Documento - Turkey: Memorandum to the Turkish Government

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Amnistía Internacional

Turquía

Memorando al gobierno turco

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Turquía

Memorando al gobierno turco

Introducción

Tras las elecciones de julio del año pasado, el gobierno ha reiterado su compromiso de proseguir con las reformas legislativas y ofrecer garantías respecto a los derechos humanos y las libertades. Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción esta declaración de intenciones, y reconoce los pasos dados por el gobierno anterior para mejorar la situación de los derechos humanos en Turquía. Sin embargo, en 2007 los derechos humanos sufrieron un retroceso. Aumentaron los abusos y las medidas para combatirlos siguieron siendo insuficientes. Amnistía Internacional considera que el actual gobierno debe emprender acciones sobre las siguientes cuestiones, de acuerdo con las recomendaciones que se exponen a continuación, para lograr unas mejoras duraderas y sustanciales. Además de poner en práctica reformas legales, deben adoptarse reformas legislativas urgentes, y no debe dejarse escapar la oportunidad que la redacción de una nueva Constitución brinda para avanzar en la protección de los derechos y libertades fundamentales para todas las personas.

Tortura, malos tratos e impunidad

Amnistía Internacional se alegra de que el actual gobierno haya reafirmado su política de “tolerancia cero con la tortura”. El gobierno anterior ya realizó progresos en este ámbito. El Código Penal turco, actualizado en 2005, aumentó las penas para la tortura y los malos tratos, y alargó su plazo de prescripción. Se introdujeron medidas para proteger a las personas detenidas. Gracias, sin duda, a esto, el número de casos de tortura y malos tratos en centros oficiales de detención se ha reducido.

La decisión del Tribunal Supremo de Apelación en el caso de Birtan Altınbaş marca también un hito legal tras innumerables demoras en un juicio que dura ya nueve años. Cuatro policías serán finalmente castigados por la muerte por tortura de Birtan Altınbaş mientras estaba bajo custodia en Ankara en 1991. La confirmación de estas sentencias sienta un importante precedente en la lucha contra la impunidad.

No obstante, a pesar de estos progresos, también ha habido reveses. En los procesamientos por tortura y malos tratos, los tribunales rara vez han aceptado los informes médicos independientes, y la decisión de establecer una fuerza de policía judicial, dispuesta en el Código de Procedimiento Penal, no se ha puesto en práctica. Las revisiones de junio de 2006 a la Ley de Lucha contra el Terrorismo permitieron una demora de 24 horas en el derecho de las personas detenidas a acceder a un abogado. La ley otorgó además a las fuerzas de seguridad el derecho a usar fuerza letal “directamente y sin vacilaciones” en las operaciones contra “organizaciones terroristas”.

De igual modo, las reformas de junio de 2007 a la Ley de Poderes y Deberes de la Policía que otorgaron a este cuerpo amplios poderes para dar el alto y efectuar registros, le confirieron también una mayor autoridad para hacer uso de armas letales. La ley permite a los agentes disparar contra sospechosos que huyen en caso de que no obedezcan a la orden de “alto”. Aunque la ley establece que el uso de armas debe ser proporcionado, la proporcionalidad sobre el uso de armas letales establecida en la ley es más descriptiva que preceptiva. La ley, tal como está redactada, no cumple las normas internacionales sobre el uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Pese a la reducción general del número de casos denunciados de tortura o malos tratos bajo custodia policial, continuaron los casos de tortura o malos tratos fuera de los lugares oficiales de detención, en manifestaciones, en prisiones y durante el traslado de detenidos o presos. Estas denuncias no han sido objeto de investigaciones independientes y efectivas, y en demasiados casos no se ha procesado a los responsables.

Muammer Öz ha dicho a Amnistía Internacional que, el 29 de julio de 2007, la policía lo sometió a malos tratos. Este hombre, abogado, se encontraba en Moda, barrio de Estambul, junto con unos familiares cuando unos policías se le acercaron y le pidieron su documento de identidad. Dos policías lo golpearon en la calle y luego en un auto patrulla mientras lo llevaban a comisaría. Se llevó a cabo un examen médico en presencia de la policía, en el que no se certificó que Muammer Öz tenía la nariz fracturada, hecho que sí se hizo constar en un informe médico independiente posterior. Muammer Öz presentó una denuncia con la ayuda del Colegio de Abogados de Estambul. Inicialmente, la gobernaduría de Estambul denegó el permiso para que se llevara a cabo una investigación, ni administrativa ni penal, sobre la conducta de los policías, y la Dirección de Seguridad de Estambul emitió una declaración en la que decía que las lesiones sufridas por Muammer Öz se debían a que se había caído cuando trataba de escapar de la policía. Pese a ello, se ha abierto una causa judicial contra los dos agentes implicados.

