Documento - Suggested recommendations to States considered in the 14th round of the Universal Periodic Review

Suggested recommendations to States considered in the 14th round of the Universal Periodic Review, 22 October – 5 November, 2012

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Recomendaciones para los Estados que serán objeto de examen

en la 14ª sesión del Examen Periódico Universal,

22 de octubre – 5 de noviembre de 2012

Índice

Argentina

Benín

República Checa

Ghana

Guatemala

Japón

Pakistán

Perú

Corea del Sur

Sri Lanka

Ucrania

Zambia

Recomendaciones al gobierno de Argentina

Seguimiento del examen anterior

mejorar las condiciones en todas las prisiones y centros de detención para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, entre ellas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos;

garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera exhaustiva e imparcial, y que los presuntos responsables comparecen ante la justicia;

garantizar que el proyecto de ley que establece el mecanismo nacional de prevención, exigido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es aprobado sin más demora por el Senado antes de concluir 2012, como muy tarde;

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

aceptar los mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados que dispone el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

Violencia contra las mujeres

garantizar que la legislación para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres se aplica de manera efectiva, y recopilar y desglosar los datos sobre violencia contra las mujeres para posibilitar una mejor evaluación de la aplicación de la legislación;

Recopilación de datos

garantizar que se recopilan abundantes datos fiables para que sea posible vigilar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y que tanto la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como los datos que éste recopila son accesibles y están a disposición pública.

Derechos de los pueblos indígenas

garantizar la plena aplicación y observancia de la Ley de Emergencia 26.160, para evitar que los pueblos indígenas sean desalojados o expulsados de sus tierras ancestrales;

llevar a cabo el estudio nacional sobre tierras, para revisar y registrar la propiedad de la tierra, con la plena participación de las comunidades indígenas afectadas, y garantizar la protección jurídica del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras;

respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que se adopten medidas legales y administrativas que puedan afectar a sus derechos;

llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes e imparciales sobre las amenazas y los homicidios contra dirigentes indígenas, y garantizar que los responsables de estos actos comparecen ante la justicia.

Derechos sexuales y reproductivos

garantizar que las mujeres y las niñas no son objeto de sanciones penales por buscar u obtener un aborto en ninguna circunstancia;

adoptar las medidas y protocolos necesarios, incluida la asignación de recursos, para garantizar el acceso uniforme en todo el país a servicios de aborto seguro en toda la extensión de la ley y a asistencia posterior al aborto;

garantizar que las autoridades de salud cuentan con un sistema efectivo y accesible para derivar los casos en que los profesionales de la salud, a causa de sus convicciones, no deseen prestar servicios de aborto a sobrevivientes de violación o a mujeres y niñas cuyo embarazo ponga en peligro su vida o su salud.

Condiciones de reclusión y tortura o malos tratos bajo custodia

garantizar que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos son investigadas de manera efectiva e inmediata por un órgano independiente e imparcial, y que los responsables de tortura u otros malos tratos comparecen ante la justicia en juicios con las debidas garantías;

garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura no se utilizan como prueba ante los tribunales;

garantizar reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, a las víctimas de tortura y otros malos tratos infligidos por agentes estatales;

mejorar las condiciones en todas las prisiones y centros de detención para que cumplan las normas internacionales, entre ellas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos;

garantizar la asignación de recursos suficientes y adecuados a las prisiones y centros de detención, y abordar de manera inmediata y efectiva el problema del hacinamiento en los centros penitenciarios;

tomar medidas para reducir la duración de la detención preventiva garantizando que los detenidos comparecen ante la justicia sin demoras indebidas, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Impunidad por delitos cometidos en el pasado

perseverar en los esfuerzos dirigidos a investigar, de conformidad con las normas internacionales, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesar sin demora a los presuntos autores en juicios con las debidas garantías;

proteger la seguridad y la integridad física de testigos y acusados en tales juicios, garantizando que las autoridades aplican plenamente políticas efectivas de protección.

Recomendaciones al gobierno de Benín

Pena de muerte

dar seguimiento a su ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, entre otras cosas eliminando todas las disposiciones de la legislación nacional que mantienen la pena capital;

conmutar de inmediato todas las condenas de muerte por penas de prisión;

garantizar que los reclusos a los que se ha conmutado la pena de muerte son trasladados de los centros penitenciarios especiales –sobre todo de los corredores de la muerte– a centros de detención ordinarios que sean adecuados tanto al delito cometido como a la edad de su autor.

Condiciones de reclusión

garantizar que las condiciones de reclusión cumplen las normas internacionales, en particular las normas mínimas sobre condiciones humanas de reclusión establecidas en las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos y en las Reglas de la ONU para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok).

