciones de investigación suficientes. El Departamento de Derecho Internacional de La Fiscalía Militar General ofrece asesoramiento jurídico a las FDI para sus operaciones militares, incluso sobre la “legalidad de atacar, la legalidad de varios medios y métodos de guerra y la formulación de la reglas de intervención”.47 El Departamento participó estrechamente en la planificación y ejecución de la operación “Plomo Fundido”.48 Pero la Fiscalía Militar General se encarga también de examinar denuncias, decidir si deben remitirse para que se inicie una “investigación militar” (o indagatoria operacional) o una investigación penal de la División de Investigación Penal de la Policía Militar, examinar los resultados de las investigaciones militares y recomendar acciones disciplinarias y, por medio de su División Fiscal dirigida por el fiscal militar jefe, examinar los resultados de las investigaciones penales y determinar si debe iniciarse un procesamiento militar. 49 Estas funciones comportan un claro conflicto de intereses para la Fiscalía Militar General en tanto que órgano decisorio clave del sistema de investigaciones militares de Israel, y para el fiscal militar general, el general Avihai Mandelblit, que supervisa los distintos departamentos que la componen. También son de esta opinión importantes organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos que tratan directamente con el fiscal militar general.50 La función central de éste y el hecho de que todas las investigaciones israelíes sobre el conflicto de Gaza hayan sido realizadas por órganos militares hacen que las investigaciones israelíes sobre presuntas violaciones del derecho internacional incumplan claramente los criterios clave de independencia e imparcialidad.


De acuerdo con el sistema de justicia militar de Israel, sólo pueden iniciarse investigaciones, sean militares o penales, sobre incidentes específicos, y los criterios para iniciar una invesgación penal son muy restrictivos. Debido a ello, es sumamente difícil que en estas investigaciones se tengan en cuenta las decisiones sobre política aplicable tomadas por los altos mandos militares (a menudo tras recibir asesoramiento del fiscal militar general), y se descarta la posibilidad de examinar las decisiones de los encargados civiles de la formulación de políticas. Sin embargo la magnitud y gravedad de las violaciones israelíes del derecho internacional cometidas durante la operación “Plomo Fundido” indican que la conducta ilegal de las FDI durante el conflicto fue resultado de decisiones sobre política aplicable, no simples infracciones cometidas por militares concretos.51 Amnistía Internacional coincide con las organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos en que las investigaciones no tienen en cuenta la legalidad de decisiones sobre política aplicable como la legitimidad de las distintas categorías de objetivos, las armas permitidas, la interpretación del principio de proporcionalidad y las reglas de intervención, lo que hace que presenten deficiencias esenciales y sean insuficientes.52


No es de extrañar, por tanto, dadas estas deficiencias estructurales, que más de dos años después sólo se haya procesado a cuatro militares israelíes de graduación relativamente baja por violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto. Ni lo es tampoco que los procesamientos iniciados en dos de los tres casos en cuestión no reflejaran la gravedad de los delitos cometidos. Como se explica en párrafos anteriores, los dos miembros de la Brigada Givati que obligaron a un niño de nueve años a abrir bolsas que sospechaban que eran bombas trampa, utilizándolo de hecho como “escudo humano”, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional humanitario, fueron acusados de “abuso de autoridad” y “conducta no autorizada”.53 El sargento S., que, presuntamente, disparó y mató a un civil que formaba parte de un grupo de personas a las que las fuerzas israelíes habían ordenado desalojar la zona y que llevaban banderas blancas, fue acusado de homicidio involuntario, no de homicidio premeditado.54


