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Amnistía Internacional

Myanmar

Los presos políticos de Myanmar, un legado creciente de injusticia

20 de junio de 2005			Resumen
Índice AI: ASA 16/019/2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA160192005

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que en Myanmar se siga deteniendo y encarcelando a presos de conciencia únicamente por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Estos presos son un legado humano del uso indebido que desde hace tiempo las autoridades hacen del sistema de justicia como instrumento de represión política y como medio para restringir el ejercicio pacífico de los derechos humanos básicos, en vez de protegerlo. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue abusando del sistema de justicia, obstaculizando el funcionamiento del Estado de derecho y el disfrute de las libertades básicas en el país, y de los derechos humanos en general en Myanmar. En la versión en inglés de este documento se incluye una lista de presos conciencia y posibles presos de conciencia.

El presente informe actualiza documentos anteriores en los que se incluía una lista de los presos que eran motivo de preocupación para Amnistía Internacional en diciembre de 2004(1) y abril de 2001,(2) y reitera los motivos de preocupación que desde hace tiempo tiene la organización respecto a la administración de justicia(3) en Myanmar y al trato que reciben más de 1.350 presos condenados por delitos de índole política.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación asimismo que las detenciones y el hostigamiento que sufren miembros y activistas de partidos políticos inscritos oficialmente estén incrementando el número de personas a las que se priva injustamente de su libertad, debido únicamente a sus actividades políticas pacíficas. En 2005, según los informes, las autoridades han amenazado a personas diciendo que si intervienen en política pueden pasar largos periodos en la cárcel. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo no ha puesto en libertad a destacados presos políticos, entre ellos Daw Aung San Suu Kyi, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia (LND), y U Tin Oo, vicepresidente de la misma organización. Ambos están detenidos sin cargos ni juicio desde que, junto con otros miembros de la LND, fueron víctimas de un ataque violento auspiciado por el gobierno el 30 de mayo de 2003(4). Daw Aung San Suu Kyi y U Tin Oo, como muchos otros presos de conciencia encarcelados actualmente, han estado detenidos o encarcelados de manera intermitente por motivos políticos desde 1989. Daw Aung San Suu Kyi, que cumple 60 años el 19 de junio de 2005, habrá pasado el 60 por ciento de su vida desde 1989 bajo arresto domiciliario o sometida a otras formas de detención sin cargos ni juicio.

Amnistía Internacional reitera las peticiones que desde hace tiempo plantean los ciudadanos de Myanmar, otros gobiernos y las Naciones Unidas al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo para que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia. La organización pide asimismo a las autoridades que adopten medidas irrevocables para proteger a largo plazo al sistema de justicia contra abusos futuros poniendo fin a prácticas ilegales como la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes; la detención en régimen de incomunicación; el uso de leyes que restringen en exceso el ejercicio pacífico de derechos; los juicios secretos y la detención administrativa.

Los presos políticos de Myanmar son rehenes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, perpetuando de este modo la situación de punto muerto político que existe en el país desde al menos 1988. Muchos de ellos son ancianos, y muchos padecen problemas de salud física y mental crónicos que han surgido o se han agravado como consecuencia del trato recibido en la cárcel, lo cual contraviene el derecho y las normas internacionales. En muchos casos han sido encarcelados o detenidos en repetidas ocasiones en el transcurso de más de 10 años. El uso continuado de la detención para apartar del proceso político a importantes dirigentes y a las personas que piden su liberación constituye un obstáculo importante para resolver la situación de punto muerto político que vive el país.

Este texto resume el documento titulado Myanmar: Los presos políticos de Myanmar,un creciente legado de injusticia(Índice AI: ASA 16/019/2005), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2005. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://amnesty.org/email/email_updates.html

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Traducción de Editorial de Amnistía Internacional (EDAI ), España

Público

Amnistía Internacional

Myanmar

Los presos políticos de Myanmar, un legado creciente de injusticia

Myanmar

Los presos políticos de Myanmar, un legado creciente de injusticia

I. Introducción

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que en Myanmar se siga deteniendo y encarcelando a presos de conciencia únicamente por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Estos presos son un legado humano del uso indebido que desde hace tiempo las autoridades hacen del sistema de justicia como instrumento de represión política y como medio para restringir el ejercicio pacífico de los derechos humanos básicos, en vez de protegerlo. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue abusando del sistema de justicia, obstaculizando el funcionamiento del Estado de derecho y el disfrute de las libertades básicas en el país, y de los derechos humanos en general en Myanmar. En la versión en inglés de este documento se incluye una lista de presos conciencia y posibles presos de conciencia.

El presente informe actualiza documentos anteriores en los que se incluía una relación de los presos que eran motivo de preocupación para Amnistía Internacional en diciembre de 2004(5) y abril de 2001,(6) y reitera los motivos de preocupación que desde hace tiempo tiene la organización respecto a la administración de justicia(7) en Myanmar y al trato que reciben más de 1.350 presos condenados por delitos de índole política.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación asimismo que las detenciones y el hostigamiento que sufren miembros y activistas de partidos políticos inscritos oficialmente estén incrementando el número de personas a las que se priva injustamente de su libertad, debido únicamente a sus actividades políticas pacíficas. En 2005, según los informes, las autoridades han amenazado a personas diciendo que si intervienen en política pueden pasar largos periodos en la cárcel. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo no ha puesto en libertad a destacados presos políticos, entre ellos Daw Aung San Suu Kyi, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia (LND), y U Tin Oo, vicepresidente de la misma organización. Ambos están detenidos sin cargos ni juicio desde que, junto con otros miembros de la LND, fueron víctimas de un ataque violento auspiciado por el gobierno el 30 de mayo de 2003.(8) Daw Aung San Suu Kyi y U Tin Oo, como muchos otros presos de conciencia encarcelados actualmente, han estado detenidos o encarcelados de manera intermitente por motivos políticos desde 1989. Daw Aung San Suu Kyi, que cumple 60 años el 19 de junio de 2005, habrá pasado el 60 por ciento de su vida desde 1989 bajo arresto domiciliario o sometida a otras formas de detención sin cargos ni juicio.

Amnistía Internacional reitera las peticiones que desde hace tiempo plantean los ciudadanos de Myanmar, otros gobiernos y las Naciones Unidas al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo para que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia. La organización pide asimismo a las autoridades que adopten medidas irrevocables para proteger a largo plazo al sistema de justicia contra abusos futuros poniendo fin a prácticas ilegales como la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes; la detención en régimen de incomunicación; el uso de leyes que restringen en exceso el ejercicio pacífico de derechos; los juicios secretos y la detención administrativa.

Los presos políticos de Myanmar son rehenes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, perpetuando de este modo la situación de punto muerto político que existe en el país desde al menos 1988. Muchos de ellos son ancianos, y muchos padecen problemas de salud física y mental crónicos que han surgido o se han agravado como consecuencia del trato recibido en la cárcel, lo cual contraviene el derecho y las normas internacionales. En muchos casos han sido encarcelados o detenidos en repetidas ocasiones en el trancurso de más de 10 años. El uso continuado de la detención para apartar del proceso político a importantes dirigentes y a las personas que piden su liberación constituye un obstáculo importante para resolver la situación de punto muerto político que vive el país.

II. Información complementaria

Continúa en Myanmar una lucha política enconada y prolongada, mientras el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo intenta hacer frente a problemas fundamentales del país, como el actual estancamiento económico, el deseo de mayor autonomía de las nacionalidades étnicas y la controversia relativa al papel que deben desempeñar en el futuro los partidos políticos legítimos. En 2004 tuvo lugar la destitución del general Khin Nyunt como primer ministro, la posterior remodelación a fondo del gabinete y la nueva convocatoria de la Convención Nacional, establecida para redactar los principios constitucionales.

En 2005 el gobierno ha tenido que hacer frente a nuevos problemas, entre ellos un atentado con bomba en Mandalay en marzo, en el que murieron al menos dos personas, y la explosión de varias bombas de notable potencia en Yangón el 7 de mayo, con la muerte de un número desconocido de civiles. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha acusado a tres miembros de la nacionalidad étnica karen de hacer estallar las bombas, entre especulaciones generalizadas acerca de qué organización fue la responsable de los atentados.

En 2005 han continuado las detenciones y los juicios políticos. Al menos 10 políticos de la nacionalidad étnica shan fueron detenidos en febrero de 2005, y varios miembros de la Liga Nacional para la Democracia han sido condenados a prisión. Un grupo shan que había declarado el cese de hostilidades reanudó la lucha armada, y sigue sin haber acuerdo para el cese de las hostilidades entre la Unión Nacional Karen (grupo armado karen que lucha por la autonomía desde hace más de 50 años) y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. La Convención Nacional, que se convocó en febrero y suspendió sus sesiones a finales de marzo, debe reunirse de nuevo en noviembre. No se sabe con certeza todavía qué grado de autonomía recibirán del gobierno las muchas nacionalidades étnicas que participan en la Convención.

Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la ausencia del debido proceso en los juicios políticos que se celebran en Myanmar y por el abuso del sistema de justicia para silenciar la disidencia política pacífica. Las detenciones se llevan a cabo generalmente sin orden judicial y los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación y sufren tortura o malos tratos mientras están en detención preventiva. Se han impuesto condenas en juicios que distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales y en los que se ha negado a los encausados el derecho a representación letrada o a la asistencia de un abogado de su elección. Las autoridades han utilizado en los juicios confesiones obtenidas bajo tortura. Las condiciones penitenciarias siguen siendo deficientes, y se niega a los presos una dieta adecuada y el tratamiento médico necesario.

