Documento - Iran: The human rights situation in the Islamic Republic of Iran: Amnesty International’s written statement to the 22nd session of the UN Human Rights Council

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Situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán

Exposición escrita de Amnistía Internacional al 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (25 de febrero al 22 de marzo de 2013)

MDE 13/008/2013

12 de febrero de 2013

Amnistía Internacional presenta este informe al 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de cumplirse el 25º aniversario, el próximo agosto de 2013, de la ejecución sumaria masiva, premeditada y coordinada de miles de presos políticos conocida como la “masacre de la prisión”,� ocurrida en 1988 en la República Islámica de Irán.

A pesar de la creciente extensión y detalle de los testimonios sobre este terrible suceso, Irán resolvió negarse a reconocer la “masacre de la prisión” como una violación grave de los derechos humanos.

Hasta el día de hoy, pocos parientes de las personas a las que entonces se dio muerte conocen dónde están enterrados sus seres queridos. Quienes buscan recordar al mundo la “masacre de la prisión” son perseguidos. Recientemente, Mansoureh Behkish, activista a favor de las familias de las victimas, ha sido condenado a seis meses de prisión tras ser declarado culpable de “distribuir propaganda contra el sistema” y de “reunión y conspiración contra de la seguridad nacional” por sus actividades en relación con la “masacre de la prisión”.

Jamás se ha hecho rendir cuentas a nadie por estos homicidios. La impunidad continuada es una mancha negra en la historia de Irán y agrava la nefasta situación actual de los derechos humanos en el país. Las deficiencias sistémicas en la administración de justicia, combinadas con un sector de seguridad que no tiene ningún respeto por los derechos humanos ni temor a rendir cuentas por ello, continúan erosionando el estado de derecho en Irán.

A pesar de la atención que este Consejo ha prestado a las carencias en materia de derechos humanos en Irán, dicha situación ha seguido deteriorándose durante los dos años siguientes al Examen Periódico Universal de Irán realizado en febrero de 2010.

Las libertades de expresión, asociación y reunión permanecen gravemente restringidas, y la detención con incomunicación, la tortura y otros malos tratos se siguen aplicando de forma habitual. Hay un amplio uso de la pena de muerte, mayormente impuesto en el caso de crímenes que no cumplen con el criterio de crímenes “más graves”. Los derechos de las mujeres, que ya están restringidos en la ley y en la práctica, se limitan cada día más, como las limitaciones a las oportunidades educativas para las alumnas.

El gobierno se ha negado a cooperar con el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de esos derechos en Irán, caratulando su nombramiento como “sabotaje político”. En lugar de actuar a partir de sus conclusiones y ofrecer reparación a las víctimas, el gobierno ha rechazado las acusaciones por violaciones a los derechos humanos calificándolas de “invenciones” y “carentes de fundamento”.

Irán impide las evaluaciones independientes sobre la situación de derechos humanos en el país haciendo caso omiso de los reiterados pedidos de visita cursados por los expertos en derechos humanos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales. Irán no ha recibido ninguna visita de ningún Procedimiento Especial desde 2005, a pesar que existe una invitación permanente desde 2002.

Amnistía Internacional exhorta al Consejo de Derechos Humanos a asegurar que el compromiso declarado de Irán con los mecanismos internacionales de derechos humanos se demuestre aceptando recibir visitas del Relator Especial para Irán en el futuro cercano y asegurando que los organismos estatales le brinden una total cooperación.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Durante décadas, organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han instado a Irán que haga lo necesario para asegurar la compatibilidad de sus leyes locales con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, el borrador de Código Penal Islámico revisado, si fuera aprobado, continuaría manteniendo disposiciones vagamente redactadas referentes a la seguridad nacional utilizadas para imponer límites a las libertades de expresión, asamblea y reunión. Las leyes recientes sobre el uso de información en línea limitan aún más estos derechos. Adicionalmente, el borrador de Código de Procedimiento Penal, que actualmente está siendo considerado por el parlamento, no aportaría mucho para evitar los arrestos arbitrarios y los juicios injustos, a pesar de incluir algunas enmiendas positivas.

