Documento - Japan: Welcome to Japan?

Público


Amnistía Internacional



JAPÓN

¿Bienvenidos a Japón?



Mayo RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 22/002/2002/s


DISTR: SC/CO/PO/GR



Cada año, miles de extranjeros que llegan a Japón, muchos de ellos procedentes de países en vías de desarrollo, son objeto de interrogatorio, excluidos de la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, detenidos y expulsados del país.


Algunos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de las autoridades de inmigración durante los interrogatorios a los que son sometidos en las salas especiales de inspección. Además, a los detenidos no se les han ofrecido servicios de traducción e interpretación adecuados durante las «entrevistas» con las autoridades de inmigración. Amnistía Internacional ha recibido asimismo informes según los cuales los extranjeros han sido intimidados y obligados a firmar documentos de renuncia a apelar contra las decisiones adoptadas por los funcionarios de inmigración.


Algunos de los extranjeros que entran en Japón son solicitantes de asilo y se les niega el acceso a un procedimiento de concesión de asilo justo y satisfactorio. A algunos extranjeros se les ha negado el derecho a entrar en Japón pese a disponer de documentación válida para viajar. Desde los acontecimientos del 11 de septiembre, ha habido varios casos en que se ha negado la entrada a solicitantes de asilo porque procedían de Afganistán o de la región de Oriente Medio.


En este informe se hace hincapié en casos de malos tratos infligidos a extranjeros en «centros de detención» ubicados en el recinto aeropuertario de Narita, conocidos como Centros de Prevención de Desembarque. Se los somete a régimen de incomunicación, se les niega acceso a inspecciones independientes, a ponerse en contacto con sus representantes consulares y diplomáticos en Japón, o con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de organizaciones no gubernamentales. También se les ha negado el acceso a asistencia letrada y tratamiento médico. La ausencia de inspecciones independientes y el hermetismo que rodea a los Centros de Prevención de Desembarque abonan el terreno para la comisión de violaciones de derechos humanos. Según los informes, los detenidos han sido recluidos en celdas carentes de ventanas, en ocasiones durante semanas sin posibilidad de hacer ejercicio físico. Se tiene conocimiento de que el personal de las empresas privadas de seguridad a cargo de estos centros ha propinado palizas a algunos de esos extranjeros. A los detenidos, además, los han obligado a pagar su «alojamiento y manutención».


Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno japonés para que cumpla las normas internacionales relativas al trato a los extranjeros y ponga fin al procedimiento de interrogatorio, exclusión de la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, detención y expulsión ilegal del país que aplica actualmente.

PALABRAS CLAVE: CIUDADANOS EXTRANJEROS1 / REFUGIADOS1 / TORTURA Y MALOS TRATOS1 / DETENCIÓN ILEGAL / IMPUNIDAD / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / DISCRIMINACIÓN RACIAL / GUARDIAS PRIVADOS DE SEGURIDAD / EXPULSIÓN / POLICÍA / MENORES / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS /


Este texto resume el documento titulado Japón: ¿Bienvenidos a Japón? (Índice AI: ASA 22/002/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo del 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org> y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X ODW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), MADRID, ESPAÑA



Amnistía Internacional



JAPÓN


¿Bienvenidos a Japón?






































Mayo de 2002

Índice AI: ASA 22/002/2002/s

Distr: SC/CO/PO/GR





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA




ÍNDICE





Introducción 1


Motivos de preocupación relacionados con los procedimientos adoptados por las autoridades de inmigración y con los abusos contra los derechos humanos cometidos en los Centros de Prevención de Desembarque: Incumplimiento de normas internacionales 3


Las normas que regulan el procedimiento arbitrario de detención y expulsión, por la «vía rápida», y su práctica:

Caldo de cultivo para la comisión de abusos contra los derechos humanos 5


Motivos de preocupación relacionados con las empresas privadas de seguridad 8


El Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita: Un centro de detención secreto 9


Discriminación basada en la nacionalidad 10

Los solicitantes de asilo procedentes de Afganistán (14 personas)10

Ali Ahmad, solicitante de asilo de 19 años de edad 10

Kamal, solicitante de asilo kurdo menor de edad 11

Hasan Cikan, solicitante de asilo kurdo 11

Ahmed, solicitante de asilo paquistaní 12

Zia, solicitante de asilo de la etnia rohingya 12


Malos tratos infligidos a extranjeros con documentación válida para viajar 13

Hadi Kermani, ciudadano danés 14


Resumen de las recomendaciones 14

Observancia de las normas internacionales 15

Realización de investigaciones independientes sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos

e implantación de un mecanismo eficaz de presentación y tramitación de denuncias 15

Garantía de la aplicación de la legislación nacional y las normas internacionales a los extranjeros sometidos

a cualquier forma de detención 15

Mejora de la formación impartida a los funcionarios de los servicios de inmigración y al personal de

las empresas privadas de seguridad 16










JAPÓN

¿Bienvenidos a Japón?



Amnistía Internacional tuvo por primera vez conocimiento de la existencia de los Centros de Prevención de Desembarque (Jouriku Boushi Shisetsu) en junio del 2000, tras recibir informes que indicaban que dos turistas tunecinos habían recibido una paliza a manos de personal de una empresa privada de seguridad, a la que llamaremos X (nombre ficticio), en el Aeropuerto de Narita. Durante los cinco días que permanecieron detenidos en el Centro de Prevención de Desembarque se les negó el acceso a las instalaciones médicas pese a que tenían lesiones a causa de los golpes recibidos, y no se les permitió ponerse en contacto con la embajada de Túnez en Tokio; además, no se les permitió ponerse en contacto con la policía hasta el tercer día de su detención.

Los dos hombres, Thameur Hichem (de 20 años de edad) y Thameur Mouez (de 22 años), habían llegado a Japón el 20 de junio del 2000 en una compañía aérea turca, Turkish Airlines, pero las autoridades de inmigración japonesas les habían negado la entrada en la Terminal número 2 del Aeropuerto de Narita, pese a que llevaban la documentación adecuada para viajar.

Las autoridades de inmigración entregaron a los dos tunecinos a la custodia de personal de seguridad perteneciente a la empresa privada de seguridad X contratada por la compañía Turkish Airlines. La empresa de seguridad pidió a los dos tunecinos que le abonaran 240 dólares estadounidenses cada uno por los servicios de seguridad. Estos se negaron a pagar, por lo que el personal de seguridad recurrió a la fuerza física y a los insultos para obligarles a abonar la suma requerida. Seguidamente, tres guardias contratados por la empresa de seguridad X se los llevaron a los aparcamientos de la Terminal número 1 del Aeropuerto de Narita. Allí, uno de los guardias propinó golpes y patadas a Thameur Hichem en la pierna izquierda y después le golpeó la cabeza varias veces contra la pared; otro de los guardias le asió de los hombros, lo inmovilizó contra el suelo y le extrajo 300 dólares de uno de los bolsillos. El personal de la empresa de seguridad X se llevó a parte a Thameur Mouez y le golpeó hasta que éste les pagó los 300 dólares. Los dos tunecinos fueron recluidos durante cinco días en una habitación de reducidas dimensiones carente de ventanas hasta su expulsión el 25 de junio del 2000. Durante ese tiempo no se les permitió ser vistos por un médico, pese a sus reiteradas solicitudes. La empresa de seguridad X alegó que sus lesiones no eran lo suficientemente graves. Tampoco se les permitió ponerse en contacto telefónico con sus progenitores hasta el segundo día de su detención, el 22 de junio del 2000. No les permitieron comunicarse con la policía. Las denuncias que formularon contra el personal contratado por la empresa de seguridad X no fueron investigadas adecuadamente.



