Documento - Bahréin: Encarcelado en Bahréin ciudadano canadiense.

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Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2013 por Amnesty International Publications

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Reino Unido

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© Amnesty International Publications 2013

Índice: MDE 11/005/2013

Idioma original: inglés.

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EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España

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ÍNDICE

6RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y REUNIÓN

8UN SISTEMA DE JUSTICIA DEFECTUOSO �

9VISITA A LA PRISIÓN DE AL YAW �

13INFORMACIÓN GENERAL �

“La libertad tiene un precio y sabemos que nosotros estamos pagando uno muy bajo en comparación con los que han muerto… No somos un solo grupo, venimos de entornos muy diferentes, pero ellos nos han convertido en un grupo.”

Ebrahim Sharif, uno de los presos de conciencia bahreiníes que habló con la delegación de Amnistía Internacional en la prisión de Al Yaw en enero de 2013.

Dos años después de la sublevación popular que sacudió Bahréin, y a pesar de la consiguiente reforma anunciada a bombo y platillo, todavía hay presos de conciencia entre rejas y se siguen reprimiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. En los últimos meses, no sólo no se ha liberado a los presos de conciencia, sino que se ha encarcelado a más personas simplemente por atreverse a expresar sus opiniones, a través de Twitter o en marchas pacíficas. Los tribunales bahreiníes han estado aparentemente más preocupados por seguir la línea del gobierno que por ofrecer un recurso efectivo a todos los bahreiníes y hacer valer el Estado de derecho.

El activista de la oposición Abdulhadi al Khawaja, que cumple cadena perpetua en la remota prisión de Al Yaw –unos 30 kilómetros al sur de la capital, Manama–, dijo a la delegación de Amnistía Internacional:

¿Cómo vas a tener un diálogo si los representantes de los grupos con los que pretendes dialogar están en la cárcel?

Otro interno, Ali Esa Mansoor al Ekri, profesional médico que está cumpliendo cinco años de prisión, contó a la delegación:

[Los médicos] llamamos a nuestro caso “la justicia perdida”. Nos declaramos en huelga de hambre para exigir justicia. Tenía que ver con la ética médica y la neutralidad.

Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb, dirigente del sindicato de profesores que lleva encarcelado desde su detención en abril de 2011, dijo:

En cuanto a los cargos contra mí y Jalila [Jalila al Salman, otra dirigente del sindicato de profesores, madre de tres hijos], nadie cree que sean verdad: nosotros no hicimos un llamamiento a la caída del régimen: somos personas que trabajan en el sistema educativo.

Tras la sublevación de febrero y marzo de 2011, las autoridades establecieron la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas, incluidos los homicidios de al menos 35 manifestantes y las torturas y otros malos tratos generalizados a detenidos. Desde la publicación del tan anunciado informe de la Comisión de Investigación en noviembre de 2011, el gobierno ha aprobado algunas reformas: el establecimiento de dos oficinas del Defensor del Pueblo para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por personal del Ministerio del Interior y por la Agencia de Seguridad Nacional, la adopción de un código de conducta para agentes de policía y la instalación de cámaras de vigilancia en las comisarías de policía para proteger a los detenidos de posibles malos tratos. Asimismo, anunció que impulsaría la reanudación de un diálogo nacional el 10 de febrero de 2013, con el espíritu de trabajar con los grupos de oposición “en la dirección de consensuar una agenda política”.

A pesar de estos pasos positivos, la verdadera justicia sigue haciéndose de rogar para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, y se sigue pisoteando el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones. Decenas de presos de conciencia, incluidas destacadas figuras de la oposición, están siendo privados de su libertad y excluidos del diálogo nacional y el proceso de reconciliación mientras persisten las restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, como puso de manifiesto la prohibición absoluta de celebrar manifestaciones declarada por las autoridades el 30 de octubre de 2012, que no se levantó hasta el 7 de diciembre.

