Documento - Negar lo innegable. Desapariciones forzadas en Pakistán

Publicado originalmente en inglés en 2008 por

Amnesty International Publications

Secretariado Internacional

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Reino Unido

www.amnesty.org

Traducción y edición en español a cargo de Editorial Amnistía Internacional, Madrid, España

 Copyright Amnesty International Publications 2008

Índice AI: ASA 33/018/2008

Idioma original: inglés

Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom

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RESUMEN E INTRODUCCIÓN

"Para nosotros, la restauración de una judicatura independiente es una cuestión de vida o muerte. Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo gobierno, al que no dejamos de decir que nuestros seres queridos están detenidos ilegalmente más allá de toda ley, bajo la custodia de agencias [de seguridad]. Sólo descansaremos cuando los tengamos ante nosotros sanos y salvos y en libertad [...]Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos que no conocemos y nosotros, su esposa, sus hijos y sus padres, ya muy ancianos, no podemos ni siquiera verlo. [Las autoridades del nuevo gobierno] tienen que hacer ya algo para que vuelvan con nosotros de inmediato. "

Amina Masood Janjua, 2 de julio de 2008ⁱ

El esposo de Amina Masood Janjua, Masood Janjua, fue detenido por las fuerzas de seguridad paquistaníes en julio de 2005, junto con otro hombre, Faisal Faraz. El gobierno de Pakistán los mantiene detenidos desde entonces sin presentar ningún cargo contra ellos, sin reconocer oficialmente que están recluidos y, en algunos casos, incluso negando su detención, a pesar de que hubo testigos cuando se produjo. Ambos hombres se encuentran entre los cientos de personas sometidas a desaparición forzada en Pakistán –en algunos casos, menores– recluidas fuera del alcance de la ley y sin control externo alguno. Sus familias continúan temiendo por sus vidas, sabedoras de que en Pakistán la tortura y otros malos tratos son prácticas habituales en los lugares de detención, y son también víctimas de la plaga de desapariciones forzadas de Pakistán.

En agosto de 2006, las familias de personas sometidas a desaparición forzada comenzaron a organizarse y buscar conjuntamente reparación legal para su situación. Amina Masood Janjua y Zainab Khatoon, madre de Faisal Faraz, fundaron el grupo Defensa de los Derechos Humanos. Ese mismo mes, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando información sobre 16 personas que, según creían, habían sido sometidas a desaparición forzada. En diciembre de 2006, el grupo presionó para lograr información sobre la suerte de 43 personas, averiguar su paradero o conseguir su puesta en libertad. Actualmente, el grupo representa a 563 personas sometidas a desaparición forzada. Miembros de grupos sindis y baloches de Pakistán también comenzaron a unirse para hacer campaña contra las desapariciones de personas que habían sido detenidas como consecuencia de su activismo para lograr más derechos para sus comunidades.

Las esperanzas de los familiares de las personas sometidas a desaparición forzada aumentaron cuando el Tribunal Supremo de Pakistán se hizo cargo de las vistas ordinarias de los recursos presentados en su nombre en 2006. Desde diciembre de 2005, el Tribunal Supremo estaba actuando por propia iniciativa tras tomar nota de un artículo de periódico sobre la desaparición forzada de Masood Janjua, y había comenzado a exigir respuestas a las autoridades sobre su suerte y su paradero, así como sobre el de otras personas sometidas a desaparición forzada. Desde octubre de 2006, durante las vistas del Tribunal Supremo se ha localizado a unas 186 personas de la lista de casos de desaparición forzada pendientes ante los tribunales (que para entonces ascendían a 458)ⁱⁱ. Estas personas habían sido puestas en libertad o habían sido recluidas en algún centro de detención conocido.