Introducción

Los extranjeros que entran en Japón corren el riesgo de sufrir malos tratos a manos de las autoridades de inmigración durante los interrogatorios a los que son sometidos en salas especiales de inspección y también a manos de los guardias privados de seguridad que custodian los centros de detención ubicados en los puntos de entrada a Japón, como el Aeropuerto de Narita.



tx720 Según parece, una vez que a los extranjeros llegados a Japón se les niega la entrada en el país y antes de que se dicte «orden de abandonar el país» u orden de expulsión contra ellos, son recluidos en centros de detención ubicados dentro del propio aeropuerto, conocidos como Centros de Prevención de Desembarque, o bien en «residencias» situadas fuera del aeropuerto. Amnistía Internacional ha hallado pruebas de que se han infligido malos tratos a los detenidos en estos centros. Los malos tratos forman parte de una práctica habitual consistente en la negación arbitraria de entrada al país y posterior detención sistemática de los extranjeros a quienes se ha negado la entrada, proceso éste que infringe normas internacionales. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que los extranjeros detenidos han sido obligados a pagar su «alojamiento y manutención» y por hallarse custodiados por empresas privadas de seguridad que prestan sus servicios en los Centros de Prevención de Desembarque. Según parece, los guardias de estas empresas de seguridad han sometido a registros corporales sin ropa, golpeado y negado alimentos a los extranjeros en estos centros de detención cuando estos no se mostraban dispuestos a pagar. Las celdas de los Centros de Prevención de Desembarque carecen de ventanas y, según informes, algunos extranjeros han permanecido recluidos en ellas durante varias semanas sin luz natural(1) y sin permitírseles hacer ejercicio físico.


Por otra parte, a los solicitantes de asilo se les han rechazado sus solicitudes de asilo sin haberse estudiado, o tras hacerlo inadecuadamente, el peligro grave que corren sus vidas en caso de ser expulsados. Se les niega el acceso a un procedimiento de determinación de la condición de refugiado justo y satisfactorio; con frecuencia no reciben servicios de intérpretes ni asistencia letrada. Además, son obligados a firmar documentos redactados en un idioma que no entienden y sobre cuyo contenido no se les han informado suficientemente. Entre otros, el detenido que va a ser expulsado puede firmar documentos en los que renuncia a su derecho a apelar contra las decisiones de los funcionarios de los servicios de inmigración, como la negación de entrada en Japón. Amnistía Internacional considera que la ausencia de inspecciones independientes y el hermetismo que rodea a los Centros de Prevención de Desembarque y otros centros de detención en Japón los convierten en caldo de cultivo para la comisión de abusos contra los derechos humanos. Los extranjeros recluidos en Centros de Prevención de Desembarque o en centros de detención para inmigrantes no son informados adecuadamente de sus derechos; en concreto, no siempre disfrutan de acceso sin demora a asistencia letrada o a asesoramiento en un idioma que comprendan. El gobierno japonés debe reconocer el derecho de los detenidos a ser informados, a recibir asistencia letrada, a comunicarse con el exterior y a recibir tratamiento médico adecuado. Los extranjeros que han solicitado ponerse en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han visto rechazada su petición. En muchos casos, el personal de las empresas de seguridad y los funcionarios de inmigración han negado tratamiento médico a los detenidos en los Centros de Prevención de Desembarque. Las decisiones y acciones de los funcionarios de inmigración y del personal de las empresas privadas de seguridad revela un desconocimiento general de las normas internacionales de derechos humanos.


En este informe se exponen y destacan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el procedimiento adoptado por las autoridades de inmigración y con los abusos contra los derechos humanos cometidos en los Centros de Prevención de Desembarque. Se ofrecen ejemplos de discriminación que han puesto de relieve la práctica de la negación arbitraria de entrada en Japón: se recogen casos detallados de ciudadanos extranjeros, varios de ellos solicitantes de asilo, a los que se ha negado la entrada en el país y se ha recluido en centros de detención como los Centros de Prevención de Desembarque y a los que se ha amenazado con la expulsión. El informe también hace hincapié en casos de malos tratos sufridos por extranjeros recluidos en tales centros en los últimos años. Estos incidentes sugieren que, en la práctica, Japón no ha cumplido las obligaciones contraídas en virtud de normas internacionales de derechos humanos.


Motivos de preocupación relacionados con los procedimientos adoptados por las autoridades de inmigración y con los abusos contra los derechos humanos cometidos en los Centros de Prevención de Desembarque: Incumplimiento de normas internacionales


Varias cuestiones suscitan la preocupación de Amnistía Internacional, a saber:


_ Los informes de malos tratos infligidos a los extranjeros durante el interrogatorio y el proceso de expulsión o de exclusión de la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a quienes se niega la entrada en Japón y se recluye en Centros de Prevención de Desembarque o en «residencias» adscritas al aeropuerto. Se ha denunciado la práctica de malos tratos durante las distintas fases de los interrogatorios realizados por las autoridades de inmigración: al parecer, los malos tratos han tenido lugar durante los interrogatorios llevados a cabo poco después de desembarcar los extranjeros en el Aeropuerto de Narita y una vez adoptada la decisión de denegarles la entrada; también se ha denunciado su práctica durante los interrogatorios realizados por los funcionarios de inmigración posteriormente, mientras los extranjeros permanecen recluidos en los Centros de Prevención de Desembarque. Según parece, estos interrogatorios se llevan a cabo para obligar a los extranjeros a firmar documentos en los que renuncian a su derecho a apelar contra las decisiones de las autoridades de inmigración.(2) El hecho de infligir malos tratos a detenidos constituye una violación de los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)(3) que Japón ratificó en junio de 1979. El hecho de que el gobierno japonés no haya iniciado con prontitud una investigación imparcial sobre estas denuncias constituye una violación del artículo 12 de la Convención de la ONU contra la Tortura(4) de la que Japón es Estado Parte desde junio de 1999. El PIDCP impone asimismo a los Estados la obligación de garantizar que las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son investigados sin demora y de forma imparcial por las autoridades competentes.(5)


_ Los casos habidos en los que las autoridades de inmigración no han facilitado servicios de traducción adecuados a los extranjeros que estaban siendo interrogados en salas especiales de inspección del Aeropuerto de Narita con el fin de determinar si procedía reconocerles la condición de refugiados. El hecho de no ofrecer servicios de interpretación adecuados constituye una violación del principio 14 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, de 1988(6) (en adelante Conjunto de Principios).


_ El sometimiento a régimen de incomunicación a algunos detenidos en el Centro de Prevención de Desembarque. A los detenidos a menudo se les ha negado el acceso a sus familias, violándose los principios 16.1(7) y 19(8) del Conjunto de Principios; según los informes, tampoco se les ha permitido comunicarse con la representación consular o diplomática de su país en Japón ni ponerse en contacto con representantes del ACNUR, contraviniéndose el principio 16.2 del Conjunto de Principios(9) y las normas internacionales que regulan la determinación de la condición de refugiado. A los detenidos tampoco se les ha permitido comunicarse con asistentes letrados independientes, violándose el principio 17 del Conjunto de Principios.(10)


_ El hecho de que en los puntos de entrada a Japón, como el Aeropuerto de Narita, los funcionarios de inmigración sólo hayan informado verbalmente a los detenidos sobre el procedimiento de determinación de la condición de refugiado y de que en el Aeropuerto de Narita concretamente, la información sobre dicho procedimiento no se haya dispensado gratuitamente. Los funcionarios de inmigración informaron a una delegación de Amnistía Internacional en diciembre del 2000 de que en el Aeropuerto de Narita sólo había folletos informativos disponibles sobre el procedimiento de determinación de la condición de refugiado en japonés. Al parecer, a los detenidos no se les entrega ninguna información por escrito y en un idioma que entiendan sobre el procedimiento de concesión de asilo en Japón. El hecho de que no informar adecuadamente a los detenidos en un idioma que comprendan sobre los derechos que les asisten constituye una violación de los principios 13(11) y 14 del Conjunto de Principios.


_ La negación, por parte de las autoridades de inmigración, de acceso a un procedimiento de concesión de asilo justo y satisfactorio a muchos solicitantes de asilo. La negación de acceso a un procedimiento de concesión de asilo justo y satisfactorio, a recibir asistencia letrada independiente, y a ponerse en contacto con el ACNUR puede dar lugar a casos de devolución (refoulement). El principio de no devolución (non-refoulement) está recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951,(12) y en la Convención contra la Tortura, de 1984,(13) en los cuales Japón es Estado Parte.