Por último, la falta de transparencia de Israel sobre el estado de la investigaciones impide a los grupos locales e internacionales de derechos humanos vigilarlas y examinarlas y pone en duda la credibilidad de las investigaciones mismas. Amnistía Internacional coincide con el Comité Independiente de Expertos en que la transparencia en el proceso y en los resultados de las investigaciones es decisiva.55 Más de dos años después del conflicto, el fiscal militar general continúa sosteniendo que siguen en curso un considerable número de investigaciones penales sobre casos de “singular complejidad”,56 pero se niega continuamente a las víctimas palestinas y a las organizaciones que las representan información sobre la marcha de estas investigaciones militares. Las autoridades israelíes no han informado con transparencia del estado de las distintas investigaciones ni explicado la base de las decisiones tomadas en muchas de las que ya se han realizado. La falta de rendición de cuentas a la víctimas y a observadores independientes en relación con los procesos de investigación menoscaba gravemente la posibilidad de que las investigaciones que están todavía realizándose garanticen la rendición de cuentas o la justicia a las víctimas palestinas del conflicto.


Investigaciones de Hamás


La administración de facto de Hamás presentó dos informes sobre sus investigaciones a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Gaza: uno titulado Estado de la aplicación de las recomendaciones del informe de la Misión Internacional de Investigación sobre la agresión israelí a Gaza 12/2008-1/2009, presentado el 2 de febrero de 2010,57 y otro titulado Informe sobre la aplicación de las recomendacionesd de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza, presentado el 28 de julio de 2010.58 El segundo lo elaboró el Comité Independiente para el Seguimiento de la Aplicación de las Recomendaciones del Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza (Comité de Gaza), comité externo formado por seis personas, que fue establecido por la administración de facto de Hamás.


Como ha señalado Amnistía Internacional anteriormente,59 ninguno de estos informes trata de manera sustantiva las violaciones del derecho internacional cometidas por grupos armados palestinos durante el conflicto, en particular el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra el sur de Israel. La Misión de Investigación de la ONU concluyó: “esos ataques constituyen atentados indiscriminados contra la población civil del sur de Israel y […] cuando no se apunta hacia un objetivo militar determinado y los cohetes y morteros se lanzan hacia una población civil, se produce un ataque deliberado contra una población civil. Esos actos constituirían crímenes de guerra y podrían considerarse crímenes de lesa humanidad”.60 A pesar de las afirmaciones hechas por las autoridades de Hamás en el sentido de que el Comité de Gaza es un órgano independiente, Amnistía Internacional no ha encontrado en los dos informes presentados a la Oficina del Alto Comisionado ni en la información publicada posteriormente por los medios de comunicación ningún dato que indique que se llevaron a cabo investigaciones independientes, creíbles y acordes con las normas internacionales sobre las graves violaciones del derecho internacional cometidas por grupos armados palestinos durante el conflicto. Además, las autoridades de Hamás no han tomado medidas para procesar a los presuntos autores de delitos de derecho internacional, en especial a los responsables de los lanzamientos indiscriminados de cohetes contra el sur de Israel, que han continuado produciéndose periódicamente durante 2010 y 2011, aunque en menor grado que durante el conflicto de 2008-2009.61 En septiembre de 2010, Amnistía Internacional determinó, por tanto, que la administración de facto de Hamás no había cumplido con su obligación de realizar investigaciones creíbles e independientes ni había procesado a los presuntos autores de delitos de derecho internacional.62


Amnistía Internacional no ha cambiado de opinión, pero señala que, según una reciente declaración publicada en sitio web del Ministerio de Justicia de la administración de facto de Hamás, el ministro de Justicia, Mohammed Faraj Al-Ghoul, ha presentado un nuevo informe del Comité de Gaza que debía recibir el Comité Independiente de Expertos antes del 14 de marzo de 2011.63 Este informe no es público, por lo que Amnistía Internacional no ha podido examinarlo.


