Documento - Amnistía Internacional pide a los Estados Partes que alcancen unos objetivos clave antes de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


19 de marzo de 2010

Índice AI: IOR 53/005/2010  


Amnistía Internacional pide a los Estados Partes que alcancen unos objetivos clave antes de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma


Amnistía Internacional ha pedido hoy a los 110 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma que, antes de su reunión de la próxima semana (del 22 al 26 de marzo de 2010) en Nueva York, tomen medidas importantes para cumplir sus compromisos respecto a la justicia internacional.


La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional se reunirá para continuar con los preparativos de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que se celebrará en Kampala, Uganda, del 30 de mayo al 11 de junio de 2010. La Conferencia de Revisión es la primera oportunidad que se brinda a los Estados Partes para considerar las propuestas de reforma del Estatuto de Roma y hacer un balance de cómo han funcionado la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma desde su establecimiento el 1 de julio de 2002.


Amnistía Internacional reconoce que, pese a que la Corte ha realizado notables progresos en los últimos siete años, su trabajo se ve amenazado, no por quienes se oponen a la justicia internacional, sino por la inacción que quienes respaldan a la propia Corte, que en ocasiones no toman ni siquiera medidas básicas para cumplir sus compromisos para con la justicia internacional y la Corte.


Amnistía Internacional, por tanto, ha establecido nueve objetivos que pide a todos los Estados que alcancen antes de la Conferencia de Revisión. Si los Estados no pueden alcanzarlos antes de la Conferencia, la organización insta a los gobiernos a que, en su transcurso, se comprometan formalmente a abordar las cuestiones pendientes lo antes posible.


Objetivo 1: Todos los Estados Partes deben promulgar o reformar legislación para garantizar que sus autoridades pueden investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros delitos contemplados por el derecho internacional, de acuerdo con los requisitos más estrictos del derecho internacional y sin que haya obstáculos. Que cada Estado Parte reconozca que, en virtud del principio de complementariedad, tiene la obligación primordial de investigar y enjuiciar de manera veraz estos delitos en sus tribunales nacionales. La Corte sólo intervendrá como último recurso cuando los Estados no puedan o no quieran hacerlo de forma veraz. Para garantizar el éxito del sistema de complementariedad y evitar sobrecargar a la Corte con casos, debe realizarse una revisión exhaustiva de las leyes nacionales existentes y debe promulgarse nueva legislación, o reformar la ya existente. Hasta la fecha, esto es algo que han hecho menos de la mitad de los 110 Estados Partes, y gran parte de esa legislación adolece de graves defectos.


Objetivo 2: Todos los Estados Partes deben promulgar legislación nacional para garantizar que pueden cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma establece expresamente que los Estados Partes deben cooperar con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos bajo jurisdicción de la Corte (artículo 86), e identifica formas específicas de cooperación que pueden ser necesarias (artículo 93). Además, la Asamblea de los Estados Partes emitió, en su sexto periodo de sesiones, en 2007, un informe detallado sobre cooperación que formula 66 recomendaciones para los Estados Partes. Lamentablemente, menos de la mitad de los 110 Estados Partes han promulgado leyes de cooperación, y muchas de las que se han promulgado tienen serios defectos.


Objetivo 3: Todos los Estados Partes deben ratificar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. El Acuerdo, adoptado por la Asamblea en su primer periodo de sesiones, en 2002, establece los privilegios e inmunidades que son esenciales para el funcionamiento de la Corte y fundamentales para garantizar la plena cooperación de los Estados Partes. Hasta la fecha, sólo 62 de los 110 Estados Partes lo han ratificado.


Objetivo 4: Todos los Estados Partes deben establecer un acuerdo con la Corte sobre la reubicación de víctimas y testigos. El trabajo de la Corte es de tal naturaleza que, incluso cuando se toman las precauciones más estrictas, las víctimas y los testigos pueden encontrarse en un peligro tan grave a causa de su interacción con la Corte que pueden necesitar que se los reubique en otro país. Los Estados Partes deben, por tanto, ayudar a la Corte a reubicar en sus territorios a víctimas y testigos en peligro y deben proporcionarles los servicios esenciales para lograr su integración. Una protección efectiva de víctimas y testigos es un elemento clave de la investigación y el procesamiento, por parte de la Corte, de los delitos bajo su jurisdicción, y, por lo tanto, no es un elemento optativo. Amnistía Internacional siente honda preocupación porque, en el informe sobre cooperación presentado ante la Asamblea en su último periodo de sesiones, la Corte establece que el índice total de reubicaciones con éxito es de tan sólo el 40 por ciento. Esto es inaceptable. Los Estados Partes deben tomar medidas urgentes para que sus países estén disponibles para esas reubicaciones.


