Documento - La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos.La represión de activistas amenaza el legado olímpico
FECHA DE EMBARGO: 22:01 GMT 1 Abril de 2008 Público
Amnistía Internacional
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos
La represión de activistas amenaza el legado olímpico
República Popular de China
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos:
La represión de activistas amenaza el legado olímpico
Introducción
Cuando faltan poco más de cuatro meses para los Juegos Olímpicos de Pekín, se han introducido pocas reformas importantes que tengan un efecto significativo y positivo sobre los derechos humanos en China.1Esto resulta especialmente evidente al observar la difícil situación de activistas y periodistas, que han intentado con valentía poner de manifiesto los abusos contra los derechos humanos que se están perpetrando y pedir a las autoridades que los resuelva. Las medidas tomadas recientemente por las autoridades para detener, procesar y encarcelar a quienes plantean motivos de preocupación respecto a los derechos humanos indican que, hasta ahora, los Juegos Olímpicos no han actuado como catalizador de reformas. A menos que las autoridades chinas tomen medidas para corregir urgentemente la situación, cada vez parece más difícil lograr que los Juegos Olímpicos de Pekín dejen un legado positivo.
Resulta cada vez más claro que gran parte de la actual oleada represiva se produce no a pesar de los Juegos, sino a causa de ellos. Activistas de derechos humanos pacíficos y otras personas que han criticado públicamente la política oficial del gobierno han sido víctimas de la “limpieza” oficial previa a las Olimpiadas, en un evidente intento de que para agosto de 2008 el país ofrezca una imagen de “estabilidad” o “armonía” ante el mundo. Las recientes afirmaciones oficiales sobre la existencia de un complot “terrorista” para atentar contra los Juegos Olímpicos han puesto de relieve las posibles amenazas para la seguridad de las Olimpiadas, pero el hecho de que las autoridades no hayan podido aportar indicios concretos que apoyen tales afirmaciones incrementa las sospechas de que exageran las amenazas para tratar de justificar la actual represión.
Varios activistas pacíficos, incluidos los hombres y mujeres que aparecen en esta serie de informes, siguen encarcelados o bajo estrecha vigilancia policial. A pesar de que se han producido algunas liberaciones de gran relieve, en los últimos seis meses han sido muchas más las detenciones de personas que no han hecho más que pedir a las autoridades que atiendan sus quejas o solicitar la atención internacional sobre las violaciones de derechos humanos que se están perpetrando. Según los informes, varias de estas personas han sido sometidas a palizas y otras formas de tortura o maltrato. Entre las personas tratadas con mayor dureza figuran las que han vinculado las responsabilidades de China en el ámbito de los derechos humanos con su condición de país anfitrión de los Juegos Olímpicos.
Se sigue impidiendo a la prensa extranjera que informe sobre temas que las autoridades consideran delicados, a pesar de que el año pasado se introdujo una nueva normativa, en apariencia encaminada a aumentar su libertad para cubrir noticias en China. Los periodistas chinos siguen trabajando bajo un control y una censura estrictas, y los que publican artículos criticando a las autoridades o a la política oficial se arriesgan a ser procesados y encarcelados. En los últimos meses también se han introducido nuevas medidas para aumentar los controles oficiales sobre Internet, que han afectado recientemente en Pekín a varios sitios web de noticias sobre VIH/sida. Los informes indican que los controles sobre la información se están extendiendo al servicio de mensajes cortos (SMS) en Pekín.
A pesar de que desde hace largo tiempo se intenta conseguir una reforma sustancial o la abolición de la “reeducación por el trabajo”, este sistema sigue intacto y listo para ser empleado por la policía de Pekín como herramienta para barrer a “indeseables” de las calles. Entre las últimas víctimas figuran activistas y personas que presentan peticiones a las autoridades. Según los informes, algunas de estas personas han sido asignadas a periodos de “reeducación por el trabajo” tras ser detenidas en Pekín y devueltas a sus provincias de origen. Informes recientes sobre redadas de manifestantes en Pekín indican que las autoridades están recurriendo a métodos similares al de la “custodia y repatriación”, un sistema abusivo de detención administrativa cuya abolición en 2003 fue presentada por las autoridades como una gran mejora en el ámbito de los derechos humanos.
Si bien las autoridades han afirmado que gracias a la restauración de la revisión de las causas de pena de muerte por el Tribunal Supremo Popular se redujo significativamente el número de ejecuciones en 2007, no han apoyado estas aseveraciones publicando estadísticas nacionales completas ni otra información detallada sobre la aplicación de la pena de muerte en China. Esta información es fundamental para que la ciudadanía y los observadores independientes evalúen con precisión el efecto de la revisión del Supremo, y para que la opinión pública china en general debata y llegue a tener una opinión informada sobre la pena de muerte. Informes recientes indican que el propio proceso de revisión tiene problemas importantes, como la falta de claridad de los procedimientos a través de los cuales los abogados defensores pueden acceder al Supremo. No se ha intentado reducir la lista de delitos punibles con la muerte, y dos interpretaciones judiciales del Supremo, una sobre daños a instalaciones eléctricas y otra sobre producción y venta de medicamentos falsos, pueden incluso animar a tribunales de instancias inferiores a imponer la pena capital en casos en los que las consecuencias del delito no sean letales.
A las autoridades chinas se les está acabando el tiempo para adoptar una nueva actitud antes de las Olimpiadas, una actitud basada en el respeto a los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos a la libertad de expresión, circulación y libertad y seguridad individuales, que se aplique tanto a quienes están en desacuerdo con la política gubernamental como a quienes están de acuerdo con ella. Es fundamental que la comunidad internacional, incluidos quienes han apostado por las Olimpiadas, como el Comité Olímpico Internacional (COI) y los dirigentes mundiales que asistirán a ellas, se muestren más firmes con las autoridades chinas para poner fin a tales abusos.
Activistas silenciados en nombre de los Juegos Olímpicos
La represión de las personas activistas de derechos humanos se ha intensificado desde la publicación de la última actualización de la serie de informes titulados La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, en agosto de 2007.2Entre los que han recibido peor trato se encuentran quienes han tratado de relacionar las violaciones de derechos humanos que se perpetran en China con su condición de país organizador de los Juegos, pese a lo cual muchos continúan dando a conocer sus preocupaciones, a pesar de los riesgos. Según los informes, en el periodo previo a la celebración del 17 Congreso del Partido Comunista Chino, en octubre de 2007, decenas de activistas fueron detenidos o puestos bajo estrecha vigilancia policial, al parecer por tratarse de “una reunión de gran importancia, en la que era necesario asegurar un buen ambiente”, en palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Liu Jianchao.3Las medidas represivas incluyeron también amplias redadas policiales de peticionarios, vagabundos, mendigos y otros “indeseables” en Pekín, una constante que continuó ampliamente durante el periodo previo a la reunión del Congreso Nacional Popular, entre el 5 y el 16 de marzo de 2008.
Además de la represión de activistas chinos, los informes recientes indican que las autoridades chinas están haciendo listas de activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeros para intentar evitar protestas y manifestaciones durante los Juegos Olímpicos.4El 1 de noviembre de 2007, el Ministerio de Seguridad Pública convocó una conferencia de prensa para subrayar que todo el que deseara celebrar reuniones, marchas y manifestaciones durante los Juegos Olímpicos tendría que cumplir la ley, incluida la obligación de solicitar permiso con antelación.5El teniente de alcalde de Pekín reforzó estas declaraciones el 12 de marzo de 2008 al advertir de que toda persona que tuviera previsto realizar algún acto de protesta durante los Juegos debería conseguir autorización de la policía y obedecer las leyes locales.6Como muestra el caso de Ye Guozhu, infra, esta autorización casi nunca se consigue en China, especialmente para manifestaciones que critican la política oficial o llaman la atención sobre motivos de preocupación en el ámbito de los derechos humanos.