Las autoridades han justificado el encarcelamiento de cientos de estudiantes, políticos, médicos, abogados, amas de casa, agricultores y otras personas aduciendo que intentaban causar "disturbios", y los han condenado en virtud de la legislación de seguridad. Estas detenciones han sido posibles gracias a leyes de seguridad de redacción imprecisa, que permiten una interpretación excesivamente amplia por parte de las autoridades de qué constituye una amenaza para la seguridad, y a disposiciones legales que tipifican como delito la distribución de toda información escrita –tanto si se publica como si no– sin la autorización del censor oficial. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que la Ley de Registro de Imprentas y Editoriales de 1962; la Ley de Asociaciones Ilegales; la Ley sobre Disposiciones de Excepción, de 1950; y la Ley de Protección del Estado, de 1975, que se han usado para encarcelar a muchos presos políticos, someten los derechos y las libertades a restricciones mucho mayores de lo necesario para satisfacer las exigencias de la seguridad nacional, el orden público o la moralidad.

Se ha sancionado a personas por actos simbólicos pacíficos de disidencia política pública, como celebrar manifestaciones individuales para pedir la excarcelación de presos políticos, entre ellos Daw Aung San Suu Kyi, o quejarse de medidas arbitrarias adoptadas por autoridades gubernamentales de ámbito central o local. Se ha sancionado también a personas por pedir diálogo político, o por tratar de difundir información con opiniones políticas no coincidentes con las del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, como críticas de sus propuestas de diálogo político. Monjes que, según los informes, no aceptaron limosnas de funcionarios estatales también han sido condenados a largas penas de cárcel, y se ha sancionado a estudiantes por tratar de crear sindicatos estudiantiles.

Entre los principios básicos del derecho y las normas internacionales relativos a la libertad de expresión y opinión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, figura "el no ser molestado a causa de sus opiniones, el [derecho] de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". El artículo 19(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que el ejercicio de este derecho

entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Las autoridades han ido mucho más allá de lo que cabe interpretar razonablemente como necesario para proteger la seguridad nacional, el orden público o la moralidad al encarcelar a presos políticos. Las autoridades han condenado a algunas personas a largas penas de prisión por considerar incorrecta, y por tanto merecedora de castigo, la información facilitada por los encausados en relación con violaciones de derechos humanos, incluidas la incontrovertible práctica de la tortura contra presos políticos y las deficientes condiciones en las que han estado recluidos. Los tribunales han dictado sentencia basándose en que las autoridades consideraban que las opiniones expresadas por los encausados en poemas o artículos eran también incorrectas, y en la consideración no probada por parte de las autoridades de que los encausados sabían que esas opiniones eran incorrectas. También han afirmado en varios casos que estas opiniones eran subversivas y causarían disturbios. U Win Htein, ex consultor empresarial y oficial militar de alta graduación, además de destacado asesor de Daw Aung San Suu Kyi, también ha pasado la mayor parte de su vida en la cárcel desde 1989. Estuvo en libertad durante un año entre 1995 y 1996. Las autoridades afirmaron que había concertado una entrevista de un ex preso político con un corresponsal de la Australian Broadcasting Corporation para hablar del uso de la tortura en las prisiones de Myanmar, y sostuvieron que esa información era falsa y que, en consecuencia, U Win Htein había cometido un delito. Del mismo modo, un importante asesor de la LND, que está encarcelado desde 1989, U Win Tin, de 75 años de edad, los estudiantes Phyo Min Theiny Kyaw Min Yu, el parlamentario electo de la LND Zaw Myint Maung y otros fueron condenados mientras cumplían penas de prisión por difundir información tomada de publicaciones y programas informativos extranjeros, por reunir información sobre violaciones de derechos humanos en las cárceles y por haber escrito poemas y artículos en prisión. Las autoridades afirmaron que la British Broadcasting Corporation (BBC) y la Democratic Voice of Burma (DVB) "emiten noticias falsas sobre Birmania" y que los presos sabían que esa información era falsa, y por consiguiente podían ser condenados por cometer un delito. También ha habido informes de que los miembros del grupo han escrito y distribuido clandestinamente en prisión revistas con poemas, dibujos humorísticos y artículos en los que expresaban sus opiniones políticas. En esa época no se permitía a los presos el acceso a material de lectura y escritura. Las autoridades afirmaron que las revistas tenían también como objetivo "presentar información inexacta", y que los reclusos sabían que la información era falsa.

Amnistía Internacional ha reunido información sobre la situación de los presos políticos en Myanmar procedente de diversas fuentes: particulares, miembros de partidos políticos, medios de comunicación oficiales y de oposición y visitas a Myanmar y países vecinos. A excepción de las informaciones de prensa, Amnistía Internacional ha omitido los detalles que permitan la identificación de las fuentes –tanto individuos como organizaciones– para garantizar su seguridad.

III. Tortura y trato cruel, inhumano y degradante

Tortura en las prisiones

Las normas internacionales prohíben el uso de castigos corporales, grilletes y otros dispositivos de inmovilización y la reclusión en celdas oscuras como castigo contra detenidos y presos. Esta clase de castigos viola la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos), que es una regla del derecho consuetudinario internacional vinculante para todos los Estados. Tales castigos están prohibidos explícitamente asimismo por las reglas 31 y 33 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. No obstante, las autoridades de Myanmar han seguido utilizando a menudo estos métodos contra los presos. Se han utilizado en particular contra personas que han protestado por sus condiciones de detención, incluso mediante huelgas de hambre. Aunque las autoridades han dejado claro que el uso de presos para castigar a otros presos está prohibido en Myanmar, parece ser que siguen utilizando a presos comunes para golpear a otros reclusos, incluidos los presos políticos.

Presos que han protestado durante 2005 han sufrido tortura y malos tratos como castigo. Según los informes, U Shwe Maung, orfebre, encarcelado durante tres años por hacer una réplica de un sombrero de campesino, símbolo de la LND, ha sido castigado por las autoridades de la prisión de Mandalay en varias ocasiones desde enero de 2005 por quejarse de la calidad de la comida en la prisión, pedir que se cumpla la fecha prevista para su excarcelación y negarse a adoptar la postura pounzan(en cuclillas con las manos cerradas sobre las rodillas) cuando así se lo ordenan las autoridades de la prisión. U Shwe Maung ha estado recluido en una celda de confinamiento a oscuras entre enero y al menos abril de 2005, ha sido golpeado –y herido– mientras estaba sujeto con grilletes y se le han denegado las visitas de familiares. Un familiar entrevistado por Democratic Voice of Burma en abril de 2005 cuenta: "Lo sacaron a rastras de su celda y lo desnudaron. Le cubrieron la cabeza con una capucha negra y lo golpearon brutalmente. El grupo lo golpeó con gran dureza. También le propinaron rodillazos en el pecho. Y los funcionarios de la prisión también le dieron patadas estando calzados. Actualmente siempre está esposado".(9)

Otros presos políticos que pueden haber sufrido un trato semejante en la prisión de Mandalay, división de Mandalay, en abril de 2005 son Kyaw Nyunt, miembro del Partido Democrático para una Nueva Sociedad, que padece problemas en la columna vertebral y de audición y fue condenado a un máximo de 20 años de cárcel por manifestarse en favor de convocar el Parlamento en 1998; Maung Maung Myaty Myo Min Zaw, estudiante, que cumple una condena de 52 años de prisión por organizar manifestaciones estudiantiles en 1998. Según los informes, fueron recluidos en régimen de aislamiento en celdas sin luz como castigo por quejarse de que la comida de la cárcel estaba podrida.

Se cree que al menos 22 presos políticos han sufrido tortura y malos tratos después de que algunos de ellos participaran en una huelga de hambre en la prisión de Insein el 28 de abril de 2005. Según los informes, poco antes de la huelga de hambre las autoridades de la prisión golpearon aZaw Min Oohasta que perdió el conocimiento, según los informes por no mostrarse respetuoso respeto con las autoridades carcelarias. Este grupo de reclusos protestaba contra la decisión de las autoridades de la prisión de obligar a los presos políticos a compartir las celdas con reclusos condenados por delitos comunes, que según los informes los maltrataban. Al menos dos participantes en la huelga de hambre fueron recluidos en celdas de castigo especiales construidas originalmente como casetas para perros del ejército y golpeados duramente por las autoridades. Según los informes, los presos políticos Aye Lwin, Han Win Aung, Kyaw Kyaw, Kyaw Moe, Kyaw Naing, Lwin Ko Latt, Myo Khin, Myo Win, Hla Moe, Htun Yin, U Naing Naing(parlamentario electo de la LND), Myint Htay(constructor), Nanda Sit Aung, Nan Shin Mon(estudiante), Ohn Than, U Rajadamma(monje), Zaw Min Oo, Myint Ye, Ne Kyaw, Myint Naing, Soe Han(abogado) y otro monje cuyo nombre desconoce Amnistía Internacional participaron en la huelga de hambre y fueron castigados.

Según los informes, funcionarios de la prisión de Tharawaddy amenazaron en mayo de 2005 a los presos políticos de ese centro con golpearlos brutalmente, incluso hasta la muerte, si llevaban a cabo actividades consideradas "de desobediencia". Las amenazas se basaban, según los informes, en una orden de las autoridades del gobierno central recibida por los funcionarios de la prisión. Entre los reclusos amenazados con sufrir palizas si se expresaban en contra de las condiciones de la prisión figura Saw Ne Dun, de más de 80 años de edad, dirigente de la LND de etnia karen y preso político, que está encarcelado desde 1991.