Recomendaciones al gobierno de la República Checa

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

ratificar o adherirse sin dilación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Marco nacional de derechos humanos

reforzar la aplicación de la legislación contra la discriminación en lo relativo a garantizar el acceso de las víctimas a la justicia permitiendo que las ONG y otros agentes lleven casos de discriminación ante los tribunales mediante litigios de interés público (acción popular).

Discriminación de los niños y niñas romaníes en el acceso a la educación

declarar suspendida la escolarización de niños y niñas –en especial romaníes– en escuelas y clases para alumnado con “discapacidad mental leve” y llevar a cabo una revisión completa del sistema para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y regionales sobre educación y no discriminación, garantizando en todo momento el interés superior del niño;

proporcionar todos los recursos necesarios para garantizar que los niños y niñas que lo necesiten reciben de inmediato apoyo adicional, a fin de que puedan participar efectivamente y desarrollar sus capacidades al máximo dentro del sistema general de educación primaria;

dar pasos concretos y específicos para implementar el Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva y la Estrategia para Combatir la Exclusión Social 2010-2015 (en adelante, la Estrategia);

proporcionar, a través del Ministerio de Educación y otros órganos gubernamentales pertinentes, los recursos humanos y de otra índole necesarios –incluida formación del personal– para la aplicación efectiva de la Estrategia y la vigilancia de la aplicación;

empezar a aplicar las medidas destinadas a la transformación progresiva del sistema de escuelas establecido para “alumnado con discapacidad mental leve”, entre ellas la eliminación progresiva de las escuelas prácticas en un plazo realista y su sustitución por la enseñanza inclusiva en el sistema educativo general, en consonancia con la Estrategia;

elaborar un calendario para que todos los niños y niñas romaníes indebidamente escolarizados en escuelas prácticas sean trasladados a centros ordinarios de educación donde haya una mezcla de alumnado romaní y no romaní;

poner fin de inmediato a la segregación racial de los niños y niñas romaníes dentro del sistema educativo general, y tomar medidas concretas para abordar la discriminación que sufren;

recopilar datos sistemáticamente –desglosados por género, origen étnico y situación de discapacidad– en relación con la educación, teniendo debidamente en cuenta la normativa europea relativa a la protección de datos personales y al derecho a la autoidentificación, a fin de vigilar y garantizar que no hay segregación en la educación;

garantizar que la Oficina del Defensor del Pueblo dispone de los recursos adecuados para vigilar la desaparición de la segregación en las escuelas y la integración de los niños y niñas de las escuelas prácticas de educación primaria en centros ordinarios de educación primaria.

Corte Penal Internacional

cumplir, a través de la legislación nacional, la obligación contraída en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte.

Recomendaciones al gobierno de Ghana

Seguimiento del examen anterior

garantizar que la Unidad de Apoyo y Violencia en el Ámbito Familiar dispone de recursos suficientes y está capacitada para ofrecer protección y servicios a las víctimas de violencia;

aplicar íntegramente la legislación nacional para erradicar la violencia en el ámbito familiar, incluida la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar de 2007;

garantizar que las víctimas de violencia no están obligadas a abonar el costo de sus exámenes médicos;

reformar las normas de ciudadanía para cónyuges extranjeros a fin de que estén en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

proteger los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y reformar el Código Penal para suprimir la disposición que penaliza la actividad sexual consentida entre adultos;

garantizar investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y de mutilación genital femenina, y que, si existen pruebas admisibles suficientes, se procesa a los culpables en juicios con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y protección de los derechos humanos en la Constitución y la legislación nacional

ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmada el 6 de febrero de 2007), formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional;

ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo;

ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y permitir la inspección internacional de todos los lugares de detención de Ghana;

reformar el artículo 13 de la Constitución para que los motivos que justifican el empleo de medios letales estén en consonancia con las normas internacionales, incluido el requisito de que exista peligro inminente o grave de muerte o lesiones graves;

aprobar el proyecto de Ley sobre Libertad de Información;

incorporar a la legislación nacional todos los derechos sustantivos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y garantizar su reconocimiento como derechos jurídicamente exigibles;

eliminar el castigo corporal del Decreto sobre el Servicio de Prisiones.

Corte Penal Internacional

ratificar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (firmado el 12 de septiembre de 2003) y aplicarlo en la legislación nacional;

cumplir, a través de la legislación nacional, las obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte, e investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales;

tipificar como delito en el derecho nacional: los crímenes de guerra definidos en el derecho internacional consuetudinario, no sólo en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra aplicable durante los conflictos armados no internacionales; los crímenes de lesa humanidad; los actos de genocidio (como la conspiración, la incitación directa y pública, la tentativa y la complicidad); las ejecuciones extrajudiciales; las desapariciones forzadas; las agresiones, y todos los demás crímenes de derecho internacional establecidos en el Estatuto de Roma que aún no figuran como delitos en el derecho ghanés;

capacitar a los tribunales nacionales para ejercer la jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.

