Documento - Pakistán.Los derechos humanos no cuentan en la "guerra contra el terror" Informe resumido

[Fecha de embargo: 29 de septiembre de 2006]

Público

Amnistía Internacional

Pakistán

Los derechos humanos no cuentan en la “guerra contra el terror”

Informe resumido

Pakistán

Los derechos humanos no cuentan en la “guerra contra el terror”

Informe resumido

El gobierno de Pakistán ha cometido numerosas violaciones de derechos humanos como consecuencia de su cooperación en la “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos. Cientos de personas han sido detenidas arbitrariamente. Muchas han sido víctimas de desaparición forzada: han estado recluidas en secreto, en régimen de incomunicación y en lugares no revelados, mientras el gobierno se negaba a facilitar información sobre su suerte y su paradero. Muchas han sufrido tortura o malos tratos.

Las familias de estas personas, consternadas por la falta de información sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos, han sido hostigadas y amenazadas cuando intentaban obtener información. Se ha menoscabado sistemáticamente el derecho de hábeas corpus¹: los agentes estatales se han negado a obedecer las instrucciones de los tribunales en el sentido de que faciliten información sobre el paradero de personas detenidas o han negado tener conocimiento de los hechos ante el tribunal. Muchos detenidos han sido transferidos ilegalmente a la custodia de otros países, en particular Estados Unidos.

Moazzam Begg, ciudadano británico, fue secuestrado el 31 de enero de 2002 en su domicilio de Islamabad por agentes paquistaníes y estadounidenses: “Lo primero que vi fue un arma en mi cabeza. […] Mi tranquila velada había terminado con una conmoción y con un miedo creciente [...] Me cubrieron la cabeza con un trapo, […] me esposaron y […] me llevaron al vehículo. [...] Me habían secuestrado con la plena aprobación del gobierno”. Moazzam Begg fue trasladado a centros de detención estadounidenses en Kandahar (Afganistán), Bagram (Afganistán) y la bahía de Guantánamo (Cuba), donde sufrió largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento y tortura. Fue devuelto al Reino Unido en enero de 2005. En ningún momento fue acusado formalmente de haber cometido delito alguno.

En la “guerra contra el terror”, Pakistán ha violado una amplia gama de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a no ser detenido ni recluido arbitrariamente, a no sufrir tortura u otros malos tratos ni desaparición forzada, a tener acceso a recursos legales y a obtener reparación. Todos estos derechos están protegidos por la Constitución de Pakistán y por el derecho internacional de los derechos humanos.

Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos en la “guerra contra el terror” figuran presuntos terroristas paquistaníes y no paquistaníes, hombres, mujeres y menores, periodistas que han informado sobre la “guerra contra el terror” y personal médico que presuntamente había tratado a personas después detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”.

Algunas personas detenidas, que en ciertos casos han estado recluidas durante periodos prolongados, simplemente han quedado en libertad sin cargos, según los informes tras ser advertidas de que guardaran silencio acerca de la experiencia que habían vivido. Otras han sido acusadas de delitos sin relación alguna con el terrorismo. Muchas han sido trasladadas ilegalmente a otros países, sin procedimientos judiciales y violando el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe el envío de una persona a un país donde corra peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Cientos de detenidos han sido transferidos a la custodia de Estados Unidos y han terminado en la base de la bahía de Guantánamo, en la base aérea de Bagram o en centros secretos de detención en otros lugares. Sin embargo, sigue sin saberse qué les ha sucedido a muchos detenidos, pues se desconocen su suerte y su paradero.

