Documento - Iraq: Matanza y desesperación: Irak, cinco años después

[EMBARGADO HASTA EL 17 de marzo de 2008] Público


Amnistía Internacional


Matanza y desesperación:

Irak, cinco años después




Índice




1 Introducción


Cinco años después de la invasión dirigida por Estados Unidos que derrocó a Sadam Husein, Irak es uno de los países más peligrosos del mundo. La violencia generalizada causa centenares de muertes todos los meses, y un número incontable de personas ven amenazada cada día su vida a causa de la pobreza, los cortes de electricidad y agua, la falta de alimentos y medicinas y la creciente violencia contra las mujeres y las niñas. El odio sectario ha roto familias y vecindades que antes vivían en armonía.


A pesar de la fuerte presencia militar y policial estadounidense e iraquí, la perspectiva de garantizar el orden público sigue siendo lejana. La Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos y el gobierno iraquí, formado por partidos políticos que se vieron beneficiados por la invasión de 2003 o surgieron de ella, no han logrado instituir el Estado de derecho, hacer respetar los derechos humanos, traer paz y seguridad ni poner fin a la impunidad.


Aunque se prometió que la reconstrucción sería rápida tras la invasión, la recuperación económica se ve igualmente lejana. La reconstrucción está siendo sumamente lenta, debido en parte a la violencia, pero también a la mala planificación, la falta de personal cualificado y con experiencia, la corrupción generalizada y la adopción de medidas controvertidas y perjudiciales, como la disolución del ejército iraquí y la política de desbaasificación.1


Gran parte de los fondos de que disponen quienes administran Irak se gastan en seguridad, y para conseguirla se recurre incluso a empresas privadas de seguridad. Apenas se ha destinado nada a los millones de menores, mujeres y hombres que viven en la pobreza en el país. De hecho, en diciembre de 2007 el gobierno iraquí redujo el número de productos incluidos en el sistema de racionamiento de alimentos que se había introducido en 1996 en virtud del programa Petróleo por Alimentos. Hoy día más de dos de cada tres iraquíes no tienen acceso a agua potable en condiciones de seguridad, más de cuatro de cada diez viven con menos de un dólar al día, la mitad de la población activa está sin trabajo y ocho millones de personas necesitan ayuda humanitaria de emergencia para sobrevivir.


Tampoco se ha gastado mucho en servicios que son esenciales para la población iraquí. Debido a ello, los sistemas de salud y educación están prácticamente destruidos, por lo que muchas personas mueren innecesariamente por falta de atención médica y la tasa de analfabetismo infantil está aumentando vertiginosamente.


Aunque se afirma que la situación ha mejorado en los últimos meses en materia de seguridad, desde el punto de vista de los derechos humanos es desastrosa. Los grupos armados, incluidos los que se oponen al gobierno iraquí y a la presencia de la Fuerza Multinacional, así como las milicias de los partidos políticos chiíes, continúan cometiendo secuestros, tortura y homicidios de civiles.


En los últimos cinco años han sido víctimas de homicidio decenas de miles de personas. Algunas de estas muertes han sido asesinatos selectivos, pero la mayoría se han producido a causa de explosiones de bombas o atentados suicidas perpetrados en zonas muy transitadas para causar el mayor número posible de víctimas civiles. Todos los bandos han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Desde principios de 2006, la violencia se ha intensificado y ha adquirido un carácter cada vez más sectario, pues los grupos armados sunníes y chiíes atacan a los adeptos de otras confesiones religiosas y expulsan a las comunidades “enemigas” de zonas que llevaban mucho tiempo siendo mixtas.


A medida que se agudiza la violencia sectaria, comienza a extenderse una catástrofe humanitaria cada vez más profunda. Hay al menos cuatro millones de personas desplazadas, casi el 15 por ciento de la población total, que se calcula que es de 27 millones. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 2 millones de iraquíes viven en Siria y Jordania,2mientras que al menos 2,2 millones están desplazados internamente en Irak y soportan terribles condiciones de vida.3


Hasta ahora, la comunidad internacional no ha abordado adecuadamente la vertiginosa crisis de desplazamiento de Irak. No ha ayudado a los países de acogida a satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, atención de la salud y educación del gran número de iraquíes llegados a ellos, ni ha ofrecido la posibilidad de reasentamiento a los refugiados más vulnerables. Algunos Estados han puesto aún más en peligro la vida de muchos iraquíes al negarse a ofrecerles refugio, reducirles la ayuda o devolverlos a Irak a pesar de los riesgos que corrían allí.


Dentro de Irak no es sólo la violencia sectaria la que se cobra vidas. También mueren iraquíes a manos de la Fuerza Multinacional y las fuerzas de seguridad iraquíes, a menudo por uso excesivo de la fuerza, homicidios deliberados y ataques indiscriminados o desproporcionados. Las empresas privadas de servicios de seguridad y militares extranjeras también matan a iraquíes, y parecen hacerlo con total impunidad.


Alrededor de 60.000 personas detenidas por las fuerzas de seguridad iraquíes y la Fuerza Multinacional se encuentran recluidas sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos son habituales enlas prisiones, los centros de detención y las comisarías de policía dependientes de las fuerzas de seguridad iraquíes. En los últimos meses se han denunciado también violaciones perpetradas por integrantes de las fuerzas iraquíes. Se hace amplio uso de la pena capital desde su reintroducción en 2004, y centenares de personas han sido condenadas a muerte en juicios manifiestamente injustos.


Con el Estado prácticamente desintegrado y los grupos islamistas radicales en auge, las mujeres que no llevan vestidos islámicos son víctimas de amenazas, secuestro y homicidio. A diferencia de lo que ocurría hasta 2003, muchas mujeres iraquíes se sienten ahora obligadas a vestir así, porque temen sufrir agresiones o represalias.


El gobierno iraquí no ha adoptado medidas prácticas frente a las graves y manifiestas violaciones de derechos humanos perpetradas por sus fuerzas de seguridad. No parece haber voluntad seria de investigar debidamente los numerosos casos de homicidio de civiles, tortura, violación y otros abusos que se cometen, ni de llevar a los responsables ante la justicia. El gobierno no ha conseguido controlar a las milicias chiíes, como el Ejército Mahdi, ni impedir la presencia de escuadrones de la muerte en el Ministerio del Interior. El hecho de que el gobierno se haya formado atendiendo a divisiones sectarias tiene graves consecuencias para su eficacia y no augura nada bueno para el futuro.


En la región septentrional de Kurdistán, la situación es más estable y hay mucha menos violencia.4La región ha prosperado económicamente e incluso está viendo crecer la inversión extranjera en algunos sectores. No obstante, los derechos humanos distan mucho de estar protegidos y respetados. No se tolera la disidencia política pacífica. Se practican detenciones arbitrariamente y por desarrollar actividades políticas de oposición. Hay frecuentes denuncias de tortura y malos tratos, y se impone la pena de muerte. Parece estar aumentando el número de mujeres víctimas de delitos cometidos por motivos de “honor”.

2 Antecedentes


El 19 de marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques militares contra Bagdad, dando comienzo a una guerra sostenida de fuerzas de coalición por aire y por tierra. A principios de abril, fuerzas estadounidenses tomaron la ciudad y pusieron fin a los 25 años de gobierno de Sadam Husein, quien fue capturado en diciembre de 2003 y juzgado y ejecutado en 2006. Las fuerzas del Reino Unido asumieron el control del sur del país.


El 1 de mayo de 2003, el presidente de Estados Unidos, George W Bush, anunció el fin de la guerra, y un diplomático estadounidense, Paul Bremer, fue nombrado administrador de Estados Unidos para Irak y jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición. El 8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1546, en la que se declaraba que la ocupación de Irak acabaría el 30 de junio de 2004 y se especificaba que la Fuerza Multinacional, dirigida por Estados Unidos, se quedaría en el país hasta el final de 2005. Desde entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno iraquí han prorrogado cada año la presencia de la Fuerza Multinacional.


Desde el final de junio de 2004, cuando se les transfirió la soberanía, los sucesivos gobiernos iraquíes no han sabido detener la violencia ni establecer una paz duradera. De hecho, ha persistido la intensidad de la violencia, y la población civil sigue siendo la más castigada por un conflicto armado aparentemente interminable y complejo.


Se ignora el número exacto de víctimas civiles que se han producido en Irak desde la invasión dirigida por Estados Unidos de marzo de 2003. Según el mayor y más reciente recuento de muertes de civiles, llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud iraquí y publicado a principios de enero de 2008, entre marzo de 2003 y junio de 2006 fueron víctimas de homicidio 151.000 personas.5El gobierno iraquí, dirigido por el primer ministro Nuri al Maliki, parece aceptar este cálculo. Hasta el final de 2007, las cifras de víctimas civiles publicadas oscilaron entre las 601.027 muertes comunicadas por investigadores estadounidenses en la publicación médica The Lancet en 2006 y las 47.668 registradas por el proyecto Iraq Body Count.6


Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), en 2006 murieron 34.452 personas y millares más resultaron heridas. La mayoría de estos homicidios se debieron a la violencia sectaria, que aumentó acusadamente después del 22 de febrero de 2006, cuando grupos amados volaron la mezquita de Al Askari, importante santuario chií de la ciudad de Samarra. No murió nadie, pero el edificio, incluida su cúpula dorada, sufrió serios daños. Acto seguido se perpetraron ataques contra mezquitas y líderes religiosos sunníes y chiíes, incluidos ataques al azar con morteros y atentados con explosivos que se cobraron miles de vidas. A partir de entonces la violencia sectaria empeoró. Millares de civiles que vivían en barriadas mixtas se vieron obligados a abandonar sus hogares, especialmente en Bagdad. Al parecer, las milicias chiíes responsables de la violencia sectaria pertenecían al Ejército Mahdi, dirigido por el destacado clérigo chií Moqtada al-Sadr, cuyo Movimiento Sadrista tiene 29 escaños en el Consejo de Representantes (Parlamento) iraquí.


A comienzos de 2007, muchos distritos de Bagdad y gran número de localidades del país eran zonas vedadas para las fuerzas del gobierno, pues estaban controladas casi totalmente por grupos armados. Según cálculos del gobierno iraquí, sólo en enero murieron violentamente 1.971 personas.7Esta situación llevó al presidente Bush a preparar una nueva estrategia para Irak, que comportaba el envío de más de 20.000 soldados estadounidenses adicionales a Irak, plan conocido como «surge» (oleada), y el establecimiento de parámetros económicos y políticos, como la celebración de elecciones provinciales en 2007, la elaboración de importantes leyes como la legislación relativa al petróleo y la relajación de la política de desbaasificación. El gobierno estadounidense asignó 1.200 millones de dólares a la reconstrucción y el desarrollo, especialmente a la creación de puestos de trabajo, y el iraquí destinó 10.000 millones de sus propios fondos al proceso de reconstrucción. Las tropas estadounidenses se desplegaron principalmente en Bagdad y sus alrededores y en la provincia de Al Anbar.


A pesar del masivo despliegue militar, la violencia continuó, si bien con menos intensidad que en los años anteriores. Al final de junio de 2007 había alrededor de 28.000 soldados estadounidenses más, con lo que la cifra total superaba los 160.000.