Pena de muerte

abolir la pena de muerte, como ha recomendado la Comisión de Revisión de la Constitución;

en espera de la abolición de la pena de muerte, adoptar las siguientes medidas con carácter urgente:

declarar la suspensión oficial del uso de la pena de muerte, con miras a su abolición;

conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión;

garantizar que, tras la conmutación de la pena, los ex condenados a muerte son trasladados de los centros penitenciarios especiales –sobre todo de los corredores de la muerte– a centros de detención ordinarios que sean adecuados tanto al delito cometido como a la edad de su autor;

garantizar que en los casos de pena de muerte se respetan las más rigurosas normas constitucionales e internacionalmente reconocidas sobre juicios justos;

ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Acceso a la justicia y a los centros penitenciarios

cursar invitaciones al relator especial sobre la cuestión de la tortura, de las Naciones Unidas, y al relator especial sobre prisiones y condiciones de detención en África, de la Comisión Africana, para visitar Ghana en un futuro próximo;

comprometerse a corregir de inmediato el hacinamiento en las prisiones y garantizar que las condiciones penitenciarias cumplen las normas internacionales, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas de la ONU para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok);

garantizar que todas las personas detenidas tienen acceso a un abogado de su elección, entre otras cosas implementando un sistema mejorado de asistencia jurídica gratuita que llegue a todas las regiones de Ghana;

revisar los casos para evaluar cuánto tiempo llevan privadas de libertad las personas en reclusión preventiva, con miras a poner fin al encarcelamiento de las que lleven recluidas un periodo acorde a las penas normalmente impuestas por su delito.

Derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias sobre agresiones y amenazas contra personas debido a su orientación sexual o identidad de género, y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales sobre juicios justos;

adoptar medidas eficaces para poner fin al clima de homofobia.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad

dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que se atengan en todo momento al derecho internacional de los derechos humanos y respeten el derecho a la vida y la prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes;

poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos a manos de la policía, garantizando que todos los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad se investigan íntegra e imparcialmente, y que los presuntos implicados en violaciones de derechos humanos son apartados del servicio activo y procesados.

Recomendaciones al gobierno de Guatemala

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

Impunidad por delitos cometidos en el pasado

garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso completo y sin trabas a todos los archivos militares y la información que puedan ayudar a llevar ante la justicia a los autores de violaciones de derechos humanos o a localizar a víctimas de desaparición forzada;

aprobar el establecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente, y garantizar que dispone de los recursos necesarios para desempeñar su labor eficazmente;

garantizar que se llevan a cabo –sin demora y de conformidad con las normas internacionales– investigaciones imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y que, si existen pruebas admisibles suficientes, los presuntos autores de estos delitos son procesados;

establecer una política estatal coordinada que garantice la implicación de todos los poderes del Estado en la investigación y el enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y garantizar resarcimiento y reparación a las víctimas y sus familiares;

ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmada el 6 de febrero de 2007), formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional;

adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

cumplir, a través de la legislación nacional, las obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte y de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales

Pueblos indígenas

ordenar el cese inmediato de todos los desalojos forzosos y aplicar reformas jurídicas y políticas que garanticen el debido proceso a las comunidades rurales amenazadas de desalojo;

garantizar que, en consonancia con las normas internacionales, se obtiene el consentimiento libre e informado antes de emprender actividades de la industria extractiva o grandes proyectos de infraestructura que probablemente afecten a las comunidades indígenas;

Violencia contra las mujeres

garantizar que se destinan recursos suficientes a los esfuerzos por mejorar la investigación, el enjuiciamiento y la prevención de los casos de violencia contra las mujeres;

mejorar la coordinación entre los organismos del Estado encargados de recopilar información sobre la violencia contra las mujeres y de coordinar las políticas relativas a la violencia contra las mujeres;

proporcionar suficientes recursos y formación sensible a las cuestiones de género al personal encargado de hacer cumplir la ley, a los miembros del poder judicial y a los proveedores de servicios de salud para que mejore el trato a las víctimas de violencia contra las mujeres y a sus familiares;

garantizar mecanismos eficaces de rendición de cuentas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todos los poderes del Estado en los casos de violencia contra las mujeres.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

garantizar que quienes defienden los derechos humanos pueden realizar sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme a lo establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos;

mejorar la calidad de las investigaciones y los enjuiciamientos de casos relacionados con amenazas y hostigamiento de defensores de los derechos humanos, sobre todo en áreas como la recopilación de pruebas y cuando las amenazas ocurren fuera de la capital y en zonas rurales;

garantizar la aprobación del Catálogo de medidas para la prevención y protección de defensor@s de derechos humanos y otros grupos vulnerables previa consulta con los grupos de la sociedad civil.