A comienzos de 2008 aumentó la preocupación por las restricciones a la libertad de expresión ante los informes según los cuales varios comités olímpicos nacionales incluirían en sus contratos con los deportistas de los Juegos Olímpicos “cláusulas de silencio” que impedirían a los atletas hacer comentarios sobre “asuntos delicados desde el punto de vista político” –lo cual podría incluir denunciar las violaciones de derechos humanos– durante los Juegos. La Asociación Olímpica Británica fue centro de la polémica y al final se comprometió a no restringir la libertad de expresión de los deportistas tras ser ampliamente criticada en los medios de comunicación nacionales.7La postura de otros comités olímpicos nacionales siguió sin definir, aunque varios reaccionaron declarando explícitamente que sus deportistas tendrían libertad para decir lo que pensaban.
El capítulo 53, artículo 3 de la Carta Olímpica dispone: “No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos”.Amnistía Internacional considera que esta disposición no debe utilizarse como pretexto para restringir los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y reunión de forma más general en Pekín o en China durante los Juegos. En vista de la polémica suscitada por las “cláusulas de silencio”, la organización insta al COI a que aclare públicamente cómo interpreta esta disposición en el marco del derecho a la libertad de expresión y haga públicas las directrices que haya dado a los comités olímpicos nacionales al respecto.
Uso de la “seguridad” como pretexto para la represión de activistas pacíficos
Como se indicó en anteriores informes de la serie La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, en sus preparativos para ser país organizador de los Juegos Olímpicos de agosto de 2008, China ha demostrado una absoluta preocupación por garantizar la “armonía” y la “estabilidad”.8Durante los últimos meses, la preocupación de las autoridades por la “seguridad” parece haber ocupado un lugar prioritario. El 9 de marzo de 2008, las autoridades afirmaron haber frustrado un complot “terrorista” contra los Juegos en el que estaban implicadas las llamadas “tres fuerzas del mal” (“separatistas, terroristas y extremistas religiosos”) de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang.9La operación se basó en una redada llevada a cabo contra una denominada “banda terrorista” en esta región autónoma en enero de 2008, y en ella, según fuentes oficiales, la policía china mató a dos miembros de la banda y detuvo a otros 15. No está claro por qué las autoridades –que aún no han aportado indicios concretos en apoyo de sus afirmaciones– no revelaron los presuntos planes de ataque contra los Juegos Olímpicos hasta dos meses más tarde.10
Tres días después, el 12 de marzo de 2008, el Beijing News publicó que las autoridades habían creado un “grupo de emergencia” de 25 abogados para proporcionar servicios legales a fin de “responder rápidamente a cualquier incidente” y “proteger la estabilidad social” durante las Olimpiadas.11Ese mismo día, Liu Jinmen, vicepresidente ejecutivo del Comité Organizador de Pekín para los Juegos Olímpicos (BOCOG), anunció que el Comité había creado un “cuartel general estatal” que agrupaba el Ministerio de Seguridad del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública y las fuerzas armadas, para garantizar la seguridad de las Olimpiadas.12
Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad de los gobiernos de tomar medidas de seguridad y precauciones adecuadas contra las amenazas de terrorismo u otros actos de violencia. Sin embargo, las autoridades chinas llevan desde hace tiempo metiendo en el mismo saco actos pacíficos de disidencia, como el apoyo pacífico de la independencia o la autonomía cultural, y presuntos actos de violencia, calificándolos todos de delitos contra la seguridad del Estado. Las políticas represivas dirigidas hacia la comunidad uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, mayoritariamente musulmana, han tenido como consecuencia la detención de numerosos activistas pacíficos, incluidos intelectuales, escritores y periodistas.13Este enfoque parece reflejarse en la actual oleada represiva previa a las Olimpiadas, en la que ha habido varios periodistas y activistas de derechos humanos pacíficos acusados de “subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado. En este marco, continúa preocupando que las autoridades puedan estar exagerando la amenaza “terrorista”, para intentar justificar su postura de “mano dura” en cuestiones de seguridad en Pekín, o incluso para distraer la atención internacional de la actual represión de activistas pacíficos.
Activistas de derechos humanos detenidos, procesados y hostigados
Hu Jia con una camiseta de apoyo a Chen Guangcheng (véase más adelante), en julio de 2004.
© Hu Jia y Zeng Jinyan
La detención oficial por parte de la policía de Hu Jia, el 27 de diciembre de 2007, ilustra una constante más amplia de represión de activistas en China antes de las Olimpiadas. Como se ha explicado con detalle en anteriores informes de la serie La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, Hu Jia llevaba bajo “detención domiciliaria” o “vigilancia residencial” la mayor parte del tiempo transcurrido desde que quedara en libertad de un periodo previo de detención policial, el 28 de marzo de 2006. La policía no le proporcionó documentación oficial aclarando los motivos de su “detención domiciliaria” y lo golpeó en varias ocasiones por intentar salir de su casa sin permiso.14Hu Jia había entablado numerosos contactos con periodistas extranjeros, personal diplomático y otras figuras internacionales, y su detención oficial, justo después de Navidades, pareció programada para que tuviera la menor repercusión internacional posible. El 28 de enero de 2008, la policía lo acusó oficialmente de “incitación a la subversión”, una acusación que sigue siendo utilizada regularmente para silenciar y encarcelar a activistas pacíficos en China.
Hu Jia está detenido en el centro de detención del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Dougezhuang, distrito de Chaoyang, Pekín. Tras ser detenido oficialmente se le negó el acceso a sus familiares y a sus abogados durante varias semanas. Está enfermo del hígado a causa de infección por hepatitis B y necesita medicarse diariamente. Según los informes, la policía no le permitió tomar las medicinas que le proporcionaron sus familiares hasta después de llevar una semana detenido. El 4 de enero de 2008, la policía rechazó la petición de visita de su abogado basándose en que su caso parecía implicar “secretos de Estado”, aunque en el momento del juicio no se presentaron cargos de este tipo. El 14 de enero de 2008, su abogado presentó una petición de libertad bajo fianza por razones médicas que fue rechazada oficialmente por la policía a finales de ese mismo mes.
En evidente respuesta a la preocupación internacional sobre su caso, a Hu Jia se le permitió acceder a su abogado y ver a sus familiares. Éstos, tras reunirse por primera vez con él el 31 de enero de 2008, estrechamente vigilados por la policía, expresaron su preocupación por su aspecto pálido y tenso y por su manera de hablar, como si estuviera actuando. Posteriormente, Hu Jia dijo a sus abogados que, durante los dos primeros meses de detención, lo habían sometido en 47 ocasiones a largos periodos de interrogatorio de entre 6 a 14 horas, habitualmente por la noche. Si bien la considerable presión psicológica a la que ha estado sometido durante los interrogatorios es motivo de preocupación, no se cree que la policía lo haya maltratado físicamente.
La policía trasladó su expediente a la fiscalía el 19 de febrero de 2008, y la causa fue transferida al Tribunal Popular Intermedio nº 1 de Pekín el 10 de marzo de 2008. Hu Jia fue juzgado el 18 de marzo de 2008 por “incitación a la subversión” en virtud del artículo 105 del Código Penal. Se permitió a su madre asistir al juicio, pero no a su esposa ni a su padre. Según los informes, a otros colegas de Hu Jia, incluidos activistas como él, se les impidió asistir o se les hizo salir de Pekín en la fecha del juicio.
Según ha sabido Amnistía Internacional de fuentes diplomáticas, el 14 de marzo de 2008, día en que se anunció la fecha del juicio, ocho representantes de gobiernos extranjeros solicitaron asistir a él. Les respondieron que todas las plazas habían sido “asignadas” y que no había espacio en la sala. Sin embargo, el 18 de marzo de 2008, la misma mañana del juicio, se les informó de que las plazas habían sido “asignadas” a otras personas que habían llegado antes. Según los informes, muchos asientos fueron ocupados por funcionarios judiciales y agentes de policía.
Los abogados de Hu Jia habían expresado anteriormente su preocupación por tener sólo una semana para preparar la defensa con acceso al sumario.15Según los informes, durante el juicio, que duró poco más de cuatro horas, el abogado de Hu Jia tuvo menos de 30 minutos para presentar su defensa, durante los cuales el juez lo interrumpió en repetidas ocasiones. La acusación presentó artículos escritos por Hu Jia como “prueba” de sus “delitos”. Hu Jia se declaró “inocente”, pero el juicio terminó sin sentencia inmediata.