Las normas que regulan el procedimiento arbitrario de detención y expulsión, por la «vía rápida», y su práctica: Caldo de cultivo para la comisión de abusos contra los derechos humanos


El caso de los dos ciudadanos tunecinos mencionado anteriormente no es sino uno más de los miles de casos de extranjeros que son recluidos en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita todos los años antes de ser expulsados en el siguiente vuelo libre de la misma empresa de transporte áereo que los trajo a Japón. La reclusión en Centros de Prevención de Desembarque, o «residencias» aeroportuarias, forma parte del procedimiento seguido por las autoridades japonesas tras negar la entrada a los extranjeros y antes de expulsarlos de Japón (conocido como procedimiento Jouriku Boushi Gyoumu).


El marco legal de este procedimiento se encuentra en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, artículos 6.2 y 9.4. Dicha Ley dispone que un agente especial de investigación proceda a «entrevistar» a los extranjeros una vez que el inspector de los Servicios de Inmigración descubre que su documentación para entrar o salir del país no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Ministerio de Justicia. Si el agente especial de investigación concluye tras la «entrevista» que el extranjero no cumple las condiciones necesarias para desembarcar (previstas en el artículo 7.1 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados), el agente deberá informar al extranjero de su decisión, decisión que deberá ser motivada (artículo 10.9 de la misma ley).


Estas «entrevistas» incumplen las normas internacionales, en concreto las referidas a la negación de acceso a servicios de interpretación adecuados,(14) y han dado lugar a que se inflijan malos tratos a extranjeros. Entre otros, por ejemplo, se ha denunciado que los extranjeros, entre ellos posiblemente algunos solicitantes de asilo, no han tenido acceso a servicios de interpretación adecuados durante tales interrogatorios, que en ocasiones han durado varias horas.

_ En un caso ocurrido en febrero del 2001, los funcionarios de inmigración pusieron de manifiesto que existía un riesgo real de parcialidad por parte del intérprete turco cuyos servicios, según parece, recibieron dos solicitantes de asilo kurdos (véase el caso de Hasan Cikan incluido más adelante). Tras ser «entrevistados», se les negó la entrada a Japón y se los recluyó en un Centro de Prevención de Desembarque en espera de su expulsión. Uno de los solicitantes de asilo kurdos, Hasan Cikan, en caso de haber sido expulsado, habría sido encarcelado y posiblemente habría sufrido torturas a manos de los funcionarios turcos encargados de hacer cumplir la ley.


_ Durante la «entrevista» a que lo sometieron los funcionarios de inmigración, Zia, solicitante de asilo de etnia rohingyaprocedente de Myanmar, recibió asistencia de un intérprete de nacionalidad japonesa con conocimientos muy limitados de la lengua birmana. La interpretación inadecuada dio lugar a gran confusión durante el interrogatorio, tras el cual se le negó la entrada en Japón y Zia quedó en espera de ser expulsado. Corría peligro de ser encarcelado y de sufrir torturas en Myanmar.

Ha habido también denuncias según las cuales las autoridades de inmigración han propinado palizas a los extranjeros durante tales «entrevistas».


_ El 1 de agosto del 2000, un ciudadano chino de 28 años de edad recibió al parecer una brutal paliza a manos de un funcionario de inmigración durante una «entrevista». Según parece, el funcionario montó en cólera cuando el ciudadano chino negó la acusación de haber entrado ilegalmente en Japón. Tras la paliza, según parece, el chino presentaba una lesión grave en la cabeza y hematomas en el pecho y el estómago. La lesiones eran tan graves que hubo de recibir tratamiento hospitalario.



Tras negársele al extranjero la entrada en Japón basándose en la «entrevista» que le realiza, el agente especial de investigación está autorizado a dictar una «orden de abandono» de Japón. No obstante, antes de que se pueda aplicar dicha orden, normalmente el extranjero debe firmar un documento en el que renuncia a apelar contra la decisión adoptada por los funcionarios de inmigración (artículo 10, apartados 9 y 10 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados).(15) Cuando los extranjeros se han mostrado reacios a firmar este documento, parece ser que los funcionarios de inmigración han recurrido a la realización de «entrevistas» sucesivas que se prolongan durante horas. Ha habido denuncias según las cuales los funcionarios han amenazado e intimidado a los extranjeros para que firmen el documento en cuestión.


En la práctica, después de dictarse la «orden de abandonar el país», estos extranjeros son entregados a la compañía aérea o empresa de transporte que los trajo a Japón. La compañía aérea o empresa de transporte entonces asume la responsabilidad, en lo que se refiere a la seguridad y los gastos, de impedir la entrada de estos extranjeros en Japón y de garantizar que son transportados fuera del país. Se ha tenido conocimiento de que a fin de impedir la fuga y entrada de estos extranjeros, las compañías aéreas o empresas de transporte los han mantenido recluidos antes de su expulsión en Centros de Prevención de Desembarque o en «residencias»(16) aeroportuarias por los aeropuertos. La responsabilidad jurídica con respecto a estos centros de detención está dividida entre el gobierno y las empresas de transporte: los funcionarios de inmigración que representan al gobierno japonés son responsables jurídicamente de la supervisión general de los Centros de Prevención de Desembarque, mientras que las empresas lo son del transporte y de la supervisión general de las «residencias»:(17)


_En septiembre del 2001, Ali Ahmad, solicitante de asilo afgano de 19 años de edad, hubo de soportar los gritos de los funcionarios de inmigración durante las «entrevistas» a que lo sometieron. Ali Ahmada estaba asustado y temía que emplearan violencia fisica contra él por lo que, intimidado, firmó un documento en el que renunciaba a sus derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios negándole la entrada en Japón. (Véase el apartado dedicado al caso de Ali Ahmad incluido más adelante en este documento.)


_Kamal, solicitante de asilo kurdo de 16 años de edad, hubo de sufrir los gritos de los funcionarios de inmigración que lo «entrevistaron» tras negársele la entrada en Japón en diciembre del 2000. Como temía que le dieran una paliza y estaba asustado, firmó un documento, contra su voluntad, de renuncia a su derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios de inmigración negándole la entrada en Japón. (Véase el apartado dedicado al caso de Kamal incluido más adelante.)


_En marzo de 1997, Ahmed, solicitante de asilo paquistaní, fue sometido a varias «entrevistas» durante las cuales asegura haber recibido empujones y gritos de los funcionarios de inmigración para que firmase un documento comprometiéndose a no presentar objeciones. Según su versión, los funcionarios de inmigración lo amenazaron con golpearlo pero él se negó rotundamente a firmar el documento. Tras pasar un mes recluido en el Centro de Prevención de Desembarque y varios meses más en el Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental, Ahmed asegura que lo volvieron a intimidar para que firmara la declaración. Según parece, las autoridades de inmigración le comunicaron que inmediatamente después de firmar sería expulsado. Pese a que se encontraba cansado y temía por su inminente expulsión, se negó a firmar. De forma imprevista, los funcionarios de inmigración lo dejaron en libertad y posteriormente recibió una autorización especial para permanecer en el país.

A menudo, los extranjeros son sometidos a régimen de incomunicación durante su reclusión en los Centros de Prevención de Desembarque. No se les permite ponerse en contacto con la oficina consular de su país, ni presentar denuncias formales ante la policía en los casos de malos tratos. A las delegaciones que han sido autorizadas a visitar los Centros de Prevención de Desembarque, formadas, entre otros, por miembros de la Dieta japonesa (Asamblea Nacional, o Parlamento) y de Amnistía Internacional, no se les ha permitido reunirse con los detenidos ni hablar con ellos.


_ Según parece, en marzo de 1997 a Ahmed, solicitante de asilo paquistaní, se le impidió ponerse en contacto con el ACNUR o Amnistía Internacional durante su reclusión en el Centro de Prevención de Desembarque.


1440 _ Al parecer, a la ciudadana austriaca Johanna Schmidt no se le permitió, pese a sus repetidas solicitudes, ponerse en contacto con la embajada austriaca en Tokio durante los tres días que permaneció detenida en un Centro de Prevención de Desembarque en julio del 2000. Finalmente le permitieron ponerse en contacto con la embajada de su país, apenas unas horas antes de su expulsión de Japón.