El carácter clandestino de la “guerra contra el terror” impide establecer con exactitud cuántas personas han sido detenidas y recluidas arbitrariamente, o han sido víctimas de desaparición forzada, tortura y malos tratos o ejecución extrajudicial. El general de división Shaukat Sultan, portavoz de las fuerzas armadas paquistaníes, afirmó en junio de 2006 que desde 2001 se había dado muerte a unos 500 “terroristas”, y que más de 1.000 habían sido detenidos, incluidos combatientes extranjeros y sus apoyos locales.²

Mamdouh Habib, ciudadano australiano, relató a Amnistía Internacional que el 5 de octubre de 2001 viajaba en el mismo autobús que dos ciudadanos alemanes a quienes varios hombres vestidos de civil ordenaron descender del vehículo. Se ofreció voluntario para acompañarlos, ya que sus conocimientos de inglés eran escasos. A Mamdouh Habib y los dos alemanes los esposaron, les vendaron los ojos y los llevaron a una casa en la que estuvieron durante tres días, y de allí a un centro de detención. Al cabo de 12 días, Mamdouh Habib fue trasladado en avión a Islamabad, donde lo amenazaron y golpearon. Aproximadamente dos semanas después, le pusieron grilletes, le vendaron los ojos y lo llevaron al aeropuerto con la promesa de que iban a trasladarlo a su país. En cambio, lo entregaron a funcionarios estadounidenses, lo despojaron de su ropa, lo sedaron y lo trasladaron en avión a Egipto. En una prisión de El Cairo lo colgaron de ganchos fijados en el techo, le aplicaron descargas eléctricas y lo amenazaron con electrocutarlo. Después de seis meses lo llevaron a Afganistán y más tarde a Guantánamo. Quedó en libertad sin cargos en enero de 2005.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el carácter muy limitado de las protestas que han tenido lugar en Pakistán contra los cientos de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas en la “guerra contra el terror”. En general, la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación han pasado por alto esta cuestión. Mientras tanto, la práctica de la desaparición forzada, que era un fenómeno poco común antes de 2001, se ha vuelto habitual incluso fuera del contexto de la “guerra contra el terror”. Personas de diferentes orígenes y condiciones han sido víctimas de desaparición forzada, incluidos nacionalistas baloches y dirigentes sindis.

Tratamiento legal del terrorismo

Amnistía Internacional ha denunciado sistemáticamente los ataques indiscriminados y los ataques dirigidos contra civiles que han llevado a cabo grupos armados como Al Qaeda. En concreto, la organización ha condenado los ataques contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 como crímenes contra la humanidad. Todas las personas responsables de estos crímenes y de otros semejantes deben ser puestas a disposición de la justicia.

Pakistán tiene el deber de prevenir y castigar la delincuencia, especialmente los delitos violentos como los actos de terrorismo. Al mismo tiempo, las medidas que se adopten para combatir el terrorismo deben respetar la legislación nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. La detención secreta, la desaparición forzada, la tortura y los malos tratos, la reclusión indefinida sin cargos y los traslados ilegales a otros países están prohibidos por la legislación nacional y por el derecho internacional.

En mayo de 2006, Pakistán fue elegido miembro del recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, en junio, adoptó por unanimidad el proyecto de Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.³El proyecto de Convención prohíbe las desapariciones forzadas y declara que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad. Amnistía Internacional pide al gobierno de Pakistán que respete y defienda la norma que ha contribuido a elaborar.

La tortura y otros malos tratos están prohibidos absolutamente y en todas las circunstancias, sin excepción, en virtud del derecho internacional. Son moralmente abominables y, además del dolor que infligen a la víctima, degradan a quien los comete. No sólo son ilegales sino también, en última instancia, contraproducentes. En muchos casos, las confesiones obtenidas mediante tortura han resultado poco fiables, pues las personas detenidas pueden “confesar” cualquier cosa con tal de poner fin a su sufrimiento. El derecho internacional prohíbe el uso de declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos en cualquier procedimiento, por lo que las “confesiones” obtenidas por la fuerza no pueden contribuir en un juicio con garantías a sentencias condenatorias de carácter penal contra las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”. Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional durante muchos años han mostrado que las violaciones de derechos humanos sancionadas por el Estado en “circunstancias excepcionales” han conducido también a una represión más generalizada y al desprecio del Estado de derecho.