Las autoridades parecen haber adoptado medidas de castigo contra los presos que participaron en la huelga de hambre de la prisión de Insein, trasladándolos a cárceles lejanas. Es una práctica habitual que los reclusos que son trasladados por motivos disciplinarios a otra prisión sean golpeados a su llegada y sufran otros malos tratos. Según los informes, al menos cuatro personas que participaron en la huelga de hambre de abril de 2005 en la prisión de Insein fueron trasladadas a otras cárceles, en las que pueden haber sido golpeadas y torturadas como castigo adicional. Myint Ye, Ne Kyaw, Myint Naingy U Soe Han, abogado y asesor jurídico de la LND, han sido trasladados, según los informes, a otras cárceles de Myanmar, entre ellas la prisión de Thayet, situada a 550 kilómetros de Yangón y a más de 10 horas de viaje por carretera, en relación con la huelga de hambre. Según los informes, el régimen de la prisión de Thayet es severo.

Tortura y malos tratos en detención preventiva y en las prisiones

Amnistía Internacional ha documentado el uso omnipresente y sistemático de la tortura por parte de las autoridades durante el periodo de detención preventiva, y considera que esta práctica continúa.(10)

Se han recibido numerosos informes según los cuales las personas sometidas a interrogatorio durante el periodo de detención preventiva siguen sufriendo tortura y malos tratos. Miembros del Servicio de Información Militar y compañeros de Khin Nyunt que estaban detenidos han sufrido, según los informes, palizas y privación de alimentos, les han afeitado la cabeza y los han sujetado con grilletes. Según los informes, se ha privado del sueño a activistas políticos que han permanecido detenidos para ser interrogados durante periodos breves, y en algunos casos han recibido insultos de las autoridades.

Según los informes, los médicos han encontrado lesiones que pueden haber causadas por tortura en el cuerpo de Ko Aung Hlaing Win, miembro de la LND que fue detenido el 1 de mayo de 2005 y, según los informes, murió mientras estaba bajo custodia el 7 de mayo de 2005.

Muertes bajo custodia y en detención preventiva

Desde enero de 2005 se han recibido informes de al menos tres muertes bajo custodia de personas que estaban en detención preventiva y murieron en circunstancias sospechosas. Corresponde al Estado la responsabilidad de abrir investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre la causa de una muerte en circunstancias sospechosas. Los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de la ONU, afirman que, cuando los procedimientos de investigación establecidos sean inadecuados, tales investigaciones serán efectuadas mediante una comisión independiente u otro procedimiento análogo. La investigación incluirá una autopsia adecuada, se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales, se recogerán las declaraciones de los testigos y se harán públicas las conclusiones. Los cuerpos de las personas fallecidas se devolverán a sus familiares para su enterramiento. No se sabe si se ha llevado a cabo alguna investigación de esta clase sobre estas cuatro presuntas muertes, pero a tenor de los informes según los cuales los funcionarios incineraron tres de los cuatro cadáveres sin que estuvieran presentes sus familiares, parece improbable.

En enero de 2005 se recibieron informes según los cuales al menos un funcionario del Servicio de Información Militar, el general de brigada Myint Aung Zaw, compañero del ex primer ministro Khin Nyunt, murió a finales de 2004 mientras estaba detenido y fue incinerado en secreto. Fuentes no oficiales han afirmado que falleció como consecuencia de tortura o de suicidio. En enero de 2005, U Toe Paing, agente de control de fronteras en el norte del estado de Shan, detenido en el contexto de la campaña contra el ex primer ministro Khin Nyunt, murió mientras estaba recluido en la prisión de Putao, en el norte del estado de Kachin, según los informes, por causas desconocidas, entre las cuales podrían figurar la tortura. El 1 de mayo de 2005, un miembro de las Juventudes de la LND, Ko Aung Hlaing Win, de 30 años de edad, casado y con un hijo, fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil. Diez días después, según los informes, el jefe de un centro de interrogatorio visitó a miembros de su familia en el municipio de Hlaing, Yangón, y les informó de que Ko Aung Hlaing Win había muerto de un ataque cardiaco durante los interrogatorios el 7 de mayo de 2005, y que ya había sido incinerado. Según los informes, el funcionario ofreció a los familiares 100.000 kyat como indemnización, pero la familia no los aceptó.

Condiciones de detención

Los presos pueden verse aquejados de numerosos problemas de salud relacionados con la detención, que han sido causados o agravados por el trato recibido mientras están recluidos. La asistencia médica en el interior de las cárceles es deplorablemente insuficiente, y algunas de ellas carecen de personal médico cualificado en número adecuado, sobre todo las prisiones de Myaungmya, Sittway y Myingyan. Muchos centros penitenciarios no pueden dispensar tratamiento médico especializado, y cuando los médicos de la cárcel recomiendan este tipo de tratamiento, en algunos casos las autoridades penitenciarias se demoran en dar su consentimiento o lo deniegan. La dieta de los reclusos es sumamente deficiente, por lo que dependen de sus familias para recibir complementos de alimentos frescos. Los presos que quedan en libertad informan a menudo de que la dieta que suministra la prisión no es suficiente para sobrevivir. Muchos reclusos necesitan tratamiento médico al ser excarcelados. La malaria es endémica en la prisión de Kalay, división de Sagaing, y también se ha informado de su existencia en la prisión de Thayet. Son habituales las dolencias cardiacas, las enfermedades mentales, la hipertensión y los trastornos relacionados con la desnutrición, incluida la neuropatía periférica.

0 Los reclusos que cumplen largas penas de prisión, y que en muchos casos no tienen acceso frecuente a sus familias, sufren problemas de salud como consecuencia de la desnutrición, y en particular falta de vitaminas y proteínas. En un reducido número de prisiones se permitía a los presos cultivar verduras para complementar su dieta, pero no se sabe con certeza si ese derecho ha sido suprimido ya.

Por ejemplo, Amnistía Internacional considera especial motivo de preocupación el estado de salud de Than Nyein, de 67 años de edad, doctor en medicina, que padece cirrosis hepática, dolencias cardiacas, hipertensión y cálculos renales. Las autoridades lo mantienen recluido después de haber cumplido su condena en virtud de la ley de detención administrativa; lo han trasladado reiteradamente a prisiones en las que el tratamiento médico es peor, y no han seguido las recomendaciones de los médicos penitenciarios de que reciba tratamiento médico especializado. Al parecer, ha sido castigado con el traslado a diferentes prisiones después de que en septiembre de 2004, y a pesar de su precaria salud, se puso en huelga de hambre como protesta por seguir encarcelado. Según los informes, Than Nyein dijo a un familiar: "Es una tortura inhumana prorrogar el encarcelamiento por la Ley 10.a de una persona cuya salud se deteriora y que ya ha cumplido su condena. No quiero que me maten las autoridades sino yo mismo. Por eso he decidido hacer una huelga de hambre aunque no estoy en buena forma".(11) Desde entonces las autoridades lo han trasladado de cárcel en cuatro ocasiones. Tras el primer traslado, poco después de iniciar la huelga de hambre, tuvo que ser llevado de nuevo a Yangón para recibir tratamiento hospitalario, pues su salud se había deteriorado mucho. Las autoridades lo trasladaron por segunda vez, poco antes de la fecha en que tenía previsto hacer una nueva huelga de hambre, a una prisión situada a 241 kilómetros de Yangón, donde reside su familia. Según los informes, el tratamiento médico especializado que necesita no está disponible en la prisión de Pyay, en la que está recluido desde enero. Un médico penitenciario recomendó a finales de 2004 que recibiera tratamiento médico especializado, pero según los informes las autoridades no se lo proporcionaron. Según los informes, otro médico penitenciario recomendó a mediados de febrero de 2005 el traslado de Than Nyein a Yangón para que recibiera tratamiento médico especializado. Al margen de la negligencia médica, el hecho de que Than Nyein continúe recluido constituye una violación flagrante de su derecho a la libertad. Amnistía Internacional pide a las autoridades que pongan en libertad de inmediato al Dr. Than Nyein y lo indemnicen por su reclusión ilegal.

Phyo Min Thein, estudiante que fue detenido en 1991 por manifestarse en apoyo de la dirigente de la LND Daw Aung San Suu Kyi cuando fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y que está recluido actualmente en la prisión de Insein, sufre desnutrición y problemas cardiacos, según los informes. A él y a otros reclusos, entre ellos Kyaw Min Yu, que está encarcelado desde 1989 y también padece desnutrición y problemas gástricos, se les impuso una segunda condena de prisión. Fueron sancionados por escribir poemas, distribuir entre los presos informes de emisiones extranjeras e intentar comunicar información sobre violaciones de derechos humanos a las Naciones Unidas. Según los informes,Nay Tin Myint, estudiante de zoología de 37 años de edad que fue detenido en 1993 y cumple una condena de 20 años en la prisión de Myingyan por posesión de ejemplares de revistas producidas por grupos en el exilio, no puede caminar como consecuencia de la desnutrición. Zaw Myint Maung, de 54 años de edad, parlamentario electo de la LND y poeta, que está encarcelado desde 1990 y cumple una condena de 17 años, tiene problemas de presión arterial.

Según los informes, muchos presos han sufrido enfermedades mentales, entre ellas depresión y esquizofrenia, y no reciben tratamiento médico especializado para esos problemas. Nay Lin Soe, estudiante de Yangón detenido en febrero de 1998 por participar en campañas por la mejora de la educación en Myanmar, presentaba síntomas de enfermedad mental, según informes facilitados por sus familiares. Thet Naung Soe, estudiante condenado en 2002 a 14 años de prisión por una manifestación pacífica individual, y Thet Win Aung, también estudiante, encarcelado desde 1989, presentan síntomas de depresión, según los informes.

Muchos reclusos tienen más de 65 años y sufren enfermedades comunes relacionadas con la edad, como hipertensión y dolencias cardiacas. Entre ellos figura el destacado periodista U Win Tin, que padece una dolencia cardiaca y espondilitis, y que desde que fue encarcelado ha estado ingresado en repetidas ocasiones en el hospital penitenciario. Su salud se ha resentido por el trato recibido en la cárcel, donde le han negado alimentos y agua durante ciertos periodos y lo han obligado a dormir durante periodos prolongados en una celda construida como caseta para perros militares, sin ropa de cama.