_ Como se señalaba anteriormente, los dos tunecinos Thameur Hichem y Thameur Mouez permanecieron recluidos desde el 20 de junio del 2000, pero no se les permitió ponerse en contacto con la embajada tunecina en Tokio. No se les permitió comunicarse con sus padres en Túnez hasta el segundo día de su detención y tampoco se les permitió ponerse en contacto con la policía.

Motivos de preocupación relacionados con las empresas privadas de seguridad


Las empresas privadas de seguridad son contratadas por las compañías aéreas para trasladar a los extranjeros desde las salas especiales de inspección de las autoridades de inmigración hasta los centros de detención y de allí de vuelta a la oficina de la compañía aérea el día de su vuelo de partida. Las empresas privadas de seguridad también supervisan a los extranjeros en los centros de detención, como los Centros de Prevención de Desembarque; los custodian las 24 horas del día para asegurarse de que éstos no abandonan el centro y entran en Japón. Las compañías, como la empresa de seguridad de la que vamos a hablar a continuación, a la que llamaremos empresa X (nombre supuesto), intentan que los extranjeros paguen sus gastos de «alojamiento». Según parece, cuando la empresa de seguridad X no recibió tales pagos de los extranjeros, solicitó a la compañía de vuelos que le reembolsase las cantidades adeudadas.(18)


Hasta el verano de 1999, la empresa de seguridad X había sido contratada por las compañías aéreas para el transporte de los extranjeros y la supervisión de la seguridad en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita. La agencia podía pedir a los extranjeros que pagasen los gastos de alojamiento durante su estancia y, cuando estos no pagaban, según parece, los desnudaban y los registraban. Al parecer, la compañía de seguridad empleaba la fuerza cuando los extranjeros protestaban y cuestionaban la corrección de estas peticiones.


Después, la empresa de seguridad X perdió el contrato por el que quedaba a cargo de la seguridad del Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita, pero siguió siendo contratada por las compañías aéreas para transportar a los extranjeros a quienes se había negado la entrada en Japón desde las salas especiales de inspección hasta el Centro de Prevención de Desembarque, y desde dicho centro hasta las oficinas de la compañía aérea el día de su expulsión. Al reducirse las responsabilidades de la empresa de seguridad X en cuanto a la seguridad, disminuyeron sus posibilidades de obligar a los extranjeros a pagar durante su permanencia en el Centro de Prevención de Desembarque. La paliza recibida por Thameur Hichem y Thameur Mouez no tuvo lugar dentro del Centro de Prevención de Desembarque sino fuera, en un edificio situado en el recinto destinado a aparcamientos del Aeropuerto de Narita; los dos tunecinos fueron golpeados al mostrarse reacios a pagar la suma exigida por el personal de la empresa de seguridad X. Cuando Amnistía Internacional preguntó a los funcionarios de inmigración qué medidas habían tomado contra la empresa de seguridad X, estos señalaron que les había satisfecho la respuesta de la empresa de seguridad y que ésta no había actuado de forma improcedente. Al parecer, las autoridades de inmigración no habían adoptado ninguna medida, pese a que habían admitido a Amnistía Internacional que el Centro de Prevención de Desembarque estaba bajo la supervisión general de las autoridades de inmigración del Aeropuerto de Narita. El hecho de que las autoridades no investigaran con prontitud e imparcialidad tales denuncias de malos tratos contraviene el artículo 12 de la Convención contra la Tortura.



El Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita: Un centro de detención secreto


Poco se sabía del Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita hasta que el caso de los dos ciudadanos tunecinos se hizo público. El Centro se utiliza para recluir físicamente dentro del complejo aeroportuario a los extranjeros a quienes se niega la entrada en Japón normalmente una vez que se ha dictado una «orden de abandonar el país».(19)En diciembre del 2000 se concedió acceso al Centro de Prevención de Desembarque a una delegación de Amnistía Internacional, que vio que se trataba en realidad de dos centros de detención situados en el ala administrativa de la segunda planta de la Terminal 2 del Aeropuerto de Narita.(20)Uno de los dos centros está reservado a los hombres y el otro exclusivamente a las mujeres. Según los funcionarios de inmigración entrevistados por la delegación de Amnistía Internacional, la media diaria de personas recluidas en el Centro de Prevención de Desembarque era de siete. Cada uno de los dos centros de detención del Aeropuerto de Narita tenía cuatro salas sin ventanas.


En la sala a la que se permitió acceder a Amnistía Internacional había varios bancos estrechos (que según ex detenidos han informado a la organización se juntaban para servir de camas) y grandes cubos de basura. La habitación, que se encontraba en el ala de las mujeres, no estaba ocupada por ninguna detenida en ese momento. En ella había cinco bancos, lo que indicaba que posiblemente estaba destinada a ser ocupada por cinco mujeres. Tenía unas dimensiones de unos 3,5 x 2,5 metros, con una altura de 2,5 metros, y era la única habitación a la que no se accedía a través de una puerta de acero cerrada con llave. Las demás habitaciones, tanto de los hombres como de las mujeres, sí estaban franqueadas por una puerta de acero cerrada con llave que estaba custodiada por dos guardias que hacían turnos de 12 horas. Las habitaciones siempre permanecían cerradas con llave, en poder de los guardias. En caso de emergencia, como una enfermedad o un incendio en la habitación, los detenidos sólo podían golpear con fuerza la puerta para dar la alarma y captar la atención de los guardias. Una ventana vertical de cristal encajada en la puerta permitía a los guardias tener una buena visión de la habitación. Esto se traducía en que los detenidos de hecho no gozaban de ninguna intimidad. La habitación de los guardias, por su parte, estaba cerrada con llave. Las maletas de los detenidos se guardaban en otra habitación contigua a la del guardia.


Pese a sus solicitudes, a la delegación de Amnistía Internacional no se le permitió reunirse con los detenidos. Amnistía Internacional ha sido informada de que a dos delegaciones de miembros de la Dieta japonesa también se les negó el acceso a las personas detenidas en el Centro de Prevención de Desembarque durante sus visitas. La negativa a permitir visitas de personas cualificadas a lugares de detención constituye una violación del principio 29 del Conjunto de Principios.(21)


Discriminación basada en la nacionalidad


Parece existir un vínculo entre la negación de la entrada por las autoridades de inmigración, los malos tratos infligidos durante los interrogatorios previos a la entrada o a solicitantes de asilo, la reclusión en los Centros de Prevención de Desembarque y la nacionalidad del extranjero. En algunos casos se ha negado la entrada a extranjeros basándose en generalizaciones superficiales aplicadas a personas de determinados países que ponen de manifiesto un prejuicio xenófobo por parte de los funcionarios de inmigración. Un colombiano a quien se negó la entrada en Japón en octubre de 1996 aseguró que el funcionario de inmigración le había dicho: «Usted no tiene que estar en Japón. Sólo uno de cada cinco colombianos puede entrar en Japón. Los colombianos no son dignos de confianza, venden drogas, y están implicados en la prostitución y en robos.» Desde el 11 de septiembre del 2001 se ha negado la entrada a Japón a varios solicitantes de asilo aparentemente por proceder de determinados países o zonas, como Afganistán o la región de Oriente Medio. La mayoría de ellos han sido obligados a firmar documentos que facilitan su expulsión pasándose por alto el principio de no devolución (non-refoulement) consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y la Convención contra la Tortura.


Los solicitantes de asilo procedentes de Afganistán (14 personas)


Tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, las autoridades japonesas parecieron intentar de forma concertada negar el permiso de entrada al país a los ciudadanos afganos. Hasta el 30 de abril del 2002, Amnistía Internacional había recibido informes creíbles, aunque no confirmados, según los cuales se había negado la entrada en Japón al menos a 14 solicitantes de asilo afganos en el Aeropuerto de Narita. Al parecer, las autoridades de inmigración los trasladaron al Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental, tras recluirlos en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita(22) durante periodos de entre varios días a varias semanas. Todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado fueron rechazadas y se dictaron órdenes de expulsión contra los 14 afganos. En mayo del 2002, parece ser que prácticamente a todos los solicitantes de asilo afganos en Tokio se les había concedido la «libertad provisional».



