Documento - Pakistán: El presidente Zardari debe conmutar las penas de muerte en el cumpleaños de Benazir Bhutto
AMNISTÍA
INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: ASA
33/004/2009
19 de
junio de 2009
Pakistán: El presidente Zardari debe conmutar las penas de
muerte en el cumpleaños de Benazir Bhutto
El 21 de junio de
2008, en el aniversario del nacimiento de la ex primera ministra
asesinada Benazir Bhutto, el primer ministro Yousaf Raza Gilani
propuso a la Asamblea Nacional que se conmutaran todas las penas de
muerte en Pakistán por cadena perpetua.
Amnistía
Internacional pide al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari,
—viudo de Benazir Bhutto— que conmemore el aniversario del
nacimiento de su esposa y el primer aniversario de la propuesta del
primer ministro Gilani conmutando de inmediato todas las penas de
muerte por penas de cárcel. La Constitución faculta al presidente
para conmutar penas de muerte sin demora.
A Amnistía
Internacional le resulta alentador el descenso en el número de
condenas a muerte y ejecuciones en Pakistán en 2008. Sin embargo,
este país continúa aplicando la pena capital y unos 7.500 presos
siguen en espera de ejecución. Se calcula que en 2008 fueron
condenadas a muerte 236 personas, y 36 de ellas fueron ejecutadas.
Dieciséis de estas ejecuciones se llevaron a cabo después de la
declaración de junio del primer ministro.
Estas ejecuciones,
junto con la Ordenanza para Evitar los Delitos Electrónicos, de
2008, que castiga con la muerte “el delito de ciberterrorismo”
cuando causa víctimas mortales, desafían el espíritu de la
propuesta de conmutación del primer ministro Gilani.
Amnistía
Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin
excepción, por considerarla la forma extrema de pena cruel,
inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida,
proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
otros instrumentos internacionales de derechos humanos. La pena
capital legitima un acto irreversible de violencia cometido por el
Estado y se cobra inevitablemente víctimas inocentes, como se ha
demostrado una y otra vez.
Las
investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que los
tribunales inferiores de Pakistán suelen imponer la pena capital
por asesinato esperando que la sentencia no se ejecute, pues las
familias suelen llegar a un compromiso y perdonar al presunto autor
del delito, que queda en libertad en aplicación de las
disposiciones de qisas del derecho paquistaní. En ocasiones, las negociaciones
sobre la indemnización continúan mientras el reo está listo para
ser colgado.
La ley sobre
asesinato y lesiones físicas basada en los principios de
qisasy
diyat(castigo y
“dinero de sangre” en forma de indemnización económica) es
discriminatoria en la práctica: las personas ricas y poderosas
suelen tener medios para conseguir el perdón de la familia de la
víctima, y por tanto conseguir la libertad del condenado, mientras
que los condenados cuyas familias son pobres y no tienen
influencias suelen ser ejecutados.
El relator
especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias
ha ahondado sobre esta idea, señalando que en los casos de pena de
muerte en los que sólo existe el perdón privado a través de
la diyat, es casi
seguro que se producirán graves violaciones del derecho al debido
proceso en situaciones en las que no se concede el perdón. En la
medida en que el procedimiento no contemple un fallo definitivo
dictado por un tribunal de justicia, ni el derecho a pedir el
indulto o la conmutación de la pena a las autoridades del Estado,
se violarán las exigencias del derecho internacional. En los casos
en que existe la posibilidad del perdón mediante el pago de
la diyat, ésta debe
ser complementada por un sistema público independiente para poder
solicitar el indulto o la conmutación de las autoridades. (Véase el
informe del relator especial ante la Asamblea General de la ONU,
A/61/311, párrafo 61.)
La preocupación de
Amnistía Internacional ante el gran número de penas de muerte
dictadas en Pakistán aumenta debido al hecho de que muchas de ellas
parecen imponerse tras juicios sin garantías, caracterizados por la
falta de acceso a asistencia letrada y la admisión de pruebas
inadmisibles en virtud del derecho internacional, también en
tribunales especiales. Los miembros de minorías religiosas parecen
desproporcionadamente vulnerables a la discriminación y a la
aplicación de sentencias condenatorias y erróneas en casos de pena
capital.
El 18 de diciembre
de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 62/149
sobre “Moratoria del uso de la pena de muerte” por 104 votos a
favor, 54 en contra y 29 abstenciones. El anterior gobierno de
Pakistán del presidente Pervez Musharraf votó en contra,. Un año
después se aprobó una segunda resolución sobre la moratoria, la
63/168, con un margen de apoyo aún mayor. A Amnistía Internacional
le decepcionó que Pakistán votara también en contra a pesar de la
promesa hecha el 21 de junio de 2008 por el primer ministro Gilani
respecto a la conmutación de las penas de muerte.
Instamos al
presidente de Pakistán a que siga la propuesta de conmutación del
primer ministro Gilani y el ejemplo dado por la fallecida primera
ministra Benazir Bhutto, que poco después de su elección en 1988
conmutó todas las condenas a muerte por cadena perpetua.
En todo el mundo
cobra impulso la iniciativa de acabar con la pena capital. A día de
hoy, 139 países han abolido este castigo en la ley o en la
práctica, entre ellos Sri Lanka, Filipinas y Nepal. Pakistán envió
una señal positiva adhiriéndose a tres tratados de derechos humanos
en abril del año pasado.
Amnistía
Internacional pide ahora al presidente de Pakistán que aproveche la
ocasión de la fecha del nacimiento de Benazir Bhutto y, un año
después de la propuesta de conmutación, conmute todas las penas de
muerte por penas de prisión como primer paso hacia la abolición de
la pena capital.
/FIN