Aun reconociendo que algunas violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto de la “guerra contra el terror” pueden haberse cometido a instancias de agentes de Estados Unidos, recae en Pakistán como Estado soberano la responsabilidad plena de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en su territorio y con su conocimiento y consentimiento.

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Las personas recluidas en Pakistán por su presunta vinculación con Al Qaeda o con los talibanes han sido detenidas y recluidas sin tener en cuenta la legislación nacional ni el derecho internacional de los derechos humanos. Se han pasado por alto abiertamente las salvaguardias relativas a la custodia y se ha denegado sistemáticamente la protección de la ley.

La legislación paquistaní exige que las detenciones sean llevadas a cabo, en la mayoría de los casos, por policías que exhiban una orden de detención válida. En la mayoría de los casos de personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” este requisito no se ha cumplido. Pocas de ellas han sido acusadas formalmente de haber cometido un delito común reconocible. En la mayoría de los casos, no se ha dejado constancia documental alguna de la detención. No se les ha permitido el acceso a un abogado ni a sus familiares. No han comparecido sin dilación ante un juez.

Las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” han sido capturadas en diversas circunstancias. Muchas de ellas fueron detenidas y sometidas a reclusión arbitraria e incluso a desaparición forzada cuando huían de Afganistán tras la invasión liderada por Estados Unidos en octubre de 2001. Muchos presuntos terroristas quedaron recluidos como consecuencia de detenciones masivas después de atentados con bomba en Pakistán y en otros países. Algunas personas de nacionalidad paquistaní detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” fueron detenidas por funcionarios paquistaníes en otros países y después han sido objeto de desaparición forzada.

Si bien la información sobre todas las detenciones en la “guerra contra el terror” es escasa, se sabe aún menos sobre las detenciones en las zonas clasificadas como tribales. A medida que han ido aumentando las amenazas y la violencia de los combatientes tribales y de los agentes gubernamentales, los periodistas se han ido retirando y han dejado de informar sobre los acontecimientos que tienen lugar en esas zonas, donde tampoco se han permitido las visitas de investigadores independientes de la situación de los derechos humanos.

La práctica habitual de ofrecer grandes recompensas por presuntos terroristas no identificados ha facilitado la reclusión arbitraria y la desaparición forzada. Muchas personas han sido detenidas por policías, funcionarios de fronteras o personal del ejército paquistaníes, o capturadas por residentes de la zona, y entregadas a personal encargado de hacer cumplir la ley o personal de los servicios de información de Estados Unidos a cambio de una recompensa.

Adel Kamil Abdallah, ciudadano de Bahréin que huyó de Afganistán en diciembre de 2001, manifestó: “Vimos a lo lejos un puesto fronterizo del ejército paquistaní. […] Teníamos documentos de viaje válidos y legales. […] Los funcionarios paquistaníes nos recibieron bastante bien. […] Mientras esperábamos el automóvil por la mañana, nos sorprendió ver, en vez de un automóvil, un helicóptero militar. […] Aterrizó en el aeropuerto de Peshawar. […] Desde el aeropuerto nos llevaron en camiones con soldados de escolta a una comisaría de policía. […] Nos metieron en celdas de prisión […] situadas en un lugar subterráneo y con puertas de acero. La celda estaba muy sucia. […] Estuvimos en esa celda durante más o menos una semana. El trato en la prisión era terrible”. Adel Kamil Abdallah informó también de que los guardias estadounidenses le dijeron: “Te conseguimos barato, por sólo 5.000 dólares”. Fuerzas estadounidenses lo trasladaron en avión a Kandahar y después a Guantánamo. Quedó en libertad en noviembre de 2005, tras pasar cuatro años recluido, y fue devuelto a Bahréin.

Más del 85 por ciento de las personas recluidas en la base de la bahía de Guantánamo no fueron detenidas en el campo de batalla por fuerzas estadounidenses, sino por la Alianza del Norte afgana y en Pakistán en una época en que se pagaban recompensas de hasta 5.000 dólares por cada “terrorista” que se entregase a Estados Unidos.⁴En muchos casos, la única base para mantener detenidas a estas personas como “combatientes enemigos” eran las escasas y poco fiables pruebas aportadas por sus captores.

