Documento - Preocupaciones en Europa y Asia

DE ESTE DOCUMENTO SÓLO SE HA TRADUCIDO EL CAPÍTULO REFERIDO A ESPAÑA

ESPAÑA

Información general

Las elecciones generales celebradas el 14 de marzo, con una gran participación de votantes, dieron una estrecha e inesperada victoria al Partido Socialista (PSOE), debiendo formar José Luis Rodríguez Zapatero un gobierno en minoría. El presidente anunció su decisión de no formar un gobierno de coalición y de gobernar con el acuerdo de distintos partidos políticos. Poco después de subir al poder, el nuevo gobierno y el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, acordaron la revisión del pacto antiterrorista (Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo), cuyo contenido giraría probablemente en torno la adopción de medidas contra ETA y contra grupos islamistas vinculados a actos de violencia o que los llevaran a cabo. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue retirar las tropas españolas de Irak. Hasta junio, España tenía más de 1.300 soldados en ese país, pese a la enorme oposición nacional a la guerra.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura cree que es algo "más que esporádica"

En febrero, el relator especial sobre la cuestión de la tortura elaboró un informe sobre la visita a España realizada en octubre de 2003. El objetivo de la visita era estudiar las distintas salvaguardias para la protección de los detenidos en el contexto de las medidas antiterroristas. El relator observó que "[l]a consigna de silencio que rodea al tema y el rechazo por las autoridades de las denuncias de torturas sin investigarlas ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y las garantías". El relator concluyó que, "[a] la luz de la coherencia interna de la información recibida y de la precisión de los detalles de hecho, […] esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones". Aunque no constituyan una práctica habitual, "su ocurrencia es más que esporádica e incidental". El relator recomendó al gobierno español la elaboración de un plan general para impedir y suprimir la tortura, y la supresión del régimen de incomunicación.

Muchos de los hechos constatados por el relator especial de las Naciones Unidas coincidieron con los de AI, así como con los del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa. Sin embargo, el gobierno español puso varias objeciones al informe y sostuvo que "toda denuncia por torturas o malos tratos es investigada" y que "las afirmaciones del Relator sobre la pasividad y permisividad de las autoridades judiciales y administrativas son rechazables de plano". La respuesta del gobierno demostró una negativa continuada a contemplar la introducción de salvaguardias, recomendadas por varios organismos internacionales, en el régimen de incomunicación, alegando que no eran necesarias.

Atentados terroristas en Madrid

El 11 de marzo, se produjeron diez explosiones prácticamente simultáneas en cuatro trenes de cercanías, en tres estaciones de Madrid (Atocha, El Pozo y Santa Eugenia), que causaron la muerte de 191 personas e hirieron a más de 1.600. Otras tres bombas no llegaron a explotar. Los atentados múltiples tuvieron lugar en plena campaña de las elecciones generales españolas. Inicialmente, el gobierno español implicó sistemáticamente al grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna(ETA) en la masacre, aunque los primeros informes apuntaban a otro grupo vinculado a Al Qaeda. Posteriormente se descartó la conexión con ETA. La magnitud de los ataques no tenía precedentes en España y fueron los más graves ocurridos en un Estado miembro de la Unión Europea. En una declaración pública, AI expresó su indignación, así como su más sentido pésame por las víctimas y solidaridad con sus familiares y seres queridos. "Atacar trenes de cercanías llenos de pasajeros que se dirigen a sus actividades cotidianas revela una absoluta falta de respeto por los más fundamentales principios de humanidad", declaró AI. La organización hizo un llamamiento para que los autores fuesen puestos a disposición judicial sin demora para ser juzgados de acuerdo con las normas internacionales.

Inmediatamente después de los atentados, un agente de la policía nacional fuera de servicio acabó de un disparo con la vida de Ángel Berroeta en su panadería de Pamplona (Navarra), al parecer por haberse negado a colocar un cartel denunciando la relación de ETA con los atentados del 11 de marzo. Según informes, tras conocer su negativa a colocar el cartel, el agente entró en la panadería y disparó cuatro tiros a Ángel Berroeta, que no llegó con vida al hospital.

Hasta junio, se detuvo un máximo de 52 sospechosos relacionados con los atentados. Algunos fueron excarcelados. En mayo, dos sospechosos que se consideraban indirectamente relacionados con los atentados fueron expulsados de España por representar una amenaza para la seguridad nacional en virtud de la Ley de Extranjería, y se estaban estudiando otras expulsiones. Varios partidos políticos y asociaciones expresaron su preocupación acerca de que la Ley de Extranjería se aplicase de forma arbitraria.

