Documento - Irak: Nuevo orden, idénticos abusos. Detenciones ilegales y tortura en Irak.



















































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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas principales en la esfera de los derechos humanos [en Irak] sigue siendo la detención de miles de personas, sin que se respete el procedimiento reglamentario.”

Kofi Annan, ex secretario general de la ONU1



Más de siete años después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en marzo de 2003, la situación de los derechos humanos sigue siendo desastrosa. A pesar de algunas mejoras en la seguridad en los últimos dos años, la violencia sacude el país y cada mes se cobra decenas de muertos entre la población iraquí.2

Desde 2003, grupos armados que se oponen al gobierno iraquí y a la presencia de las fuerzas estadounidenses en Irak han sido responsables de graves abusos contra los derechos humanos que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos grupos han elegido sus objetivos entre la población civil y han perpetrado ataques indiscriminados, matando a miles de civiles, en su mayoría mediante atentados suicidas con bomba en lugares públicos concurridos. También han secuestrado, torturado y matado a miles de personas. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes también han cometido graves violaciones de derechos humanos. Han sometido a torturas y otros malos tratos a numerosos presos, causando la muerte a algunos de ellos. También han matado a civiles en registros practicados en domicilios, en controles de seguridad y en enfrentamientos armados, y han destruido viviendas y otras propiedades de iraquíes.

Este informe se centra en la detención ilegal, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos sufridos por miles de personas desde 2003 a manos de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos en Irak y de las autoridades iraquíes. Algunos detenidos han permanecido recluidos arbitrariamente, sin cargos ni juicio, durante siete años. Otros siguen en prisión a pesar de que tribunales o jueces de instrucción iraquíes han ordenado su liberación por falta de pruebas o de razones adecuadas para encarcelarlos. Miles siguen en prisión a pesar de la Ley de Amnistía de 2008, que ordena la excarcelación de las personas que continúen recluidas sin cargos una vez transcurridos 6 o 12 meses desde su arresto, dependiendo del caso.

Muchos de estos detenidos han sido víctimas de malos tratos o torturas en el periodo inicial de su detención, cuando se los recluyó en régimen de incomunicación. La mayoría no han tenido acceso a representación letrada y algunos no han recibido visitas de familiares. En algunos casos, las familias pasaron meses intentando averiguar dónde se encontraban detenidos sus seres queridos.

La gran mayoría de los detenidos son árabes sunníes del centro, oeste y noroeste de Irak, sospechosos de participar o apoyar a los grupos armados sunníes que han liderado la lucha contra el gobierno iraquí y las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, muchos centenares son musulmanes chiíes sospechosos de apoyar al Ejército del Mahdi –formado por seguidores del líder religioso Muqtada al Sadr–, que hasta hace muy poco llevaba a cabo actividades armadas contra las fuerzas iraquíes y estadounidenses, principalmente en Bagdad y el sur de Irak.

Se calcula que en la actualidad unas 30.000 personas se encuentran recluidas sin juicio por las autoridades iraquíes, aunque se desconoce la cifra exacta dado que las autoridades no revelan esa información. La mayoría permanecen en prisiones y centros de detención bajo el control de los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa, hacinadas y soportando unas condiciones de detención muy duras. A consecuencia de ello, parece que muchos reclusos sufren problemas de salud, especialmente enfermedades dermatológicas.

Algunos detenidos han sido recluidos en centros de detención secreta y torturados. La información que ha salido a la luz recientemente sobre una prisión secreta en Bagdad donde los detenidos fueron torturados durante meses ha reforzado la idea de que las autoridades iraquíes deben abordar con urgencia los innumerables problemas de derechos humanos vinculados a sus políticas de detención.

En la región iraquí del Kurdistán, en el norte del país, gobernada por el Gobierno Regional del Kurdistán y donde la situación de seguridad en general ha sido mucho mejor que en el resto de Irak, se han denunciado abusos similares, si bien a una escala mucho menor. Decenas de personas han permanecido recluidas sin cargos ni juicio, algunas de ellas hasta 10 años. Otras han sido víctimas de desaparición forzada y algunas de torturas.

Desde el comienzo de 2009 las fuerzas estadounidenses, en preparación de su retirada de Irak, prevista para finales de 2011, han liberado a detenidos o los han transferido a la custodia de las autoridades iraquíes. A mediados de 2007, la cifra de detenidos en poder de los estadounidenses rondaba los 23.000, la mayoría sin cargos ni juicio. En la actualidad, la mayoría han sido liberados o transferidos a prisiones bajo el control de las autoridades iraquíes. Las fuerzas armadas estadounidenses en Irak también han transferido el control de las prisiones y centros de detención al gobierno iraquí. La última prisión que pasó del control estadounidense al control iraquí fue Camp Cropper, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, que a finales de junio de 2010 albergaba a unos 1.900 detenidos. La transferencia se produjo el 15 de julio de 2010.

Amnistía Internacional ha instado a menudo a las autoridades estadounidenses e iraquíes a liberar a las personas detenidas durante periodos prolongados a menos que se las acuse formalmente de un delito común reconocible y se las juzgue de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. La práctica de la detención arbitraria contraviene la legislación iraquí y el derecho internacional de los derechos humanos. La legislación iraquí contiene salvaguardias contra la detención y la reclusión arbitrarias. Según el Código de Procedimiento Penal,3un juez instructor debe revisar el caso en el plazo de 24 horas después del arresto del presunto delincuente.

Amnistía Internacional siente preocupación por la suerte de miles de detenidos que ya han pasado un tiempo considerable en prisión sin cargos ni juicio y que pueden correr riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos bajo custodia iraquí. Algunos pueden haber sufrido ya torturas u otros malos tratos a manos de las fuerzas estadounidenses o iraquíes. El derecho internacional prohíbe a Estados Unidos transferir personas detenidas a cualquier lugar donde puedan sufrir tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos. La prohibición absoluta de transferir detenidos a una situación en la que corran riesgo de sufrir tales abusos es inherente a la propia prohibición de tortura y otros malos tratos. La obligación de los Estados de no torturar o maltratar a los detenidos incluye las condiciones que encontrarán los detenidos cuando sean liberados o transferidos. Un Estado no puede afirmar que dispensa a los detenidos un trato humano cuando los entrega de manera consciente a torturadores, del mismo modo que no puede “liberar” conscientemente a los detenidos en un campo de minas y afirmar que su seguridad ya no es responsabilidad suya.

Este informe se basa en una amplia investigación que ha incluido una visita de investigación realizada por una delegación de Amnistía Internacional a la región iraquí del Kurdistán entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2010. Los miembros de la delegación visitaron prisiones bajo el control de las fuerzas de seguridad kurdas (Asayish) en Arbil y Dohuk y se entrevistaron con muchos reclusos, así como con directores de prisiones y autoridades de la Asayish. Algunas entrevistas con presos se celebraron en privado y otras en presencia de guardias. Los miembros de la delegación también hablaron con numerosos iraquíes desplazados que habían huido de la violencia, así como activistas de derechos humanos, grupos de mujeres, periodistas y representantes de varias agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, y durante una reunión con el ministro del Interior le plantearon casos individuales así como los motivos de preocupación generales de la organización.

Amnistía Internacional no visitó otras regiones de Irak debido a la situación en materia de seguridad. En relación con algunas personas detenidas en esas zonas no accesibles, Amnistía Internacional llevó a cabo numerosas entrevistas telefónicas con ex detenidos y familiares de personas que todavía se encuentran en prisión. También hizo un seguimiento puntual de otras fuentes de información, incluidos los medios de comunicación iraquíes, declaraciones del gobierno, informes del Ministerio de Derechos Humanos iraquí y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como publicaciones de organizaciones iraquíes y otras entidades que trabajan en temas relacionados con los derechos humanos dentro de Irak.

Amnistía Internacional publica este informe en un momento crucial para Irak. En el momento de redactarlo, a mediados de julio de 2009, las fuerzas estadounidenses estaban terminando de transferir a todos los detenidos bajo su custodia –a excepción de unos 200– a la custodia de las autoridades iraquíes, ante el temor de los familiares a lo que podría ocurrirles a los detenidos después de la transferencia. En ese momento también crecía el desasosiego entre la población iraquí tras las elecciones generales celebradas en marzo de 2010, que originaron una gran inseguridad política al prolongarse las negociaciones políticas postelectorales entre los partidos principales para lograr un acuerdo que permitiese formar un nuevo gobierno. Para los muchos miles de detenidos que llevan meses o años soportando unas condiciones de detención extremadamente duras sin saber por cuánto tiempo se les denegará la libertad, la necesidad de unas salvaguardias firmes para protegerlos de la tortura y de la detención arbitraria continuada es de importancia capital.

El informe concluye instando a las autoridades iraquíes y al gobierno estadounidense a adoptar una serie de medidas para proteger los derechos de las personas detenidas en Irak, por ejemplo:

  • Garantizar que se pone fin de inmediato a la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y otros delitos que violan los derechos humanos. Esos delitos deben ser investigados sin demora, de forma independiente, imparcial y exhaustiva, y todos los presuntos perpetradores, incluidos los que ocupan puestos de responsabilidad en la cadena de mando, deben ser sometidos a procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales de justicia. Se debe garantizar reparación a las víctimas de acuerdo con las normas internacionales.

  • Liberar a todos los detenidos recluidos sin cargos a menos que se los acuse de algún delito común reconocible y se los juzgue sin demora y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, sin la posibilidad de que se les imponga la pena de muerte.

  • Garantizar que no se interroga a los detenidos sin la presencia de un abogado y que se les permite el acceso sin demora a asesoramiento legal.

  • Establecer un mecanismo judicial eficaz para permitir a todos los detenidos impugnar el fundamento jurídico de su detención.

  • Garantizar que todos los detenidos son recluidos exclusivamente en centros de detención oficialmente reconocidos y que sus familiares, abogados y otras personas disponen de inmediato de información precisa acerca de su detención y paradero.



2. INFORMACIÓN GENERAL

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.”

Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

CONTEXTO POLÍTICO

El 19 de marzo de 2003, fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieron Irak y en unas semanas habían puesto fin al brutal mandato de 24 años del presidente Sadam Husein. Se estableció la denominada Autoridad Provisional de la Coalición en Irak y, el 1 de mayo de 2003, el diplomático estadounidense Paul Bremen fue nombrado su jefe. El 23 de mayo, la Orden Nº 2 de la Autoridad Provisional disolvió el ejército iraquí. Las fuerzas de Reino Unido, que formaban parte de la Fuerza Multinacional, asumieron el control del sur de Irak mientras que Estados Unidos y otras fuerzas extranjeras se hicieron con el control del resto del país, a excepción de la región semiautónoma iraquí del Kurdistán. La Orden Nº 17 de la Autoridad Provisional, emitida en junio de 2004, otorgó inmunidad frente al procesamiento en Irak a todas las fuerzas estadounidenses y extranjeras y a todos los contratistas extranjeros que operaban en Irak bajo los auspicios de la Fuerza Multinacional por cualquier delito que pudieran cometer en el territorio de este país.

El 8 de junio de 2004, la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU declaró que la ocupación de Irak terminaría el 30 de junio de 2004, momento en que la Autoridad Provisional de la Coalición sería sustituida por un gobierno provisional iraquí liderado por Ayad Alaui, aunque la Fuerza Multinacional permanecería en Irak hasta el fin de 2005. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar cada año la presencia de la Fuerza Multinacional hasta el fin de 2008.

El 30 de enero de 2005 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias tras la invasión, y una coalición chií, la Alianza Iraquí Unida, obtuvo la mayoría y accedió al poder. El doctor Ibrahim al Yafari, líder del partido Al Dawa, se convirtió en primer ministro en marzo de 2005. Una nueva Constitución fue aprobada por mayoría en un referéndum celebrado el 15 de octubre de 2005. Sin embargo, importantes miembros de la Alianza Iraquí Unida, entre otros –incluidas las autoridades estadounidenses–, empezaron a inquietarse por la incapacidad creciente de Ibrahim al Yafari para poner fin a la violencia. El 22 de mayo de 2006, Nuri al Maliki, segundo líder del partido Al Dawa, sustituyó a Yafari, que renunció a su cargo tras las presiones recibidas desde su partido. En 2006, en vista de la creciente insurgencia y los ataques por parte de los grupos armados, las autoridades militares estadounidenses establecieron los Consejos del Despertar (también conocidos como Hijos de Irak), milicias sunníes armadas, entrenadas y financiadas por la Fuerza Multinacional para luchar contra Al Qaeda en Irak. Según los informes, estos grupos tuvieron cierto éxito en la lucha contra Al Qaeda pero posteriormente fueron disueltos. Si bien algunos de sus miembros se incorporaron a las fuerzas de seguridad iraquíes, otros todavía siguen sin ocupación y algunos se han convertido en objetivo de los grupos armados debido a su participación en los Consejos del Despertar.

Tras el atentado con bomba contra el santuario musulmán chií de Al Askari en Samarra el 22 de febrero de 2006, a lo largo de 2006 y 2007 se registró un marcado incremento de la violencia, cada vez más sectaria. Miles de personas, sunníes y chiíes, murieron y miles más fueron obligadas a huir de sus hogares debido a los ataques sectarios que azotaron el país durante el resto de 2006 y 2007. Varios cientos de miles de personas fueron desplazadas internamente en Irak y centenares de miles más huyeron como refugiadas a países vecinos, en particular a Siria y Jordania.

En noviembre de 2008, el Parlamento iraquí aprobó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), pacto de seguridad entre los gobiernos iraquí y estadounidense que entró en vigor la medianoche del 31 de diciembre de 2008, cuando expiró el mandato de la ONU que autorizaba la presencia de tropas estadounidenses en Irak.4En virtud del SOFA se acordó que las fuerzas estadounidenses se retirarían de las áreas urbanas a finales de junio de 2009 y totalmente de Irak a finales de 2011. Se acordó también que las fuerzas estadounidenses liberarían o transferirían a la custodia iraquí a todos los detenidos en su poder, y entregarían a Irak el control de las prisiones controladas por ellas hasta ahora. Entre ellas se encontraban Camp Cropper, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad; Camp Taji, en el norte de Bagdad; y Camp Bucca, cerca de Basora, en el sur de Irak.

En virtud del SOFA se acordó también que los contratistas privados empleados por el Departamento de Defensa estadounidense perderían su inmunidad frente al procesamiento en Irak, pero el acuerdo no hacía referencia a otro personal subcontratado, como los contratistas de empresas militares y de seguridad privadas que trabajan para el Departamento de Estado estadounidense, algunos de los cuales han sido acusados de cometer abusos graves contra los derechos humanos. La Fuerza Multinacional pasó a denominarse Fuerza de Estados Unidos en Irak (USF-I) el 1 de enero de 2010.

Tal y como se establecía en el SOFA, el 1 de enero de 2009 el gobierno iraquí asumió el control de la Zona Verde, el recinto fortificado de 10 kilómetros cuadrados situado en el centro de Bagdad donde se encuentran las sedes de gobierno y de la diplomacia. Hasta entonces la Zona Verde había estado bajo el control del ejército estadounidense. En junio de 2010, las fuerzas de seguridad iraquíes asumieron el control de los puestos de seguridad que daban acceso a la Zona Verde.

El 7 de marzo de 2010 se celebraron elecciones nacionales en un entorno de violencia creciente; en los comicios no hubo ningún vencedor claro. En el momento de redactarse este informe, cuatro meses después, continuaban las negociaciones para formar un nuevo gobierno y el actual primer ministro, Nuri al Maliki, seguía ejerciendo como tal aunque su partido, la Coalición por el Estado de Derecho (SLC), había sido vencido por estrecho margen en las elecciones de marzo. En ellas, la lista Al Iraqiya de Ayad Alawi obtuvo el mayor número de escaños, 91 de los 325, frente a los 89 escaños de la SLC. La Alianza Nacional Iraquí (INA), formada por dos partidos religiosos chiíes, el Consejo Supremo Islámico de Irak y los seguidores de Muqtada al Sadr, obtuvo 70 escaños, mientras que tres listas kurdas obtuvieron en total 57 escaños. Los resultados de las elecciones reflejan las diferencias étnicas y sectarias entre las comunidades musulmanas chií y sunní y la comunidad kurda, así como entre ellas, y la profundización de esas divisiones en los últimos años. Ayad Alaui recibió la mayor parte del apoyo de los musulmanes sunníes, que suponen entre el 15 y el 20 por ciento de la población, mientras que los musulmanes chiíes, que representan alrededor del 60 por ciento, dividieron en gran medida su apoyo entre la SLC y la INA. Los kurdos votaron a sus propios partidos.

En febrero de 2009, el presidente estadounidense Barak Obama afirmó que las fuerzas de combate estadounidenses abandonarían Irak el 31 de agosto de 2010, aunque después de esa fecha permanecerán en el país otras fuerzas no combatientes con el fin de entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes y llevar a cabo acciones conjuntas cuando sea necesario. Sin embargo, a finales de 2011 no deben quedar tropas estadounidenses dentro de Irak.

La violencia y los disturbios de los últimos siete años han tenido un efecto devastador sobre Irak y su población. Centenares de miles de personas han sido víctimas de homicidio –se ha calculado que al menos 151.000 sólo entre 2003 y 20065– aunque la cifra real de muertos se desconoce. Servicios básicos como la salud o la educación se han colapsado o apenas funcionan. Los suministros de agua y electricidad son, en el mejor de los casos, intermitentes; el 70 por ciento de los iraquíes no tiene acceso a agua potable y el 80 por ciento no tiene acceso a instalaciones higiénicas eficaces. En junio de 2010, varios miles de iraquíes se manifestaron en Basora y otras ciudades del sur del país para protestar por los cortes en el suministro eléctrico. Oficialmente, la tasa de desempleo se sitúa en el 50 por ciento, pero en realidad es mucho más elevada. Unos cuatro millones de personas han huido al extranjero o se encuentran desplazadas internamente. A pesar de la riqueza petrolera del país, millones de iraquíes luchan contra la pobreza y la desnutrición crecientes, siendo las mujeres las que más sufren con esta situación. La corrupción es endémica. Todo esto plantea serios desafíos al gobierno que salga de las negociaciones.

