Documento - Tras el descubrimiento de fosas comunes, India ha de investigar todas las alegaciones de desapariciones forzadas en Jammu y Cachemira

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA



Índice AI: ASA 20/005/2008 (Público)

Fecha: 4 de abril de 2008


Tras el descubrimiento de fosas comunes, India ha de investigar todas las alegaciones de desapariciones forzadas en Jammu y Cachemira


Amnistía Internacional insta al gobierno de India a que ordene urgentemente la investigación de los centenares de tumbas no identificadas que se han descubierto en Jammu y Cachemira desde el año 2006. La investigación debe ser independiente, imparcial y acorde con las normas internacionales. Se cree que las fosas contienen los restos de personas víctimas de homicidios injustificables, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos cometidos en el contexto del conflicto armado que persiste en el estado desde 1989. Según las informaciones, sólo en el distrito de Uri ya se han descubierto fosas en 18 pueblos, con los restos de por lo menos 940 personas.


Los homicidios injustificables, las desapariciones forzadas y la tortura son violaciones tanto del derecho internacional sobre derechos humanos como del derecho internacional humanitario expresado en los tratados que India ha ratificado y en el derecho internacional consuetudinario. También constituyen crímenes internacionales. Amnistía Internacional pide al gobierno de India que cumpla sus obligaciones internacionales a este respecto, y que actúe conforme al compromiso que asumió el 6 de febrero del 2007 al firmar la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y ordene que se investiguen con prontitud, a fondo, y de forma independiente e imparcial, todas las alegaciones de desaparición forzada, tanto pasadas como presentes.


Un informe "Facts under Ground" (Hechos enterrados),publicado el 29 de marzo del 2008 por la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas, sita en Srinagar, señalaba la existencia de múltiples fosas en localidades a las que, por su proximidad a la "línea de control" con Pakistán, no puede accederse sin la autorización expresa de las fuerzas de seguridad. Los portavoces del ejército respondieron al informe reiterando que los cadáveres enterrados pertenecían a rebeldes armados y a "militantes extranjeros" abatidos legítimamente en enfrentamientos armados con fuerzas militares. Sin embargo, el informe ofrece testimonios detallados, proporcionados por los habitantes del lugar, en los que se afirma que la mayoría de las personas enterradas eran residentes de la localidad y oriundas de ese estado. Son alegaciones muy serias, que deben investigarse exhaustivamente.


Mientras que el informe alega que, desde 1989, más de 8.000 personas se encuentran en paradero desconocido en Jammu y Cachemira, las autoridades centrales y del estado afirman que la cifra total no alcanza las 4.000 y que la mayoría de estas personas marcharon a Pakistán para unirse a grupos armados de oposición. En el 2006, un informe de la policía del estado confirmó que, desde 1989, se habían producido 331 muertes de personas bajo custodia y 111 casos de desaparición forzada tras la detención.


Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional ha publicado una serie de informes y declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en Jammu y Cachemira, y en ellos documenta detalladamente detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad y de la policía del estado, y desapariciones forzadas. Véanse, por ejemplo: India: ‘An unnatural fate’- "Disappearances" and impunity in the Indian States of Jammu and Kashmir and Punjab (Índice AI: ASA 20/042/1993); India: "If they are dead, tell us" - "Disappearances" in Jammu and Kashmir (Índice AI: ASA 20/002/1999); India: Carta abierta al ministro principal Mufti Mohammad Sayeedpe (Índice AI: ASA 20/020/2002), e India: Los grupos armados de Jammu y Cachemira que atacan a civiles violan las normas humanitarias (Índice AI: ASA 20/016/2005). La organización también se ha opuesto sistemáticamente a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los grupos armados de oposición, les ha pedido que observen las normas mínimas del derecho internacional humanitario las cuales prohíben la toma de rehenes, la tortura y el homicidio de personas que no participan activamente en las hostilidades, lo cual incluye a miembros de la comunidad hindú, y ha emitido varias declaraciones documentándolo.


Amnistía Internacional reitera que le preocupa profundamente que el estado no haya asumido su responsabilidad de establecer la suerte o el paradero de la mayoría de las personas "desaparecidas", especialmente en respuesta a las peticiones de hábeas corpus presentadas en los tribunales del estado.


Además, si bien Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción los esfuerzos de la judicatura en varios casos de gran resonancia entre ellos el de Chattisingpura, en el que tras una serie de vistas judiciales se estableció que el servicio de seguridad había ejecutado extrajudicialmente a cinco residentes de la localidad, pese a la insistencia en que había sido legítimo uso de la fuerza contra presuntos "militantes extranjeros", la organización sigue preocupada por el hecho de que rara vez se realicen investigaciones judiciales de quejas individuales y de que sigan sin hacerse efectivos los derechos de la víctima a la justicia y a la reparación.