La verdadera medida del cambio en Bahréin es si se sigue encarcelando a personas por expresar su opinión y si se ha obligado a rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos. A menos que la libertad y la justicia estén garantizadas, la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin por parte de las autoridades bahreiníes corre el riesgo de quedarse en la simple instauración de una burocracia de los derechos humanos y no del Estado de derecho.

En una visita a Bahréin realizada del 19 al 25 de enero de 2013, Amnistía Internacional entrevistó a siete presos de conciencia en la prisión de Al Yaw, de manera individual y confidencial, dedicando 20 minutos a cada uno: Nabeel Rajab, Ebrahim Sharif, Hassan Mshaima, Abdulhadi al Khawaja, Ali Esa Mansoor al Ekri, Ghassan Ahmed Ali Dhaif y Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb. Todos afirmaron que habían sido encarcelados por cargos falsos o en aplicación de leyes que coartan derechos fundamentales, y algunos se quejaron de restricciones sobre las comunicaciones y las visitas, o de asistencia médica insuficiente en prisión.

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Siete presos de conciencia encarcelados en Bahréin (desde arriba a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj): �Abdulhadi al Khawaja, Dr. Ali Esa Mansoor al Ekri, Hassan Mshaima, Dr. Ghassan Daif, Mahdi Issa Mahdi Abu Deeb, Nabeel Rajab y Ebrahim Sharif. © Amnesty International

La delegación de Amnistía Internacional también se reunió con representantes del gobierno. Aunque la organización celebró la oportunidad de reunirse con las autoridades bahreiníes, lamenta profundamente que continúe en vigor el límite de cinco días laborables impuesto a las visitas de las ONG internacionales. Eso mermó indebidamente la capacidad de Amnistía Internacional para desempeñar su labor de derechos humanos, que incluye el seguimiento de manifestaciones que normalmente se celebran los fines de semana, cuando las ONG internacionales tienen prohibida la entrada en el país.

RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y REUNIÓN

Decenas de personas fueron detenidas y condenadas en juicios injustos por un tribunal militar (Tribunal de Seguridad Nacional) por cargos relacionados con la libertad de expresión después de haber participado en protestas pacíficas en 2011. A muchos los liberaron posteriormente. Sobre quienes cumplen penas de prisión actualmente, el gobierno afirma que se retiraron los cargos relacionados con la libertad de expresión y sólo se mantuvieron los cargos penales para sus vistas de apelación.

Entre los que siguen en prisión hay 13 activistas de la oposición, entre ellos Ebrahim Sharif, Hassan Mshaima y Abdulhadi al Khawaja; un grupo de profesionales médicos, incluidos Ali Esa Mansoor al Ekri y Ghassan Ahmed Ali Dhaif (véase Información general); y el presidente de la Asociación de Profesores de Bahréin, Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb (véase Información general). Todos fueron declarados culpables de graves delitos y condenados a prisión. Tras revisar toda la documentación jurídica, incluidas sentencias judiciales y declaraciones de la acusación, Amnistía Internacional concluyó que ninguno de los activistas había recurrido a la violencia ni propugnado su uso, y que no se habían presentado pruebas convincentes que justificaran el fallo condenatorio contra ellos. Aparentemente se actuó selectivamente contra todos ellos por sus opiniones contrarias al gobierno y por haber participado en protestas pacíficas.

