Documento - Irak. Un año después, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante

[Embargado hasta: 18 de marzo de 2004]Público

Amnistía Internacional

Irak

Un año después, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante

Marzo de 2004			Resumen
Índice AI: MDE 14/006/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE140062004

Transcurrido un año desde la invasión de Irak por la coalición dirigida por Estados Unidos, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo alarmante. Inmediatamente después de la caída de Sadam Husein en abril de 2003, los iraquíes vieron aparecer ante sus ojos una situación nueva, caracterizada por el saqueo y los delitos violentos generalizados, el derrumbamiento de las instituciones estatales y el desempleo masivo. En sus intentos de controlar el país y restablecer el orden público, las fuerzas de la coalición han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos. Han empleado medios letales excesivos o innecesarios, que han provocado la muerte de civiles. Han recluido a miles de personas sin cargos y en condiciones muy duras. Han torturado y maltratado a los detenidos, y en algunos casos les han provocado la muerte. Entretanto, grupos armados que se oponen a la ocupación han llevado a cabo ataques intencionados e indiscriminados contra civiles, dirigentes políticos y trabajadores extranjeros, y han matado a cientos de personas. La ausencia de orden público ha animado a muchos iraquíes a tomarse la justicia por su mano y matar por venganza a autoridades del gobierno anterior. Las consecuencias del desgobierno se han hecho sentir de manera específica en las mujeres, que han sido víctimas secuestros y violaciones a manos de delincuentes, así como de amenazas de grupos islamistas radicales. Debido a ello, las mujeres y las niñas siguen viviendo atemorizadas. Además, los iraquíes aún esperan que se haga justicia por las décadas de graves abusos padecidos bajo el régimen de Sadam Husein.

Este texto resume el documento titulado Irak: Un año después, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante(Índice AI: MDE 14/006/2004), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org/. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.

SESCRETARIADOSINTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCISÓN DE EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Embargado hasta: 18 de marzo de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Irak

Un año después, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante

ÍNDICE

Introducción 1

Información general 2

Homicidios de civiles 4

Homicidios cometidos por las fuerzas de la Coalición 4

Homicidios de civiles a manos de individuos armados 6

Administración de justicia 7

Tortura y malos tratos 10

t1 Demoliciones y registros de viviendas 11

Víctimas del desgobierno 12

Violencia contra las mujeres 12

Rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado 13

Conclusiones y recomendaciones 14

Irak

Un año después, la situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante

Introducción

Un año después de que las fuerzas encabezadas por Estados Unidos emprendieran la guerra contra Irak, distan mucho de haberse cumplido las promesas de mejora de los derechos humanos para los iraquíes, que en su mayoría siguen sintiéndose inseguros en un país devastado por la violencia.

La vida y la seguridad de los iraquíes están diariamente amenazadas. La violencia, manifiesta en forma de ataques de grupos armados, abusos de las fuerzas ocupantes o violencia contra las mujeres, es un problema endémico. Millones de personas sufren las consecuencias de la destrucción y el saqueo de las infraestructuras, el desempleo masivo y la incertidumbre acerca de su futuro. Casi nadie confía en que se ponga a disposición judicial a los responsables de los abusos pasados y presentes contra los derechos humanos.

El año pasado, cientos de civiles murieron a manos de grupos armados en ataques intencionados e indiscriminados, llevados a cabo por oposición a la ocupación o como venganza por abusos cometidos en el pasado. El uso excesivo o innecesario de medios letales por las fuerzas de la Coalición durante manifestaciones públicas y en puestos de control se ha cobrado la vida de decenas de iraquíes desarmados. Millares más han sido recluidos, a menudo en condiciones de dureza extrema, en centros de detención no reconocidos. Gran número de personas han sido torturadas o maltratadas, y algunas han muerto como consecuencia de ello. A otros iraquíes se los ha castigado colectivamente con la destrucción deliberada de sus cosechas y casas por ataques sufridos por las fuerzas de la Coalición. En el estado de desorden reinante se ha tenido noticia de abusos contra los derechos humanos sufridos específicamente por mujeres y niñas, incluidos secuestros, violaciones y asesinatos. Amnistía Internacional ha recordado a menudo sus obligaciones a las potencias ocupantes, que las han incumplido en muchos aspectos.

Ha habido algunos avances satisfactorios en el país, especialmente en el campo de la libertad de expresión, asociación y reunión. Se han establecido decenas de organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas centradas en los derechos de la mujer; se publican más 80 periódicos y semanarios y han surgido decenas de partidos políticos y organizaciones religiosas.

No obstante, la población iraquí necesita con urgencia estabilidad, seguridad y paz, para que cese el derramamiento de sangre. Su futuro ha de basarse en la justicia y el Estado de derecho. En este informe, publicado un año después del estallido de la guerra, se esbozan algunos de los principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos que deben abordarse para garantizar ese futuro.

Información general

Antes de que comenzara la guerra el 20 de marzo de 2003, Amnistía Internacional advirtió de que la acción militar causaría más padecimientos a un pueblo que ya había sufrido horriblemente a causa de la represión del gobierno y de los efectos devastadores de las sanciones económicas. Algunos de los temores de la organización se confirmaron. Cientos de civiles iraquíes murieron o resultaron heridos durante la guerra, algunos de ellos a causa de las bombas de racimo lanzadas por las fuerzas de la Coalición. Se destruyeron viviendas e instituciones de vital importancia, y comunidades enteras quedaron sin electricidad y sin agua.

A principios de abril, las fuerzas estadounidenses controlaban Bagdad, y las británicas, el sur de Irak. El 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró que habían terminado las principales operaciones de combate; el ex diplomático estadounidense Paul Bremen fue nombrado poco después administrador de Estados Unidos en Irak y director de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC). Irak era un país derrotado y ocupado.