Seguridad pública

garantizar investigaciones prontas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y homicidios que se cometan o hayan cometido con la presunta implicación o aquiescencia de miembros de las fuerzas de seguridad, de conformidad con los Principios de la ONU relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias;

garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad respetan los derechos humanos y el Estado de derecho.

Pena de muerte

declarar la suspensión oficial de las ejecuciones, conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión y abolir la pena capital para todos los delitos;

ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Recomendaciones al gobierno de Japón

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

convertirse en Estado Parte en los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

reconocer sin demora la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas (artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) y aplicar la Convención en la legislación nacional;

adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reservas prohibidas, y aplicarla en la legislación nacional.

Establecimiento de una institución nacional de derechos humanos

garantizar que todo proyecto de ley presentado ante el Parlamento japonés (Dieta) para la creación de una institución nacional de derechos humanos refleja íntegramente los Principios de París y permite establecer una institución independiente, imparcial y digna de crédito que respete y haga respetar en la práctica los derechos humanos de todas las personas en Japón.

Abolición de la pena de muerte

declarar la suspensión oficial de las ejecuciones con miras a la abolición de la pena capital, conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

El sistema daiyo kangoku (prisiones sustitutivas)

reformar el sistema de detención daiyo kangoku para que esté en consonancia con las normas internacionales, lo que incluye tomar medidas como la grabación electrónica de todo el proceso de interrogatorio y garantizar que los detenidos no son interrogados en ausencia de un abogado y tienen acceso a asistencia letrada sin demora ni trabas.

Justicia para las sobrevivientes del sistema militar de esclavitud sexual de Japón

admitir toda la responsabilidad y pedir perdón por el sistema militar de esclavitud sexual, de manera inequívoca y aceptable para la mayoría de las sobrevivientes, lo que supone reconocer públicamente el daño causado a estas mujeres y tratar de restituir su dignidad, entre otras cosas ofreciendo una reparación plena, que incluya indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

garantizar que el proceso de determinación de la condición de refugiado se realiza de manera imparcial, efectiva y transparente, de conformidad con el derecho y las normas internacionales, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados;

poner fin a la detención por tiempo indefinido de migrantes y solicitantes de asilo;

garantizar que sólo se detiene a migrantes y solicitantes de asilo como último recurso y si las autoridades pueden demostrar que la medida es necesaria, proporcionada y ajustada a derecho, que no hay alternativas viables y que existe el riesgo objetivo de incomparecencia de la persona.

Discriminación y racismo

definir la discriminación en la legislación nacional con arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y prohibir todas las formas de discriminación directa e indirecta, entre ellas las basadas en la edad, el género, la religión, la orientación sexual, el origen étnico o la nacionalidad.

Corte Penal Internacional

adherirse sin demora al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

cumplir, a través de la legislación nacional, las obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cooperar sin dilación y plenamente con la Corte y de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales.

Recomendaciones al gobierno de Pakistán

Ratificación y aplicación de tratados internacionales de derechos humanos

retirar las reservas formuladas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y tomar medidas de inmediato para incorporar ambos tratados a la legislación nacional, retirar o reformar las leyes que no se ajusten a ellos y garantizar la aplicación efectiva de los dos.

Discriminación y ataques contra minorías religiosas

modificar o abolir la legislación sobre la blasfemia, en concreto el artículo 295.c del Código Penal de Pakistán, que dispone la pena de muerte para toda persona declarada culpable de blasfemia;

garantizar la aplicación de las reformas introducidas en virtud de la Ley de Reforma del Código Penal de 2004, según las cuales es preceptivo que la investigación de los casos de blasfemia en aplicación del artículo 295.c del Código Penal paquistaní la lleve a cabo un oficial de grado no inferior al de superintendente de policía;

investigar las amenazas y ataques perpetrados contra personas o grupos debido a sus creencias religiosas, y llevar ante la justicia a los presuntos autores para que sean juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre el debido proceso y sin recurrir a la pena de muerte.

Violencia contra las mujeres

establecer sin demora los parámetros de referencia necesarios para evaluar la aplicación de la Ley de Protección de las Mujeres frente al Acoso en el Lugar de Trabajo de 2010, la Ley (de Prevención y Protección) contra la Violencia en el Ámbito Familiar, la Ley sobre Control de Ácidos y Prevención de los Delitos Cometidos con Ácido de 2010 y la Ley de Prevención de Prácticas Misóginas (Enmienda de la Legislación Penal) de 2008, destinada a promover los derechos de las mujeres;

crear mecanismos destinados a mejorar la asistencia a las sobrevivientes de la violencia basada en el género, lo que incluye proporcionar suficientes recursos y formación sensible a las cuestiones de género al personal encargado de hacer cumplir la ley, los miembros del poder judicial y los proveedores de servicios de salud;

abordar el reducido índice de sentencias condenatorias dictadas por violencia basada en el género, lo que incluye garantizar investigaciones prontas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias y el procesamiento de los presuntos autores.