Los 13 activistas de la oposición fueron acusados de crear un grupo con el propósito de “derrocar el régimen” y de incitar al odio hacia la legislación aplicable y al incumplimiento de la ley, entre otras acusaciones. Según una declaración de la Fiscalía, emitida después de que el Tribunal de Casación ratificara las sentencias en enero de 2013, el tribunal había concluido que los acusados eran culpables de impedir a las instituciones del Estado el ejercicio de sus funciones, socavar la unidad nacional y comunicarse con organizaciones extranjeras, como el grupo armado Hezbolá en Líbano, para “obtener apoyo a la actividad del grupo”. Fueron condenados a cumplir entre cinco años y cadena perpetua sobre la base de estos cargos de ambigua definición. Sin embargo, no se aportó una sola prueba que demostrara que la actividad de los acusados, pidiendo pacíficamente el cambio político, manifestándose y haciendo un llamamiento a otros para que se manifiesten, iba más allá de ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró, en su 63 periodo de sesiones, celebrado en abril y mayo de 2012, que la detención de Abdulhadi al Khawaja había sido arbitraria y contravenía los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como los artículos 9.3, 14, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de asociación y reunión así como el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser juzgado con las debidas garantías ante un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley. En vista de estas consideraciones, el Grupo de Trabajo pidió al gobierno de Bahréin que pusiera en libertad de inmediato a Abdulhadi al Khawaja.

Otros presos de conciencia fueron declarados culpables de actos que se consideran delito en Bahréin pero no lo son según el derecho internacional, como llamar a participar o participar en una “concentración ilegal” o “criticar a los gobernantes del país”.

El destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab, por ejemplo, fue condenado el 16 de agosto de 2012 a tres años de cárcel en aplicación del Código de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas (Ley 18 de 1973) y del artículo 178 del Código Penal, que castiga toda concentración de más de cinco personas que se hayan reunido “con intención de cometer delitos o actos dirigidos a facilitar la comisión de delitos o dirigidos a socavar la seguridad pública”. El artículo 178 se ha utilizado reiteradamente para castigar a manifestantes pacíficos por participar en asambleas no autorizadas.

Las autoridades de Bahréin aseguran que no se detiene a nadie por expresar pacíficamente sus opiniones y ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión; sin embargo, del 5 al 12 de noviembre 2012 se impusieron penas de entre cuatro y seis meses de prisión a Abdullah Alwi al Hashemi, Ali Mohammad Ali y Ali Abdul Nabi al Hayeki por injuriar al rey de Bahréin en mensajes publicados en sus cuentas de Twitter entre 2011 y 2012. Fueron condenados en aplicación del artículo 214 del Código Penal, que, junto con los artículos 215 y 216, penalizan las ofensas al rey, a la bandera o al emblema nacional, a un país extranjero o a organizaciones internacionales, a la Asamblea Nacional o a otras instituciones constitucionales, al ejército, a los tribunales de justicia, a las autoridades o a organismos gubernamentales. Estos artículos vulneran el derecho a la libertad de expresión ya que imponen restricciones inaceptables con arreglo al derecho internacional.

En los últimos meses se ha sido detenido a decenas de personas más tras participar en marchas y concentraciones, reguladas por el Código de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas y sus modificaciones contenidas en la Ley 32 de 2006. El Código impone restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica y es contrario al artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bahréin.

Establece costosos procedimientos de solicitud de permiso para realizar marchas, permite al gobierno prohibir manifestaciones por motivos que van más allá de lo permisible según el derecho internacional, y establece sanciones para los organizadores y participantes si la marcha resulta violenta o sigue adelante sin permiso.

UN SISTEMA DE JUSTICIA DEFECTUOSO

Los 13 activistas de la oposición, los cuatro profesionales médicos y el presidente de la Asociación de Profesores de Bahréin fueron inicialmente condenados por un tribunal militar (Tribunal de Seguridad Nacional) en 2011, en contravención del derecho y las normas internacionales que no permiten el procesamiento de civiles ante tribunales militares. Los procedimientos de este tribunal no cumplían las garantías procesales que establecen las normas internacionales. Formado por dos jueces civiles y presidido por un juez militar, tenía su sede en el cuartel general de la Fuerza de Defensa de Bahréin. Los acusados permanecieron recluidos durante semanas en lugares desconocidos sin acceso al mundo exterior. Se les denegó el acceso a sus abogados durante las primeras semanas de reclusión, cuando fueron interrogados por la Agencia Nacional de Seguridad y presuntamente torturados para que “confesaran”. A algunos no se les permitió ver a sus abogados y familiares hasta el día de su primera vista judicial. “Confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura se utilizaron como pruebas para declararlos culpables.