El 24 de abril, una delegación de Amnistía Internacional llegó a Basora; era la primera vez en 20 años que la organización podía visitar Irak. La principal preocupación de todas las personas con las que se entrevistaron los miembros de la delegación era la inseguridad y violencia crecientes. Basora era una ciudad asolada por los saqueos y el desorden, en la que las mujeres y las niñas no se atrevían a salir solas a la calle por temor a violaciones, secuestros y otras formas de violencia.

El desgobierno, el miedo y la inseguridad imperaban en todo Irak. En la mayoría de los lugares, los soldados estadounidenses y británicos se limitaban a cruzarse de brazos mientras edificios del gobierno, oficinas, universidades, escuelas, hospitales, museos, bibliotecas y almacenes eran saqueados y destruidos. Se quemaron o destruyeron numerosos documentos de importancia vital para el futuro de los iraquíes.

Las fuerzas de la Coalición habían eliminado la autoridad del gobierno anterior, pero habían incumplido manifiestamente su obligación de procurar protección y asistencia a la población del país ocupado. Con arreglo al derecho internacional humanitario, en su calidad de potencias ocupantes tenían el deber de mantener y restablecer el orden público y de procurar alimentos, atención médica y ayuda humanitaria. Al incumplirlo, pusieron seriamente en peligro la salud y la seguridad de millones de iraquíes.

El problema de la inseguridad se ha acentuado por la falta de medios adecuados de mantenimiento del orden y la gran abundancia de armas. Los informes indican que se ha producido un aumento de los abusos contra las mujeres, como violaciones y asesinatos, y que decenas de ex miembros del Partido Baás y de las fuerzas de seguridad han sido objeto de agresiones por venganza, especialmente en los distritos de Bagdad de mayoría chií y en el sur del país

En julio, la APC nombró el Consejo de Gobierno iraquí, integrado por 25 representantes de diversos grupos étnicos y religiosos. Aunque el Consejo tiene cierto poder ejecutivo, Paul Bremen mantiene la competencia de anular o vetar sus decisiones. A principios de septiembre, el Consejo nombró un gobierno provisional iraquí. La APC y el Consejo acordaron en noviembre la transferencia de poderes a dicho gobierno el 30 de junio de 2004, y el 8 de marzo de 2004 el Consejo firmó una Constitución provisional.

Entretanto, han ido surgiendo nuevas organizaciones no gubernamentales iraquíes de derechos humanos, grupos de mujeres incluidos, que han empezado a desarrollar un amplio abanico de actividades, como la documentación de abusos cometidos recientemente o en el pasado. También han surgido partidos políticos y medios de comunicación nuevos, y la población ha podido manifestarse libremente por primera vez en varias décadas para expresar sus quejas. Las reformas realizadas por las nuevas autoridades han eliminado la sombra de la pena de muerte y suprimido tribunales que eran una burla de la justicia.

No obstante, las novedades positivas, como casi todo lo demás, se han visto constantemente amenazadas por la creciente inseguridad. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las fuerzas ocupantes que actúen con celeridad para mantener el orden público hasta que la policía iraquí pueda actuar con eficacia y que agilicen la creación de esta policía.

Se ha avanzado algo en esta dirección desde los primeros meses de la ocupación, especialmente en el sur de Irak. Los iraquíes a los que entrevistaron los delegados de Amnistía Internacional en febrero y marzo de 2004 en Basora y Amara, las dos gobernaciones controladas por el ejército británico, manifestaron que la situación general había mejorado, aunque la falta de seguridad seguía constituyendo uno de los principales motivos de preocupación. Los miembros de las minorías religiosas, como los musulmanes sunníes, cristianos, sabeanos y mandeanos, se sentían víctimas de agresiones y otros abusos dirigidos específicamente contra ellos.

En el resto de Irak, en cambio, la violencia y la inseguridad siguen dominando la vida cotidiana. Los ataques a las comisarías de policía iraquíes y a las fuerzas de la Coalición han ido en aumento constante. La mayoría de ellos han tenido lugar en el centro y el norte de Irak, así como en Bagdad, y se han cobrado la vida de cientos de personas, la mayoría de ellas iraquíes, aunque también estadounidenses y de otras nacionalidades.

A medida que se acercaba el primer aniversario del inicio de la guerra, dichos ataques parecían ir incrementándose. El 3 de febrero, el general estadounidense Mark Kimmitt declaró que se producía una media de 23 enfrentamientos diarios entre soldados estadounidenses e "insurgentes iraquíes", frente a los 18 de la semana anterior.(1)

En respuesta, las fuerzas de la Coalición parecen utilizar en muchas ocasiones el clima de violencia como pretexto para violar las normas de derechos humanos que en teoría defienden. Han matado a tiros a iraquíes en el curso de manifestaciones. Han infligido torturas y malos tratos a presos y detenidos. Han detenido a personas arbitrariamente y las han recluido por tiempo indefinido, sin cargos y sin permitirles acceder a un abogado. Han destruido viviendas y otros bienes como venganza y castigo colectivo. Además, actúan en un marco legal que carece de mecanismos para que las fuerzas de la Coalición respondan ante la justicia por tales actos en Irak.

Homicidios de civiles

Se calcula que, desde el 20 de marzo de 2003, más de 10.000 civiles iraquíes han muerto a causa directamente de la intervención militar en Irak, bien durante la guerra o en incidentes violentos ocurridos durante la ocupación posterior. Esta cifra es un cálculo aproximado, ya que las autoridades no quieren o no pueden catalogar los homicidios. «No tenemos capacidad para registrar todas las bajas civiles », explicó el general estadounidense Mark Kimmitt en febrero de 2004.(2) La actitud ha sido distinta cuando los muertos han sido soldados o civiles no iraquíes.