Ali Ahmad, solicitante de asilo de 19 años de edad


En septiembre del 2001, un ciudadano afgano de 19 años de edad llamado Ali Ahmad, miembro de la comunidad minoritaria chií, fue recluido en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Kansai, en Osaka, tras serle denegada la solicitud de entrada a Japón. Su solicitud de asilo fue también rechazada, y se dictó una «orden de abandonar (Japón)» dentro del plazo de dos días a partir de la negación de la entrada en el país. Ali Ahmad era miembro del partido chií Hezb-e-Wahdaty había participado en enfrentamientos contra las fuerzas talibanes. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención para inmigrantes ubicado en el Aeropuerto de Kansai durante otros 15 días. Durante su detención en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Kansai fue interrogado en tres ocasiones por funcionarios de inmigración. Según el testimonio de Ali Ahmad, durante los interrogatorios los funcionarios le gritaron. Estaba tan asustado que temía que le agredieran físicamente y por ello firmó todos los documentos que le pidieron que firmara, entre ellos un documento en el que renunciaba a su derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios de inmigración.


Tras la intervención de un abogado y un amigo, que estaban al tanto de su llegada a Japón y de su detención, los funcionarios de inmigración de Osaka en el Aeropuerto de Kansai expidieron una anulación de la orden de expulsión el 18 de febrero del 2002, cinco meses después de dictarse la primera orden de expulsión. Le concedieron asimismo la «libertad provisional» el mismo día. La detención ha dejado secuelas físicas en Ali Ahmad, quien asegura haber perdido hasta 35 kilogramos durante los tres primeros meses de detención.


Kamal, solicitante de asilo kurdo menor de edad


El 23 de diciembre del 2002 se negó la entrada a Japón a un menor, de 16 años de edad, a quien llamaremos Kamal(23), y se le recluyó en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Kansai. Los funcionarios de inmigración habían negado que hubise menores recluidos en los Centros de Prevención de Desembarque(24) cuando la delegación de Amnistía Internacional se reunió con ellos en diciembre de ese mismo año. Kamal había solicitado asilo en el momento de la entrada al país, pero le fue denegado. El menor declaró que los funcionarios de inmigración le gritaron durante los interrogatorios y que estaba tan asustado que temía que los funcionarios le golpearan tras gritarle, por lo que se vio obligado a firmar un documento en el que renunciaba a su derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios. Pese a ser menor de edad, permaneció recluido durante dos noches en una sala del Centro de Prevención de Desembarque junto con otros dos solicitantes de asilo. Después, fue trasladado a otra habitación donde permaneció solo durante otros dos días. Según Kamal, sus comidas consistieron en un pedazo de pan, yogures, té y un pequeño pastel. No le daban de desayunar y la primera comida del día se repartía pasado el mediodía. El 27 de diciembre abandonó el Centro de Prevención de Desembarque al concedérsele repentinamente la «libertad provisional».(25)


Hasan Cikan, solicitante de asilo kurdo


Hasan Cikan y otro solicitante de asilo kurdo(26)desembarcaron en el Aeropuerto de Narita el 20 de febrero del 2001 tras huir de Turquía, donde corrían peligro de ser detenidos y torturados. En una carta abierta dirigida a las autoridades japonesas,(27) Amnistía Internacional había expresado su temor ante la posibilidad de que Hasan Cikan sufriese torturas y malos tratos(28)en caso de ser devuelto forzosamente a Turquía. Según los informes, Hasan Cikan y su acompañante fueron interrogados por las autoridades de inmigración en el Aeropuerto de Narita con ayuda de un intérprete de etnia no kurda pero de nacionalidad turca. Ninguno de los dos se sintió capaz de responder a las preguntas, dado lo dedicado de su situación en Turquía en el terreno político. No se permitió a ninguno de ellos la entrada en Japón ya que se denegaron sus respectivas solicitudes de entrada al país. Al parecer, el 23 de febrero del 2001 se pidió a los dos hombres que firmaran un documento renunciando a su derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios de inmigración, pero los dos se negaron. El 27 de febrero del 2001 solicitaron que se les reconociera la condición de refugiados y, tras las gestiones de unos abogados, las autoridades de inmigración aceptaron tramitar sus solicitudes. Hasan Cikan y su acompañante estuvieron recluidos en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita del 20 al 27 de febrero del 2001. Hasan Cikan finalmente recibió un «permiso especial de residencia», pero su acompañante fue devuelto a Turquía.


Ahmed(29), solicitante de asilo paquistaní


Ahmed, activista político perteneciente a la comunidad minoritaria ahmadihuyó de Pakistán a Japón ya que temía por su vida, pues había oído que las autoridades paquistaníes habían dictado una orden de detención contra él. Al llegar al Aeropuerto de Narita a principios de marzo de 1997, destruyó su pasaporte y solicitó asilo. Fue interrogado por los funcionarios de inmigración durante horas, pero se le denegó permiso para entrar en Japón y fue recluido en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita durante al menos un mes. Antes de detenerlo, tres personas lo sometieron a un registro exhaustivo en el Centro de Prevención de Desembarque.


Según ha contado Ahmed, cuando ingresó por primera vez en el Centro de Prevención de Desembarque, había allí tres detenidos de nacionalidad china que fueron expulsados al poco tiempo. Ahmed asegura que los detenidos eran castigados cuando se quejaban de las condiciones en las que se hallaban recluidos.(30)Como las habitaciones carecían de ventanas y la puerta estaba cerrada con llave, Ahmed a menudo se mareaba cuando los demás detenidos fumaban; no vio el sol ni el cielo durante todo el tiempo que estuvo recluido; no se tuvieron en cuenta las particularidades religiosas de Ahmed, a quien, siendo musulmán, le sirvieron comidas con cerdo. Según ha declarado, en ocasiones los funcionarios de inmigración y el personal de seguridad del Centro le amenazaron y le dieron empujones y empellones; no le permitieron afeitarse y tuvo que usar durante todo el tiempo la misma camisa y pantalones que había traido puestos de Pakistán. Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental, y finalmente quedó en libertad en diciembre de 1997. Poco después de su liberación, en enero de 1999, le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático. Durante más de dos años tras su liberación sufrió insomnio, pesadillas y fuertes dolores de cabeza para los que hubo de tomar medicación. Actualmente sigue viviendo en Japón tras habérsele concedido un permiso especial de estancia.


Zia(31), solicitante de asilo de la etnia rohingya

Zia, ciudadano birmano perteneciente a la comunidad minoritaria rohingya, llegó al Aeropuerto de Narita el 29 de marzo de 1998. Temía profundamente ser expulsado casi de inmediato. Zia había huido a Japón porque temía ser encarcelado, torturado y maltratado por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Myanmar. Había sido un activista estudiantil, y la policía birmana lo había interrogado anteriormente, torturado, maltratado y detenido en dos ocasiones. Zia asegura que un número de entre dos a cuatro agentes de inmigración del Aeropuerto de Narita lo interrogaron durante más de cuatro horas. Según afirma, los funcionarios apenas hablaban inglés y le gritaron y le hicieron gestos amenazantes. Se le denegó permiso para entrar en Japón e ingresó en el Centro de Prevención de Desembarque. Durante dos o tres días fue interrogado por funcionarios de inmigración con la ayuda de un intérprete, de nacionalidad japonesa, que no hablaba birmano con fluidez, y que no sabía interpretar adecuadamente, lo que produjo confusión durante el interrogatorio. Zia solicitó que se le concediese la condición de refugiado el 2 de abril de ese mismo año. Al día siguiente de presentar dicha solicitud le permitieron ponerse en contacto con un abogado. El abogado había sido informado a través de amigos de Zia que sabían de su llegada y que habían supuesto que se hallaba en apuros al no encontrarlo donde esperaban.


Zia estuvo recluido en el Centro durante más de tres semanas. Según ha declarado, las comidas eran muy inadecuadas y hubo de pagar 812 dólares estadounidenses por su estancia.(32)Zia comparó el Centro con un sepulcro, que creía ubicado en un sótano. No había aire fresco, ya que las instalaciones carecían de ventanas, y la habitación en la que estaba recluido estaba siempre cerrada con llave. Se le permitía darse una ducha de 10 minutos una vez a la semana. Durante su detención tuvo dolores de cabeza y fiebre pero no le suministraron medicamentos para sus dolencias. El Centro parecía carecer de instalaciones médicas.