Festus Okey, solicitante de asilo nigeriano, murió en agosto de 2007 tras recibir un disparo de una pistola reglamentaria de la policía mientras estaba bajo custodia policial. Aunque se ha acusado a un agente de homicidio intencionado, quedan muchas preguntas por responder. Al parecer, el interrogatorio no se grabó, y la policía ha perdido pruebas importantes, en concreto la camisa que vestía Festus Okey cuando recibió el disparo. Por otra parte, diez personas murieron durante manifestaciones violentas en Diyarbakır en marzo de 2006, y posteriormente se formularon numerosas denuncias de tortura o malos tratos. Según un delegado de Amnistía Internacional que entrevistó a menores detenidos, las denuncias coincidían y eran creíbles. Sin embargo, más de 21 meses después de los sucesos, el único procesamiento entablado ha sido el iniciado contra 463 personas por los daños materiales causados durante las manifestaciones. No se ha iniciado ningún procesamiento contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Amnistía Internacional insta al gobierno a tomar medidas concretas para combatir la impunidad de los agentes del Estado por violaciones graves de derechos humanos. Si se aplicaran, las medidas que se exponen a continuación ayudarían considerablemente a erosionar esa impunidad.

Centralizar y mejorar la recogida de datos sobre abusos graves contra los derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para obtener una imagen clara de la conducta de estos funcionarios.

Mejorar los mecanismos de prevención:

ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; aplicarlo mediante la creación de mecanismos nacionales de vigilancia independientes que lleven a cabo visitas periódicas y sin previo aviso a todos los lugares de detención;

realizar grabaciones en vídeo y audio de todas las entrevistas a sospechosos bajo custodia de la policía y la gendarmería.

Garantizar investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y exhaustivas sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad:

establecer un mecanismo efectivo de presentación de denuncias;

garantizar que la fiscalía investiga la responsabilidad de los oficiales al mando;

apartar del servicio activo a los agentes que estén siendo investigados por violaciones de derechos humanos y garantizar que, en caso de ser condenados, serán destituidos;

garantizar la indemnización y la rehabilitación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Abordar los defectos de los procedimientos judiciales:

garantizar que los procedimientos judiciales son imparciales y justos;

poner fin a las largas demoras.

Reforma legal:

impedir que se reinstaure la detención en régimen de incomunicación derogando el artículo 10b revisado de la Ley de Lucha contra el Terrorismo;

revisar el artículo 2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y el artículo 4 de la Ley de Poderes y Deberes de la Policía reformada, para garantizar que el uso de la fuerza letal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es conforme con las normas internacionales;

derogar las normas sobre prescripción del delito de tortura.

Mejorar la presentación de informes médicos y forenses:

hacer que el Instituto de Medicina Forense sea independiente del Ministerio de Justicia;

promover la aceptación como prueba en los tribunales de informes médicos y psiquiátricos de órganos expertos independientes;

tomar medidas urgentes para garantizar que se llevan a cabo exámenes médicos exhaustivos, independientes e imparciales a todos los detenidos.

Juicios sin las debidas garantías

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo sintiendo preocupación por el derecho a un juicio justo, especialmente para las personas procesadas en virtud de leyes antiterroristas. En juicios prolongados e injustos, siguen utilizándose como prueba declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura.

En junio de 2007, Mehmet Desde y otros siete acusados fueron condenados sobre la base de denuncias no probadas por mantener lazos con el Partido Bolchevique (Kurdistán norte/Turquía). El partido no ha hecho uso de la violencia ni la ha propugnado. La condena de Mehmet Desde se basó principalmente en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura.

Desde diciembre de 2006, Selahattin Ökten permanece en detención preventiva sobre la base de una única declaración presuntamente obtenida mediante tortura y de la que posteriormente se ha retractado. Está acusado de llevar a cabo acciones armadas para el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Amnistía Internacional insta al gobierno a emprender las siguientes acciones.