En vista de lo anterior, Amnistía Internacional insta al gobierno de India a:


  • reiterar de forma inequívoca que condena las desapariciones forzadas perpetradas en Jammu y Cachemira;


  • asegurar que se realizan sin dilación y a cargo de expertos forenses, como estipula el Protocolo Modelo de las Naciones Unidas de Exhumación y Análisis de Restos Óseos, investigaciones exhaustivas e imparciales de todos los lugares de Jammu y Cachemira donde se han hallado fosas comunes; poner a disposición de éstos recursos adecuados, y pedir y aceptar los ofrecimientos de asistencia y cooperación de expertos internacionales, tanto en la realización del trabajo propiamente dicho como en la formación del personal local que lo llevará a cabo. Como primer paso inmediato, los lugares donde se hallan las fosas deben guardarse celosamente para preservar las pruebas;


  • asegurar que todas las alegaciones de desaparición forzada, pasadas y presentes, se investigan con prontitud, exhaustivamente, y con independencia e imparcialidad, y que cuando existan suficientes indicios se procese a toda persona que pueda haber sido responsable de delitos de este tipo, sometiéndola a un juicio que cumpla las normas internacionales de justicia procesal;


  • asegurar que todas las víctimas de homicidios injustificables, desapariciones forzadas y tortura reciban una reparación plena, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición;


  • considerar la posibilidad de asignar a la fiscalía civil competencia sobre todas las investigaciones de casos de presunta desaparición forzada, fuere cual fuere el organismo militar, de seguridad o de aplicación de la ley que se sospeche que está implicado, y proporcionar a la fiscalía civil el mandato y la autoridad necesaria para que pueda investigar eficazmente todos los casos de este tipo;


  • crear una base de datos única, completa y prestigiosa, con los nombres y datos incluida información sobre el ADN, cuando sea posible, de todas las personas en paradero desconocido, o que han sido sometidas a desaparición forzada o han sido secuestradas en Jammu y Cachemira desde 1989, y crear una base de datos oficial y única en la que hacer constar los datos de todos los restos no identificados hallados en Jammu y Cachemira. Las dos bases de datos deben ser públicas y accesibles a los familiares de estas personas;


  • ratificar sin dilación y sin reserva alguna la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, haciendo declaraciones de conformidad con los artículos 31 y 32 a fin de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de individuos y de Estados; promulgar la legislación necesaria para su implementación, y ponerla en práctica;


  • ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma);


  • facilitar las visitas a India, incluido el estado de Jammu y Cachemira, que desde hace tiempo vienen solicitando los Procedimientos Especiales de la ONU en particular el relator especial sobre la cuestión de la tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de conformidad con las atribuciones establecidas hace mucho tiempo para sus misiones de investigación, fijando fechas para la realización de estas visitas en un futuro próximo.


Amnistía Internacional insta a las autoridades estatales a prestar apoyo a las acciones del gobierno de India y a


  • asegurarse de que todas las detenciones del estado se realizan según los procedimientos pertinentes y cumplen los estrictos requisitos del derecho y las normas internacionales, entre otras formas: garantizando que los funcionarios que practican la detención puedan ser identificados y que, a este fin, porten bien visible el número de identidad y sus vehículos muestren claramente las placas de matrícula; garantizando que todas las detenciones se hacen constar debidamente en el registro; proporcionando un examen médico a los detenidos a su llegada al centro de detención, al trasladarlos y al ponerlos en libertad; garantizando el acceso sin dilación de todos los detenidos a sus familiares, abogados y tribunales independientes ante los cuales puedan impugnar la legalidad de su detención, y garantizando rendición de cuentas siempre que se infrinjan estos procedimientos;


  • asegurar que ninguna persona es objeto de represalias por tratar de averiguar la verdad sobre la suerte de un familiar "desaparecido"; establecer salvaguardias contra las represalias con el objeto de proteger a todos los demandantes, víctimas y testigos conforme disponen las normas internacionales;


  • cooperar con las autoridades gubernamentales de la Unión y con expertos internacionales para exhumar las fosas comunes halladas en Jammu y Cachemira como disponen las normas internacionales, y asegurar que estos lugares se protegen de toda alteración hasta que se realice la exhumación;


  • cooperar con las autoridades gubernamentales de la Unión para crear una base de datos completa de los nombres y datos de todas las personas en paradero desconocido, o que han sido víctimas de desaparición forzada o de secuestro en Jammu y Cachemira desde 1989 y crear una base de datos oficial y única en la que hacer constar los datos de todos los restos no identificados que se descubran en el estado;


  • proporcionar a las víctimas y a sus familiares una reparación plena, que incluya restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.


Documento público

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía  Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, visiten http://www.amnesty.org/es/research.


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