Las autoridades de Myanmar tienen el deber, en virtud de las normas del derecho consuetudinario internacional, que son vinculantes para todos los Estados, de tratar humanamente a detenidos y presos, de suministrar a los reclusos alimentos de valor nutritivo adecuado para la salud y la fortaleza física y de proporcionar los servicios de funcionarios médicos cualificados dentro de las instalaciones y trasladar a los presos y detenidos que necesiten tratamiento especializado a instituciones especializadas o a hospitales civiles. Amnistía Internacional considera motivo de profunda preocupación el hecho de que las autoridades no cumplan plenamente, en unas ocasiones por negligencia y en otras deliberadamente, sus obligaciones internacionales en este sentido.

Otros presos que son motivo de preocupación

Muchos presos que fueron detenidos pos su pertenencia a grupos armados de oposición en la década de 1980 continúan encarcelados, en algunos casos después de haber cumplido sus condenas. Hay al menos 37 miembros de la Unión Nacional Karen(12) que fueron detenidos entre 1983 y 1986. Según los informes, al menos 19 miembros del Partido Comunista de Arakan(13) están encarcelados desde 1986, y algunos de ellos deberían haber sido excarcelados. Según algunos ex presos, los miembros de estos grupos tienen menos probabilidades de recibir visitas regulares de su familia, y en consecuencia menos alimentos para complementar su dieta carcelaria, por lo que es más probable que sufran problemas de salud y trastornos relacionados con la desnutrición. Según los informes, muchos padecen problemas de salud, como Saw Benson, miembro de la Unión Nacional Karen, encarcelado desde 1984 y que desde su ingreso en prisión ha recibido un tratamiento médico deficiente. Tiene 74 años y en un principio fue condenado a muerte, pena que se le conmutó por la de 25 años de prisión con ocasión de una amnistía en 1989. Según los informes, Khaing Soe, de unos 40 años de edad, miembro del Partido Comunista de Arakan, sufre hipertensión grave, y recibió muy malos tratos durante los interrogatorios después de su detención en 1984.

Material de lectura y escritura

Durante muchos años se negó a los reclusos el acceso a material de lectura y escritura. Un ex preso de conciencia y propietario de una librería que fue excarcelado el 3 de enero de 2005, después de más de 13 años en la cárcel, describió sus intentos de leer en prisión:

En aquella época yo tenía un inmenso deseo de leer. Éramos cinco en una celta entonces. Yo no sé fumar como otras personas. Daba chupadas a los restos de los cigarros de otros y después los metía en agua, pegaba las envolturas de papel en la pared y leía las palabras que había escritas en ellas. En cuanto a los libros, no nos podían ver ni rastro de ellos. Se consideraba un delito leer los periódicos que usaban las visitas para envolver los paquetes que nos entregaban. El castigo era no dejarnos ir a los aseos ni ducharnos. Era terrible. Cortaban todo lo que estuviera relacionado con la literatura.(14)

A principios de 1996, las autoridades sancionaron a un grupo de presos incrementando sus años de prisión por organizar una red clandestina para la distribución de revistas, poemas e información manuscritos de las publicaciones extranjeras Timey Newsweeky de emisoras de radio que emitían desde otros países, como Democratic Voice of Burma y BBC.

Aunque las autoridades han permitido en años recientes que los reclusos lean libros religiosos y revistas oficiales, las autoridades penitenciarias retiran periódicamente estos derechos, según los informes dependiendo de la situación política. En mayo de 2005 se recibieron informes según los cuales las autoridades habían retirado el acceso al material de lectura a los reclusos de la prisión de Tharawaddy y a los de la prisión de Insein que habían participado en una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de reclusión.

Las normas internacionales estipulan que los reclusos "deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes", por ejemplo "por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales" y que cada establecimiento penitenciario "deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible".

IV. JUICIOS

Detención en régimen de incomunicación

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que "la prolongación de la detención en situación de incomunicación puede facilitar la perpetración de actos de tortura y constituye en sí una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura".(15) El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que deben adoptarse disposiciones contra el uso de la detención en régimen de incomunicación,(16) y el Comité contra la Tortura ha pedido su eliminación en reiteradas ocasiones.(17) El relator especial de las naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, reconociendo que "la tortura se practica con mayor frecuencia durante la incomunicación", ha pedido también que esa clase de detención se declare ilegal.(18)

Durante algún tiempo ha sido práctica habitual en Myanmar negar a los detenidos el acceso al mundo exterior durante bastante tiempo después de la detención, y en algunos casos hasta que se conociera su sentencia. Detenciones recientes han permitido comprobar con claridad que esta práctica sigue vigente. A un familiar de un activista político que solicitó a las autoridades penitenciarias ver al miembro de su familia detenido, tras varios meses de negársele el acceso a él en 2005, se le dijo que esto era imposible, pues las autoridades superiores no habían cursado órdenes al respecto. Según los informes, no se ha permitido el acceso de U Ba Myinty cuatro dirigentes de la LND de la división de Yangón, que fueron detenidos en diciembre de 2004, a sus familiares y abogados. Según informes, miembros del equipo jurídico de la LND se quejaron en enero de 2005 de que deseaban ofrecer asistencia jurídica al grupo, pero que su labor se vio entorpecida, ya que no conseguían determinar su paradero. A políticos shan detenidos en febrero de 2005 se les ha negado el acceso a sus familiares. Éste es también el caso de muchos detenidos del Servicio de Información Militar y compañeros del ex primer ministro Khin Nyunt que están recluidos en la prisión de Insein desde su detención en octubre de 2005.

¿Inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad?

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue convocando conferencias de prensa, antes o después de practicar detenciones políticas, en las que se dan los nombres de las personas detenidas que, según informes, han participado en actividades antigubernamentales. Con esta práctica, declaran culpables a las personas que se nombran antes de que se presenten cargos en su contra y se las juzgue. Esta actitud sigue prejuzgando el derecho de los encausados a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, lo cual es un principio fundamental para la celebración de juicios con garantías, consagrado en el artículo 11 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una norma del derecho consuetudinario internacional vinculante para todos los Estados. Los funcionarios públicos no deben ir más allá de declaraciones objetivas cuando informen a la opinión pública sobre investigaciones criminales, y no deben afirmar que las personas detenidas son culpables.

En marzo y abril de 2005, las autoridades convocaron conferencias de prensa en las que acusaron a destacados políticos shan, que según los informes están siendo enjuiciados, de hacer pública una declaración después de celebrar una reunión política en el Día Nacional Shan, en febrero de 2005, en la que afirmaban que estaban dando el "primer paso para formar el destino propio [del Estado shan]".(19) Las autoridades calificaron el debate político de "perjudicial"(20) para sus objetivos de defender las "tres causas nacionales principales: la no disgregación de la unión, la no desintegración de la solidaridad nacional y la perpetuación de la soberanía"(21), y afirmaron que llevaría a la desintegración de la unión. En conferencias de prensa posteriores, en abril y de nuevo en mayo de 2005, funcionarios gubernamentales afirmaron que el Ejército del Estado de Shan-Sur(22), la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia(23) y el Consejo Asesor de Intelectuales del Estado de Shan planeaban "formar una unión nominal y después separarse de la Unión",(24) y que habían alentado a grupos armados de oposición a debatir cuestiones relacionadas con la importancia de la próxima Convención Nacional, a la que tenían previsto asistir. El 22 de abril de 2005, las autoridades afirmaron que habían "puesto al descubierto sus conspiraciones y protegido a la Unión de la desintegración a tiempo".(25)

Denegación de abogado o del derecho a un abogado elegido por el preso

En la actualidad los detenidos no tienen acceso o tienen un acceso limitado a asistencia letrada o a los medios necesarios para preparar su defensa durante los procedimientos previos al juicio (incluso durante los interrogatorios bajo custodia policial, las entrevistas con el fiscal y durante las vistas previas al juicio).

El derecho a representación letrada, que incluye el derecho a un abogado de propia elección, es uno de los pilares de las normas internacionales relativas a juicios con garantías. El acceso sin dilación a un abogado después de la detención y el acceso regular después de ésta ofrece a los detenidos oportunidades adecuadas para asegurar la preparación de su defensa y es una salvaguardia contra la tortura y los malos tratos. En este contexto, el relator especial de las naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha determinado que "las disposiciones legales deberán garantizar que los detenidos reciban asesoramiento jurídico en el plazo de 24 horas desde la detención".(26)

Este derecho se ignora con frecuencia para los presos políticos de Myanmar desde hace más de 10 años. Presos que han sido excarcelados han informado de que en el pasado solicitaron asistencia letrada a las autoridades penitenciarias, que les negaron este derecho y que, cuando lo reclamaron ante un tribunal, el juez les ordenó que lo pidieran a las autoridades penitenciarias. Las autoridades han concedido a algunas de las personas detenidas recientemente el acceso a representación letrada de su elección. Sin embargo, cuando se concede el derecho a representación letrada, las autoridades impiden a los abogados acceder a la información sobre los procedimientos. Dado que muchos juicios no se celebran en audiencia pública, puede resultar difícil obtener información sobre las fechas de celebración. Según los informes, un miembro del equipo jurídico de la LNDdescribió así la situación:

No suelen anunciar los pormenores del juicio, tenemos que averiguarlos por nuestra cuenta. Aunque los detenidos estén en la cárcel de Insein, se concede a un tribunal municipal la jurisdicción para llevar a cabo el juicio, que suele celebrarse en el tribunal en el interior de la cárcel de Insein. Ésta es la norma, y si no disponemos de los detalles no podemos entrar en el tribunal. En primer lugar tenemos que averiguar datos sobre el tribunal, como la fecha y la hora, y sólo entonces ponemos planear nuestra defensa. Hay que superar muchas dificultades para hacerse cargo de un caso.(27)

Según los informes, las autoridades siguen cambiando las fechas de los juicios con escasa antelación, sin informar del cambio a los abogados defensores.

