Documento - The International Criminal Court: Fact sheet 7 - Ensuring justice for women

Índice AI: IOR 40/08/00/s

AMNISTÍA INTERNACIONAL


Corte Penal Internacional

Folleto 7

Garantías de justicia a las mujeres


Con demasiada frecuencia, los conflictos se producen en las sociedades que menos preparadas están para soportarlos, se cobran sus víctimas entre quienes menos se lo merecen y afectan con mayor intensidad a quienes peor pueden defenderse de ellos. Los civiles se han convertido en los principales objetivos en las guerras. Desde violaciones y desplazamiento hasta negación del derecho a los alimentos y las medicinas, lo que soportan las mujeres es más de lo que les corresponde.


Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Comunicado de prensa del 6 de marzo del 2000, Día de la paz internacional y de los derechos de la mujer (SG/SM/7325, WOM/1190)


Más de medio siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres continúa sido un hecho cotidiano en todo el mundo. La vulnerabilidad de las mujeres a las violaciones de derechos humanos aumenta en las situaciones de conflicto armado. En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se ha tenido en cuenta el genero a fin de garantizar que las mujeres participan en el funcionamiento de la Corte y , si son víctimas de los mas graves crímenes comprendidos en el derecho internacional, tienen acceso a la justicia.


¿Qué crímenes contra la mujer son de competencia de la Corte?


El Estatuto confiere a la Corte competencia respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Aunque tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de la mayoría de estos crímenes, algunos, como el embarazo forzado, sólo pueden ser cometidos contra mujeres, y hay otros, como la violación y la agresión sexual, que afectan especialmente a éstas.


¿Pueden los ataques contra mujeres constituir genocidio?


Aunque las mujeres no son una de las cuatro clases de grupos protegidos expresamente por la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ciertos tipos de ataques dirigidos contra mujeres de una de esas cuatro clases de grupos (nacionales, étnicos, raciales y religiosos) con la intención de destruir total o parcialmente al grupo como tal pueden constituir genocidio. En 1998, en la insólita sentencia sobre el caso Akayesu, una sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda resolvió que cuando la violación se utiliza como método de destrucción de un grupo protegido, causando lesiones físicas o mentales graves a sus miembros, esa práctica constituye genocidio. Asimismo, explicó que la violación podía ser utilizada también para impedir los nacimientos en el seno de un grupo. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a un grupo está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada de un hijo que no pertenezca, por tanto, a su grupo, es una medida que tiene por objeto impedir los nacimientos dentro del grupo de la madre, por lo que constituye genocidio.


¿Qué crímenes de lesa humanidad afectan en particular a las mujeres?


El artículo 7.1.g reconoce que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otro abuso sexual de gravedad comparable son crímenes de lesa humanidad en ciertas circunstancias. Asimismo, el artículo 7.1.h dispone que la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia —como podrían ser las mujeres— por motivos de género y en conexión con cualquier otro delito de la competencia de la Corte es un crimen de lesa humanidad.

Estos crímenes o abusos sexuales y la persecución tienen que haberse cometido en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, lanzado de conformidad con la política de un Estado o de una organización de efectuar ese ataque o para promover esa política. El término «ataque» tiene un significado especial en el Estatuto, pues se aplica a otras medidas además de a las agresiones militares, entre ellas la promulgación de leyes (véase el folleto 4).


¿Hay en el Estatuto crímenes de guerra que afecten de manera similar a las mujeres?


El artículo 8 dispone que los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otro abuso sexual que constituya una infracción grave del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 pueden ser causa de enjuiciamiento como crímenes de guerra si se cometen en conflictos armados internacionales o internos (véase el folleto 5). Las definiciones de estos crímenes son básicamente las mismas que las de los abusos sexuales análogos que constituyen crímenes de lesa humanidad.


¿Qué función desempeñarán las mujeres en la Corte?


En virtud del artículo 44.2 del Estatuto, en el nombramiento de los funcionarios el Fiscal y el Secretario «velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad» y tendrán en cuenta los criterios aplicables en la selección de los magistrados, entre los que figura la necesidad de garantizar una representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres y la experiencia en cuestiones específicas, incluida la violencia sexual contra mujeres. Este requisito es particularmente importante en el caso del Fiscal, que es el encargado de designar a los investigadores, los cuales deberán tener experiencia en la labor de recopilación de pruebas de violencia contra mujeres con delicadeza y eficacia.


¿Serán los magistrados, el Fiscal y el Secretario de la Corte mujeres?


Los Estados Partes están obligados por el artículo 36.8.a del Estatuto a tener en cuenta en la selección de los magistrados la necesidad de que en la composición de la Corte los hombres y las mujeres estén representados en la misma medida, y el párrafo 8.b de dicho artículo obliga a considerar también la necesidad de que entre los magistrados haya juristas especializados en asuntos concretos, incluida la violencia contra las mujeres. Aunque no existen disposiciones similares con respecto a los cargos de Fiscal y Secretario, dos de los tres fiscales de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y uno de los dos secretarios del Tribunal de Yugoslavia han sido mujeres.


¿Dispondrá la Corte de una oficina específica para tratar las necesidades de las mujeres?


El artículo 43.6 dispone que el Secretario establecerá en la Secretaría una Dependencia de

Víctimas y Testigos para ayudar al Fiscal y a la Corte. En concreto, tal ayuda consistirá en adoptar medidas de protección y dispositivos de seguridad y en prestar asesoramiento y otro tipo de asistencia a las víctimas que comparezcan ante la Corte —muchas de las cuales serán mujeres—, a los testigos y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia de Víctimas y Testigos contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.


¿Tiene la Corte la obligación de proteger a las mujeres que son víctimas o testigos de crímenes de su competencia?


Uno de los problemas del enjuiciamiento de personas acusadas de estos graves crímenes contra mujeres es que en algunos casos las víctimas son reacias a declarar. Por este motivo, el artículo 68.1 dispone que la Corte tomará las debidas medidas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Al hacerlo, deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la naturaleza del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género. Tales medidas no podrán menoscabar los derechos del acusado ni el derecho a un juicio justo e imparcial ni ser incompatibles con ellos.


¿Cómo se protegerá a las mujeres que son víctimas o testigos?


Como excepción al principio de la celebración de vistas públicas, el artículo 68.2 estipula que las Salas de Cuestiones Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones pueden, para proteger a las víctimas y a los testigos, así como al acusado, celebrar parte de las actuaciones a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos y otros medios especiales. Tales medidas se aplicarán, en particular, en el caso de las víctimas de agresión sexual, atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctimas o testigos.


Asimismo, al redactar el Estatuto se intentó que, como en el caso de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, esas medidas de protección y dispositivos de seguridad incluyeran programas efectivos de reasentamiento y protección de las víctimas emprendidos voluntariamente por los Estados.


PALABRAS CLAVE: CPI1 / MUJERES / CRÍMENES DE GUERRA / CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD


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