Un año después del comienzo de la guerra, se sigue matando a civiles iraquíes todos los días. Los peores incidentes tienen cierta repercusión internacional, pero muchos homicidios simplemente no se denuncian. A menudo no se sabe quiénes son los autores. El 4 de marzo de 2004, un periodista de AFP presenció cómo tres civiles iraquíes morían al estallar un misil contra su vehículo cerca de una base militar estadounidense en el suroeste de Bagdad. Ni el periodista ni la policía iraquí descubrieron quién había disparado el cohete. Los nombres de las víctimas no se hicieron públicos.(3)

Homicidios cometidos por las fuerzas de la Coalición

Decenas de civiles parecen haber muerto a causa del uso excesivo de la fuerza por las tropas de Estados Unidos o de disparos efectuados en circunstancias controvertidas.

Por ejemplo, los soldados estadounidenses han matado a tiros a decenas de manifestantes iraquíes en distintos incidentes, incluidos 7en Mosul el 15 de abril de 2003, al menos 15 en Faluya el 29 de abril y por lo menos 2 a la entrada del Palacio de la República de Bagdad el 18 de junio.

En noviembre de 2003, el ejército de Estados Unidos dijo que había pagado 1,5 millones de dólares a civiles iraquíes en respuesta a demandas presentadas por víctimas o familiares de víctimas por lesiones personales, muerte o daño de propiedad. Algunas de las 10.402 demandas que, según informes, se han presentado se refieren a casos de soldados estadounidenses que han matado o herido de gravedad a civiles iraquíes al disparar contra ellos sin razón aparente.(4)

No obstante, independientemente de estos pagos, las familias de los muertos y los heridos han tenido pocas oportunidades. No se ha procesado a ningún soldado estadounidense por homicidio ilegal de civiles iraquíes. En virtud de una orden dictada en junio de 2003 en Bagdad por la APC, los tribunales iraquíes tienen prohibido ver causas contra soldados estadounidenses u otros militares o funcionarios extranjeros destacados en Irak. Debido a ello, los soldados estadounidenses gozan de total impunidad.

A continuación se expone sólo un reducido número de casos examinados por Amnistía Internacional:

· El 14 de mayo, en Ramadi, dos vehículos armados estadounidenses atravesaron el muro que rodeaba la vivienda de Sa'adi Suleiman Ibrahim al-'Ubaydi. Varios soldados lo golpearon con las culatas de sus rifles y posteriormente lo abatieron a tiros cuando trataba de huir.

· El 26 de junio, las fuerzas estadounidenses mataron a tiros a Mohammad al-Kubaisi, de 12 años, mientras realizaban operaciones de registro en las inmediaciones de su casa en la zona de Hay al Yihad de Bagdad. Cuando le dispararon, llevaba la ropa de cama de la familia al tejado de la vivienda. Los vecinos intentaron llevarlo a toda prisa al hospital en automóvil, pero los soldados estadounidenses se lo impidieron. Cuando regresaron a casa, Mohammad al-Kubaisi había muerto. Funcionarios de la APC dijeron a los delegados de Amnistía Internacional en julio que Mohammad al-Kubaisi llevaba un arma cuando murió.

· El 17 de septiembre, un niño de 14 años murió y otras seis personas resultaron heridas en Faluya al disparar las tropas estadounidenses contra los asistentes a una boda. Según informes, en la celebración se hicieron disparos al aire, y los soldados creyeron que los estaban atacando.

· El 23 de septiembre, tres campesinos —'Ali Khalaf, Sa'adi Faqri y Salem Khalil— murieron y otros tres resultaron heridos en el pueblo de Al Yirs, cerca de Faluya, al efectuar las tropas estadounidenses una descarga de artillería que, según informes, duró al menos una hora. Un miembro de las fuerzas estadounidenses dijo que los soldados habían sido atacados, pero los familiares de las víctimas lo negaron vehementemente. Según informes, ese mismo día se presentaron en casa de los campesinos muertos unos militares estadounidenses que tomaron fotografías y pidieron disculpas a la familia.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de civiles iraquíes muertos a manos de soldados británicos que emplearon medios letales en situaciones en las que no parecían correr peligro ni sus vidas ni las de otras personas. En unos casos no se ha efectuado ninguna investigación, mientras que en otros ésta parece haber sido inadecuada. Por lo general, las familias de las personas muertas a manos del ejército británico reciben muy poca o ninguna información sobre los mecanismos y procedimientos de investigación e indemnización.

· Walid Fayay Mazban, de 42 años de edad, conductor, murió por disparos de soldados británicos el 24 de agosto en un cruce cerca del campamento militar Apache en circunstancias que indican que no corría peligro la vida de nadie. Los soldados habían establecido un puesto temporal de control en el cruce, pero, al no funcionar el alumbrado público, toda la zona estaba a oscuras. Walid Fayay Mazban no se detuvo al llegar allí y un soldado británico le disparó varias veces en la espalda. Los soldados no encontraron nada sospechoso en su vehículo. En septiembre, el ejército británico pago unos 1.500 dólares estadounidenses a su familia por motivos humanitarios. La Real Policía Militar inició una investigación del homicidio, pero la familia de Walid Fayay Mazban no ha recibido información alguna sobre ella.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se investiguen de manera exhaustiva, independiente e imparcial todos los homicidios de civiles cometidos por las fuerzas de la Coalición y que se ponga a los autores de homicidios ilegítimos a disposición judicial. Hasta la fecha no se ha tenido noticia de la realización de investigaciones independientes.