Hay dos factores que han contribuido a la ligera mejora de la situación en materia de seguridad en los últimos meses. En primer lugar, al final de agosto de 2007, Moqtada al-Sadr anunció la paralización de las actividades del Ejército Mahdi durante seis meses. Pidió a sus mandos que cooperaran con las fuerzas de seguridad iraquíes y se autocontrolaran. En febrero de 2008 prorrogó la tregua otros seis meses, pero ello no ha impedido a los miembros del Ejército Mahdi combatir contra otras milicias chiíes, en particular contra sus archirrivales, la Organización Badr, en el sur de Irak, especialmente en Basora, en los últimos meses. Con la retirada de las tropas británicas del centro de esta ciudad al aeropuerto, situado en las afueras, en diciembre de 2007, y dada la falta de capacidad del gobierno iraquí para hacerse con el control de la ciudad, es probable que aumenten los combates entre las milicias que se disputan el dominio de la zona.


En segundo lugar, a partir del final de 2006 las autoridades militares estadounidenses en Irak comenzaron a fomentar el establecimiento de Consejos del Despertar (Majaless al-Sahwa), milicias que aparecieron por primera vez en la gobernación de Al Anbar para combatir contra Al Qaeda y expulsarla del oeste de Irak y a las que armaban y entrenaban la Fuerza Multinacional y las fuerzas iraquíes. Al parecer, sus miembros ganan 300 dólares estadounidenses al mes, mucho más que la mayoría de los iraquíes. Su éxito en Al Anbar hizo que proliferaran en muchas otras zonas. Según informes, hasta 76.000 personas, la inmensa mayoría de ellas musulmanes sunníes, se han unido a los Consejos del Despertar. Parece que las autoridades militares estadounidenses están ejerciendo presión sobre el gobierno chií de Irak para que incorpore estas fuerzas al ejército regular y a la policía, pero el gobierno se muestra reacio a hacerlo.


En el plano político se han hecho pocos progresos, y los intentos de promover la reconciliación entre las diversas comunidades étnicas y religiosas de Irak no han prosperado. Al contrario, tanto el gobierno iraquí como el Consejo de Representantes han visto obstaculizada su labor por el boicot de varios ministros y numerosos miembros del Parlamento que representan a partidos políticos contrarios al actual gobierno.


Los parámetros políticos clave no se han cumplido aún. Entre ellos figuran la aprobación de legislación como un proyecto de ley sobre los hidrocarburos que tiene por objeto distribuir equitativamente entre las distintas regiones los ingresos derivados de las inmensas reservas petroleras del país, la organización de elecciones provinciales y la celebración de un referéndum en Kirkuk para determinar el estatuto definitivo de esta región rica en petróleo. Una comisión establecida al final de 2006 para revisar la Constitución y formular recomendaciones sobre posibles reformas no ha presentado aún al gobierno sus conclusiones debido a desacuerdos entre sus miembros. No se han cumplido dos plazos que se habían fijado, pero se le ha concedido hasta junio de 2008 para que formule sus recomendaciones.


Hasta ahora no se ha ratificado más legislación que la Ley de Rendición de Cuentas y Justicia, que prepara el terreno para que decenas de miles de ex miembros de las bases del Partido Baás reclamen sus puestos de trabajo y pensiones. La Ley se aprobó en enero de 2008 tras meses de debate en el Consejo de Representantes. También al cabo de meses de discusiones, el Consejo aprobó, el 13 de febrero de 2008, una ley de amnistía que cuando se haga efectiva, una vez ratificada por el Consejo Presidencial, dejará en libertad a personas detenidas por motivos políticos, aunque no será aplicable a quienes se encuentran bajo custodia de la Fuerza Multinacional.


La lentitud de los progresos políticos se debe en gran medida a que los principales grupos políticos del Parlamento, que representan principalmente a las comunidades chií, sunní y kurda, se han mostrado poco dispuestos a alcanzar acuerdos, incluso a pesar de la creciente participación de la UNAMI como mediador político. La Resolución 1770 del Consejo de Seguridad, aprobada el 10 de agosto de 2007, autoriza a la misión de la ONU a promover conversaciones políticas entre los grupos étnicos y religiosos del país, así como negociaciones regionales sobre cuestiones relativas a la seguridad en las fronteras, la energía y la crisis humanitaria de Irak.


Las condiciones económicas siguen siendo pésimas para la mayoría de la población iraquí, gran parte de la cual sufre las consecuencias de la falta de alimentos, abrigo, agua y servicios sanitarios, educación, atención de la salud y trabajo. Al final de 2007 se creía que la tasa de paro era de alrededor del 50 por ciento. En un informe publicado por Oxfam en julio de 2007 se afirma que el 70 por ciento de los iraquíes carecen de acceso a agua potable en condiciones de seguridad y que el 43 por ciento viven con menos de un dólar al día.8Asimismo, el informe explica que ocho millones de iraquíes, lo que representa casi un tercio de la población, necesitan ayuda de emergencia. Los niños y las niñas se llevan la peor parte. El porcentaje de menores que sufren malnutrición ascendió del 19 por ciento de la época de las sanciones (1991-2003) al 28 por ciento en 2007.


3 Homicidios cometidos por grupos armados


Los grupos armados de Irak han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre tales grupos figuran:

  • Los grupos nacionalistas e islamistas sunníes que luchan contra las fuerzas dirigidas por Estados Unidos y el gobierno de Irak y que desarrollan sus actividades principalmente en el centro y el noroeste del país.

  • Las milicias chiíes, como el Ejército Mahdi, dirigido por Moqtada al-Sadr, y la Organización Badr, vinculada al Consejo Supremo Islámico Iraquí.9

  • La organización Al Qaeda de Irak, que está formada por islamistas sunníes iraquíes radicales, así como por activistas extranjeros, muchos de ellos de otros países de Oriente Medio y el norte de África.


Muchos de los abusos se han cometido en el contexto de la constante violencia sectaria que estalló a raíz del atentado con explosivos de febrero de 2006 contra la mezquita de Al Askari. Los musulmanes sunníes que vivían en los distritos de Bagdad y otras localidades de población predominantemente chií y los musulmanes chiíes que vivían en barrios sunníes han sido obligados por los grupos armados a abandonar sus hogares en el marco de un proceso que se asemeja a una “limpieza étnica”.


Algunos de los grupos armados, en particular Al Qaeda, han perpetrado también numerosos ataques, como atentados suicidas y con explosivos, en zonas muy transitadas, como mercados, puestos de control o lugares donde la gente hacía cola para comprar alimentos o gasolina. El objetivo era matar al mayor número posible de civiles. Según informes, en los últimos meses Al Qaeda ha reclutado a mujeres que se ofrecen voluntariamente a cometer atentados suicidas con explosivos, y parece que está reclutando también a menores, a los que entrena en campos secretos de adiestramiento de Irak.


Muchas de las víctimas son secuestradas en sus hogares o en la calle por los grupos armados. Días después aparecen sus cadáveres, que han sido arrojados en cualquier parte o llevados por la policía a la morgue. En todos los casos presentan marcas de torturas, que revelan el uso de descargas eléctricas y taladradoras. Algunos periódicos iraquíes informan a diario del descubrimiento de cadáveres sin identificar, la mayoría de ellos mutilados, así como de homicidios perpetrados por grupos armados. Se han dado casos de personas que parecían ricas, incluidos menores, que han sido secuestradas por bandas armadas para pedir rescate. Una vez pagado éste, por lo general han sido puestas en libertad.


Entre los civiles objeto de ataques figuran también miembros de minorías religiosas y étnicas –como los yazidíes, los cristianos, los mandeos-sabeos y los palestinos–,10miembros de asociaciones profesionales –como médicos y jueces– y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, entre ellas periodistas y profesionales del derecho. Los ejemplos que se exponen a continuación ilustran la existencia en los últimos meses de una constante de asesinatos selectivos y ataques en masa contra civiles, incluidas personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.


El 4 de febrero de 2007, unos desconocidos mataron a tiros en un estudio fotográfico de Bagdad a KL,11orfebre mandeo-sabeo de 50 años de edad y padre de seis hijos que se estaba haciendo en ese momento unas fotografías mientras su familia lo esperaba en una sala contigua. Según informes, la familia oyó a los desconocidos entrar en el estudio y efectuar los disparos, tras lo cual comprobó que habían disparado contra él y contra el fotógrafo. KL, que murió en el hospital, le había dicho antes a su esposa que había recibido amenazas por teléfono. El fotógrafo también murió. Tras el homicidio, los familiares de KL recibieron llamadas telefónicas anónimas en las que les advertían de que no lo velaran, pero ellos decidieron hacerlo, hasta que, al segundo día, el 7 de febrero, fue asesinado también a tiros otro mandeo-sabeo amigo del difunto y suspendieron el velatorio. Después de esto la familia de KL huyó de Irak.


El 18 de abril del 2007, al menos 140 personas murieron en el barrio bagdadí de Al Sadiriya, de población predominantemente chií, al explotar un coche bomba en un mercado.


El 12 de mayo de 2007, el Dr. Adib Ibrahim al-Jalabi, médico sunní y destacada figura de la Organización Islámica de Derechos Humanos (Mosul), fue asesinado por unos hombres armados, pertenecientes, al parecer, a Al Qaeda, cuando salía de su clínica en Mosul.


El 3 de junio de 2007, un sacerdote caldeo, el padre Ragheed Ganni, y tres diáconos fueron abatidos a tiros en Mosul. Acababan de salir de la parroquia cuando unos desconocidos los acribillaron a balazos antes de escapar en el automóvil del sacerdote.

El 7 de julio de 2007, alrededor de 150 personas murieron y más de 265 resultaron heridas en un atentado suicida con coche bomba perpetrado en un concurrido mercado de Amerli, remoto pueblo predominantemente turcomano chií de la gobernación de Salahuddin, en el norte de Irak.


Mostafa Ahmad, taxista palestino de 27 años de edad, del barrio bagdadí de Al Baladiyat, se encontraba el 13 de agosto de 2007 en una gasolinera cercana a esta zona cuando fue agredido por unos hombres armados, al parecer pertenecientes al Ejército Mahdi, que se lo llevaron secuestrado y le robaron el automóvil. Dos días más tarde, los secuestradores utilizaron su teléfono móvil para llamar a su familia y decirles que fueran a recoger su cadáver a la morgue. El 16 de agosto, la hermana de Mostafa Ahmad y otra mujer de su familia fueron allí para identificar y recoger el cadáver. Les dijeron que debían presentar una autorización de la policía. Al final lo recogieron el 18 de agosto, tras conseguir la autorización. Un familiar que vio el cadáver dijo a Amnistía Internacional que presentaba marcas de tortura en diferentes partes, incluidos agujeros hechos con una taladradora, y que parecían haberle arrancado los dientes con unos alicates. También tenía seis disparos en la cabeza y la parte superior del cuerpo.


El 14 de agosto de 2007, más de 400 personas, entre ellas muchos niños y niñas, murieron y al menos 300 resultaron heridas en ataques suicidas perpetrados por cuatro individuos que volaron unos depósitos de gasolina en los pueblos de Al Qahtaniya, Al Yazeera y Tal Uzair, situados cerca de la frontera siria y a unos 120 kilómetros de Mosul. Los ataques iban dirigidos contra miembros de la minoría religiosa yazidí.