Como anticipo de las próximas elecciones presidenciales programadas para junio de 2013, las primeras desde las controvertidas elecciones de 2009, se están registrando nuevas oleadas de arrestos arbitrarios y acoso a los trabajadores de los medios y a blogueros. Estos hechos parecen formar parte de una estrategia para aislar a Irán del escrutinio internacional y restringir el libre debate público.

El 27 de enero de 2013, las fuerzas de inteligencia y seguridad irrumpieron en las oficinas de varias publicaciones en Teherán y arrestaron a 10 periodistas en cinco redadas simultáneas. Entre el 26 y el 30 de enero de 2013 fueron arrestados otros seis periodistas.

Siguen clausuradas organizaciones de derechos humanos como el Comité de Reporteros de Derechos Humanos y el Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, y muchos de sus miembros, entre ellos Shiva Nazar Ahari, Mohammad Ali Dadkhah y Abdolfattah Soltani, están en la cárcel. Existen planes legislativos para la disolución del Colegio de Abogados.

En septiembre de 2012, se detuvo de forma arbitraria a decenas de estudiantes universitarios, a los que se sometió a interrogatorio, por sus actividades políticas o estudiantiles de carácter pacífico. En 2012, Leva Khanjani, miembro de la minoría religiosa bahaí, Nasim Soltan Beigi, activista de los derechos de las mujeres, y Soroush Sabet, todos ellos estudiantes universitarios, empezaron a cumplir las penas de prisión que les habían sido impuestas —por su presunta participación en manifestaciones pacíficas— tras ser declarados culpables de “delitos” de imprecisa definición relacionados con la seguridad nacional y el orden público por los que se penalizan actos que no constituyen infracción penal reconocible en virtud del derecho internacional. Sigue aumentando el número de estudiantes a los que se prohíbe seguir sus estudios.

Las personas que defienden los derechos de las mujeres y que trabajan en campañas para acabar con la discriminación continuada y creciente que existe contra ellas tanto en la legislación como en la práctica, son objeto de acoso y en ocasiones de detención. Los dirigentes de la oposición Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard —esposa de Mir Hossein y también activista en política—, cumplirán pronto su segundo aniversario de arresto domiciliario no oficial, sin que prevean que se los vaya a acusar formalmente de algo o a someterlos a juicio. Deben quedar en libertad de forma inmediata y debe cesar la persecución de que son objeto sus familias.

Libertad de religión y culto

Las minorías étnicas y religiosas, como los bahaíes, árabes, baluchis, kurdos, turcomanos y otros, siguen enfrentando discriminación y persecución en la legislación y en la práctica.

Los prosélitos de la fe bahaí —que las autoridades consideran secta “herética”— corren especial peligro de ser perseguidos, contabilizándose 110 de ellos encarcelados en 2012. Siete líderes bahaí siguen cumpliendo sendas penas de 20 años de prisión a causa de sus actividades pacíficas en favor de su comunidad.

Se ha acogido positivamente la absolución de Yousef Naderkhani, inicialmente condenado por “apostasía” y sometido a un nuevo juicio en septiembre de 2012. Continúa la preocupación en Amnistía Internacional por la persistente persecución de los cristianos evangélicos, muchos de ellos convertidos del islam. Los conversos pueden ser condenados a muerte por “apostasía” en aplicación de unas disposiciones constituciones en virtud de las cuales los jueces pueden remitir causas sobre las que existen vacíos legales a fuentes jurisconsultas del islam, como fetuas o edictos religiosos.

En enero de 2013, el pastor Saeed Abedini, de doble nacionalidad iraní-estadounidense, fue condenado a ocho años de prisión por su presunta implicación en la “fundación de casas iglesia”, actividad que las autoridades consideran actos contra la seguridad nacional.