Respondiendo a preguntas de los periodistas acerca de la denegación por parte de las autoridades del derecho a asistencia letrada del parlamentario electo de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia, U Khun Tun Oo, y de otras personas detenidas con él en febrero de 2005, las autoridades hicieron hincapié en que "el gobierno está tomando medidas para que el acusado disfrute de sus derechos de conformidad con la ley", y afirmaron además que "hay fotografías documentales de U Khun Tun Oo hablando con sus dos abogados el 1 de marzo de 2005. [...] Se le permitió hablar con ellos a discreción".(28) Las autoridades han denegado a Khun Tun Oo y otras personas detenidas con él el acceso a sus familiares. Tampoco han podido elegir a sus abogados, sino que han tenido abogados designados por el gobierno, de los que según los informes no están satisfechos. Las autoridades han replicado que sólo se puede designar a un abogado previa autorización del encausado, no de sus familiares. Sin embargo, si, como ha sucedido en el caso de los dirigentes de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia y de otros dirigentes shan detenidos en febrero de 2005, los detenidos no tienen acceso a sus familiares ni a otras personas del mundo exterior no elegidas por las autoridades, no tendrían medio de conocer ofertas alternativas de asistencia jurídica.

Según los informes, las autoridades comunicaron a los familiares de U Kyaw Min, parlamentario electo del Partido Nacional Democrático por los Derechos Humanos y miembro del Comité de Representación del Parlamento Popular, que podrían contratar a un abogado para representar a la esposa y la hija de U Kyaw Min, que fueron detenidas el 5 de mayo de 2005. U Kyaw Min está recluido desde el 17 de marzo de 2005, sin cargos y sin que se le permita el acceso a sus familiares. Un abogado del equipo de asistencia jurídica de la LND con el que se contactó para que representara a los acusados intentó, según los informes, entrevistarse con los detenidos en la prisión de Insein el 20 de mayo de 2005, donde, según le habían dicho, estaba previsto que U Kyaw Min, su esposa y su hija comparecieran ante un tribunal. Según los informes, el abogado declaró: "No nos dejaron entrar en el recinto penitenciario. […] Les dijimos que habíamos ido porque nos habían dicho que U Kyaw Min debía comparecer hoy ante un tribunal. No dijeron si esto era cierto o no. Les dije que quería representar a U Kyaw Min. Nos dijeron que esperásemos y a las tres de la tarde nos dijeron que nos fuéramos a casa".(29)

V. DETENCIONES EN CURSO

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que continúen las detenciones y el hostigamiento de miembros de partidos políticos registrados y de activistas, debido únicamente a sus actividades políticas pacíficas. En 2005, según los informes, las autoridades han amenazado a algunas personas con la posibilidad de mantenerlas largos periodos en la cárcel si intervienen en política. En febrero y marzo de 2005 se detuvo a más parlamentarios electos que desde mayo de 2003. Tres parlamentarios electos fueron condenados a penas de prisión en 2005, y al parecer dos están siendo enjuiciados cuando se redacta este documento.

Poco antes de la fecha prevista para la nueva convocatoria de la Convención Nacional(30) a principios de febrero de 2005, al menos 10 activistas políticos fueron detenidos por participar en una reunión política de altos representantes de la nacionalidad étnica shan el Día Nacional Shan, 7 de febrero de 2005. La reunión fue organizada por el partido político Juventudes Shan de la Nueva Generación, y contó con la asistencia de representantes políticos. Entre los detenidos figuraban Khun Htun Oo, presidente y parlamentario electo de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia y miembro del Comité de Representación del Parlamento Popular;(31) Sai Nyunt Lwin, secretario general del partido; Sai Hla Aung, miembro del Comité Central de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia; Sao KyarOo, miembro de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia; el general Hso Ten, presidente del Consejo por la Paz del Estado Shan(32) y la Liga de Nacionalidades Unidas para la Democracia(33); U Myint Than, Sai Myo Win Tun, y Sai Nay Moe, miembros de las Juventudes Shan de la Nueva Generación, y U Shwe Ohn,(34) de 82 años de edad, escritor y abogado. Las autoridades han justificado la detención de esas personas aduciendo que intentaban debatir una posición común entre representantes políticos de miembros de partidos políticos de nacionalidades étnicas, y acordar principios para el futuro político del Estado Shan. Después de las detenciones, el Consejo por la Paz del Estado Shan, que era uno de los grupos que tenían previsto asistir a la reunión, retiró a sus delegados. Cuando se redacta el presente documento, al parecer los miembros del grupo siguen procesados, a excepción de U Shwe Ohn, que está bajo arresto domiciliario. Amnistía Internacional teme que puedan haber sido detenidos únicamente por participar en un debate de carácter político. Además, a la organización le preocupa que los procedimientos judiciales seguidos durante su detención y juicio no han cumplido las normas internacionales sobre juicios con garantías.

Las detenciones de miembros de la LND han continuado también en 2005. Las oficinas de la LND, a excepción de la sede central, permanecen cerradas desde el ataque del 30 de mayo de 2003 contra miembros y simpatizantes del partido. Las autoridades han tomado medidas en el pasado para disuadir a la gente de participar en las actividades de este partido político, como amenazar a funcionarios con despedirlos si no renunciaban; organizar concentraciones patrocinadas por el Estado contra parlamentarios electos de la LND en su circunscripción; procesar selectivamente a miembros de la LND a causa de sus actividades políticas, o por cargos penales falsos, y amenazar a funcionarios con el desalojo de locales de propiedad estatal. Un funcionario diplomático de la embajada de Myanmar en Washington que renunció a su cargo y solicitó asilo en Estados Unidos afirmó en abril de 2005: "Los actuales dirigentes del Estado ordenaron la total ‘liquidación/destrucción’ de Daw Aung San Suu Kyi y los miembros de su equipo en ‘Dipeyin’ en mayo de 2003. [...] También recibí información fidedigna de que se impartieron instrucciones para aplastar totalmente a las familias de miembros de la LND en 2006",(35) lo cual suscita la preocupación de que las autoridades intensificarán el hostigamiento y el encarcelamiento de activistas políticos de oposición, que ya alcanzan un nivel elevado.

Un mínimo de 11 de los al menos 26 miembros de la Liga Nacional para la Democracia que están detenidos desde diciembre de 2004 continúan detenidos o encarcelados, entre ellos tres parlamentarios de los estados de Shan y Rajine y de la división de Sagaing, que han sido condenados a penas de entre 7 y 14 años de prisión. Tun Lin Kyaw, miembro de la LND del municipio de Sanchaung en Yangón, fue condenado a finales de febrero de 2005 a siete años de prisión por llevar a cabo una manifestación individual pacífica ante el ayuntamiento de Yangón. Según los informes, pidió la liberación de Daw Aung San Suu Kyi el 14 de diciembre de 2004, y al parecer había sido su guardaespaldas personal. No se tiene constancia de que cinco miembros de la LND de Yangón que fueron detenidos el 19 de diciembre de 2004 por motivos desconocidos, U Ba Myint, U Ba Tint, Ko Khin Kyaw, Aung Myo Sany Thet Naing, hayan podido comunicarse con sus familiares desde su detención. Según los informes, Bo Kyiy Pe Tin, miembro del comité de organización de la LND y secretario de la delegación local de este partido político en Shwegyin, respectivamente, fueron detenidos a mediados de mayo de 2005 y condenados a finales del mismo mes a siete años de cárcel por distribuir discursos de Aung San, uno de los artífices de la independencia de Myanmar y padre de la dirigente encarcelada de la LND Daw Aung San Suu Kyi. Los folletos habían sido aprobados por el censor oficial, según los informes, y la LND los había imprimido legalmente.

U Kyaw Khin, de 69 años de edad, parlamentario electo de la LND de Taunggyi, estado de Shan, fue detenido el 25 de febrero de 2005, cuando no se habían cumplido dos meses desde su excarcelación luego de pasar nueve años en la cárcel por motivos políticos. Según fuentes de la LND, fue detenido de nuevo por distribuir folletos, estar en posesión de una lista de premios recibidos por Daw Aung San Suu Kyi y dejar en una silla un documento en el que se habían transcrito las predicciones de la BBC para el año, cuya posesión negó ante el tribunal. Fue condenado a 14 años de prisión a principios de abril de 2005. Según los informes, las autoridades también lo sancionaron por fotocopiar, sin permiso del censor oficial, un folleto que la LND había producido legalmente. Según los informes, el juez afirmó en el tribunal que intentaba provocar disturbios, basándose en que en la lista de premios recibidos por Daw Aung San Suu Kyi podía leerse una frase que decía "el cambio llegará porque lo único que tienen los militares son armas", y también señaló que junto a la fotografía de la dirigente de la oposición detenida figuraba la frase "Pónganla en libertad". U Kyaw Khin había salido de la cárcel el 3 de enero de 2005, tras permanecer recluido desde junio de 1996. Fue condenado previamente sobre la base de denuncias oficiales de que se habían puesto en contacto con él para obtener "cintas de vídeo con mensajes antigubernamentales emitidos por emisoras de televisión extranjeras"(36) para incitar a disturbios civiles. Según los informes, estas cintas incluían cintas de vídeo y de audio con noticias y documentales extranjeros sobre Myanmar. Según los informes, U Kyaw Khin sufría una dolencia cardiaca cuando fue encarcelado previamente.