Libertad de expresión y ataques contra periodistas

llevar ante la justicia a los autores de ataques a periodistas investigando exhaustivamente a todas las personas y organizaciones acusadas de tales abusos con independencia de su vinculación a poderosos agentes estatales o no estatales; además, las autoridades deben abordar con urgencia los intentos de intimidación a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que investiguen abusos contra periodistas;

apoyar la designación de un organismo independiente, que trabaje en coordinación con la comunidad periodística para documentar e investigar las amenazas a periodistas en todo el país; dicho organismo debe ser fácilmente accesible para los periodistas que están trabajando, por ejemplo a través de una línea telefónica directa confidencial, un sitio web y oficinas de acceso directo;

garantizar que las leyes que regulan la industria de los medios de comunicación no se utilizan para intimidar ni censurar a periodistas y medios de comunicación considerados críticos con el gobierno.

Desapariciones forzadas

liberar de inmediato a toda persona sometida a desaparición forzada o recluida de otro modo en detención secreta, o, si existen pruebas admisibles suficientes, acusar a la persona en cuestión de un delito reconocible, de conformidad con las normas internacionales y siguiendo procedimientos ajustados a dichas normas;

garantizar que, si la persona es acusada, sólo se le impone la privación de libertad en circunstancias excepcionales, y una vez examinadas detenidamente todas las posibles alternativas a la detención;

garantizar que, si la persona es acusada, todos los procedimientos se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;

garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y con recursos suficientes sobre todos los casos de desaparición forzada, y procesar con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte a las personas y grupos responsables, incluidos los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado;

ofrecer resarcimiento a las víctimas y sobrevivientes de la desaparición forzada, incluidos los familiares, y proteger a los familiares y testigos de las amenazas u otros riesgos de represalia o intimidación;

adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formular las declaraciones en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención relativas a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones individuales y entre Estados y aplicar íntegramente todas las disposiciones de la Convención en la legislación, las políticas y la práctica;

extender a las Zonas Tribales bajo Administración Federal las salvaguardias de los derechos fundamentales de la Constitución paquistaní –interpretadas de manera coherente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–, incluidas las previstas en relación con la detención y la reclusión en aplicación del artículo 10 y con los juicios con las debidas garantías en virtud del artículo 10.a, y hacer valer estas salvaguardias y las que establece el Pacto en todo el país.

Violaciones de derechos humanos en Baluchistán

adoptar medidas efectivas para llevar ante la justicia a todos los autores de abusos y violaciones de derechos humanos en Baluchistán para que sean juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre el debido proceso y sin recurrir a la pena de muerte;

garantizar que toda operación militar se ajusta al derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados no internacionales.

Abusos asociados al conflicto en las Zonas Tribales

garantizar que las fuerzas gubernamentales –incluidos el ejército, el Cuerpo de Fronteras, la Policía Fronteriza y las milicias tribales locales apoyadas por el Estado (lashkar)– están debidamente instruidas, equipadas y disciplinadas, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; el personal de seguridad presuntamente implicado en violaciones de derechos humanos debe ser apartado del servicio activo y procesado;

derogar o reformar el Reglamento sobre Delitos Fronterizos y la Ordenanza sobre actuación en auxilio de los poderes civiles de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos;

extender íntegramente los derechos y salvaguardias de la Constitución de Pakistán a las Zonas Tribales bajo Administración Federal y las áreas pertinentes de la provincia de Khyber Pakhthunkhwa, lo que incluye hacer extensiva al territorio la competencia de los tribunales superiores y el Parlamento de Pakistán.

Pena de muerte

establecer la suspensión inmediata de todas las ejecuciones y conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión;

en espera de la abolición absoluta de la pena de muerte, eliminar de inmediato todas las disposiciones de la legislación nacional que contravienen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular:

restringir la imposición de la pena de muerte a los delitos más graves únicamente;

abolir todas las disposiciones que establecen la pena de muerte preceptiva;

prohibir que se imponga la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito y a personas con discapacidad mental, y

garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo.

Sistema de justicia

cumplir íntegramente las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que incluye revisar leyes y reformar políticas y prácticas para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos;

adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

proporcionar apoyo económico y logístico a los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley para ampliar su capacidad, incluso en las investigaciones forenses y de la escena del crimen, mediante la provisión de material y formación, de manera acorde al derecho internacional de los derechos humanos;

poner fin al uso de las órdenes de disparar sin previo aviso y otras medidas que aumentan el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y crean impunidad para las fuerzas de seguridad.