Poner fin a todo el uso ante los tribunales de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos:

garantizar que los tribunales investigan todas las denuncias de que las pruebas han sido obtenidas mediante tortura o malos tratos;

garantizar que toda prueba obtenida como resultado de tortura o malos tratos se excluye del juicio, de acuerdo con el artículo 148.1 del Código de Procedimiento Penal turco y el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la Tortura;

revisar todos los procedimientos penales pendientes para determinar todos los casos en los que existan denuncias de que las declaraciones de acusados o testigos se obtuvieron ilegalmente mediante tortura o malos tratos;

abandonar todos los casos penales pendientes en los que la principal prueba de cargo sea una “confesión” presuntamente obtenida de forma ilegal mediante tortura o malos tratos.

Prohibir la detención en régimen de incomunicación:

la detención en régimen de incomunicación no debe permitirse en ninguna circunstancia, especialmente porque a menudo facilita el uso de la tortura o los malos tratos.

Garantizar el principio de igualdad de condiciones y el derecho a una defensa efectiva. Garantizar que la acusación y la defensa reciben ante los tribunales un trato que las sitúe en igualdad de condiciones durante el juicio y a la hora de presentar su caso. Esto incluye el derecho a tiempo y recursos adecuados para preparar la defensa. En particular, es preciso:

derogar las reformas de junio de 2006 a la Ley de Lucha contra el Terrorismo (Ley 5532) (artículos 9.d y 9.e) que limitan el derecho a una defensa efectiva e imponen restricciones al derecho a comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente;

tomar medidas para garantizar que, cuando sea necesario, los acusados tendrán derecho a contar con intérpretes cualificados en todas las etapas de la investigación y durante las vistas judiciales;

garantizar el derecho del acusado a citar e interrogar a testigos. En particular, tomar medidas para poner fin a la utilización de resoluciones judiciales arbitrarias para rechazar peticiones legítimas de abogados de la defensa que solicitan que se cite, para prestar testimonio y para contrainterrogatorio, a testigos de cargo (y de descargo);

garantizar que, en el juicio, el fiscal no ocupa un lugar junto a los jueces sino un lugar igual al que ocupe el abogado defensor.

Poner fin a la detención preventiva durante periodos largos y a los procedimientos judiciales prolongados:

garantizar que se respeta el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin demoras indebidas;

garantizar que todas las personas detenidas en espera de que se completen sus procedimientos judiciales son juzgadas en un plazo razonable o quedan en libertad en espera de juicio si se excede el tiempo considerado razonable de acuerdo con sus circunstancias.

Abordar el hecho de que los tribunales no celebran nuevos juicios exhaustivos e imparciales tras las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

garantizar que se celebra un nuevo juicio exhaustivo e imparcial, que incluya un nuevo examen de todas las pruebas y testimonios y su conformidad con la ley, y en el que se vuelva a citar a todos los testigos para que declaren y sean contrainterrogados tanto por la acusación como por la defensa;

respetando el derecho a la presunción de inocencia, garantizar que las personas en espera de ser juzgadas por cargos penales no son detenidas automáticamente;

tomar medidas para que todos los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluya que se han violado los principios relativos a la celebración de juicios justos puedan ser juzgados de nuevo en Turquía, lo que supone eliminar la actual negación de un nuevo juicio a las personas cuyos casos estaban pendientes ante los tribunales el 4 de febrero de 2003.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Amnistía Internacional siente preocupación por los inaceptables obstáculos que se ponen en el camino de quienes defienden los derechos humanos. Uno de esos obstáculos es el procesamiento en virtud de diversas leyes, que ha dado lugar a que algunos defensores destacados hayan sido sometidos a un elevadísimo número de procesamientos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos también han sufrido prácticas como: amenazas e intimidación de abogados, policías y agentes de las fuerzas de seguridad; vigilancia; restricciones a la libertad de circulación y a la libertad de llevar a cabo investigaciones; encarcelamiento; y homicidios. El gobierno ha ignorado las peticiones de entrevistas de las organizaciones no gubernamentales, y ha intentado cerrar algunas de ellas. La situación, que va a peor, se ha visto agravada por declaraciones oficiales que parecen minar aún más la posición de las personas que defienden los derechos humanos.