Homicidios cometidos por individuos armados

El 2 de marzo de 2004, se produjeron explosiones de bombas en la mezquita chií del barrio bagdadí de Kadhimiya y en la ciudad santa chií de Karbala, con un intervalo de unos pocos segundos entre ellas. Dejaron un saldo unos 170 civiles muertos y 500 heridos, la mayoría de ellos musulmanes chiíes. Al parecer, los ataques habían sido cuidadosamente planificados y consistieron en una combinación de atentados suicidas con bomba, colocación de explosivos y, posiblemente, fuego de mortero.(5)

Un mes antes, 101 personas murieron a causa de dos atentados suicidas con bomba que destruyeron las oficinas de los principales partidos políticos kurdos en la ciudad septentrional de Arbil.

Estos sólo son dos de los más recientes atentados perpetrados aparentemente por grupos armados, que constituyen un rasgo cada vez más común de la vida en Irak desde que comenzó la ocupación. El ejército estadounidense, el personal de seguridad iraquí, las comisarías de policía bajo control iraquí, los líderes y los edificios religiosos, los trabajadores de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los organismos de la ONU han sido blanco de tales atentados, que se han cobrado la vida de centenares, cuando no millares, de civiles.

Muchos otros civiles han muerto a tiros, bien porque han sido objeto de asesinato selectivo o alcanzados por balas perdidas. En Basora, por ejemplo, entre las víctimas figuran ex miembros del Partido Baás y responsables de la seguridad y del gobierno, así como personas sospechosas de venta o consumo de alcohol. Algunos de estos homicidios son al parecer actos de venganza ejecutados por particulares. Pero, según los informes, muchos de ellos parecen haber sido organizados por grupos islamistas armados. El jefe de una comisaría de policía de Basora apoyó abiertamente los homicidios por venganza cuando reconoció ante un delegado de Amnistía Internacional que las familias de las víctimas de abusos cometidos por el gobierno anterior «tenían derecho» a vengar la muerte de sus seres queridos.

Amnistía Internacional ha instado a los grupos armados a que pongan fin a la política de atentados contra civiles y miembros de organismos internacionales humanitarios. Asimismo, ha pedido que se ponga a los autores a disposición judicial para que sean juzgados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

En la lista siguiente se destacan algunos atentados. Los responsables no han respondido ante la justicia en ninguno de los casos.

· El 7 de agosto de 2003 murieron 17 personas al explotar un camión frente a la embajada jordana en Bagdad.

· El 19 de agosto murieron 22 personas, incluido el enviado especial de la ONU Sergio Vieira de Mello, a consecuencia de la explosión de un camión bomba contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad.

· El 29 de agosto murieron 83 personas, incluido el líder chií ayatolá Mohammad Baqer al-Hakim, en un atentado con coche bomba ante la mezquita del imán Alí de Nayaf.

· El 27 de octubre murieron 35 personas en Bagdad en cuatro atentados con bomba dirigidos contra la Cruz Roja y comisarías de policía.

· El 18 de enero de 2004 murieron 25 personas, la mayoría de ellas civiles iraquíes, en un atentado con coche bomba frente al puesto de mando militar estadounidense en Bagdad.

Administración de justicia

El 12 de diciembre, Amal Salim Madi, de 65 años, madre de tres hijos detenidos en octubre, participó en una manifestación convocada en Bagdad en favor de los derechos de los presos. «Los americanos dijeron que se los llevaban durante una hora para interrogarlos. No hemos vuelto a verlos desde entonces», declaró. (6)

Sus hijos forman parte de la nueva generación de personas en paradero desconocido de Irak. Ahora no acaban en fosas comunes, como les sucedía a muchas con el anterior gobierno iraquí, pero, sus familias no saben nada de ellas, recluidas como están en alguna parte del sistema de centros de detención controlado por las fuerzas ocupantes en Irak. Adil Allami, abogado de la Organización de Derechos Humanos de Irak, manifestó en octubre de 2003: «Irak se ha convertido en un gran Guantánamo», en alusión a la prisión militar estadounidense de Cuba, en la que cientos de personas sospechosas de acciones «terroristas» permanecen detenidas sin cargos.(7)

Desde que comenzó la guerra, Amnistía Internacional no ha dejado de recibir informes de iraquíes que han sido privados de libertad por las fuerzas de la Coalición y cuyos derechos se han violado. Muchos han estado recluidos sin cargos durante semanas o meses. Algunos han sufrido torturas y malos tratos. Prácticamente ninguno ha tenido acceso inmediato a un abogado, a su familia o a un juez ante el que impugnar su detención.

Tales abusos en la administración de justicia se han visto favorecidos tanto por el deterioro generalizado del orden público como por la falta de rigor con que las fuerzas ocupantes aplican las normas internacionales.

Tras hacerse cargo del poder, la APC revisó el Código Penal iraquí de 1969 y el Código de Procedimiento Penal de 1971 a fin de evaluar su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos. También introdujo reformas jurídicas, que entraron en vigor antes de su publicación en árabe en el Boletín Oficial, lo que supuso una violación del artículo 65 de cuarto Convenio de Ginebra. Algunas de ellas eran, no obstante, satisfactorias. El artículo 9 del Memorándum núm. 7 de la APC prohibía la utilización de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Se abolieron los tribunales revolucionarios, especiales y de seguridad nacional que celebraban juicios manifiestamente injustos.

lmult1 En junio de 2003, la APC promulgó la Orden núm. 13, por la que se creaba el Tribunal Penal Central de Irak, que aplica el derecho iraquí y tiene competencia respecto de los delitos cometidos en Irak desde el 19 de marzo de 2003, incluidos los delitos contra las fuerzas de la Coalición. En noviembre de 2003, el Tribunal condenó al ex gobernador de Nayaf a 14 años de prisión por «detención ilegal, destrucción de documentos oficiales y abuso de poder». Asimismo vio al menos otras dos causas relacionadas con actividades de contrabando. A Amnistía Internacional, que no ha podido asistir a los procedimientos judiciales del Tribunal, le sigue preocupando que la Orden núm. 13 imponga a los jueces asignados a él la rigurosa condición de no haber participado en actividades del Partido Baás. La organización ve además con preocupación que el administrador de la APC nombre por un año a las personas seleccionadas para formar parte del Tribunal. Dichas condiciones parecen violar el principio de independencia judicial.

