Documento - Conflicto Georgia-Rusia: La protección de la población civil y la rendición de cuentas por los abusos deben ser prioritarias para todas las partes

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI:  EUR 04/004/2008


Embargado hasta las 00.01 horas GMT del 1 de octubre de 2008


Conflicto Georgia-Rusia: La protección de la población civil y la rendición de cuentas por los abusos deben ser prioritarias para todas las partes


Amnistía Internacional continúa expresando su preocupación por los abusos contra los derechos humanos que se siguen cometiendo en Osetia del Sur y la ‘zona de seguridad’ adyacente, controlada en la actualidad por las fuerzas armadas rusas. Tales abusos afectan al bienestar de todas las personas que aún residen en Osetia del Sur y en la zona de seguridad, y menoscaban el derecho al retorno de las personas de etnia georgiana que huyeron de sus hogares y continúan desplazadas.


Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas y georgianas, así como al gobierno de facto surosetio, que garanticen la seguridad de todas las personas en las zonas afectadas por el conflicto, sin discriminación. De hecho, la organización considera que las autoridades de todas las zonas afectadas por el conflicto deben garantizar acceso pleno y sin trabas a las personas encargadas de evaluar las necesidades de ayuda humanitaria y de suministrarla, así como las condiciones necesarias para el retorno voluntario, duradero y en condiciones de seguridad y dignidad de todas las personas desplazadas.


Observación de la situación de los derechos humanos

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las partes en conflicto para que acepten –y a la comunidad internacional para que garantice– el envío de expertos observadores internacionales de derechos humanos para que velen por el respeto de estos derechos en todas las zonas afectadas por el conflicto. Estos observadores de la comunidad internacional deberán informar periódica y públicamente sobre sus conclusiones.


Aunque actualmente se están enviando observadores de la Unión Europea (UE) a la zona de seguridad, se da por sentado que no tienen ni van a tener pleno acceso a Osetia del Sur ni a Abjasia.


La Misión de Observación de la Unión Europea entrará en funcionamiento el 1 de octubre, y antes del 29 de septiembre ya había comenzado el envío de más de 300 miembros del personal a las oficinas sobre el terreno. Además de vigilar el cumplimiento del acuerdo de paz, el mandato de esta misión incluye expresamente observar la situación de los derechos humanos y centrarse en el Estado de derecho y el orden público, incluida la seguridad de las personas refugiadas y desplazadas que regresen. Amnistía Internacional ha pedido garantías a la Unión Europea de que todos los observadores de derechos humanos que envía están debidamente formados y son competentes. Deberán observar la situación e informar periódica y públicamente sobre sus conclusiones.


La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene en la actualidad a 28 observadores militares vigilando los movimientos del ejército y cualquier acto de violencia que tenga lugar en las zonas adyacentes a Osetia del Sur. Sin embargo, las conversaciones sobre el envío de 80 observadores militares más a la región y el acceso de ocho observadores a Osetia del Sur han llegado a un punto muerto.


Además, Amnistía Internacional ha pedido a todos los órganos pertinentes del Consejo de Europa que sigan centrándose en las implicaciones del conflicto para los derechos humanos. La semana del 29 de septiembre, en el contexto de la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la organización pidió a la Asamblea Parlamentaria que asignara a los relatores los cometidos de observar la situación, realizar visitas e informar de sus conclusiones al pleno de la Asamblea.


Amnistía Internacional considera que las delegaciones de los distintos organismos de la comunidad internacional enviadas a la región deben complementarse, cooperar y coordinar su trabajo. Sus conclusiones y evaluaciones se deben hacer públicas y dar lugar a la provisión de los programas y recursos humanos y económicos necesarios para mejorar el respeto y la protección de los derechos humanos, así como para garantizar resarcimiento, incluida una indemnización, a las víctimas de los abusos que han tenido lugar.


Investigaciones independientes


La información recopilada en el curso de cuatro visitas de investigación a la región realizadas por Amnistía Internacional en agosto de 2008, así como la procedente de otras fuentes, indica que todas las partes del conflicto cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tanto en el curso del conflicto como después. Antes de publicar un informe basado en sus conclusiones, Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito a los gobiernos de Georgia y Rusia y a las autoridades de facto de Osetia del Sur para solicitar más información relativa a los presuntos abusos.


Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que garanticen investigaciones sin demoras, independientes, imparciales y exhaustivas sobre todas las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por cualquiera de las fuerzas implicadas en el conflicto. Los responsables deben ser puestos a disposición de la justicia y procesados con las garantías que exigen las normas internacionales de imparcialidad.