Según el testimonio de Zia, cuando lo sacaban del Centro para interrogarlo era escoltado por guardias de seguridad que lo llevaban esposado de forma visible por el aeropuerto. Los interrogatorios eran realizados por los funcionarios de inmigración en salas especiales de inspección ubicadas dentro del complejo aeroportuario de Narita, lejos del Centro de Prevención de Desembarque. Según Zia, durante los interrogatorios se encontraba solo, con la única compañía de un intérprete.


Zia ha asegurado asimismo que le censuraron una carta que había escrito a un parlamentario japonés. Los funcionarios de inmigración pusieron objeciones a un par de frases que había escrito en las que expresaba su incomprensión sobre las razones por las que lo trataban «como a un delincuente». Tres o cuatro días después de escribir la misiva, un funcionario de inmigración le comunicó que ésta no podría enviarse a menos que las frases en contra del Centro fueran suprimidas.


Zia fue trasladado posteriormente al Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental, donde permaneció durante siete meses antes de quedar en libertad provisional. Según parece, actualmente sufre trastorno de estrés postraumático.(33)


Malos tratos infligidos a extranjeros con documentación válida para viajar


A los extranjeros a quienes, como en el caso de Thameur Hichem y Tharmeur Mouez, a pesar de llevar documentación en regla para visitar Japón se les niega la entrada al país y se les recluye arbitrariamente en Centros de Prevención de Desembarque de distintos aeropuertos, como el de Narita, pueden correr peligro de sufrir malos tratos a manos de los funcionarios de inmigración o de personal de empresas privadas de seguridad encargados de la custodia de los extranjeros en dichos centros o que son responsables del traslado de los extranjeros a los que se niega la entrada en Japón desde las salas especiales de inspección hasta los «centros de detención» como los Centros de Prevención de Desembarque y las «residencias» aeroportuarias, y desde estos «centros de detención» a las oficinas de la empresa de transporte aéreo cuando el extranjero va a ser expulsado.


Hadi Kermani, ciudadano danés

En su informe Japan: Ill-treatment of Foreigners(«Japón: Malos tratos infligidos a extranjeros», Índice AI: ASA 22/09/97), Amnistía Internacional hacía hincapié en el caso de Hadi Kermani (nombre ficticio), ciudadano danés que estuvo recluido en un Centro de Prevención de Desembarque, que en la época se describía como un «centro de detención de la zona de tránsito», del 11 al 13 de febrero de 1996. Hadi tuvo que permanecer en dicho centro durante dos días y fue obligado a pagar 260 dólares estadounidenses. Le fue denegada la entrada en Japón porque los inspectores de inmigración sospechaban que llevaba un pasaporte falso. Se negó a firmar documentos en los que se declaraba que estaba intentando entrar en Japón de forma ilegal, a consecuencia de lo cual recibió una brutal paliza. Según ha sostenido Hadi, esta agresión le causó hematomas e hinchazón del ojo izquierdo, una lesión en la mejilla izquierda y lesiones musculares en las piernas. La agresión tuvo lugar delante de otros funcionarios de inmigración que no intervinieron para pararla. Tampoco le permitieron ponerse en contacto con la embajada danesa en Japón y le obligaron a abandonar el país sin poder haber contactado con la embajada danesa. Hadi ha señalado que vio cómo las autoridades de inmigración agredían físicamente a varios detenidos.

Hadi tuvo además otros problemas porque las autoridades japonesas estamparon un sello que decía «falso» en todas las páginas de su pasaporte en tinta roja. Posteriormente fue enviado a Malaisia, donde pasó 11 días en una celda en el Aeropuerto de Kuala Lumpur en condiciones de hacinamiento y falta de higiene antes de ser finalmente devuelto a Dinamarca el 24 de octubre.


Resumen de las recomendaciones


Observancia de las normas internacionales


Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que:


_ Aplique todas las disposiciones del PIDCP, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, convenciones todas ellas en las que Japón es Estado Parte.


_ Observe la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Japón es Estado Parte, para asegurarse de que los solicitantes de asilo menores de 18 años de edad no son recluidos en Centros de Prevención de Desembarque junto con adultos, y de que el interés superior del niño es el factor que se tiene principalmente en cuenta al adoptar cualquier decisión relativa al bienestar del niño.


_ Incorpore las disposiciones del PIDCP y de la Convención contra la Tortura a su legislación nacional.


_ Dé prioridad al cumplimiento del artículo 7 del PIDCP, que establece que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», y al artículo 10.1 del mismo instrumento, que añade «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».


_ Garantice la aplicación sin demora y plena del artículo 12 de la Convención contra la Tortura, que dispone que «Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial».


_ Ratifique el primer Protocolo Facultativo del PIDCP y haga la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención contra la Tortura. Así Japón garantizaría que, además de las salvaguardias previstas en los procedimientos nacionales japoneses, el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría estudiar las comunicaciones individuales de quienes denuncian haber sufrido violaciones de derechos humanos en Japón. Si bien el procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo del PIDCP no reemplaza a los mecanismos de denuncia nacionales, prevé una salvaguardia añadida y, mediante su ratificación, Japón demostraría su voluntad de rendir cuentas por el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.


_ Actúe de conformidad con su obligación de respetar el principio de no devolución (non-refoulement). El principio de no devolución es un principio del derecho internacional consuetudinario que está consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Si bien Amnistía Internacional reconoce que todo Estado tiene derecho a controlar sus normas sobre inmigración, es fundamental que se haga efectivo el derecho a solicitar asilo y disfrutar de él de conformidad con el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, para que se haga efectivo el principio de no devolución.(34)


_ Garantice que ningún extranjero sometido a un procedimiento de inmigración será detenido arbitrariamente violándose el artículo 9.1 del PIDCP; como salvaguardia práctica y adicional, los detenidos deben tener derecho a impugnar la legalidad de su detención, de conformidad con las disposiciones recogidas en el artículo 9.4 del PIDCP.(35)


Realización de investigaciones independientes sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos e implantación de un mecanismo eficaz de presentación y tramitación de denuncias


El gobierno japonés debe:


_ Realizar sin demora investigaciones sistemáticas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los procedimientos de entrada y expulsión del país. Tales investigaciones deben ser independientes de las autoridades gubernamentales, y en concreto, de las autoridades de inmigración y las empresas privadas de seguridad.


_ Asegurar la implantación de un mecanismo de presentación y tramitación de denuncias eficaz, independiente y confidencial para los extranjeros recluidos en los Centros de Prevención de Desembarque y en «residencias» de los aeropuertos. Hay una necesidad imperiosa de fortalecer los procedimientos de investigación de denuncias, de indemnización de las víctimas y de puesta a disposición de la justicia de los violadores de derechos humanos. La adopción de tales medidas sería conforme con el artículo 2.3 del PIDCP, que exige que Japón, como Estado Parte, ponga a disposición de la persona cuyos derechos o libertades reconocidos en dicho Pacto hayan sido violados, la posibilidad de interponer un recurso efectivo.


_ Asegurar que los detenidos no son penalizados o discriminados por presentar una denuncia.


Garantía de la aplicación de la legislación nacional y las normas internacionales a los extranjeros sometidos a cualquier forma de detención


Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que:


_ Garantice que los extranjeros sometidos a cualquier forma de detención son informados con prontitud, en un idioma que entiendan, de todos los derechos que les asisten en virtud de la legislación nacional y de las normas internacionales, incluido el derecho a presentar denuncias por malos tratos y a solicitar asilo. Los extranjeros deben disfrutar de los siguientes derechos:


- a acceder sin restricciones a un abogado desde el primer día de su detención;

- a pedir asesoramiento de la embajada o consulado de su país sin demora excesiva;

- a ser informados plenamente del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado vigente en Japón, y a recibir formularios de solicitud de asilo en un idioma que comprendan, en todos los puertos de entrada a Japón;

- a ponerse en contacto con organizaciones no gubernamentales y representantes del ACNUR.