Amnistía Internacional considera también motivo de preocupación que las autoridades sigan utilizando cargos penales falsos para encarcelar a destacados parlamentarios de la LND. Dos parlamentarios electos de la LND del estado de Shan, Aung Soe Myinty U Than Htay, fueron condenados respectivamente a siete y cinco años de prisión en agosto y 2003 y septiembre de 2004, por cargos penales al parecer falsos. Aung Soe Myint fue sancionado por estar en posesión de una motocicleta sin licencia, y U Than Htay por tener artículos electrónicos no autorizados. Según los informes, las autoridades locales habían sometido a U Than Htay, cualificado abogado del tribunal superior, a intensas presiones para que abandonara la LND, y según los informes éste había desempeñado un papel destacado en la recogida de firmas para una petición de la LND en la que se solicitaba la liberación de Daw Aung San Suu Kyi y otros presos políticos. El 17 de marzo de 2005, U Kyaw San, de 73 años de edad, ex coronel del ejército y parlamentario electo de la LND de Tantse, división de Sagaing, fue detenido y acusado formalmente de infringir la legislación sobre importación y exportación. Fue condenado a siete años de prisión a principios de junio de 2005. Los cargos guardaban relación con unos artículos encontrados en su casa sin documentación de importación. Según los informes, los artículos no pertenecían a U Kyaw San, y al parecer pudieron ser utilizados como pretexto para presentar cargos en su contra. Según informes, U Kyaw San comenzó una huelga de hambre para protestar contra la injusticia de su detención, y cuando se redacta este documento está siendo juzgado. Había sido excarcelado el 19 de noviembre de 2004, tras permanecer en prisión desde septiembre de 1998. En 1992 fue condenado a siete años de cárcel, según los informes por distribuir panfletos, y quedó en libertad en 1995. Cuando la LND solicitó la convocatoria del Parlamento, las autoridades volvieron a detenerlo y le hicieron cumplir la parte pendiente de su condena anterior, que no había tenido que cumplir, según los informes, con la condición de que debería hacerlo en el caso de que volviera a delinquir interviniendo en política. Según los informes, sufre hipertensión. El 30 de marzo de 2005, U Saw Hlaing, de 59 años de edad, abogado y parlamentario electo de la LND de Indaw, división de Sagaing, fue detenido por estar en posesión de computadoras sin licencia. Ha estado encarcelado al menos en cuatro ocasiones anteriores por motivos políticos. Fue condenado a 12 años de prisión a finales de mayo de 2005, y al parecer no tuvo acceso a un abogado hasta un mes después de su detención.

El 17 de marzo de 2005 detuvieron a U Kyaw Min, parlamentario electo del Partido Nacional Democrático por los Derechos Humanos por Bohtataung, estado de Rajine, y miembro del Comité de Representación del Parlamento Popular, que al parecer está recluido en régimen de incomunicación. Su esposa y su hija fueron detenidas en mayo de 2005, y se informó a funcionarios de la LND de que estaban autorizados a prestarles asistencia jurídica. Sin embargo, no se sabe con certeza si U Kyaw Min ha dispuesto de asistencia letrada ni cuál es el motivo de su detención.

A Amnistía Internacional le preocupa también la falta de garantías judiciales de los procedimientos utilizados en la acción emprendida por el Estado contra el ex primer ministro general Khin Nyunt y sus ex empleados y aliados, y que entre los condenados pueda haber personas a las que se ha sancionado únicamente por su relación política con el ex primer ministro. Khin Nyunt, que también dirigió el Servicio de Información Militar de Myanmar,(37) fue detenido el 19 de octubre de 2004. Las autoridades han disuelto el Servicio de Información Militarde Myanmar y otras organizaciones relacionadas, incluidas empresas que estaban bajo el control de Khin Nyunt, y han obligado a numerosos funcionarios a retirarse. También han eliminado a sus aliados políticos del gobierno, como el ministro del Interior, coronel Tin Hlaing, y el ministro de Trabajo, Tin Win.

A la detención de Khin Nyunt le siguió la reclusión de cientos de miembros del Servicio de Información Militar, compañeros y empleados y familiares del ex primer ministro, de miembros del personal de los Servicios de Fronteras, así como del astrólogo y el consejero espiritual de su familia. Al parecer, hasta un centenar de los detenidos son funcionarios de alto rango del Servicio de Información Militar. Muchos han sido recluidos en la prisión de Insein sin poder acceder a familiares ni abogados, y según los informes también han sido sometidos a tortura y malos tratos durante los interrogatorios. Khin Nyunt permanece actualmente bajo arresto domiciliario. En abril y mayo de 2005, según los informes, casi 50 ex altos funcionarios del Servicio de Información Militar y compañeros de Khin Nyunt fueron condenados a hasta 280 años de prisión, por cargos que incluían corrupción, posesión ilegal de moneda y posesión de vehículos sin licencia.

Aunque no se dispone de información completa sobre los cargos, las condenas y las personas procesadas, algunos informes indican que un número desconocido de personas también pueden haber sido condenadas por cargos relacionados únicamente con el ejercicio pacífico de la libertad de expresión. Por ejemplo, el empresario Sonny Swe, vicepresidente de la publicación semiindependiente The Myanmar Times, fue uno de los condenados. Sonny Swe fue acusado en virtud de la Ley de Prensa y Publicaciones y condenado a 14 años de prisión, al parecer porque The Myanmar Timesse publicaba sin autorización de la junta de censura oficial, y también debido a la proximidad de su familia con el ex primer ministro Khin Nyunt. Amnistía Internacional teme que pueda ser preso de conciencia, y pide al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo que proporcione información completa sobre los nombres y la naturaleza de los cargos presentados contra él y contra todas las demás personas detenidas en relación con la reciente campaña contra el ex primer ministro Khin Nyunt. El padre de Sonny Swe, el general de brigada Thein Shwe, también fue condenado por delitos económicos a un total de 152 años de prisión.

El carácter selectivo de las detenciones indica que algunos de estos procesamientos tienen una dimensión política, al margen de que existieran o no motivos legítimos para procesar a estas personas por abuso de poder, delitos económicos o delitos en virtud de la legislación sobre moneda extranjera e importaciones. Una carta escrita por Aung Lynn Htut, que renunció a su puesto en la misión diplomática de Myanmar en Estados Unidos en abril de 2005, viene a apoyar esta afirmación. En la carta, que se remitió a Democratic Voice of Burma y BBC, Aung Lynn Htut afirmaba que había tenido conocimiento de que "los actuales dirigentes del Estado habían ordenado la total ‘liquidación/destrucción’ de Gen Khin Nyunt y los miembros de su equipo en octubre de 2004 [...] y el total aplastamiento de miembros del Servicio de Información Militar y sus familiares en 2004. […] Aunque se afirma que se permitió retirarse a los miembros (militares/civiles) del Servicio de Información Militar, yo tuve conocimiento de que a algunos de ellos los volvieron a detener, los pusieron bajo arresto domiciliario y cosas similares. Además, también recibí información de que sus familiares e hijos fueron objeto de diversas acciones injustas y brutales [...] como despedirlos de su trabajo o expulsarlos de las escuelas".(38)

Las autoridades afirmaron al principio que el ex primer ministro Khin Nyunt se había retirado por motivos de salud, y después agregaron que había sido cesado por corrupción e insubordinación. Según los informes, la corrupción es generalizada en el seno de las fuerzas armadas de Myanmar. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que estén en curso otros procesamientos en gran escala de militares por cargos de corrupción. Las autoridades también han afirmado públicamente que Khin Nyunt había puesto en peligro la unidad de las fuerzas armadas al abrir una investigación sobre los comandantes militares regionales.

Ampliación de condenas por Orden Ejecutiva en virtud de la Ley de Protección del Estado de 1975

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue utilizando legislación que permite al ministro del Interior detener sin cargos ni juicio a cualquier persona que pueda poner en peligro el Estado, y en muchos casos las órdenes de detención se renuevan repetidamente. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que, además de negar el derecho fundamental de toda persona a no ser castigada hasta que se demuestre su culpabilidad y a ser juzgada en un juicio con las debidas garantías, esta ley no define qué constituye "un peligro para el Estado", por lo que ha permitido a las autoridades detener arbitrariamente a las personas por sus actividades políticas pacíficas. La ley permite asimismo prorrogar la detención sin cargos ni juicio, lo cual está prohibido por las normas internacionales.

Entre las personas que están detenidas actualmente en virtud de esta legislación se encuentran la dirigente de la oposición Daw Aung San Suu Kyi, que ha estado bajo arresto domiciliario en aplicación de esta legislación durante más de 9 de los últimos 16 años, y actualmente está recluida sin cargos ni juicio desde el 30 de mayo de 2003. Myat San, ex guardaespaldas de Daw Aung San Suu Kyi y miembro de la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes, sigue encarcelado después de haber cumplido su condena por participar en las manifestaciones estudiantiles que se celebraron en diciembre de 1991 con motivo de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Daw Aung San Suu Kyi. Según los informes, Myat Sanha sufrido problemas de salud.

Desde diciembre de 2004 se han dictado o renovado órdenes de detención contra al menos cuatro destacados dirigentes políticos. Las órdenes de detención contra Than Nyein y Daw May Win Myint, parlamentarios electos de la LND y doctores en medicina, se han prorrogado por un año. Ninguno de los dos fue excarcelado al cumplir sus condenas de siete años de prisión por organizar una reunión de la dirigente de la LND Daw Aung San Suu Kyi con miembros del partido en septiembre de 1997. El estado de salud de ambos es malo.

U Tin Oo, de 77 años de edad, es vicepresidente de la LND y está bajo arresto domiciliario y recluido sin cargos ni juicio desde el 30 de mayo de 2003. Su detención se prorrogó por un año más el 13 de febrero de 2005.