Recientemente, en una acción que amenaza el derecho a la libertad de expresión y asociación, la gobernaduría de Estambul ha intentado cerrar la asociación de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero Lambda Estambul. La gobernaduría ha justificado el procesamiento alegando que la organización “viola la ley y la moral”. Está previsto que la siguiente vista judicial tenga lugar el 31 de enero de 2008.

Deben tomarse medidas para garantizar que las autoridades reconocen la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Deben imponerse sanciones a las autoridades que abusen del sistema judicial o el administrativo para acosar a estas personas u obstaculizar su labor legítima. El gobierno también debe garantizar que quienes defienden los derechos humanos no son procesados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Deben detenerse todos los procesamientos pendientes por actos protegidos por las normas internacionales. Cualquier investigación futura contra defensores o defensoras de los derechos humanos debe ser vigilada por el gobierno. La protección del trabajo de quienes defienden los derechos humanos contribuirá a que se pongan en práctica las reformas legales.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a gozar de la protección del Estado, como cualquier otro ciudadano. No deben repetirse ni el hecho de que no se impidiera el asesinato, cometido en 2007, del defensor de los derechos humanos y periodista Hrant Dink, ni los defectos posteriores de su investigación. Hrant Dink había denunciado ante la fiscalía de Şişli amenazas contra su vida. Según el acta de acusación del juicio por su asesinato, uno de los acusados actuó también como informador de la policía y, antes del asesinato, habló a ésta en numerosas ocasiones de los planes para asesinar a Hrant Dink. Pese a ello, no se tomaron medidas para protegerle. Después del asesinato, tanto la declaración del jefe de policía de Estambul respecto a que el crimen era obra de un solo hombre como las acciones de los agentes de la policía militar, que posaron en fotografías con el presunto asesino como si fuera un “héroe”, ilustran la reticencia oficial a examinar el alcance total del delito y contribuyen a la percepción de que algunos sectores de las fuerzas del orden pueden no ser imparciales. Debe ampliarse el ámbito de la investigación para examinar la culpabilidad de las autoridades policiales y de la policía militar.

Libertad de expresión

Hay numerosos casos de personas que siguen siendo procesadas por expresar de forma pacífica sus opiniones no violentas, lo que demuestra que el derecho a la libertad de expresión se viola regularmente en Turquía. Esto se debe tanto a la existencia de legislación deficiente en algunos casos como a la aplicación arbitraria de la ley por parte de jueces y fiscales. El gobierno debe tomar medidas urgentes para abordar ambas cuestiones.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se derogue el artículo 301 del Código Penal turco por considerar que constituye una grave amenaza a la libertad de expresión, ya que está redactado en términos amplios y vagos. A la organización le preocupa el hecho de que el número de casos abiertos en virtud de este artículo parece haber aumentado en 2007.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ali Babacan, ha reconocido que las restricciones a la libertad de expresión van mucho más allá del artículo 301 y que muchos otros artículos deben ser revisados.� Hay varios artículos en particular cuya reforma debe ser prioritaria.

El artículo 216 prohíbe incitar a la población a la enemistad o el odio y al menosprecio. Aunque Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen autoridad para prohibir la propugnación del odio nacional, racial o religioso que constituye discriminación, hostilidad o violencia, este artículo está formulado de manera más amplia que las disposiciones correspondientes del derecho internacional de los derechos humanos, y se ha aplicado con mucha frecuencia, especialmente para procesar a quienes opinan de manera diferente y para acallar las voces que manifiestan oposición.

El artículo 7 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo tipifica como delito el hacer propaganda de una organización terrorista o de sus fines. Según las normas internacionales, es preciso demostrar en todos los casos que la imposición permisible de restricciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por motivos como la seguridad nacional y el orden público es necesaria y proporcionada. La Ley de Lucha contra el Terrorismo también penaliza la expresión pacífica de opiniones disidentes no violentas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que se está devolviendo a personas refugiadas y solicitantes de asilo a países donde pueden correr peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos, lo cual constituye una violación del principio de no devolución (non-refoulement) –establecido en el derecho internacional–, y es contrario a las obligaciones contraídas por Turquía en virtud de diversos tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A Amnistía Internacional le preocupa asimismo que los solicitantes de asilo no tengan acceso a un procedimiento justo y efectivo para determinar su condición de refugiados.