Amnistía Internacional considera que el juicio de Hu Jia fue injusto y por motivos políticos. La organización considera a Hu Jia preso de conciencia, detenido en violación de sus derechos humanos fundamentales a la libertad de opinión y expresión. Hu Jia debe quedar inmediatamente en libertad incondicional.
Como cofundador del Instituto de Educación para la Salud Aizhixing de Pekín, Hu Jia comenzó como activista sobre temas relacionados con el VIH/sida, pero en los últimos años amplió su activismo hacia diversos motivos de preocupación en el ámbito de los derechos humanos. A pesar de estar sometido a una molesta “detención domiciliaria”, expresó públicamente su preocupación por los abusos de la policía durante sus operaciones de “limpieza” de Pekín previas a las Olimpiadas, incluida la detención de peticionarios y activistas sin los procedimientos legales necesarios. En septiembre de 2007, publicó un artículo junto con otro activista, Teng Biao, sobre violaciones de derechos humanos antes de los Juegos Olímpicos (véase infra). En noviembre de 2007, Hu Jia participó a través de una webcam en una sesión parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas en la que afirmó que China no había cumplido sus promesas de mejorar los derechos humanos antes de las Olimpiadas.
Hu Jia figuraba entre los activistas que muchos medios de comunicación internacionales mostraban como prueba de que la política oficial había cambiado y que las autoridades habían adoptado un planteamiento más inteligente, tolerando al menos cierto grado de activismo de derechos humanos con vínculos globales, en lugar de recurrir a la detención inmediata y el procesamiento. Sin embargo, con su detención formal en diciembre de 2007 se pretendió sin duda poner fin a su papel de desvelar y sacar a la luz violaciones de derechos humanos, a menudo gracias a sus contactos con los medios de comunicación, incluidos periodistas extranjeros, y también transmitir claramente a otras personas en China el mensaje de que no debían seguir sus pasos. Tales prácticas ponen en cuestión seriamente los compromisos oficiales de mejorar los derechos humanos y asegurar una “completa libertad de los medios de comunicación” antes de las Olimpiadas.
En septiembre de 2007, Hu Jia y su esposa, Zeng Jinyan, fueron candidatos al premio Sajarov para la Libertad de Conciencia. Desde la detención de su esposo, Zeng Jinyan ha sido puesta bajo “detención domiciliaria” junto con su hija recién nacida.16No se le permite salir de casa sin permiso, y le han cortado el teléfono y la conexión a Internet. El 2 de enero de 2008, decenas de policías municipales y de distrito en más de una decena de vehículos rodearon su domicilio, situado en el distrito de Tongzhou de Pekín, para evitar que recibiera visitas. Al mes siguiente hubo informes de que el número de policías que vigilaba la casa había aumentado a unos 50, incluidos varios que se habían mudado al apartamento del piso de arriba para realizar tareas de vigilancia.17
Zeng Jinyan en detención domiciliaria, con una camiseta en la que se lee “otra vez en detención domiciliaria”, el 22 de julio de 2006.
© Hu Jia y Zeng Jinyan
U
Yang Chunlin, activista en favor de los derechos de la tierra, fue condenado a cinco años de cárcel por “incitación a la subversión”.
© Particular
Abogados y abogadas de derechos humanos sometidos a detención arbitraria y palizas
Hu Jia también había facilitado información a los medios de comunicación y a otros sobre la difícil situación del abogado y activista de derechos humanos Gao Zhisheng, que sigue cumpliendo condena de tres años bajo vigilancia en su domicilio de Pekín tras ser condenado por “incitación a la subversión” en diciembre de 2006. Al menos diez hombres, al parecer policías sin uniformar, sacaron a Gao Zhisheng de su domicilio y lo llevaron a un lugar desconocido el 22 de septiembre de 2007,19al parecer por una carta abierta dirigida al Congreso de los Estados Unidos pidiendo a los congresistas que sacaran a la luz lo que denominaba “el actual desastre de derechos humanos de China” y criticando la elección de China como país anfitrión de los Juegos. Según los informes, los hombres lo golpearon y le dieron patadas mientras se lo llevaban. No se supo más sobre su situación hasta que telefoneó a Hu Jia, al parecer bajo coacción, el 28 de octubre de 2007, y le dijo que había estado en las provincias de Shaanxi y Shanxi y que no intentara visitar a sus familiares. Preocupa mucho que Gao Zhisheng haya sido sometido a torturas o malos tratos por quienes lo secuestraron. Según los informes, lo volvieron a llevar a su casa a comienzos de noviembre, pero continúa bajo estrecha vigilancia y no ha habido más información sobre su situación. A Amnistía Internacional le sigue preocupando mucho su bienestar y su seguridad.
Gao Zhisheng figura entre los abogados que se han convertido en objetivos clave de la represión a consecuencia de su activismo en defensa de los derechos humanos:
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Teng Biao, diciembre de 2007
eng Biao, abogado, intelectual y activista de derechos humanos, desapareció el 6 de marzo de 2008. Según los informes, unos testigos vieron cómo un grupo de desconocidos lo metieron a empujones en un vehículo negro justo cuando llegó a su casa a eso de las 8.30 pm. Al quedar en libertad dos días después tras la considerable preocupación internacional que despertó su situación,20 Teng Biao explicó que se lo habían llevado cuatro hombres que no le enseñaron su identificación, pero afirmaron ser agentes del Departamento de Seguridad Pública de Pekín. Los hombres le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron a un lugar desconocido. Al parecer, le preguntaron sobre los artículos que había escrito, incluido uno del que es coautor con Hu Jia, titulado “La verdadera China y los Juegos Olímpicos”, publicado en septiembre de 2007.21 Teng Biao añadió que durante su detención no había sufrido daños, pero no pudo facilitar más detalles, pues le habían advertido que no hablara con periodistas extranjeros.
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Aproximadamente a las 7.20 am del 7 de marzo de 2008, un vehículo de la policía embistió al automóvil del abogado de derechos humanos Li Heping cuando éste llevaba a su hijo al colegio en Pekín. El impacto sacudió al abogado y a su hijo, que sin embargo no sufrieron lesiones graves. El vehículo policial los había estado siguiendo desde que salieron de su domicilio y al parecer había acelerado antes del golpe, que abolló la parte trasera del vehículo de Li Heping. Li Heping reconoció a los tres agentes que iban en el vehículo como agentes de su distrito policial y afirmó que el conductor no le hizo caso cuando lo recriminó por el golpe y que la policía de tráfico se negó a ocuparse del caso cuando denunció el incidente ese mismo día.
Li Heping había sido secuestrado y agredido previamente, el 29 de septiembre de 2007, por un grupo de hombres no identificados que lo golpearon con porras eléctricas y le dijeron que tenía que irse de Pekín si no quería volver a ser agredido. Quedó en libertad unas ocho horas después. El incidente tuvo lugar poco después de que la policía le hubiera dicho que se fuera de Pekín durante el 17 Congreso del Partido Comunista, celebrado en octubre de 2007.22
L
Zheng Enchong fue condenado a tres
años de prisión el 28 de octubre de 2003 por “suministrar secretos de Estado a entidades extranjeras”.
© Private
i Heping es conocido por defender casos delicados, como el de cristianos detenidos por realizar actividades religiosas clandestinas en su domicilio, miembros del movimiento espiritual prohibido Falun Gong, presuntas víctimas de desalojo forzoso y escritores independientes. También ha apelado a las autoridades en nombre de Gao Zhisheng. A consecuencia de estas actividades, está bajo estrecha vigilancia policial y se ha limitado su libertad de circulación.
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Zheng Enchong, abogado radicado en Shanghai, que ha defendido a personas presuntamente obligadas a abandonar sus domicilios por las obras en Shanghai, sigue sometido a graves abusos tras salir de la cárcel el 5 de junio de 2006.23 El 24 de julio de 2007, un grupo de unos seis policías lo golpearon en el exterior de la sede del Tribunal Popular Superior Municipal de Shanghai cuando, junto con su esposa, Jiang Meili, intentaban registrarse como observadores del juicio de Zhou Zhengyi, urbanista local. Desde entonces lo han mantenido bajo estrecha vigilancia y le han impedido salir de su domicilio, a menudo golpeándolo. La policía lo ha llamado en reiteradas ocasiones para interrogarlo sobre la ayuda jurídica que ha proporcionado a peticionarios, las entrevistas que ha dado a medios de comunicación y por denuncias de fraude fiscal. Según los informes, el 20 de febrero de 2008 un individuo no identificado lo golpeó mientras lo interrogaban bajo custodia, provocándole lesiones y hemorragias.