U Shwe Ohn, de 82 años de edad, veterano político shan y ex abogado, está bajo arresto domiciliario desde que participó en una reunión de políticos shan el 7 de febrero de 2005. Las autoridades han afirmado públicamente que desempeñó un papel importante en la organización de la reunión. Se han recibido informes sin confirmar según los cuales las autoridades han ordenado su detención durante un año en virtud de la Ley de Protección del Estado de 1975.

VI. EXCARCELACIONES

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo reconoció implícitamente en noviembre de 2004 que se han producido abusos en la administración de justicia. Las autoridades anunciaron el 18 de noviembre de 2004: "Se ha observado que la Oficina Nacional de Información(39) podría haber cometido irregularidades. Y conforme a la revisión de las irregularidades, las penas de prisión de 3.937 reclusos han quedado suspendidas con efecto a partir de hoy, 18 de noviembre de 2004"(40). Entre el 18 de noviembre de 2004 y el 3 de enero de 2005, las autoridades procedieron a la excarcelación de más de 19.000 reclusos, sólo una pequeña proporción de los cuales habían sido detenidos por delitos políticos. Según los informes, un total de 110 presos políticos quedaron en libertad, entre ellos el dirigente estudiantil Paw U Tun, alias Min Ko Naing, que estaba encarcelado desde 1989, gran parte del tiempo en régimen de aislamiento, y había cumplido el límite legal para la detención sin cargos ni juicio. Entre las personas excarceladas que después han vuelto a ser detenidas y condenadas a prisión figuran U Kyaw Khiny U Kyaw San, parlamentarios electos de la LND.

Muchas de las otras personas excarceladas –por ejemplo Khun Sai, alias Myo Htun, de 45 años de edad, que fue detenido en febrero de 1998 y condenado a siete años de prisión, por ayudar presuntamente en la preparación de una historia del movimiento estudiantil– habían cumplido íntegramente su condena o tenían derecho a la reducción de la pena con libertad condicional. Las autoridades no han aclarado qué mecanismos se utilizaron para establecer qué "irregularidades" se habían cometido en la encarcelación de estas personas, ni han anunciado qué medidas han tomado para impedir estos abusos en el futuro. Un funcionario del Ministerio de Exteriores declaró: "Intentamos decir al mundo que somos normales. Analizamos las cosas, y cuando es el momento oportuno [liberamos a los presos]. Somos un país budista, compasivo".(41)

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la excarcelación de los presos políticos y de todas las demás personas detenidas o encarceladas ilegalmente, e instó a las autoridades a incluir en sus excarcelaciones a otras personas encarceladas por el Estado contraviniendo las normas internacionales. Pero a la organización le preocupa que las condenas sólo se han "suspendido", lo cual significa que esas personas pueden volver a ser encarceladas para que cumplan el tiempo pendiente de sus condenas si las autoridades consideran que han incumplido las condiciones impuestas para su excarcelación. La organización considera asimismo que, habida cuenta del reconocimiento oficial del abuso del encarcelamiento por motivos políticos, las autoridades deben establecer un procedimiento judicial auténticamente independiente para revisar las declaraciones de culpabilidad y la imposición de condenas por delitos políticos, aplicar las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión y asociación pacíficas, y poner en libertad a todos los presos encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico de estos derechos.

Entre enero y mayo de 2005 quedaron en libertad seis presos que estaban recluidos sin cargos ni juicio después de cumplir sus condenas. Cinco estaban encarcelados desde 1989, entre ellos Tin Aye, dirigente estudiantil; U Tin Aung, vinculado al Partido Comunista de Birmania;U Aung Khin; y Tin Aye Kyu, abogado del Frente de Política Nacional. El dirigente estudiantil Ko Ko Gyi, que estaba recluido desde 1991, fue el sexto preso excarcelado. Entre marzo y octubre de 2004 quedaron en libertad dirigentes estudiantiles que habían cumplido el plazo legal para la aplicación de la ley de detención administrativa, y que en muchos casos llevaban encarcelados desde 1989. U Thu Waiy U Htwe Myint, miembros del Partido de la Democracia que estaban recluidos sin cargos ni juicio, también fueron excarcelados en enero de 2005. Los dos fueron detenidos con posterioridad durante un breve periodo, pero han sido puestos en libertad de nuevo.

Las autoridades aseguran desde hace años que los presos políticos, y en particular la dirigente de la LND Daw Aung San Suu Kyi, que permanece bajo arresto domiciliario, quedarán en libertad, pero no han presentado un calendario fiable de excarcelaciones más allá de prometer que lo harán cuando "sea el momento oportuno".(42) A finales de julio de 2003, el ministro de Exteriores, U Win Aung, afirmó que Daw Aung San Suu Kyi quedaría en libertad "cuando llegue el momento. [...] Ahora no puedo contemplar un marco temporal", y agregó en relación con su detención: "No tenemos intención de prolongar esta situación. Estamos esperando a que las cosas se calmen".(43) En octubre de 2003, las autoridades afirmaron que "nosotros no lo llamamos arresto domiciliario ni nada parecido", y agregaron que "finalmente"(44) quedará en libertad. A principios de diciembre de 2004, las autoridades tailandesas informaron de unas declaraciones del general Than Shwe en las cuales éste afirmaba que las autoridades habían prometido la puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi, pero, según decía, "siempre que se ha puesto en libertad a Aung San Suu Kyi ha habido algún problema. Necesitan tiempo para organizarlo todo y terminar varias reuniones". Las autoridades prometieron públicamente que se incluiría a U Win Tinen las excarcelaciones de presos en noviembre de 2004, algo que tampoco se ha cumplido.

Amnistía Internacional ha recibido información de presos políticos excarcelados según la cual, en el periodo precio a su salida de prisión, las autoridades les hicieron preguntas acerca de sus actitudes políticas. En muchos casos, pareció que las personas que afirmaban que no tenían previsto reanudar forma alguna de actividad política tenían más probabilidades de quedar en libertad. Amnistía Internacional considera que las actitudes políticas favorables a las autoridades no deben considerarse un factor en la excarcelación de reclusos, sobre todo si nunca deberían haber sido encarcelados.

En muchos casos, cuando se ofrece la excarcelación anticipada a los reclusos antes de haber cumplido su condena se les imponen condiciones para su liberación en virtud del apartado 401 del Código de Procedimiento Penal, que permite a las autoridades volver a encarcelar a una persona sin orden judicial y exigirle que cumpla la parte pendiente de su condena en el caso de que consideren que no ha cumplido las condiciones establecidas para su excarcelación. Una de las condiciones impuestas para permitir la excarcelación ha sido la de no participar en actividades políticas. Las autoridades han utilizado repetidamente esta "deuda" penitenciaria de tiempo no cumplido de condenas anteriores por motivos políticos para amenazar y hostigar a ex presos y hacerles desistir de actividades políticas. U Sein Hla Oo, ex periodista y crítico cinematográfico y parlamentario electo de la LND, está cumpliendo la parte pendiente de su condena anterior. En la actualidad está encarcelado en la prisión de Myitkyina, situada a varios días de viaje del lugar de residencia de su familia. Había sido liberado cuando cumplía condena por motivos políticos con ocasión de una amnistía decretada en 1993, y fue detenido de nuevo en 1994 por comunicar "noticias inventadas" a periodistas y diplomáticos extranjeros y por distribuir material de índole política. Lo condenaron a siete años de prisión, y las autoridades le exigen que cumpla la parte pendiente de su condena anterior ya que, según han afirmado, había "quebrantado su promesa y llevado a cabo en secreto actividades antigubernamentales".(45)

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a adoptar las medidas siguientes:

En relación con los presos políticos

1. Dejar de detener a personas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y poner en libertad inmediata e incondicional a toda persona que haya sido detenida por el ejercicio pacífico de sus derechos.

2. Hacer pública la información relativa a los cargos formulados contra todos los presos políticos o "detenidos por razones de seguridad" y contra los miembros del personal del Servicio de Información Militar, así como contra quienes hayan tenido relaciones personales o de negocios con el ex primer ministro Khin Nyunt, a sus condenas y su paradero actual.

3. Revisar las declaraciones de culpabilidad de todos los presos políticos y garantizar que a todos aquellos que hayan sido juzgados sin las debidas garantías se los juzga de nuevo, sin demora y de conformidad con las normas internacionales relativas a juicios justos, o quedan en libertad. Instituir un mecanismo claro y transparente que garantice que se lleva a cabo una revisión judicial realmente independiente.

4. Garantizar que se les proporciona resarcimiento por haber sufrido la privación arbitraria de sus derechos.

rd En relación con los procedimientos sobre detención y juicio, incluidos a presos políticos

5. Garantizar que todos los detenidos tienen derecho a impugnar de inmediato la legalidad de su detención ante un tribunal, y garantizar que quedan en libertad si se determina que su detención es ilegal. El artículo 100 del Código de Procedimiento Penal debe modificarse a fin de establecer un procedimiento accesible para que los detenidos, sus familias y sus abogados impugnen la legalidad de una detención.

6. Garantizar que todos los detenidos políticos quedan en libertad o son acusados sin demora de delitos reconocidos internacionalmente, y juzgados conforme a procedimientos que se ajusten a las normas internacionales sobre juicios con garantías, incluidos el derecho a representación letrada, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio público, el derecho a defenderse y el derecho a disponer de tiempo y recursos adecuados para preparar la defensa. Revisar todos los juicios de presos políticos que han incumplido las normas internacionales apropiadas.

7. Garantizar que todos los detenidos políticos tienen acceso a representación letrada inmediatamente después de su detención y con regularidad después de ésta, y que tienen tiempo para preparar la defensa. Los detenidos deben tener derecho a comunicarse con sus abogados en privado.

8. Garantizar que las fuerzas armadas no manipulan a la judicatura, directa o indirectamente, a fin de que los tribunales puedan resolver las causas con imparcialidad e independencia.