DISPOSICIONES SOBRE DETENIDOS EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS (SOFA)

El acuerdo de seguridad de noviembre de 2008 exige a las fuerzas estadounidenses liberar o transferir a la custodia iraquí a todas las personas recluidas en las prisiones administradas por las fuerzas estadounidenses en Irak. Sin embargo, en ninguna parte del acuerdo se mencionan las obligaciones de ambos Estados en materia de derechos humanos. La más pertinente es el artículo 4.3, que establece: “Las Fuerzas de Estados Unidos deben respetar las leyes, costumbres y tradiciones de Irak, así como el derecho internacional aplicable”.

En relación con las personas detenidas, el artículo 22.4 establece:

A la entrada en vigor de este acuerdo, Estados Unidos facilitará al gobierno de Irak la información de que se disponga sobre todos los detenidos que estén bajo su custodia. Las autoridades competentes iraquíes emitirán órdenes de detención para las personas a las que busquen. Las Fuerzas de Estados Unidos actuarán en coordinación plena y eficaz con el gobierno de Irak para entregar la custodia de esos detenidos buscados a las autoridades iraquíes de conformidad con una orden de detención válida iraquí y pondrán en libertad al resto de los detenidos de una manera segura y ordenada, a menos que el gobierno de Irak solicite algo diferente de conformidad con el artículo 4 del presente Acuerdo.

El artículo 22.1 establece:

Las Fuerzas de Estados Unidos no llevarán a cabo ningún arresto o detención (excepto cuando se trate del arresto o detención de miembros de las Fuerzas de Estados Unidos o de su componente civil), salvo con arreglo a una decisión iraquí emitida de acuerdo con la legislación iraquí y de conformidad con el artículo 4.

El artículo 22.2 establece:

En el caso de que las Fuerzas de Estados Unidos arresten o detengan a personas tal y como autoriza este Acuerdo o la legislación iraquí, esas personas deben ser entregadas a las autoridades competentes iraquíes en el plazo de 24 horas desde el momento de su arresto o detención.

El acuerdo no incluye ninguna salvaguardia para los presos transferidos a la custodia iraquí aunque el gobierno estadounidense no puede desconocer que la tortura y otros malos tratos han sido y son habituales en las prisiones y centros de detención controlados por el gobierno iraquí y sus fuerzas de seguridad.

El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2009 y exige que las fuerzas estadounidenses en Irak (USF – I) liberen progresivamente a los detenidos o los transfieran a la custodia del gobierno iraquí tras una revisión de los casos de todos ellos por parte de un comité iraquí –Comité encargado de los Asuntos de los Detenidos (DAC)6– creado a principios de 2009 en virtud del artículo 22 del acuerdo de seguridad.7Encabezado por el subdirector de la Fiscalía General, el Comité estaba formado por representantes de los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Defensa.

Los detenidos bajo custodia estadounidense eran interrogados por funcionarios del Ministerio del Interior y de los servicios de información iraquíes aunque sin tener acceso a representación letrada, tras lo cual el DAC decidía si se debía recomendar su liberación o si se debía emitir una orden de arresto o privación de libertad y transferirlos a la custodia iraquí. La USF –I asumió la responsabilidad de preparar la liberación de los detenidos en coordinación con un comité iraquí establecido en cada gobernación a este efecto. Estos comités están presididos por el director general de la policía de la gobernación e incluyen a un representante del Ministerio de Derechos Humanos.

El DAC emite órdenes de captura o de prisión contra los detenidos sospechosos de perpetrar delitos relacionados con el terrorismo en contra de la legislación antiterrorista introducida en 2005 utilizando la legislación civil iraquí: el Código de Procedimiento Penal de 1971 y sus enmiendas. Después, los detenidos son transferidos a la custodia de las agencias de seguridad iraquíes –como la Unidad Antiterrorista, la Seguridad Nacional y los servicios de Inteligencia– para ser interrogados, tras lo cual pueden ser acusados formalmente y comparecer ante un tribunal o ser puestos en libertad.

A fecha 16 de marzo de 2010, según el Consejo Judicial Supremo iraquí, el DAC había emitido 6.291 órdenes de arresto y 703 órdenes de prisión contra detenidos previamente bajo custodia de las fuerzas estadounidenses.8

Cuando el SOFA entró en vigor el 1 de enero de 2009, las fuerzas estadounidenses custodiaban a unos 15.500 detenidos, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio y en tres prisiones, Camp Bucca, Camp Cropper y Camp Taji. En febrero de 2010, sólo algo más de un año después, la USF-I habían liberado a unos 8.500 de estos detenidos, aunque las autoridades estadounidenses se habían negado a liberar a algunos reclusos a quienes las autoridades iraquíes, el DAC o las autoridades judiciales habían ordenado liberar.

Kadhum Ridha al Sarraj, por ejemplo, permaneció detenido por las fuerzas estadounidenses durante seis meses después de que un tribunal iraquí ordenase su puesta en libertad el 8 de abril de 2009, al considerar que no había “pruebas suficientes” para ordenar la continuación de su detención. De 29 años y nacionalidad iraquí, había sido detenido el 15 de septiembre de 2008 en el aeropuerto internacional de Arbil, en la región iraquí del Kurdistán, al parecer porque el equipo que se le encontró, relacionado con un proyecto científico estudiantil, fue confundido con tecnología para fabricar bombas. Posteriormente fue entregado a las fuerzas estadounidenses, que lo recluyeron sin cargos ni juicio en Camp Cropper. Finalmente fue puesto en libertad sin cargos el 7 de octubre de 2009.

Camp Bucca se cerró el 17 de septiembre de 2009, una vez que sus internos habían sido liberados o transferidos a la custodia del gobierno iraquí o trasladados a las dos prisiones que quedaban bajo el control de la USF-I, Camp Cropper y Camp Taji. Posteriormente, el 30 de marzo de 2009 se transfirió al gobierno iraquí el control sobre Camp Taji. La última prisión estadounidense, Camp Cropper, pasó al control de las autoridades iraquíes el 15 de julio de 2010.9Entre las personas detenidas en esta última se encontraban ex altos cargos del partido Baás durante el régimen de Sadam Husein y autoridades militares o de los servicios de seguridad e información de su gobierno. Algunos han sido juzgados y declarados culpables y otros están siendo juzgados en la actualidad ante el Alto Tribunal Penal Iraquí por presuntos delitos cometidos bajo el régimen de Sadam Husein, incluidas violaciones graves de derechos humanos. Hasta el momento, el Alto Tribunal ha condenado a muerte a 11 hombres, cuatro de los cuales –entre ellos Sadam Husein– han sido ejecutados.10

A instancias del gobierno iraquí, después de que Camp Cropper pasara a ser controlado por las autoridades iraquíes el 15 de julio de 201111, la USF-I mantiene bajo custodia a unas 200 personas a quienes se considera que representan un grave peligro para la seguridad, aunque sus identidades no han sido reveladas en el momento de redactar este informe, a principios de julio. Se cree que entre ellos hay algunos antiguos altos cargos del partido Baás, así como dirigentes de Al Qaeda, aunque otras autoridades del partido Baás pasaron de la custodia estadounidense a la iraquí pocos días antes de la transferencia de Camp Cropper. Entre ellos se encontraba Tariq Aziz, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores con Sadam Husein que fue condenado a 15 años de cárcel por el Alto Tribunal Penal Iraquí en marzo de 2009, aunque todavía tiene que ser juzgado por este tribunal por otros cargos. Con 74 años, según los informes su salud se ha deteriorado después de sufrir un accidente vascular a principios de 2010.

MARCO JURÍDICO ACTUAL PARA LAS DETENCIONES EN IRAK

Desde principios de 2009, los detenidos transferidos a la custodia iraquí son interrogados por funcionarios de los servicios de seguridad e información iraquíes en virtud de disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 1971. Las mismas disposiciones se aplican en relación con la detención de presuntos delincuentes comunes. Algunas contienen salvaguardias para los detenidos. Por ejemplo, según el artículo 123:

El juez instructor o investigador debe interrogar al acusado en el plazo de 24 horas de su comparecencia, después de comprobar su identidad y de informarle del delito del que se le acusa. La declaración del detenido debe ser registrada, con una declaración de pruebas en su favor. El acusado será interrogado de nuevo si es necesario para establecer la verdad.

El memorando número 3 emitido por la Autoridad Provisional de la Coalición para Irak en junio de 200412introdujo varias enmiendas a este artículo que todavía están en vigor:


b) Antes de interrogar al acusado, el juez investigador debe informarle de que:

  • tiene derecho a permanecer en silencio y no se podrá hacer ninguna inferencia adversa de la decisión del acusado de ejercer ese derecho;

  • tiene derecho a ser representado por un abogado y, en caso de que no pueda permitirse la representación letrada, le será asignado un abogado de oficio con cargo al Tribunal;

c) El juez instructor o investigador debe determinar si el acusado desea ser representado por un abogado antes de interrogarlo. Si el acusado desea ser representado por un abogado, el juez examinador o investigador no lo interrogará hasta que haya nombrado a un abogado o hasta que el Tribunal lo haya hecho.

Las personas detenidas en relación con delitos graves pueden permanecer recluidas durante periodos prolongados. El artículo 109 del Código de Procedimiento Penal ha sido utilizado para recluir a personas sin juicio durante varios años, en la región iraquí del Kurdistán y otros lugares.13

La gran mayoría de los detenidos son sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo –como apoyar y financiar a grupos armados– en aplicación de la Ley Antiterrorista aprobada en noviembre de 2005. Esta ley contiene una definición muy amplia de terrorismo –tan amplia, en realidad, que puede utilizarse para silenciar a la oposición pacífica al gobierno14– e incrementó el número de delitos punibles con la muerte, prescribiendo la pena capital para quienes inciten, planeen, financien o apoyen a otros para cometer actos de terrorismo, así como para quienes cometan tales actos.

LEY DE AMNISTÍA

Como parte de su proceso de reconciliación y de su estrategia para reducir los ataques de los grupos armados y construir un apoyo político más amplio, el gobierno iraquí promulgó una ley de amnistía para liberar a algunos presos y detenidos, que entró en vigor el 27 de febrero de 2008.15Su artículo 1 establece que cualquier persona detenida o que se encuentre cumpliendo una pena de cárcel, iraquí o de otra nacionalidad, puede ser indultada y liberada por decisión de uno de los comités judiciales establecidos a este efecto por el Consejo Judicial Supremo iraquí. El artículo 2 establece las excepciones: presos condenados a muerte en virtud del Código Penal Iraquí; personas que cumplen penas de prisión por actos de terrorismo con resultado de muerte o discapacidad permanente; personas condenadas por crímenes de lesa humanidad como establece el artículo 1 de la Ley Núm. 10, por la que se creó el Alto Tribunal Penal Iraquí; y las personas condenadas por asesinato con premeditación, secuestro, violación, actos homosexuales, adulterio, incesto, falsedad en documento público, falsificación, contrabando de artefactos y delitos en virtud del Código Penal Militar Iraquí.

Según el artículo 5 de la Ley de Amnistía, en cada gobernación se nombrará un comité judicial compuesto de cuatro jueces y un representante de la Fiscalía General para aplicar la Ley de Amnistía. Los comités pondrán en libertad a toda persona que haya permanecido detenida durante más de seis meses sin haber comparecido ante un juez instructor y a cualquier persona detenida durante más de un año que no haya sido remitida a un tribunal especializado.16

La Ley de Amnistía, desde el momento en que entró en vigor, se ha aplicado a todos los detenidos y presos condenados en Irak, con independencia de si se encontraban bajo custodia iraquí o estadounidense. De hecho, el artículo 6 de la ley exige a las autoridades iraquíes que adopten todas las medidas necesarias para transferir a los iraquíes detenidos en instalaciones bajo el control estadounidense a prisiones iraquíes con el fin de aplicar las disposiciones de esta ley.

En la práctica, la Ley de Amnistía parece haber sido ignorada ampliamente y su efecto sobre el número de reclusos ha sido limitado. Se ha liberado a algunos detenidos, pero son miles los que siguen en prisión, entre ellos algunos cuya libertad ha sido ordenada por los comités judiciales. Las razones son variadas: un sistema judicial en exceso burocratizado y obsoleto, incluida la falta de un sistema de registro de datos informatizado; la reticencia de las autoridades judiciales, especialmente a nivel de gobernación, a la hora de liberar a detenidos en virtud de órdenes de libertad de cuya autenticidad dudan; y las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios judiciales, entre otros, para viajar por el país debido a la peligrosa situación de inseguridad.

NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Irak es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) desde hace tiempo y, en 2008, el gobierno del primer ministro Nuri al Maliki ratificó la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.17

En virtud del PIDCP, Irak está obligado a respetar el derecho de toda persona detenida por un presunto delito, cualquiera que sea su naturaleza, a ser llevada sin demora ante un juez u otra autoridad judicial independiente e imparcial. El artículo 9 establece que:

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias[…] Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.

Además, el principio 4 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU (Cuerpo de Principios) establece que:

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.

Además, el Conjunto de Principios estipula que por “juez u otra autoridad” se entiende:

Una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia.

El principio 11 establece que:

Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad.

El Consejo de Derechos Humanos ha instado retiradamente a todos los Estados, también en el contexto de las medidas antiterroristas, a:

Respetar y promover el derecho de toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad.18

También los ha instado a:

Respetar y promover el derecho de toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la mayor brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal, de conformidad con las obligaciones internacionales delEstado.19

3. FORMAS DE DETENCIÓN ARBITRARIA

Sabemos que Nasrallah no ha hecho nada malo. Alguien debe haber informado sobre él para obtener dinero de las fuerzas estadounidenses.”

Hermana del detenido Nasrallah Mohammad Ibrahim20



Desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en marzo de 2003, decenas de miles de personas han sido arrestadas y recluidas sin cargos ni juicio por la Fuerza Multinacional, luego denominada USF-I, y sin posibilidad real de impugnar su detención ante un órgano judicial independiente. El Memorando número 3 (revisado) de la Autoridad Provisional, fechado en junio de 2004, estableció un complicado proceso de revisión para los detenidos en poder de la Fuerza Multinacional.21Sin embargo, los procedimientos establecidos en este memorando y en otros que se elaboraron no respetan en la práctica las garantías previstas en el derecho internacional para proteger los derechos de las personas detenidas, incluidos los tratados de derechos humanos en los que son partes tanto Estados Unidos como Irak, en particular el PIDCP. Entre los derechos humanos conculcados en el proceso se encuentran el derecho de acceso a asesoramiento legal y el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente.22

Las fuerzas estadounidenses detuvieron a sospechosos de forma independiente, sin informar a las autoridades iraquíes y al margen de la legislación nacional iraquí desde el momento de la invasión, en marzo de 2003, hasta principios de enero de 2009, cuando entró en vigor el SOFA. Después, a partir del 1 de enero de 2009, como ya se ha explicado, las fuerzas de Estados Unidos debían obtener una orden de detención de las autoridades iraquíes antes de arrestar a una persona o transferir a cualquier detenido a la custodia de las autoridades iraquíes en el plazo de 24 horas. Hasta entonces, desde finales de 2003, las nuevas fuerzas de seguridad y policiales iraquíes, contratadas y formadas principalmente por fuerzas estadounidenses y británicas, llevaron a cabo arrestos y detenciones tanto de forma independiente como en operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses.

La corrupción ha sido un factor significativo que ha influido en la forma de producirse las detenciones. Al parecer, las fuerzas de seguridad iraquíes han detenido a algunas personas no porque fuesen sospechosas de cometer delitos o representasen una amenaza para la seguridad, sino básicamente para extorsionarlas y obtener dinero de ellas y de sus familias. Amnistía Internacional conoce varios casos en los que funcionarios de seguridad han pedido dinero a las familias de los detenidos –dólares estadounidenses– a cambio de poner en libertad a sus familiares detenidos o de ofrecerles información sobre su paradero.

El doctor Adnan al Mahdawi, por ejemplo, de 54 años y decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Diyala en Baquba, al norte de Bagdad, conducía su vehículo por esa localidad en noviembre de 2009 acompañado por su sobrino de 27 años cuando se vio obligado a detenerse. Tres hombres armados vestidos de civil, al parecer miembros de la Unidad Antiterrorista del Ministerio del Interior, lo detuvieron sin dar ninguna razón o mostrarle una orden de arresto, aunque dejaron marchar a su sobrino. Después condujeron al doctor Al Mahdawi a un lugar desconocido. Según los informes, uno de sus familiares recibió más tarde una llamada telefónica de un agente de la Unidad Antiterrorista pidiéndole una gran suma de dinero a cambio de la libertad del doctor.

La familia dijo que no podían pagar y el doctor Al Mahdawi siguió recluido. Después se ha sabido que en un principio lo recluyeron en un centro de detención dentro de la Zona Verde de Bagdad y luego lo trasladaron a la prisión de Al Rusafa, también en la capital pero fuera de la Zona Verde. Según informes, ha sido acusado de participar en el asesinato de uno de sus colegas en la Universidad, a raíz de una denuncia presentada por la esposa de la víctima, pero parece que los cargos pueden estar motivados políticamente. El juicio del doctor Al Mahdawi comenzó a comienzos de 2010; en mayo, la persona que presuntamente lo acusó, la viuda del asesinado, no había comparecido ante el tribunal para aportar pruebas.

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El doctor 'Adnan Al Mahdawi © particular

ENEGACIÓN DE ACCESO A REPRESENTACIÓN LETRADA

A pesar de las salvaguardias incluidas en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal iraquí (enmendado), generalmente los detenidos no tienen acceso a representación letrada en la práctica, según numerosos testimonios obtenidos por Amnistía Internacional de ex detenidos y familiares de éstos, así como de detenidos en la región iraquí del Kurdistán entrevistados en prisión por Amnistía Internacional en junio de 2010.