Activistas por el derecho a la vivienda detenidos y encarcelados
El activista por el derecho a la vivienda Ye Guozhu, radicado en Pekín, continúa cumpliendo una condena de cuatro años por solicitar permiso para celebrar una manifestación sobre los desalojos forzosos en Pekín. Amnistía Internacional sigue pidiendo su puesta en libertad inmediata e incondicional y continúa preocupada por su seguridad tras los informes según los cuales ha sido torturado en la cárcel. Las autoridades chinas no han confirmado ni desmentido estos informes, pero fuentes oficiales han confirmado que recibe tratamiento para su “hipertensión”. También han confirmado que está en la cárcel de Chaobai, de donde está previsto que salga el 26 de julio de 2008.
Wang Ling, Qian Guoliang y Ye Guoqiang (de izquierda a derechoa) protestan contra la destrucción de viviendas para proyectos de contrucción olímpicos, Pekín, China, 2007.
© Particular
E
Ye Guozhu en Pekín, China, 11 de abril de 2004.
© Ng Han Guan/AP/PA Photo
Wang Ling, colega de Ye Guozhu, que también había participado en actividades públicas de campaña tras perder su propiedad a consecuencia de obras relacionadas con las Olimpiadas, ha sido condenada recientemente a 15 meses de “reeducación por el trabajo” (véanse los detalles infra).
Aumento de los procesamientos por motivos políticos
C
El activista de derechos humanos Chen Guangcheng fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión.
© Particular
omo muestran varios de los casos anteriores, cada vez son más los activistas sometidos a detención y procesamiento acusados de cometer delitos contra la seguridad del Estado, tales como “revelar secretos de Estado” o “incitar a la subversión”. Según un análisis de los datos del China Law Yearbook, realizado por la Dui Hua Foundation, con sede en Estados Unidos, el número de casos de este tipo que llegaron a los tribunales chinos aumentó en 2006 casi un 20 por ciento comparado con el año anterior, y las detenciones por cargos relacionados con la seguridad del Estado alcanzaron su cifra máxima en ocho años en 2007.24Amnistía Internacional considera que el aumento de procesamientos por motivos políticos contra defensores y defensoras de los derechos humanos pacíficos desmiente el compromiso de las autoridades de mejorar la situación de los derechos humanos antes de los Juegos Olímpicos.
En otros casos, los activistas han sido acusados de delitos “comunes” en procesamientos que, no obstante, obedecen a motivos políticos. Un ejemplo es el caso del asesor jurídico invidente Chen Guangcheng, que sigue cumpliendo una pena de cuatro años y tres meses por “dañar la propiedad pública y reunir gente para obstaculizar el tráfico”en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong. Sin embargo, el motivo real de su condena fueron sus esfuerzos para que las autoridades locales de Linyi respondieran por una campaña de abortos y esterilizaciones forzosos que afectó a miles de mujeres de la zona. En la última actualización del caso, de agosto de 2007, Amnistía Internacional informó de que el 16 de junio de 2007 sus compañeros de prisión le habían propinado fuertes golpes y patadas por orden de los guardias de la cárcel por negarse a que le raparan la cabeza. A pesar de ello, fuentes oficiales han afirmado posteriormente que está “saludable y en buen estado”. También han confirmado que cumple la condena en la cárcel de Linyi, provincia de Shandong, pero no han desmentido ni confirmado las denuncias de tortura.
La esposa de Chen Guangcheng, Yuan Weijing, sigue bajo estrecha vigilancia policial con dos turnos de siete policías custodiando su domicilio en la ciudad de Linyi las 24 horas del día. El 24 de agosto de 2007, la policía la interceptó en el Aeropuerto Internacional de Pekín y le impidió que viajara a Filipinas a recoger el premio Ramon Magsayay al Liderazgo Emergente concedido a su esposo. En octubre de 2007, seis policías le impidieron que subiera a un autobús con su hija de tres años para recibir tratamiento por un dolor de muelas agudo en la cercana ciudad de Linyi: “Me duelen las muelas, pero no me dejan ir al dentista [...] Me duele mucho, pero no puedo abrirme paso entre ellos. Soy sólo una mujer con una niña y ellos son siete hombres”.25En enero de 2008, las autoridades locales impidieron a Yuan Weijing que se reuniera con un equipo de la televisión alemana que quería entrevistarla. Aproximadamente una decena de individuos sin identificar y sin uniformar amenazaron a los periodistas con arrojarles piedras.26
A pesar del hostigamiento que sufre, Yuan Weijing sigue haciendo campaña sin descanso en favor de su esposo. En una carta del 28 de julio de 2007, expresó su agradecimiento por los cientos de tarjetas de solidaridad que había recibido de la membresía de Amnistía Internacional. Dijo que le había hablado a Chen Guangcheng de las tarjetas y que éste se había alegrado mucho, aunque ninguna le había llegado a la cárcel. Afirmó que le preocupaba que su marido pudiera desarrollar problemas psicológicos porque no le permiten leer ni escribir y añadió que no le autorizan a recibir libros en Braille ni un bolígrafo para escribir en Braille, y que las autoridades tampoco han accedido a su petición de llevarle una radio.
Si bien el colectivo de abogados y asesores jurídicos que se ocupan de casos delicados sigue siendo objetivo de la represión, las enmiendas a la Ley de Abogados por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular en octubre de 2007 parecen encaminadas a reforzar la capacidad de este colectivo para reunirse con sus clientes y conseguir pruebas. Entre otras cosas, las enmiendas conceden a los abogados el derecho a entrevistarse con personas acusadas de delitos comunes tras el interrogatorio inicial de la policía (excepto en los casos que implican “secretos de Estado”), y el derecho a no ser observados durante sus entrevistas con sus clientes. La enmienda dispone también que las observaciones realizadas por los abogados defensores en los tribunales no pueden dar lugar a acciones judiciales contra ellos, siempre que no “amenacen la seguridad nacional o calumnien a terceros”.27
Si bien varios abogados chinos han expresado su satisfacción por estas enmiendas, considerándolas un paso en el buen camino, otros se han mostrado preocupados por que siguen distando mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos, en particular por no permitir al abogado estar presente durante todas las entrevistas. Y otros han señalado la existencia de conflictos entre la Ley de Abogados y otras leyes, incluido el artículo 96 de la Ley de Procedimiento Penal, que otorga a la policía el derecho a estar presente durante las entrevistas entre un abogado y su cliente.28
La censura y las trabas traicionan el compromiso de “total libertad de los medios de comunicación” en las Olimpiadas
A pesar de los casos destacados de liberación de periodistas durante los últimos meses, incluida la del ayudante de investigación del NewYork Times Zhao Yan, el 15 de septiembre de 2007, y la del periodista de Hong Kong Ching Cheong, el 5 de febrero de 2008, otros periodistas continúan siendo detenidos y procesados por motivos políticos, y las autoridades han intensificado su control sobre los medios de comunicación.