Administración de justicia

El borrador de Código de Procedimiento Penal al que se ha aludido en párrafos anteriores incluye algunas disposiciones que, de aplicarse, podrían asegurar un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales que Irán tiene contraídas en materia de derechos humanos. La versión actual mejora la capacidad de los abogados de representar a sus clientes durante la instrucción inicial de la causa, pero no consagra en la ley el derecho de acceso a representación letrada desde el momento del arresto. En el caso de sospechosos de delitos contra la seguridad nacional o de haber cometido delitos relacionados con sustancias estupefacientes, ese acceso puede quedar en suspenso hasta una semana.

La independencia de la judicatura se ve gravemente comprometida, dada la creciente participación de organismos de inteligencia en la administración de causas judiciales.

Las autoridades siguen aplicando de forma habitual y generalizada torturas y otros malos tratos. El bloguero Sattar Beheshti murió bajo custodia en noviembre de 2012, presuntamente como resultado de las torturas y otros malos tratos a que fue sometido bajo custodia de la Policía Cibernética. Aunque se ha detenido a algunos agentes, persisten los motivos de preocupación en lo que respecta a la imparcialidad y transparencia de la investigación sobre su muerte.

Los tribunales iraníes aceptan habitualmente como prueba “confesiones” forzosas realizadas mientras el detenido se encuentra en régimen de incomunicación —confesiones que frecuentemente se retransmiten por la televisión estatal con antelación a la celebración del juicio—, y en ocasiones han tenido como resultado la imposición de la pena de muerte.

En agosto de 2012, el empresario iraní Maziar Ebrahimi apareció en un documental de la televisión junto con otras 11 personas que al parecer “confesaban” su implicación en el homicidio de cinco científicos nucleares iraníes. Los 12 habían sido detenidos en junio de 2012. Hasta la fecha sigue sin saberse con claridad cuál es su paradero y su situación jurídica.

Pena de muerte

El borrador de Código Penal Islámico revisado sigue estableciendo la imposición de la pena de muerte por diversos delitos, entre otros, algunos que no figuran entre los calificados como “delitos más graves” del derecho internacional. Entre los delitos previstos en ese borrador figuran el narcotráfico, las relaciones sexuales extramatrimoniales, la “apostasía” y delitos de imprecisa definición como “corrupción en la tierra” y “enemistad contra Dios”. En 2012, las autoridades iraníes ejecutaron a más de 500 personas, la mayoría convictas de narcotráfico en juicios injustos. Más de 180 de esas ejecuciones no se anunciaron oficialmente. Informes fidedignos de febrero de 2013 sugieren que se continúa con la práctica de llevar a cabo ejecuciones masivas en secreto en prisiones como la de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad.

En 2012 se ejecutó a una persona condenada por un delito cometido cuando era menor de edad, pese a la prohibición absoluta que existe sobre ese tipo de ejecuciones.

En conclusión, Amnistía Internacional insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que den una respuesta a la grave situación de los derechos humanos en Irán mediante la adopción de una resolución en la que pongan de manifiesto las violaciones de derechos humanos generalizadas, graves y sistemáticas que se cometen en Irán, y en la que se renueve el mandato del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Irán.

� Referida como “La masacre de 1988” en el informe de Amnistía Internacional Irán: violaciones a los derechos humanos 1987-1990, diciembre de 1990, Índice AI: MDE 13/021/1990, � HYPERLINK http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/1990/en ��http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/1990/en�. En 1990, Amnistía Internacional escribió que no estaba claro el motivo por el que había muerto tanta gente, pero que había recopilado informes sobre homicidios masivos en diferentes prisiones de todo el país que sugerían que se trató de una “política premeditada y coordinada […] autorizada en el más alto nivel y llevada a cabo con regularidad”. Los cálculos sobre el número de personas a las que se mató en los meses posteriores a agosto de 1988 oscilan entre las 2000 y las 5000.

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