Violencia de índole racista

a) El Ejido: se recibieron informes de que el ayuntamiento de El Ejido (Almería) había acordado unánimemente solicitar al ministro de Justicia el indulto para dos residentes declarados culpables de secuestrar e infligir malos tratos a tres trabajadores indocumentados de nacionalidad marroquí y argelina en diciembre de 1997. El fallo de la Audiencia Provincial de Almería, que condenó a los dos hombres a un total de siete años y medio de cárcel a cada uno, fue ratificado el 5 de marzo por el Tribunal Supremo. Los marroquíes, que los secuestradores confundieron con ladrones, fueron conducidos hasta una zona aislada y golpeados con palos y bates de béisbol. También se recibieron denuncias de insultos y malos tratos de índole racista infligidos el año anterior por un agente de la policía local de El Ejido a al menos 100 ciudadanos marroquíes, y de que la situación había empeorado desde el 11 de marzo. Al oficial se le conocía por el nombre de "Sharon". El Defensor del Pueblo Andaluz abrió una investigación para esclarecer las acusaciones.

b) Actualización sobre el caso Driss Zraidi (véase el documento de Índice AI: EUR 41/001/2002): en mayo, la Audiencia Provincial de Girona dictó una sentencia preocupante que absolvía por falta de pruebas a 14 mossos d’esquadra, agentes de la policía autónoma catalana, acusados de infligir torturas y malos tratos al ciudadano marroquí Driss Zraidi en la comisaría de Roses (Girona) en agosto de 1998. Aunque el tribunal confirmó que Driss Zraidi, que resultó lesionado en el transcurso de su detención, en efecto sufrió torturas y malos tratos de índole racista tras ser detenido, admitiendo que varios agentes entraron deliberadamente en su celda para hostigarle y herirle, estimó que la tortura no era grave.

Según el propio texto de la sentencia: "[…] la conducta de los agentes de los Mossos d’Esquadra que aprochevandose de la situación de privación de libertad y, por tanto, de absoluta indefensión, en que se hallaba el detenido y en represalia de los sucesos ocurridos el día anterior con un compañero, abrieron la celda en que se encontraba encerrado y penetraron en su interior, le insultaron, amenazaron, le pusieron las manos encima, al menos empujandole y zareandole, es sin duda constitutivo de un delito de torturas […] sin embargo, de menor gravedad, pues teniendo en cuenta que no ha probado que se produjiera ningun menoscabio fisico en el detenido como consecuencia de la actuación de los agents y que el episodio tuvo una corta duración […]". Pese a existir grabaciones del incidente en cintas de audio, los agentes negaron toda culpabilidad (la declaración de uno de los agentes se anuló posteriormente porque no se le había informado de su derecho a ser asistido por un abogado) y el tribunal se declaró incapaz de identificar a los autores.

El fallo de la Audiencia Provincial ejemplificaba claramente la clase de impunidad que AI criticaba en su informe Crisis de Identidad (Índice AI: EUR 41/001/2002), en el que se describía el caso de Driss Zraidi. El tribunal reconoció que el ciudadano marroquí había resultado lesionado, con tres costillas fracturadas, por ejemplo, y que tardó 50 días en recuperarse. Sin embargo, el tribunal no dejaba claro en qué momento sufrió las lesiones, entendiendo que podrían haberse producido de forma "legítima" como consecuencia de una detención difícil. El tribunal señaló que, según un informe del médico, no era necesario emplear demasiada fuerza para fracturar las costillas. El tribunal también reconoció, en función de las grabaciones de voz, que se habían proferido insultos racistas (como "cerdo marroquí, te vamos a matar"), pero estimó que la tortura probablemente había sido "leve" y resultaba imposible hacer una identificación. "Los gritos y quejidos de dolor […] son compatibles con la aplicación de malos tratos leves – empujones y sacudidas enérgicas – a una persona lesionada que, de hecho, ya está sufriendo porque tiene las costillas fracturadas".

Al parecer, la Consellera de Interior catalana, equivalente a una ministra de Interior de la Comunidad Autónoma, expresó sorpresa ante la sentencia y solicitó su revisión al Tribunal Supremo.