Muchas personas detenidas no saben dónde estuvieron recluidas ya que las tuvieron con los ojos vendados o encapuchadas habitualmente durante su reclusión y las trasladaron a diferentes lugares, aparentemente para someterlas a interrogatorio. Algunas de estas personas han informado de que estuvieron recluidas en casas particulares, otras que estuvieron en cárceles. Periodistas y activistas de derechos humanos han manifestado a Amnistía Internacional que la mayoría de las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” a las que los servicios de información paquistaníes consideraban importantes estuvieron recluidas en “casas de seguridad” gestionadas por “las agencias” (entre las agencias de información de Pakistán figuran los Servicios de Información y la Inteligencia Militar).

Menores

Varios menores de diversas edades han sido detenidos en el contexto de la “guerra contra el terror” y se les han denegado las salvaguardias necesarias que contemplan el derecho internacional y la legislación nacional. Algunos fueron detenidos juntos con sus familiares adultos, de otros se dijo que eran presuntos terroristas, y otros estuvieron recluidos como rehenes para obligar a familiares suyos a entregarse o a confesar.

Cuando el presunto terrorista tanzano Ahmed Khalfan Ghailani fue detenido en Gujarat, provincia de Punyab, el 25 de julio de 2004, tres mujeres y cinco menores también fueron detenidos. Según los informes, entre ellos había un bebé y un niño saudí de 13 años, Talha. No se sabe nada de la suerte y el paradero de las mujeres y los menores.

Participación de personal estadounidense

Se han recibido numerosos informes de ex detenidos, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas según los cuales agentes de los servicios de información estadounidenses han interrogado o estuvieron presentes en el interrogatorio de personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” recluidas en lugares de detención secretos en Pakistán.

Al parecer, Estados Unidos ha mantenido instalaciones de detención secretas en Pakistán, en Kohat y Alizai.⁵También se ha afirmado que agentes de los servicios de información estadounidenses mantuvieron recluidos e interrogaron a detenidos en casas particulares y en centros de detención convencionales. Al parecer, estos agentes tuvieron conocimiento de la comisión de actos de tortura u otros malos tratos o participaron de hecho en tales actos, y trasladaron a personas detenidas a otros centros de detención no declarados, incluso en Afganistán.

Tortura

La tortura y otros malos tratos a personas privadas de libertad son endémicos⁶en Pakistán. Al carecer de medios de capacitación, forenses y de otra índole, los servicios encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de seguridad se basan casi en exclusiva en las confesiones, obtenidas generalmente mediante tortura. La tortura se usa asimismo para intimidar, humillar, amedrentar y castigar a personas detenidas y presas.

El secreto que rodea la reclusión de personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” proporciona las condiciones en las que prosperan la tortura y los malos tratos. Entre las formas de tortura denunciadas por personas detenidas figuran las palizas, los golpes –incluidas las plantas de los pies– con el detenido colgado cabeza abajo, la privación del sueño y de alimentos, el encapuchamiento, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, y las amenazas a la persona detenida y sus familiares. Es frecuente que se use una combinación de estos métodos. Según los informes, la tortura se infligía en muchos lugares de detención; algunos ex detenidos informaron de que habían visto salas aparentemente acondicionadas de forma específica para la tortura.

Benyam Mohamed al-Habashi, ciudadano etíope detenido en abril de 2002 en el aeropuerto de Karachi y recluido hasta mediados de julio en Karachi, informó de que lo colgaron por las muñecas, le dejaban ir al lavabo sólo dos veces al día, le daban alimentos un día sí y otro no, y lo golpeaban con una correa, y que un guardia le puso un arma cargada contra el pecho y lo sometió a un simulacro de ejecución. En su testimonio afirmó: “Sabía que iba a morir. […] Lo miré a los ojos y vi mi propio miedo reflejado en ellos”.