Zhao Yan quedó en libertad tras cumplir una condena de tres años por fraude después de un juicio sin garantías por cargos que parecían tener motivación política. Si bien las autoridades no concretaron los motivos por los cuales Ching Cheong quedó en libertad condicional anticipadamente, su liberación se produjo tras las duras críticas de la opinión pública –especialmente en Hong Kong– por el trato que recibía y, dado que se produjo en vísperas del Año Nuevo Chino, pareció calculada para incrementar los índices de popularidad de Pekín en Hong Kong antes de las Olimpiadas. Condenado por espiar para Taiwán, Ching Cheong afirmó haber sido sometido a presiones psíquicas bajo custodia policial, y añadió que en ocasiones había pensado en suicidarse.29
A Amnistía Internacional le preocupa mucho que, a pesar de las promesas oficiales de “total libertad de los medios de comunicación” efectuadas en julio de 2001, poco después de concederse la organización de los Juegos Olímpicos a Pekín, las autoridades siguen utilizando el delito de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y escritoras y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión. Por ejemplo:
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El 5 de febrero de 2008, día de la liberación de Ching Cheong, otro escritor, Lü Gengsong, fue condenado a cuatro años de cárcel por “incitación a la subversión” por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Hangzhou. El juicio se celebró a puerta cerrada. La sentencia condenatoria tuvo que ver con los ensayos y artículos de prensa que Gengsong había colgado en Internet informando sobre casos de corrupción oficial y desalojos forzosos, y también con libros escritos por él pidiendo reformas políticas. Actualmente Lü Gengsong está detenido en el Centro de Detención de Xihu de la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y pide que sea puesto en libertad incondicional inmediatamente.
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Wang Dejia, que escribe en Internet bajo el pseudónimo de Jing Chu, natural de la ciudad de Guilin, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, fue detenido por “incitar a la subversión” el 14 de diciembre de 2007. Su detención parece estar relacionada con varios artículos suyos sobre asuntos políticos y de derechos humanos, incluidos los ensayos titulados “Posesión ilegal de secretos de Estado: un importante invento del Partido Comunista Chino que persigue a los presos de conciencia” y “Unos Juegos Olímpicos esposados sólo traerán desgracias para el pueblo”.30 Contra lo que suele suceder en casos de acusaciones tan graves, Wang Dejia quedó en libertad bajo fianza un mes después, pero a condición de no publicar más artículos ni conceder entrevistas a periodistas extranjeros. Amnistía Internacional considera que estas condiciones siguen violando su derecho a la libertad de expresión y el espíritu de la nueva normativa aprobada el año pasado y cuyo objetivo es aumentar la libertad de los periodistas extranjeros para llevar a cabo entrevistas en China antes de los Juegos Olímpicos.
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S
Shi Tao cumple actualmente un pena de 10 años de prisión.
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hi Tao sigue cumpliendo una condena de 10 años por enviar un mensaje de correo electrónico en el que resumía un comunicado del Departamento Central de Propaganda del Partido Comunista Chino sobre cómo debían tratar los periodistas el 15 aniversario de la represión del movimiento en favor de la democracia de 1989. A finales de junio de 2007 lo trasladaron a la cárcel de Deshan, en la ciudad de Changde, provincia de Hunan, donde sus condiciones de detención parecen haber mejorado significativamente. Ahora le permiten recibir regularmente visitas de su madre, Gao Qinsheng, a la que ya puede tomar de la mano, al no estar separados por un cristal. Según los informes, el Tribunal Supremo Popular ha aceptado la petición de revisión de su causa, presentada por Gao Qinsheng, pero no ha habido más respuesta. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por estas señales de mejora en la situación de Shi Tao, pero continúa instando a las autoridades a que lo pongan de inmediato en libertad incondicional.
En noviembre de 2007, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos criticó a Yahoo! por testificar bajo juramento ante el Congreso que la empresa no sabía nada sobre el carácter de la investigación sobre Shi Tao cuando pasó a las autoridades chinas información sobre su cuenta de usuario.31Yahoo!, a través de su director general, Jerry Yang, se disculpó ante el Comité y los familiares de Shi Tao, incluida Gao Qinsheng, sentada entre las personas asistentes. Ese mismo mes, Yahoo! pagó una cantidad no revelada para llegar a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos en relación con su papel en el encarcelamiento de Shi Tao y de otro periodista chino, Wang Xiaoning. Según los informes, en febrero de 2008 el director general de Yahoo! escribió a la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, antes de que ésta viajara a China, afirmando “lamentar profundamente las circunstancias” que condujeron al encarcelamiento de los dos periodistas, y señalando que iban en contra de los valores de la empresa. Jerry Yang pidió al Departamento de Estado estadounidense que tomara la iniciativa y “tratara de conseguir activamente la puesta en libertad de Shi Tao, Wang Xiaoning y otros disidentes chinos encarcelados por ejercer derechos de expresión reconocidos internacionalmente”.32
Yang Tongyan, condenado a 12 años de cárcel por “subversión” en mayo de 2006.
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El escritor y periodista Huang Jinqiu, detenido en 2003.
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ang Tongyan (pseudónimo: Yang Tianshui), escritor independiente, sigue cumpliendo una condena de 12 años por “subversión” acusado de varios cargos, entre ellos escribir en apoyo del cambio político y democrático en China. En 2007, según los informes, fue obligado a trabajar entre 8 y 10 horas diarias fabricando pelotas de fútbol y béisbol en condiciones aparentemente tóxicas, pero a finales de año fue trasladado a un trabajo más suave, de bibliotecario de la cárcel. Según los informes, su salud ha empeorado durante el tiempo que ha estado en prisión y sufre diabetes, artritis e hipertensión. Fuentes oficiales han confirmado que está en la Cárcel Municipal de Nanjing, en la provincia de Jiangsu. Quedará en libertad el 22 de diciembre de 2017.
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Huang Jinqiu (pseudónimo: Qing Shuijun), escritor y periodista, sigue cumpliendo una condena de 12 años de cárcel por “subversión” en la prisión de Pukou, cerca de la ciudad de Nanjing, en la provincia de Jiangsu. Fue condenado en septiembre de 2004 en relación con unos ensayos políticos que colgó en Internet, en los que hablaba de sus planes para crear un Partido Patriótico por la Democracia de China. En abril de 2007, Amnistía Internacional informó de que sus condiciones de detención parecían haber mejorado.33 Desde entonces, la organización no ha recibido más información sobre su situación.
En noviembre de 2007, los medios de comunicación estatales chinos informaron de que el país avanzaba “cautelosa pero decididamente por la vía de la libertad de prensa”.34La información, que se hizo coincidir con el Día del Periodista, que en China se celebra el 8 de noviembre, citaba comentarios de varios especialistas y funcionarios chinos de los medios de comunicación según los cuales China avanzaba firmemente hacia mayor apertura, a pesar de algunos “contratiempos”. En un comentario muy sincero, uno de los especialistas señaló: “China ha sido muy prudente respecto a la apertura de sus medios de comunicación porque se considera un asunto concerniente a la seguridad del Estado”.35Durante una conferencia de prensa celebrada el 4 de diciembre de 2007, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, subrayó que los periodistas extranjeros eran “bienvenidos a China para cubrir los Juegos de una forma justa y objetiva”.36Ese mismo mes, otra autoridad, Cai Wu, ministro de la Oficina de Información del Consejo de Estado, afirmó que China probablemente extendería la nueva normativa para periodistas extranjeros más allá de los Juegos Olímpicos, afirmando que la normativa se había “aplicado bien para conseguir un buen resultado”.37
Sin embargo, a Amnistía Internacional le sigue preocupando mucho que, en la práctica, la normativa sigue incumpliéndose frecuentemente. El Club de Corresponsales Extranjeros de China (Foreign Correspondents Club of China, FCCC) documentó más de 180 violaciones de la normativa en 2007, incluidos ejemplos de obstrucción que en muchos casos equivalían a agresión y detención arbitraria.38En su lista figuran los siguientes:
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En septiembre de 2007, el corresponsal de Reuters Chris Buckley fue empujado al suelo, donde más de una decena de individuos no identificados le dieron puñetazos y patadas en la espalda. Sucedió en un centro de detención ilegal para peticionarios de Pekín dirigido por autoridades locales de la provincia de Henan que el periodista investigaba. Los atacantes le robaron su bolsa, sus notas, su teléfono móvil y su cámara, y uno de ellos intentó matarlo. Al final el incidente se resolvió gracias a la intervención de funcionarios de Ministerio de Asuntos Exteriores. El periodista presentó una denuncia oficial, pero al parecer la policía no ha hecho ningún esfuerzo para procesar a los agresores.
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Ese mismo mes, días más tarde, un equipo de filmación del Channel 4 británico fue agredido por individuos no identificados después de haber entrevistado a unos peticionarios recluidos en el mismo centro de detención. La policía frenó la agresión, pero después mantuvo detenidos seis horas a los dos periodistas extranjeros, Andrew Carter y Aidan Hartley, que quedaron en libertad tras destruir una cinta. Su colega chino, Dean Peng, fue retenido durante diez horas y acusado de perturbar el “orden administrativo” en las instalaciones.