El artículo 2.3 del Memorándum núm. 3 de la APC ha eliminado la competencia de los tribunales iraquíes para ver causas civiles y penales que afecten al personal de la Coalición, de modo que éste no tiene que responder de sus actos. No existen mecanismos adecuados que garanticen investigaciones competentes e imparciales sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de la Coalición o la APC.

Reclusiones ilegales y en régimen de incomunicación

La enorme prisión de Abu Ghraib, enclavada al suroeste de Bagdad, era el centro de detención más temido bajo el anterior gobierno iraquí. Aparte del nombre de estas instalaciones, que ahora se denominan Centro Penitenciario de Bagdad, poco ha cambiado. Los familiares de las personas allí recluidas siguen esperando en el exterior noticias de sus seres queridos, y no se permite la entrada a los abogados. A un hombre que intentó visitar a su hijo en noviembre le dijeron que volviera cuatro meses más tarde. «Mi hijo ya lleva aquí cuatro meses sin que se haya presentado ningún cargo contra él», explicó a un miembro del Centro de Vigilancia Ocupacional Internacional.(8)

La APC ha hecho pública en Internet una lista de 8.500 detenidos. La mayor parte de ellos están recluidos por tiempo indefinido y sin cargos como «presuntos terroristas» o por motivos de «seguridad».(9) Las familias que esperan en el exterior de la prisión de Abu Ghraib para poder verlos dicen que la mayoría fueron detenidos en el curso de redadas indiscriminadas.

Muchos iraquíes no saben dónde están recluidos sus familiares y la mayoría no puede acceder a Internet para informarse sobre ellos. A algunos detenidos se los ingresa en prisiones controladas por la policía iraquí, mientras que a otros se los recluye en centros de detención administrados por Estados Unidos, pero con frecuencia nadie parece disponer de información pertinente. Los que permanecen en prisiones iraquíes generalmente tienen acceso a abogados y jueces en algún momento. A muchas de las personas recluidas en prisiones y centros de detención administrados por las fuerzas de la Coalición -como Camp Cropper, en el aeropuerto internacional de Bagdad (que se cerr¾ en octubre), la prisi¾n de Abu Ghraib y los centros de detenci¾n del aeropuerto de Habbaniya y Um Qasr- se les ha negado invariablemente el acceso a su familia y a sus abogados, asÝ como cualquier forma de revisi¾n judicial de su detenci¾n. Algunas llevan semanas o meses recluidas, excediendo, al parecer, en algunos casos, los 90 dÝas establecidos para la revisi¾n judicial. AmnistÝa Internacional tambiÚn ha investigado casos en los que las fuerzas de la Coalici¾n no han aplicado con prontitud la decisi¾n judicial de poner en libertad a los sospechosos.

De hecho, existe un doble sistema seg·n el cual las personas detenidas por las fuerzas de la Coalici¾n gozan de menos salvaguardias que las detenidas por agentes iraquÝes. Por ejemplo, los detenidos por las fuerzas de la Coalici¾n pueden permanecer recluidos durante 90 dÝas sin comparecer ante un juez (con arreglo al Memorßndum n·m. 3 de la APC), mientras que los casos de los detenidos en el marco del C¾digo de Procedimiento Penal IraquÝ deben revisarse en un plazo de 24 horas.

Las condiciones de muchos centros de detenci¾n son muy duras. Se han recibido numerosos informes sin confirmar seg·n los cuales se han producido huelgas de hambre y motines en las prisiones. La ACP ha reconocido que tres presos murieron y ocho resultaron heridos en el curso de un levantamiento que tuvo lugar en la prisi¾n de Abu Ghraib el 24 de noviembre.

En Basora, decenas de personas permanecen recluidas sin cargos ni juicio en el centro de detenci¾n de Al Shu’aiba en las proximidades de Al Zubair, controlado por el Reino Unido. Algunas de ellas estuvieron detenidas en Um Qasr antes de ser trasladadas. TambiÚn en Basora, grupos islamistas armados han participado en la aprehensi¾n, detenci¾n y tortura de personas que consideraban sospechosas de actividades ½inmorales+ como la venta de alcohol, vÝdeos o discos compactos.

À Qays Mohammad Abd al-Karim al-Salman, empresario de nacionalidad danesa, había regresado a Irak hacía 10 días cuando fue detenido por el ejército estadounidense el 6 de mayo. Según manifestó, lo obligaron a tumbarse en el suelo y posteriormente lo llevaron al centro de detención del aeropuerto de Bagdad, donde fue recluido durante 33 días como sospechoso de asesinato, hasta que lo pusieron en libertad sin cargos. Le negaron el contacto con el mundo exterior y le infligieron malos tratos.

· Zakariya Zakher Sa’ad, ciudadano egipcio de 55 años que trabajaba como vigilante nocturno en el consulado ruso en Bagdad, fue detenido por soldados estadounidenses que investigaban un intento de robo en el consulado. Los vecinos intentaron sin éxito convencer a los soldados de que se trataba de un vigilante, no de un ladrón. Los soldados arrojaron a Zakariya Zakher Sa’ad al suelo, lo ataron y se lo llevaron. Estuvo recluido en Camp Cropper hasta julio de 2003, aunque su familia no pudo verlo para constatar su paradero. Amnistía Internacional no dispone de ninguna información para determinar si todavía sigue detenido o no.