_ Garantice que la detención de los solicitantes de asilo y refugiados sólo tiene lugar de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales.(36) Esto incluye:


- no penalizar a los refugiados y solicitantes de asilo detenidos únicamente por su entrada ilegal o presencia ilegal en el país, como dispone el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados;

- sólo practicar la detención cuando sea necesario atendiendo a las circunstancias del caso concreto;

- practicar la detención de forma no discriminatoria;

- someter sin dilación la detención de solicitantes de asilo a una revisión judicial o administrativa automática, periódica e independiente;

- recurrir sólo a la detención por los motivos expuestos en la Conclusión número 44 (XXXVII) Detención de los refugiados y de las personas que buscan asilo(37)del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR (EXCOM);(38)

- partir de la premisa de que la detención debe normalmente evitarse, y cuando se estudie la posibilidad de proceder a una detención, tener en cuenta si la detención es razonable y proporcional a los objetivos que se pretenden lograr y que sólo se debe recurrir a ella por un periodo mínimo.


_ Permita investigaciones periódicas, independientes, libres y sin previo aviso a los centros de prevención de desembarque y a las «residencias» aeroportuarias utilizadas como centros de detención, a cargo de inspectores designados por organismos nacionales independientes y representantes de organismos internacionales, como las ONG.


_ Permita que tales inspectores independientes se comuniquen en privado con los detenidos, y sin la presencia de funcionarios, sean los de Inmigración o de otros servicios estatales, o de personal de empresas privadas de seguridad.


_ Garantice que los extranjeros a quienes se priva de libertad y somete a cualquier forma de detención reciben los servicios de intérpretes y traductores independientes y cualificados. No se deberá pedir a ninguna persona privada de libertad sometida a cualquier forma de detención que firme un documento que no comprende íntegramente.


_ Mejore el acceso a la atención médica garantizando que personal médico cualificado pueda tramitar las denuncias a instancias de los extranjeros sometidos a cualquier forma de detención. También se les debe permitir acceso a servicios psiquiátricos y de asesoramiento.


_ Observe el artículo6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley , que establece que «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise».


_ Imparta formación especializada a los profesionales de la salud que traten a detenidos para permitirles identificar y tratar con prontitud y eficacia los problemas médicos concretos (tanto físicos como psicológicos) que los detenidos puedan tener.


Mejora de la formación impartida a los funcionarios de los servicios de inmigración y al personal de las empresas privadas de seguridad


Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que:


_ Mejore la formación de los funcionarios y el personal de las empresas de seguridad en materia de derechos humanos;


_ Garantice que los funcionarios de inmigración reciben una formación adecuada para reconocer cuándo se hallan ante una persona que pueda correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en caso de ser devuelta a otro país y para remitir estos casos a una autoridad independiente y experta;


_ Garantice que todos los solicitantes de asilo son enviados a un autoridad central encargada de la determinación de la condición de refugiado que tramitará sus solicitudes;


_ Garantice, como paso esencial para asegurar el acceso a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio, que todos los funcionarios que intervengan en los interrogatorios a solicitantes de asilo han recibido una formación adecuada. Esta formación debe incluir un examen sobre el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, del ACNUR, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y todas las demás normas internacionales de derechos humanos pertinentes;

lt1

_ Imparta formación a los funcionarios de inmigración y al personal de las empresas de seguridad para que sean especialmente conscientes de la necesidad de prevenir las conductas racistas o xenófobas. Por ejemplo, deben conocer las obligaciones internacionales contraídas por Japón en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;


_ Garantizar que hace saber a los funcionarios de inmigración y al personal de las empresas de seguridad que cualquier forma de tortura o mal trato es un acto delictivo.


Amnistía Internacional considera que la aplicación de estas recomendaciones contribuirá en gran medida a garantizar el cumplimiento por Japón de las normas internacionales de derechos humanos.


****


(1)

Ha habido casos en los que los extranjeros han permanecido recluidos en Centros de Prevención de Desembarque durante muchos meses. Por ejemplo, en septiembre de 1997, los funcionarios de inmigración descubrieron que un iraní que había llegado al Aeropuerto de Narita haciendo escala con destino final en Canadá, poseía un pasaporte canadiense que pertenecía a otra persona. El iraní alegó que su vida corría peligro en Irán y en abril de 1998 solicitó que se le concediera la condición de refugiado. Según parece, permaneció recluido en el Centro de Prevención de Desembarque durante cerca de siete meses, desde septiembre de 1997 hasta abril de 1998, antes de ser trasladado al Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental. Los funcionarios de inmigración adujeron que no podían ponerle en libertad ante la imposibilidad de conocer su verdadera nacionalidad.

(2)

Una vez que los funcionarios de inmigración confirman la decisión de negar la entrada en Japón a un extranjero, le piden que firme un documento de renuncia a su derecho a apelar contra la decisión de los funcionarios. Según parece, sólo si el extranjero firma este documento se puede dictar una «orden de abandono del país» contra él. Al parecer, en los casos en que los extranjeros se han mostrado reacios a firmar el documento de no objeción, los funcionarios de inmigración los han sometido a interrogatorios que han durado muchas horas. Se ha acusado a los funcionarios de haber amenazado e intimidado a los extranjeros para que firmen este documento.

(3)

El artículo 7 del PIDCP dispone «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», y el artículo 10.1 añade «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».

(4)

Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

(5)

El párrafo 14 de la Observación General núm. 20 del Comité de Derechos Humanos de la ONU establece que las autoridades competentes deben investigar con celeridad e imparcialidad las denuncias presentadas, a fin de que las personas cuyos derechos o libertades reconocidos en dicho Pacto hayan sido violados puedan interponer un recurso efectivo. Con el objeto de aplicar lo anterior, el párrafo 14 señala que el artículo 7 del PIDCP se deberá interpretar conjuntamente con el artículo 2. 3 del citado instrumento.

(6)

El principio 14 del Conjunto de Principios señala que «Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la información [...] y a contar con la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto».

(7)

El principio 16.1 del Conjunto de Principios dispone que «Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe su arresto, detención [...]».

(8)

Según el principio 19 del Conjunto de Principios, «Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho».

(9)

El principio 16.2 del Conjunto de Principios dispone que «Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también informada prontamente de su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional o de aquel al que, por otras razones, competa recibir esa comunicación, de conformidad con el derecho internacional o con el representante de la organización internacional competente, si se trata de un refugiado o se halla bajo la protección de una organización intergubernamental por algún otro motivo».

(10)

Según el principio 17 del Conjunto de Principios, «1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitarán medios adecuados para ejercerlo. 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo».

(11)

Según el principio 13 del Conjunto de Principios, «Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona deberán suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos».

(12)

El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define la responsabilidad del Estado Parte al tratar la Prohibición de expulsión o de devolución(refoulement).

(13)

El artículo 3 de la Convención contra la Tortura establece que:

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

(14)

Párrafo 14 del Conjunto de Principios (véase suprala nota al pie de página número 6).

(15)

El artículo 10. 9 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados establece que «Si el agente especial de investigación descubre, a raíz de la entrevista, que el extranjero no cumple las condiciones para el desembarque previstas en el artículo 7.1, notificará inmediatamente al extranjero su resolución y los motivos en que se funda [...]». El artículo 10.10 añade además que «Si el extranjero, al recibir la notificación mencionada en el artículo precedente (artículo 10.9), ha admitido la resolución mencionada en el párrafo precedente, el agente especial de investigación le ordenará que abandone Japón tras fimar una declaración comprometiéndose a no presentar objeciones [...]».

(16)

Es necesario señalar que si los extranjeros a quienes se ha negado la entrada tienen un visado válido expedido por un funcionario consular japonés, el inspector supervisor de los Servicios de Inmigración puede eximir a la empresa de transporte de cargar con todos o parte de los gastos generados por la detención (artículo 59.3 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados). El Estado, en concreto las autoridades de inmigración, es responsable de la reclusión de los extranjeros en los Centros de Prevención de Desembarque, y por tanto, de la supervisión general del funcionamiento de estos centros. En estos casos, las compañías aéreas sólo son responsables de transportar a los extranjeros desde las salas especiales de inspección donde los han «entrevistado» las autoridades de inmigración y negado la entrada hasta el Centro de Prevención de Desembarque, y de transportarlos de nuevo desde dicho centro hasta las oficinas de la compañía aérea el día de su salida de Japón.