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En octubre de 2007, la policía de Pekín impidió que una periodista finlandesa, Katri Makkonen, y un compañero suyo filmaran a unos peticionarios en el distrito Fengtai de Pekín. Después, la policía los siguió y les prohibió que filmaran en la plaza de Tiananmen. En ambos lugares la policía les pidió reiteradamente sus documentos de identificación en un evidente intento de obstaculizar su trabajo.
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En noviembre de 2007, una corresponsal de la televisión suiza, Barbara Luthi, y su cámara y ayudante local fueron golpeados y detenidos durante varias horas tras viajar hasta el pueblo de Shengyou, en la comarca de Dingzhou, provincia de Hebei, a entrevistar a los habitantes implicados en una disputa por la tierra. Las autoridades borraron una de sus cintas.
Además de casos de obstrucción directa, Amnistía Internacional considera que las advertencias, amenazas y otros actos de hostigamiento de la policía que se emplean para impedir a los activistas chinos de derechos humanos hablar con los medios de comunicación extranjeros violan el espíritu de la normativa. Entre los activistas a los que se ha impedido comunicarse figuran varios de los que se han mencionado en este informe, como Teng Biao, Ye Mingjun, Yuan Weijing y Zeng Jinyan.
Se intensifican los esfuerzos para censurar Internet y el servicio de mensajes cortos (SMS)
Según cifras oficiales, el número de usuarios de Internet en China había aumentado hasta llegar a los 210 millones a fines de 2007, e iba camino de convertirse en la mayor población online del mundo a comienzos de 2008.39Desde el 1 de septiembre de 2007, muchos de estos usuarios probablemente se encuentran con la imagen de dos policías en forma de dibujo animado que, según los informes, actualmente aparecen cada treinta minutos en todos los sitios web registrados con servidores de Pekín.40Al avisar a los usuarios de Internet de que se mantengan al margen de los sitios web “ilegales”, estos “policías virtuales” parecen estar fomentando la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades observan estrechamente la actividad en la web.41
Los controles de Internet siguen estando por todas partes y en los últimos meses han sido clausurados numerosos sitios web. Varias de estas clausuras ocurrieron en el periodo anterior al 17 Congreso del Partido Comunista Chino, en octubre de 2007, en una nueva campaña de medidas contra las “falsas noticias” para garantizar que la cobertura del Congreso tuviera un tono positivo.42Según los informes, entre las medidas hubo algunas sin precedente, como cerrar Centros de Datos de Internet (Internet Data Centres, IDC) enteros –que suelen albergar a varios servidores a la vez– si alojaban un solo sitio web considerado ofensivo por las autoridades.
A comienzos de 2008, los grupos con sede en Pekín que trabajan sobre el VIH/sida se convirtieron en uno de los últimos objetivos de la represión. El 26 de febrero de 2008, las autoridades de Pekín clausuraron dos sitios de noticias sobre sida gestionados por activistas de VIH/sida, www.aidsmuseum.nety www.aidswiki.cn. El siguiente mes, el 5 de marzo de 2008, se ordenó al Instituto de Educación para la Salud Aizhixing de Pekín que retirara “información ilegal” sin especificar de su sitio web, y éste fue clausurado temporalmente. Se cree que la orden tuvo que ver con la información que aparecía en el sitio sobre Hu Jia, cofundador del Instituto como parte de su labor de defensa en cuestiones de VIH/sida.
El 1 de febrero de 2008, el grupo Defensores de los Derechos Humanos Chinos y la organización en favor de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras publicaron el texto de una directiva oficial que habían conseguido y cuyo objetivo era impedir la difusión de un informe sobre la censura de Internet en China publicado por las dos organizaciones en octubre de 2007.43Según los grupos, horas después de la publicación del informe, Yang Le, jefe de la Oficina de Información de Pekín, ordenó a sitios web y proveedores de Internet (ISP) que actualizaran su lista de palabras clave prohibidas incluyendo en ella 30 frases del informe.
En los últimos meses también se ha sometido a renovado examen la función de las empresas mundiales de Internet en el régimen de censura de China. Además de la preocupación por la participación de Yahoo! en los casos de Shi Tao y Wang Xiaoning, de los que ya se ha hablado en este documento, el 1 de febrero de 2008 hubo informes según los cuales el ex catedrático universitario y activista en favor de la democracia Guo Quan ha asegurado que demandará a Yahoo! y a Google por retirar su nombre de los resultados de las búsquedas locales en China. El caso pone en entredicho la política de censura de Google en China. La empresa ha prometido informar a sus usuarios cuando censure búsquedas, indicando claramente que se han omitido algunos resultados “de conformidad con las leyes, normas y políticas locales”. Sin embargo, según el Financial Times, el 1 de febrero de 2008 la búsqueda local del nombre Guo Quan con “www.google.cn” sólo generaba el mensaje: “No ha podido accederse a la información buscada. Vuelva a google.cn y busque otra información”.44
En los últimos meses, las autoridades también han dirigido su atención hacia otros medios de comunicación tratando de intensificar controles sobre la información. El 17 de diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín dieron una noticia dirigida aparentemente a restringir el uso del servicio de mensajes cortos (SMS) para difundir información.45En términos amplios y radicales, la noticia afirma que quienes utilicen los mensajes de texto para “poner en peligro la seguridad pública” o “difundir rumores” serán investigados, pero sin definir más la amplitud de tales “delitos”. A Amnistía Internacional le preocupa que estas disposiciones se utilicen para restringir la libertad de expresión de los usuarios del teléfono móvil en Pekín.
Uso de la “reeducación por el trabajo” para silenciar a activistas ante la proximidad de las Olimpiadas
En octubre de 2007, Amnistía Internacional escribió una carta abierta al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular para pedirle que garantizara que toda legislación que se aprobara para sustituir el sistema de “reeducación por el trabajo” se atenía totalmente a las normas internacionales, incluidas las relativas al derecho a un juicio justo.46El origen de esta carta fue una información publicada en medios de comunicación oficiales chinos, según la cual el Comité Permanente iba a examinar un proyecto de legislación en este sentido durante su reunión de ese mes. En diciembre de 2007, 69 famosos intelectuales chinos, incluidos el economista Mao Yushi y el catedrático de Derecho He Weifang, también enviaron cartas a la Asamblea Nacional Popular para pedir la abolición de la “reeducación por el trabajo”. Según informes, el profesor Mao dijo que el sistema adolecía de deficiencias intrínsecas, pues daba lugar a “sentencias condenatorias equivocadas por falta de la justicia debida, como la asistencia de un abogado defensor”.47
Sin embargo, se ignora si tales reformas se han llegado siquiera a examinar, y hasta la fecha no se ha adoptado ninguna legislación nueva que sustituya el sistema de “reeducación por el trabajo”. El 13 de marzo de 2008, el miembro de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea Nacional Popular Teng Wei confirmó que hacía falta más tiempo para investigar diversas cuestiones relativas a la “reeducación por el trabajo” y la nueva legislación.48Según informes, entre tales cuestiones figuraba el ámbito de aplicación de la “reeducación por el trabajo”, el procedimiento de examen y aprobación y los periodos y los métodos de detención. No dijo nada que indicara cuándo volverían a examinarse estas cuestiones, salvo que dependía del programa del nuevo Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.