Todos estos casos se trasladaron a un tribunal civil cuando los tribunales militares dejaron de existir en octubre de 2011, si bien a estos hombres sólo se les concedió una apelación y no un nuevo juicio completo ante el tribunal civil. En 2012 se ratificaron las condenas impuestas a todos ellos, aunque a algunos se les redujo la pena, como a Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb y a los cuatro profesionales médicos. En julio de 2012, el juez encargado de la causa de los 13 activistas de la oposición decidió trasladar todas las vistas a puerta cerrada y ordenó su filmación. Como medida de protesta por esta decisión, los 13 pidieron a sus abogados que no siguieran representándolos, y el tribunal designó nuevos representantes letrados. Finalmente, las vistas posteriores fueron públicas.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, se estableció un nuevo órgano encargado de investigar los abusos contra los derechos humanos. La Unidad de Investigaciones Especiales, adscrita a la Fiscalía, se creó en 2012. Al final del año publicó información sobre la investigación de 92 casos de muerte de manifestantes y muerte bajo custodia entre principios de 2011 y noviembre de 2012. De ellos, la Unidad rechazó 45 casos debido a la falta de pruebas de que fuera un acto delictivo. No está claro cómo se llevaron a cabo las investigaciones ni qué información recibieron los demandantes sobre la desestimación de sus casos.

A finales de 2012, el gobierno creó dos nuevas oficinas del Defensor del Pueblo para examinar las denuncias de abusos cometidos por miembros del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Seguridad. Dado que también existía la Unidad de Investigaciones Especiales para investigar abusos, las nuevas defensorías todavía están elaborando un memorando de entendimiento para delimitar las áreas de responsabilidad, por lo que sigue sin estar claro cómo se deberían denunciar los abusos. Según su mandato, ambas oficinas recibirán y examinarán las denuncias y las remitirán a las autoridades pertinentes para que tomen medidas, ya sean de carácter disciplinario o dirigidas a un procesamiento penal.

De los 13 activistas de la oposición, todos menos uno se han negado a que la Unidad de Investigaciones Especiales o la Fiscalía investiguen sus denuncias de tortura porque no consideran que sean organismos independientes capaces de investigar imparcialmente sus denuncias. Ebrahim Sharif explicó lo siguiente a la delegación de Amnistía Internacional:

Decidimos que ya era suficiente. El sistema no es independiente. No podemos comunicarnos libremente con nuestros abogados, tenemos que presentar un documento oficial para verlos y no podemos entregarles nada por escrito.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la capacidad de la Fiscalía de investigar de manera independiente las recientes denuncias de tortura, teniendo en cuenta que en el pasado no ha investigado denuncias de tortura y ha utilizado “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos para condenar a los denunciantes.

Sólo uno de los 13 activistas, Saeed Mirza al Nuri, aceptó ser interrogado por la Fiscalía, aunque insistió en ser interrogado paralelamente por un organismo independiente. El 20 de noviembre de 2012, el funcionario de la Fiscalía encargado de registrar su declaración al parecer se negó a hacer constar su solicitud, aduciendo que no estaba dispuesto a escribir nada que pudiera comprometer la integridad de la Fiscalía. El abogado de Saeed Mirza al Nuri presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por esta negativa. Hasta la fecha no se ha investigado la denuncia de tortura formulada por Saeed Mirza al Nuri.

Continúan los juicios contra dos oficiales de alta graduación acusados de torturar a profesionales médicos, aunque sus casos sólo se refieren a denuncias relacionadas con uno de los cuatro profesionales médicos que actualmente cumplen condena en la prisión de Al Yaw. El 4 de febrero de 2013, 10 miembros del personal del Ministerio del Interior declararon a favor de los dos oficiales acusados, afirmando que no se había cometido tortura. Entre tanto, en marzo de 2012 se abrió una investigación sobre la presunta tortura de Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb pero, aparte del interrogatorio inicial, la familia y los abogados no tienen constancia de que se hayan emprendido otras acciones.