Delegación de alto nivel a España

Del 6 al 11 de junio, una delegación de alto nivel, encabezada por la secretaria general, se trasladó a España para reunirse con el nuevo gobierno y para presentar el informe titulado España: Un compromiso necesario. Recomendaciones de AI para un Plan de Acción de Derechos Humanos (Índice AI: EUR 41/005/2004). El informe define los retos clave a los que se enfrenta España en materia de derechos humanos y contiene una lista de 15 indicadores para evaluar la actuación del gobierno en cuanto a los compromisos adquiridos. En el ámbito nacional, reitera los motivos de preocupación de AI con respecto a la tortura y los malos tratos, el racismo, los recortes a los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, y la violencia contra las mujeres en el país. Señala la persistencia del racismo y de la xenofobia en algunas zonas de España y trata de lograr compromisos para intentar resolver la cuestión de la discriminación racial y étnica.

En Madrid, la delegación se reunió con el presidente y los ministros de Justicia, de Interior y de Asuntos Exteriores, así como con el presidente del Tribunal Supremo y miembros del Consejo General del Poder Judicial. La delegación también mantuvo reuniones con los presidentes de las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco, durante las cuales AI propuso una serie de planes regionales de derechos humanos que sirviesen de complemento al plan nacional. AI recibió una respuesta positiva en casi todas sus reuniones. La organización expresó su satisfacción por la decisión gubernamental de dar prioridad al problema de la violencia contra las mujeres, y por iniciativas similares de las comunidades autónomas. También recordó al gobierno que no olvidase a las otras víctimas y que trabajase activamente para "recuperar la memoria, la dignidad y los restos de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil y del régimen de Franco".(1)

Malos tratos a los presos de Cataluña

Durante su reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, la delegación de AI trató el tema de la grave situación reinante en las cárceles catalanas. (Cataluña es la única comunidad autónoma con responsabilidad sobre la gestión de sus cárceles.) En 2002, las autoridades catalanas admitieron a AI que se había registrado un "aumento espectacular" de la población penitenciaria de Cataluña, al igual que en el resto de Europa, y que tenía prevista la construcción de varias cárceles. Desde entonces, la situación no ha mejorado de forma perceptible y AI sigue recibiendo denuncias de malos tratos en las cárceles catalanas.

En enero se abrió una investigación judicial sobre las denuncias que inculpaban a cuatro funcionarios de prisiones de haber golpeado tan brutalmente al preso Manuel Valencia Jorge, que éste falleció. En mayo se abrió una investigación interna sobre los disturbios ocurridos el 30 de abril en la cárcel de Quatre Camins, cerca de Barcelona, durante los cuales su subdirector, Manuel Tellón, resultó herido de gravedad y, al parecer, guardias penitenciarios infligieron malos tratos a más de 70 presos, bien en un intento de restablecer el orden o durante el traslado a otras cárceles.

En junio, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, un grupo de especialistas de la Universidad de Barcelona, publicó un dossier que recogía los eventos posteriores a los disturbios ocurridos en el mes de abril en Quatre Camins en el que expresaba preocupación tanto por las lesiones sufridas por el subdirector, como por los malos tratos que recibieron los presos. Los miembros del grupo habían visitado a algunos presos. Entre los informes de malos tratos se encuentra el de Gerardo Andréu Vázquez. Éste declaró que, tras los disturbios, fue recluido nuevamente en su celda. A eso de las 2 de la madrugada, un grupo de funcionarios de prisiones entró en la celda, le esposaron y le sacaron fuera del módulo sin dejar de golpearle. Al parecer, fue llevado hasta un largo pasillo que daba al área de entrada de la cárcel. Al otro lado, una fila de funcionarios formaba un "túnel", y le golpeaban y propinaban patadas a medida que avanzaba, obligado, por el túnel. Hubo que darle cinco puntos en una brecha de la cabeza. Finalmente fue introducido en un vehículo policial en el que fue trasladado a la cárcel de Ponent. Durante el traslado permaneció esposado. En la cárcel de Ponent, fue recluido en régimen de aislamiento, se le obligó a desnudarse para registrarlo y, al parecer, fue nuevamente golpeado con porras, puños y pies. Los malos tratos continuaron durante varios días. No se le permitió salir de la celda de aislamiento en ningún momento durante cinco días.

En junio, el Departamento de Justicia de la Generalitat abrió una investigación sobre los malos tratos infligidos durante los disturbios y, posteriormente (julio), envió al fiscal un informe en el cual se admitía que un máximo de 26 presos había recibido malos tratos.