(17)

Por ejemplo, si una compañía aérea recibe órdenes de devolver a un solicitante de asilo a un determinado país, dicha compañía será responsable de la seguridad del extranjero durante su traslado al Centro de Prevención de Desembarque, que está bajo el control de la Oficina de Inmigración del gobierno japonés. También será responsable del solicitante de asilo durante su traslado desde el Centro de Prevención de Desembarque hasta la oficina de la compañía aérea el mismo día de su partida.

(18)

Según los informes, la Oficina de Inmigración dictó una orden administrativa en septiembre del 2000 en la que se indicaba a las empresas de transporte aéreo que no debían pedir a las empresas privadas de seguridad que cobrasen sus honorarios a los extranjeros detenidos.

(19)

Las autoridades de inmigración informaron a Amnistía Internacional de que, cuando no se dispone de espacio en el Centro de Prevención de Desembarque, a los extranjeros se los traslada, en lo que las autoridades calificaban de detención «no obligatoria» (pese a que los detenidosno pueden elegir), a «residencias» situadas cerca del aeropuerto.

(20)

Según declaraciones prestadas por ex detenidos, tenían la impresión de que el Centro de Prevención de Desembarque estaba situado bajo tierra en el complejo aeroporturario, ya que no había ventanas.

(21)

El principio 29 del Conjunto de Principios establece que: «1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los lugares de detención serán visitados regularmente por personas calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de la administración del lugar de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad. 2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión [...].»

(22)

Algunos de los 14 solicitantes de asilo afganos fueron trasladados al Centro de Detención para Inmigrantes de Jyujyo antes de ser recluidos finalmente en el Centro de Detención para Inmigrantes de Ushiku, Japón Oriental.

(23)

Nombre ficticio: mantenemos su nombre en secreto para proteger su seguridad.

(24)

Al parecer, ha habido otros dos incidentes en los que se ha recluido a menores en Centros de Prevención de Desembarque. Según parece, en julio de 1998 dos niñas iraníes, una de 8 años de edad y otra de 13, permanecieron recluidas en el Centro de Prevención de Desembarque del Aeropuerto de Narita durante una noche. Viajaban desde Alemania con documentación de viaje para refugiados expedida por el gobierno alemán, para reunirse con su tío en Tokio. Las autoridades de inmigración les negaron la entrada en Japón por no llevar pasaportes iraníes.

(25)

La «libertad provisional» se concede a los solicitantes de asilo liberados de los Centros de Prevención de Desembarques o de centros de detención para inmigrantes. Esta liberación no indica que las autoridades japonesas hayan reconocido la condición de refugiado al solicitante de asilo o que le hayan concedido asilo. la liberación es condicional, ya que depende de la decisión de las autoridades de inmigración japonesas sobre la solicitud de asilo. Si el resultado es negativo, el solicitante de asilo vuelve a ser recluido en un centro de detención para inmigrantes antes de ser expulsado.

(26)

No se desvela el nombre para proteger su identidad.

(27)

lain

Japan: Open Letter to the Minister of Justice Komura Masahiko: Kurdish asylum seekers face deportation to Turkey where they are at risk of being detained and torture(«Japón: Carta abierta al ministro de Justicia Komura Masahiko: Solicitantes de asilo kurdos van a ser expulsados a Turquía, donde corren peligro de ser detenidos y torturados») (TG ASA 22/2001.01).

(28)

Hasan Cikan se había marchado de Japón por su propia voluntad en 1999, en parte porque su solicitud anterior de asilo no cumplió el requisito exigido de ser presentada dentro de un plazo de 60 días —-la llamada «regla de los 60 días»—, y en parte porque no pudo soportar el estrés psicológico de esperar mucho tiempo. Tras regresar a Turquía fue detenido por la gendarmería turca en octubre de 1999 acusado de recaudar fondos en Japón y de enviar el dinero al grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Según su testimonio, durante el tiempo que estuvo detenido en Turquía fue víctima de palizas, de un golpe en la cabeza propinado con una pistola y de golpes que le rompieron los dientes. Quedó en libertad condicional pero fue interrogado por el Tribunal de Seguridad del Estado, de Adana, en diciembre de 1999 y febrero del 2000. Según parece, le exigieron que se presentara ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Gaziantep (Turquía) una vez al mes. Según los informes, Hasan Cikan había sido advertido por las autoridades turcas de que si no cumplía las normas dictadas para su libertad condicional, se arriesgaba a ser encarcelado por un periodo no inferior a los tres años.

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Nombre ficticio, se oculta su verdadero nombre para proteger su identidad.

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Según el testimonio de Ahmed, muchos de los extranjeros que vio en el Centro de Prevención de Desembarque y que posteriormente fueron expulsados eran chinos. Ahmed compartió habitación con muchos extranjeros, la mayoría de los cuales fueron expulsados en menos de una semana. En el Centro se seguía un régimen estricto y todo se solicitaba a los guardias, incluso el agua potable. Ahmed sostiene que vio a un detenido chino al que por quejarse con demasiado ímpetu, cuatro o cinco guardias le propinaron patadas y le golpearon en la cabeza con una jarra de agua tan brutalmente que comenzó a sangrar. Dado que el Centro carece de instalaciones médicas, el chino fue abandonado sangrando durante casi tres horas antes de que lo llevaran fuera para prestarle atención médica.

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Nombre ficticio, se oculta su verdadero nombre para proteger su identidad.

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Según Zia, había visto cómo los guardias, inicialmente dos y después cuatro, desnudaban a un hombre de origen surasiático para registrarle. Después le dieron patadas cuando éste les repetía que no tenía dinero para pagar a las autoridades del Centro de Prevención de Desembarque. No pararon de golpearle hasta que pagó la suma exigida. En otro caso, Zia aseguraba que, tras negarse un guineano a pagar en metálico la suma demandada por el personal de seguridad del Centro de Prevención de Desembarque, las autoridades del Centro le privaron de comida durante los cinco días que compartió habitación con Zia. Le dejaron muy claro que si no pagaba, no le darían de comer.

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Cuando una delegación de Amnistía Internacional se reunió con Zia en diciembre del 2000, éste estaba pálido y temblaba a pesar de llevar puestas varias capas de ropa. Además tenía cambios visibles de humor y no concentraba la atención durante periodos prolongados. A veces, se le veía animado y, acto seguido, parecía apagarse completamente.

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El gobierno de Japón lo reconoció claramente al adoptar la Declaración de los Estados Partes de la Convención de 1951, y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, de 13 de diciembre del 2001 (véase a este respecto el párrafo operativo 2).

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El artículo 9.4 del PIDCP dispone que «Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal».

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Véanse al respecto, por ejemplo, las Directrices del ACNUR sobre Criterios y Normas Aplicables a la Detención de Solicitantes de Asilo, de 1999, el Resumen revisado de conclusiones: El artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, elaborado por la Mesa Redonda de Expertos reunida en Ginebra los días 8 y 9 de noviembre del 2001 (pueden consultar el documento en la dirección: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01157.pdf>) y la Deliberación número 5 sobre la situación relativa a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria(E/CN.4/2000/4, anexo II).

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Extracto de la Conclusion número 44 del EXCOM: «En caso necesario, se puede recurrir a la detención, pero solamente por las razones prescritas por la ley para proceder a la verificación de identidad; para determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de refugiado o del asilo; para tratar los casos en que los refugiados o solicitantes de asilo han destruido sus documentos de viaje y/o de identidad o han hecho uso de documentos falsos a fin de inducir a error a las autoridades del Estado donde tienen la intención de solicitar asilo; o para preservar la seguridad nacional o el orden público».

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Japón es miembro del EXCOM, organismo intergubernamental integrado por 57 Estados (a fecha de agosto del 2001). Las conclusiones del EXCOM sobre la protección internacional de los refugiados son consideradas autoritativas en el campo de los derechos de los refugiados.

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