Varios factores parecen subyacer a la denegación de este derecho, incluida la reticencia de algunos abogados a representar y defender a personas sospechosas o acusadas de terrorismo u otros delitos graves temiendo que ello pueda exponerlos a sufrir represalias u otros ataques, un temor que no puede sorprender en un contexto en el que muchos abogados y jueces han sido víctimas de secuestro u homicidio, o amenazados de muerte si no dejaban de defender a ciertos clientes. Sin embargo, en virtud del artículo 14.3.d del PIDCP, toda persona tiene derecho “a ser asistida por un defensor de su elección” en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. El gobierno iraquí tiene la obligación, a pesar de las dificultades, de proteger este derecho, entre otras cosas garantizando que los abogados pueden representar a sus clientes sin ser objeto de amenazas, intimidación o violencia.

En la mayoría de los casos, sin embargo, se niega a las personas detenidas el acceso a representación letrada al encontrarse recluidas en centros de detención donde no se les permite el contacto con el mundo exterior.

En relación con este problema, y con los peligros que de él se derivan, el Informe Anual 2009 del Ministerio de Derechos Humanos iraquí señalaba que muchos detenidos se encontraban en centros de detención bajo el control de los Ministerios de Defensa e Interior, donde agentes investigadores los sometían habitualmente a interrogatorios sin la presencia de sus abogados, lo que incrementaba la probabilidad de que fuesen sometidos a torturas.23El informe hace referencia a una carta enviada por el Colegio de Abogados iraquí al Ministerio de Derechos Humanos el 7 de julio de 2009, en la que se instaba al Ministerio a intervenir ante los Ministerios de Defensa e Interior para que se eliminen los obstáculos con que se encuentran los abogados que desean acceder a personas recluidas en centros bajo el control de estos Ministerios.24

En algunos casos, aunque los abogados pueden ver a sus clientes, no se les permite mantener una reunión confidencial en privado.

ENCARCELADO SIN ORDEN JUDICIAL NI PRUEBAS

Nasrallah Mohammad Ibrahim, de 41 años y padre de seis hijos, empleado en una empresa de electricidad en la ciudad de Al Siniya, gobernación de Salah ad Din, al norte de Bagdad, fue detenido en su lugar de trabajo el 5 de enero de 2008 por soldados estadounidenses que no portaban ninguna orden de detención emitida por una autoridad judicial. En un principio permaneció recluido alrededor de una semana en una base militar estadounidense en Al Siniya, antes de ser trasladado a Camp Bucca, lejos de su domicilio, con el resultado de que su familia no pudo permitirse visitarlo en unos 18 meses. Después de permanecer dos años allí fue trasladado a Camp Taji, donde a comienzos de julio de 2010 seguía recluido sin cargos ni juicio. Su hermana habló con Amnistía Internacional de las dificultades que ha atravesado su familia durante su encarcelamiento:

Mi hermano tiene seis hijos, tres niñas y tres niños, y no van bien en el colegio. De hecho una de las niñas no acude a la escuela. Necesitan ropa pero no tenemos dinero para comprársela. Cuando visitamos a Nasrallah en Bucca, el viaje desde Salah ad Din a Bucca nos costó cerca de 150 dólares estadounidenses, además de los gastos de alojamiento y comida en Basora. Sólo le visitamos tres veces cuando estuvo allí porque no teníamos dinero. Nuestra madre no está bien y la detención de Nasrallah no le está ayudando.

Otras muchas personas han sido detenidas sin orden judicial, en su mayoría durante la noche en registros domiciliarios por parte de fuerzas estadounidenses o iraquíes, o ambas. Esta práctica contraviene el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal iraquí, que establece claramente que nadie puede ser arrestado legalmente sin una orden de detención emitida por un juez o un tribunal.

Según los informes, numerosos detenidos han sido arrestados sobre la base de información proporcionada a las fuerzas de seguridad iraquíes por informantes secretos, algunos de los cuales es posible que hayan identificado correctamente a miembros de grupos armados u otras personas responsables de ataques, pero otros pueden haber señalado a personas como sospechosas con el fin de obtener un pago. Tanto las fuerzas de seguridad iraquíes como las estadounidenses han intentado identificar a quienes pertenecen o apoyan a grupos armados utilizando redes de informantes secretos, incluidos informantes pagados. El artículo 47.2 del Código de Procedimiento Penal permite que los informantes soliciten el secreto cuando se trata de delitos graves.25

Con el recrudecimiento de la violencia a partir de marzo de 2003 y en años posteriores, el uso de informantes se generalizó, lo que motivó denuncias según las cuales numerosas personas habían sido detenidas exclusivamente sobre la base de información falsa proporcionada por informantes secretos. Esto llevó al Consejo de Representantes (el parlamento iraquí) a reformar el artículo 243 del Código Penal en 2009 para duplicar el periodo máximo de prisión de 10 años que puede imponerse a una persona por acusar falsamente de un delito a una persona inocente.26Además, en junio de 2009, el Consejo Judicial Supremo iraquí emitió una directiva que se envió a todos los jueces de instrucción instando a garantizar la fiabilidad de la información facilitada por los informantes secretos y a que esta información no se considere suficiente en ausencia de pruebas que apoyen la acusación y justifiquen la emisión de una orden de arresto o de prisión.27

Youssef Ali Jalil, estudiante de 25 años de Al Ghazalia, en Bagdad, está casado y tiene una hija. A primeras horas del 21 de noviembre de 2008, según su familia, un grupo de más de 10 soldados estadounidenses irrumpió en su domicilio, lo registró y detuvo a Youssef Ali Jalil sin mostrar orden de registro o detención. El detenido fue conducido a Camp Cropper, donde estuvo una semana, antes de ser trasladado a Camp Bucca. Allí permaneció la mayor parte del tiempo hasta mediados de 2009, cuando fue devuelto a Camp Cropper. En septiembre de ese año, el ejército estadounidense entregó a Youssef Ali Jalil a las autoridades iraquíes, que lo recluyeron en la prisión de Rusafa antes de trasladarlo a la de Al Adala, en Al Kadhimiya, Bagdad. Su familia nombró un abogado para representarlo, que lo ha visitado en cuatro ocasiones. Sin embargo, ningún familiar lo ha visitado desde que las fuerzas estadounidenses lo transfirieron a la custodia de las autoridades iraquíes en septiembre de 2009, por miedo a sufrir acoso por parte de los funcionarios de seguridad y guardias de prisión iraquíes.28Desde su traslado a la prisión de Al Adala, Youssef Ali Jalil ha denunciado palizas a manos de los guardias de prisiones. A principios de julio de 2010 seguía en prisión sin cargos ni juicio.

4. EN PRISIÓN SIN CARGOS NI JUICIO

Qusay Abdel Razaq Zabib sigue recluido en Camp Taji sin cargos y a pesar de que se recomendó su puesta en libertad.



Amnistía Internacional conoce muchos casos de personas que han permanecido recluidas sin cargos ni juicio en Irak durante periodos muy prolongados, a menudo de varios años, aunque se desconoce la identidad de otras muchas. Estos casos ilustran una constante profundamente arraigada de abusos graves en la que las violaciones de derechos humanos se han justificado y se justifican en nombre de la seguridad. Sin embargo, como es evidente, la seguridad en Irak sigue siendo precaria, y cada vez lo es más en medio del vacío político originado tras las elecciones de marzo de 2010 y del recrudecimiento de los ataques por parte de grupos armados que eligen como objetivos instalaciones gubernamentales y lugares públicos. La política de encarcelar a personas apoyándose en meras sospechas y denegándoles el acceso a la justicia, en lugar de aliviar esta situación, la ha agravado y ha incrementado las divisiones sectarias y la inseguridad. También ha permitido la implantación de una dinámica que ya se ha consolidado y puede resultar muy difícil de romper, en la que el compromiso de las autoridades suena hueco y que ofrece muy pocos avances respecto a los años de la brutal dictadura de Sadam Husein. Es preciso emprender acciones con urgencia para invertir esta tendencia a la deriva que no cesa, y existen temores fundados por la seguridad de los detenidos que, después de permanecer años recluidos sin juicio por las fuerzas estadounidenses, han sido entregados a un Estado iraquí gravemente lastrado por las divisiones internas y con un pésimo historial en relación con el trato que reciben los presos.

Yasser Ahmed Dalo Hussain al Qaissi, de 41 años y alto funcionario policial del distrito bagdadí de Al Shaab, casado y con cuatro hijos, permaneció recluido sin cargos ni juicio durante más de tres años. El 27 de febrero de 2007, iba andando a su trabajo en el distrito de Al Adhamiya, en Bagdad, cuando varios soldados estadounidenses lo detuvieron. Portaba su arma reglamentaria pero no vestía uniforme ni llevaba ningún documento que acreditase su identidad; entonces era habitual que los agentes de policía no llevasen documentación y vistiesen ropa de civil para evitar que los grupos armados los identificasen y atacasen. No se le informó de los motivos de su detención. Fue conducido a Camp Cropper y, poco después, trasladado a Camp Bucca, donde permaneció hasta que el ejército estadounidense cerró el campo en septiembre de 2009. Después lo trasladaron a Camp Taji, donde permaneció hasta finales de abril de 2010, cuando lo llevaron a la prisión de Al Rusafa en Bagdad. El 6 de mayo de 2010 fue liberado sin cargos después de pasar más de tres años detenido sin cargos ni juicio.29

Amer Mezhem Khazal, un agricultor de unos 30 años del pueblo de Ishaqi, en la gobernación de Salah ad Din, casado y con una hija, permanece detenido sin cargos ni juicio desde 2005. Según los informes, fuerzas estadounidenses e iraquíes irrumpieron en su domicilio en plena noche y se lo llevaron sin mostrar una orden de detención. En un principio estuvo recluido alrededor de una semana en un puesto del ejército estadounidense en Balad, donde lo interrogaron, y luego lo trasladaron a otra base estadounidense en Baquba, donde permaneció algunos días antes de ser conducido a Camp Bucca. Allí sus familiares pudieron visitarlo una vez cada dos o tres meses hasta que el campo fue cerrado y el detenido trasladado a Camp Taji, que las fuerzas estadounidenses traspasaron al control del gobierno iraquí en marzo de 2010. Se creía que en junio de 2010 seguía allí. No tiene abogado y la salud de su madre, viuda, al parecer se ha deteriorado por la preocupación que le produce la detención continuada de su hijo.30

Qusay Abdel Razaq Zabib, de 36 años, agente de policía en el pueblo de Uwaynat, cerca de Tikrit, casado y con dos hijos, fue detenido el 17 de julio de 2008 por soldados estadounidenses después de ser convocado a una reunión en la comisaría donde trabajaba. Lo condujeron a un puesto del ejército estadounidense en Tikrit donde permaneció 21 días. Luego lo trasladaron primero a Camp Cropper, durante tres semanas, y después a Camp Bucca, donde permaneció 11 meses. Después pasó un mes en Camp Taji y luego otros seis meses en Camp Cropper, antes de volver a Camp Taji una vez más, al parecer porque se sospechaba que había colaborado con grupos armados. El 3 de marzo de 2010, pocas semanas antes de que el gobierno iraquí asumiese el control de Camp Taji, el ejército estadounidense recomendó su liberación, pero a principios de julio continuaba recluido allí, sin cargos ni juicio, ahora bajo la custodia de las autoridades iraquíes. Su familia puede visitarlo, pero dos años después de su detención sigue sin estar claro cuánto tiempo seguirá privado de libertad sin que se hayan formulado cargos contra él.31

Nabil Fiza Sabbar, de unos 27 años, casado y con tres hijos, trabajaba con su padre en Al Siniya, ciudad de la gobernación de Salah ad Din. El 9 de octubre, o en torno a esa fecha, fue detenido por soldados estadounidenses en la tienda de su padre. Los soldados se lo llevaron a una base militar estadounidense en Tikrit, donde permaneció algunos días. Luego lo trasladaron a Camp Cropper, donde estuvo unos dos meses, y a Camp Bucca, donde permaneció alrededor de un año antes de ser enviado a Camp Taji. El ejército estadounidense decidió a principios de 2010 que debía ser liberado, pero a principios de julio seguía recluido sin cargos ni juicio en Camp Taji, ahora bajo el control iraquí. No tiene ningún abogado que lo represente y su familia no pudo visitarlo hasta que lo trasladaron a Camp Taji, debido al peligro que entraña viajar por carretera a Camp Bucca, cerca de Basora.32

Al parecer, algunos detenidos habían sido secuestrados por grupos armados que luchan contra el gobierno y la presencia estadounidense en Irak, con el fin de reclutarlos a la fuerza. Cuando las fuerzas estadounidenses asaltaron las bases utilizadas por los grupos armados que los retenían, los detenidos pasaron a la custodia estadounidense y posteriormente a la de las autoridades iraquíes.

Abd Jassem Mohammad Ahmed Al Gartani, por ejemplo, funcionario de 38 años de Al Khalidya, casado y con un hijo, fue secuestrado el 21 de julio de 2006 por varios hombres armados, presuntamente miembros de Al Qaeda en Irak, después de haber recibido amenazas de muerte si no se unía al grupo. Sus secuestradores se lo llevaron a Al Thar Thar, donde el grupo controlaba varias casas que fueron atacadas por las tropas estadounidenses en octubre de 2006. En el ataque, las fuerzas estadounidenses tomaron prisioneros a siete hombres, entre ellos Abd Jassem Mohammad Ahmed al Gartani y otros secuestrados. Durante un tiempo su familia no pudo averiguar qué le había pasado. Luego se enteraron de que estaba en Camp Bucca, en una tienda de campaña destinada a ciudadanos no iraquíes, al parecer porque no portaba ningún documento de identidad cuando lo secuestraron y las fuerzas estadounidenses lo habían confundido con un ciudadano árabe extranjero. Cuando Camp Bucca se cerró en septiembre de 2009, alguien dijo a sus familiares que lo habían trasladado a la prisión de Al Maqal, en Basora, bajo control de las autoridades iraquíes. Sin embargo, la información más reciente de que se dispone indica que se encuentra recluido en Camp Cropper. No se han recibido informes que indiquen que se han presentado cargos contra él.

Mostafa Sabah Mahmoud Ahmad al Qaissi, estudiante de 24 años del distrito de Al Shaab, en Bagdad, volvía en taxi desde Siria el 29 de marzo de 2007 después de visitar a una tía. Según los informes, fue secuestrado en el pueblo de Al Saqlawiya, cerca de Faluya, por varios hombres armados, presuntamente miembros de Al Qaeda en Irak; al parecer, estos hombres armados secuestraron a varios jóvenes que viajaban en taxis pero dejaron continuar a mujeres, niños y ancianos. Mostafa al Qaissi y otros hombres fueron conducidos a Al Thar Thar, bastión de Al Qaeda. Cuatro días después las tropas estadounidenses, en un ataque al lugar, mataron a algunos de los que estaban allí e hicieron prisioneros a otros, entre los que se encontraban Mostafa al Qaissiy otros secuestrados. Mostaza fue conducido a Camp Bucca y luego a Camp Cropper. A principios de julio de 2010, al parecer seguía detenido en este campo sin cargos ni juicio.

En otros casos se han producido transferencias de detenidos entre el ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad kurdas. Por ejemplo, el 10 de julio de 2008, tropas estadounidenses sacaron de su apartamento en el vecindario de Al Dor, en Tikrit, a Abdullah Zuhair Ibrahim al Ani, estudiante de medicina casado y con un hijo. Durante unos nueve meses, su familia no supo su paradero ni la suerte que había corrido. En abril de 2009, un ex detenido dijo a la madre de Abdullah al Ani que había coincidido con él en el campo de Al Salam, centro de detención bajo el control de la Unión Patriótica del Kurdistán, en la región iraquí del Kurdistán, unos kilómetros al sur de Suleimaniya. Al parecer Abdullah al Ani había permanecido varios días en poder de las fuerzas estadounidenses en Tikrit, que luego lo habían entregado al Gobierno Regional del Kurdistán, que administra tres provincias semiautónomas de mayoría kurda en el norte de Irak. Las razones de esa entrega no están claras y su familia no ha podido visitarlo allí. En total, parece ser que había unos 200 detenidos en el campo de Al Salam. El Ministerio del Interior iraquí ha confirmado por escrito a la familia de Abdullah al Ani que sigue privado de libertad tras su detención por las fuerzas estadounidenses el 10 de julio de 2008, pero éstas todavía no han respondido a la solicitud de Amnistía Internacional de que se esclarezca el motivo por el que fue entregado a las fuerzas de seguridad de las autoridades kurdas, así como su paradero y su situación jurídica actual.

En algunos casos, las leyes y prácticas empleadas contra presuntos miembros de grupos armados también se han utilizado contra personas que han manifestado sus críticas abiertamente, entre ellas miembros de la comunidad sunní que han criticado lo que consideran como la dominación del gobierno por parte de los chiíes. Por ejemplo, el 14 de marzo de 2010, Omar Ahmad Yousef, profesor de la Universidad de Mosul, fue detenido en su domicilio por fuerzas de seguridad iraquíes, según los informes sin orden de detención, tras lo que permaneció recluido brevemente. Su detención provocó manifestaciones de protesta por parte de los estudiantes en la Universidad de Mosul el 15 de marzo, pidiendo su liberación y la de varios estudiantes que también habían sido detenidos.33

DETENCIÓN TRAS LA DEVOLUCIÓN

Cuatro nacionales iraquíes que habían permanecido recluidos en el centro de detención estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, fueron detenidos inmediatamente por las autoridades de seguridad iraquíes cuando regresaron a Irak el 17 de enero de 2009. Los cuatro –Hassan Abdul Hadi Abdul Said, Abbas Abdel Rumi Alawi al Naely, Arkan Mohammad Fadhil al Karimy Ali Abdu Motalib Uwayd Hassan al Tai– habían permanecido varios años en la base de Guantánamo después de haber sido arrestados en distintos lugares, bien por fuerzas estadounidenses, bien por otras entidades que luego los entregaron a aquéllas.