Investigaciones de la Autoridad Palestina


La Comisión Palestina de Investigación Independiente, órgano establecido por la Autoridad Palestina para hacer el seguimiento del informe de la Misión de Investigación de la ONU, presentó su informe a la Secretaría de la ONU en julio de 2010.64 Como la Comisión no había tenido acceso a la Franja de Gaza, no había podido investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional cometidas por grupos armados palestinos durante el conflicto, incluido el lanzamiento de cohetes de efecto indiscriminado contra el sur de Israel. No obstante, como Amnistía Internacional ha señalado anteriormente,65 la Comisión llevó a cabo serias investigaciones sobre violaciones del derecho de los derechos humanos cometidas tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En Cisjordania, examinó casos de detención y tortura, violaciones de lo que calificaba como “derecho a sumir un cargo público”, violaciones de la libertad de prensa, violaciones del derecho a formar asociaciones y violaciones del derecho de reunión pacífica. En Gaza, examinó, en la medida en que le fue posible, casos de detención y tortura y violaciones del derecho a la vida. También formuló recomendaciones detalladas a la Autoridad Palestina y sugirió que se entablaran procesos penales contra los presuntos autores de violaciones de derechos humanos.



Sin embargo, de acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, desde la presentación del informe en julio de 2010 no se ha iniciado ningún procesamiento contra funcionarios de la Autoridad Palestina por violaciones de derechos humanos como detención arbitraria, tortura y malos tratos –sobre cuya comisión continúan informando con demasiada frecuencia organizaciones como la Comisión Independiente de Derechos Humanos–. Ocho meses después de la publicación del informe de la Comisión Palestina de Investigación Independiente, las medidas adoptadas para aplicar sus recomendaciones siguen siendo limitadas. La Autoridad Palestina debe iniciar procesamientos contra los presuntos autores de violaciones de derechos humanos y tomar medidas concretas para aplicar las recomendaciones de carácter más estructural del informe a fin garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.


Conclusiones


Más de dos años después de la operación “Plomo Fundido”, las víctimas palestinas e israelíes siguen esperando que se haga justicia, y es evidente que las autoridades internas no pueden o están dispuestas a hacerla. El gobierno israelí y la administración de facto de Hamás no han realizado investigaciones creíbles, independientes y acordes con el derecho internacional ni han procesado a los responsables de las violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, determinadas por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza en su informe de septiembre de 2009. El hecho de que no se hayan aplicado las recomendaciones de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas y de que continúe la impunidad de las violaciones del derecho internacional que se cometieron durante el conflicto de Gaza de 2008-2009 ha reforzado la impunidad de la violaciones que cometen Israel, la Autoridad Palestina y la administración de facto de Hamás. La espiral de injusticia e impunidad perpetuada por las autoridades internas no acabará si no se recurre a mecanismos internacionales de justicia.


Recomendaciones


Al Consejo de Derechos Humanos

Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos que apruebe, en su 16º periodo de sesiones, una resolución donde:


  • condene el hecho de que las autoridades israelíes y la admnistración de facto de Hamás no hayan realizado investigaciones creíbles e independientes ni procesado a los responsables de violaciones del derecho internacional;

  • remita el informe de septiembre de 2010 y el informe de marzo de 2011 del Comité Independiente de Expertos a la Asamblea General de la ONU e inste a ésta a que pida al Consejo de Seguridad que remita la situación en Gaza a la Corte Penal Internacional (CPI);

  • observe que el fiscal de la CPI tiene todavía que solicitar que la Sala de Cuestiones Preliminares determine si la CPI tiene competencia para investigar crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Gaza, de conformidad con una declaración de aceptación de la competencia de la CPI presentada por la Autoridad Palestina en enero de 2009, y le pida que lo haga con urgencia, y

  • pida a los Estados que cumplan con su deber de iniciar investigaciones y procesamientos por delitos cometidos durante el conflicto en sus tribunales nacionales ejerciendo la jurisdicción universal.


Al fiscal de la CPI

Amnistía Internacional pide al fiscal de la CPI que solicite con urgencia que la Sala de Cuestiones Preliminares determine si la Corte tiene compencia para actuar de conformidad con la declaración de la Autoridad Palestina del 22 de enero de 2009.