· Humam ‘Abd al-Khaleq ‘Abd al-Ghaffur, físico nuclear, fue detenido en su domicilio de Bagdad el 20 de abril de 2003. Continúa en paradero desconocido.

· Hussain al-Haery, profesor de la Universidad de Bagdad, fue detenido en su casa a principios de julio de 2003. Actualmente permanece recluido en Abu Ghraib.

· Sa’doun Hamadi, ex presidente del Parlamento, fue aprehendido el 29 de mayo de 2003 y detenido sin cargos ni juicio durante casi nueve meses, hasta el 14 de febrero. Permaneció recluido en tres lugares distintos, Camp Cropper, en el aeropuerto internacional de Bagdad; Um Qasr, y la prisión de Abu Ghraib. Cuando lo dejaron en libertad, las autoridades estadounidenses afirmaron que su detención no estaba justificada por motivos de seguridad.

Amnistía Internacional ha escrito a la APC pidiendo que aclare los motivos de la detención prolongada y la condición jurídica de diversas personas, incluidos científicos, ex diplomáticos y funcionarios públicos, si bien aún no ha recibido respuesta.

Tortura y malos tratos

Abdallah Khudhran al-Shamran, ciudadano de Arabia Saudí, fue detenido en Al Rutba, a principios de abril de 2003, por las fuerzas estadounidenses y sus aliados iraquíes, cuando se dirigía desde Siria hasta Bagdad. Según manifestó, al llegar a un lugar desconocido le dieron una paliza, le aplicaron descargas eléctricas, lo colgaron de las piernas, le ataron el pene y le impidieron dormir. Estuvo detenido allí cuatro días y después lo llevaron a un hospital de campaña de Um Qasr. Luego lo interrogaron y lo pusieron en libertad sin dinero y sin su pasaporte. Cuando intentó hablar con un soldado británico lo llevaron a otro centro de detención. Después lo trasladaron a un hospital militar de campaña, donde lo interrogaron y torturaron de nuevo. Según los informes, en esta ocasión los métodos de tortura consistieron en exposición prolongada al sol, encierro en un contenedor y amenazas de ejecución.

El año pasado se recibieron con frecuencia informes sobre tortura y malos tratos infligidos por las fuerzas de la Coalición. En las primeras semanas de la guerra y la ocupación, los detenidos padecieron condiciones caracterizadas por el calor extremo mientras estaban alojados en tiendas de campaña; la falta de agua y de instalaciones inadecuadas para lavarse; el uso de zanjas abiertas en lugar de aseos; la imposibilidad de cambiarse de ropa, y la ausencia de libros, periódicos, aparatos de radio o material para escribir. Desde entonces, los detenidos han denunciado haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes sistemáticos durante su aprehensión y en las primeras 24 horas de detención. Las esposas de plástico que utilizan las tropas de Estados Unidos les producían sufrimiento innecesario. Algunos Ex detenidos han afirmado que los obligaron a tumbarse boca abajo, que los tuvieron esposados, con la cabeza cubierta con una capucha o con los ojos vendados, y que no les dieron agua ni comida, ni les permitieron utilizar el aseo.

Muchos detenidos han denunciado haber sido torturados y maltratados por las tropas estadounidenses y británicas durante su interrogatorio. A menudo mencionan que para ello se han utilizado métodos como golpearlos, impedirles dormir, inmovilizarlos en posturas dolorosas durante largos periodos, obligándolos a veces a oír música estridente, tenerlos mucho tiempo encapuchados y hacerlos soportar luces muy intensas. Prácticamente ninguna de las denuncias de tortura o malos tratos se ha investigado debidamente.

Al menos cuatro personas han muerto en Basora mientras se encontraban bajo custodia británica. En uno de los casos, la muerte fue causada por torturas. Varias personas a las que entrevistó Amnistía Internacional afirmaron haber sido torturadas por soldados británicos durante su interrogatorio.

· Según los informes, ocho iraquíes detenidos el 14 de septiembre por soldados de la base militar británica de Camp Steven, en Basora, fueron torturados. Todos ellos trabajaban en un hotel de esta ciudad en el que, según informes, se encontraron armas. Baha’ al-Maliki, el recepcionista del hotel, murió tres días después mientras se encontraba bajo custodia; según los informes, su cuerpo presentaba grandes hematomas y estaba cubierto de sangre. Kefah Taha fue hospitalizado en estado grave, aquejado de insuficiencia renal y graves hematomas.

· En febrero de 2004, en el curso de una vista sobre la muerte de Najem Sa’doun Hattab en junio de 2003 en el centro de detención Camp Whitehorse, cerca de Nasiriya, un ex soldado de infantería de marina estadounidense al que se había concedido inmunidad procesal a cambio de su testimonio declaró que era una práctica habitual dar patadas y puñetazos a los presos que no colaboraban, e incluso a los que lo hacían. Najem Sa’doun Hattab, ex miembro del Partido Baás, murió tras ser golpeado y estrangulado por un reservista de infantería de marina estadounidense.(10)

Demoliciones y registros de viviendas

El 10 de noviembre de 2003, soldados estadounidenses llegaron a la granja de la familia Najim, cercana a la ciudad de Al Mahmudiya, al sur de Bagdad, y dieron a todos los que vivían en ella 30 minutos para desalojarla. Poco después, dos aviones de combate F-16 bombardearon y destruyeron la granja.