El 1 de febrero de 2008, dos mujeres perpetraron en Bagdad sendos atentados suicidas con explosivos que mataron a 99 personas, muchas de ellas niños y niñas. El primero tuvo lugar en el popular mercado de animales de compañía de Al Ghazel, en el centro de ciudad, y mató a 62 personas y dejó heridas al menos a 80.12El segundo ocurrió en el sur de Bagdad, también en un mercado de animales de compañía. Nadie se responsabilizó de los atentados, ellospero militares estadounidenses e iraquíes se los atribuyeron a Al Qaeda y dijeron que había indicios de que las dos mujeres tenían discapacidad mental.13


Amnistía Internacional condena sin reservas los ataques directos de grupos armados de Irak contra civiles, así como los ataques indiscriminados, los secuestros, los actos de toma de rehenes y la tortura y otros malos tratos.14Muchos de los actos perpetrados por grupos armados en Irak constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La organización ha pedido en numerosas ocasiones a tales grupos que dejen de atacar a civiles, como dispone el derecho internacional humanitario. El gobierno iraquí tiene el deber de llevar ante la justicia a los responsables de homicidios y otros abusos contra civiles para que sean sometidos a un juicio justo y en el que no se recurra a confesiones obtenidas con tortura ni a la pena de muerte.


  1. Homicidios cometidos por la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos


Las fuerzas estadounidenses han matado a decenas de civiles en los últimos meses. En muchas ocasiones han disparado contra civiles desarmados a los que han considerado una amenaza por acercarse en exceso a un convoy o una patrulla o por aproximarse demasiado deprisa a un control de seguridad. Ya en 2003, Amnistía Internacional expuso casos de este tipo a las autoridades estadounidenses, pero no parece que se hayan hecho nunca los cambios necesarios en las reglas de intervención para impedir que continúen cometiéndose homicidios.


Los militares estadounidenses suelen afirmar que la culpa de que sus fuerzas maten a civiles la tienen los grupos armados, en particular Al Qaeda. Los acusan de lanzar deliberadamente ataques contra la Fuerza Multinacional y las fuerzas iraquíes desde zonas civiles habitadas, donde pueden, por tanto, morir o resultar heridas personas civiles cuando se responde a tales ataques. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha publicado ninguna estadística de víctimas civiles causadas por sus fuerzas. Los casos que se exponen a continuación son algunos ejemplos recientes de tales homicidios.


El 28 de septiembre de 2007, las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra un edificio del barrio predominantemente sunní de Al Saha, en el suroeste de Bagdad. Según funcionarios iraquíes, murieron siete hombres, dos mujeres y cuatro menores que se encontraban durmiendo en el edificio. Tras el incidente, un militar estadounidense dijo a la agencia francesa de noticias AFP lo siguiente: “Lamentamos que se cause daño o se mate a civiles cuando las fuerzas de la coalición exploran para librar a Irak del terrorismo”.15


El 11 de octubre de 2007, un ataque aéreo estadounidense contra un edificio situado cerca del lago Tartar, unos 120 kilómetros al noroeste de Bagdad, mató a seis mujeres y a nueve menores. Un militar estadounidense dijo que los homicidios eran “absolutamente lamentables” y que el ejército estadounidense había abierto una investigación. Añadió: “No atacamos a civiles [...] pero cuando disparan contra nuestras fuerzas, como ocurre habitualmente, no tienen más remedio que disparar también”.16

El 21 de octubre de 2007 se produjeron intensos enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses y miembros armados del Ejército Mahdi en Ciudad al Sadr, en Bagdad. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses hicieron un ataque con helicópteros. Según informes, su objetivo era un hombre sospechoso de haber secuestrado a soldados de la Fuerza Multinacional. La policía iraquí dijo que habían muerto 15 civiles, incluidos dos menores de corta edad, y que otros 52 habían resultado heridos. Una persona que vivía en la zona contó a la agencia de noticias Associated Press que algunas de las víctimas eran vecinos que dormían en ese momento en las azoteas de sus casas debido al calor y a la falta de electricidad.17Un militar estadounidense afirmó que se había formado una comisión de funcionarios estadounidenses e iraquíes para examinar lo ocurrido.


El 2 de febrero de 2008, las fuerzas estadounidense mataron, según informes, a nueve civiles, entre ellos un menor, durante una operación lanzada contra miembros de Al Qaeda en la localidad de Iskandariya, situada unos 60 kilómetros al sur de Bagdad. Otros tres civiles, dos de ellos menores, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital militar estadounidense para que los atendieran. En una declaración enviada por correo electrónico a la agencia de noticias Reuters el 4 de febrero de 2008, el ejército de Estados Unidos en Irak afirmó: “Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las personas muertas en el incidente y lamentamos la pérdida de vidas civiles inocentes”.18No se proporcionaron más datos, pero según información publicada en la prensa, los helicópteros estadounidenses habían disparado por error contra un control de seguridad.


5 Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad iraquíes


Según informes, las fuerzas de seguridad iraquíes, en particular los cuerpos especiales dependientes del Ministerio del Interior, han ejecutado extrajudicialmente a decenas de personas. La información disponible indica que algunos de sus miembros siguen manteniendo estrechos vínculos con las milicias chiíes, en particular con la Organización Badr.19De hecho, muchos de los miembros de estas fuerzas especiales fueron reclutados en las milicias. Se siguen denunciando casos de participación de las fuerzas de seguridad iraquíes en homicidios sectarios.


En octubre de 2006 se retiró de sus funciones a una brigada entera de la policía mientras se investigaba su participación en el secuestro de 26 obreros sunníes el 1 de octubre, al menos 10 de los cuales habían aparecido muertos posteriormente.


El 27 de marzo de 2007, unos hombres armados que llevaban uniforme de la policía mataron a 70 árabes sunníes en Tal ‘Afar, localidad de población mixta sunní y chií, situada cerca de Mosul. Fue una venganza por un atentado suicida cometido previamente por un insurgente sunní, que voló un camión en una transitada zona chií de la ciudad, matando a decenas de civiles. Según informes, los supervivientes del ataque de los hombres armados dijeron que éstos habían sacado a las víctimas de sus casas a rastras y las habían esposado y vendado los ojos antes de disparar contra ellas. Dos días más tarde, el gobierno iraquí admitió la implicación de policías en los homicidios. Al parecer se detuvo brevemente a 13 agentes.20Se ignora si los responsables han sido puestos a disposición de la justicia.



  1. Homicidios cometidos por guardias de empresas privadas de servicios de seguridad y militares


Los guardias armados extranjeros empleados por las empresas privadas de seguridad han matado a decenas de civiles. Hasta hace poco, tales empresas han gozado de inmunidad procesal gracias a la Orden 17, dictada en 2004 por Paul Bremer, ex jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición.


El 16 de septiembre de 2007, 17 civiles iraquíes murieron y 27 más resultaron heridos a causa de disparos efectuados por guardias de la empresa estadounidense de seguridad Blackwater Corporation que escoltaban un convoy del Departamento de Estado de Estados Unidos en un transitado cruce de carreteras del distrito bagdadí de Al Mansour. La empresa afirmó que sus hombres habían disparado en legítima defensa, pero testigos presenciales y el gobierno iraquí explicaron que los guardias habían disparado primero. Tras el incidente, tanto el gobierno de Irak como el Departamento de Estado estadounidense anunciaron que, cada uno por su parte, iban a abrir investigaciones sobre lo ocurrido. En noviembre, los investigadores de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos afirmaron que los disparos contra los iraquíes habían sido injustificados. La empresa prometió exigir responsabilidades a los guardias que hubieran hecho algo indebido.21


En octubre de 2007, el gobierno iraquí introdujo disposiciones legales que revocaban la inmunidad procesal concedida a las empresas privadas de seguridad y hacían posible su procesamiento en aplicación de la legislación iraquí. Asimismo, el gobierno ordenó a la Blackwater Corporation pagar 8 millones de dólares estadounidenses a las familias de las 17 personas muertas en concepto de indemnización, pero en febrero de 2008 no se había llegado aún a ningún acuerdo sobre el pago. Al parecer, las familias de algunas de las personas muertas o heridas en el suceso de septiembre de 2007 han entablado un pleito contra la empresa de seguridad en Washington.


El 9 de octubre de 2007, dos mujeres iraquíes, Marou Awanis, de 48 años, y Geneva Jalal, de 30, resultaron muertas en Karrada, Bagdad, al disparar unos empleados de la empresa de seguridad de administración australiana Unity Resources contra el automóvil en el que viajaban. Dos menores que ocupaban los asientos traseros sobrevivieron.22Al parecer, la empresa admitió los homicidios y pidió disculpas a las autoridades iraquíes. Según informes, un alto cargo del Ministerio del Interior dijo: “[Unity Resources] ha admitido lo que ha hecho. […] Se ha disculpado y ha dicho que hará todo lo que le pida el Ministerio del Interior”.23Parece que tanto éste como la empresa abrieron investigaciones sobre lo ocurrido.


El 10 de noviembre de 2007, unos guardias contratados por la empresa estadounidense DynCorp International para proteger a diplomáticos de Estados Unidos mataron a un taxista en el barrio de Al ’Atifya, en Bagdad. Según informes, le hicieron señales para que adelantara al convoy, pero cuando se acercó a él uno de los guardias disparó contra su vehículo. El taxista recibió sendos tiros en el pecho y en la cabeza y murió cuando la policía lo llevaba al hospital. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo entonces que DynCorp estaba colaborando con el Ministerio del Interior iraquí para investigar los disparos.24


  1. Desplazamiento de millones de personas de sus hogares


La violencia sectaria ha obligado a millones de iraquíes a abandonar sus hogares, creando una crisis de desplazamiento que se ha convertido en uno de los peores desastres humanitarios del mundo en los últimos años. Según el ACNUR, hay ya alrededor de 4,2 millones de personas desplazadas. De ellas, 2,2 millones están desplazadas internamente, y más de 2 millones han buscado refugio fuera de Irak.25La inmensa mayoría de las que se han visto obligadas a abandonar el país han ido a Siria (alrededor de 1,4 millones) o a Jordania (alrededor de 0,5 millones). Estos dos países se esfuerzan por hacer frente a la afluencia masiva de refugiados, que somete a considerable presión sus infraestructuras y recursos económicos, especialmente en los sectores de la salud y la educación.26Ambos han recibido muy poco de lo que más necesitan –a saber, ayuda económica–, incluso de países que se lo habían prometido –por ejemplo, en la conferencia internacional sobre los refugiados iraquíes celebrada en Ginebra en abril de 2007 bajo los auspicios del ACNUR–.