Amnistía Internacional insta al fiscal a que, si la Sala de Cuestiones Preliminares determina que la declaración fundamenta la competencia de la Corte, solicite sin demora autorización para iniciar una investigación sobre los delitos cometidos por ambos bandos durante el conflicto de Gaza.


A todos los Estados

Amnistía Internacional observa que, de acuerdo con el derecho internacional, todos los Estados pueden y deben ejercer la jurisdicción universal para iniciar en sus tribunales nacionales investigaciones y procesamientos por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.

NOTAS

1 Amnistía Internacional, Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en).

2 Las investigaciones de las autoridades israelíes y de Hamás no han cumplido los principales criterios (independencia, imparcialidad, exhaustividad, eficacia y prontitud) determinados por el comité independiente de expertos en normas internacionales establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (véase el documento de la ONU A/HRC/15/50, 21 de septiembre de 2010, párr. 21) ni los criterios señalados por Amnistía Internacional (Credible, Independent and Conforming to International Standards: Criteria for domestic investigations into violations relating to the conflict in Gaza and southern Israel, 22 de diciembre de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/032/2009/en).

3 Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, disponible en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/12/48.

4 El informe está disponible en el documento de la ONU A/64/890, anexo 1 (http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/64/890).

5 Investigaciones sobre la Operación Gaza: Segunda actualización.

6 Investigaciones sobre la Operación Gaza: Segunda actualización, donde se dice que “Israel ha puesto en marcha más de 150 investigaciones militares, que incluyen tanto investigaciones penales de la División de Investigación Penal de la Policía Militar como investigaciones militares”.

7 Dos indagatorias operacionales dieron lugar a acciones disciplinarias (pero no a cargos penales) contra un miembro de las FDI por su participación en el ataque israelí a la mezquita de Ibrahim al-Maqadma, en Beit Lahiya, del 3 de enero de 2009, y contra un general de brigada y un coronel en relación con el ataque israelí a la oficina sobre el terreno del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) en Tel al Hawa del 15 de enero de 2009. Para más información, véase Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010, pp. 4 y 5 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en).

8 Ibíd., p. 3.

9 Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

10 Ibíd. Las tres investigaciones cerradas a que se alude son sobre “los presuntos disparos contra cuatro civiles palestinos el 7 de enero de 2009 en el barrio de Izbat Abd Rabbo”, sobre el uso de fósforo blanco y los “disparos a corta distancia contra civiles desalojados" de la familia Abu Halima el 4 de enero de 2009 y sobre los el homicidio de cinco miembros de la familia Abd al-Dayem en Beit Hanoun el 5 de enero de 2009 tras disparar una tanque israelí flechillas contra las tiendas de duelo donde lloraban la muerte de familiares que habían sido víctimas también de homicidio anteriormente. En los tres casos, el fiscal militar general determinó que no había razón para iniciar actuaciones penales. En la declaración se afirma que, tras la investigación sobre Al-Dayem, el fiscal militar general recomendó a las FDI “revisar el reglamento sobre uso de flechillas” y que esta recomendación “se aceptó y aplicó totalmente”, pero no se especifica cómo se revisó el reglamento.

11 Véase Investigaciones sobre la Operación Gaza: Segunda actualización, para la información sobre los disparos de Izbat Abd Rabbo y sobre el homicidio de los miembros de la familia Abd al-Dayem.

12 Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010, p. 3. Las indagatorias operacionales son también problemáticas como medio de investigar violaciones graves del derecho internacional, pues tiene por objeto permitir extraer enseñanzas para mejorar la actuación militar futura, más que determinar conductas delictivas o una posible responsabilidad penal, y las declaraciones que hacen los soldados en estas indagatorias son confidenciales y no deben ser objeto de examen externo. Para más información sobre las indagatorias operacionales, véase Centro Palestino para los Derechos Humanos, Genuinely Unwilling: An Update, The Failure of Israel’s Investigative and Judicial System to Comply with the Requirements of International Law, with particular regard to the Crimes Committed during the Offensive on the Gaza Strip, agosto de 2010, pp. 43-47.