Al parecer se trató de una venganza por un atentado perpetrado días antes contra un convoy estadounidense Según los informes, poco después del atentado, los soldados estadounidenses detuvieron a seis hombres en el exterior de la vivienda de los Najim, tras encontrar armas en el lugar. Este es sólo uno de los casos de demolición de viviendas como venganza de que se ha tenido noticia. El cuarto Convenio de Ginebra prohíbe claramente dichos actos -las represalias contra las personas y sus bienes y los castigos colectivos-.

AmnistÝa Internacional sabe tambiÚn que, desde noviembre, las tropas estadounidenses han destruido al menos 15 viviendas en el curso de operaciones militares efectuadas en Tikrit. En una de estas operaciones, a una familia del pueblo de Al Haweda le dieron cinco minutos para evacuar su casa antes de que fuera reducida a escombros por el fuego de los helic¾pteros y los tanques estadounidenses.

Seg·n los informes, el comandante estadounidense Lou Zeisman, de la 82 Divisi¾n Aerotransportada, ha declarado: ½Al que dispara contra un miembro de las fuerzas estadounidense o de la Coalici¾n se le mata o se le captura, y si descubrimos que alguien procede de una casa franca concreta, esa vivienda se destruye [...]+.(11)

Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos informes sobre miembros de las fuerzas de la Coalición que han dañado o destruido bienes injustificadamente durante registros de viviendas. Los soldados han abierto por la fuerza vehículos, viviendas y armarios pese a que sus propietarios les habían ofrecido las llaves y les habían pedido que las utilizaran. En muchos casos se han «confiscado» bienes y abultadas sumas de dinero a las personas detenidas y no se les han devuelto al dejarlas en libertad.

En un caso, las autoridades estadounidenses aceptaron que había pruebas de que miembros del ejército habían cometido un delito al llevarse más de tres millones de dinares (unos 2.000 dólares estadounidenses) de la casa de una familia. Sin embargo, también dijeron que proporcionar resarcimiento a esta familia resultaría difícil y llevaría bastante tiempo, ya que carecían de recursos para efectuar una investigación.

Víctimas del desgobierno

El 15 de febrero de 2004, se produjo un repentino e intenso tiroteo en la concurrida calle de Old Basra de Basora. Cuando cesó, habían muerto al menos nueve personas, las últimas víctimas de las agresiones perpetradas contra presuntos vendedores de alcohol en la ciudad. Aunque se desconoce la identidad de los atacantes, existen sospechas generalizadas de que se trataba de miembros de los grupos políticos armados chiíes que han surgido tras la guerra. Un asustado vendedor, Tarik Mahmoud, manifestó: «No existen leyes que me protejan, y aunque existieran seguiría teniendo miedo porque la gente está acostumbrada a matarse».(12)

La ausencia de orden público continúa siendo un importante motivo de preocupación en muchas zonas de Irak. Los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos directos de los devastadores efectos que el desgobierno estaba teniendo en la vida de los iraquíes de a pie, efectos que se manifestaban en forma de saqueos, homicidios cometidos por venganza, secuestros o delitos sexuales violentos.

Violencia contra las mujeres

Tras la guerra, las mujeres y niñas han sido víctimas cada vez con más frecuencia de agresiones violentas, incluidos secuestros, violaciones y asesinatos, a causa del derrumbamiento del orden público. Muchas mujeres no se atrevían a salir de casa, y muchas niñas dejaron de ir al colegio. Las mujeres que han sido víctimas de violencia en la calle o en el hogar prácticamente no tienen ninguna esperanza de obtener justicia.

En mayo de 2003, Asma, joven ingeniera, fue raptada en Bagdad. Se encontraba de compras con su madre, una hermana y un familiar varón cuando seis hombres armados comenzaron a disparar cerca de ellos. A Asma la obligaron a entrar en un vehículo y la llevaron hasta una granja situada en las proximidades de Bagdad, donde fue violada repetidas veces. Al día siguiente la llevaron al barrio de sus padres y la lanzaron fuera del automóvil.

En Basora, las mujeres y niñas que no llevan el hiyab(velo) han recibido amenazas de grupos islamistas y ahora casi todas van cubiertas.

Samira Abd al-Munim, que trabaja en un hospital de Basora en el que se imparte formación, manifestó en mayo a los delegados de Amnistía Internacional: «Mi vida se ha limitado drásticamente a causa de la inseguridad. No puedo visitar a mi familia ni ir al mercando si no es acompañada por mi esposo [...] No me atrevo a pasear sola como solía [...] Mis hijos casi están presos en casa por su seguridad».

En algunos casos, las mujeres que se han movilizado en favor de la protección de sus derechos han recibido amenazas. Según los informes, Yanar Mohammed, miembro de la Organización para la Libertad de las Mujeres de Irak, ha recibido amenazas de muerte, entre ellas una enviada por correo electrónico por un grupo islamista denominado Ejército de Sahaba. Cuando acudió a los funcionarios de la APC en busca de protección, al parecer le dijeron que tenían asuntos más urgentes de los que ocuparse. Varias mujeres que trabajaban para la APC han muerto. Amnistía Internacional no tiene constancia de que la APC o el Conejo de Gobierno de iraquí hayan tomado medidas para garantizar la protección adecuada de los derechos de las mujeres y de las activistas.

Rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado

Garantizar la justicia es fundamental para las incontables víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en Irak. Los iraquíes han sufrido durante décadas graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de su gobierno, así como abusos cometidos en el curso de varios conflictos, incluida la reciente guerra y el periodo posterior.