Tras su retorno a Irak, en un principio un alto funcionario del Ministerio del Interior iraquí negó tener conocimiento de su devolución, pero después el ministro de Justicia la confirmó y anunció que los cuatro iraquíes estaban siendo interrogados por funcionarios de seguridad.34Un juez instructor emitió órdenes de detención contra ellos y, el 19 de febrero de 2009, un comité especial creado por el Ministerio de Derechos Humanos para ocuparse de sus casos los visitó en un centro de detención bajo el control de la Unidad Antiterrorista en Bagdad. Al parecer se esperaba que los cuatro se beneficiasen de la Ley de Amnistía de 2008, pero sus órdenes de libertad tienen todavía no han sido ratificadas por la oficina del Primer Ministro y continúan detenidos. En abril de 2009, el gobierno informó a Amnistía Internacional de que el comité especial había emitido cuatro recomendaciones, entre ellas que se permitiese a los detenidos designar abogados de su elección, acceder a asistencia médica y tener contacto con sus familias.35A julio de 2010, al parecer los cuatro permanecían recluidos sin juicio en el mismo centro de detención.

Entre los detenidos de larga duración hay personas que fueron arrestadas después de ser devueltas a Irak por gobiernos de Estados vecinos.36El hombre de negocios Ziya Kassem Khammam al Hussain, por ejemplo, fue devuelto a Irak desde Arabia Saudí a principios de 200937y desde entonces se encuentra recluido sin cargos ni juicio. Residente en Kuwait, fue detenido en su domicilio el 15 de enero de 2007 y permaneció unas dos semanas bajo custodia de las autoridades de seguridad kuwaitíes que, según él, lo torturaron. A principios de febrero de 2007 fue entregado a las autoridades de seguridad saudíes y conducido en un avión a Riad, donde permaneció dos años recluido sin cargos ni juicio. Según informes, estuvo en régimen de aislamiento y sólo se le permitió recibir una visita de su familia, en septiembre de 2008. Su familia no supo que lo habían devuelto a Irak hasta que su hermana viajó de Kuwait a Riad para verlo en enero de 2009. Más tarde se supo que él había pedido a las autoridades de Arabia Saudí que no lo devolvieran a Irak, donde temía sufrir nuevas violaciones de derechos humanos, y que le diesen la oportunidad de pedir asilo en un tercer país. Su devolución puede haberse realizado en el marco de un protocolo de seguridad entre Irak y sus vecinos, entre ellos Arabia Saudí, que al parecer carece por completo de salvaguardias en relación con el derecho a no sufrir tortura y persecución.38Ziya Kassem Khammam al Hussain continúa recluido en Camp Cropper sin cargos ni juicio.





5. DETENCIÓN PROLONGADA EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ



Walid Yunis Ahmad lleva recluido sin cargos ni juicio más de 10 años.



Decenas de personas han sido recluidas sin cargos ni juicio en la región iraquí del Kurdistán, algunas durante años. Unas eran sometidas a tortura u otros malos tratos y otras eran víctimas de desaparición forzada mientras las autoridades se negaban a facilitar a sus familias información sobre su destino o paradero.

Hasta comienzos de 2008, el Gobierno Regional del Kurdistán recluyó a centenares de detenidos sin cargos ni juicio bajo sospecha de pertenecer o simpatizar con grupos islamistas, en especial con Ansar al Islam.39A fecha de septiembre de 2008, la mayoría de ellos habían sido “indultados” y liberados. Sin embargo, decenas de personas permanecen recluidas en prisiones controladas por la Asayish, principal agencia de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán, en las tres gobernaciones kurdas administradas por ese gobierno: Arbil, Suleimaniya y Dohuk.

Muchas de las personas detenidas en los últimos años fueron arrestadas por su presunta pertenencia o apoyo a organizaciones prohibidas como Ansar al Islam, así como a partidos políticos legales, como el Movimiento Islámico del Kurdistán y el Grupo Islámico.40Algunas eran miembros activos de estas organizaciones en el momento de su detención; otras habían cesado al parecer su participación, incluso mucho antes de su arresto. A otras las detuvieron semanas e incluso meses después de haberse entregado a las fuerzas Pesh Merga de la Unión Patriótica del Kurdistán en 2003, tras una serie de enfrentamientos armados.

Las familias de algunos detenidos de larga duración han hecho campaña en favor de su liberación. A mediados de 2009 llevaron a cabo varias sentadas frente al edificio del Parlamento del Kurdistán en Arbil. También marcharon hacia el edificio de la Presidencia del Gobierno Regional del Kurdistán en Salah ad Din, pero las fuerzas de seguridad les impidieron acercarse a su objetivo.

Varios detenidos entrevistados por miembros de una delegación de Amnistía Internacional que visitó la región del Kurdistán en junio de 2010 afirmaron que eran de Mosul, fuera de la región administrada por el gobierno regional, y que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad Asayish o Pesh Merga en Mosul o en pueblos cercanos localizados en territorios fronterizos que se disputan el gobierno regional del Kurdistán y el gobierno federal de Irak en Bagdad. Algunos detenidos afirmaron que habían sido arrestados por fuerzas estadounidenses y luego entregados al Gobierno Regional del Kurdistán.41

Amnistía Internacional supo por los directores de la Asayish en Arbil y Dohuk que muchos detenidos que permanecían recluidos sin juicio habían sido arrestados antes de la promulgación de la ley antiterrorista del gobierno regional en 200642y que no podían ser enjuiciados en virtud de esta ley por su presunta participación en grupos armados islamistas, ya que eso supondría la aplicación retroactiv de la ley. Tampoco, según dijeron, podía acusarse a esos detenidos en virtud del Código Penal Iraquí porque éste no incluye disposiciones específicas en materia de terrorismo. Sin embargo, en la práctica el Código Penal tipifica una serie de delitos relacionados con la seguridad interna y externa del Estado que podrían ser utilizados si las autoridades del gobierno regional tuviesen la intención de llevar a los detenidos ante los tribunales y darles la oportunidad de obtener su liberación.43En cualquier caso, las razones mencionadas por los directores de la Asayish – organismo que, según reconoció el entonces primer ministro del gobierno regional a Amnistía Internacional en 2009, no tiene la obligación legal de rendir cuentas plenamente– no justifican la detención arbitraria, prohibida en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Posiblemente la persona que más tiempo lleva detenida en Irak es Walid Yunis Ahmad. Turcomano nacido en 1958, casado y padre de tres hijos, lleva detenido sin cargos ni juicio más de 10 años. Fue detenido por hombres vestidos de civil, al parecer agentes de la Asayish, en una calle de Arbil el 6 de febrero de 2000 y desapareció. Sus familiares comenzaron a buscarlo y solicitaron información a las autoridades, que negaron saber nada sobre él. Aproximadamente tres años después, su familia tuvo la certeza de que había sido detenido y conoció su paradero cuando el CICR les notificó que se encontraba detenido en la Jefatura de la Asayish en Arbil, donde a partir de ese momento pudieron visitarlo.

Walid Yunis Ahmad © particular

Walid Yunis Ahmad, que trabajaba para una emisora local de radio y televisión vinculada al Movimiento Islámico del Kurdistán, al parecer ha sufrido torturas bajo custodia. Fue conducido a la prisión de Shaqlawa, después a la de Aqra y de nuevo a la jefatura de la Asayish en Arbil, donde lo recluyeron en régimen de aislamiento. Cuando sus familiares lo visitaron el 23 de noviembre de 2008, lo encontraron con la salud muy deteriorada tras haber pasado 45 días en huelga de hambre en protesta contra su detención continuada. A mediados de 2009 fue trasladado a la prisión de la Asayish Gishti44. A finales de marzo de 2010 un investigador lo interrogó en dos ocasiones en las dependencias de la Asayish Gishti en Arbil; le dijeron que se lo acusaba de intentar reactivar el grupo Ansar al Islam desde prisión y se lo consideraba un peligro para la seguridad de la región iraquí del Kurdistán. El 1 de abril de 2010, Walid Yunis Ahmad fue trasladado a la prisión de la Asayish en Dohuk y posteriormente interrogado sobre sus actividades pasadas en el seno de la Unión Islámica del Kurdistán, partido político islamista legal. Amnistía Internacional ha planteado en varias ocasiones el caso de Walid Yunis Ahmad a las autoridades kurdas.45El director de la Asayish en Arbil dijo a los miembros de una delegación de la organización que Walid Yunis Ahmad era “demasiado peligroso para ser puesto en libertad”, pero no dio más información.

Hiwa Abdel Rahman Rassoul, de 32 años, casado y padre de tres hijos y natural de Soran, en la gobernación de Arbil, permanece detenido sin cargos ni juicio desde julio de 2005. Ex miembro del Movimiento Islámico del Kurdistán Iraquí, viajó a Irán en 2001. A su regreso a la región iraquí del Kurdistán tres meses después, al parecer fue arrestado por las fuerzas de seguridad kurdas en el área controlada por la Unión Patriótica del Kurdistán dentro del territorio del Gobierno Regional del Kurdistán. Su familia no fue informada de su detención y no tuvo noticias suyas ni de su paradero durante unos 15 meses. Luego oyeron que se encontraba detenido en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, después de que las fuerzas de seguridad kurdas lo entregaran a las fuerzas estadounidenses. Fue liberado sin cargos de Abu Ghraib en mayo de 2005, pero el 8 de julio de ese año la policía iraquí lo detuvo en Mosul y volvió a desaparecer, esta vez durante tres meses. Su familia recibió una carta suya enviada a través del CICR en la que les decía que estaba recluido en la prisión de la Asayish en Arbil. Allí continúa detenido sin cargos ni juicio.

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Hiwa ‘Abdel-Rahman Rassoul © particular

assan Abdullah Saeed, de unos 35 años de edad, casado y con dos hijos, y su hermano, Qassem Abdullah Saeed, trabajador eventual de 36 años, fueron detenidos el 2 de junio de 2003. Ambos habían pertenecido a la organización Ansar al Islam pero decidieron abandonar el grupo y volvieron a Arbil, su ciudad natal, donde comunicaron a la Asayish su ruptura con la organización. En un principio los agentes de la Asayish se mostraron receptivos y, después de hacerles algunas preguntas, los dejaron marchar pero les pidieron que volviesen al día siguiente. Así lo hicieron y entonces los recluyeron durante varios días en la prisión de la Asayish en Arbil y luego los trasladaron a la prisión de Shaqlawa, donde sus familiares pudieron visitarlos. Siete meses más tarde los trasladaron a la prisión de Aqra, pero luego los separaron y la familia de Hassan Saeed estuvo tres años sin recibir noticias de su paradero. Aunque la Asayish no les facilitó ninguna información, el CICR les comunicó finalmente que Hassan se encontraba en la prisión de la Asayish en Arbil y que podían visitarlo. Cuando lo hicieron, se enteraron de que esos tres años había permanecido en un centro de detención secreta controlado por la Parastin, fuerza de inteligencia del Partido Democrático del Kurdistán, en Salah ad Din.46En julio de 2010 continuaba detenido sin cargos ni juicio en la prisión de la Asayish en Arbil y al parecer su salud se estaba deteriorando. No tenía representación letrada. Su hermano, Qassem Saeed, fue liberado sin cargos el 5 de junio de 2008, tras pasar algo más de cinco años detenido.

Abdel Salam Hassan Kanabi, de unos 33 años de edad, casado y con cinco hijos, fue detenido el 24 de julio de 2005 en su puesto de trabajo en una sala de exposición de automóviles en el distrito de Al Amiriya, en Bagdad. Su familia lo buscó en los hospitales de la capital por si había sufrido algún accidente, pero sin éxito. Fue 14 meses después de su desaparición cuando recibieron la primera información: una carta suya enviada a través del CICR. En ella les decía que se encontraba recluido en la prisión de la Asayish en Arbil. Al parecer ha sido sometido a torturas; según su familia, todavía podían verse las marcas causadas por la tortura en sus brazos y piernas cuando lo visitaron por primera vez.

Aso Jalal Khidr, de unos 31 años de edad, casado, fue detenido el 28 de julio de 2005 en Bagdad cuando se dirigía en automóvil a su trabajo. No se detuvo en un puesto de control, dispararon contra él y resultó herido. Su familia no tuvo conocimiento de este incidente ni de su posterior detención hasta 20 meses después, cuando recibieron una carta suya a través del CICR en la que les decía que se encontraba recluido en la prisión de la Asayish en Arbil. Los agentes de la Asayish lo habían conducido allí tres días después del tiroteo y durante dos años y medio permaneció recluido en régimen de aislamiento. También lo habían llevado a un hospital de Arbil para extraerle las balas del cuerpo.

Nawzat Karim Ismail, de 35 años, casado y con tres hijos, trabajaba como auxiliar de enfermería en un centro médico de Arbil. El 3 de enero de 2004 fue detenido por varios hombres, al parecer miembros de la Parastin. Durante tres años su familia no supo dónde se encontraba recluido. Después se enteraron de que se encontraba en un centro de detención secreta bajo el control de la Parastin en Salah ad Din, a las afueras de Arbil. Luego lo trasladaron a la prisión de la Asayish en Arbil, donde permanece recluido sin cargos ni juicio. Los informes indican que se encuentra enfermo. En 2008 sufrió un accidente vascular y pasó tres días en el hospital. Su madre falleció a principios de diciembre de 2009; la familia atribuye su muerte en parte a la preocupación causada por la prolongada detención del hijo.

6. DETENCIONES SECRETAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

Nos llevaron a un lugar dentro del antiguo aeropuerto de Muthanna.”

Karim

Numerosas personas desaparecieron después de ser arrestadas y algunas fueron recluidas en centros de detención secreta. Uno de los más duros, un centro secreto en el antiguo aeropuerto de Muthanna, en el centro de Bagdad, fue descubierto en abril de 2010. En él se encontraban recluidos más de 400 detenidos. La mayoría eran árabes sunníes detenidos en Mosul a finales de 2009 y trasladados al centro de Muthanna, al parecer bajo el control de la oficina del primer ministro Nuri al Maliki. La mayoría habían sido sometidos a tortura. Alrededor de 95 detenidos fueron liberados en abril de 2010, y algunos de ellos relataron a Amnistía Internacional su terrible experiencia.

Karim,47de 55 años, ex miembro del personal de la Universidad en Mosul, casado y con cinco hijos, relató que unos 10 agentes de seguridad iraquíes, miembros de la unidad antiterrorista de la policía “Operaciones Nínive”, irrumpieron en su domicilio en Mosul la noche del 30 de septiembre de 2009 y se lo llevaron a él y a su hijo de 26 años, Hussain:48

Nos llevaron a un estadio del ejército en Mosul debajo de cuyas instalaciones había un lugar de detención secreta: era una habitación pequeña y allí nos metieron. En total éramos 69 detenidos en la habitación. Interrogaban a cinco o seis cada vez y nos pegaban e insultaban. Después nos subieron a vehículos militares, con los ojos vendados y maniatados. Salimos por la mañana y llegamos a Bagdad por la tarde, a la prisión de la Agencia Central de Información del Ejército, delante del parque de Al Zawraa, en el distrito de Al Mansour. Nos dijeron que era un destino temporal y que no nos interrogarían allí. Finalmente estuvimos 45 días, sin que nos permitieran recibir visitas o contactar con nuestras familias. Allí nos trataron bien y nos visitaron miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Después empezaron a trasladarnos por tandas a otra prisión. Yo estaba en la tercera y última. Nos llevaron a un lugar dentro del antiguo aeropuerto de Muthanna. Era un edificio alargado de una sola planta. Nos metieron en habitaciones pequeñas; 25 en cada una. No tenían ventanas y medían 5x4 metros [...]

Karim fue liberado el 13 de abril de 2010, junto a un grupo de unos 84 detenidos, un día después de su traslado a la prisión de Al Rusafa. Durante el tiempo que permaneció detenido no tuvo acceso a un abogado ni se le permitió recibir visitas de sus familiares.

Tras el descubrimiento de la prisión secreta de Muthanna, el gobierno iraquí anunció el 23 de abril que había cerrado el centro y detenido a tres miembros de la unidad militar que lo administraba.49El gobierno negó que fuese una prisión secreta. El Ministerio de Derechos Humanos informó de que había enviado investigadores al centro después de haber tenido noticias de su existencia hace unas semanas y de que las personas allí detenidas denunciasen abusos y privación acceso a sus familiares y a asistencia letrada.50

En su informe de 2009, el Ministerio de Derechos Humanos afirmó que había podido inspeccionar la mayoría de las prisiones y centros de detención, incluso los que se encontraban bajo el control de los Ministerios de Defensa e Interior. Sin embargo, ex detenidos que habían permanecido recluidos en el centro de detención secreta del antiguo aeropuerto de Muthanna informaron a Amnistía Internacional de que, para cuando los funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos tuvieron acceso a la prisión, ya era demasiado tarde para muchos detenidos que habían sido sometidos a torturas y firmado “confesiones”.

En su informe, el Ministerio de Derechos Humanos reiteró sus anteriores llamamientos al gobierno para que todos los centros de detención administrados por los Ministerios de Interior y Defensa pasasen a depender del Ministerio de Justicia, como estipulaba el Memorándum número 2 sobre Gestión de los Centros de Detención y Prisión de la Autoridad Provisional de la Coalición, que continúa en vigor,51aunque a julio de 2010 esto aún no había sucedido.

Desde 2007 se ha permitido también al CICR acceder a algunas prisiones bajo el control del gobierno iraquí. Desde 2008, delegaciones del CIRC han realizado visitas a 25.000 detenidos recluidos en 35 lugares de detención administrados por los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior iraquíes,52aunque las condiciones de seguridad han impedido que el CIRC visite los centros de detención operados por el gobierno iraquí en gobernaciones como Mosul, Salah ad Din y Diyala.53El acceso a las prisiones por parte del CIRC y el Ministerio de Derechos Humanos es un gran avance, ya que puede ayudar a reducir la dimensión y el alcance de los abusos, pero también ha contribuido a aumentar la aflicción de algunas familias a las que tales visitas no han aportado noticias de familiares desaparecidos a quienes ellos creen detenidos.