Desapariciones forzadas

Cientos de personas han sido víctimas de desaparición forzada desde que Pakistán se sumó a la “guerra contra el terror” a finales de 2001. El gobierno no ha reconocido que hayan tenido lugar desapariciones forzadas. En los procedimientos de hábeas corpus ante los tribunales superiores provinciales, los representantes del Estado han negado sistemáticamente que tuvieran conocimiento de la suerte y el paradero de las personas detenidas, pese a que testigos presenciales han relatado cómo se desarrollaron las detenciones e incluso en casos en que las personas en cuestión reaparecieron posteriormente.

En algunos casos de desaparición forzada, las personas han quedado en libertad al cabo de semanas o meses después de la detención.

Las hermanas Arifa y Saba Baloch y la suegra de Arifa, Gul Hamdana, fueron detenidas según los informes junto con otros presuntos terroristas el 4 de junio de 2005 en Swat. Las dos hermanas fueron descritas generalmente como potenciales atacantes suicidas. La petición de hábeas corpus presentada en su favor fue desestimada cuando todos los agentes estatales negaron tener conocimiento de su paradero. En septiembre de 2005 dejaron a Gul Hamdana en una parada de autobús en Peshawar, pero tenía demasiado miedo para revelar dónde había estado recluida. Las hermanas quedaron en libertad en enero de 2006.

Varias personas más que fueron objeto de desaparición forzada han sido acusadas con posterioridad de delitos en virtud de diversas leyes. Al menos una persona fue hallada muerta.

El cuerpo del periodista Hayatullah Khan, de 32 años y padre de cuatro hijos, fue encontrado el 16 de junio de 2006cerca de Mirali, en Waziristán Norte, más de seis meses después de su desaparición forzada. Según los informes, su cuerpo estaba descarnado, tenía las manos esposadas y al parecer le habían disparado en la nuca. Según los informes, fue secuestrado por hombres armados vestidos de civil el 5 de diciembre de 2005 después de fotografiar pruebas de la participación de Estados Unidos en un ataque con misiles el 1 de diciembre de 2005. Familiares de Hayatullah Khan dijeron a los periodistas que éste recibía amenazas anónimas desde hacía varios meses. Tras el hallazgo del cadáver, su hermano dijo que las autoridades le habían asegurado previamente que la familia no tardaría en recibir “buenas noticias” sobre Hayatullah. Se han realizado investigaciones oficiales después de protestas generalizadas, pero no se han hecho públicas sus conclusiones.

Traslados ilegales a la custodia de Estados Unidos

Las autoridades paquistaníes han declarado que unos 700 presuntos terroristas han sido detenidos y entregados a Estados Unidos. Muchos no fueron entregados formalmente después del debido proceso judicial, sino que fueron transferidos a la custodia de Estados Unidos previo pago, en algunas ocasiones por la policía local o funcionarios de fronteras. Las autoridades paquistaníes no solo no han tomado medidas para poner fin a tales traslados a cambio de dinero, sino que también han negado que hayan tenido lugar.

Mehdi Ghezali, ciudadano sueco, dijo a Amnistía Internacional: “Me capturaron en una población cercana a Peshawar. Los habitantes del pueblo me vendieron al ejército paquistaní, que a su vez me vendió a los estadounidenses en diciembre de 2001. […] Cuando nos disponíamos a despegar, los norteamericanos encapucharon a los detenidos. La capucha estaba hecha de una especie de arpillera tupida. Era difícil respirar a través de ella. Uno de los detenidos era asmático y los estadounidenses le bajaron aún más la capucha y se la ajustaron”. Mehdi Ghezali estuvo recluido en Guantánamo desde enero de 2002 hasta julio de 2004.