En vista de las denuncias de graves violaciones del derecho internacional cometidas por todos los bandos, Amnistía Internacional pide asimismo a todas las partes en conflicto que acepten –y a la comunidad internacional que envíe– una misión de investigación completa que se encargue de investigar en profundidad todas las denuncias de violaciones graves del derecho humanitario y de los derechos humanos cometidas durante el conflicto y que informe públicamente de sus conclusiones. El equipo deberá llevar a cabo su labor investigadora e informar sobre la base de las normas pertinentes del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Además, en el informe de la misión se incluirán recomendaciones destinadas a poner fin y a prevenir las violaciones del derecho internacional, así como a garantizar una reparación, que incluya justicia para las víctimas. Se debe dotar la misión de recursos suficientes. El equipo investigador, formado por expertos, debe tener acceso a toda información y persona pertinentes a la investigación. Las personas que aporten información a la investigación han de ser protegidas frente a posibles represalias. Dada la diversidad de abusos denunciados y la complejidad de las cuestiones legales y prácticas que implican, las personas que integren el equipo investigador deberán disponer de equipo y apoyo suficientes que les permitan realizar una investigación exhaustiva y acreditada. Entre otras cosas, el equipo debería estar apoyado por un número suficiente de: expertos tanto en derecho internacional humanitario como en derecho internacional de los derechos humanos; investigadores del ejército y del sistema de justicia penal; expertos en armamento y balística; expertos forenses, y expertos en protección de víctimas y testigos, incluidos menores de edad y mujeres.


Munición de racimo


Numerosos relatos de testigos –y los propios artefactos sin explotar encontrados en la zona del conflicto– apuntan al uso de municiones de racimo en el conflicto. La munición de racimo comporta graves peligros para la vida y el sustento de la población civil, tanto en el momento de su uso como después de concluir las hostilidades. La razón es que estas municiones afectan a un área muy extensa y dejan sobre el terreno una gran cantidad de submuniciones sin explotar. Las autoridades georgianas han reconocido haber utilizado munición de racimo en las proximidades de la entrada al túnel de Roki, única autopista que conecta Osetia del Sur con Osetia del Norte, en la Federación Rusa. Las autoridades rusas siguen negando haber empleado munición de racimo, si bien Amnistía Internacional cuenta con testimonios de lo contrario.


Amnistía Internacional sigue pidiendo a todas las partes del conflicto que den a conocer toda la información pertinente relativa al uso de municiones de racimo en el reciente conflicto, para que se pueda avisar como corresponde a la población y despejar debidamente el terreno de artefactos sin explotar.

Derecho al retorno

Persisten los obstáculos al retorno seguro, duradero y en condiciones dignas de decenas de miles de personas de etnia georgiana que fueron obligadas a desplazarse de Osetia del Sur, Abjasia y algunas partes de la zona de seguridad. Entre otras cosas, el retorno voluntario de estas personas va a requerir el restablecimiento de la seguridad y la reconstrucción de las propiedades destruidas.


Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que respeten y hagan respetar el derecho de toda persona internamente desplazada a regresar a su lugar de residencia original en condiciones de seguridad y dignidad. La comunidad internacional debe seguir observando la situación y facilitando su retorno.



CONTEXTO

Informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

Durante sus visitas a las zonas afectadas por el conflicto, Amnistía Internacional recabó información que indica que tanto las fuerzas georgianas como las rusas y las milicias surosetias cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario en el curso de las hostilidades.


Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas georgianas


En particular, para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que el bombardeo llevado a cabo por Georgia contra la localidad de Tskhinvali y los pueblos circundantes la noche del 7 al 8 de agosto podría no haber distinguido entre objetivos militares y civiles y objetivos civiles. Representantes de Amnistía Internacional observaron la destrucción de numerosas viviendas de civiles en Tskhinvali, a cierta distancia de objetivos militares bien visibles. Gran parte de estos daños fueron causados por cohetes Grad, cuya incompatibilidad con un ataque a zonas habitadas por civiles es de sobra conocida, debido a su escasa precisión. Los representantes de Amnistía Internacional observaron también destrozos generalizados de propiedades en el pueblo de Khetagurovo, cerca de Tskhinvali, y fueron informados de que el ataque había matado a seis civiles y había herido a muchos más.


