Documento - Sri Lanka: Persiste la impunidad en Sri Lanka por delitos de derecho internacional mientras el gobierno aumenta los ataques contra sus detractores: declaración escrita de Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 22º periodo de sesiones (25 de febrero - 22 de marzo de 2013)

IRAN: The Human Rights Situation in Iran: Amnesty International written statement to the twenty second session of the UN Human Rights Council (March 2013)

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Persiste la impunidad en Sri Lanka por delitos de derecho internacional mientras el gobierno aumenta los ataques contra sus detractores: declaración escrita de Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 22º periodo de sesiones (25 de febrero - 22 de marzo de 2013)

ASA 37/004/2013

12 de febrero de 2013

En Sri Lanka, defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo objeto de amenazas y agresiones por oponerse pacíficamente a las políticas y prácticas del gobierno. Como consecuencia de la intolerancia del gobierno hacia la disidencia –incluso la de quienes ejercen su profesión en el sistema judicial del país– y de su falta de disposición a controlar a los seguidores políticos y a los miembros de sus fuerzas de seguridad que cometen abusos, o a responder por sus acciones, se han cometido violaciones del derecho a la libertad de expresión, se ha debilitado el Estado de derecho y corre peligro de fracasar la reconciliación tras el conflicto.

La falta de disposición del gobierno srilankés a rendir cuentas por los presuntos delitos de derecho internacional cometidos por sus fuerzas armadas y por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) en los últimos estadios del conflicto armado que terminó en 2009, e incluso a investigar y enjuiciar otras presuntas violaciones graves de derechos humanos, ha propiciado un clima de impunidad en el que se siguen cometiendo detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales sin ningún control. Casi cuatro años después del fin del conflicto armado con el LTTE, se siguen denunciando estos abusos. Las autoridades srilankesas han tratado con especial hostilidad a los ciudadanos que exigían rendición de cuentas en materia de derechos humanos, sobre todo cuando sus demandas se comunicaban al exterior, a la comunidad internacional.

Desde octubre de 2012, abogados y jueces también han sufrido ataques por denunciar presuntos atentados contra la independencia del poder judicial de Sri Lanka; tales ataques tuvieron su culminación en enero, cuando el Parlamento de Sri Lanka votó a favor de la destitución de la presidenta de la judicatura, Shirani Bandaranayake, a pesar de que el Tribunal Supremo había fallado que el procedimiento era inconstitucional. El 7 de octubre, unos agresores armados atacaron a Manjula Tilakaratne –juez de un tribunal superior y secretario de la Comisión de Servicios Judiciales–, le golpearon con una pistola e intentaron arrastrarlo de su vehículo; menos de tres semanas antes, el juez había hecho pública una declaración en nombre de la Comisión en la que se expresaban quejas por injerencia e intimidación. En enero, dos jueces del Tribunal de Apelación recibieron llamadas telefónicas amenazadoras en las que les advertían que no fueran al tribunal al día siguiente, cuando estaba previsto que dictaran sentencia sobre el procesamiento del presidente de la judicatura; abogados de renombre que se opusieron al procesamiento han recibido amenazas de muerte anónimas.

En Sri Lanka se sigue aplicando la Ley de Prevención del Terrorismo, cuya abolición lleva tiempo reclamando Amnistía Internacional. La Ley de Prevención del Terrorismo restringe la libertad de expresión y asociación, permite la detención administrativa prolongada e invierte la carga de la prueba cuando se denuncian tortura u otros malos tratos a detenidos. Ciudadanos que han expresado su disidencia también han sufrido campañas de difamación en la prensa oficial, así como amenazas anónimas y actos de intimidación a manos de agresores sin identificar.� También con alarmante frecuencia se somete a violencia física a los detractores del gobierno de Sri Lanka: se ha secuestrado, agredido y disparado a personas por criticar al gobierno; se han lanzado granadas contra sus hogares; � han sido víctimas de desaparición forzada y asesinato. Ninguno de los episodios se ha investigado eficazmente y enjuiciado.

En diciembre de 2012, las autoridades srilankesas detuvieron a más de 50 personas en el norte de Sri Lanka en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, a raíz de las protestas estudiantiles convocadas para reivindicar libertad de expresión después de que las fuerzas de seguridad disolvieron una ceremonia de encendido de lamparillas celebrada en la residencia de mujeres de la Universidad de Jaffna para conmemorar el Día de los Héroes, instaurado por el LTTE y prohibido por el ejército srilankés. Dos líderes estudiantiles permanecieron recluidos sin cargos hasta mediados de febrero para fines de “rehabilitación”; otros más de 40 –que según las autoridades eran ex miembros del LTTE– permanecían detenidos para ser interrogados por la División de Investigación sobre Terrorismo de la policía. Estos hechos reflejan los escasos progresos que ha hecho Sri Lanka en el cumplimiento de las promesas de mejorar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, o en lograr la reconciliación nacional.