Pero estas esperanzas se esfumaron el 3 de noviembre de 2007, cuando Pervez Musharraf, en su calidad de jefe del Estado Mayor, suspendió la Constitución, impuso el estado de excepción y, al final, depuso ilegalmente a la mayoría de los jueces de los tribunales superiores de Pakistán. Durante meses, estos tribunales habían intentado poner freno a algunos de los excesos del gobierno del presidente Musharraf, que había justificado muchos de ellos en nombre de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos. Los tribunales superiores se habían enfrentado al gobierno de Musharraf en diversos ámbitos, desde su derecho a presentarse a las elecciones presidenciales siendo jefe del Estado Mayor a las denuncias de corrupción gubernamental, pasando por las acusaciones generalizadas de abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno.

La declaración del estado de excepción y la deposición de los jueces de los tribunales superiores coincidieron con las exigencias cada vez más apremiantes del Tribunal Supremo de llamar a testificar a altos cargos de los servicios de información. Si bien el Supremo ya había advertido a las autoridades que no ocultaran ilegalmente el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada, en octubre de 2007 el alto tribunal, con su presidente al frente, Iftikhar Chaudhry, anunció que citaría a los jefes de los servicios de información para que explicaran su papel en la desaparición forzada de cientos de personas, y emprendería acciones legales contra los responsables de estas desapariciones.

El presidente Musharraf justificó reiteradamente sus acciones condenando los intentos del poder judicial de imponer el Estado de derecho a los servicios de información de Pakistán y, por extensión, obstaculizar la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos.

El Tribunal Supremo vio el último caso sobre desaparición forzada el 1 de noviembre de 2007. Desde entonces no se ha visto ningún otro recurso presentado en nombre de personas sometidas a desaparición forzada pendiente ante el Supremo, y el proceso de reparación ha entrado en punto muerto. Para los familiares de estas personas se trata de un terrible golpe, pues ven cómo se pierde el impulso que había tomado su aspiración a conseguir reparación. Así, la suerte de las personas sometidas a desaparición forzada en Pakistán se ha visto indisolublemente unida a la de los jueces depuestos.

Los votantes paquistaníes mostraron su rechazo a la política del presidente Musharraf en las elecciones parlamentarias de febrero de 2008, cuando votaron a representantes de partidos de oposición. La nueva coalición gobernante se ha comprometido a mejorar el expediente de derechos humanos de Pakistán y a resolver la actual crisis de las desapariciones forzadas. Los partidos han prometido también respetar y defender la independencia de la judicatura, espoleados por un popular movimiento de los abogados paquistaníes, que han hecho oír claramente su voz. Amnistía Internacional acoge con satisfacción estos primeros compromisos de los partidos políticos clave de restituir a los jueces depuestos, que habían comenzado a jugar un papel decisivo a la hora de proporcionar reparación a las víctimas de desapariciones forzadas, y podrían continuar haciéndolo.

A pesar de las promesas del nuevo gobierno, la situación de las personas sometidas a desaparición forzada y de sus familias no ha mejorado mucho, una frustración que expresó elocuentemente Amina Masood Janjua en sus declaraciones. En el momento en que se publica este informe, los miembros de la coalición no se habían puesto de acuerdo sobre cuándo y cómo restituir a los jueces depuestos, un desacuerdo que ya ha causado un importante distanciamiento entre los dos integrantes de más peso en la coalición. Parece que el resultado de la lucha por la suerte de los jueces depuestos ayudará a determinar la suerte de las personas sometidas a desaparición forzada.

Este informe se basa en las actas oficiales de las actuaciones del Tribunal Supremo, los testimonios de personas a quienes se localizó tras ser sometidas a desaparición forzada y las comunicaciones con sus abogados, y muestra las diversas formas en que las autoridades han intentado negar lo innegable ante la más alta instancia judicial del país. Amnistía Internacional se une a los familiares de las personas sometidas a desaparición forzada para pedir al nuevo gobierno que actúe ya para poner fin a esta grave violación de derechos humanos.