Dada la poca ayuda que les ha prestado la comunidad internacional, las autoridades sirias y jordanas han impuesto estrictas condiciones para la concesión de visados a los ciudadanos iraquíes. En Siria, un decreto que entró en vigor el 10 de septiembre de 2007 prohíbe entrar en el país a quienes tengan pasaporte iraquí, salvo si son empresarios o universitarios.27Ese mismo mes, el gobierno jordano dijo que iba a establecer también requisitos para la obtención de visados a los iraquíes que quisieran entrar en el país, aunque no especificó cuándo. De todos modos, en la práctica las autoridades jordanas habían establecido ya estrictas condiciones para la entrada de iraquíes al país tras los atentados suicidas con explosivos perpetrados por ciudadanos iraquíes contra hoteles de Ammán a finales de 2005. Así, a los hombres iraquíes de entre 18 y 45 años se les impide a menudo la entrada en Jordania. Estas nuevas restricciones no han hecho más que cerrar las últimas vías de salida a los iraquíes que necesitan refugio para huir de la violencia en su país.


La mayoría de los iraquíes que viven, no sólo en Siria y Jordania, sino también en otros países de la región, sufren grandes dificultades económicas, debido principalmente a que no se les permite trabajar y están expuestos a que los detengan y los expulsen por continuar allí tras haberles caducado el visado. En los últimos meses de 2007, un creciente número de iraquíes que vivían en Siria regresaron a Irak porque habían gastado ya todos sus ahorros y su situación se había vuelto desesperada.28Según informes, se animaron también a hacerlo porque se había producido una ligera mejora de la situación en materia de seguridad, principalmente en Bagdad. Sin embargo, muchos de los que regresaron encontraron sus hogares ocupados por otras personas y acabaron convertidos en desplazados internos. El 6 de febrero de 2008, el ACNUR advirtió que, una vez más, el número de iraquíes que salían del país para buscar refugio en Siria era mayor que el de los que regresaban,29y agregó que a finales de enero de 2008 huían cada día a Siria 1.200 iraquíes por término medio, frente a los alrededor de 700 que regresaban.30El ACNUR ha señalado públicamente que no cree que se pueda todavía promover, organizar y fomentar los retornos.


Hay alrededor de 50.000 iraquíes en Líbano, y su situación es incierta. La mayoría viven allí sin que se haya reconocido legalmente su condición, por lo que corren un gran riesgo de ser detenidos y encarcelados. Según el ACNUR, en diciembre de 2007 había al menos 536 iraquíes detenidos, en su mayoría por haber entrado al país ilegalmente o por continuar en él pese a haberles caducado el visado. Al parecer, la mayoría de los iraquíes detenidos regresan a Irak porque sólo así pueden conseguir que los dejen en libertad.31


Dentro de Irak, en muchas zonas las condiciones de vida de las personas desplazadas se han deteriorado considerablemente debido a la falta de alimentos, agua limpia, abrigo, combustible, electricidad y servicios de salud adecuados. Muchos menores no van a la escuela. La mayoría de las gobernaciones cierran sus fronteras a quienes llegan a ellas huyendo de otras provincias. El desplazamiento ha exacerbado también las divisiones sectarias. Los chiíes que huyen de la violencia en el centro de Irak tienden a dirigirse al sur, de población predominantemente chií, mientras que los sunníes suelen huir del sur y de Bagdad y se dirigen al oeste, en particular a Al Anbar, y al noroeste, a los alrededores de Mosul. Muchos cristianos del sur y del centro de Irak se han trasladado al norte, en especial a Mosul y a la región de Kurdistán.


La comunidad internacional no ha respondido adecuadamente a la magnitud de la crisis de desplazamiento de Irak, pues ni ha prestado la ayuda económica, técnica o material necesaria ni ha ofrecido programas rápidos y generosos de reasentamiento en terceros países para refugiados iraquíes vulnerables. La situación cada vez más desesperada en que se encuentran desde el punto de vista humanitario los iraquíes desplazados dentro y fuera del país no ha recibido la debida atención, ni siquiera por parte de Estados cuya intervención militar en Irak ha contribuido a crear la situación de la que millones de personas han huido.


Los gobiernos han hablado mucho de las necesidades de los iraquíes desplazados, pero en la práctica el reconocimiento de su obligación de compartir la responsabilidad de apoyarlos y de su compromiso constante con este apoyo no se ha traducido en medidas de la magnitud necesaria para abordar la crisis. Al contrario, la mayoría de los países occidentales continúan cerrando sin ningún reparo sus puertas a los solicitantes de asilo iraquíes. Estos Estados no reconocen las necesidades de protección de los iraquíes, les retiran la ayuda para obligarlos a marcharse y, en algunos casos, los devuelven a Irak Hasta la fecha, las nobles promesas que tantos países hicieron en la conferencia de Ginebra de abril de 2007, cuando hablaron de compartir la responsabilidad de la crisis, no se han cumplido.32


Ningún Estado está autorizado a devolver a una persona a un país donde se halle expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Este principio de no devolución (non-refoulement) es una norma consuetudinaria de derecho internacional, vinculante para todos los Estados. Implica no sólo la obligación de no expulsar a la persona si está ya en el territorio del Estado en cuestión, sino también la prohibición de negarle la entrada a él si la solicita. El principio de no devolución se halla recogido también en tratados de la ONU como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Así, el artículo 3 de esta última dispone: “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.


8 Detención sin cargos ni juicio


Desde la invasión de Irak en marzo de 2003, la Fuerza Multinacional y las fuerzas iraquíes han detenido a decenas de miles de personas. La mayoría de las que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Multinacional son personas detenidas por razones de seguridad, que se hallan recluidas sin cargos ni juicio y sin derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un órgano judicial. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en noviembre de 2007 había alrededor de 60.000 personas bajo custodia de la Fuerza Multinacional y las fuerzas de seguridad iraquíes.33


En febrero de 2008, el ejército estadounidense manifestó que había 23.900 personas bajo custodia de la Fuerza Multinacional: 3.500 en Camp Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad, y 20.400 en Camp Bucca, cerca de Basora, en el sur del país. Entre estas personas hay 300 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de países árabes, y 620 menores. El detenido de mayor edad tiene, al parecer, 80 años, y el más joven, 10.34En enero de 2007, el ejército británico tenía recluidas en el sur a 117 personas, pero en diciembre de ese año ya habían sido puestas en libertad la gran mayoría de ellas y había sólo cinco personas detenidas por motivos de seguridad.


La Fuerza Multinacional afirma que la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en junio de 2004, la autoriza a mantener a personas recluidas en Irak. La resolución prevé “la internación, cuando sea necesaria por razones imperativas de seguridad”. Asimismo, la reclusión está regulada por el Memorándum No. 3 (revisado) de la Autoridad Provisional de la Coalición, de junio de 2004, que especifica el proceso de detención y reclusión de presuntos delincuentes, así como los procedimientos relativos a las personas detenidas por razones de seguridad y bajo custodia de la Fuerza Multinacional con posterioridad a junio de 2004. El Memorándum dispone que toda persona que lleve más de 72 horas recluida tiene derecho a que se revise la decisión de recluirla en un plazo de siete días y, posteriormente, en intervalos de seis meses como máximo.35Estos procedimientos privan a los detenidos de derechos humanos garantizados por las normas internacionales de derechos humanos. No hay ningún límite para la duración de la reclusión de las personas detenidas por motivos de seguridad, que tampoco tienen derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.36


Hasta 35.000 personas se encuentran recluidas en prisiones y centros de detención dependientes de las autoridades iraquíes, donde la tortura y otros malos tratos son prácticas generalizadas. De acuerdo con la legislación iraquí, la persona detenida debe ser llevada ante un juez de instrucción en el plazo de 24 horas a partir de su detención.37Sin embargo, en la práctica muchas personas pasan meses recluidas antes de comparecer ante el juez.


La mayoría de las personas que se encuentran actualmente recluidas en Irak son musulmanes sunníes de las zonas de población predominantemente sunníes del país, a los que se ha detenido como sospechosos de ser insurgentes o de prestar apoyo y ayuda a grupos insurgentes. Muchas de ellas se hallan recluidas simplemente porque se las detuvo por error sólo porque eran sunníes. Según el ejército estadounidense, el 80 por ciento de las personas bajo custodia de la Fuerza Multinacional son sunníes.38


Entre las personas bajo custodia de la Fuerza Multinacional se encuentra Mu’tassim al-’Ani, de 51 años, casado y con cinco hijos, que era jefe del departamento farmacéutico del hospital universitario de Al Yarmook de Bagdad. Fue detenido en su casa el 20 de mayo de 2007, por soldados estadounidenses que irrumpieron en la vivienda y la registraron. Uno de los soldados le dijo a su esposa que se lo llevaban para hacerle unas preguntas y no tardaría en volver. Lo llevaron a Camp Cropper. La esposa de Mu’tassim al-’Ani ha explicado a Amnistía Internacional que no se sabe por qué está todavía detenido. Al día siguiente de la detención, fue a preguntar por él a Camp Cropper, pero no le permitieron verlo, sino que le dieron una cita para principios de agosto de 2007. Esperó hasta entonces, pero cuando volvió le dijeron que su esposo había sido trasladado a Camp Bucca, cerca de Basora, el 23 de julio. La mujer fue entonces allí, pero las autoridades de la prisión le dijeron que no podía verlo porque no tenía cita. Le dieron una para el 8 de diciembre. Ese día pudo por fin verlo, por primera vez en más de seis meses. Mu’tassim al-’Ani le dijo que nadie le había aclarado por qué estaba aún detenido y que no tenía acceso a un abogado. La mujer ha contado a Amnistía Internacional que desde la detención de su esposo hasta que lo visitó por primera vez no tuvieron ningún contacto. Dice que le mandó cuatro cartas a través del CICR, pero que no las recibió.


Algunas personas han sido puestas en libertad sin que se les haya explicado por qué fueron detenidas ni por qué las han dejado libres. Tampoco les han pedido disculpas ni les han ofrecido ninguna reparación por los meses pasados en prisión.


Otras personas llevan casi cinco años recluidas. Entre ellas figura Tariq ‘Aziz, ministro de Asuntos Exteriores de Sadam Husein, que se encuentra recluido en Camp Cropper desde que se entregó, el 24 de abril de 2003. No se han presentado formalmente cargos contra él ni ha sido juzgado, y al parecer tiene problemas graves de salud.


Según el gobierno iraquí, en 2007 fueron puestas en libertad hasta 7.000 personas. Sin embargo, a lo largo del año la prensa iraquí informó a diario de detenciones de “sospechosos”, practicadas a veces en gran escala. Las personas liberadas tuvieron que firmar un documento en el que se comprometían a no amenazar la seguridad y que convencer a un familiar de que firmara también para avalar su buena conducta.


El 13 de febrero de 2008, el Consejo de Representantes aprobó una ley que parece conceder una amnistía general a millares de personas actualmente recluidas. Entrará en vigor cuando la ratifique el Consejo Presidencial. En el momento de redactar el presente informe, Amnistía Internacional no tenía más información sobre esta ley.


Amnistía Internacional considera que el sistema de reclusión de personas por motivos de seguridad aplicado por la Fuerza Multinacional en Irak es arbitrario y viola derechos humanos fundamentales. Todas las personas recluidas, también las detenidas por motivos de seguridad, están protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irak y por Estados Unidos y cuyo artículo 9 dispone que nadie podrá ser sometido a detención arbitraria ni podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Las personas detenidas deben tener además acceso a un tribunal facultado para determinar sin demora la legalidad de su detención y ordenar que sean puestas en libertad si la detención es ilegal. Estos requisitos se aplican a “toda persona detenida o presa” y, por consiguiente, son plenamente aplicables en el caso de las que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Multinacional.