El Consejo de Derechos Humanos, en su Resolución 19/2, adoptada el 22 de marzo de 2012, acogió con beneplácito las recomendaciones de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación de Sri Lanka, “entre ellas la necesidad de investigar de manera creíble las denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, desmilitarizar el norte de Sri Lanka, establecer mecanismos imparciales de solución de los litigios sobre las tierras, reevaluar las políticas de reclusión, reforzar las instituciones civiles anteriormente independientes, llegar a una solución política del problema de la devolución de competencias a las provincias, promover y proteger el derecho universal a la libertad de expresión e introducir reformas basadas en el estado de derecho”,� y pidió a Sri Lanka que formulara un “plan general de actuación” para dar cumplimiento a las recomendaciones. El Consejo de Derechos Humanos observó con preocupación en su resolución que en el informe final de la Comisión no se examinaban “adecuadamente las graves denuncias de violaciones de derechos humanos”,� por lo que exhortaba al gobierno de Sri Lanka a ir más allá de las recomendaciones de la Comisión para “examinar las presuntas violaciones del derecho internacional”.�

La Resolución 19/2 hacía hincapié en la necesidad de actuaciones “creíbles e independientes”, � pero el Plan Nacional de Acción de Sri Lanka, revelado en julio de 2012, no contenía el compromiso de llevar a cabo investigaciones nuevas o independientes, y en cambio dejaba en manos de las propias agencias relacionadas con los abusos la investigación de esos abusos y el control de su actuación. Amnistía Internacional reitera su dura crítica respecto a este planteamiento: el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas y la policía no pueden llevar a cabo investigaciones verosímiles sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por su propio personal, que posiblemente actuaba a las órdenes de mandos superiores o ministros del gobierno.

El informe que ha elaborado recientemente una junta del ejército encargada de elaborar su propio plan de acción basado en las recomendaciones de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación abunda en la misma lógica errada: proponer nuevas estructuras militares para investigar denuncias contra el ejército allí donde la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, el Grupo de Expertos del secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka� y un buen número de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han pedido que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.

Mientras el gobierno de Sri Lanka intenta silenciar a quienes lo critican dentro del país, en el plano internacional sigue haciendo promesas huecas sobre la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.

La ONU no debe permitir que prosigan las dilaciones cuando se trata de poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos en Sri Lanka o de rendir cuentas por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Dado que el gobierno srilankés se muestra reacio a poner fin al ciclo de la impunidad en Sri Lanka, la ONU debe actuar. El Consejo de Derechos Humanos debe establecer un mecanismo dependiente del Consejo con el mandato de vigilar e informar a éste sobre la situación actual de los derechos humanos en Sri Lanka. También es necesario que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre las denuncias de delitos de derecho internacional cometidos por el gobierno y por el LTTE durante el conflicto armado en el país.

Además, el Consejo de Derechos Humanos y los Estados miembros de la ONU deben instar al gobierno de Sri Lanka a:

Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación

poner en marcha sin demora una investigación eficaz e independiente sobre las presuntas violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario identificadas por la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación u otros. No recomendar ni declarar amnistías para los autores de tales violaciones de derechos humanos, con independencia de su posición o del cargo que ocupen en el gobierno. No encargar a los organismos relacionados con los presuntos abusos la investigación de su propio personal.

Libertad de expresión y asociación

conminar a las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y a los grupos armados que actúan en alianza con ellas a que pongan fin a todos los ataques y actos de intimidación contra quienes expresan opiniones disidentes o sostienen presuntamente opiniones disidentes, y a que erradiquen prácticas que no se ajustan a las obligaciones internacionales de Sri Lanka, como la censura, el cierre de medios de comunicación o la vigilancia de personas;

Legislación antiterrorista

derogar la Ley de Prevención del Terrorismo y abolir el sistema de detención administrativa de Sri Lanka;

poner en libertad a todas las personas recluidas en aplicación de legislación antiterrorista o de excepción, incluidas todas las que están en “campos de rehabilitación”, si no son acusadas de algún delito común reconocible y un tribunal civil independiente y legítimamente constituido ordena su reclusión preventiva; todo juicio debe celebrarse sin demora, ante un tribunal civil legítimamente constituido, con todas las garantías internacionalmente reconocidas y sin recurrir a la pena de muerte;

dar cumplimiento a todas las resoluciones judiciales –como las decisiones del Tribunal Supremo en casos de derechos fundamentales y sobre recursos de hábeas corpus– que ordenen la liberación inmediata de detenidos;

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

además de cumplir la Resolución 19/2 del Consejo de Derechos Humanos, facilitar sin demora la visita solicitada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

� Antes y después del 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en marzo de 2012, políticos y medios de comunicación oficiales srilankeses calificaron de “traidores” a los abogados, periodistas y miembros del personal de organizaciones civiles y de derechos humanos de Sri Lanka que hablaban a favor de la Resolución 19/2 o intentaban cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, y amenazaron a algunos con causarles daños físicos. Una campaña semejante contra disidentes empezó a fraguarse con antelación al 22 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

� J.C. Weliamuna, una de las personas que ha recibido recientemente amenazas de muerte por denunciar los ataques a la independencia del poder judicial, había sido director de Transparencia Internacional en Sri Lanka. En 2010 fue objeto de una campaña de difamación en los medios de comunicación del gobierno, donde se afirmaba falsamente que su organización había hecho un uso indebido de fondos. La noche del 27 de septiembre de 2008 se lanzaron dos granadas contra su residencia. No se llegaron a establecer los motivos del ataque, aunque se pensaba que tenía relación con su labor como defensor de los derechos humanos. Nunca se identificó a los autores.

� Promoción de la reconciliación y la rendición de cuentas en Sri Lanka, A/HRC/RES/19/2, Preámbulo.

� Ibíd.

� Ibíd., PO-2.

�Ibíd., PO-1.

� Informe del Grupo de Expertos del secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka, 31 de marzo de 2011.

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