En concreto, Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno paquistaní a:

Al final del informe hay una lista de recomendaciones más amplia.

nota sobre cifras

Las desapariciones forzadas se caracterizan por el hermetismo oficial que las rodea. A consecuencia de esto, resulta difícil determinar cuántas personas han sido sometidas a desaparición forzada por el gobierno paquistaní. Muchas personas continúan guardando silencio sobre la desaparición forzada de sus familiares por temor a las repercusiones que pueda tener para sus seres queridos o para ellas mismas. Sus casos ni llegan a los tribunales ni atraen la atención de los medios de comunicación.ⁱⁱⁱ Otro factor que impide determinar con precisión el número de personas sometidas a desaparición forzada es que, de aquellas cuyos casos han llegado al Tribunal Supremo, algunas de las que se había dicho que habían sido puestas en libertad en realidad no lo habían sido, mientras que otras habían vuelto a ser sometidas a desaparición forzada.

El gobierno paquistaní amplió el uso de las desapariciones forzadas, inicialmente utilizadas sobre todo en el contexto de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos, a activistas que reivindicaban mayores derechos para grupos étnicos o regionales, como los baloches y los sindis. Sin embargo, una vez bajo la custodia de los servicios de seguridad e información, el trato que recibían estos activistas era el mismo. (Véase el caso de Saleem Baloch.) Se desconoce el número exacto de personas baloches y sindis sometidas a desaparición forzada. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha calculado que sólo en Baluchistán han desaparecido al menos 600 personas. Los grupos baloches hablan de miles, y el ministro principal para Baluchistán del Partido Popular de Pakistán, Nawab Aslam Raissani, afirmó que el gobernador de esta región había sido informado de la desaparición forzada de 900 baloches.

En el momento en que se escribe este informe, están pendientes en el Tribunal Supremo de Pakistán los recursos de cientos de personas sometidas a desaparición forzada. El grupo Defensa de los Derechos Humanos ha añadido a su lista inicial de 43 personas víctimas de esta práctica a 60 personas más, y luego a otras 158. Cuando en febrero de 2007 la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, de carácter no gubernamental, presentó ante el Supremo su recurso sobre personas sometidas a desaparición forzada, añadió su propia lista de 148 personas, de las cuales 104 eran de Baluchistán, 22 de Sindh, 10 de Punyab y la provincia de la Frontera Noroeste, una de Estados Unidos y otra de Malaisia. Esta lista había aumentado a 198 personas a mediados de 2007. La práctica de la desaparición forzada no ha terminado, a pesar del escrutinio judicial a que fue sometida en 2007. El grupo Defensa de los Derechos Humanos informó a Amnistía Internacional en julio de 2008 de que había observado otros 60 casos desde la imposición del estado de excepción en noviembre de 2007.

Las desapariciones forzadas violan el derecho internacional y las leyes paquistaníes

El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, define la desaparición forzada como:

[...] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La Convención entrará en vigor cuando haya sido ratificada por 20 Estados. En el momento en que se escribe este informe, 72 Estados la han firmado y 4 la han ratificado. En mayo de 2008, Pakistán afirmó que se adheriría a ella. Sin embargo, incluso sin ratificarla o adherirse a ella, Pakistán sigue estando obligado a respetar la prohibición de someter a nadie a desaparición forzada, que es una norma del derecho internacional consuetudinario. Pakistán debe atenerse a lo establecido en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, que, aun sin ser vinculante, refleja el consenso de la comunidad internacional contra este tipo de violación de derechos humanos, y proporciona orientación autorizada respecto a las salvaguardias que deben aplicarse a fin de evitarla.

Más allá de constituir violaciones de derechos humanos en sí mismos, los actos de desaparición forzada violan una serie de derechos humanos más, como el derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente, a ser reconocida como persona ante la ley y a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los actos de desaparición forzada también violan varias disposiciones de la Constitución de Pakistán, como el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a la supervisión judicial de las detenciones y a la dignidad humana, así como la prohibición de la tortura, además de constituir delitos tipificados en el Código Penal.