En un informe reciente, expertos en derechos humanos de la ONU insisten en que la detención secreta no es compatible con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y vulnera el derecho a la libertad personal, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser víctima de desaparición forzada, tortura u otros malos.54Afirman: “Equivale a una violación múltiple de los derechos humanos que no admite justificación en circunstancia alguna, siquiera en estados de excepción.”55 Y añaden: “Todo caso de detención secreta equivale también a un caso de desaparición forzada”.56





Otras personas desaparecieron durante los primeros meses después de su detención porque las autoridades no informaron a sus familiares del arresto o no revelaron su paradero. Algunas siguen desaparecidas años después de su arresto. Anmar Kamal Kafi al Alussi, vendedor de coches de 42 años, casado y padre de dos hijos, natural de Haditha, en el oeste de Irak, fue detenido el 24 de marzo de 2005 frente a su domicilio en el distrito bagdadí de Al Adhamiya, donde vivía entonces con su familia. Varios hombres armados vestidos de civil lo introdujeron a la fuerza en un automóvil y se lo llevaron. La familia supo que lo habían llevado a la prisión de Al Kadhimiya (5ª sección) sólo gracias a que un amigo de Haditha trabajaba allí. La familia pidió ayuda al ejército de Estados Unidos, pero cuando los soldados estadounidenses acudieron a buscar a Anmar al Alussi a la prisión de Al Kadhimiya, las autoridades penitenciarias negaron que se encontrase allí. Según la familia, un funcionario de la prisión se puso en contacto con ellos y les dijo que podía conseguir la liberación de Anmar al Alussi a cambio de un millón de dólares estadounidenses. Posteriormente, cuando la familia dijo que no podía reunir esa cantidad, la rebajó a la mitad y después la redujo aún más. Utilizando contactos personales, la familia de Anmar al Alussi se dirigió a Sadun al Dulaymi, ex ministro de Defensa iraquí, con el resultado de que Anmar al Alussi fue conducido a un centro de detención bajo el control del Ministerio de Defensa en Al Adhamiya. La familia denunció ante el ministro de Defensa a un funcionario de ese Ministerio a quien consideraban responsable del arresto y posterior traslado del detenido a Al Adhamiya, denuncia que dio lugar a una investigación interna y, al parecer, a la detención del funcionario en cuestión, aunque posteriormente éste fue liberado. Mientras tanto, Anmar al Alussi fue trasladado al centro de detención de Al Jadiriya y se cree que allí seguía cuando las fuerzas estadounidenses entraron en él en noviembre de 2005 tras las denuncias de tortura (véase el capítulo 8) y sacaron a todos los detenidos. Desde entonces, la familia de Anmar al Alussi no ha tenido contacto con él ni ha recibido noticias suyas, y sigue sin conocerse su destino y paradero.

También se han recibido informes constantes de desapariciones en la región iraquí del Kurdistán. Varias personas detenidas en Kirkuk, algunas de cuyas áreas se hallan bajo el control efectivo de las fuerzas de seguridad del gobierno regional, han desaparecido. Por ejemplo, Ahmad Izz Eddine Hamid y Ali Jamal Eddine Ahmad, ambos de 30 años de edad y empleados en un mercado cerca del Khalil Agha Building, fueron detenidos el 14 de marzo de 2005 cuando se encontraban de visita en un domicilio particular en el distrito de Al Wasat en Kirkuk, por unos hombres vestidos de civil, al parecer miembros de la Asayish. Se desconoce su paradero actual pero, según informes, varios ex detenidos los han visto después de 2005 en distintos centros de detención controlados por el gobierno regional en Suleimaniya o en sus alrededores.

Mohammad Ahmed Jeddi al Jenabi, árabe iraquí de 47 años, de Kirkuk y ex oficial del ejército, fue arrestado sin orden judicial por las fuerzas estadounidenses e iraquíes en la madrugada del 15 de febrero de 2005, en su domicilio, en el distrito de Al Wasat, en Kirkuk. A junio de 2010, más de tres años después, su familia todavía no sabía nada acerca de su destino o paradero.

Al menos 25 personas, todas ellas ex miembros de Ansar al Islam, desaparecieron después de su arresto en 2003 y 2004. Se habían entregado voluntariamente a la Unión Patriótica del Kurdistán después de que el líder de esta formación, Jalal Talaban, actual presidente de Irak, anunciase una amnistía. Durante unos meses llevaron una vida normal en Suleimaniya, pero luego fueron arrestados por la Asayish. Sus familiares pudieron visitarlos en el edificio de la dirección general de seguridad (Asayish Gishti) en Suleimaniya.hasta agosto de 2004, cuando les dijeron que los detenidos ya no se encontraban allí. Las familias se han puesto en contacto con el CICR, autoridades locales y miembros del Parlamento, entre otros, pero sigue sin conocerse el paradero de los detenidos. Entre ellos están Luqman Salah Hamad Salim, de 30 años, arrestado en su domicilio en el distrito de Kani Kurda en Suleimaniya, el 19 de abril de 2004; Rezgar Latif Sharif, de 37 años, arrestado el 2 de febrero de 2003 en un puesto de control a las afueras de Suleimaniya; y Othman Salih Qader, profesor de 33 años arrestado el 14 de septiembre de 2003 en su domicilio en Suleimaniya.

La práctica de la desaparición forzada no es nueva en la región iraquí del Kurdistán. Durante la guerra civil entre la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Demócrata del Kurdistán en los años noventa, decenas de personas desaparecieron y todavía se desconoce la suerte que corrieron muchas de ellas.

La desaparición forzada constituye una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se define como:

[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.57

Además, las desapariciones forzadas constituyen malos tratos o tortura en sí mismas debido al gran sufrimiento que experimentan las personas detenidas sin contacto con el mundo exterior, sin saber cuándo y si serán liberadas alguna vez o si se les permitirá volver a ver a sus familias.58Causar sufrimiento a los familiares de los desaparecidos –una consecuencia inevitable y en ocasiones buscada de la desaparición forzada– también constituye una violación de los derechos humanos, de la que han sido víctimas innumerables familias iraquíes a lo largo de los años.59



7. TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

Nos torturaron del mismo modo: nos colgaban de la cama cabeza bajo, nos asfixiaban cubriéndonos la cabeza con bolsas de plástico, nos daban palizas y descargas eléctricas.”

Iraquí superviviente de torturas

Violación o amenaza de violación. Palizas con cables y mangueras. Colgar a la persona de las extremidades durante largos periodos. Aplicarle descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo. Fracturarle extremidades. Arrancarle las uñas de los pies con alicates. Asfixiarla cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico. Agujerearle el cuerpo con taladros. Obligarla a sentarse sobre objetos cortantes como botellas rotas. Éstos son sólo algunos de los métodos de tortura utilizados contra hombres, mujeres, niños y niñas por las fuerzas de seguridad iraquíes que han sido descritos a Amnistía Internacional en los últimos años. Los detenidos sospechosos de tener relación con grupos armados y también las personas críticas con el gobierno corren un riesgo especial de sufrir tales abusos. El Ministerio de Derechos Humanos iraquí documentó 574 denuncias de tortura a lo largo de 2009, entre ellas 326 contra funcionarios del Ministerio del Interior, 152 contra funcionarios del Ministerio de Defensa y 56 contra miembros de las Pesh Merga,60aunque esta cifras casi con seguridad no representan nada más que la punta del iceberg.

La tortura y otros malos tratos por lo general se producen tras el arresto, cuando los detenidos son recluidos en régimen de incomunicación en comisarías y centros de detención bajo el control de los Ministerios de Interior y Defensa. Durante este periodo de detención inicial, que pude prolongarse hasta varios meses, normalmente los detenidos no tienen acceso a abogados y en muchos casos sus familiares desconocen su paradero, condiciones que suelen facilitar –e incluso propiciar– la tortura y otros malos tratos.

La tortura se utiliza a menudo para extraer confesiones a los detenidos. En ocasiones las confesiones o declaraciones han sido preparadas de antemano por los interrogadores y los detenidos, con los ojos vendados y sometidos a torturas, son obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias. Estas confesiones se emplean a menudo contra ellos en el juicio si son acusados y procesados.

El sistema de justicia penal iraquí se apoya en buena medida en las confesiones como prueba de culpabilidad.61Numerosas personas han sido declaradas culpables por el Tribunal Penal Central de Irak, entre ellas varios centenares que después fueron condenadas a muerte, utilizando como base para la condena confesiones extraídas presuntamente mediante torturas.62

En la práctica, los interrogatorios son realizados principalmente por agentes de policía y de los servicios de inteligencia de las distintas agencias de seguridad: la Dirección General de Investigación Criminal, la Dirección General de Lucha contra el Terrorismo y la Unidad Antiterrorista, y no por jueces instructores como establece la ley. Esta circunstancia ha incrementado la incidencia de tortura y otros malos tratos, y ha llevado al Ministerio de Derechos Humanos a pedir al gobierno que garantice que todas las investigaciones son llevadas a cabo por jueces instructores.63

Uno de los centros de detención al que se refieren muchas de las denuncias de tortura y malos tratos se localiza en la Zona Verde y es compartido por la Unidad Antiterrorista y la Brigada 56 (antes Brigada de Bagdad), que está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa y es responsable de la protección de la Zona Verde. Al parecer, a las personas detenidas en estas instalaciones no se les permite recibir visitas de sus familiares y abogados. El 12 de diciembre de 2009, una comisión parlamentaria creada para investigar el trato que recibían los detenidos visitó este centro e informó de que varios detenidos bajo custodia de la Unidad Antiterrorista afirmaban que sus interrogadores los habían sometido a torturas para obligarlos a confesar. La mayoría de los detenidos dijeron que sus familiares no habían sido informados de su paradero desde que fueron arrestados. Algunos presentaban discapacidades, otros padecían distintas enfermedades y unos pocos eran de edad avanzada. Algunos aún tenían marcas de tortura en el cuerpo. La mayoría se quejaron de que habían sido arrestados exclusivamente sobre la base de información falsa proporcionada por informantes secretos y que continuaban recluidos a pesar de que los informantes no habían aportado pruebas a los jueces instructores.

Según la información recibida, una docena de personas relacionadas con el ex parlamentario Mohammad al Daini fueron arrestadas en febrero de 2009 y transferidas a la custodia de la Unidad Antiterrorista en la Zona Verde.64Entre ellos había siete sobrinos y otros familiares de Al Daini –Riyad Ibrahim Jasem al Daini, Omar Obrahim Jassem al Daini, Ala Khayr Allah al Maliki,Abbas Kazem Khamis, Rahman Ahmed Kareem, Wissam Ibrahim Jassem al Daini, Farhakad Jamal Taha Yassine– y otras cinco personas relacionadas con él: Ali Adel Taha Yassine, Shaker al Bayati, Haytham Khaled Barbooty, Mahmoud Maksoud y Mohammad Hussain Ghadban. Los 12 fueron recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. A sus familiares no se les comunicó dónde se encontraban recluidos hasta meses después. El relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo informó después de que todas las personas detenidas en relación con Mohammad al Daini habían sufrido:

[…] graves malos tratos, como propinarles palizas con cables, suspenderlos del techo por los pies o las manos durante periodos prolongados (de hasta 48 horas), o aplicarles descargas eléctricas. A algunos les cubrían la cabeza con bolsas negras y los asfixiaban durante varios minutos hasta que su cuerpo se ponía de color azul varias veces seguidas. Además, a algunos les introdujeron porras de plástico por el ano. También los amenazaron con violar a miembros de sus familias. Los obligaron a firmar y a imprimir sus huellas dactilares en confesiones preparadas de antemano, recogidas el 24 de febrero de 2009. Varios de ellos presentaban heridas en diversas partes del cuerpo causadas por los malos tratos. Muchos habían perdido bastante peso. Riyad Ibrahim Jassem [al Daini] sufre una insuficiencia hepática a consecuencia de las torturas sufridas.65

El relator especial añadió que se hallaba en disposición de identificar a las personas presuntamente responsables de torturar a estos detenidos, pero no se sabe que las autoridades iraquíes hayan emprendido ninguna acción contra ellos. A pesar de su terrible experiencia, se cree que a principios de julio de 2010 los 12 detenidos seguían recluidos sin cargos ni juicio.

Un palestino residente en Mosul contó a Amnistía Internacional que cuatro de sus hijos, Ahmad Younis Khalil Ibrahim, de 29 años, Mohammad, de 27, Khalil, de 24, y Mahmoud, de 21, fueron detenidos en Mosul el 19 de diciembre de 2009.66Agentes de seguridad iraquíes y fuerzas estadounidenses irrumpieron en el domicilio familiar en torno a la una de la madrugada, vendaron los ojos a los cuatro jóvenes, les ataron las manos a la espalda y se los llevaron. También registraron la casa. Los agentes de seguridad no exhibieron ninguna orden de registro o detención, ni dijeron a la familia lo que estaban buscando. Durante meses, los familiares no supieron dónde se encontraban recluidos los cuatro jóvenes y acudieron a comisarías y edificios de los servicios de seguridad de Mosul sin éxito. A comienzos de mayo de 2010 supieron que Mohammad Ibrahim y Mahmoud Ibrahim acababan de ser trasladados a la prisión de Al Rusafa, en Bagdad, desde un centro de detención controlado por la Brigada de Bagdad en la Zona Verde, donde habían permanecido recluidos desde su detención, al igual que Kahlil Ibrahim algún tiempo antes. Al parecer, los tres han sido sometidos a torturas y obligados a firmar confesiones declarando que habían participado en el asesinato de cuatro personas en Mosul. A mediados de julio de 2010, el cuarto hermano, Ahmed Ibrahim, al parecer seguía recluido en el centro de detención de la Brigada de Bagdad.

Algunos de los 95 detenidos liberados en abril de 2010 del centro de detención secreta situado en el antiguo aeropuerto de Muthanna, en el centro de Bagdad, describieron a Amnistía Internacional las torturas a los que los habían sometido en ese lugar. Karim (véase Capítulo 6) contó:

Cada día los guardias se llevaban a unos 10 detenidos para interrogarlos. Todos eran torturados del mismo modo. Nos cubrían la cabeza con bolsas de plástico, nos aplicaban descargas eléctricas en distintas zonas del cuerpo, especialmente en nuestras partes íntimas. También nos suspendían por los pies: usaban unas camas muy altas de metal y nos introducían los pies a través de los alambres que forman la parte de abajo de la cama; nos dejaban allí colgando durante horas […]

[...] el método más horrible es la asfixia con una bolsa de plástico. No pasan más de 5 o 10 segundos y empiezas a quedarte sin aire. Entonces te ves obligado a decir que confesarás y que firmarás cualquier cosa que ellos quieran que firmes. Los guardias lo llamaban el “método oxígeno”.

Ahmad,67constructor de 50 años y padre de cuatro hijos, fue detenido en la madrugada del 3 de octubre de 2009 en su domicilio de Mosul. Contó a Amnistía Internacional que seis soldados de una fuerza especial de Bagdad destrozaron la puerta exterior de la casa e irrumpieron en su interior.68Los seis vestían uniforme militar y estaban armados. No mostraron a Ahmad ninguna orden de arresto o registro ni explicaron las razones del arresto. A él y a su hijo Mounir,69estudiante universitario de 20 años, les taparon los ojos, les ataron las manos a la espalda y se los llevaron a un campamento del ejército en Mosul, donde estuvieron un día, y de allí a Bagdad. Permanecieron diez días recluidos en un centro de detención antes de un nuevo traslado, esta vez a la prisión secreta del antiguo aeropuerto de Muthanna, donde los sometieron a torturas. Ahmad dijo a Amnistía Internacional:

Nos torturaron del mismo modo: nos colgaban de la cama cabeza bajo, nos asfixiaban cubriéndonos la cabeza con bolsas de plástico, nos daban palizas y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. Te mantienen suspendido unos 30 minutos, dependiendo de lo que aguante cada persona. A mí me torturaron tres veces. Me aplicaron descargas eléctricas dos veces y me pegaron en varias ocasiones. Después confesé. Confesé cosas que no sabía lo que eran.

Muchos de los detenidos transferidos a la prisión de Al Rusafa y que siguen allí al parecer han firmado declaraciones autoinculpatorias bajo tortura. Ramze Shihab Ahmed, un hombre de 68 años con doble nacionalidad, iraquí y británica, casado y padre de cuatro hijos, viajó a Irak el 9 de noviembre de 2009 desde Reino Unido, donde vivía como refugiado. Esperaba conseguir la liberación de su hijo Omar,detenido junto con unas 380 personas de Mosul a comienzos de septiembre de 2009. Ramze Shihab Ahmed fue detenido en el domicilio de un familiar el 7 de diciembre de 2009. Ningún miembro de su familia supo dónde se encontraba hasta el 25 de marzo de 2010, cuando logró llamar desde prisión a su segunda esposa, Rabiha al Qassab. Le dijo que estaba en una prisión en el antiguo aeropuerto de Muthanna y que debía avisar a las autoridades británicas. Después se cortó la comunicación. Rabiha al Qassab se puso en contacto con las autoridades pertinentes en Reino Unido, que alertaron a la Embajada británica en Bagdad. Funcionarios británicos han podido ver a Ramze Shihab Ahmed una vez desde que fue trasladado a la prisión de Al Rusafa en torno al 13 de abril de 2010.

Una vez en Al Rusafa, Ramze Shihab Ahmed describió a sus familiares las torturas sufridas en la prisión secreta. Habían utilizado métodos como asfixiarlo cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico, suspenderlo por los pies, aplicarle descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo y amenazarlo con que llevarían a la cárcel a la esposa que vivía en Mosul y la violarían delante de él. A consecuencia de la tortura firmó una declaración confesando que tenía vínculos con Al Qaeda en Irak. Su hijo Omar también fue torturado reiteradamente y al parecer firmó una confesión después de que sus interrogadores lo amenazaran con obligarlo a violar a su padre.

Ramze Shihab Ahmed © particular

El 18 de enero de 2010, el Ministerio de Defensa iraquí ofreció una conferencia de prensa, emitida por televisión, en la que difundió las confesiones grabadas en vídeo de nueve personas detenidas en Mosul, entre ellas la de Omar, que fue presentado como líder del grupo. Omar apareció confesándose culpable del homicidio de varios cristianos en Mosul y de la detonación de una bomba en un pueblo cerca de Mosul.70Según sus familiares, el rostro de Omar mostraba señales de golpes. Ni Ramze Shihab Ahmed ni ‘Omar han sido autorizados a recibir visitas de sus familiares, ni siquiera después de su traslado a la prisión de Al Rusafa.