Kazbek Djiloev ofreció a la delegación de Amnistía Internacional el relato de su experiencia la noche del 7 de agosto en su domicilio, situado en una zona residencial del sur de la localidad de Tskhinvali:  


Estábamos escuchando a Saakashvili, diciendo que aceptaba cualquier negociación. Nos sentíamos cómodos [...] Me estaba tomando un té cuando de repente oí ruido de disparos seguido de tanques, artillería… bajamos todos a la planta de abajo. Dos horas después oí explosiones, la casa sufrió una fuerte sacudida, el tejado saltó en pedazos y varios misiles Grad cayeron en el interior de la casa. El sofá y otros muebles empezaron a arder. Oímos cómo un avión se acercaba a nosotros, y empezó a dispararnos con una ametralladora. Mi hermano y yo volvimos a escondernos en la planta de abajo. Pasó un rato y cayó otro misil, que destruyó media casa. Yo estaba en estado de shock. Los georgianos aseguran que disparaban contra posiciones de soldados rusos. Es mentira. No había un solo soldado allí. Estaban disparando contra ciudadanos pacíficos. Allí no había nada militar. Estaba yo, con mi hermano y mi madre [...] Me he quedado sin casa. De momento hace buen tiempo y puedo dormir en el jardín, pero no sé qué voy a hacer cuando lleguen las lluvias. No me ayuda nadie. No puedo reconstruir la casa porque no tengo el dinero que hace falta.


Después de hacer un amplio recorrido por Tskhinvali, la delegación de Amnistía Internacional calculó que el número de viviendas civiles directamente alcanzadas por el bombardeo inicial de las fuerzas georgianas era muy superior a un centenar; es posible que muchas de ellas estuvieran habitadas en ese momento, a tenor del relato de los testigos. Según relataron algunas personas que residen en las zonas bombardeadas, en cada una de las calles afectadas habían muerto al menos dos o tres personas y, en las zonas más afectadas, hasta diez. El número de víctimas pudo haber sido mucho mayor de no ser porque muchas de las casas eran de hormigón reforzado, lo que permitió a los residentes esconderse en los sótanos y salir después relativamente ilesos; al parecer, la mayoría de las víctimas eran personas que habitaban edificios de ladrillo alcanzados por las bombas o personas que en ese momento se encontraban en el exterior y fueron alcanzadas por la explosión y fragmentos de los cohetes caídos.

Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas rusas


Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que las fuerzas rusas, en algunos ataques aéreos que han causado la muerte o lesiones a civiles, pudieron no hacer distinción entre objetivos militares y civiles y objetivos civiles. Los ataques en cuestión tuvieron lugar entre el 8 y el 12 de agosto en la localidad de Gori y varios pueblos de población mayoritariamente georgiana en Osetia del Sur y zonas circundantes. Por ejemplo, el 12 de agosto, alrededor de las 12 de la noche, cayeron bombas rusas en la plaza principal de Gori, ante la sede de la máxima autoridad local. Los informes indicaban que ocho personas habían muerto en el ataque. Según testigos entrevistados, no había objetivos militares en las inmediaciones. Varios informes apuntan a la posibilidad de que en este ataque se utilizaran bombas de racimo.


Según informes, aviones de combate rusos bombardearon el pueblo de Karbi el 9 de agosto. Uno de sus habitantes describió así el bombardeo para Amnistía Internacional:


Sólo éramos civiles. Tenía que haber un error, ¿por qué iban a bombardearnos si no? Un avión sobrevoló el pueblo y lanzó dos bombas. Siete personas murieron ante mis ojos. La otra bomba cayó en otra parte del pueblo y mató a dos personas más. No había soldados georgianos en el pueblo. Había baterías georgianas a unos dos kilómetros, con armas antiaéreas. Primero atacaron esas baterías. Luego el avión retrocedió y lanzó las dos bombas sobre el pueblo. De verdad no podía creer que los rusos fueran capaces de hacer algo así. Yo tenía un montón de amigos rusos. Estuve en el ejército ruso, y realmente no podía creerlo.


Presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las milicias osetias en zonas bajo control ruso en la práctica


Amnistía Internacional ha documentado también numerosos actos de saqueo e incendio provocado en los pueblos de población mayoritariamente georgiana de Osetia del Sur. Soldados surosetios, grupos paramilitares y particulares armados –algunos de los cuales procedían, al parecer, de la Federación Rusa– participaron en actos generalizados de saqueo y destrucción de propiedades de personas de etnia georgiana, durante los cuales se profirieron amenazas contra varios de los habitantes que quedaban y se dio muerte a algunos. La primera oleada de pillaje tuvo lugar en los enclaves de Osetia del Sur anteriormente administrados por Georgia. Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, cuando las fuerzas rusas entraron en los pueblos sólo quedaban unas pocas decenas de habitantes, en su mayoría personas de avanzada edad, personas discapacitadas y algunos que se resistían a abandonar su casa. Una vez que las fuerzas rusas entraron en estos pueblos, se sucedieron las incursiones de grupos armados o unidades irregulares compuestas por surosetios y, según informes, personas de otras regiones de la Federación Rusa. Estas milicias participaron en saqueos e incendios en gran escala.