13 Ibíd., p. 62; Centro Palestino para los Derechos Humanos y cols., “Joint written statement submitted by the Palestinian Centre for Human Rights, Fédération Internationale des Droits de l'homme (FIDH), BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Al-Haq, Law in the Service of Man, non-governmental organizations in special consultative status”, doc. ONU A/HRC/16/NGO/68, p. 3, y B’Tselem, “Better late than never: even two years since Operation Cast Lead, an independent Israeli investigation is crucial to achieve accountability and prevent future violations”, 18 de enero de 2011 (http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20110118.asp).

14 Véanse Informe del Comité independiente de expertos en normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que se encarga de supervisar y evaluar toda actuación interna, legal o de otra índole que lleven a cabo el Gobierno de Israel y la parte palestina, a la luz de la resolución 64/254 de la Asamblea General, incluidas la independencia, eficacia y autenticidad de esas investigaciones y su conformidad con las normas internacionales, doc. ONU A/HRC/15/50, 21 de septiembre de 2010, párr. 21, y Amnistía Internacional, Credible, Independent and Conforming to International Standards: Criteria for domestic investigations into violations relating to the conflict in Gaza and southern Israel, 22 de diciembre de 2009 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/032/2009/en).

15 “Memorandum on the Status of Domestic Investigations Conducted into Alleged Violations of International Law committed in the Context of Operation ‘Cast Lead’”, hecho público el 3 de marzo de 2011 (http://pchrgaza.org/files/2011/PCHR%20Memorandum.pdf).

16 Investigaciones sobre la Operación Gaza: Segunda actualización, e Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

17 Véanse Amnistía Internacional, Israel/Gaza: Operación " Plomo fundido": 22 días de muerte y destrucción, julio de 2009 (Índice: MDE 15/015/2009), p. 20-22, e Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, párrs. 712-716 y 723-730.

18 “IDF Military Advocate General Takes Disciplinary Action, Indicts Soldiers Following Investigations into Incidents during Operation Cast Lead”, 6 de julio de 2010 (http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/10/07/0601.htm).

19 Hanan Greenberg, “IDF commander questioned over Gaza killing”, YNet, 22 de octubre de 2010 (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3973310,00.html), y Amos Harel y Anshel Pfeffer, “IDF probes top officers on Gaza war strike that killed 21 family members”, Ha’aretz, 22 de octubre de 2010 (http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-probes-top-officers-on-gaza-war-strike-that-killed-21-family-members-1.320505).

20 Amira Hass, “What led to IDF bombing house full of civilians during Gaza war?”, Ha’aretz, 24 de octubre de 2010 (http://www.haaretz.com/print-edition/features/what-led-to-idf-bombing-house-full-of-civilians-during-gaza-war-1.320816). Para preparar esta información, Hass utilizó testimonios ofrecidos por soldados de la Brigada Givati a la ONG Israelí Breaking the Silence, así como testimonios de testigos palestinos.

22 Greenberg, 22 de octubre de 2010 (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3973310,00.html). Al coronel Malka le impusieron también sanciones disciplinarias por haber autorizado el ataque con proyectiles con fósforo blanco contra la oficina sobre el terreno del OOPS de Tel al Hawa el 15 de enero de 2009. Véase B’Tselem, “Cover-up of phosphorous shelling in Gaza proves army cannot investigate itself”, 1 de febrero de 2010 (http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20100201.asp). Amnistía Internacional no tienen noticia de que las FDI hayan explicado ya la decisión de abrir un procedimiento disciplinario en vez de iniciar actuaciones penales en este caso.

25 “Soldier who stole credit card during Gaza op jailed”, YNet, 8 de noviembre de 2009, (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3760488,00.html).

