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ÍNDICE AI: MDE 11/04/97/s

26 DE MARZO DE 1997


BAHRAIN: AMNISTÍA INTERNACIONAL RENUEVA SU PETICIÓN PARA QUE SE PONGA FIN A LOS JUICIOS SIN LAS DEBIDAS GARANTÍAS E INTENTA CONSEGUIR LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN


El gobierno de Bahrain debe poner fin inmediatamente a los juicios sin las debidas garantías del Tribunal de Seguridad del Estado y volver a juzgar a los condenados de acuerdo a las normas internacionales, según ha afirmado Amnistía Internacional tras la sentencia dictada hoy contra 15 acusados.


La organización también pide que se revise en función de estas normas la legislación que rige las actuaciones del tribunal.


El Tribunal de Seguridad del Estado dictó sus primeras sentencias en el juicio de 81 personas acusadas de un presunto golpe apoyado por Irán para derrocar al gobierno y de pertenecer a una organización prohibida, Hizbullah-Bahrain. El juicio comenzó el 1 de marzo y se celebró en presencia de 59 de los acusados y en ausencia del resto.


Dos de los principales acusados en el caso, que podían ser condenados a muerte, 'Ali Ahmad Kadhem al-Mutaghawwi y Jassem Hassan Mansur al-Khayyat, fueron condenados a 15 y 12 años de cárcel respectivamente. Otros trece acusados fueron condenados a penas de custodia que oscilan entre los tres y los ocho años, mientras que once fueron absueltos. Se esperan más sentencias en los próximos días.


«Nos alegra el hecho de que hasta la fecha ninguno de los acusados haya sido condenado a muerte, pero creemos que estos juicios han carecido claramente de garantías», ha declarado Amnistía Internacional.


Ninguno de los acusados podrá apelar ante un tribunal superior, principio fundamental de la justicia y parte esencial del derecho a un juicio con las debidas garantías reconocido en las normas internacionales.


«En vista de la gravedad de los cargos contra los acusados, y de la falta de garantías documentada en muchos juicios anteriores, las afirmaciones públicas efectuadas la pasada semana por responsables del Ministerio de Justicia sobre las garantías de estos juicios son inadecuadas», ha declarado Amnistía Internacional.


«La credibilidad de estas garantías aún queda más en entredicho dadas las continuas negativas del gobierno a permitir que a los juicios del Tribunal de Seguridad del Estado asistan observadores independientes, incluidos los de nuestra organización.»


En su carta, Amnistía Internacional afirma que no toma postura alguna sobre el carácter de las acusaciones, y reconoce el derecho de todo gobierno a proteger a sus ciudadanos y a poner a disposición judicial a toda persona acusada de actos de violencia y de otros delitos graves.


«Sin embargo, nunca se sirve al interés público negando a los acusados el derecho a un juicio público y con las debidas garantías, de acuerdo a las normas internacionales», afirma la organización.


En una declaración anterior, emitida el 17 de marzo, Amnistía Internacional afirmó que había informes de que algunos de los 59 acusados habían sido torturados mientras estaban detenidos en régimen de incomunicación para conseguir «confesiones» que pudieran servir para condenarlos. A sus abogados no se les dio oportunidad suficiente de preparar la defensa y se les negó el acceso a sus clientes hasta que comenzaron los juicios.

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