Objetivo 5: Todos los Estados Partes deben establecer con la Corte acuerdos sobre el cumplimiento de condenas. La parte 10 del Estatuto de Roma establece que los condenados cumplirán sus condenas en los centros penitenciarios de los Estados que estén dispuestos a aceptarlos. Esos centros deben cumplir las normas internacionales. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que, hasta el momento, sólo dos Estados (ambos Estados Partes europeos) se han comprometido a aceptar a condenados, y lo han hecho estableciendo con la Corte un acuerdo sobre el cumplimiento de condenas. Ahora que se celebran los primeros juicios, es importante que todos los Estados Partes cuyas condiciones penitenciarias cumplan las normas internacionales establezcan un acuerdo para proporcionar a la Corte una serie lugares de reclusión en todas las regiones, y que los demás Estados Partes conformen sus prisiones a dichas normas internacionales para poder establecer también un acuerdo de este tipo.


Objetivo 6: Todos los Estados Partes deben designar puntos de contacto nacionales sobre la cooperación. La comunicación entre los Estados Partes y la Corte es fundamental para garantizar una cooperación efectiva. Sin unos canales de comunicación claros, las peticiones de cooperación de la Corte corren peligro de no hallar respuesta. Amnistía Internacional señala que, en su informe sobre cooperación a la Asamblea, la Corte manifestaba que más de 40 Estados aún no habían designado un punto de contacto permanente responsable de la cooperación.


Objetivo 7: Todos los Estados Partes deben designar puntos de contacto nacionales para el Plan de acción de la Asamblea para conseguir la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma, y deben responder a las encuestas anuales sobre las actividades de los Estados. Amnistía Internacional respalda enérgicamente el Plan de Acción de la Asamblea para conseguir la universalidad del Estatuto de Roma. Sin embargo, desde la adopción de este plan en 2006, hay señales inquietantes de que, en la práctica, la mayoría de los Estados Partes no están tomando ninguna medida para aplicarlo. En particular, las respuestas a una encuesta anual enviada a los Estados Partes por la Secretaría de la Asamblea sobre las medidas que han tomado para aplicar el Plan han sido limitadas. Sólo 22 de los 110 Estados Partes han respondido hasta ahora al cuestionario de 2009.


Objetivo 8: Todos los Estados Partes deben hacer contribuciones anuales voluntarias al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, de la Corte Penal Internacional. El Fondo Fiduciario establecido de acuerdo con el artículo 79 del Estatuto de Roma tiene como mandato proporcionar ayuda esencial a las víctimas y hacerse cargo de las indemnizaciones establecidas por la Corte (cuando la persona condenada no pueda hacerlo). Ahora que el Fondo Fiduciario está operativo, es importante que los Estados Partes le aporten contribuciones voluntarias periódicas para llevar a cabo estas importantes tareas.


Objetivo 9: Los Estados que han formulado declaraciones que constituyen reservas prohibidas al Estatuto de Roma deben retirarlas.Amnistía Internacional señala que una serie de Estados –entre ellos Australia, Colombia, Francia, Malta y Reino Unido– han formulado declaraciones al Estatuto de Roma que, según el análisis jurídico realizado por Amnistía Internacional en Corte Penal Internacional: Declaraciones que constituyen reservas prohibidas al Estatuto de Roma(Índice AI: IOR 40/032/2005), constituyen reservas y, por lo tanto, están prohibidas por el artículo 120 del Estatuto de Roma. Estas reservas deben retirarse con efecto inmediato.


Amnistía Internacional tiene previsto publicar uno o más documentos que se distribuirán antes de la Conferencia de Revisión y en los que indicará si los Estados Partes han alcanzado estos objetivos.


Amnistía Internacional está actualmente redactando un documento de debate detallado, que se publicará en mayo, sobre las reformas que se presentarán a la Conferencia de Revisión y sobre los puntos del orden del día respecto al balance.


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