Con la retirada de las fuerzas georgianas y la entrada de las fuerzas rusas en la región de Gori, los saqueos y el pillaje también se adueñaron de todas las carreteras principales que entonces controlaban las fuerzas rusas.


Una mujer del pueblo de Kurta, en Osetia del Sur, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:


Hombres con uniforme militar atravesaban los jardines. Hablaban ruso, pero no eran rusos. Me pareció que eran osetios, chechenos, algunos asiáticos, tal vez uzbekos y cosacos. Todos llevaban el mismo uniforme e iban armados con Kalashnikov. Prendieron fuego a unas 15 viviendas en Kurta y se llevaron el ganado en camiones. Cuando nos marchábamos de Kurta, vimos cómo los maleantes secuestraban a dos vecinos y los metían a la fuerza en el maletero de un automóvil. Salimos a pie de Kurta el 13 de agosto. Fuimos hasta Eredvi pasando por Kheiti. En Eredvi vimos los cadáveres de un hombre, una mujer y dos niños. Seguimos caminando y llegamos al pueblo de Ditsi [fuera de Osetia del Sur]. No vi cadáveres en Ditsi; había algunas casas incendiadas, pero no todas. Dejamos Ditsi y fuimos hasta Trdznisi. Allí también vimos muchas casas quemadas y enseres esparcidos por las calles. Nos quedamos a pasar la noche y luego nos fuimos en dirección a Tqviavi. Allí vimos muchos más cadáveres, debajo de automóviles y furgonetas. Todos los cadáveres eran de civiles, no vi ningún soldado georgiano muerto [...].


Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que las fuerzas rusas no adoptaron medidas eficaces para proteger de abusos a los civiles y sus propiedades en las zonas bajo su control.


El saqueo y la destrucción continuaron en la zona de seguridad, en la actualidad bajo control ruso. Personal del ejército ruso en el puesto de control de Karaleti impidió a un representante de Amnistía Internacional acceder a la zona de seguridad dos días consecutivos (29 y 30 de agosto). Persisten las dificultades en materia de seguridad y también las dificultades de acceso para quienes tratan de obtener ayuda humanitaria.


Personas refugiadas e internamente desplazadas


Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 18 de septiembre de 2008 se obligó a un total de 163.000 personas a huir de sus hogares; de ellas, 127.000 se desplazaron dentro de la propia Georgia y 36.000 huyeron a la Federación Rusa.


Los informes recibidos indican que, desde el cese de las hostilidades, la gran mayoría de los surosetios que huyeron a la Federación Rusa ya han podido regresar, y se están reconstruyendo las viviendas destruidas de personas de etnia osetia.


Además, el ACNUR manifestó el 18 de septiembre que, de las 127.000 personas que se calcula que se desplazaron dentro de Georgia, solamente unas 68.000 habían podido regresar a sus casas y otras 5.000 se esperaba que pudieran hacerlo este año. El ACNUR espera que otras 23.000 puedan regresar en 2009, una vez reparados los destrozos de sus casas. Sin embargo, Amnistía Internacional ve con gran preocupación los obstáculos al retorno de decenas de miles de personas de etnia georgiana. El 12 de septiembre, el ACNUR advirtió de que 31.000 personas no podrían regresar en un futuro próximo. De ellas, unas 22.000 fueron desplazadas de Osetia del Sur, 8.000 de partes inaccesibles de la zona de seguridad y 1.000 de Abjasia. Entre otras cosas, el retorno voluntario de estas personas requiere el restablecimiento de la seguridad y la reconstrucción de las propiedades destruidas.


Aunque el retorno voluntario de todas las personas desplazadas a sus lugares originales de residencia debe seguir siendo prioritario, habrá que buscar soluciones a más largo plazo para las personas temporalmente alojadas en Gori, Tiflis y otros lugares, que siguen sin poder regresar. Toda persona internamente desplazada tiene derecho a volver a su lugar de residencia original en condiciones de seguridad y dignidad. Cada persona debe decidirlo voluntariamente, en un contexto en el cual se ofrezcan alternativas aceptables de integración o reasentamiento permanente en otros lugares del país. La protección y el respeto de los derechos de las personas internamente desplazadas, incluidos sus derechos económicos y sociales, no pueden quedar en suspenso hasta que su retorno sea políticamente factible. Las autoridades georgianas tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas, sin discriminación alguna y en el grado máximo que permitan los recursos disponibles.

Véase además:
Consejo de Europa: Hay que seguir observando el impacto del conflicto Georgia-Rusia en los derechos humanos, Índice AI: EUR 04/003/2008.

FIN/

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía  Internacional  en  Londres  llamando  al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, visiten http://www.amnesty.org/es/research.