26 Roi Mandel, “Court: Soldiers endangered Palestinian boy”, YNet, 3 de octubre de 2010, (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3963116,00.html).

27 Anshel Pfeffer, “IDF soldiers demoted after convicted of Gaza war misconduct”, Ha’aretz, 21 de noviembre der 2010 (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-soldiers-demoted-after-convicted-of-gaza-war-misconduct-1.325850).

28 “Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs”, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

29 Tova Dadon, “Convicted soldier: I feel like a war criminal”, YNet, 25 de octubre de 2010 (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3974487,00.html).

30 “Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs”, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

31 Investigaciones sobre la Operación Gaza: información actualizada, enero de 2010, doc. ONU A/64/651, anexo I (http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/64/651) .

32 Dadon, YNet, 25 de octubre de 2010 (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3974487,00.html).

33 El caso fue investigado por la Misión de Investigación de la ONU y por B’Tselem. Véanse Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, párrs. 764-769, y “Following B’Tselem’s action, prosecution of soldier appears likely on charges of killing Majda and Riyeh Abu Hajaj”, 16 de junio de 2010 (http://www.btselem.org/english/Gaza_Strip/20100616_Soldier_to_be_charged_with_killing_two_Gazan_women.asp).

34 Ibíd.

35 Hanan Greenberg, “Soldier may be charged with manslaughter”, YNet, 16 de junio de 2010 (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3905952,00.html).

36 “Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs”, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

37 “Following B’Tselem’s action, prosecution of soldier appears likely on charges of killing Majda and Riyeh Abu Hajaj”, 16 de junio de 2010 (http://www.btselem.org/english/Gaza_Strip/20100616_Soldier_to_be_charged_with_killing_two_Gazan_women.asp).

38 Anshel Pfeffer, “IDF officer suspected of blocking probe into Gaza civilian death”, Ha’aretz, 18 de noviembre de 2010 (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-officer-suspected-of-blocking-probe-into-gaza-civilian-death-1.325391).

39 Greenberg, 16 de junio de 2010, YNet (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3905952,00.html); véase también Anshel Pfeffer, “IDF soldier charged with killing woman during Gaza war”, Ha’aretz, 6 de julio de 2010 (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-soldier-charged-with-killing-woman-during-gaza-war-1.300373).

40 “Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs”, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

41 Nathan Jeffay, “IDF Recognizes Help from Israeli Human Rights Group”, 14 de julio de 2010, The Forward, (http://www.forward.com/articles/129361/?utm_medium=email&utm_source=Emailmarketingsoftware&utm_content=405849929&utm_campaign=July232010&utm_term=READMORE).

42 “IDF Military Advocate General Takes Disciplinary Action, Indicts Soldiers Following Investigations into Incidents during Operation Cast Lead”, 6 de julio de 2010 (http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/10/07/0601.htm).

43 “Israeli soldier in court over Gaza war deaths”, The Jordan Times, 2 de agosto de 2010 (http://www.jordantimes.com/?news=28842).

45 El documento completo se ha publicado sólo en hebreo (disponible en http://www.mag.idf.il/SIP_STORAGE/files/9/949.pdf), pero hay también un breve resumen en inglés (disponible en http://www.mag.idf.il/163-4505-en/patzar.aspx). Además de su mandato de examinar el bloqueo naval de Israel a la Franja de Gaza y el ataque israelí a la flotilla del 31 de mayo de 2010, la Comisión Turkel quedó encargada de analizar “la cuestión de si el mecanismo de examen e investigación de quejas y denuncias presentadas en relación con las violaciones del derecho de los conflictos armados, tal como se aplica normalmente en Israel, y conforme se ha aplicado en el presente incidente, se ajusta a las obligaciones que incumben al Estado de Israel en virtud de las normas del derecho internaciona” (Comisión Turkel, Report; Part One, p. 17). La Comisión presentará su análisis sobre el sistema de investigaciones de la FDI en la segunda parte de su informe, aún sin publicar.