9 Tortura y otros malos tratos a personas detenidas


A pesar de haber adoptado las autoridades estadounidenses varias medidas para proteger a los detenidos tras el terrible escándalo de la prisión de Abu Ghraib, siguen denunciándose torturas y otros malos tratos infligidos por miembros de la Fuerza Multinacional, si bien en menor escala que antes de 2004. Personas que han estado detenidas en Camp Bucca, donde las condiciones son extremadamente duras, han contado que fueron torturadas o maltratadas por guardias estadounidenses. Al parecer, éstos utilizaban armas paralizantes, entre otras cosas, y sometían a los detenidos a calor y frió extremos durante largos periodos.39Un testigo presencial ha contado a Amnistía Internacional que, en noviembre de 2005, un guardia estadounidense de Camp Bucca utilizó un arma paralizante contra dos detenidos que esperaban a ser llevados en un vehículo a una cita médica dentro del centro de detención. Uno de ellos recibió descargas eléctricas en el brazo, y el otro, en el abdomen.40


En las prisiones, los centros de detención y las comisarías de policía dependientes de las fuerzas de seguridad iraquíes, la tortura y otros malos tratos a detenidos, incluso a menores, son prácticas generalizadas. Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre detenidos, especialmente personas sospechosas de participar en actividades de la insurgencia, sometidos a tortura por las fuerzas de seguridad iraquíes, en particular por los cuerpos especiales del Ministerio del Interior. Hasta 35.000 personas se encuentran recluidas en condiciones inhumanas y de hacinamiento extremo, en muchos casos sin acceso a un abogado, en prisiones, comisarías y centros de detención administrados por el gobierno iraquí.


Amnistía Internacional continúa instando a las autoridades militares estadounidenses en Irak a que no transfieran la custodia de ninguna persona detenida a las autoridades iraquíes porque podría sufrir tortura. Al final de 2005, el ex jefe adjunto de las operaciones de la Fuerza Multinacional relacionadas con detenidos, general Gardner, prometió que no se transferiría a las autoridades iraquíes a ninguna persona bajo custodia de la Fuerza Multinacional hasta que se establecieran las salvaguardias necesarias para garantizar su seguridad bajo custodia iraquí.


El 30 de mayo de 2006, un equipo conjunto iraquí y de la Fuerza Multinacional inspeccionó unas instalaciones de detención del centro de Bagdad conocidas como Site 4, donde había 1.431 personas bajo custodia del Ministerio del Interior. La inspección determinó que los detenidos habían sido sometidos sistemáticamente a abusos, que en algunos casos constituían tortura, y se hallaban recluidos en condiciones de hacinamiento, poco seguras e insalubres. En noviembre de 2006, el ministro del Interior anunció que se habían dictado órdenes de detención contra 57 empleados, incluido un general de la policía, en relación con los abusos. Sin embargo, según la UNAMI, de los 57 miembros del personal identificados sólo un funcionario se hallaba bajo custodia al final de marzo de 2007.41


El 4 de marzo de 2007, tropas británicas y fuerzas especiales iraquíes asaltaron la sede de una agencia de inteligencia del gobierno iraquí en Basora tras comunicárseles, según informes, que ese lugar se estaba utilizando para infligir tortura. Encontraron recluidas allí a 30 personas, algunas de las cuales presentaban, según los informes, signos de tortura.42


En 2007, varias personas que habían estado recluidas en centros de detención preventiva del Ministerio del Interior, incluidas comisarías de policía, contaron al personal de la UNAMI en Irak que las habían torturado con métodos como golpearlas de manera habitual con mangueras, cables y otros objetos; colgarlas de las extremidades en posturas forzadas y dolorosas durante largos periodos, lo que producía a veces dislocación de articulaciones; aplicarles descargas eléctricas en partes especialmente sensibles del cuerpo; provocarles fracturas de las extremidades; obligarlas a sentase sobre objetos punzantes, y causarles lesiones graves.43

En octubre de 2007, un grupo iraquí de derechos humanos, la Asociación de Presos por la Justicia, manifestó que había entrevistado a cinco menores de entre 13 y 17 años que aseguraban haber sido torturados estando detenidos por su presunto apoyo a los insurgentes y las milicias. Todos ellos “mostraban signos de tortura en el cuerpo. Tenían marcas de quemaduras de cigarrillos en las piernas, y uno no podía hablar, porque las sesiones de electrochoque le habían afectado al habla”.44


De acuerdo con los tratados de derechos humanos que Irak ha ratificado, las autoridades iraquíes tienen el deber de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción están protegidas contra la tortura y otras formas de malos tratos. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, el gobierno iraquí está obligado a investigar todas las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad, a poner a los presuntos responsables a disposición de la justicia y a proporcionar plena reparación a las víctimas. En los procedimientos entablados contra personas detenidas no debe utilizarse ninguna prueba obtenida con tortura.

Irak no es parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo que le convierte en uno de los poquísimos Estados de la región que no la ha ratificado. El 9 de diciembre de 2007, el representante especial de ONU en Irak, Steffan De Mistura, instó al gobierno iraquí a ratificarla en 2008, señalando que de este modo transmitiría claramente el mensaje de que los países democráticos pueden conseguir estabilidad y combatir el terrorismo y respetar los derechos humanos.45El gobierno iraquí invitó al relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura a visitar el país a principios de 2008. En febrero de 2008, la fecha de la visita aún no se había hecho pública.


Aunque Irak no sea Estado Parte en la Convención contra la Tortura, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos se considera parte del derecho consuetudinario, vinculante para todos los Estados y de obligado cumplimiento en todo momento, incluso en tiempos de emergencia o de guerra. El derecho internacional humanitario, que Irak está obligado a respetar, también contiene disposiciones que prohíben expresamente la tortura y otros malos tratos en los conflictos armados tanto internacionales como de carácter no internacional.


10 Pena de muerte y juicios injustos


El gobierno iraquí restableció el 8 de agosto de 2004 la pena de muerte, cuyo uso había suspendido el 10 de junio de 2003 el entonces administrador de Estados Unidos para Irak, Paul Bremer. Actualmente se aplica por una amplia variedad de delitos, entre los que figuran el asesinato premeditado, las actividades contra la seguridad interna del Estado, los ataques a medios de transporte que causen víctimas mortales, el intento de derrocar al gobierno por medios violentos y los daños a bienes públicos.46


Desde el restablecimiento de la pena capital se ha condenado a muerte a centenares de personas y se ha ejecutado a decenas. Sólo en 2007 Amnistía Internacional tuvo noticia de al menos 199 condenas de muerte, entre ellas dos impuestas a mujeres, y de al menos 33 ejecuciones. La verdadera cifra pudo ser aún mayor, ya que los medios de comunicación no informan sistemáticamente de las condenas de muerte. En 2006 se ejecutó al menos a 65 personas.


El gobierno iraquí sostuvo entonces que con la reintroducción de la pena capital se pondría freno a la violencia generalizada en el país. Sin embargo, lo cierto es que la violencia no ha cedido y que la pena de muerte no ha servido como método de disuasión. En marzo de 2007, el ministro iraquí de Derechos Humanos dijo lo siguiente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “En estos momentos estamos trabajando con el fin de preparar el terreno para eliminar la pena capital en Irak, tras restringirla en la mayor medida posible”.47


Hasta ahora, la gran mayoría de las condenas de muerte las ha impuesto el Tribunal Penal Central de Irak en Bagdad y en las gobernaciones. Los juicios ante este tribunal incumplen continuamente las normas internacionales de justicia procesal. Es habitual que los acusados denuncien que sus “confesiones” han sido obtenidas con tortura y que no han podido elegir a su abogado.


Los juicios ante el Alto Tribunal Penal Iraquí, que se estableció para juzgar a los funcionarios del anterior régimen baás, tampoco cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Sus procedimientos se ven menoscabados por injerencias políticas, así como por la falta de medidas para garantizar la seguridad de los abogados defensores, testigos y demás partes. Durante el juicio de Sadam Husein, la injerencia del gobierno hizo dimitir a un juez y bloqueó el nombramiento de otro.


Los grupos armados han matado a varios abogados, jueces y fiscales. Por ejemplo, el 21 de junio de 2006, unos hombres armados, pertenecientes, se cree, al Ejército Mahdi, secuestraron y mataron a Khamis al-’Obeidi, uno de los abogados defensores de Sadam Husein, cerca del distrito bagdadí de Al Adhamiya.


La falta de las debidas garantías en los juicios ante el Alto Tribunal Penal Iraquí y la naturaleza inhumana de la pena de muerte quedaron ilustradas en el juicio y ejecución del ex presidente iraquí y tres de las personas acusadas junto con él. Sadam Husein fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. En su juicio se produjeron graves irregularidades, pues se le negó, por ejemplo, el acceso a un abogado durante el primer año de su detención, y en el juicio y el proceso de apelación hubo reiteradas injerencias políticas. Junto con siete ex autoridades, fue juzgado por violaciones de derechos humanos relacionadas con el homicidio de 148 personas del pueblo predominantemente chií de Al Duyail tras un intento de asesinato que sufrió en 1982. Sadam Husein, su hermanastro y ex jefe de los servicios de información Barzan Ibrahim al-Tikriti, y ‘Awad Hamad al-Bandar, ex presidente del Tribunal Revolucionario, fueron declarados culpables de crímenes de lesa humanidad y condenados a muerte en noviembre de 2006. La Sala de Apelaciones confirmó las condenas el 26 de diciembre de 2006.


Todo el proceso de apelación se llevó a cabo apresuradamente y sin rectificar ninguna de las irregularidades del juicio. No parece que fuera más que un trámite necesario para confirmar la sentencia. La Sala de Apelaciones ordenó al Alto Tribunal que reconsiderara la condena de cadena perpetua impuesta al ex vicepresidente Taha Yassin Ramadhan porque le parecía demasiado leve. Barzan Ibrahim al-Tikriti y ‘Awad Hamad al-Bandar fueron ejecutados el 15 de enero de 2007, y Taha Yassin Ramadhan, el 20 de marzo, tras haber cambiado el Alto Tribunal su cadena perpetua por la pena de muerte. Según informes, un guardia grabó la ejecución de Sadam Husein con un teléfono móvil, y las imágenes de los últimos momentos del ex presidente se difundieron en Internet. Mostraban a los guardias burlándose de él e insultándolo mientras lo llevaban apresuradamente a la horca. La ejecución de Barzan Ibrahim al-Tikriti y ‘Awad Hamad al-Bandar también fue grabada y publicada en Internet. Las imágenes mostraban la cabeza cortada del primero a cierta distancia del resto del cuerpo. El modo en que se llevaron a cabo estas ejecuciones provocó la condena internacional generalizada.


Amnistía Internacional se opone a la pena capital en todas las circunstancias por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte no es efectiva como método de disuasión de la violencia y el crimen, como la continua crisis de Irak pone de manifiesto. Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones al gobierno iraquí que declaré de inmediato la suspensión de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó un llamamiento en favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Irak fue uno de los 54 países que votaron en contra de esta innovadora resolución, que apoyaron, en cambio, 104 países.