VISITA A LA PRISIÓN DE AL YAW

En el limitado tiempo concedido a Amnistía Internacional durante su visita a la prisión de Al Yaw, los presos de conciencia expresaron su frustración por el sistema de justicia y sus injustas sentencias condenatorias. Todos insistieron en que se los había condenado exclusivamente por haber ejercido de manera pacífica sus derechos legítimos.

Algunos de los 13 activistas de la oposición dijeron que sufrían restricciones de comunicación con sus abogados. Otros, como Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb y Hassan Mshaima, se quejaron del tratamiento médico que recibían, que consideraban insuficiente para sus necesidades. Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb aún padece problemas de salud como consecuencia de la presunta tortura, y Hassan Mshaima teme que se le haya reproducido un cáncer después de haber tenido que someterse a dos pruebas, aunque asegura que no le han dado ningún resultado a pesar de su insistencia en conocerlos. Dijo lo siguiente a Amnistía Internacional:

Es acoso, como cuando voy al hospital para recibir un tratamiento que dura hasta seis horas: me tapan la cara y no puedo ver al médico ni otro personal.

Del 2 al 7 de febrero de 2013, Abdulhadi al Khawaja, Dr. Abdel Jalil al Singace y Abdul Hadi Abdullah Hassan al Mukhodher –que estaban entre los 13 activistas de la oposición– se declararon en huelga de hambre para protestar por estas restricciones. Habían empezado por boicotear las llamadas telefónicas a sus familias en señal de protesta por la restricción de sus comunicaciones, sobre todo después de que, según informes, a Hassan Mshaima le hubieran cortado una llamada a sus familiares al intentar hablar de su estado de salud con ellos, en enero de 2013. Ya han reanudado la realización periódica de llamadas telefónicas.

Nabeel Rajab explicó que tiene restringidas las comunicaciones y visitas y que está aislado de los demás presos políticos. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Hace unos días me dijeron que no se iba a tolerar que yo hablara en inglés. El castigo por desobedecer era el aislamiento. También me amenazaron por [...] hablar de derechos humanos [...]”

Ghassan Ahmed Ali Dhaif, uno de los profesionales médicos encarcelados (véase Información general) dijo:

Hay restricciones y tratan de humillarnos todo lo que pueden. Hubo cierta presión psicológica al principio. Compartimos celda con delincuentes comunes, y mezclarse con delincuentes es duro. Nos pasamos dieciocho horas encerrados [...] Aquí los servicios médicos no cumplen los mínimos [...]

Amnistía Internacional se reunió también con algunos familiares de presos en Bahréin. Pese a la injusticia de saber que sus seres queridos han sido injustamente encarcelados y del impacto en sus vidas, los familiares, con su infatigable campaña en su favor o dirigiéndose a la comunidad internacional para contar su injusta situación, han sido la principal fuente de apoyo y ánimo para los presos de conciencia.

La familia de Nabeel Rajab contó a Amnistía Internacional:

Apoyamos completamente a Nabeel, sabemos que tiene razón y que no hizo nada malo, hizo lo que tenía que hacer.

Varias familias contaron a Amnistía Internacional cómo están afectando estas condenas a sus vidas. Las esposas, aparte de haberse convertido en defensoras de sus maridos encarcelados, han pasado a ser el único sostén de la familia y han tenido que explicar a sus hijos la difícil situación de sus padres.

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Esposa de Abdulhadi al Khawaja. © Amnesty International

Amnistía Internacional considera que todos estos hombres son presos de conciencia, recluidos únicamente por haber ejercido su legítimo derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Si no se toman medidas de inmediato para garantizar rendición de cuentas y la liberación de los presos de conciencia, las recientes reformas institucionales y el diálogo nacional sólo serán ejercicios vacíos de contenido. Es fundamental que el gobierno de Bahréin libere de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia y haga valer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Amnistía Internacional vuelve a instar al gobierno a:�

- poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su legítimo derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión;

- levantar las restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión; y

- garantizar el procesamiento de los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios de manifestantes y la tortura de detenidos.