La mayoría de los detenidos transferidos ilegalmente a la custodia de Estados Unidos fueron trasladados a la base de la bahía de Guantánamo. De las más de 750 personas recluidas en ese lugar, hasta la fecha sólo 10 han sido acusadas formalmente y van a ser juzgadas. De éstas, cuatro fueron detenidas en Pakistán.

Abdur Sayed Rahman fue detenido en enero de 2002 en su pueblo natal, cerca de la frontera de Afganistán. Durante los 36 días que estuvo recluido en Pakistán, agentes paquistaníes le preguntaron si había alguien en su pueblo con el mismo nombre. Respondió que no tenía conocimiento de que hubiera nadie con el mismo nombre, y le dijeron que la policía “buscaba a otra persona, pero que ahora me tenían a mí. Así que me iban a mandar a la cárcel para que el informe pareciera correcto”. Lo trasladaron a Kandahar y después a Guantánamo, donde le dijeron que era Abdur Rahman Zahid, viceministro de Exteriores del régimen talibán. Después lo acusaron de haber sido juez militar durante el régimen talibán, responsable de torturar, mutilar y matar a ciudadanos afganos. Abdul Sayed Rahman dijo que era un avicultor paquistaní pobre y sin educación y concluyó: “No tengo la menor idea de por qué alguien pudo hacer esta acusación porque no es verdad. Sólo puedo especular que fue alguien de un pueblo rival cerca del mío en Pakistán. Pero no tengo pruebas porque estoy aquí en la base de Guantánamo”.

Muchas de las personas detenidas en Guantánamo se enfrentan a un destino incierto cuando quedan en libertad. En abril de 2006 se dio el visto bueno para que 141 hombres quedaran en libertad, pero algunos de ellos corrían el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos si eran devueltos a su país de origen.

Un número desconocido de personas entregadas por Pakistán a la custodia de Estados Unidos continúan recluidas en lugares secretos de detención en los que no han tenido acceso a representación letrada, a visitas de sus familiares ni a los tribunales. Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha podido acceder a personas detenidas en la base de la bahía de Guantánamo y en la base aérea de Bagram, no ha tenido acceso a las recluidas en detención secreta en los llamados “lugares negros” gestionados por la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense.

El 16 de septiembre de 2006, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció la existencia de centros secretos de detención de la CIA, y anunció el traslado de 14 personas recluidas hasta entonces bajo custodia secreta de la CIA a la custodia militar en la base de la bahía de Guantánamo. El presidente Bush agregó que estas personas serían juzgadas por tribunales militares si el Congreso de Estados Unidos aprueba la legislación pertinente. De estas 14 personas, la mayoría fueron detenidas en Pakistán.

Traslados ilegales a otros países

Algunas personas han sido trasladadas a sus países de origen –Indonesia, Malaisia y Afganistán–, contraviniendo la Ley de Extradición de Pakistán y en muchos casos violando el principio de no devolución. Algunas han sido objeto de “entregas extraordinarias”; han sido trasladadas ilegalmente por Estados Unidos desde Pakistán a terceros países en los que corrían el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

Efectos sobre las familias

La desaparición forzada de cientos de personas se ha cobrado un precio elevado en sus familiares, amigos y asociados. Familiares de las personas sometidas a desaparición forzada han contado a Amnistía Internacional que experimentaron ansiedad extrema por sus seres queridos, frustración ante las negativas y contradicciones oficiales, hostigamiento cuando emprendieron su búsqueda, exclusión social al ser asociadas con presuntos terroristas y privaciones económicas.

Los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos consideran que no saber la suerte o el paradero de un miembro de la familia durante un periodo prolongado y temer por su vida y su seguridad constituyen trato o castigo cruel, inhumano o degradante. El hecho de saber que la tortura se usa de forma habitual en Pakistán hace aumentar el miedo de las personas cuyos seres queridos han desaparecido bajo custodia. En consecuencia, los familiares de las personas desaparecidas son también víctimas de la desaparición forzada.