Mientras tanto, este sistema abusivo de detención sin juicio sigue estando a disposición de la policía de Pekín para que lo utilice como instrumento de “limpieza” de la ciudad en el periodo previo a las Olimpiadas. Esta actividad se ha intensificado en los últimos meses. Por ejemplo, en enero de 2008, los medios de comunicación estatales de China publicaron información en la que se describía una nueva campaña emprendida por la policía de Pekín para “erradicar las actividades ilegales en la plaza de Tiananmen y a lo largo de la avenida Chang’an en el periodo previo a los Juegos Olímpicos”.49La campaña tenía por objeto “eliminar las actividades ilegales que empañan la imagen de la ciudad y afectan al orden social”.50Iba dirigida principalmente contra mendigos, ilegales, vendedores ambulantes, distribuidores de folletos y taxistas ilegales, y entre los castigos que podían imponerse figuraban multas y la detención. La policía de Pekín ya había hecho extensiva explícitamente la “reeducación por el trabajo” a este tipo de delitos, pero se ignora si se condenaba realmente a ella a alguna de las personas contra las que iba dirigida la campaña.51
Según organizaciones de Falun Gong de fuera de China, durante el periodo previo a las Olimpiadas se ha producido también un aumento de las detenciones de adeptos de este movimiento.52El 12 de marzo de 2008, el Centro Informativo Falun Dafa publicó información que indicaba que desde diciembre de 2007 habían sido detenidas en Pekín al menos 67 personas.53Las notas que acompañaban estos casos revelaban que cuatro habían sido puestas en libertad desde entonces o se habían fugado, mientras que dos o, posiblemente, tres habían sido condenadas a “reeducación por el trabajo”.
Bu Dongwei, conocido también como David Bu, fue condenado a dos años y medio de “reeducación por el trabajo”.
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Actualización de caso: el practicante de Falun Gong Bu Dongwei continúa recluido en el centro de “reeducación por el trabajo” de Tuanhe de Pekín, donde cumple dos años y medio de reclusión en este régimen que le fueron impuestos el 19 de junio de 2006 por “oponerse a la aplicación de leyes nacionales y alterar el orden social”, tras encontrar la policía publicaciones de Falun Gong en su casa. Según informes, le obligan a trabajar seis días a la semana pegando bolsas de papel y otros productos para embalaje y a asistir a “clases de estudio” por la noche. A su familia sólo se le permite visitarlo una vez al mes, pero el centro de reclusión está tan lejos de su casa que sólo pueden ir a allí cada dos o tres meses. Bu Dongwei parece haber perdido peso y estar mal de la vista desde que se encuentra recluido. Amnistía Internacional teme mucho por su salud y continúa pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
Se detiene, se saca de Pekín y se condena a “reeducación por el trabajo” a personas que elevan peticiones a las autoridades
A lo largo de tiempo, Pekín había ido acogiendo a millares de personas llegadas allí con objeto de apelar a las autoridades centrales para que atiendan diversos motivos de queja. La mayoría viajan allí como último recurso, tras haber intentado en vano obtener reparación ante las instancias locales. Muchas no tienen otros medios de reparación, ni siquiera llevando el asunto por la vía judicial formal, pues los tribunales locales a menudo rechazan los casos porque les parecen políticamente delicados. Conocido como sistema de “cartas y visitas” (xinfang), el derecho a elevar una petición a las autoridades es una tradición profundamente arraigada en la historia china y está garantizado por la Constitución. Sin embargo, hay estudios institucionales chinos y otros informes que indican que la presentación de peticiones raras veces da resultado.54Los peticionarios se encuentran a menudo con que se ignora o se rechaza su petición, por lo que intentan hacerla ante instancias del Estado cada vez más altas y entran en un proceso que puede durar años sin garantía alguna de éxito.
Recientes informes indican que entre quienes sufren la campaña de “limpieza” emprendida en Pekín de cara a las Olimpiadas figuran peticionarios llegados a la ciudad desde diversas partes de China. A principios de septiembre de 2007, la policía de Pekín obligó a mudarse a otras zonas a millares de personas que vivían en un “pueblo de peticionarios” próximo a la estación de ferrocarril del sur de la ciudad, en el distrito de Fengtai, advirtiéndoles de que en breve iba a demolerse la zona para construir una nueva estación que quería inaugurarse a tiempo de las Olimpiadas. A los dueños de los apartamentos donde vivían todas esas personas se les dijo que serían multados si continuaban alquilándoles las viviendas. Según los informes, a quienes accedieron a mudarse antes del 19 de septiembre de 2007 se les pagó una suma, pero las personas que se quedaron fueron detenidas por la policía, entre ellas hasta un millar que, de acuerdo con los informes, fueron enviadas al Centro de Recepción y Administración de Asistencia de Pekín.55
Ese mismo mes se informó de la existencia de centros secretos de detención a la afueras de Pekín, que administraban las oficinas de enlace con la capital de los gobiernos provinciales de China.56Se trababa de instalaciones temporales para las que se habían habilitado hoteles y otros establecimientos y en las que se recluía a las personas llegadas a la ciudad para presentar peticiones antes de devolverlas a sus lugares de origen. Según los informes, las personas recluidas en estos centros pasan días o incluso meses en ellos, en condiciones de hacinamiento, con mala comida y sin instalaciones sanitarias ni atención médica adecuadas. Están vigiladas por jóvenes “guardias” no oficiales, que parecen haber sido contratados al efecto y que a menudo las golpean. Los grupos locales de defensa de los derechos humanos han condenado estos centros, por considerar que “funcionan totalmente al margen del sistema judicial de China, no tienen ninguna base legal en la legislación china y violan el derecho al debido proceso garantizado en los convenios internacionales de derechos humanos”.57
Una vez devueltos a su lugar de origen, los activistas y peticionarios están expuestos a sufrir nuevos abusos, como que los recluyan en régimen de “reeducación por el trabajo” para castigarlos por sus actividades o para impedirles volver a Pekín. Los casos expuestos a continuación son ejemplos recientes, que ilustran la intensificación de la constante de detenciones arbitrarias durante los preparativos de la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín:
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La activista del derecho a la vivienda de Pekín Wang Ling fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y preparar pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con el fin de hacer sitio a proyectos de construcción olímpicos. Lo había hecho junto con Ye Guozhu, anteriormente mencionado. Golpeada, detenida y encarcelada en numerosas ocasiones anteriormente, Wang Ling se encuentra recluida, se cree, en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing de Pekín.
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La veterana activista rural Liu Jie, de la ciudad de Beian, provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, fue condenada a 18 meses de “reeducación por el trabajo” en la ciudad de Qiqihaer en noviembre de 2007, tras haber organizado el envío de una carta pública a los líderes asistentes al 17º Congreso del Partido Comunista Chino para pedir reformas políticas y jurídicas, incluida la abolición de la “reeducación por el trabajo”. Acusada de “provocar conflictos” y “alterar el orden social”, era conocida en Pekín por la destacada actividad que desarrollaba organizando peticiones, y su carta había sido firmada por más de 12.000 personas. La información disponible indica que Liu Jie padece graves lesiones oculares debido a anteriores palizas que recibió bajo custodia policial. Las autoridades no han respondido hasta ahora a las solicitudes presentadas por su abogado para que sea puesta en libertad por razones médicas y para que se revise por la vía administrativa la decisión de someterla a “reeducación por el trabajo”.
Liu Jie comenzó a elevar peticiones cuando las autoridades locales incumplieron, según informes, un contrato con ella para confiscarle un negocio de leche que tenía en 1997. En una entrevista con el periódico The Guardian de agosto de 2007, Liu Jie dijo: “la nación no quiere ciudadanos como yo [...] hace poco hemos oído al jefe de policía pronunciar un discurso en el que decía que iba a haber más restricciones para impedir la llegada de peticionarios a Pekín. Así es como quieren ocuparse de nosotros, echándonos, en vez de atender nuestros problemas”.58
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Wang Guilin y Yu Changwu, activistas rurales del derecho a la tierra de la ciudad de Fujin, provincia de Heilongjiang, fueron condenados a 18 meses y 2 años, respectivamente, de “reeducación por el trabajo” en enero de 2008. Junto con Yang Chunlin, anteriormente citado, habían participado en una disputa surgida hacia tiempo con las autoridades locales por un asunto de expropiación de tierras en Fujin. Según informes, a Yu Changwu se le imputaban “delitos” como ser entrevistado por medios de comunicación extranjeros, publicar información sobre el sistema chino de tierras en sitios web extranjeros y decir la frase “queremos nuestras tierras, no Olimpiadas” en entrevistas con periodistas.