INFORMACIÓN GENERAL

Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue condenado el 16 de agosto a tres años de cárcel por participar en “reuniones ilegales con intención de alterar la seguridad pública” y por llamar a participar y participar en marchas sin previa notificación entre enero y marzo de 2012. El 11 de diciembre de 2012, su condena se redujo a dos años en apelación.

Del 5 al 12 de noviembre de 2012, Abdullah Alwi al Hashemi, Ali Mohammad Ali y Ali Abdul Nabi al Hayeki fueron condenados a cumplir entre cuatro y seis meses de prisión por injuriar al rey de Bahréin en mensajes publicados en sus cuentas de Twitter entre 2011 y 2012.

Trece destacados activistas de la oposición fueron declarados culpables el 22 de junio de 2011 por el Tribunal de Seguridad Nacional de Bahréin (tribunal militar), que los condenó a cumplir desde dos años de prisión hasta cadena perpetua por “establecer grupos terroristas para derrocar el régimen real y cambiar la Constitución”, entre otros cargos. Hassan Mshaima, Abdelwahab Hussain, Abdulhadi al Khawaja, Dr. Abdel Jalil al Singace, Mohammad Habib al Miqdad, Abdel Jalil al Miqdad y Saeed Mirza al Nuri fueron condenados a cadena perpetua. Se dictaron penas de 15 años de cárcel contra cuatro personas: Mohammad Hassan Jawwad, Mohammad Ali Ridha Ismail, Abdullah al Mahroos y Abdul Hadi Abdullah Hassan al Mukhodher. Otros dos hombres, Ebrahim Sharif y Salah Abdullah Hubail al Khawaja (hermano de Abdulhadi al Khawaja) fueron condenados a cinco años de prisión. El 4 de septiembre de 2012, el Tribunal Penal Superior de Apelación, de carácter civil, ratificó todas las sentencias y condenas y, el 7 de enero de 2013, el Tribunal de Casación confirmó esta decisión, agotando todos los demás recursos jurídicos para los 13.

Cuatro profesionales médicos –Ali Esa Mansoor al Ekri, Ebrahim Abdullah Ebrahim, Ghassan Ahmed Ali Dhaif, Saeed Mothaher Habib al Samahiji– habían sido condenados inicialmente en septiembre de 2011 por el Tribunal de Seguridad Nacional a cumplir entre 5 y 15 años de prisión junto con otros profesionales médicos. En junio de 2012, el Tribunal Penal Superior de Apelación redujo sus penas a entre uno y cinco años de prisión. En octubre de ese año, el Tribunal de Casación confirmó las condenas, agotando todos los demás recursos jurídicos para los cuatro.

Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb, ex presidente de la Asociación de Profesores de Bahréin, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal de Seguridad Nacional el 25 de septiembre de 2011. El 21 de octubre de 2012, el Tribunal Penal Superior de Apelación de Manama confirmó su sentencia condenatoria pero le redujo la pena a cinco años de cárcel.�

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Bahréin

“La libertad tiene un precio”

Dos años después de la sublevación de Bahréin

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Familia de Nabeel Rajab. © Amnesty International

Prisión de Al Jaw. © Amnesty International

�Informes publicados por Amnistía Internacional desde febrero de 2011: Sangrando pero incólumes. Violencia estatal injustificada contra manifestantes bahreiníes (MDE 11/009/2011); Bahrain: A human rights crisis (MDE 11/019/2011); Bahrain: Protecting human rights after the protests – Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review, Mayo-junio de 2012; Flawed reforms (MDE 11/066/2011): Bahrain fails to achieve justice for protesters (MDE 11/014/2012) y� Bahrain: Reform shelved, repression unleashed (MDE 11/062/2012).

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