11 Violencia contra las mujeres y las niñas


El 4 de noviembre de 2007, unos hombres armados entraron en la escuela de Al Mustaqbal, en el distrito bagdadí de Sayyidia, y mataron a la directora, Iman Hussain, disparando contra ella. El mismo día y en el mismo distrito, unos hombres armados dispararon contra Bushra ‘Abd al-Hur, directora de la escuela de Um Qasr, delante del alumnado. En este caso, la víctima sobrevivió, pero con lesiones en una pierna. El 15 de noviembre de 2007, Su’ad Kukaz Wali se dirigía caminando a un centro de enseñanza secundaria para niñas del distrito de Al Kadhimya, en Bagdad del que era directora cuando unos hombres armados la mataron disparando contra ella desde un automóvil.


La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado espectacularmente en los últimos cinco años. Muchas han tenido que dejar de ir al trabajo o a la escuela por temor a que las maten, y otras han huido del país.


En la mayoría de las gobernaciones, las mujeres reciben amenazas de grupos armados, que les dicen que irán contra ellas si no observan un estricto código indumentario islámico. Asimismo, las mujeres y las niñas se exponen a ser violadas por integrantes de grupos armados o de las fuerzas de seguridad iraquíes. La violencia en el ámbito familiar y los homicidios por motivos de “honor” también van en aumento. Una encuesta de la OMS realizada entre 2006 y 2007 en Irak reveló que el 21,2 por ciento de las mujeres iraquíes habían sufrido violencia física. Había acusadas diferencias entre Kurdistán y el resto de Irak. En el centro y el sur del país, el 22,7 por ciento de las mujeres afirmaban haber sufrido al menos una forma de agresión física, mientras que en Kurdistán el porcentaje era del 10,9.48

La violencia sectaria ha obligado a algunas mujeres a casarse con hombre de su propia secta. En algunos casos, sus familiares las han obligado a divorciarse porque su esposo era de otra secta.


En Basora, las milicias chiíes que se disputaban el control de la ciudad mataron a decenas de mujeres en 2007. Según el jefe de la policía local, general ‘Abdul-Jalil Khalaf, ésta a menudo no se atreve a investigar los homicidios, y los familiares de las víctimas son reacios a denunciarlos por temor al escándalo o simplemente porque no creen que la policía vaya a investigarlos.49


A mediados de febrero de 2007, cuatro soldados iraquíes violaron, al parecer, a una mujer de 40 años, perteneciente a la minoría turcomana de Irak, casada y con hijos, en Tal ’Afar, cerca de Mosul. Un mando militar iraquí manifestó que los líderes tribales habían denunciado que un grupo de soldados habían entrado en la casa de la mujer y la habían violado. Añadió que los cuatro hombres habían confesado la violación y que había “enviado a los soldados a la Magistratura para su procesamiento”.50Amnistía Internacional no dispone de ninguna información que indique que los violadores han sido puestos realmente a disposición judicial. El clima de impunidad imperante en Irak revela que este tipo de declaraciones de las autoridades iraquíes tienen que ser tratadas con cautela.


Alrededor del 7 de abril de 2007, una chica yazidí de 17 años, Du’a Khalil Aswad, condenada por un delito en contra del “honor”, murió lapidada ante una gran multitud en la localidad de Bashika, cerca de Mosul. La mataron ocho o nueve hombres yazidíes, entre los que había familiares suyos, porque creían que mantenía una relación con un joven sunní. Su muerte por lapidación, que duró 30 minutos, se grabó en video y se distribuyó después ampliamente, incluso por Internet. Las imágenes revelan que había miembros de las fuerzas locales de seguridad presentes y no hicieron nada.51El 1 de mayo, el Gobierno Regional de Kurdistán condenó públicamente la lapidación. Señaló que el homicidio por motivos de “honor” de Du’a Khalil Aswad había tenido lugar en la zona administrada por el gobierno iraquí, no por el Gobierno Regional de Kurdistán, y pidió que se llevara a los responsables ante la justicia. El gobierno iraquí dijo que había abierto una investigación sobre lo ocurrido, pero en febrero de 2008 no se habían hecho públicos los resultados.


Irak es Estado Parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en virtud de la cual el gobierno tiene el deber de proteger a las mujeres de las violaciones de derechos humanos cometidas no sólo por agentes del Estado, sino también por grupos armados u otros agentes no estatales. Asimismo, el gobierno debe reformar toda legislación que discrimine a las mujeres, como las disposiciones del Código Penal iraquí que permiten imponer penas leves en el caso de los homicidios por motivos de “honor”. Amnistía Internacional ha instado en numerosas ocasiones al gobierno iraquí a que brinde mayor protección a las mujeres y las niñas y revise la actual legislación del país que las discrimina.52


12 Impunidad


En los últimos cinco años, las fuerzas de seguridad iraquíes han cometido graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios de civiles y tortura y otros malos tratos. El gobierno ha anunciado investigaciones sobre casos específicos en muchas ocasiones, pero, de acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, los resultados de tales investigaciones, si es que se han realizado realmente, no se han revelado. Debido a ello, el temor de que las fuerzas de seguridad puedan cometer y cometan graves violaciones de derechos humanos con impunidad ha aumentado.


Por ejemplo, no se han hecho públicos los resultados de las investigaciones abiertas en 2005 sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en un centro de detención del Ministerio del Interior en el distrito bagdadí de Al Yadiriya. Según informes, fuerzas militares estadounidenses encontraron allí al menos a 168 personas recluidas en condiciones espantosas y muchas de las cuales habían sido torturadas. El gobierno iraquí dijo que iba a iniciar una investigación, pero aún no se han dado a conocer los resultados.


En julio de 2006, un periódico estadounidense publicó información según la cual el Ministerio del Interior iraquí había realizado investigaciones que habían sacado a la luz más de 400 casos de conducta policial indebida, que incluían actos como “violación de presas, liberación de presuntos terroristas a cambio de dinero, asesinato de agentes de policía y participación en atentados con explosivos de insurgentes”. Según el periódico, la mayoría de los agentes implicados no habían recibido ningún castigo.53


Los miembros de la Fuerza Multinacional también han cometido graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos. En algunos casos se han realizado investigaciones y se han presentado cargos contra soldados. Se ha procesado a algunos militares estadounidenses por abusos cometidos en Irak, pero también ha habido casos en los que se han retirado o reducido los cargos contra ellos. Cuando ha ocurrido esto, las investigaciones corrían a cargo del ejército y no eran independientes. En varios casos se han intentado encubrir violaciones específicas.


El 19 de noviembre de 2005, militares estadounidenses mataron a 24 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, en Haditha, localidad situada al noroeste de Bagdad. Fue una matanza llevada a cabo como represalia por la muerte allí, ese mismo día, de un militar estadounidense, el soldado de primera clase Miguel Terrazas, por la explosión de una bomba colocada al borde de la carretera. Al día siguiente, el ejército estadounidense hizo la siguiente declaración: “Ayer murieron en Haditha un marine estadounidense y 15 civiles al estallar una bomba al borde de una carretera. Inmediatamente después de la explosión, hombres armados atacaron el convoy con armas de fuego pequeñas. Los soldados del ejército iraquí y los marines respondieron a los disparos, matando a ocho insurgentes e hiriendo a otro”.54


Al día siguiente de la matanza, un periodista iraquí filmó imágenes de cadáveres de mujeres, niños y niñas a quienes, según informes, habían matado en sus propias casas. Al verlas, la organización iraquí de derechos humanos Hammourabi decidió investigar lo sucedido. En enero de 2006 se enviaron las conclusiones a la revista Time, la cual remitió las imágenes a las autoridades militares estadounidenses antes de publicar un artículo el 19 de marzo de 2006. Las autoridades militares estadounidenses abrieron una investigación, como resultado de la cual se modificó la versión oficial de lo ocurrido, que pasó a ser: “Tras estallar la bomba al borde de la carretera, los marines mataron accidentalmente a los 15 civiles durante un tiroteo con los insurgentes”.55Sin embargo, el mando estadounidense en Irak inició una investigación penal, dirigida por el Servicio de Investigaciones Criminales de la Marina.


Los testigos presenciales contaron otra versión de lo sucedido. Una niña de 12 años dijo que ella estaba en una de las tres casas donde habían entrado los soldados, en la que habían matado deliberadamente a ocho miembros de su familia, incluidos cinco hermanos suyos de entre 2 y 14 años.56En la segunda casa mataron a siete personas, una de ellas menor de edad. En la tercera, al parecer obligaron a cuatro hermanos a meterse en un armario antes de disparar contra ellos.


Como resultado de las investigaciones se presentaron cargos contra ocho marines. Posteriormente se retiraron los formulados contra cuatro de ellos, y se mantuvo contra otros dos la acusación de intentar encubrir o no investigar debidamente las muertes, y contra los dos restantes la de homicidio sin premeditación.57Está previsto que los cuatro acusados sean juzgados ante un tribunal militar en los próximos meses.


En marzo de 2007 se absolvió a siete militares británicos destacados en Basora contra los que se había formado consejo de guerra. El juicio había comenzado en septiembre de 2006 en el Reino Unido, por presuntas torturas y otros malos tratos infligidos a detenidos en Irak. El caso se refería, en particular, a la muerte de Baha Mousa, recepcionista de hotel de 26 años de edad y padre de dos hijos, que había sufrido múltiples lesiones a causa de los malos tratos que le habían infligido los soldados al detenerlo en un hotel, el 14 de septiembre de 2003, y durante su reclusión en una base militar británica de Basora, donde murió el 15 de septiembre. Amnistía Internacional expresó honda preocupación por el modo en que se había llevado a cabo el consejo de guerra, pues, entre otras cosas, no se había acusado formalmente ni juzgado a varios individuos presuntamente responsables de la violencia ejercida contra Baha Mousa. La investigación que realizó sobre la muerte la policía militar británica presentaba deficiencias.58


13 La región de Kurdistán


Kurdistán, región en gran medida autónoma del norte de Irak, controlada por el Gobierno Regional de Kurdistán,59ha sido más estable que el resto del país, y se han cometido en ella menos actos de violencia. Es la región más próspera de Irak, y su gobierno ha firmado varios contratos de inversión con empresas extranjeras, especialmente para exploración petrolera. A pesar de su relativa estabilidad y prosperidad, Kurdistán sigue siendo vulnerable a la presión e incluso la intervención militar de países vecinos. Las fuerzas gubernamentales turcas han lanzado recientemente ataques militares transfronterizos por el norte contra miembros del grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Por otro lado, en Kurdistán se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y uso de la pena de muerte. Las fuerzas de seguridad (Asayish) del Gobierno Regional de Kurdistán detienen y, a veces, torturan a los partidarios de la oposición política. El 7 y el 9 de agosto de 2006 mataron a dos personas al disparar contra manifestantes en las ciudades de Darbandikhan y Kala. Los periodistas están amordazados y a menudo se exponen a ser detenidos y torturados al realizar su trabajo diario. Decenas de mujeres han sido víctimas de homicidio por motivos de “honor”, y sólo en algunos casos se ha puesto a disposición judicial a los responsables.