La tortura y otros malos tratos han sido habituales y generalizados en las prisiones y centros de detención de todo el país durante muchos años. Por ejemplo, en mayo de 2009, tras una visita realizada a la prisión de mujeres de Al Kadhimiya, en Bagdad, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento iraquí informó a periodistas de los medios nacionales e internacionales de que dos reclusas habían afirmado que las habían violado repetidamente después de la detención y antes de su traslado a la prisión.71

A mediados de junio de 2009, un miembro del Parlamento iraquí informó de que más de 21 detenidos varones, entre ellos 11 internos en la prisión de Al Rusafa y 10 en la prisión de Al Diwaniya, en el sur de Irak, habían sufrido agresiones sexuales a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. Reclusos de ambas prisiones iniciaron una huelga de hambre para protestar por la tortura y los malos tratos. Un alto funcionario del Ministerio del Interior admitió que se habían producido “violaciones y excesos contra los detenidos en prisiones bajo el control del Ministerio”.72

Una agencia de derechos humanos inscrita en la gobernación de Al Diwaniya acusó a las fuerzas de seguridad iraquíes de torturar a detenidos durante el interrogatorio con el fin de extraer confesiones. Según los informes, investigadores del Ministerio del Interior identificaron contusiones en 10 de los 170 reclusos de la prisión de Al Diwaniya que podían haber sido causadas por tortura u otros malos tratos. Unas estremecedoras imágenes de video, al parecer grabadas por un guardia de la prisión y colgadas en Internet, mostraban a un preso tendido en el suelo con las manos atadas a la espalda siendo azotado. También se veía cómo le aplicaban descargas eléctricas. Tras recibir varias descargas, el preso deja de reaccionar. Entonces se oye decir a los guardias: “está acabado”, “méale en la cabeza” y también “¿intentamos reanimarlo con más electricidad?”.

Durante una visita de una delegación de Amnistía Internacional a la prisión de la Asayish en Dohuk realizada en junio de 2010, los reclusos contaron que habían sido torturados después de su arresto en Mosul, antes de ser trasladados a la región del Kurdistán. Ata Allah Ahmad Dabul al Shammeri, por ejemplo, de 39 años, casado y con seis hijos, fue detenido el 19 de abril de 2008 en su domicilio en el distrito de Rabia de Mosul. Su arresto estaba relacionado con un atentado con coche bomba perpetrado contra un convoy de las fuerzas Pesh Merga cinco días antes, en el que habían muerto 12 de sus miembros. Permaneció cinco días recluido en una base militar de Rabia bajo el control de una unidad del ejército iraquí compuesta mayoritariamente de pesh mergas del Gobierno Regional del Kurdistán.

Contó a Amnistía Internacional que, entre las torturas sufridas, lo habían colgado de un ventilador, lo habían golpeado repetidamente con un cable y le habían aplicado descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. Finalmente les dijo a sus interrogadores que confesaría cualquier cosa y firmaría incluso una hoja de papel en blanco. Después firmó una declaración. Aseguró a Amnistía Internacional que era inocente y que creía que lo habían detenido porque su domicilio se encuentra cerca del lugar donde se produjo el ataque con bomba. Su juicio comenzó a finales de junio de 2010. El derecho internacional prohíbe el uso de declaraciones obtenidas mediante tortura en cualquier procedimiento judicial, excepto cuando se trate de un proceso contra una persona acusada de tortura, como prueba de que la declaración existió.73

Amnistía Internacional ha publicado varios informes en los que documenta el uso generalizado de la tortura en Irak y ha planteado sus motivos de preocupación en comunicaciones por escrito a las autoridades iraquíes.74También ha formulado recomendaciones detalladas al gobierno iraquí. Sin embargo, las autoridades no han emprendido ninguna acción decisiva, ignorando las garantías procesales que contiene la propia legislación iraquí. El artículo 37.c de la Constitución establece claramente:

Quedan prohibidas todas las formas de tortura física y psicológica y de trato inhumano. Cualquier confesión obtenida bajo coacción, amenaza o tortura no será considerada digna de crédito, y la víctima tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños materiales y morales sufridos conforme establezca la ley.

Además, el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal establece que ninguna persona detenida será sometida a tortura, malos tratos, amenazas o presiones para obligarla a realizar una confesión.75

En virtud del PIDCP, debe protegerse el derecho a no sufrir tortura u otros malos tratos incluso “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”.76Esta prohibición absoluta se refleja en los Convenios de Ginebra, que establecen que ni siquiera en tiempo de guerra, o en situaciones de emergencia nacional grave, deben perpetrarse torturas y otros malos tratos.77La tortura y otros malos tratos también constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).78

MUERTES BAJO CUSTODIA

Se sabe que varios detenidos han muerto bajo custodia, al parecer a consecuencia de tortura u otros malos tratos infligidos por interrogadores y guardias penitenciarios. En algunos casos, siguen sin esclarecerse las circunstancias que rodearon las muertes bajo custodia. A principios de 2010 murieron dos detenidos bajo custodia estadounidense en Camp Cropper, uno el 27 de marzo y el otro el 12 de abril. Los comunicados de prensa emitidos por la USF-I afirmaron que se estaban llevando a cabo autopsias para determinar la causa exacta de su muerte, pero en ellos no se identificaba a los dos detenidos. Amnistía Internacional se dirigió por escrito a la fuerza militar estadounidense en Irak instando a que se llevase a cabo una investigación independiente sobre las causas y circunstancias de las muertes, pero en el momento de redactarse este informe la organización no había recibido ninguna respuesta.

Riyadh Mohammad Saleh al Uqaibi, de 54 años, natural del pueblo de Al Arij, cerca de Mosul, casado y con hijos, murió bajo custodia en febrero de 2010, según informes a consecuencia de torturas. Ex miembro de las Fuerzas Especiales de Irak, había sido arrestado a finales de septiembre de 2009 y recluido en un centro de detención en la Zona Verde de Bagdad. Después fue trasladado al centro de detención secreta en el antiguo aeropuerto de Muthanna. Durante su interrogatorio, al parecer fue golpeado con tal fuerza en el pecho que sufrió fractura de costillas y daños en el hígado. Falleció el 12 o 13 de febrero a consecuencia de una hemorragia interna. El cuerpo fue entregado semanas más tarde a sus familiares con un certificado de defunción en el que la causa de la muerte se atribuía a un fallo cardíaco.

Kata Mattar Khalawi, de 54 años y sin filiación política conocida, fue detenido en torno al 25 de mayo de 2007 en relación con un secuestro. Murió bajo custodia, según informes a manos de miembros de la Dirección General de Investigación Criminal (CID) en la ciudad de Samawa el 5 de junio de 2007. Miembros de esta agencia llevaron su cuerpo al depósito de cadáveres del hospital general de Samawa la mañana del 6 de junio y dijeron al personal hospitalario que Kata Mattar Khalawi había muerto de un ataque al corazón. Sin embargo, miembros de una organización de derechos humanos local que visitaron el depósito poco después afirmaron que el cuerpo presentaba lesiones, incluidas señales de quemaduras en las piernas, lo que parecía indicar que había sufrido torturas. El 9 de junio, los activistas de derechos humanos visitaron la prisión de Al Islah en Samawa y entrevistaron a varios detenidos, algunos de los cuales se encontraban bajo custodia de la CID entre el 3 y el 7 de junio. Estos detenidos contaron a los activistas que habían visto cómo se llevaban a Kata Mattar Khalawi para ser interrogado la noche del 5 de junio y que después no lo habían devuelto a su celda. Afirmaron que los días anteriores lo habían sacado de su celda en varias ocasiones para interrogarlo y que había vuelto con una sábana cubriendo su cuerpo desnudo y con señales que apuntaban a que había sido torturado. Los mismos detenidos declararon que el empleo de tortura era habitual en las dependencias de la CID y que algunos de los métodos utilizados eran la suspensión por las extremidades, las palizas y la aplicación de descargas eléctricas, especialmente en los órganos genitales.

Adnan Awad al Jumaili murió bajo custodia del ejército iraquí en mayo de 2007, presuntamente a consecuencia de tortura. Él y otros dos hombres habían sido aprehendidos por las fuerzas de seguridad iraquíes el 17 de mayo de 2007 en la granja de un amigo de Adnan Awad al Jumaili cerca de Faluya. Según los informes, eran sospechosos de participar en ataques armados y fueron conducidos a una instalación militar iraquí próxima a Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, para ser interrogados. Cuatro días más tarde, el 21 de mayo, un oficial del ejército estadounidense que visitaba el centro de detención fotografió a Adnan Awad al Jumaili y consignó que no presentaba “lesiones físicas visibles”. Ocho días después, otro militar estadounidense que lo vio en el mismo lugar señaló que presentaba contusiones en espalda y brazos.

Dos médicos lo examinaron y no hallaron huesos fracturados ni lesiones internas. El 30 de mayo de 2007 se informó de que Adnan Awad al Jumaili había sido encontrado sin vida. Tres médicos iraquíes que llevaron a cabo una autopsia al día siguiente encontraron que presentaba hematomas en todo el cuerpo, hemorragia interna en cerebro, cuello y abdomen y desgarro en los pulmones.

Según los informes, el Ministerio de Defensa ordenó una investigación, cuya conclusión fue que un agente encargado de interrogar a Adnan Awad al Jumaili era el principal sospechoso de causar su muerte. Dos guardias declararon que Adnan Awad al Jumaili estaba en buenas condiciones físicas el 27 de mayo o alrededor de esa fecha, cuando se lo llevaron para interrogarlo, pero que dos horas después había aparecido muy contusionado e incapaz de sostenerse por sí mismo, y que un guardia le había golpeado en la cabeza con un extintor de incendios cuando intentó ponerse de pie. Según los informes, el agente encargado de interrogar a Adnan Awad al Jumaili alegó, en una declaración escrita realizada el 9 de septiembre de 2007, que las heridas de Adnan Awad al Jumaili habían sido causadas en el momento de su detención cuando había intentado escapar. Dos personas detenidas al mismo tiempo y dos soldados iraquíes que llevaron a cabo los arrestos contradijeron esta versión. Todos ellos afirmaron que Adnan Awad al Jumaili no había intentado escapar y que no había sufrido heridas en el momento de su detención. El 2 de octubre de 2007, un juez instructor emitió una orden de detención contra el agente sospechoso, que huyó. Finalmente, el 8 de junio de 2008 fue detenido y permaneció en prisión tres meses hasta que el mismo juez instructor ordenó su liberación, al parecer por falta de pruebas.

Señales de tortura en el cuerpo de Adnan Awad al Jumaili © particular

El cuerpo de Adnan Awad al Jumaili no fue entregado a su familia y al parecer fue enterrado en la ciudad de Nayaf. Amnistía Internacional tiene fotografías de Adnan Awad al Jumaili, al parecer tomadas el 29 de mayo de 2007, un día antes de su muerte, que muestran claramente contusiones en la espalda. Las fotografías que se tomaron del detenido el día de su muerte, también en poder de la organización, muestran lesiones aún más graves en la espalda y marcas alrededor de las muñecas. En el momento de redactarse este informe, nadie había sido obligado a rendir cuentas por su muerte.

Señales de tortura en el cuerpo de Adnan Awad al Jumaili © particular

Algunas de las muertes más recientes bajo custodia tuvieron lugar el 12 de mayo de 2010, cuando siete detenidos murieron durante su traslado desde Camp Taji a la prisión de Al Rusafa, ambos en Bagdad. Funcionarios iraquíes señalaron la asfixia como causa de la muerte. Los siete formaban parte de un grupo de casi 100 detenidos que fueron hacinados en dos furgonetas sin ventanas, cada una de las cuales normalmente sólo transportaba a unas 20 personas. Cuando una de las furgonetas llegó a Bagdad, los guardias encontraron que 22 detenidos habían perdido el conocimiento. Los llevaron a un hospital pero siete de ellos fallecieron. El gobierno anunció que se había abierto una investigación. El 15 de mayo, el ministro de Derechos Humanos al parecer afirmó que los responsables de las muertes debían ser llevados ante la justicia.79

Con arreglo al derecho y las normas internacionales, deben investigarse todas las denuncias razonables de homicidio ilegal, tortura y muerte bajo custodia. Esta obligación refleja tanto el deber de los Estados de garantizar reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluido el establecimiento de la verdad, como su obligación general de proteger los derechos humanos, que incluye obligar a rendir cuentas a los autores de las violaciones y adoptar medidas para garantizar que tales violaciones no se repiten.

8. IMPUNIDAD

Las autoridades iraquíes han anunciado en numerosas ocasiones la apertura de investigaciones en relación con incidentes de tortura, muertes bajo custodia y homicidio de civiles, especialmente a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes. Sin embargo, los resultados de esas investigaciones nunca se han hecho públicos. Ello ha suscitado el temor de que esas investigaciones puedan no haberse llevado a cabo o que, habiéndose realizado total o parcialmente, sus resultados hayan sido ignorados. En todo caso, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia. El hecho de que las fuerzas de seguridad iraquíes no hayan abordado de una forma seria y eficaz la tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes ha propiciado una cultura de impunidad.

El 13 de noviembre de 2005, las fuerzas estadounidenses asaltaron un centro de detención iraquí en el distrito de Al Jadiriya de Bagdad donde encontraron a 168 detenidos, entre ellos menores de edad, en unas condiciones terribles. Según la Misiónde Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI), 101 de los 168 detenidos habían sufrido abusos físicos y presentaban lesiones causadas por descargas eléctricas, palizas y apuñalamientos. Los detenidos denunciaron que varios internos habían muerto o habían sido víctimas de homicidio bajo custodia.80El gobierno iraquí de aquel momento anunció que había ordenado una investigación. Casi cinco años después, los resultados de esta investigación, si se llevó a cabo, todavía no se han hecho públicos y Amnistía Internacional no dispone de información que indique si alguien ha sido enjuiciado en relación con los abusos.

En junio de 2009, el gobierno también anunció que había ordenado una investigación sobre las denuncias de tortura en dos prisiones, Al Diwaniya y Al Amara. Un funcionario del Ministerio del Interior anunció en aquel momento que “ha habido casos de tortura contra 10 presos acusados de terrorismo […] No eran inocentes, pero eso no significa que los interrogadores puedan torturarlos”.81En mayo de 2010 todavía se desconocía el resultado de la investigación.

También en junio de 2009, el gobierno anunció una investigación sobre el asesinato de Harith al Obaidi, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, que murió el 12 de junio de 2009 de un disparo realizado por un joven mientras daba un sermón en una mezquita de Bagdad. A continuación el atacante disparó y mató a un ayudante y tres guardaespaldas y huyó. En su huida cayó sobre una granada de mano que portaba consigo y murió.82Según los informes, el día anterior Harith al Obaidi había instado al Parlamento a que convocase a funcionarios de los Ministerios de Defensa e Interior para que respondiesen por las denuncias de tortura, incluida violación, en las prisiones iraquíes. El gobierno iraquí anunció unos días más tarde que sus fuerzas de seguridad habían detenido a un miembro de Al Qaeda presuntamente relacionado con el homicidio. En el momento de redactarse este informe, no se conocía el resultado de la investigación sobre el asesinato.

En julio de 2009, el gobierno declaró que había ordenado una investigación sobre el homicidio de seis refugiados iraníes, miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán,83en Camp Ashraf, gobernación de Diyala, después de que las fuerzas de seguridad iraquíes asaltaran el campo, provocando la indignación de la comunidad internacional. A julio de 2010, Amnistía Internacional desconoce si se ha llevado a cabo la investigación. En caso afirmativo, no se han hecho públicos los resultados.

Respecto al caso de Kata Mattar Khalawi, que murió bajo custodia de la Dirección General de Investigación Criminal (CID) (véase el capítulo 6), Amnistía Internacional escribió el 22 de junio de 2007 al ministro de Justicia iraquí pidiendo una investigación urgente, completa e imparcial sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El 22 de febrero de 2008, el Ministerio del Interior iraquí comunicó a Amnistía Internacional que, según el informe médico de la autopsia, Kata Mattar Khalawi “sufrió asfixia y un fuerte golpe en la cabeza que le causó una hemorragia interna y le provocó la muerte”. Añadió que había establecido una comisión para investigar las circunstancias de la muerte y llevar ante la justicia a los responsables. El 5 de septiembre de 2008, el Ministerio del Interior informó a Amnistía Internacional, mediante una carta enviada a través de su representación diplomática en Londres, que la comisión había terminado su investigación y concluido que un teniente, un capitán y un sargento adjunto, así como tres agentes de policía, eran culpables de negligencia y los había remitido a la “unidad de investigación de la Dirección General de Asuntos Internos de la gobernación de Bagdad para garantizar la seguridad de la investigación”. En la carta también se decía que se había ejecutado una orden de detención” contra uno de los acusados, un teniente de la Dirección Nacional de Información e Investigación destinado en la Dirección de Policía de la gobernación de Al Muthanna. La carta concluía que “el juez instructor de Samawa ha decidido remitir el caso a la Comisión de Estudio para la Aplicación de la Ley de Amnistía Nº 19 de 2008”. La carta no contenía más datos sobre la investigación. El 23 de septiembre de 2008, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior pidiendo más datos sobre la investigación y que aclarase si se habían aplicado medidas disciplinarias u otras sanciones contra los agentes de policía y otras personas halladas culpables de negligencia. Amnistía Internacional también pidió aclaración sobre la decisión del juez instructor de Samawa de remitir el caso a un comité en virtud de la Ley de Amnistía, y sobre el resultado. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

Al parecer, en algunos casos guardias de prisiones y agentes de seguridad de baja graduación han sido suspendidos en sus funciones e incluso detenidos en relación con abusos pero a continuación se les ha concedido una amnistía y han sido puestos en libertad. Esto también se aplica a funcionarios, profesores y otras personas declaradas culpables de corrupción.84

La ausencia o la debilidad de las acciones contra las violaciones de derechos humanos siguen alentando la cultura de impunidad de la que han disfrutado las fuerzas de seguridad iraquíes durante tanto tiempo. Es preciso adoptar medidas urgentes y significativas para garantizar que Irak pueda entrar en una nueva era en la que no se toleren los abusos contra los derechos fundamentales de las personas.