46 Investigaciones sobre la Operación Gaza: información actualizada, enero de 2010, e Investigaciones sobre la Operación Gaza: Segunda actualización, julio de 2010.

47 Véase, Departamento de Derecho Internacional, http://www.law.idf.il/456-en/Patzar.aspx.

48 B’Tselem, “Israel’s report to the UN misstates the truth”, 4 de febrero de 2010 (http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20100204_Israels_Report_to_UN.asp).

49 Investigaciones sobre la Operación Gaza: información actualizada, enero de 2010, y véanse también “Criminal proceedings in the military courts” (http://www.law.idf.il/647-2350-en/Patzar.aspx) y “Military Prosecution Service” (http://www.mag.idf.il/452-en/Patzar.aspx).

50 Centro Palestino para los Derechos Humanos, Genuinely Unwilling, pp. 30 y 31, y B’Tselem, “Israel’s report to the UN misstates the truth”, 4 de febrero de 2010.

51 Ibíd., e Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, párrs. 1213-1215.

52 B’Tselem, “Israel’s report to the UN misstates the truth”, y Centro Palestino para los Derechos Humanos, Genuinely Unwilling, p. 40.

53 “Military Prosecution Indicts Two IDF Staff Sergeants for Engaging in Unauthorized Conduct During Operation Cast Lead”, 11 de marzo de 2010 (http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/10/03/1102.htm).

54 Centro Palestino para los Derechos Humanos, Genuinely Unwilling, p. 64, y “Following B’Tselem’s action, prosecution of soldier appears likely on charges of killing Majda and Riyeh Abu Hajaj”, 16 de junio de 2010 (http://www.btselem.org/english/Gaza_Strip/20100616_Soldier_to_be_charged_with_killing_two_Gazan_women.asp).

55 Informe del Comité independiente de expertos en normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que se encarga de supervisar y evaluar toda actuación interna, legal o de otra índole que lleven a cabo el Gobierno de Israel y la parte palestina, a la luz de la resolución 64/254 de la Asamblea General, incluidas la independencia, eficacia y autenticidad de esas investigaciones y su conformidad con las normas internacionales, doc. ONU A/HRC/15/50, 21 de septiembre de 2010, párr. 21.

56 “Investigating the Gaza Operation: 101 with the Deputy Military Advocate for Operational Affairs”, 9 de marzo de 2011 (http://www.law.idf.il/163-4544-en/Patzar.aspx?pos=1).

57 Este informe está disponible, en árabe, en http://www.gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-11188536.pdf.

58 Este informe estaba disponible, también en árabe, en el sitio web del Ministerio de Justicia de la administración de facto de Hamás, www.moj.ps; Amnistía Internacional tiene copia de él.

59 Amnistía Internacional, Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en).

60 Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, párr. 108.

61 Fuentes gubernamentales y militares israelíes han confirmado la reducción de los lanzamientos de cohetes desde la operación “Plomo Fundido”. Véanse “Rocket Attacks Towards Israel” (http://idfspokesperson.com/facts-figures/rocket-attacks-toward-israel) y “Palestinian ceasefire violations since the end of Operation Cast Lead” (http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Palestinian_ceasefire_violations_since_end_Operation_Cast_Lead.htm).

62 Amnistía Internacional, Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en).

63 Véase “Comité Especial del Ministerio de Justicia prepara un informe con respuestas a las preguntas de l Comité Independiente de Expertos establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, en árabe (http://www.moj.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=634:2011-03-16-09-36-09&catid=31:2010-01-03-07-48-26&Itemid=44).

64 El informe es el anexo 2 del documento de la ONU A/64/890 (disponible en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/64/890). El sitio web de la Comisión Palestina de Investigación Independiente es http://www.picigr.ps

65 Amnistía Internacional, Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en).

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