Hasta el momento se han tomado pocas medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidas las «desapariciones» masivas; realizar investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, o facilitar indemnización y restitución a las víctimas. En diciembre, el Consejo de Gobierno iraquí aprobó el estatuto del Tribunal Especial Iraquí, que será el encargado de procesar a Sadam Husein y a otras autoridades del gobierno anterior, y creó el Comité de la Verdad y la Reconciliación. No obstante, todavía está por ver si estos organismos son eficaces y contribuyen a que se haga justicia a las víctimas conforme a las normas internacionales.

Para ser justas y eficaces, todas las medidas encaminadas a obtener justicia deben ser compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Ni las víctimas ni los presuntos autores de abusos deben recibir una justicia de segunda clase.

En relación con las autoridades del gobierno iraquí anterior, Amnistía Internacional ha seguido subrayando la necesidad de ofrecer garantías de juicio justo. Los tribunales han de ser competentes, imparciales e independientes y enjuiciar a los acusados basándose únicamente en las pruebas de cargo y por medio de un proceso justo. No debe haber leyes de prescripción ni amnistías, indultos o medidas similares para los delitos tipificados en el derecho internacional si estas medidas impiden que se dicten sentencias definitivas y que se ofrezca reparación plena a las víctimas. Debe respetarse el derecho de apelación y no se debe recurrir a la pena de muerte y ni a ningún otro tipo de pena cruel, inhumana o degradante. Las víctimas y sus familias han de disponer de medios efectivos para obtener una reparación completa por las violaciones de derechos humanos sufridas.

Amnistía Internacional ha recomendado el trabajo conjunto de especialistas jurídicos iraquíes y de otras nacionalidades a fin de evaluar el sistema judicial iraquí, en especial su capacidad para garantizar la celebración de juicios justos, y estudiar las opciones para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos.

Conclusiones y recomendaciones

Tras un año de guerra, desgobierno, creciente violencia y penuria, los iraquíes tienen ante sí un incierto futuro. Para que el año próximo sea mejor que el pasado, las fuerzas ocupantes, el Consejo de Gobierno iraquí, la nueva administración provisional iraquí y la comunidad internacional deben contraer realmente el compromiso de proteger y promover la totalidad de los derechos humanos.

Los sistemas jurídico, judicial y penal de Irak necesitan cambios fundamentales. Los derechos humanos deben ocupar un lugar primordial en todos los esfuerzos por reconstruir Irak. No proteger completamente los derechos humanos en el proceso de cambio equivaldría a traicionar al pueblo iraquí, que tanto ha sufrido hasta ahora.

Amnistía Internacional insta a las Autoridad Provisional de la Coalición, a las fuerzas de la Coalición y al Consejo de Gobierno iraquí a:

· Velar por que los soldados respeten plenamente las normas para hacer cumplir la ley y empleen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad. En concreto, sólo deberán usar armas de fuego si peligran vidas humanas y no existe otro medio para responder a dicho peligro.

· Velar por que la policía iraquí sustituya a los soldados lo antes posible en la función de hacer cumplir la ley, y por que reciba el equipo preciso y formación adecuada, incluso sobre las normas internacionales relativas a dicha función.

· Habilitar un sistema jurídico unificado por el que todos los presuntos delincuentes sean tratados de la misma forma y gocen de todas las salvaguardias que establece el derecho internacional. Los derechos de todos los detenidos deberán respetarse plenamente cualquiera que sea la autoridad responsable de su custodia.

· Aclarar sin demora la suerte y el paradero de todas las personas que se encuentran bajo custodia.

· Modificar el Memorándum núm. 3 de la Autoridad Provisional de la Coalición para garantizar que todos los presuntos delincuentes detenidos comparecen ante una autoridad judicial sin dilación tras su aprehensión, a fin de que se revise la legalidad y necesidad de la detención. El Memorándum debe modificarse para garantizar el derecho de los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a que se informe con prontitud de su detención a su familia.

· Aclarar y hacer públicos los mecanismos disciplinarios y penales de rendición de cuentas aplicables a la Autoridad Provisional de la Coalición y las fuerzas de la Coalición.

· Garantizar que la prohibición de la tortura y de cualquier otra forma de malos tratos es respetada absolutamente por las fuerzas de la Coalición, la policía iraquí y cualesquiera otras fuerzas que participen en la detención de sospechosos.

· Garantizar que todos los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de la Coalición son investigados por un organismo competente, imparcial e independiente, que sea considerado como tal, y que se hacen públicas las conclusiones de las investigaciones.

· Ofrecer reparación, incluida indemnización, a las víctimas o a sus familias.

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fs24 Mejorar las condiciones de detención para que sean acordes con las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.

· Detener inmediatamente toda política de destrucción ilegal de propiedades y castigo colectivo y dejar claro a todas las fuerzas estadounidenses que estas acciones están prohibidas. Todas las familias cuyas viviendas u otros bienes hayan sido destruidos por acciones de este tipo deben ser plenamente indemnizadas.********

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· (1) AP, 3 de febrero de 2004

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· (2) Reuters, 12 de febrero de 2004

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· (3) AFP, 4 de marzo de 2004

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· (4) Guardian, 26 de noviembre 2003

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· (5) AFP y Reuters, 4 de marzo de 2004

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· (6) AFP, 12 de diciembre 2003

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· (7) Agencia y fecha sin aclarar

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· (8) Searching for Yunis – and how many others? International Occupation Watch Centre, David Enders, 28 de noviembre de 2003.

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· (9) Searching for Yunis – and how many others? International Occupation Watch Centre, David Enders, 28 de noviembre de 2003.

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· (10) Union-Tribune, 3 de febrero de 2004, por Rick Rogers

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· (11) LA Times, 12 de noviembre 2003

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· (12) International Press, Edward Wong, 19 de febrero de 2004

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