Documento - Ucrania: Canciones, "revolución" y derechos humanos

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Nota informativa para los medios de comunicación

Índice AI: EUR 50/003/2005 (público)

Servicio de Noticias: 122/2005

11 de mayo de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR500032005

Ucrania: Canciones, “revolución” y derechos humanos

La entrada de Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión, que va a tener lugar en Kiev, la capital, está inspirada por la “Revolución naranja”, la protesta multitudinaria que desencadenaron las viciadas elecciones presidenciales que se celebraron en el país a finales de 2004. Viktor Yushchenko, que se alzó como vencedor tras la repetición de los comicios, llegó al poder hace unos 100 días con la promesa de mejorar la vida en el país de todos los ciudadanos, lo que incluía salvaguardar sus derechos humanos. Con motivo de su toma de posesión el 23 de enero de 2005 como presidente de Ucrania, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, le expuso varios motivos de preocupación en relación con los derechos humanos que, a juicio de la organización, requieren su atención inmediata. Amnistía Internacional instó a la nueva administración a que mejorase significativamente la protección de los derechos humanos en Ucrania, incluyendo modificar la legislación pertinente para que esté en armonía con la Constitución de Ucrania, así como con las normas y leyes internacionales de derechos humanos.

Tres meses después, el 3 de mayo de 2005, Amnistía Internacional escribió de nuevo a las autoridades ucranianas, en esta ocasión al ministro de Justicia, Roman Zvarich, en relación con dos casos de tortura y malos tratos, y formuló algunas recomendaciones para contribuir a proteger los derechos de las personas que están bajo custodia policial, con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos de los que Ucrania es Estado parte.

A principios de 2004, agentes de policía de Simferopol, en la península de Crimea, detuvieron a seis personas –tres hombres y dos mujeres, una de ellas con su hijo de 18 meses– en relación con un atentado cometido el año anterior contra una persona. La policía consideraba a los tres hombres presuntos autores del delito. Al parecer, los golpearon y amenazaron en reiteradas ocasiones y les obligaron a firmar confesiones de las que más tarde se retractaron. Los tres hombres fueron puestos en libertad sin cargos. Uno de ellos tuvo que ingresar en un hospital con lesiones en la espalda y los riñones. Las dos mujeres fueron interrogadas en calidad de testigos y al parecer, también sufrieron palizas. El bebé de 18 meses, que en aquel momento estaba enfermo y tenía mucha fiebre, fue separado de su madre para obligar a ésta a declarar contra los tres hombres. Ninguno de los detenidos tuvo acceso a un abogado mientras permanecieron en detención. Todos ellos denunciaron los hechos ante el fiscal de la región de Simferopol, pero que sepa Amnistía Internacional, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida para investigar las denuncias o suspender a los policías implicados en los malos tratos.

En el 2001, agentes de la comisaría de la ciudad de Chernihiv golpearon y torturaron supuestamente a los tres miembros de una familia en relación con una disputa sobre la propiedad de un taladro Bosch y la posesión de una pistola de gas. Al parecer, unos policías vestidos de civil golpearon primero al padre, al hijo y a la madre en su casa, delante de sus vecinos, y más tarde, padre e hijo fueron supuestamente torturados en la comisaría y amenazados con ser violados. Ingresaron en un hospital para recibir tratamiento por conmoción cerebral, una costilla rota, cortes, magulladuras y un tímpano perforado. La policía los sometió a esta pesadilla para obligarlos a entregar “voluntariamente” un objeto, no como prueba, sino supuestamente como ganancia. Que sepa Amnistía Internacional, hasta la fecha los agentes de policía de Chernihiv no han comparecido ante la justicia ni se ha ofrecido una indemnización a las víctimas.

Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) han concluido que Ucrania incumple su obligación de prevenir la tortura. El pasado mes de diciembre, el CPT publicó el informe de la visita que realizó a Ucrania en el 2002, en el que reiteró las conclusiones de informes anteriores, en el sentido de que “las personas privadas de libertad por la policía corren un riesgo significativo de sufrir malos tratos físicos en el momento de su detención o mientras están bajo custodia.”

Durante las elecciones presidenciales del año pasado, Amnistía Internacional instó al entonces ministro del Interior a que garantizase que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran plenamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como el principio de la proporcionalidad de la fuerza. No obstante, fueron detenidos simpatizantes de la oposición y algunos manifestantes sufrieron malos tratos a manos de la policía.

Varios miembros de la organización juvenil de oposición PORA ("Ya es hora") fueron detenidos arbitrariamente y hostigados. Aleksander Tsitsenko, por ejemplo, fue detenido por policías enmascarados el 21 de octubre en Kirovogrado cuando recogía unos folletos y adhesivos. Quedó en libertad sin cargos el 25 de octubre. Andriiy Kulibaba, de 20 años, fue detenido el 20 de octubre en Vinnytsya y condenado a 10 días de detención por “desobediencia deliberada a órdenes policiales”. La condena fue reducida posteriormente al pago de una multa, y salió en libertad el 23 de octubre.

Aleksander Pugach, de 18 años, fue detenido en Vinnytsya el 21 de octubre por negarse a dar su nombre a la policía, pero fue absuelto de esa infracción. Unos minutos después, cuando estaba en las escaleras del tribunal, fue detenido de nuevo por “vandalismo”. Todos los cargos presentados contra los tres hombres fueron retirados posteriormente, pero los miembros de PORA continuaron siendo objeto de hostigamiento antes de las elecciones.

El nuevo presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, prometió en enero de 2005 hacer comparecer ante la justicia a los responsables de la “desaparición”, en septiembre de 2000, del periodista de investigación Georgiy Gongadze. El 2 de marzo, el fiscal general anunció que se había resuelto el asesinato y que se había detenido a dos sospechosos, y que detrás del crimen había “coroneles y generales” de la policía y de los servicios de información. El 4 de abril los dos sospechosos supuestamente habían confesado. Sin embargo, el caso avanza ahora con mayor lentitud, y el 19 de abril no se presentó ante el Parlamento el informe de la comisión que investigaba el asesinato, al parecer por orden del presidente Yushchenko.

Amnistía Internacional también ha expresado a las autoridades de Ucrania su preocupación en relación con:

Los refugiados

En junio de 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó a Ucrania que observara los principios fundamentales del derecho internacional relativos a la protección de los refugiados y solicitantes de asilo, y demostrara su compromiso y su voluntad política al abordar los problemas de la inmigración. La ley sobre refugiados de Ucrania vulnera las normas internacionales al imponer un estricto plazo temporal de entre tres y cinco días después de la llegada para que los solicitantes de asilo presenten sus solicitudes.

La violencia contra la mujer

Turquía y Rusia siguen siendo los principales países de destino de la mayoría de las mujeres y niñas que son objeto de trata desde Ucrania con fines de explotación sexual. El gobierno ha tomado medidas para abordar el problema y los enjuiciamientos aumentaron tras la introducción, en 1998, del artículo149 del Código Penal, que tipifica la trata de personas como delito. Sin embargo, los fallos de culpabilidad siguen siendo escasos. Los jueces carecen a menudo de experiencia sobre la cuestión y rara vez se ofrece protección a las mujeres y niñas objeto de trata que declaran como testigos. Aunque se ha creado un departamento especial en el Ministerio del Interior para abordar la trata, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley carecen muchas veces de recursos y capacitación.

La discriminación

Se han recibido informes sobre ataques antisemitas y racistas en diversos lugares de Ucrania. Por ejemplo, los miembros de la comunidad judía de Donetsk denunciaron un aumento espectacular de actos antisemitas en el 2004. La policía siguió negando que los ataques contra cementerios y lugares de culto judíos tuvieran motivación racial. En Odessa han aumentado los ataques contra extranjeros, especialmente contra los procedentes de África; muchos de ellos se han atribuido a bandas de “cabezas rapadas”.