Mohammad Siyassi Ashkani, periodista de Sulaimaniya de 35 años, fue detenido el 24 de enero de 2007 por miembros de las fuerzas de seguridad kurdas. Estuvo recluido sin cargos ni juicio en la jefatura de éstas en dicha ciudad durante casi seis meses. Pasó los primeros 55 días en régimen de aislamiento, sin que se permitiera a su familia visitarlo. Posteriormente pudo recibir visitas semanales de sus familiares, pero no tuvo jamás acceso a un abogado. Quedó en libertad el 19 de julio de 2007.


El 29 de mayo de 2007, Heman Mohamed, ‘Othman Abdel-Karim, Sherwan Ahmed y Qaraman Rasul fueron ejecutados en Erbil. En junio de 2006 habían sido declarados culpables de participar en un atentado con explosivos perpetrado en esta ciudad un año antes.


El 12 de septiembre de 2007 regresaron a su país, tras ser puestos en libertad, tres hombres turcos, Metir Demir, Mustafa, Egilli y Hasip Yokus, todos ellos miembros de la organización no gubernamental con sede en Turquía Asociación por el Derecho a la Libertad de Pensamiento y Educación, que habían sido detenidos en junio de 2006 y recluidos sin cargos ni juicio. Uno de ellos contó a Amnistía Internacional que habían estado detenidos en la sede de Erbil de las fuerzas de seguridad kurdas y no habían tenido acceso a abogados. Dos habían sido torturados y recluidos en régimen de aislamiento durante seis meses. Los habían torturado con métodos como golpearlos, aplicarles descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo y someterles a falaqa (golpes en las plantas de los pies). No se tiene noticia de que las autoridades hayan llevado a cabo alguna investigación sobre las presuntas torturas.


Según el ministro de Derechos Humanos del Gobierno Regional de Kurdistán, ‘Aziz Mohammed, entre agosto y noviembre de 2007 fueron víctimas de homicidio por motivos de “honor” 27 mujeres. De ellas, 10 eran de Erbil; 11, de Dohuk, y 6, de Sulaimaniya.60En octubre de 2007, la UNAMI expresó en un informe honda preocupación por la creciente incidencia de delitos cometidos por motivos de “honor” en Kurdistán. En el informe se indicaba que en los seis primeros meses de 2007 habían muerto 255 mujeres, 195 de ellas quemadas.61En una declaración del 1 de mayo de 2007, el Gobierno Regional de Kurdistán señaló que se habían dictado 40 sentencias condenatorias por homicidio por motivos de “honor” en la región desde que el Parlamento kurdo había reformado la legislación en 2002 para eliminar una disposición del Código Penal iraquí que permitía imponer condenas leves a los autores de tales delitos. Añadió que había al menos 24 casos más pendientes. Amnistía Internacional escribió al Gobierno Regional de Kurdistán para pedir información sobre estos casos, incluidos los nombres de todas las personas juzgadas por presuntos delitos en nombre del “honor” desde la reforma de la legislación, el número de las que habían sido declaradas culpables y las condenas impuestas en cada caso. La organización no ha recibido aún ninguna respuesta.


14 Derecho internacional


El marco jurídico internacional que regula el conflicto armado de Irak se compone de normas y principios que se hallan recogidos en tratados y en el derecho internacional consuetudinario. Este derecho se aplica a todas las partes en el conflicto. En Irak la situación actual está clasificada como conflicto armado no internacional, en el que las partes son el gobierno iraquí y diversos grupos armados. Sin embargo, aunque no sea de índole internacional, el conflicto armado se ha internacionalizado debido a la presencia de la Fuerza Multinacional. Se rige por el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, que se aplica en caso de “conflicto armado que no sea de índole internacional” y es una norma de derecho internacional consuetudinario. También se halla regulado por las disposiciones del derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable en los conflictos que no son de índole internacional.62Por último, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica a la conducta de las fuerzas iraquíes y de la Fuerza Multinacional.63


El principio de no discriminación se halla presente en todo el derecho internacional, desde el derecho humanitario hasta el derecho de los derechos humanos. De acuerdo con el derecho internacional humanitario consuetudinario, “[e]n la aplicación del derecho internacional humanitario, está prohibido hacer distinciones de índole desfavorable basadas en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condición, o cualquier otro criterio análogo”.64Según el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,65el Estado también debe respetar y garantizar los derechos humanos sin establecer tales distinciones.


Con arreglo al derecho internacional humanitario, las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre no combatientes (incluidos los civiles, los prisioneros de guerra, los heridos y enfermos y otras personas) y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares. No está permitido jamás atacar a civiles, a otros no combatientes ni a bienes civiles. Esta norma, conocida como principio de distinción, se halla codificada en los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales. El principio de distinción es también una norma de derecho internacional humanitario consuetudinario, vinculante para todas las partes en un conflicto armado, sea éste internacional o no internacional.


El derecho internacional humanitario define a la persona civil como aquella que no es miembro de las fuerzas armadas de ninguna parte en el conflicto.66Las fuerzas armadas de una parte en un conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable ante esa parte, incluidas las milicias y los cuerpos de voluntarios.67El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra hace extensiva la protección a las personas que no participen directamente en las hostilidades, las cuales “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo”. Esta disposición prohíbe “en cualquier tiempo y lugar” ciertos actos contra tales personas, entre ellos “a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”.


De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, se puede incurrir en responsabilidad por crímenes de guerra por la conducta mantenida en conflictos armados internacionales y no internacionales. La conducta que constituye crímenes de guerra incluye, entre otros, actos como el homicidio intencionado, la tortura y los tratos inhumanos, la toma de rehenes, los ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil, los ataques dirigidos intencionadamente contra personas que participan en operaciones de asistencia humanitaria o mantenimiento de la paz y los ataques indiscriminados, que violan principios fundamentales de derecho internacional humanitario, entre ellos el principio de distinción entre personas y bienes civiles, por un lado, y miembros de fuerzas armadas y objetivos militares, por el otro.


Las autoridades iraquíes y la Fuerza Multinacional están obligadas a respetar las normas pertinentes de derechos humanos y a proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en Irak, cualquiera que sea su nacionalidad. La prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, recogida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es absoluta según el derecho internacional. En los casos de presunta tortura u otros malos tratos infligidos a detenidos por las fuerzas de seguridad de Irak, las autoridades iraquíes están obligadas a abrir investigaciones, poner a los responsables a disposición judicial y proporcionar plena reparación a las víctimas.68No pueden utilizar en los procedimientos contra detenidos pruebas obtenidas con tortura.69


De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias ni podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Esta disposición se halla contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), el cual establece también que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.


El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone además: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

15 Conclusión y recomendaciones


Cinco años después de la invasión de Irak, los iraquíes viven con temor y desesperación. A pesar de la reciente reducción del derramamiento de sangre, la violencia continúa cobrándose centenares de vidas de civiles todos los meses. La situación de los derechos humanos es sombría. Todos los bandos han cometido atrocidades que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El gobierno iraquí no ha investigado graves violaciones de derechos humanos ni llevado ante la justicia a los responsables. La Fuerza Multinacional ha cometido graves violaciones de derechos humanos.


El gobierno iraquí, la Fuerza Multinacional y la comunidad internacional deben asumir claramente el compromiso de proteger y promover la totalidad de los derechos humanos de todos los iraquíes y demás personas que se encuentren en Irak, incluidos los millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Aunque Amnistía Internacional reconoce que tanto el gobierno iraquí como la Fuerza Multinacional se enfrentan a grupos armados que pretenden matar deliberadamente a gran número de civiles, este hecho no debe utilizarse jamás como excusa para que sus fuerzas cometan graves violaciones de derechos humanos con impunidad.


Amnistía Internacional formula las recomendaciones siguientes:


Al gobierno iraquí y la Fuerza Multinacional:


  • Ejercer la diligencia debida y proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, en particular de la población civil iraquí y no iraquí, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona.


  • Abrir con prontitud investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y otros malos tratos, cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes, los miembros de la Fuerza Multinacional y los guardias privados de seguridad. Poner a disposición judicial a todos los responsables de tales violaciones para que sean sometidos a un juicio justo, en el que no se recurra a la pena de muerte.


  • Poner en libertad a todas las personas que se encuentren actualmente recluidas sin cargos ni juicio en las prisiones y centros de detención dependientes de las fuerzas iraquíes y la Fuerza Multinacional si no van ser acusadas de ningún delito común reconocible.


  • Declarar de inmediato la suspensión de la pena de muerte.


  • Hacer valer los derechos de las mujeres y tomar medidas efectivas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia.


  • Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y observar sus disposiciones.


  • Tomar de inmediato medidas para mejorar la seguridad de todas las personas desplazadas internamente y refugiadas y prestarles la ayuda humanitaria necesaria, lo que incluye garantizar el acceso de los menores a la educación.


A los grupos armados:


  • Poner fin de inmediato a todos los ataques contra civiles y otros no combatientes, ataques indiscriminados y desproporcionados y ataques llevados a cabo fingiendo ser civil.


  • Poner fin de inmediato a todos los homicidios deliberados de civiles y combatientes capturados, así como a los secuestros, los actos de toma de rehenes y la tortura y otros malos tratos.


  • Poner fin de inmediato al hostigamiento, las amenazas de muerte y las agresiones contra mujeres y niñas, incluidas las que se cometen contra ellas cuando ejercen su derecho a la libertad de expresión y de religión.


A la comunidad internacional, en particular a los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados que poseen recursos y capacidad:


  • Prestar ayuda, económica, técnica y material a los gobiernos de Siria, Jordania y otros países de la región que acojan a gran número de personas refugiadas iraquíes, así como a los organismos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales que ayudan a las personas desplazadas internamente y refugiadas de Irak.


  • Compartir la responsabilidad de ocuparse de las personas refugiadas iraquíes reasentando a algunas de las llegadas a Siria, Jordania y otros países de la región, dando prioridad a las más vulnerables de acuerdo con las directrices del ACNUR sobre el reasentamiento de personas refugiadas iraquíes. No hay que limitarse a hacer un número simbólico de reasentamientos, sino los suficientes como para que constituyan una parte significativa de la solución a la actual crisis de refugiados.


  • Detener de inmediato todas las devoluciones a cualquier parte de Irak. Toda devolución de solicitantes de asilo rechazados sólo debe llevarse a cabo cuando la situación se haya estabilizado en todo el país y se den las condiciones adecuadas para una paz estable y duradera.



A los gobiernos de Siria, Jordania y otros países de la región:


  • Permitir la entrada sin restricciones de quienes huyan de Irak y necesiten protección internacional, eximiéndoles de la obligación de solicitar visado.


  • No devolver a personas expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos en Irak, infringiendo el derecho internacional.



1 En mayo de 2003, el jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, dictó la Orden número 1, relativa a la “desbaasificación de la sociedad iraquí”, por la que se prohibía la formación política que gobernaba anteriormente, el Partido Baás, y se destituía a todos sus altos cargos de los puestos que ocupaban en la administración del Estado, incluidos los sectores de la educación y la salud. Esta disposición ha sido sustituida por la Ley de Rendición de Cuentas y Justicia.