En octubre de 2007, Ayoub Parniyani, su esposa Aysha Khaeirzade y su hijo Komas Parniyani, todos ellos de ciudadanía iraní, fueron devueltos a Irak, donde, a causa de la situación de derechos humanos del país, sus vidas podían correr peligro. La devolución se llevó a cabo pese a que habían sido reconocidos como refugiados en 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ankara y tenían derecho a protección internacional: eso significa que no deberían haber sido devueltos. Antes de su devolución, otros cinco iraníes reconocidos como refugiados fueron devueltos al norte de Irak en agosto. Según el ACNUR, estos cinco estuvieron detenidos durante un mes después de ser devueltos. Estos casos ilustran una práctica habitual de devoluciones por parte de Turquía de personas reconocidas como refugiadas según el mandato del ACNUR.

En julio, 135 iraquíes fueron devueltos a Irak tras negárseles el derecho a solicitar asilo. Amnistía Internacional se opone a todas las devoluciones a Irak a causa de la situación de extrema violencia e inestabilidad en el país y de los abusos generalizados contra los derechos humanos que se cometen allí.� Muchos civiles iraquíes han muerto a manos de grupos armados, de fuerzas de la coalición o de bandas delictivas en distintas partes del país, incluido el norte.

Estas devoluciones, que amenazan la vida, la libertad o la integridad física de las personas que las sufren, constituyen una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del principio de no devolución. Turquía no debe devolver a personas refugiadas o a otras personas cuya solicitud de la condición de refugiadas no se haya determinado de forma efectiva. El gobierno debe tomar medidas concretas para poner en práctica un procedimiento justo y efectivo de solicitud de asilo y debe permitir que las personas refugiadas se integren en Turquía de acuerdo con las normas internacionales. Hasta que se promulgue la legislación pertinente y el procedimiento se ponga en marcha, Turquía debe respetar plenamente los derechos de solicitantes de asilo y refugiados, incluidos el derecho a unos procedimientos de determinación de la condición de refugiado por parte del ACNUR, el permiso para que los refugiados reconocidos como tales se asienten en el nuevo país y el respeto del principio de no devolución.

Objeción de conciencia

A Amnistía Internacional le preocupa que Turquía no reconozca el derecho a la objeción de conciencia y que no exista una alternativa civil al servicio militar obligatorio. Los objetores de conciencia siguen siendo sometidos a un procesamiento tras otro y, a menudo, son encarcelados cada vez que se niegan a cumplir el servicio militar: al ser liberados, vuelven a recibir los papeles de reclutamiento.

Aún no se ha puesto en práctica la resolución dictada en abril de 2006 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Ülke, en la que concluyó que esta práctica de procesamientos y condenas reiterados viola la prohibición del trato degradante establecida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Osman Murat Ülke ha sido citado de nuevo para que se presente a cumplir el resto de una condena anterior relacionada con su negativa, por razones de conciencia, a cumplir el servicio militar.

El 4 de octubre de 2007, Enver Aydemir compareció ante un tribunal militar por negarse a cumplir el servicio militar. El tribunal lo dejó en libertad con la condición de que debía presentarse ante las autoridades militares para cumplir el servicio militar. Él sigue firme en su negativa a cumplir dicho servicio.

Turquía debe demostrar su voluntad de reconocer el derecho a la objeción de conciencia renunciando a presentar nuevos cargos contra Enver Aydemir. Asimismo, debe poner en práctica la resolución Ülke, conforme estableció el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su resolución provisional emitida recientemente.� En una reunión previa del Comité de Ministros, celebrada en junio de 2006, la delegación turca manifestó que se estaba elaborando un anteproyecto de ley que pondría fin a la violación hallada en la causa Ülke. El gobierno debe confirmar que se está elaborando esta ley y debe ponerla sin demora a disposición para consulta pública.

Además, y esto es aún más fundamental, el gobierno debe establecer leyes que reconozcan y garanticen el derecho a la objeción de conciencia y proporcionen una alternativa civil auténtica, de duración no punitiva, al servicio militar.

Prisiones “Tipo F”

Las prisiones “Tipo F”, introducidas en el año 2000, se han utilizado para encarcelar a personas en régimen de alta seguridad en un sistema de celdas que sustituyó al sistema de dormitorios. Amnistía Internacional siente desde hace tiempo preocupación por el régimen impuesto en estas prisiones, y en particular por los duros y arbitrarios castigos disciplinarios y por el aislamiento de los presos.