Un clérigo de edad avanzada de un pueblo cercano a Peshawar dijo a Amnistía Internacional que ahora tiene que mantener a las dos esposas y a los nueve hijos de sus yernos, los ciudadanos mauritanos Mustafa Abu Abdullah y Adil Amin. Estos dos hombres fueron detenidos a finales de 2001 o principios de 2002 y sometidos a desaparición forzada, y ahora están en la base de la bahía de Guantánamo. El clérigo afirmó: “Soy ya demasiado viejo para hacer otro trabajo además de mis tareas en la mezquita. ¿Cómo voy a cuidar de los niños cuando todos vayan a la escuela?”

Ineficacia de los recursos

Los familiares de personas que han sido objeto de desaparición forzada pueden presentar una denuncia ante la policía, que entonces tiene la obligación de investigar, o hacer valer su derecho de hábeas corpus presentando peticiones ante los tribunales provinciales. En el contexto de la cooperación de Pakistán con la “guerra contra el terror”, las dos opciones han resultado ineficaces para hacer frente a las violaciones. Muchos familiares han recurrido a mecanismos informales para localizar a las víctimas de desapariciones forzadas, por lo general sin éxito.

En casi todos los casos de los que Amnistía Internacional ha hecho un seguimiento, la policía se ha negado a registrar las “declaraciones previas” a partir de las cuales comienzan las investigaciones policiales. En algunos casos la policía ha afirmado que no tenía competencia para registrarlas ya que las personas habían sido capturadas, según los informes, por servicios de información.

Samiullah Khan se personó en la comisaría de policía local después de que sus hijos, Faisal y Fahad Sami, y un amigo de éstos fueran apresados el 10 de noviembre de 2005 en una tienda de Karachi por personal de los servicios de información vestido de civil. Le dijeron que la policía no podía registrar una denuncia penal si los jóvenes habían sido detenidos por una agencia de información. Aunque dos de los jóvenes quedaron en libertad al día siguiente, Faisal Sami continúa desaparecido.

El derecho a comparecer ante un tribunal y a tener la posibilidad de impugnar la legalidad de la detención (hábeas corpus) es fundamental para el Estado de derecho y para la prohibición de la detención arbitraria. El derecho de hábeas corpus ha sido menoscabado gravemente por las agencias estatales y por la falta de disposición de los tribunales superiores a insistir en la realización de ese derecho. Aunque muchos familiares que buscaban información sobre el paradero de personas detenidas en la “guerra contra el terror” han presentado peticiones de hábeas corpus ante los tribunales superiores provinciales, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ningún caso en que este proceso haya culminado en la recuperación de una persona.

Mohammed Naeem Noor Khan, especialista en informática, salió de su casa en Lahore el 13 de julio de 2004, diciendo a su esposa que iba a recoger un aparato de aire acondicionado que le enviaba su padre y que no tardaría en regresar. No se lo ha vuelto a ver. El 17 de agosto de 2004, su padre presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Lahore. La petición sigue pendiente de resolución; los demandados no comparecieron en las dos primeras vistas y después solicitaron más tiempo para responder. Familiares de Mohammed Naeem Noor Khan dijeron a Amnistía Internacional en marzo de 2006 que no se había fijado fecha para otra vista.

Las agencias estatales citadas por los tribunales superiores para que aporten información han negado sistemáticamente que la persona en cuestión esté bajo su custodia o que tengan conocimiento de su paradero. En consecuencia, las peticiones de hábeas corpus han sido desestimadas en decenas de casos. En algunos casos en que agentes estatales han negado tener bajo su custodia a una persona, funcionarios estatales de alto rango han reconocido su detención. En otros casos, personas cuya detención había sido negada por agentes estatales ante el tribunal superior quedaron en libertad después.

Shafiq Ahmed fue capturado por personal de los servicios de información y policías en el abarrotado mercado de Swat el 28 de septiembre de 2004. Más de 10 testigos declararon ante el tribunal, pero la petición de hábeas corpus fue desestimada al negar la detención los funcionarios de la agencia implicada.