Un ciudadano catalán afirma haber sido torturado mientras permanecía detenido en régimen de incomunicación

Prosigue la investigación judicial sobre el caso de Jordi Vilaseca Cantacorps, de 20 años, detenido, junto a otros, en Lleida (Cataluña) en abril de 2003 en aplicación de la ley antiterrorista por presuntos actos de violencia callejera. Jordi Vilaseca alegó que, mientras permanecía recluido en régimen de incomunicación en Cataluña antes de su traslado a Madrid, fue torturado por agentes de los mossos d’esquadra y de la policía nacional. Jordi Vilaseca afirmó que se le obligó a permanecer de pie en un rincón de una habitación durante ocho horas sin comer ni beber; que se le amenazó y gritó cada vez que se movía, y que los agentes también le amenazaron con violar a su novia. Luego fue obligado a permanecer de rodillas durante varias horas con las manos a ambos lados del cuerpo, también sin moverse. Recluido durante el período máximo de detención en régimen de incomunicación, cinco días, sufrió deshidratación y agotamiento hasta que, finalmente, perdió el conocimiento y hubo de ser trasladado al hospital. Cuando despertó, no podía moverse ni hablar, sólo emitir sonidos. Posteriormente, fue llevado ante la Audiencia Nacional de Madrid e ingresado en la cárcel de Soto del Real, donde permaneció seis días antes de quedar en libertad bajo fianza. En junio, AI recibió la noticia de que un juez instructor adscrito al juzgado de Lleida había acusado a un agente de los mossos d’esquadra por torturas relacionadas con el caso.

Violencia contra las mujeres

En España, según datos del Instituto de la Mujer relativos a un estudio elaborado en 2002, en esa fecha más de dos millones de mujeres sufrían violencia física y/o psíquica a manos de su parejaMacroencuesta sobre violencia contra las Mujeres,Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, en http://www.mtas.es/mujer/mcifras/principa.htm

. Según el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, entre el año 2002 y el 2003, el número de mujeres asesinadas en el ámbito familiar fue de 131, y experimentó un incremento del 59% entre un año y otroSe ha sostenido que en 2002 el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas fue de 50 y en 2003 de 81. Cfr.CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, “Informe sobre muertes violentas en el ámbito de violencia doméstica en el año 2003”; Madrid; 2004; pág. 24.

, lo cual pone de manifiesto la falta de efectividad de las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, según datos oficiales, el 97% de las mujeres que sufren violencia a manos de su pareja en España no denuncia los hechosEstadísticas de denuncias del Ministerio del Interior de 2003, recogidas en la pà1gina web del Instituto de la Mujer http://www.mtas.es/mujer/mcifras/principa.htm; Op. Cit.

. Este altísimo índice de violencia oculta propicia que muy a menudo éstaquede impune y que las autoridades, la sociedad en general y los particulares hagan caso omiso de sus responsabilidades.

Según datos del Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la intervención del médico forense en los procesos por violencia de género en el ámbito familiar es únicamente del 18%. Además, en el 64% de los casos, la no comparecencia se produce por la decisión del propio profesional de no intervenir.Informe sobre muertes por violencia doméstica en el año 2003. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003.

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la falta de asistencia de abogado/a a las víctimas de estos delitos. Según datos del citado informe, en el 92% de los procedimientos no consta la intervención de abogado asistiendo a las víctimas. En el 8% restante, el/la profesional asiste a la víctima en su declaración ante el Juzgado, y sólo interviene activamente en el procedimiento en el 4% de los casosCabe destacar que en el ordenamiento jurídico español la asistencia letrada a las víctimas no es una garantía equiparable al derecho de defensa del acusado. El hecho de que éstas cuenten o no con asistencia letrada particular en el juicio no interviene en la validez del mismo. .

En suma, como preocupaciones fundamentales, cabe destacar el incremento sostenido de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y ex-parejas; la falta de consideración de colectivos especialmente vulnerables (mujeres del área rural, solicitantes de asilo, inmigrantes clandestinas, mujeres discapacitadas); la ausencia de coordinación estatal de las políticas de protección de los derechos humanos de las mujeres gestionadas por los organismos de ámbito regional y local, que genera una falta de protección apropiada; la falta de evaluación periódica, participativa y transparente de las políticas emprendidas; la escasez de diagnósticos y mapas de necesidades de las víctimas; la falta de diligencia en la investigación de los procesos penales derivados de denuncias de violencia de género en el ámbito familiar; la escasa y poco adecuada formación de los profesionales que han de apoyar a las víctimas; la ausencia de trabajo en profundidad en el ámbito sanitario y la escasa dotación económica de la mayor parte de las medidas emprendidas.

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(1) Véase el comunicado de prensa de AI, España: La oportunidad de iniciar una nueva página en torno a los derechos humanos, Índice AI: EUR 41/007/2004.