Documento - MÉXICO. Temor por la seguridad

PÚBLICO Índice AI: AMR 41/019/2007

2 de mayo de 2007

AU 103/07 Temor por la seguridad

MÉXICO Miembros de la comunidad indígena de Cacahuatapec, estado de Guerrero
Rodolfo Chávez Galindo, miembro del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Parota (CECOP)
Otros miembros del CECOP

La vida de los miembros de una organización que se opone a la construcción de una represa hidroeléctrica en el estado de Guerreo, en el sur de México, puede correr peligro, así como la de los miembros de una comunidad indígena que puede quedar inundada cuando se construya la represa. Está previsto que la comunidad someta el 6 de mayo a votación la decisión de permitir que el estado tome posesión de la tierra para la construcción de la represa, y se teme que esto pueda dar lugar a violencia e intimidación contra quienes se oponen al proyecto.

Está previsto que el 6 de mayo se celebre en la comunidad indígena de Cacahuatepec una reunión de miembros de la comunidad, en la que se votará si se aprueban los planes de ceder tierra a las autoridades del estado para la construcción de la represa de la Parota. Sin embargo, los informes sugieren que a algunos miembros de la comunidad no se les ha informado sobre esta votación, y se teme que la comunidad en su conjunto no haya recibido del gobierno estatal y de la Comisión Federal de Electricidad información exacta e imparcial sobre el impacto del proyecto o sobre la indemnización que ofrece el estado. Según los informes, durante los últimos años las autoridades del estado de Guerrero no han consultado de manera imparcial y transparente a las comunidades sobre los planes, lo que ha dado lugar a una atmósfera de creciente tensión y violencia en las comunidades afectadas por el proyecto. Al menos tres personas han muerto en relación con las disputas por la represa (véase AU 337/04, AMR 41/055/2004, del 17 de diciembre de 2004, y sus actualizaciones), lo que suscita el temor de que, en relación con esta próxima votación, se produzcan nuevos actos de violencia.

El 27 de marzo de 2007, un Tribunal Unitario Agrario, que decide sobre conflictos de tierras, resolvió que una votación realizada anteriormente en Cacahuatepec en agosto de 2005 para aprobar la construcción de la represa era inválida, ya que no cumplía algunos requisitos legales, como el de garantizar una notificación y participación adecuadas de las personas con derecho a voto. La decisión de las autoridades de repetir la votación tan poco tiempo después de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, sin garantizar que se ha informado adecuadamente de la votación y sus consecuencias a todas las personas implicadas, puede dar lugar a que se produzcan graves enfrentamientos entre quienes están a favor de la cesión de las tierras y quienes están en contra.

El 21 de abril, Rodolfo Chávez Galindo, destacado miembro del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Parota (CECOP), fue detenido arbitrariamente por la policía, que utilizó una orden de detención que se había cancelado en 2004. Quedó en libertad ese mismo día gracias a la intervención de organizaciones locales de derechos humanos, lo que pone de manifiesto que la detención pudo deberse a motivos políticos. Se teme que otros miembros de la organización puedan ser detenidos e intimidados.

En otra controvertida votación comunitaria realizada en 2005 sobre la cuestión de la represa, las autoridades, según los informes, desplegaron a agentes de la policía estatal que obstaculizaron la participación de quienes se oponían al proyecto. Asimismo, según los informes, la Comisión Federal de Electricidad incumplió una orden federal que le exigía detener los trabajos de construcción en tierras comunitarias hasta que el Tribunal Unitario Agrario dictara su resolución, y ese incumplimiento dio lugar a una mayor tensión dentro de las comunidades afectadas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las personas que se oponen a la construcción de la represa de la Parota afirman que inundará unas 14.000 hectáreas de tierra, provocará el desalojo de 25.000 personas y afectará a las tierras de 75.000 agricultores que viven río abajo. El proyecto ha dividido a las comunidades locales: unas aceptan la cesión de sus tierras a las autoridades y otras se oponen enérgicamente. Los activistas están pidiendo que se lleve a cabo un proceso de consulta que incluya a todas las personas afectadas, no sólo a las que aparecen en las listas de votación de las asambleas comunitarias, que se imparta información exacta e imparcial sobre el impacto de la represa y que se indemnice a todos los afectados. Amnistía Internacional lleva desde 2004 documentando la violencia que rodea el proyecto de la represa de la Parota, una violencia que incluye el homicidio de tres personas, heridas a varias más y amenazas de muerte a un activista local. La organización no tiene conocimiento de que se hayan realizado progresos en las investigaciones oficiales sobre estos incidentes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que, al actuar para proteger a quienes ejercen su derecho a la participación pública, lo hagan de manera imparcial, sin intimidar ni amenazar a los miembros de la comunidad de Cacahuatepec que deseen ejercer su derecho a un consentimiento libre e informado en la asamblea comunitaria del 6 de mayo;
- pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la asamblea del 6 de mayo se lleva a cabo de forma pacífica y que se toman todas las medidas necesarias para evitar la violencia o las violaciones de derechos humanos;
- pidiendo que se garantice que los partidarios del CECOP no sufren amenazas o intimidaciones y pueden realizar protestas legítimas contra la construcción de la represa;
- pidiendo que se investigue la detención arbitraria, el 21 de abril, de Rodolfo Chávez Galindo;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que las comunidades afectadas por el proyecto de construcción de la represa de la Parota disponen de información completa, exacta e imparcial sobre el proyecto y sobre las indemnizaciones disponibles.

LLAMAMIENTOS A:




Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2,
Ciudad de los Servicios, CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax: +52 747 471 9801 (si responde una voz, digan: "me da tono de fax, por favor")
Correo-E.: magalyss@guerrero.gob.mx (secretario del gobernador)
Tratamiento: Señor Gobernador

Ing. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública
Constituyentes N°947, edificio "B", Piso 2, Col. Belén de las Flores
Del. Álvaro Obregón, CP 01110, México DF, MÉXICO
Fax: +52 55 1103 6189
Correo-E.: blanca.medina@ssp.gob.mx (secretaria del Secretario)
Tratamiento: Señor Secretario

Lic. Alfredo Elías Ayub
Director de la Comisión Federal de Electricidad
Museo Tecnológico, 2a. Secc. del Bosque de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México DF, MÉXICO
Fax: +52 55 5533 5321
Correo-E.: alfredo.elias@cfe.gob.mx
Tratamiento: Señor Director

COPIA A:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" AC., Calle Mina, no. 77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, C.P. 41304, Guerrero, MÉXICO

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Av. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra, Col. Centro, Chilpancingo C.P. 39000, Guerrero, MEXICO

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.






ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de junio de 2007.********



Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.