Recomendaciones al gobierno de Perú

Marco nacional e internacional de derechos humanos

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en sus artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional;

adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

retirar la declaración formulada al adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad en 2003, referida a los delitos incluidos en la Convención que se cometieron con anterioridad a su entrada en vigor en Perú;

elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos para 2012-2016 con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, que incluya un calendario de aplicación, indicadores, recursos adecuados y claridad sobre las responsabilidades de su puesta en marcha;

reforzar el marco jurídico de los derechos de los pueblos indígenas previa consulta con ellos y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado sobre las medidas legislativas y administrativas que les afectan;

abstenerse de autorizar nuevos proyectos de desarrollo que afecten a las comunidades indígenas hasta que éstas hayan sido consultadas adecuadamente y hayan dado su consentimiento, conforme a las normas internacionales;

emprender sin demora una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, de conformidad con las normas internacionales, sobre los hechos que tuvieron lugar el 5 de junio de 2009 en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas, en los que murieron 33 personas y al menos 205 resultaron heridas tras intervenir la policía para poner fin a las protestas de las comunidades indígenas, y, si existen pruebas admisibles suficientes, llevar ante la justicia a los responsables en juicios con las debidas garantías, y garantizar que las víctimas de la violencia reciben una reparación plena, que incluya restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

Impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

garantizar la aplicación plena de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con el fin de que se rindan cuentas por las violaciones cometidas en el pasado;

asegurarse de que el Ministerio de Defensa colabora en las investigaciones y facilita toda la información necesaria para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Corte Penal Internacional

adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional;

cumplir, a través de la legislación nacional, la obligación contraída en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de un modo efectivo en sus tribunales nacionales.

Derechos sexuales y reproductivos

poner a disposición de todas las mujeres, en especial las pobres y marginadas, información clara y accesible, que les permita utilizar los servicios de salud sexual y reproductiva y tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva;

dar prioridad a las mujeres que vivan en comunidades indígenas y rurales en el acceso a la atención de la salud sexual, reproductiva y materna;

prevenir y reducir la mortalidad materna a través de la coordinación, incluida la adopción y puesta en marcha de un protocolo nacional sobre el aborto terapéutico;

garantizar que la Ley 28704, que eleva de 14 a 18 años la edad de consentimiento de las relaciones sexuales, no afecta negativamente a la capacidad de las niñas para acceder a los servicios de salud materna;

garantizar que se lleva a cabo sin demora una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la esterilización forzada de mujeres, y que las mujeres obligadas a someterse a tal procedimiento pueden obtener resarcimiento adecuado.

Libertad de expresión, asociación y reunión en el contexto de protestas

promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluso en situaciones de manifestación contra políticas, leyes y acciones del gobierno;

revisar los Decretos Legislativos 1094 y 1095 para garantizar que se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos;

cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar que todos los efectivos de seguridad destinados a labores de control de manifestaciones reciben formación adecuada sobre alternativas al uso de la fuerza y de armas de fuego, tales como solución pacífica de conflictos, conocimientos sobre el comportamiento de las multitudes, y métodos de persuasión, negociación y mediación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

garantizar que los defensores de los derechos humanos –incluidas las víctimas de violaciones de derechos humanos, testigos, fiscales, peritos, periodistas y sindicalistas, entre otros– pueden desempeñar su labor de derechos humanos libremente y sin miedo a sufrir intimidación, y abstenerse de someterlos a investigaciones criminales basadas en acusaciones infundadas.

Recomendaciones al gobierno de Corea del Sur

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 del tratado (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas, y de otros Estados Partes); el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Ley de Seguridad Nacional

abolir la Ley de Seguridad Nacional o reformarla para que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, de manera que no pueda ser utilizada para reprimir la disidencia o procesar a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación;

poner en libertad de inmediato a todas las personas encarceladas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Institución nacional de derechos humanos

garantizar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea está dotada de personal y fondos suficientes para poder actuar como institución nacional de derechos humanos independiente, eficaz y digna de crédito;

garantizar un proceso transparente para nombrar a los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en consulta con los grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, y que las personas designadas poseen experiencia y conocimientos pertinentes en materia de derechos humanos.

Libertad de reunión y de asociación

garantizar que los agentes de policía reciben instrucciones claras y formación estricta sobre el uso adecuado del armamento y otro material policial y de seguridad, de conformidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;

garantizar que se investigan las denuncias sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones y que se procesa a los responsables de tales actos;

poner fin a la persecución de personas, incluidos periodistas y sindicalistas, que abogan por la independencia de los medios de comunicación;

retirar los cargos civiles y penales contra quienes participaron en las protestas pacíficas contra la construcción de una base naval en el pueblo de Gangjeong, en la isla de Jeju.