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo extremadamente grave. Amnistía Internacional reconoce que el gobierno debe hacer frente a los ataques mortíferos perpetrados por grupos armados que persiguen causar el máximo número de víctimas entre la población civil. También reconoce que el deber del gobierno es proteger a la población. Sin embargo, debe hacerlo sin dejar de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y preservando el Estado de derecho.

Incluso en el contexto de violencia continua, no hay justificación para mantener a miles de personas en prisiones y centros de detención sin cargos ni juicio, y mucho menos para prolongar esa situación durante años. Muchos detenidos han sufrido torturas y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes, y siguen en peligro de sufrir esa clase de abusos. Debido a la complicidad, tolerancia o inacción del gobierno frente a tales abusos, en Irak prevalece una cultura de impunidad.

Las fuerzas estadounidenses, al transferir a personas a centros de detención iraquíes donde corren un riesgo evidente de sufrir tortura y otros malos tratos, pueden ser cómplices en estos abusos y haber incumplido sus obligaciones internacionales hacia los presos.

Para luchar contra la impunidad y contribuir a la protección de los derechos humanos en Irak, Amnistía Internacional formula las recomendaciones siguientes:

A LAS AUTORIDADES IRAQUÍES, INCLUIDO EL GOBIERNO REGIONAL DEL KURDISTÁN

  • Garantizar que se pone fin de inmediato a las torturas y malos tratos, desapariciones forzadas y otros delitos que impliquen violaciones de derechos humanos. Esos delitos deben ser investigados con prontitud, independencia, imparcialidad y exhaustividad, y todos los presuntos perpetradores, incluidos los que tengan responsabilidad en la cadena de mando, deben ser sometidos a procesos judiciales que cumplan las normas internacionales de imparcialidad. Debe garantizarse reparación a las víctimas de acuerdo con las normas internacionales.

  • Liberar a todos los detenidos que permanecen recluidos sin cargos a menos que se los acuse de algún delito común reconocible y se los juzgue sin demora y conforme a las normas internacionales de justicia procesal, sin que pueda imponérseles la pena de muerte.

  • Garantizar que todas las personas detenidas son llevadas sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer poderes judiciales, para decidir sin demora sobre la legalidad de la detención y ordenar la liberación si ésta no fuera legítima.

  • Garantizar que no se interroga a los detenidos sin la presencia de un abogado y que se les facilita el acceso sin demora a asesoramiento legal.

  • Garantizar que tras la detención se permite a los detenidos recibir sin demora visitas de sus familiares.

  • Garantizar que todos los detenidos son informados en el momento del arresto del motivo de su detención, e informados sin demora de los cargos que se les imputan.

  • Garantizar que todos los detenidos son recluidos exclusivamente en lugares de detención oficialmente reconocidos y que sus familiares, abogados y otras personas disponen de inmediato de información precisa sobre su arresto y paradero.

  • Garantizar que todos los detenidos son informados de inmediato de sus derechos, entre otros el derecho a presentar denuncia sobre el trato recibido y el derecho a que un abogado esté presente durante el interrogatorio.

  • Establecer un mecanismo judicial efectivo para permitir a todos los detenidos impugnar la legalidad de su detención.

  • Garantizar que las condiciones de detención son acordes con las normas internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. Las autoridades responsables de la detención no deben ser las mismas que las encargadas del interrogatorio. Deben permitirse las visitas de inspección regulares, independientes, sin restricciones y sin previo aviso a todos los lugares de detención, a cargo de un organismo independiente y profesional.

  • Condenar públicamente la práctica de la tortura y otros malos tratos y de la desaparición forzada, y declarar inequívocamente que no se tolerarán tales abusos.

  • Garantizar que los detenidos que denuncien haber sufrido tortura u otros malos tratos son examinados sin demora por un médico.

  • Garantizar que tanto las víctimas de tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y detención arbitraria como sus familias obtienen reparación sin demora del Estado, incluidas restitución, indemnización justa y adecuada, y asistencia médica y rehabilitación apropiadas.

  • Garantizar que todas las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos incluidas en la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se reflejan en la legislación iraquí y se ponen en práctica.

  • Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, y establecer sin demora un mecanismo nacional preventivo conforme a las disposiciones del Protocolo.

  • Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

  • Ratificar el segundo Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, que regula los conflictos armados no internacionales.

AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

  • Garantizar que ninguna persona que corra riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos es transferida a la custodia iraquí.

  • Garantizar que las personas condenadas a muerte no serán transferidas a las autoridades iraquíes.

  • Garantizar que los detenidos que ya han sido transferidos a la custodia iraquí no son sometidos a tortura u otros malos tratos, que se investigan las denuncias de tortura y que las víctimas obtienen reparación.

  • Garantizar que los detenidos tienen acceso regular a asesoramiento legal y que los lugares donde permanecen recluidos son inspeccionados por el Ministerio de Derechos Humanos iraquí y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

A TODOS LOS GOBIERNOS

  • No devolver jamás a Irak, ni directa ni indirectamente, a nacionales iraquíes si corren riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos.

NOTAS AL PIE

APÉNDICE 1

Ley de Amnistía nº 19, de 2008

Artículo 1: Todos los iraquíes condenados y todos los residentes en Irak que han sido condenados se beneficiarán de un indulto pleno, siendo eximidos del cumplimiento del resto de sus condenas, y deben ser puestos en liberad mediante una decisión del comité que será establecido de acuerdo con el artículo 5 de esta ley.

Artículo 2: Las excepciones al artículo 1 de esta ley son las siguientes:

Primera: Las personas condenadas a muerte en virtud de la Ley número 111 de 1969 (Código Penal de Irak)

Segunda: Las personas condenadas por los delitos siguientes:

a) los delitos incluidos en el subapartado 2 del artículo 1 de la Ley número 10 de 2005

(Estatuto del Tribunal Penal Supremo iraquí)

b) delitos de terrorismo con resultado de muerte o mutilación permanente

c) delitos de asesinato con premeditación

d) delitos de homicidio culposo (no premeditado) cuando las personas afectadas no han renunciado a sus derechos individuales

e) delitos de secuestro de personas

f) delitos de robo con circunstancias agravantes

g) delitos de malversación de fondos públicos y de sabotaje intencionado al Estado

h) delitos de violación y sodomía

i) delitos de zina(relaciones sexuales) con un familiar cercano con el que no se puede contraer matrimonio

j) delitos de falsificación de moneda iraquí o extranjera y delitos de falsificación de documentos oficiales

k) delitos relacionados con las drogas

l) delitos de contrabando de antigüedades

m) delitos establecidos en la Ley número 19 de 2007 (Código Penal Militar)

Artículo 3

A: Todos los procedimientos legales emprendidos contra sospechosos de cometer un delito, exceptuando los delitos enumerados en el apartado 2 del artículo 2 de esta ley, con independencia de si los casos se encuentran en fase de investigación o de juicio, deben interrumpirse por completo, y las personas recluidas deben ser liberadas en virtud de una decisión del comité establecido conforme al artículo 5 de esta ley.

B: El comité establecido conforme al artículo 5 de esta ley debe poner en libertad a todos los detenidos que lleven recluidos más de seis meses y no hayan comparecido ante un juez instructor o que hayan permanecido recluidos más de un año sin haber sido remitidos al tribunal pertinente.

Artículo 4

Si una persona indultada en virtud de esta ley comete un delito de los incluidos en el artículo 2 de esta ley en el plazo de 5 años a partir de la fecha de indulto, dicha persona cumplirá la condena incumplida o el proceso penal abierto en su contra proseguirá si había recibido el indulto en la fase de investigación y juicio.

Artículo 5

Primero: Se formarán uno o más comités, según decida el presidente del Consejo Judicial Supremo, en cada área de apelación presidida por un juez. Cada comité estará compuesto por tres jueces que se encargarán de ejecutar las disposiciones de la presente ley; la Fiscalía General estará representada en el comité por uno de sus miembros, denominado Director de la Fiscalía General.

Segundo: Las personas afectadas por las disposiciones de los artículos 1 y 3 de esta ley o sus familiares pueden presentar una solicitud ante los comités establecidos en virtud del artículo 5 de la ley para que se determine si el indulto se les aplica, y los comités están obligados a examinar la solicitud.

Tercero: El comité establecido en virtud del subapartado A de este artículo comprobará los expedientes de las personas afectadas por esta ley y adoptará su decisión con arreglo a la ley. Su decisión es susceptible de recurso ante al Tribunal de Apelación del área como tribunal de casación.

Artículo 6

El gobierno iraquí adoptará las medidas necesarias para transferir a las personas detenidas en prisiones de la fuerza multinacional a prisiones iraquíes para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 7

Esta ley se aplicará a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

Artículo 8

El Consejo Judicial Supremo puede promulgar disposiciones para facilitar la implementación de esta ley.

Artículo 9

Esta ley se publicará en el diario oficial de Irak y entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación.

Preámbulo de la ley

El objetivo de esta ley es permitir tanto a los ciudadanos iraquíes como a los residentes en Irak que han cometido delitos volver a formar parte de la vida de la comunidad, promover el perdón y la reforma de las personas que han podido cometer un error indultándolas, poniéndolas en libertad o suspendiendo los procedimientos judiciales contra ellas cuando los delitos estén cubiertos por esta ley, así como permitir a la ciudadanía iraquí construir su país.

APÉNDICE 2



Programa de 12 Puntos de Amnistía Internacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a manos de Agentes del Estado.

La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, otros malos tratos) son violaciones de los derechos humanos, condenadas por la comunidad internacional como una ofensa a la dignidad humana y prohibidas en toda circunstancia por el derecho internacional. A pesar de ello tienen lugar, de forma cotidiana y en todo el mundo. Es necesario adoptar inmediatamente medidas para hacer frente a estos abusos dondequiera que se produzcan, hasta conseguir su erradicación. Amnistía Internacional formula un llamamiento a todos los gobiernos para que pongan en práctica el siguiente Programa de 12 Puntos, e invita a todas las personas y organizaciones interesadas a aunar sus esfuerzos para garantizar que así lo hacen. Amnistía Internacional está convencida de que la aplicación de estas medidas será una indicación positiva del empeño de los gobiernos en poner fin a la tortura y otros malos tratos en sus países y en erradicarlos en el resto del mundo.

1. Condena de la tortura y otros malos tratos

Las máximas autoridades de cada país deben demostrar su total oposición a la tortura y otros malos tratos. Deben condenar estas prácticas sin reservas dondequiera que se produzcan, dejando claro a todos los miembros de la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad que la tortura y otros malos tratos no se tolerarán bajo ninguna circunstancia.

2. Acceso a los detenidos

Con frecuencia, la tortura y otros malos tratos tienen lugar mientras las víctimas se encuentran en régimen de incomunicación, incapacitadas de entrar en contacto con aquellas personas del mundo exterior que podrían ayudarlas o averiguar qué les está ocurriendo.

Hay que acabar con la práctica de la detención en régimen de incomunicación. Los gobiernos deben garantizar que a todas las personas detenidas se las hace comparecer ante una autoridad judicial independiente sin demora tras haber quedado bajo custodia, y que se permite a sus familiares, abogados y médicos acceso pronto y regular a ellas.

3. Eliminación de las detenciones secretas

En algunos países, la tortura y otros malos tratos se llevan a cabo en centros secretos, a menudo después de haber hecho “desaparecer” a las víctimas. Los gobiernos deben garantizar que las personas detenidas son recluidas exclusivamente en lugares oficialmente reconocidos a tal efecto y que se proporciona información inmediata y precisa sobre su detención y el lugar en que se encuentran a familiares, abogados, tribunales y otras partes que tengan un interés legítimo, como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los familiares y los abogados deben en todo momento tener a su disposición unos recursos judiciales efectivos para poder determinar sin demora el paradero de la persona detenida y qué autoridad la mantiene recluida, y para garantizar su seguridad.

4. Salvaguardias durante el periodo de detención y los interrogatorios

Todas las personas detenidas deben ser informadas sin demora de sus derechos, incluido el de presentar quejas relativas al trato que reciben y el derecho a que un juez establezca sin dilación la legalidad de la detención. Los jueces deben investigar cualquier indicio de tortura u otros malos tratos y ordenar la puesta en libertad si la detención es ilegal. Durante los interrogatorios debe estar presente un abogado. Los gobiernos deben garantizar que las condiciones de reclusión cumplen las normas internacionales para el trato a los reclusos y tienen en cuenta las necesidades específicas de los miembros de grupos especialmente vulnerables. Las autoridades encargadas de la detención deben ser distintas de las encargadas del interrogatorio. Deben llevarse a cabo visitas de inspección periódicas, independientes, sin previo aviso y sin restricciones a todos los lugares de detención.

5. Prohibición legal de la tortura y otros malos tratos

Los gobiernos deben promulgar leyes que prohíban y prevengan la tortura y otros malos tratos y que incorporen los elementos básicos de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) y otras normas internacionales pertinentes. Deben abolirse todos los castigos corporales impuestos como sanciones administrativas o como penas judiciales por los tribunales. La prohibición de la tortura o otros malos tratos y las salvaguardias esenciales para prevenirlos no deben suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempo de guerra u otra emergencia pública.

6. Investigación independiente

Todas las denuncias e informes sobre torturas u otros malos tratos deben ser objeto de una investigación inmediata, imparcial y efectiva a cargo de un órgano independiente de los presuntos responsables. El ámbito, los métodos y las conclusiones de estas investigaciones deben hacerse públicos. Debe suspenderse del servicio activo a todo agente sospechoso de haber cometido torturas u otros malos tratos mientras se llevan a cabo las investigaciones. Los denunciantes, los testigos y otras personas que se encuentren en peligro deben recibir protección frente a la intimidación y las represalias.

7. Enjuiciamiento de presuntos torturadores

Las personas responsables de actos de tortura u otros malos tratos deben ser enjuiciadas. Este principio se aplica dondequiera que se encuentren los sospechosos de estos crímenes, sea cual sea su nacionalidad o su cargo, independientemente del lugar donde se cometió el delito o de la nacionalidad de la víctima, y sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometió el crimen. Los gobiernos deben ejercer la jurisdicción universal sobre los responsables de estos crímenes, extraditarlos o entregarlos a un tribunal penal internacional, y deben cooperar en estos procedimientos penales. Los juicios deben celebrarse con las debidas garantías. No podrá invocarse jamás una orden de un funcionario superior como justificación de la tortura u otros malos tratos.

8. Invalidez de declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos

Los gobiernos deben garantizar que las declaraciones y demás pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos no puedan ser utilizadas jamás en procedimientos judiciales, salvo en contra de una persona acusada de tortura u otros malos tratos.

9. Procedimientos de formación efectiva

En la formación profesional de todos los funcionarios que participen en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento médico de personas privadas de libertad debe ponerse en claro que la tortura y otros malos tratos son actos criminales, y debe informárseles de que tienen el derecho y el deber de desobedecer todas las órdenes que reciban de infligir torturas u otros malos tratos.

10. El derecho a recibir una reparación

Las víctimas de tortura u otros malos tratos y las personas a su cargo deben tener derecho a recibir del Estado una reparación inmediata, que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada y la atención y la rehabilitación médica apropiadas.

11. Ratificación de los tratados internacionales

Todos los gobiernos deben ratificar sin reservas los tratados internacionales que contengan salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo, y la Convención de la ONU contra la Tortura, con las declaraciones contenidas en ella que permiten la presentación de denuncias a título individual y entre Estados, y con su Protocolo Facultativo. Los gobiernos deben poner en práctica las recomendaciones para prevenir la tortura y otros malos tratos formuladas por órganos internacionales, así como las formuladas por otros expertos.

12. La responsabilidad internacional

Los gobiernos deben utilizar todos los canales disponibles para interceder ante los gobiernos de los países de los que se han recibido informes de tortura u otros malos tratos. Deben asegurarse de que las transferencias de material y formación militar, policial o de seguridad no se utilizan para facilitar la tortura u otros malos tratos. Los gobiernos deben garantizar que nadie es devuelto o entregado a un país en el que pueda correr peligro de ser sometido a torturas u otros malos tratos.

Este programa de 12 puntos establece medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos contra personas que se encuentran bajo custodia del Estado o en manos de sus agentes. Fue adoptado por primera vez por Amnistía Internacional en 1984, revisado en octubre de 2000 y revisado de nuevo en abril de 2005. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que cumplan las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales para prevenir y sancionar la tortura y otros malos tratos, ya sean infligidos por agentes del Estado o por particulares. Amnistía Internacional también se opone a la tortura y otros malos tratos que cometen los grupos políticos armados.



1 Doc. ONU S/2005/373, Consejo de Seguridad de la ONU, Informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 30 de la resolución 1546 (2004), 7 de junio de 2005, párr. 72, citado en el informe de Amnistía Internacional Más allá de Abu Ghraib: detención y tortura en Irak (Índice: MDE 14/001/2006), marzo de 2006.

2 La afirmación se refiere a las semanas previas a las elecciones parlamentarias del 7 de marzo de 2010, cuando se llevaron a cabo numerosos atentados suicidas con bomba y otros ataques, así como a las semanas posteriores de vacío político.

3 Artículo 123 de la Ley Nº 3 de 1971, Código de Procedimiento Penal.

4 Acuerdo entre Estados Unidos de América y la República de Irak sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak y la organización de sus actividades durante su presencia temporal en Irak, 17 de noviembre de 2008. Disponible en: http://www.usf-Iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf, consultado el 20 de julio de 2010. El artículo 12.1 del acuerdo establece que Irak tiene el derecho fundamental de ejercer la jurisdicción sobre los miembros de las fuerzas estadounidenses y su componente civil por cualquier “delito grave premeditado” que cometan, cuando tales delitos se cometan fuera de las instalaciones mencionadas en el acuerdo y estando “fuera de servicio”. Sin embargo, la índole de estos delitos y los procedimientos a seguir no están claros, y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar cuándo sus soldados o empleados han actuado estando “de servicio”.

5 Estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud iraquí sobre los datos de una encuesta realizada en 10.860 hogares en 2007. Para más información, véase The Guardian, 19 de marzo de 2008, en http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/19/iraq/print, consultado el 20 de julio de 2010.