2 Hay también hasta 70.000 iraquíes en Egipto, alrededor de 50.000 en Líbano y unos 200.000 en diversos países del golfo Pérsico, según el ACNUR.

3 De los 2,2 millones de personas desplazadas internamente, 1.021.962 se vieron en esta situación antes de 2003. ACNUR, actualización sobre la situación en Irak, 7 de septiembre de 2007.

4 A pesar de que la situación allí es algo más estable, Amnistía Internacional se opone todavía a la devolución de iraquíes a la región de Kurdistán por dos razones: 1) la inestabilidad de Irak y la posibilidad de que estalle una guerra civil y de que la violencia se extienda a las gobernaciones del norte, especialmente a raíz del referéndum sobre el estatuto de Kirkuk de 2008, y 2) los ya ajustados recursos de las tres gobernaciones del norte y la mayor presión a que se verían sometidos con toda nueva llegada.

5 The Guardian, Sarah Boseley, “151,000 civilians killed since Iraq Invasion”, 10 de enero de 2008.

6 Ibíd. Iraq Body Count es un proyecto independiente, que mantiene y actualiza una base de datos sobre las muertes violentas de civiles ocurridas en Irak desde la invasión de 2003. Es obra de voluntarios de Estados Unidos y el Reino Unido. Para más información, véase su sitio web: http://www.iraqbodycount.org/.

7 Reuters, 1 de febrero de 2008.

8 Oxfam, Rising to the humanitarian challenge in Iraq, julio de 2007.

9 El movimiento de Moqtada al-Sadr y el Consejo Supremo Islámico Iraquí son los mayores grupos religiosos y políticos de la población chií de Irak y son influyentes en el gobierno y el Parlamento.

10 Para información detallada sobre los ataques contra palestinos, véase el informe de Amnistía Internacional Irak: Abusos contra los derechos humanos de la población palestina refugiada (Índice AI: MDE 14/030/2007), octubre de 2007.

11 Se ha preferido no revelar el nombre.

12 Reuters, 1 de febrero de 2008.

13 Rueda de prensa de la Fuerza Multinacional, 6 de febrero de 2008. http://www.mnf-iraq.com/index2.php?option_content&task=view&id=16863&p.

14 Véase el informe de Amnistía Internacional, Irak. A sangre fría: Abusos cometidos por grupos armados (Índice AI: MDE 14/009/2005), publicado el 25 de julio de 2005.

15 AFP, 29 de septiembre de 2007.

16 The New York Times, Paul von Zielbauer, “U.S. Investigates Civilian Toll in Airstrike, but Holds Insurgents Responsible ”, 13 de octubre de 2007.

17 Associated Press, 22 de octubre de 2007.

18 Reuters, AFP, Associated Press, 4 de febrero de 2008.

19 La Organización Badr, conocida anteriormente como Brigadas Badr, es una milicia chií asociada a uno de los mayores movimientos religiosos y políticos chiíes, el Consejo Supremo Islámico Iraquí, llamado anteriormente Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak. Ambos tuvieron sus bases en Irán desde principios de la década de 1980 hasta 2003, cuando tuvo lugar la invasión de Irak. El presunto jefe de la Organización Badr es miembro del Parlamento iraquí.

20 AFP, 29 de marzo de 2007.

21 The New York Times, David Johnston y John M. Broder, “F.B.I Says Guards Killed 14 Iraqis Without Cause”, 14 de noviembre de 2007; The Guardian, Ewen MacAskill, “Blackwater promises action after FBI report”, 14 de noviembre de 2007.

22 The Washington Post, Joshua Partlow y Sudarsan Raghavan, “Guards Kill Two Women in Iraq”, 10 de octubre de 2007.

23 Ibíd.

24 Times Online, Deborah Haynes, “DynCorp security guards shoot taxi driver dead in Baghdad”, 12 de noviembre de 2007.

25 ACNUR, actualización sobre la situación en Irak, 7 de septiembre de 2007.

26 Véanse los informes de Amnistía Internacional Irak. La situación de los refugiados iraquíes en Siria (Índice AI: MDE 14/036/2007), julio de 2007, e Irak: Una crisis creciente de refugiados – Información para los medios de comunicación (Índice AI: MDE 14/021/2007), abril de 2007.

27 Reuters, 3 de septiembre de 2007.

28 Según la Sociedad de la Media Luna Roja iraquí, alrededor de 46.000 iraquíes refugiados en Siria regresaron a Irak entre septiembre y diciembre de 2007. En noviembre de 2007, la oficina del ACNUR en Siria publicó los resultados de un estudio realizado para determinar por qué motivo los iraquíes regresaban a su país. De unas 110 familias iraquíes con las que el ACNUR había hablado en Siria, la mayoría dijeron que regresaban porque se estaban quedando sin dinero o sin medios y soportaban unas difíciles condiciones de vida o porque les había caducado el visado, no porque hubiera mejorado la seguridad. Véase la nota informativa del ACNUR, Iraq: UNHCR cautious about returns, 23 de noviembre de 2007.

29 AFP, 6 de febrero de 2008.

30 Ibíd.

31 Declaración de Jennifer Pagonis, portavoz del ACNUR, en una rueda de prensa celebrada el 14 de diciembre de 2007 en Ginebra.

32 Véase el informe de Amnistía Internacional, Huyen por millones: Crisis de las personas refugiadas iraquíes (Índice AI: MDE 14/041/2007), septiembre de 2007.

33 Según afirmó Karl Matti, jefe de la delegación del CICR en Irak, con base en Jordania, en una conferencia de prensa. AFP, 13 de noviembre de 2007.

34 AFP, 10 de febrero de 2008.

35 Después de junio de 2004 se estableció un órgano denominado Junta Combinada de Examen y Puesta en Libertad, integrado por representantes (dos por cada uno) de los ministerios iraquíes de Justicia, Interior y Derechos Humanos y por tres miembros de la Fuerza Multinacional. Este órgano examina los casos de los detenidos y recomienda si deben ser puestos en libertad o continuar recluidos. Sin embargo, sus recomendaciones no son vinculantes, sino que es el jefe adjunto de las operaciones de la Fuerza Multinacional relacionadas con detenidos quien decide si la persona debe ser puesta en libertad, previa consulta con el ministro de Justicia iraquí.

36 Para más información sobre los procedimientos de detención, véase el informe de Amnistía Internacional Más allá de Abu Ghraib: reclusión y tortura en Irak (Índice AI: MDE 14/001/2006), marzo de 2006.

37 Artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, Ley 23 de 1971, reformada.

38 AFP, 10 de febrero de 2008.

39 The New York Times, Michael Moss, “Jailed 2 Years, Iraqi Tells of Abuse by Americans”, 18 de febrero de 2007.

40 Amnistía Internacional, Más allá de Abu Ghraib: reclusión y tortura en Irak, “Trato dispensado a los internados”.

41 UNAMI, Human Rights Report, 1 January-31 March 2007, p. 23.

42 The New York Times, Kirk Semple, “Basra Raid Finds Dozens Detained by Iraq Spy Unit”, 5 de marzo de 2007.

43 UNAMI, Human Rights Report, 1 April-30 June 2007, p. 23.

44 OCAH (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU), “Iraq: Child prisoners abused and tortured, say activists”, 29 de octubre de 2007.

45 Reuters, 9 de diciembre de 2007.

46 Para más información sobre el uso de la pena de muerte en Irak, véase el informe de Amnistía Internacional Pena de muerte en Irak: arbitraria e injusta (Índice AI: MDE 14/014/2007), abril de 2007.

47 Reuters, 14 de marzo de 2007.

48 Organización Mundial de la Salud, encuesta sobre salud familiar en Irak, 2006-2007.

49 BBC, Mona Mahmoud y Mike Lanchin, “Basra militants targeting women”, 15 de noviembre de 2007.

50 BBC news online, 22 de febrero de 2007.

51 Amnistía Internacional, Irak: Amnistía Internacional, horrorizada por la lapidación hasta la muerte de una menor yazidí y por los subsiguientes homicidios (Índice AI: MDE 14/027/2007), 27 de abril de 2007.

52 Véase, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional Irak. Decenios de sufrimiento. Es hora de que las mujeres reciban un trato mejor (Índice AI: MDE 14/001/2005), febrero de 2005.

53 Los Angeles Times, Solomon Moore, “Police Abuses in Iraq Detailed”, 9 de julio de 2006.

54 BBC news, Martin Asser, “What happened at Haditha?”, 21 de diciembre de 2006.

55 Ibíd.

56 Ibíd.

57 AFP, 25 de enero de 2008.

58 Para más información sobre este caso, véase la declaración de Amnistía Internacional Reino Unido: Las absoluciones de un consejo de guerra dejan muchas preguntas sin respuesta y revelan la necesidad de adoptar más medidas para garantizar justicia (Índice AI: EUR 45/005/2007), 15 de marzo de 2007.

59 En mayo de 2006, los dos mayores partidos políticos, que llevaban decenios dominando la política de Kurdistán, el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica el Kurdistán, acordaron formar un gobierno unificado para toda la región, el Gobierno Regional de Kurdistán. Anteriormente el Partido Democrático controlaba el oeste de la región, con Erbil como capital, y la Unión Patriótica, el este, con Sulaimaniya como capital.

60 AFP, 26 de noviembre de 2007.

61 UNAMI, Human Rights Report, 1 April-30 June 2007, pp. 14-15.

62 Para un examen del derecho internacional aplicable a los grupos armados de Irak, véase Amnistía Internacional, Irak: A sangre fría: Abusos cometidos por grupos armados (Índice AI: MDE 14/009/2005), julio de 2005.

63 La Corte Internacional de Justicia ha afirmado que el derecho de los derechos humanos continúa siendo aplicable en tiempos de conflicto armado. Opinión Consultiva de la Corte Internacional

de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio

palestino ocupado, 9 de julio de 2004. Véase también, Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Nº 31: La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, Doc. ONU: CCPR/21/Rev.1/add. 13.

64 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, CICR, norma 88.

65 Irak ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1971 (entró en vigor en 1976). El cambio de gobierno en Irak no comporta en absoluto la anulación ni la modificación en el país del derecho de los derechos humanos aplicable. El Comité de Derechos Humanos, que se ocupa de vigilar la aplicación del Pacto, ha manifestado que los “derechos consagrados en el Pacto corresponden a quienes viven en el territorio del Estado Parte de que se trate. El Comité de Derechos Humanos, tal como muestra su arraigada práctica, ha considerado sistemáticamente que, una vez que las personas tienen reconocida la protección de los derechos que les confiere el Pacto, esa protección pasa a ser subsumida por el territorio y siguen siendo beneficiarias de ella las personas, con independencia de los cambios que experimente la gobernación del Estado Parte”. Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 26: Continuidad de las obligaciones, 8 de diciembre de 1997, CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1, párr. 4.

66 Primer Protocolo Adicional, artículo 50.

67 Primer Protocolo Adicional, artículo 43.

68 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3.

69 Véase, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 20, que reemplaza a la Observación general Nº 7: Artículo 7 - Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 10 de marzo de 1992.


Marzo de 2008

Índice AI: MDE 14/001/2008


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA



Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO