Documento - Turquía: El proyecto de ley podría vulnerar los derechos de los reclusos

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA Índice AI: EUR 44/002/2012 20 de febrero de 2012 Turquía: El proyecto de ley podría vulnerar los derechos de los reclusos Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al ministro de Justicia de Turquía para exponerle sus motivos de preocupación por el proyecto de ley que va a presentarse al Parlamento, cuyos términos podrían violar el derecho de los reclusos a tener acceso a un abogado y contacto con familiares. Entre otras cosas, las enmiendas propuestas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad definen circunstancias en las que es posible denegar al recluso el acceso a un abogado y a otras personas. Disponen que, en caso de existir pruebas concretas de que un preso convicto está dando instrucciones a una organización criminal a través de las personas con las que se reúne, incluidos sus abogados, es posible prohibirle todo contacto con dichas personas en virtud de una solicitud de la fiscalía aprobada por un juez. Las disposiciones contenidas en la reforma permitirían aplicar esa prohibición sobre las reuniones por periodos de hasta seis meses, aunque existe el derecho de apelación. Durante el periodo de prohibición absoluta de contacto con sus representantes letrados, los reclusos pueden solicitar el asesoramiento de un abogado de oficio designado por el Colegio de Abogados, en presencia de un funcionario. A Amnistía Internacional le preocupa que, de ser aprobadas, las nuevas disposiciones podrían aplicarse de manera arbitraria y sin que exista un recurso efectivo, lo que vulneraría el derecho del recluso a tener contacto con abogados y familiares. La capacidad del recluso para apelar sin la ayuda de un abogado se vería gravemente limitada, y la representación letrada alternativa podría no ser imparcial. No deben imponerse restricciones injustificadas del derecho a asesoramiento confidencial con representantes libremente elegidos. Amnistía Internacional lleva tiempo expresando su preocupación por las violaciones de derechos de los reclusos en virtud de la legislación vigente, la imposición arbitraria de sanciones y la ineficacia del recurso de apelación contra estas sanciones. Las enmiendas propuestas no contienen garantías suficientes contra la aplicación arbitraria de la prohibición de acceso a abogados y familiares. Las disposiciones que permiten a los reclusos relacionarse entre sí hasta 10 horas a la semana se incumplen por sistema en las cárceles de máxima seguridad, lo que da lugar a un régimen de aislamiento completo o en grupos reducidos. El problema se agrava con la imposición arbitraria de periodos de aislamiento en “celdas de castigo”. Aunque los presos tienen derecho a recurrir contra estas sanciones, no tienen acceso efectivo a los mecanismos de apelación. Las disposiciones que permiten a los reclusos recibir tratamiento médico fuera de la cárcel si no reciben en ella asistencia adecuada se incumplen por sistema, lo que vulnera su derecho a tratamiento médico adecuado. Según declaraciones del gobierno, este proyecto de ley tiene por objeto impedir que el líder del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) Abdullah Öcalan, actualmente encarcelado, se reúna

con sus abogados y otras personas. Amnistía Internacional ha incidido en su preocupación por el hecho de que se haya negado repetidamente a Abdullah Öcalan la oportunidad de reunirse con sus abogados y familiares. Los argumentos esgrimidos para que no se permitieran esas visitas fueron las condiciones meteorológicas que impedían el acceso a la isla de Ýmralý, donde se encuentra la prisión, o el mal funcionamiento del barco que daba acceso a la isla. En este contexto, a Amnistía Internacional le preocupa que las enmiendas sirvan de justificación añadida para impedir que Abdullah Öcalan tenga acceso a abogados y familiares. Además, en el pasado los abogados de Abdullah Öcalan formularon acusaciones de malos tratos. Toda prohibición de acceso a sus representantes letrados supondría una grave merma de su capacidad de denunciar estos hechos en el futuro. En su carta, Amnistía Internacional subraya las obligaciones de las autoridades turcas con respecto a los derechos de los presos establecidas en el Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, cuyo principio 18.3 dispone: “El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden.” El principio 19 establece: “Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.” La organización ha manifestado que las reformas propuestas y su posible aplicación arbitraria no son compatibles con los citados principios y ha pedido garantías al ministro de Justicia de que toda legislación aprobada definirá claramente las circunstancias en que es posible restringir el derecho de acceso a un abogado de libre elección, dispondrá un recurso efectivo y preservará en esencia el derecho al asesoramiento letrado efectivo e independiente.

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