6 Lajnat shu’un Al muhtajazeen.

7 República de Irak, Ministerio de Derechos Humanos, Departamento de Vigilancia de Prisiones y Centros de Detención, Annual report on prison conditions and detention centres in Iraq for the year 2009, p. 8. Véase http://www.humanrights.gov.iq/PERSONAL/2%20ok.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

8 Consejo Judicial Supremo iraquí, 17 de marzo de 2010. Véase http://www.iraqja.iq/ifm.php?recordID=115, consultado el 20 de julio de 2010.

9 Tras la transferencia, el Ministerio de Justicia iraquí rebautizó Camp Cropper como prisión de AAl Karkh.

10 Amnistía Internacional es consciente de la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Sadam Husein. Sin embargo, la organización se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla una violación del derecho a la vida y por ser el máximo exponente de castigo cruel, inhumano y degradante.

11 USA Today, 15 de marzo de 2010. Véase http://www.usatoday.com/cleanprint/?1278068854583, consultado el 20 de julio de 2010.

12 Memorando número 3 de la Autoridad Provisional de la Coalición (revisado), Procedimientos Penales. CPA/MEM/27 Junio 2004/03. Véase http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040627_CPAMEMO_3_Criminal_Procedures__Rev_.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

13 El artículo 109.a establece: “Si la persona arrestada es acusada de un delito punible con un periodo de prisión superior a tres años o con el encarcelamiento a perpetuidad, el juez puede ordenar que la detención se prolongue por sucesivos periodos prorrogables de 15 días, o bien que la persona quede en libertad provisional, con o sin fianza, con orden de presentarse cuando se le requiera si el juez estima que la liberación de la persona acusada no conducirá a su huida y no perjudicará la investigación.”

El párrafo b) añade: “Si la persona es acusada de un delito punible con la muerte, el periodo establecido en el subpárrafo A puede ampliarse todo lo necesario para que la investigación prosiga hasta que el juez instructor o un tribunal penal emita una decisión sobre el caso una vez concluida la fase de investigación preliminar o el juicio.”

El párrafo c) establece: “El periodo total de detención no excederá la cuarta parte de la condena máxima permisible por el delito del que ha sido acusado, y no podrá exceder en ningún caso de seis meses. Si fuera necesario ampliar el periodo de detención más allá de seis meses, el juez remitirá el caso al tribunal penal y solicitará permiso para la ampliación correspondiente, que no podrá exceder la cuarta parte del tiempo de la condena máxima permisible, o de lo contrario ordenará su puesta en libertad, con o sin fianza, en las condiciones del subpárrafo B.

El artículo 109 fue ligeramente modificado por la Orden Nº 31 de la Autoridad Provisional de la Coalición el 10 de septiembre de 2003. La Sección 6 de la Orden establece: “Sin perjuicio de las disposiciones en materia de libertad bajo fianza incluidas en el párrafo 109 del Código de Procedimiento Penal Nº 23 de 1971, el juez instructor puede ordenar que una persona sospechosa de cometer un delito punible con cadena perpetua sea recluida sin fianza hasta el juicio”. Véase http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030921_CPAORD31.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

14 La Ley Antiterrorista define el “terrorismo” como “todo acto delictivo llevado a cabo por una persona o un grupo organizado, dirigido contra una persona, un grupo de personas, grupos, organizaciones públicas u organizaciones privadas, y que cause daños a propiedades públicas o privadas con el fin de socavar la seguridad y la estabilidad o la unidad nacional, de infundir temor, terror o pánico en la población o de crear caos con el propósito de alcanzar objetivos terroristas”.

15 Para más detalles de la ley, véase el apéndice 1.

16 Artículo 3.b.

17 El Consejo de Representantes iraquí (Parlamento) promulgó una ley en 2008 para ratificar la Convención. La ley se publicó en el Diario Oficial en junio de 2009. Sin embargo, a fecha de junio de 2010, el gobierno iraquí no había depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría de la ONU.

18 Consejo de Derechos Humanos, resolución 6/4 sobre la detención arbitraria, 28 de septiembre de 2007, párr. 5.c.

19 Resolución 6/4, párr. 5.d. Los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen los derechos a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, a tener un juicio justo y a ser considerado inocente hasta que se pruebe la culpabilidad “conforme a la ley y en juicio público” con “todas las garantías necesarias” para la defensa. Estos derechos se desarrollan en los artículos 9 y 14 del PIDCP.

20 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con un familiar, abril de 2010.

21 El apartado 6 del Memorando de la Fuerza Multinacional, “Proceso para los Internos de Seguridad”, establece, entre otras cosas:

  1. Toda persona detenida por un contingente nacional de la Fuerza Multinacional por razones imperativas de seguridad de acuerdo con el mandato establecido en la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU (en adelante “interno de seguridad”), tendrá derecho, si permanece internada durante más de 72 horas, a que se revise la decisión de internamiento.

  2. La revisión debe llevarse a cabo a la mayor brevedad y en todo caso no más de siete días después de la fecha de ingreso en un centro de internamiento.

  3. Se llevarán a cabo nuevas revisiones de la detención continuada del “interno de seguridad” regularmente, pero en cualquier caso en intervalos no superiores a seis meses a partir de la fecha de ingreso en un centro de internamiento.

Véase http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040627_CPAMEMO_3_Criminal_Procedures__Rev_.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

22 Para un análisis detallado de estos procedimientos, véase el informe de Amnistía Internacional Más allá de Abu Ghraib: detención y tortura en Irak (Índice: MDE 14/001/2006), marzo de 2006.

23 Ministerio de Derechos Humanos de Irak, Informe Anual 2009, p. 80.

24 Ministerio de Derechos Humanos de Irak, Informe Anual 2009, p. 81.

25 El artículo 47.2 del Código de Procedimiento Penal establece: “Si la denuncia se refiere a delitos contra la seguridad interna o externa del Estado, delitos de sabotaje económico u otros delitos punibles con la muerte, cadena perpetua o prisión temporal y el informante solicita permanecer en el anonimato, y no comparecer como testigo, el juez tiene que dejar constancia de su deseo junto a la notificación en un acta especial preparada al efecto, y llevar a cabo la investigación de acuerdo con las normas, considerando la información incluida en la notificación sin mencionar la identidad del informante en la documentación de la instrucción”.

26 La Ley Nº 15 de 2009 de Enmienda al Código Penal (Ley Nº 111 de 1969) establece que: “Cualquiera que notifique con falsedad a una autoridad judicial o administrativa un delito que sabe que no se ha cometido, o que notifique maliciosamente a cualquiera de esas autoridades que alguien cometió un delito sabiendo que esa información es falsa, o que falsifique pruebas materiales para probar que alguien cometió un delito contrariamente a la verdad, o cuya intervención sirva para abrir un proceso judicial contra otra persona sabiendo que esa persona es inocente, y cualquiera que ponga en conocimiento de las autoridades competentes asuntos en relación con un delito sabiendo que son falsos, podrá ser castigado con la máxima pena que puede imponerse por el delito que el informante imputó a la persona si se prueba la falsedad de la notificación, aunque la pena no debe superar los 10 años.”

27 Ministerio de Derechos Humanos de Irak, Informe Anual 2009, p.35.

28 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con un familiar, abril de 2010.

29 Entrevistas telefónicas de Amnistía Internacional con un familiar, abril y julio de 2010.

30 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con un familiar, abril de 2010.

31 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con un familiar, abril de 2010.

32 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con un familiar, abril de 2010.

33 Aswat al Iraq, 15 de marzo de 2010. Véase http://ar.awwataliraq.info/wp-content/themes/aswat/print.php?p=210029, consultado el 20 de julio de 2010.

34 Agencia France Presse, 17 de febrero de 2009.

35 La carta del gobierno se recibió el 14 de abril de 2009 y las recomendaciones eran:

1. Informar a los familiares inmediatos de los detenidos, a través de los números de teléfono y direcciones indicados, del lugar de detención y también garantizar que las cartas de los detenidos llegan a sus familiares y vice versa. 2.DIsponer que los detenidos sean reconocidos por un psiquiatra y reciban el tratamiento médico que necesiten. 3. Permitir que los detenidos nombren un abogado defensor y se entrevisten con él. 4. Acelerar la presentación de su documentación a los tribunales pertinentes para concluir sus casos.

36 Con arreglo al derecho internacional, y como parte de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, los Estados no deben expulsar, devolver o extraditar nunca a una persona a un país donde corra riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos: es el principio de no devolución (non-refoulement). Esta es una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable a todos los Estados.

37 El caso de Ziya Kassem Khammam Al Hussain se menciona en el informe de Amnistía Internacional Arabia Saudí: abusos contra los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo (Índice: MDE 23/009/2009).

38 Este protocolo de seguridad y cooperación fue acordado entre Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait, Bahréin, Siria, Turquía, Jordania y Egipto el 18 de septiembre de 2006 en Yidda. Los gobiernos de Irak y Arabia Saudí en teoría debían firmar un acuerdo bilateral para intercambiar presos y detenidos, pero a junio de 2010 las dos partes no habían firmado tal acuerdo.

39 Ansar al Islam es un grupo armado que en un principio tenía su base principalmente alrededor de Halabja. Ha luchado contra las autoridades kurdas en la región kurda de Irak y contra el gobierno iraquí y las fuerzas estadounidenses fuera del Kurdistán. Ha llevado a cabo numerosos ataques armados y suicidas y ha cometido abusos graves contra los derechos humanos, como secuestro, tortura y homicidio de civiles; también ha matado a miembros de las fuerzas de seguridad tras su captura.

40 Al Jamaa al Islamiya. Es un partido político de la oposición reconocido y ha tenido miembros tanto en el Parlamento del Kurdistán como en el Consejo de Representantes de Irak en Bagdad. A pesar de ello, decenas de sus miembros han sido arrestados y encarcelados. En la actualidad, la mayoría han sido puestos en libertad tras el acercamiento constante de la dirección de Al Jamaa al Islamiya con el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán.

41 Políticos árabes iraquíes de Mosul han instado al Gobierno Regional del Kurdistán a transferir a estos detenidos a Mosul para ser juzgados allí dado que al parecer cometieron actividades delictivas en Mosul o en sus alrededores. Parece que ambos partidos están cerca de alcanzar un acuerdo.

42 Ley Nº 23 de 2006 para combatir el terrorismo en la región del Kurdistán de Irak.

43 El 27 de septiembre de 2003, la Asamblea Nacional del Kurdistán promulgó la Ley Nº 21 de Enmienda al Artículo 156 del Código Penal Iraquí. El artículo enmendado establece que cualquier persona que socave la seguridad y la estabilidad de la región del Kurdistán puede enfrentarse hasta a la pena de cadena perpetua. Véase http://www.perleman.org/files/articles/170208074807.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

44 En kurdo, Asayish significa seguridad o dirección de seguridad. Asayish Gishti significa dirección general de seguridad.

45 Amnistía Internacional destacó el caso de Walid Yunis Ahmad en una carta enviada el 9 de diciembre de 2008 al ex primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, Nechrivan Barzani. Este caso también se describía en el informe de Amnistía Internacional Hope and Fear: Human rights in the Kurdistan region of Iraq (Índice: MDE 14/006/2009), abril de 2009.

46 El jefe de la Parastin es Masrur Barzani, hijo del presidente del Gobierno Regional del Kurdistán, Masud Barzani.

47 Nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima.

48 Entrevista telefónica, abril de 2010.

49 Reuters, 23 de abril de 2010.

50 Reuters, 23 de abril de 2010.

51 La Sección 1 del Memorando establece en su párrafo 1: “Este memorando prescribe normas que se aplicarán al sistema pentienciario iraquí, bajo la autoridad del Ministerio de Justicia”. Memorando número 2 de la Autoridad Provisional de la Coalición, Gestión de los centros de detención y prisión. Véase http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030608_CPAMEMO_2_Management_of_Detention_and_Prison_Facilities.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

52 CICR, Iraq: helping detainees and their families, 28-06-2010. Véase http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-interview-280610, consultado el 20 de julio de 2010.

53 Ibíd.

54 Consejo de Derechos Humanos, Joint Study on Global Practices in relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism, Doc. ONU Doc. A/HRC/13/42, 19 de febrero de 2010, párrs. 18-35. Traducción de Amnistía Internacional.

55 Consejo de Derechos Humanos, Joint Study on Global Practices in relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism, Doc. ONU Doc. A/HRC/13/42, 19 de febrero de 2010, párr. 17. Traducción de Amnistía Internacional.

56 Consejo de Derechos Humanos, Joint Study on Global Practices in relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism, Doc. ONU Doc. A/HRC/13/42, 19 de febrero de 2010, párr. 28. Traducción de Amnistía Internacional.

57 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Resolución 61/177 de la Asamblea General de la ONU, 20 de diciembre de 2006, Art. 2. Esta convención aún no ha entrado en vigor, pero la definición contiene elementos aceptados por lo general en documentos y jurisprudencia anteriores. El uso extendido o sistemático de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad como se define en el derecho internacional aplicable (artículo 5).

58 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, El Megreisi v. Libyan Arab Jamahiriya, Comunicación Nº 440/1990, Doc. ONU CCPR/C/50/D/440/1990 (1994); Rafael Mojica v. Dominican Republic, Comunicación Nº 449/1991, Doc. ONU CCPR/C/51/D/449/1991 (1994).

59 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos en El Megreisi, op. cit.

60 Ministerio de Derechos Humanos iraquí, Informe Anual 2009, p. 84.

61 Las pruebas basadas en el análisis de ADN siguen siendo algo novedoso en Irak. Un laboratorio de la policía forense en Bagdad utilizado para reunir y catalogar pruebas sobre grupos armadas fue alcanzado por un atacante suicida armado con explosivos el 26 de enero de 2010. En el ataque murieron 18 personas y decenas resultaron heridas. The Long War Journal, “Suicide attack at Baghdad police forensics lab kills 18”, 26 de enero de 2010. Véase http://www.longwarjournal.org/archives/2010/01/suicide_attack_at_ba.php, consultado el 20 de julio de 2010.

62 El Tribunal Penal Central de Irak, creado por la Autoridad Provisional de la Coalición en junio de 2003, es el tribunal penal superior, con jurisdicción sobre los delitos relacionados con el terrorismo, la violencia sectaria, el crimen organizado y la corrupción gubernamental. Este tribunal, que tiene sedes en Bagdad y otras gobernaciones, ha pronunciado varios cientos de condenas de muerte. Los procedimientos judiciales ante el tribunal distan mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal.

63 Ministerio de Derechos Humanos iraquí, Informe Anual 2009, p. 81.

64 Mohammad Al Daini es un político sunní acusado de participar en un atentado suicida en 2007 contra el Parlamento iraquí, entre otros ataques. Él niega las acusaciones. El 25 de febrero de 2009, después de que el avión e el que viajaba recibiese la orden de volver a Irak, al parecer desapareció. Meses más tarde fue detenido en Malasia donde, según los informes, sigue recluido.

65 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, Addendum: Communications to and from Governments, Doc. ONU A/HRC/13/37/Add.1, 18 de febrero de 2010, párr.19. Traducción de Amnistía Internacional. Véase http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add1_EFS.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.


66 Entrevista telefónica desde Londres, mayo de 2010.

67 Nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima.

68 Entrevista telefónica desde Londres, abril de 2010.

69 El verdadero nombre se mantiene en secreto para proteger la identidad del a víctima.

70 Periódico Al Sharq Al Awsat, Londres, 19 de enero de 2010.

71 Emisora de televisión por satélite Al Sharqiya, 11 de mayo de 2009.

72 Periódico Al Hayat, 17 de junio de 2009.

73 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, Artículo 7 (44º periodo de sesiones, 1992), Doc. ONU. HRI\GEN\1\Rev.1 at 30, párr. 12.

74 Véanse, por ejemplo, Más allá de Abu Ghraib: detención y tortura en Irak (Índice AI: MDE 14/001/2006), marzo de 2006; Matanza y desesperación: Irak cinco años después (Índice AI: MDE 14/001/2008), marzo de 2008; y Hope and Fear: Human rights in the Kurdistan region of Iraq (Índice AI: MDE 14/006/2009), abril de 2009.

75 El artículo 127 establece: “No se permite el uso de ningún método ilegal para influir sobre el acusado y extraer una confesión. Se consideran métodos ilegales los malos tratos,las amenazas, las lesiones, la persuasión, las promesas, la influencia psicológica o la administración de drogas o sustancias intoxicantes”.

76 Artículo 4.1.

77 Véanse, por ejemplo, el artículo 17 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III) y el artículo 31 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), que entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Véanse también los artículos 5, 27, 32 y 37 del Convenio IV.

78 Estatuto de Roma de la CPI, artículos 7.1.f (tortura) y 7.1.k (otros actos inhumanos) (ambos como crímenes de lesa humanidad), artículo 8.2.ii (tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de guerra).

79 Al Sumaria News, 15 de mayo de 2010. Véase http://www.alsumarianews.com/ar/2/6673/news-details-iraq%20security%20news.htm1, consultado el 20 de julio de 2010.

80 UNAMI, Human Rights Report, 1 de julio - 31 de agosto de 2006, p.17. Véase http://www.uniraq.org/documents/HR%20Report%20July%20August%202006%20EN.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

81 Agencia France Presse, 7 de junio de 2009.

82 The New York Times, “Sunni Lawmaker assassinated in Iraq”, 12 de junio de 2009. Véase http://www.nytimes.com/2009/06/13/world/middleeast/13iraq.html, consultado el 20 de julio de 2010.

83 La Organización Muyahidín del Pueblo de Irán es un grupo de oposición iraní. Unos 3.400 de sus miembros viven en Camp Ashraf desde 1986. El campo estuvo bajo el control de las fuerzas estadounidenses desde 2003 hasta junio de 2009. El gobierno iraquí ha dejado claro en numerosas ocasiones su deseo de que el grupo abandone Irak.

84 El 18 de mayo de 2010, el jefe de la Comisión Iraquí de Integridad, Rahim al Akili, declaró que más de 3.000 personas acusadas de corrupción habían sido amnistiadas en virtud de la Ley de Amnistía nº 19 de 2008. Véase http://www.radiosawa.com/article_print.aspx?id=2266308, consultado el 20 de julio de 2010.





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