Documento - República Checa: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU

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15 de mayo de 2001 Documento público

República Checa: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU

Las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas confirman nuestras propias conclusiones y recomendaciones a las autoridades checas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«Instamos a las autoridades checas a poner en práctica con carácter de urgencia las recomendaciones del Comité», ha añadido la organización.

En marzo del 2001, Amnistía Internacional pidió a las autoridades checas que tomaran medidas para garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan los derechos de las personas privadas de libertad y que establecieran un sistema para investigar de forma inmediata e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos.

En aquel entonces, el ministro del Interior checo declinó la invitación de Amnistía Internacional de dialogar sobre la preocupación que sentía la organización porque la policía checa podía haber violado los derechos de centenares de personas detenidas en Praga tras las protestas contra la reunión del FMI y el Banco Mundial en septiembre del 2000. Dos meses después, la organización aún no ha recibido de las autoridades checas ninguna respuesta oficial que indique que están considerando seriamente su informe.

Amnistía Internacional ha declarado: «Confiamos en que, en vista de las conclusiones del Comité, las autoridades checas considerarán seriamente nuestra preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos y por la aparente negativa de las autoridades a investigar exhaustivamente esas denuncias».

En sus recomendaciones, aprobadas el 14 de mayo tras examinar el segundo informe presentado por la República Checa, el Comité da instrucciones a las autoridades checas para que:

- garanticen que se investigan de forma independiente y exhaustiva todas las denuncias de malos tratos en general, y las relativas a la reunión del FMI y el Banco Mundial en septiembre del 2000 en particular, y que en su próximo informe periódico al Comité se incluye información sobre las conclusiones de las investigaciones y las medidas adoptadas, incluidos los procesamientos de los responsables y las reparaciones a las víctimas;

- garanticen que se investigan de forma independiente los delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, introduciendo mecanismos de control externos;

- garanticen que se respeta el derecho de todas las personas privadas de libertad a ponerse en contacto con un familiar cercano o cualquier otra persona de su elección, a tener acceso inmediato a un abogado de su elección y a tener acceso a un médico de su elección, aparte de los exámenes médicos a que puedan someterlas las autoridades policiales.

El Comité también expresó preocupación, entre otras cosas, por:

- los casos de racismo y xenofobia en la sociedad, incluyendo el aumento de la violencia por motivos raciales contra grupos minoritarios y el aumento de los grupos que defienden el racismo;

- la constante discriminación contra romaníes, también por parte de las autoridades locales, y en especial los informes sobre tratos degradantes por parte de la policía contra grupos minoritarios y los constantes informes de ataques violentos contra romaníes;

- la aparente negativa de la policía y las autoridades judiciales a brindar una protección adecuada a las víctimas y a investigar y juzgar los delitos de motivación racial;

- la indulgencia con que se trata a los responsables de esos delitos;

- la falta de regulación legal de las inspecciones externas del sistema de prisiones, y en especial el hecho de que se han rescindido las disposiciones legales sobre inspecciones civiles sin sustituirlas por ninguna otra medida durante el periodo revisado, y la ausencia de mecanismos eficaces para procesar las quejas de los presos;

- la violencia y la intimidación de unos presos contra otros en diversas instituciones —incluidas las prisiones, los centros de detención del ejército y los centros de formación—, así como la presencia de guardias varones en prisiones de mujeres, en situaciones que pueden dar lugar a un abuso de autoridad.

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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.