En enero de 2007, el gobierno publicó la Circular 45/1, un documento que abordaba la preocupación por el hecho de que los presos estuvieran aislados, sin contacto con otros presos. Sin embargo, aunque la circular establece que los presos deben poder relacionarse unos con otros durante hasta 10 horas semanales, su aplicación ha variado de una prisión a otra, y a muchos presos no se les ha permitido relacionarse entre ellos en la medida establecida por la circular.

Amnistía Internacional pide al gobierno que abandone el uso de la reclusión en régimen de aislamiento, tanto individual como en pequeños grupos, como castigo para los presos, y que aumente el número de horas en que los reclusos pueden relacionarse unos con otros, conforme establecen las normas internacionales. Como primer paso, el gobierno debe tomar medidas para garantizar que la circular se pone plenamente en práctica, debe investigar los motivos de este aparente incumplimiento y debe abordar sus causas, ya sean logísticas o de falta de recursos.

Homicidios en circunstancias controvertidas

Amnistía Internacional siente preocupación por los informes sobre los homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad, que a menudo ponen de manifiesto un uso desproporcionado de la fuerza y, en algunos casos, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones se han visto en peligro por llevarse a cabo en secreto y sin notificarlo a las familias, y porque en algunos casos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han perdido pruebas. El homicidio de Bülent Karataş, muerto al parecer por disparos de agentes de la policía militar por no obedecer a una orden de “alto”, resulta especialmente inquietante dado que el relato del incidente ofrecido por Rıza Çiçek difiere enormemente del de los soldados. Rıza Çiçek, que resultó herido de gravedad, afirma que los agentes les dijeron que se quitaran la ropa antes de que se oyeran los disparos. El suceso tuvo lugar en Hozat, provincia de Tunceli, el 27 de septiembre de 2007.

También resulta muy preocupante el homicidio de Ejder Demir, cometido el 13 de septiembre de 2007 en la localidad de Özalp, provincia de Van. Según las investigaciones llevadas a cabo por Mazlumder y la Asociación de Derechos Humanos, Ejder Demir había sido amenazado de muerte por la policía militar unos días antes de su homicidio. Los testimonios de los residentes de la zona afirmaban que, el 13 de septiembre, un grupo de agentes de la policía militar, vestidos de civil y en un vehículo también civil, entraron en el pueblo de Yukarı Koçkıran buscando a Ejder Demir. El informe de la autopsia corrobora las afirmaciones de que a Ejder Demir le habían disparado por la espalda. Además, según declaraciones, los agentes de la policía militar impidieron a los vecinos, mediante disparos al aire, que ayudaran a Ejder Demir.

Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que la fuerza letal se utiliza respetando siempre el principio de necesidad y proporcionalidad, y sólo dentro de los parámetros establecidos por las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Todos los informes sobre homicidios a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser objeto de investigaciones exhaustivas, inmediatas, independientes e imparciales.

Violencia contra las mujeres

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que se están tomando medidas inadecuadas para prevenir la violencia contra las mujeres. Aunque se han hecho esfuerzos por aumentar el número de refugios a disposición de las mujeres víctimas de violencia doméstica, Amnistía Internacional siente preocupación porque la cifra actual es muy inferior a la establecida por la Ley de Municipios de 2004 y porque se requieren acciones mucho más intensas. También preocupa el hecho de que aún no se haya establecido la línea telefónica de emergencia dispuesta por la circular del primer ministro de julio de 2006. Amnistía Internacional pide al gobierno que proporcione estadísticas centralizadas fiables sobre casos de violencia contra las mujeres y que ponga en práctica tanto la circular del primer ministro como la Ley de Municipios de 2004.

� Radikal “'TCK 301, 404 gibi yapıştı”, 7 de noviembre de 2007.

� Véase el informe de Amnistía Internacional Huyen por millones: Crisis de las personas refugiadas iraquíes (Índice AI: MDE 14/041/2007, del 24 de septiembre de 2007).

� Resolución CM/ResDH(2007)109, adoptada por el Comité de Ministros el 17 de octubre de 2007 en la reunión núm. 1007 de los Delegados de los Ministros.

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