Documento - Italia: Nueva ley viola el derecho a la libertad de los migrantes

AMNESTY INTERNATIONAL

AMN ISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 30/015/2011

24 de agosto de 2011

Ital ia: Nueva ley viola el derecho a la libertad de los migrantes

Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento italiano que revoque la nueva ley que viola manifiestamente los derechos de los migrantes en situación irregular, entre otras razones, al ampliar el límite máximo de detención de seis a 18 meses. La nueva ley autoriza asimismo la expulsión de Italia de los ciudadanos de la UE que no cumplan ciertos requisitos, aumentando las posibilidades de que se aplique esta disposición de un modo discriminatorio y prepare el terreno para la expulsión selectiva de personas pertenecientes a minorías étnicas específicas, y concretamente de romaníes.

El 2 de agosto de 2001, el Parlamento italiano, en una decisión definitiva, respaldó varias medidas legislativas temporales incluidas en el decreto ley 89/2011 emitido por el gobierno el 23 de junio de este año. Con el respaldo del Parlamento, el decreto ley 89/2011 se convirtió en la ley 129/2011 y sus disposiciones pasan a ser permanentes.

Entre otras cosas, la ley 129/2011 autoriza la ampliación de seis a 18 meses el límite máximo de la privación de libertad de personas migrantes en situación irregular en centros de detención. Amnistía Internacional advierte de que, pese a estar permitida en virtud de la legislación de la UE, la detención de personas sólo con fines de inmigración durante un periodo máximo de 18 meses es incompatible con el derecho a la libertad reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos a los que está vinculado Italia.

La ley recién aprobada tiene como fin transponer a la legislación italiana lo que se conoce como “Directiva de Retorno de la UE”. Amnistía Internacional había criticado esta directiva, entre otras razones, por autorizar una detención excesivamente prolongada (de hasta 18 meses) y no garantizar el retorno digno y sin riesgos a sus países de origen de migrantes en situación irregular.

En concreto, la organización reitera a las autoridades italianas que en virtud de las normas y leyes internacionales de derechos humanos, la detención de migrantes en situación irregular con el fin de expulsarlos del territorio italiano sólo es lícita cuando las autoridades puedan demostrar que existe una posibilidad razonable de llevar a cabo la expulsión de la persona afectada y que las gestiones para la expulsión se están realizando con la debida diligencia. Para que la detención sea legítima, el derecho internacional exige que haya una posibilidad razonable de llevar a cabo la expulsión o deportación de la persona afectada: “La detención pendiente de expulsión sólo se justificará mientras estén tramitándose las gestiones para la expulsión. Si dichas gestiones no se llevan a cabo con la debida diligencia, la detención dejará de ser lícita.” Amnistía Internacional se opone a la detención de personas sólo con fines de inmigración, a menos que, por ejemplo, las autoridades responsables de la detención puedan demostrar que existe un riesgo objetivo de fuga de la persona afectada y que no serían suficientes otras medidas que no sean la detención, como los requisitos de presentación. En cualquier caso, las autoridades deben probar en cada caso concreto la legitimidad de la detención demostrando que la privación de libertad cumple los estrictos requisitos de legalidad, proporcionalidad y necesidad previstos, por ejemplo, en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La nueva ley no transpone algunas salvaguardias clave contra la detención ilegítima incluidas en la Directiva de Retorno, como por ejemplo, que no se recurrirá a la detención si “[…] pueden aplicarse efectivamente otras medidas suficientes pero menos coercitivas en un caso concreto.” En general, la ley va en detrimento de la promoción de los retornos voluntarios, favoreciendo en su lugar la detención y las expulsiones.

La ley 129/2011 autoriza asimismo la expulsión de Italia de ciudadanos de la UE que no cumplan los requisitos establecidos en la directiva de la UE sobre libertad de circulación y no acaten una orden de salir del país en un plazo determinado. A Amnistía Internacional le preocupa que esta disposición pueda aplicarse de un modo discriminatorio y prepare el terreno a la expulsión selectiva de personas pertenecientes a minorías étnicas específicas, en concreto de romaníes. De hecho, en el pasado reciente, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de proponer la adopción de leyes que permitan la expulsión de ciudadanos de la UE que incumplan los criterios indicados en la directiva de la UE sobre libertad de circulación, relacionando la necesidad urgente de su adopción con la presencia de comunidades romaníes en territorio italiano. En una entrevista publicada por el diario italiano Corriere de la Sera en agosto de 2010, Maroni subrayó que “muchos romaníes son ciudadanos de la UE pero no cumplen los requisitos” impuestos por la legislación de la UE, añadiendo incluso que “el problema es que […] en nuestro país muchos romaníes y sintis también tienen la ciudadanía italiana; por tanto, tienen derecho a quedarse, no podemos hacer nada.”

Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano la revocación de las disposiciones contenidas en la ley 129/2011 que amplían a 18 meses la duración máxima de detención de migrantes en situación irregular, y garantice que los retornos de migrantes irregulares a sus países de origen se realizan con dignidad y sin riesgos. El Parlamento italiano debe garantizar asimismo que todas las limitaciones al derecho a la libre circulación de ciudadanos de la UE cumplen escrupulosamente las leyes y normas internacionales y europeas de derechos humanos, incluida en concreto la prohibición de discriminación, de hecho y de derecho, por motivos de raza, nacionalidad y origen étnico.

Fin/

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Directriz 7 (obligación de dejar en libertad cuando se detengan las gestiones para la expulsión), Veinte directrices sobre la devolución, Consejo de Europa.

Directiva 2004/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

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