Pena de muerte

declarar la suspensión oficial de las ejecuciones y conmutar por penas de prisión todas las condenas de muerte impuestas;

tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la pena de muerte queda abolida en la legislación nacional.

Objeción de conciencia al servicio militar

conceder una amnistía con carácter inmediato e incondicional a todos los objetores de conciencia encarcelados en la actualidad en Corea del Sur;

reformar la legislación nacional para que esté en consonancia con las normas internacionales introduciendo disposiciones sobre la objeción de conciencia al servicio militar, lo que incluye garantizar que el servicio alternativo es de carácter genuinamente civil y no punitivo, está sujeto a control civil y tiene una duración comparable a la del servicio militar.

Derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes

suprimir las restricciones de movilidad laboral impuestas a los trabajadores migrantes, que son causa importante de explotación por parte de sus empleadores; con tal fin se debe reformar el artículo 25 de la Ley del Sistema de Permiso de Empleo, que establece un límite sobre el número de veces que los trabajadores migrantes pueden cambiar de trabajo;

tomar medidas específicas para que se respeten, protejan y promuevan los derechos de todas las trabajadoras migrantes y garantizar que no sufren abusos contra sus derechos humanos en sus lugares de trabajo, como restricciones ilegales de su libertad de circulación, insultos o agresiones y violencia sexual y otras formas de violencia basada en el género;

eliminar de inmediato los obstáculos que impiden a los trabajadores migrantes formar sindicatos y afiliarse a ellos, incluido el Sindicato de Migrantes, y reconocer a éste la condición de sindicato legal en Corea del Sur;

garantizar que los procedimientos de detención, reclusión y expulsión de los trabajadores migrantes irregulares se ajustan al derecho y las normas internacionales de derechos humanos;

emprender sin demora investigaciones efectivas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de inmigración y obligar a los autores a rendir cuentas.

Recomendaciones al gobierno de Sri Lanka

Legislación antiterrorista

derogar la Ley de Prevención del Terrorismo y abolir el sistema de detención administrativa;

garantizar que las medidas de seguridad adoptadas en el contexto de la violencia armada se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos, de conformidad con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado;

poner en libertad a todas las personas recluidas en aplicación de legislación antiterrorista o de excepción, si no se las acusa de algún delito común reconocible ni un tribunal independiente y legítimamente constituido ordena su reclusión preventiva; todo juicio debe celebrarse sin demora, ante un tribunal legítimamente constituido y con todas las garantías internacionalmente reconocidas.

Plan Nacional de Derechos Humanos

cumplir sin dilación los compromisos específicos formulados en materia de derechos humanos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sobre todo los que protegen frente a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen y garantizan el fin de la impunidad.

Instituciones nacionales de derechos humanos

reforzar la independencia de las instituciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado.

Protección de testigos

adoptar y aplicar medidas efectivas de protección de víctimas y testigos, de conformidad con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado.

Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación

iniciar sin demora una investigación efectiva sobre las declaraciones de testigos y escritos presentados a la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación en los que se denuncian violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario;

ofrecer protección efectiva a todos los testigos mientras se desarrolla el proceso judicial;

garantizar que no se concede ni se considera la posibilidad de conceder una amnistía a los autores de violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario identificadas en las investigaciones de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, con independencia de su cargo o función en el gobierno.

Detención y reclusión arbitrarias

poner en libertad a todas las personas detenidas, incluso las recluidas en “campos de rehabilitación”, si no van a acusarlas de algún delito común reconocible ni a juzgarlas de plena conformidad con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;

dar cumplimiento a todas las resoluciones judiciales –como las decisiones del Tribunal Supremo en casos de derechos fundamentales y los recursos de hábeas corpus– que ordenen la liberación inmediata de detenidos;

garantizar que toda detención o reclusión se hace en estricto cumplimiento del decreto presidencial de 2006 relativo al registro de detenidos y a la revelación de su paradero, y de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Sri Lanka es Estado Parte;

poner fin de inmediato a todo uso de la detención en régimen de incomunicación;

cerrar de inmediato todos los lugares de detención no oficiales y secretos y promulgar legislación que declare ilegal recluir a cualquier persona en lugares que no sean los oficialmente reconocidos ni accesibles para familiares, abogados y tribunales, así como observadores independientes.

Desapariciones forzadas

adoptar medidas para investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, conforme a las normas internacionales y de manera transparente, en consonancia con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado;

facilitar sin demora la visita solicitada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Tortura y otros malos tratos

aplicar las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, como reforzar las garantías jurídicas para eliminar todas las formas de tortura y otros malos tratos en prisiones y centros de detención, de conformidad con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado.

Pena de muerte

abolir la pena capital y conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión.

Ejecuciones extrajudiciales

iniciar investigaciones y enjuiciamientos sobre todas las denuncias de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria y someter a las disposiciones de la justicia a los responsables conforme a las normas internacionales, en consonancia con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado.