En muchos casos la judicatura no ha hecho cumplir el derecho de hábeas corpus, y parece reacia a recurrir a métodos más persuasivos para obtener la verdad, como ordenar a los agentes estatales que hagan sus declaraciones en forma de declaraciones juradas, o usar la legislación relativa al desacato al tribunal en caso de negativa a obedecer la orden de hábeas corpus.

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación asimismo el hecho de que el carácter clandestino de las actividades de la “guerra contra el terror”, en particular en las zonas tribales de Pakistán, pueda ocultar violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas. En particular, la organización considera motivo de preocupación los informes según los cuales los agentes encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad paquistaníes y estadounidenses pueden haber usado la fuerza, incluso medios letales, de forma innecesaria y excesiva, y han ejecutado extrajudicialmente a varias personas, algunas de ellas sospechosas de mantener vínculos con Al Qaeda, y otras sin relación con actividad terrorista alguna. Las ejecuciones extrajudiciales están prohibidas en todo momento en virtud del derecho internacional. En ninguno de los casos denunciados las fuerzas paquistaníes o estadounidenses parecen haber hecho nada para detener a los sospechosos antes de usar medios letales.

El general de división Shaukat Sultan, portavoz de las fuerzas armadas, declaró ante la prensa en abril de 2006 que, desde julio de 2005, unos 324 extremistas, entre los que había 76 extranjeros y “un pequeño número de civiles”, habían muerto en 39 operaciones importantes en Waziristán Norte, donde se desplegaron 31.000 soldados regulares y 14.000 paramilitares.⁷La población local ha cuestionado la descripción oficial de las víctimas como “extremistas”, en muchos casos afirmando que en realidad eran miembros de comunidades tribales, entre los que había mujeres y menores, y que no tenían relación con actividades o grupos terroristas.

En fechas recientes ha aumentado el número de misiles disparados desde helicópteros de reconocimiento armados por las fuerzas de seguridad paquistaníes contra presuntos implicados en la “guerra contra el terror” en las zonas tribales, lo cual parece indicar que en estos casos se ha recurrido a medios letales deliberados sin tener en cuenta si era inevitable y si en esas circunstancias podían aplicarse medidas menos extremas. Cientos de familias de las zonas tribales han abandonado la zona por miedo a los bombardeos de las fuerzas de seguridad.

Aunque las autoridades paquistaníes han negado sistemáticamente que autoricen a fuerzas extranjeras para actuar en Pakistán ni en “persecución directa” ni en operaciones planeadas, hay indicios de que fuerzas de Estados Unidos han realizado en varias ocasiones operaciones armadas en las zonas tribales de Pakistán, en algunos casos usando medios letales como primer recurso, y posiblemente llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. En varias ocasiones, misiles disparados desde aviones no tripulados estadounidenses Predator han causado la muerte o heridas a personas en las zonas fronterizas de Pakistán.

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide al gobierno de Pakistán que aplique sus salvaguardias constitucionales y jurídicas nacionales y que cumpla sus compromisos internacionales ocupándose con urgencia de las violaciones de derechos humanos cometidas en la “guerra contra el terror”. En particular pide al gobierno de Pakistán que:

• Ponga fin a la práctica de la detención y la reclusión arbitrarias, a la detención en régimen de incomunicación, a la detención en lugares secretos y a las desapariciones forzadas;

• Ponga fin al uso de la tortura y otros malos tratos;

• Ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y al uso excesivo de la fuerza;

• Ponga fin a los traslados ilegales de detenidos a otros países violando el principio de no devolución (non-refoulement) y burlando la legislación paquistaní en materia de extradición;

• Cese de menoscabar el Estado de derecho, en particular desobedeciendo las órdenes de los tribunales en casos de hábeas corpus y negándose a revelar información a los tribunales;

• Ponga a disposición judicial en juicios con garantías a todas las personas responsables de cometer, ordenar o autorizar actos de tortura y malos tratos o desapariciones forzadas;

• Garantice reparaciones para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.