La detención arbitraria y expulsión de peticionarios de Pekín tiene un preocupante parecido con el anterior sistema de “custodia y repatriación” (shourong qiansong), que era una forma de detención administrativa dirigida contra vagabundos, migrantes y otras personas sin domicilio fijo en las ciudades, abolida en agosto de 2003. Este abusivo sistema, caracterizado por las denuncias de abusos contra detenidos, como detención arbitraria, palizas, extorsiones y trabajo forzado, fue muy criticado en los sectores académicos y los medios de comunicación chinos tras la trágica muerte de Sun Zhigang, diseñador de la provincia de Hubei, durante su reclusión en un centro de “custodia y repatriación” de la provincia de Guangdong. Un investigación oficial posterior determinó que había muerto tras ser golpeado reiteradamente por otros detenidos a instancias de ciertos miembros del personal en el hospital del centro. En ese momento, la abolición del sistema de “custodia y repatriación” se anunció ampliamente en la prensa oficial china, que la calificó de importante avance para los derechos humanos en China.
Amnistía Internacional considera que el aparente uso de métodos similares a la “custodia y repatriación” para “limpiar” Pekín ante la proximidad de las Olimpiadas constituye un grave retroceso para los derechos humanos, que contraviene todo concepto de “dignidad humana” y menoscaba el Estado de derecho. Detener y castigar con “reeducación con el trabajo” a quienes, como último recurso, viajan a Pekín para pedir justicia tras fracasar tus intentos de obtenerla en su propia región probablemente no sirva más que para aumentar su resentimiento y menoscabar todo intento de establecer una sociedad “armoniosa”.
La reforma del sistema de pena de muerte no cumple el principio de “dignidad humana” de la Carta Olímpica
Las declaraciones oficiales indican que el restablecimiento de la revisión de las condenas por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en China en 2007. Por ejemplo, en noviembre de 2007, el presidente del Tribunal, Xiao Yang, manifestó que el número de condenas de muerte suspendidas que se habían impuesto en 2007 había superado por primera vez el de ejecuciones.59Atribuyó esta tendencia a un uso más prudente de la pena de muerte en los tribunales tras el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular el 1 de enero de 2007, pero no facilitó ninguna estadística de las condenas de muerte. Sus declaraciones se produjeron tras la publicación, en septiembre de 2007, de un documento del Tribunal Supremo Popular en el que se afirmaba que ‘a todos los delincuentes a los que pueda imponerse una condena de muerte sin necesidad de su ejecución inmediata se les impondrá una condena de muerte con dos años de aplazamiento”.60En su informe para la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular de marzo de 2008, Xiao Yang tampoco proporcionó estadísticas, pero afirmó que se había impuesto la pena de muerte de manera “estricta, cauta y justa” al “pequeño número” de autores de delitos graves de China.61Otro funcionario del Tribunal explicó que éste había rechazado el 15 por ciento de las condenas de muerte impuestas en instancias inferiores debido a “hechos poco claros, pruebas insuficientes, determinación inapropiada de la pena y procedimientos ilegítimos”.62
Algunos informes de tribunales provinciales también parecen confirmar una reducción del número de ejecuciones. Por ejemplo, un funcionario de un tribunal intermedio del noroeste de China ha manifestado, según informes, que el tribunal sólo llevó a cabo 10 ejecuciones en 2007, frente a las 60 anuales que tenían lugar por término medio anteriormente, y ha explicado que esta reducción no tuvo ningún efecto negativo en el orden público.63
Amnistía Internacional acoge con satisfacción cualquier reducción del número de ejecuciones que haya podido producirse, pero considera que para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la aplicación de la pena de muerte en China. La publicación de tales datos coincidiría, además, con el objetivo de llegar a las Olimpiadas habiendo mostrado una “China más abierta”. Es probable que la reducción de las ejecuciones se deba en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos. Parece que, al menos en algunos casos, la revisión ha tardado meses. Por ejemplo, un abogado que se enteró de que en julio de 2007 se había remitido su caso al Tribunal Supremo Popular para su revisión estaba todavía esperando a que se tomara una decisión sobre él en diciembre.64
Amnistía Internacional reitera también su temor de que el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular no sirva por sí solo para resolver los problemas inherentes al sistema de pena de muerte. En particular, esta media no garantiza que quienes puedan ser condenados a muerte en China sean sometidos a un juicio justo. Este temor lo han expresado también intelectuales chinos, como el profesor Chen Ruihua, del Instituto Universitario de Derecho de Pekín, quien, según información publicada en la prensa china en diciembre de 2007, ha dicho: “esperar que el Tribunal Supremo Popular revise los casos para descubrir injusticias es una utopía”.65
En marzo de 2008, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Xiao Yang, se refirió al proceso de revisión de condenas por el Tribunal Supremo Popular manifestando que “el trabajo de transición se ha realizado con fluidez, ordenadamente, y los juicios por delitos penados con la muerte [son] normales”.66Sin embargo, otros informes indican que el proceso plantea considerables problemas. El 20 de diciembre de 2007, el semanario Nanfang Zhoumo publicó un largo artículo con apreciaciones de diversas personas afectadas por el proceso de revisión.67Se indicaba en él que los 500 jueces de revisión que había, repartidos entre cinco tribunales, tenían un volumen inmenso de trabajo y con frecuencia debían trabajar hasta la noche y los fines de semana para ver todos los casos. Un juez con experiencia decía que al personal de investigación, formado por jóvenes recién salidos de la Universidad, le resultaba particularmente difícil “controlar sus emociones” para ocuparse de los casos de pena de muerte.
Una entrevista con un funcionario de un centro de detención del suroeste de China revelaba que las revisiones habían intensificado la presión sobre los centros de detención, pues habían prolongado inevitablemente el tiempo de reclusión desde la imposición de la condena hasta su ejecución. Según el funcionario, “anteriormente, la decisión se tomaba rápidamente, y se ejecutaba a quienes tenían que ser ejecutados, se trasladaba a la prisión a quienes tenían que ser trasladados y se liberaba a quienes tenían que ser liberados. Ahora todo lo que se puede hacer es esperar”.
Según el mismo artículo, no hay información pública sobre la división del trabajo y la jurisdicción regional de los cinco tribunales de revisión. Tampoco hay vías oficiales para que los abogados defensores sepan cuándo se remiten sus casos al Tribunal Supremo Popular, cuándo los revisa éste o cómo comunicarse con el juez competente. Un abogado de la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi, contaba que se había enterado indirectamente de que se había llevado su caso a revisión en julio de 2007. Envió entonces un montón de documentos e hizo un seguimiento por teléfono, pero, insatisfecho con la respuesta, viajó a Pekín para comprobar personalmente el proceso. Supo que se había asignado el caso el quinto tribunal, pero se le negó la entrada a éste por no saber qué juez en concreto se ocupaba de él. Lo que hicieron fue enviarlo a la Oficina de Cartas y Peticiones del Tribunal Supremo Popular, situada en otra parte de Pekín, donde se encontró rodeado de gran número de peticionarios con diversos motivos de queja. Se dijo: “Un abogado no tendría que pasar por un proceso de este tipo”.
El artículo indica que muchas personas relacionadas con el mantenimiento del orden público en las provincias no están satisfechas con el proceso de revisión y que para muchos funcionarios locales la aplicación de la pena de muerte es un instrumento esencial de la administración pública y un símbolo de la autoridad del Estado. En particular, varios órganos de seguridad pública continúan vinculando el reconocimiento del mérito y la recompensa a los agentes de policía con la persecución de los delitos por los que se impone la pena de muerte. En el artículo se señala que este tipo de actitudes obstaculizan las iniciativas en favor de la reducción de las condenas de muerte y las ejecuciones.
Aunque acoge con satisfacción el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de gran preocupación que en China continúe negándose el derecho a un juicio justo a las personas que pueden ser condenadas a muerte. No dejan de conocerse nuevos ejemplos de injusticias cometidas en casos de pena de muerte. El 25 de enero de 2008, Hao Jin’an, trabajador migrante afincado en Shanxi, fue puesto en libertad tras pasar casi 10 años en prisión por un delito que no cometió. Había sido declarado culpable de asesinar a un minero del carbón compañero suyo en 1998, pero parece que había confesado el delito porque la policía lo había desnudado y golpeado. Estas palizas le hici