Impunidad por violaciones de derechos humanos

adoptar todas las medidas necesarias para procesar y sancionar a los autores de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de conformidad con los compromisos formulados en el examen anterior, que aún no se han aplicado.

Ratificación y aplicación de tratados internacionales de derechos humanos

adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas, y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional;

adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad;

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –sin formular declaraciones equiparables a reservas encubiertas– y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, y aplicar ambos en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Ucrania

Seguimiento del examen anterior

realizar los cambios constitucionales necesarios para ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y elaborar proyectos de legislación para aplicar tanto el Estatuto como el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades;

reformar la legislación sobre refugiados y personas necesitadas de protección adicional para ofrecer protección complementaria en el contexto de un conflicto armado interno o internacional, en consonancia con las normas internacionales;

cumplir la obligación, contraída en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugiados, de no enviar a personas a países donde corran peligro real de sufrir graves abusos contra los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos;

proporcionar procedimientos completos y justos de determinación de la condición de refugiado asegurando el pleno funcionamiento de los servicios de migración y su capacidad para admitir solicitudes y garantizando que los solicitantes de asilo tienen acceso a servicios de interpretación y que no se detiene a ninguno por entrada ilegal en el país;

establecer un organismo independiente, encargado de vigilar los lugares de detención con arreglo a las obligaciones contraídas por Ucrania en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

acometer más trabajo relacionado con la independencia del poder judicial y la corrupción en la judicatura y en todo el poder ejecutivo, de conformidad con la recomendación formulada y apoyada por Ucrania en el curso de su primer examen periódico universal.

Marco nacional e internacional de derechos humanos

convertirse en Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados;

adherirse sin demora a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Reforma del sistema de justicia penal

promulgar cuanto antes el nuevo Código de Procedimiento Penal y estudiar si debe estar más en consonancia con las normas del Consejo de Europa;

establecer con carácter prioritario una agencia independiente y con plenos recursos para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía, como ha recomendado el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Tortura y otros malos tratos bajo custodia policial

garantizar que todo agente de policía u otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley de quien sea razonable sospechar que ha sido responsable de tortura y otros malos tratos es procesado por el delito adecuado y que, si resulta culpable, la condena que se le impone es proporcionada a la gravedad del delito;

garantizar que haya siempre un abogado presente durante los interrogatorios policiales, salvo que el detenido renuncie a su derecho a un abogado, y que todos los interrogatorios queden minuciosamente registrados, preferiblemente con el uso de equipos de sonido y vídeo;

garantizar que las víctimas de tortura obtienen resarcimiento y una reparación adecuada, que incluya indemnización y los medios para tener la mejor rehabilitación posible, así como protección frente a represalias;

revisar las disposiciones del Código Administrativo para que todos los detenidos tengan acceso inmediato a un abogado de conformidad con las normas internacionales.

Muertes bajo custodia

garantizar que todas las personas privadas de su libertad están recluidas en condiciones que cumplen las normas internacionales, y aplicar íntegramente las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en relación con las condiciones de la reclusión preventiva.

Impunidad por violaciones de derechos humanos

reformar el artículo 127 del Código Penal para que refleje con precisión todos los elementos de la definición de la tortura contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura;

garantizar que las denuncias de delitos cometidos por agentes de policía se investigan sin demora y con exhaustividad, independencia e imparcialidad, en particular reformando el cometido y las funciones de la Fiscalía para que tales investigaciones sean imparciales y objetivas y que, si existen pruebas admisibles suficientes, se procese a los responsables con las debidas garantías.

Recomendaciones al gobierno de Zambia

Pena de muerte

declarar abolida la pena de muerte en la nueva Constitución;

en espera de la abolición de la pena capital, adoptar las siguientes medidas con carácter urgente:

declarar la suspensión oficial del uso de la pena de muerte;

conmutar de inmediato todas las condenas de muerte por penas de prisión;

garantizar que, tras la conmutación de la pena, los ex condenados a muerte son trasladados de los centros penitenciarios especiales –sobre todo de los corredores de la muerte– a centros de detención ordinarios, que sean adecuados tanto al delito cometido como a la edad de su autor;

eliminar de inmediato de su legislación toda disposición relativa a la pena de muerte que contravenga el derecho internacional de los derechos humanos, como su imposición preceptiva o por delitos que no cumplan el criterio de los “más graves delitos”, es decir, los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales, según interpretan los organismos internacionales;

garantizar que se respetan las más rigurosas normas constitucionales e internacionalmente reconocidas sobre juicios justos en los casos de pena de muerte;

dar a conocer datos estadísticos anuales completos sobre la pena de muerte y datos relativos a la administración de justicia en los casos de pena de muerte;

ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

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