9. Garantizar que los funcionarios, incluidos los ministros del gobierno, se abstienen de realizar conductas que pongan en peligro el derecho de los acusados a un juicio con garantías. Esto incluye poner fin a la práctica de algunos funcionarios de hacer observaciones públicas que prejuzgan la culpabilidad de los detenidos políticos.

10. Garantizar que los miembros de la judicatura tienen seguridad en el ejercicio de su cargo; formación adecuada, con inclusión de las normas internacionales de derechos humanos, y libertad frente a injerencias por parte del ejecutivo. Garantizar que todos los juicios se celebran en público.

11. Garantizar que todas las personas condenadas por un delito tienen derecho a recurrir ante un tribunal superior.

12. Prohibir la detención en régimen de incomunicación y garantizar que todos los presos tienen acceso inmediato, confidencial y regular a familiares, médicos y abogados.

13. Revisar todas las leyes penales relacionadas con la libertad de expresión y asociación, en particular la Ley sobre Disposiciones de Excepción, de 1950; la Ley de Protección del Estado, de 1975; la Ley de Imprentas y Editoriales, de 1962; y la Ley de Asociaciones Ilícitas, de 1908, y reformarlas para que sean claras y específicas y no vulneren el derecho a la libertad de expresión y asociación reconocido internacionalmente, y en ausencia de una asamblea legislativa dejar de utilizarlas.

14. En particular, revocar la Ley núm. 5/96, cuyas disposiciones permiten el encarcelamiento por hasta 20 años de toda persona que redacte una Constitución sin autorización oficial, y además criminalizan el derecho a la libertad de expresión y reunión.

15. Revocar toda disposición incluida en la Ley de Protección del Estado de 1975 que permita la detención mediante orden ejecutiva sin cargos ni juicio.

16. Someter los procedimientos relativos a la detención y la investigación a revisión regular. Todos los presos deben ser informados sin demora de sus derechos, incluido el derecho a presentar quejas relacionadas con el trato que reciben.

17. Abolir todas las leyes, órdenes, reglamentaciones, políticas y prácticas que permitan la detención en régimen de incomunicación.

18. Abolir todos los lugares de detención e interrogatorio secretos o no oficiales en virtud de la legislación de Myanmar. Debe tipificarse como delito punible el hecho de que un funcionario tenga recluida a una persona en un lugar de detención secreto o no oficial.

19. Garantizar en la ley y en la práctica que toda persona que sea detenida es informada, en el momento de la aprehensión, de las razones de su detención, y que se la informa sin demora de los cargos que haya en su contra.

20. Garantizar que a todos los detenidos se les somete a un examen médico poco después de su detención, y que les proporciona asistencia médica adecuada.

En relación con las condiciones de detención

21. Garantizar que los detenidos y presos de todas las prisiones, campos de trabajo, y otros centros de detención de Myanmar reciben un trato humano y con el respeto debido a su dignidad y su valor inherentes como seres humanos.

22. Garantizar que todos los detenidos y presos están recluidos en condiciones que cumplen las normas internacionales, que se les proporciona alojamiento, higiene, alimentos y asistencia médica adecuados y oportunos y que a todos se les suministran mosquiteras.

23. Garantizar que todos los detenidos y presos tienen oportunidades de socialización entre ellos, y que todos los reclusos tienen acceso a material de lectura de su elección y a material de escritura.

En relación con la tortura y los malos tratos

24. Definir la tortura en la ley, conforme a las definiciones aceptadas internacionalmente, como un delito específico de la máxima gravedad en el Código Penal de Myanmar, y dictar órdenes claras a todos los miembros de las fuerzas de seguridad de que no torturen ni sometan a otras formas de malos tratos a ninguna persona que esté bajo su custodia.

25. Introducir medidas para salvaguardar contra el uso de la tortura y los malos tratos en los interrogatorios, y garantizar que no se admiten en los tribunales las pruebas obtenidas como consecuencia de tales tratos, por ejemplo grabando los interrogatorios y garantizando de que tales grabaciones se ponen a disposición de los encausados y sus representantes legales.

26. Todos los detenidos deben comparecer ante una autoridad judicial sin demora después de quedar bajo custodia y tener acceso inmediato a abogados, profesionales de la medicina y familiares.

27. Abrir investigaciones inmediatas, eficaces, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura o malos tratos, tanto si los detenidos están recluidos en prisiones como en otros centros de detención oficiales, y, cuando haya pruebas de tortura, poner a disposición judicial a todos los presuntos autores, incluidas las personas que hayan ordenado o consentido la tortura o los malos tratos, siguiendo procedimientos que cumplan las normas internacionales de garantías procesales.

28. Garantizar que no se recurre en ningún caso en los procedimientos judiciales a las confesiones u otras pruebas obtenidas mediante tortura, excepto como prueba de tortura o malos tratos.

En relación con las medidas disciplinarias en el interior de las prisiones

29. Garantizar que las medidas disciplinarias en el interior de las prisiones no constituyen tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, que la inmovilización mediante grilletes y el castigo corporal no se usan como forma castigo, y que todas las denuncias de este tipo de tratos se investigan de manera inmediata, independiente y eficaz y que se procesa a los autores siguiendo procedimientos que cumplan las normas internacionales de garantías procesales.

En relación con todos los informes de muertes bajo custodia

30. Investigar de manera independiente e imparcial todos los informes de muertes bajo custodia, y en los casos en que la muerte haya tenido lugar como consecuencia de actos ilícitos de funcionaros u otras personas, poner a disposición judicial a los autores siguiendo procedimientos que cumplan las normas internacionales de garantías procesales. Conceder a las familias de los fallecidos y a sus abogados acceso a la información sobre el procedimiento de investigación y a otras formas de resarcimiento, como la indemnización.

En relación con el hostigamiento a presos políticos excarcelados y sus familias

31. Garantizar que los ex presos, los activistas políticos y sus familias no son sometidos a detención arbitraria, discriminación ni hostigamiento.

En relación con la comunidad internacional

32. Aplicar las recomendaciones de la Resolución 59/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, adoptada sin votación por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2004.

33. Adherirse sin reservas a los tratados internacionales de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su protocolo; y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

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(1) Myanmar. Facing Imprisonment: Prisoners of Concern to Amnesty International, Índice AI: ASA 16/007/2004, de diciembre de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160072004?open&of=ENG-MMR.

(2) Myanmar. Prisoners of Political Repression, Índice AI: ASA 16/006/2001, de abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160062001?open&of=ENG-MMR.

(3) Véase Myanmar: La justicia, a prueba, Índice AI: ASA 16/020/2003, de julio de 2003, http://web.amnesty.org/library/index/eslASA160202003?open&of=esl-mmr; Myanmar. The Administration of Justice – Grave and Abiding Concerns, ASA 16/001/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engasa160012004?open&of=ENG-MMR

(4) En un incidente que fue ampliamente reconocido como un ataque organizado por el gobierno, miembros de la LND que viajaban de noche por el Alto Myanmar fueron golpeados por unos hombres con barras de hierro y palos el 30 de mayo de 2003. Al menos 4 personas murieron, y más de 100 víctimas del ataque, entre ellas personas que habían sufrido graves lesiones, fueron detenidas y estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante meses. Habitantes de la zona que, según los informes, ayudaron a algunos miembros de la LND a escapar y a evitar la detención fueron condenados a penas de prisión, al igual que otras personas que intentaron después distribuir información sobre el incidente. No se ha llevado a cabo una investigación independiente sobre el ataque.

(5) Myanmar. Facing Imprisonment: Prisoners of Concern to Amnesty International, Índice AI: ASA 16/007/2004, de diciembre de 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160072004?open&of=ENG-MMR.

(6) Myanmar. Prisoners of Political Repression, Índice AI: ASA 16/006/2001, de abril de 2001, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160062001?open&of=ENG-MMR.

(7) Véase Myanmar: La justicia, a prueba, Índice AI: ASA 16/020/2003, de julio de 2003, http://web.amnesty.org/library/index/eslASA160202003?open&of=esl-mmr; Myanmar. The Administration of Justice – Grave and Abiding Concerns, ASA 16/001/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engasa160012004?open&of=ENG-MMR

(8) En un incidente que fue ampliamente reconocido como un ataque organizado por el gobierno, miembros de la LND que viajaban de noche por el Alto Myanmar fueron golpeados por unos hombres con barras de hierro y palos el 30 de mayo de 2003. Al menos 4 personas murieron, y más de 100 víctimas del ataque, entre ellas personas que habían sufrido graves lesiones, fueron detenidas y estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante meses. Habitantes de la zona que, según los informes, ayudaron a algunos miembros de la LND a escapar y a evitar la detención fueron condenados a penas de prisión, al igual que otras personas que intentaron después distribuir información sobre el incidente. No se ha llevado a cabo una investigación independiente sobre el ataque.

(9) Democratic Voice of Burma, emisión radiofónica del 13 de abril de 2005.

(10) Myanmar. The Institution of Torture, ASA 16/024/2000, de diciembre de 2000; Myanmar: La justicia, a prueba, ASA 16/020/2003, de julio de 2003.

(11) Democratic Voice of Burma, 22 de septiembre de 2004.

(12) La Unión Nacional Karen fue creada en 1947 y es el grupo armado de oposición de una nacionalidad étnica más antiguo. Sus dirigentes debaten actualmente la firma de un cese de hostilidades con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo.

(13) El Partido Comunista de Arakan, ya desaparecido, representaba los intereses de los miembros del estado de Arakan (Rajine) del Partido Comunista de Birmania, una coalición de grupos marxistas que mantuvo la resistencia armada al régimen militar en Myanmar desde la década de 1960.

(14) Entrevista en Democratic Voice of Burma, 5 de enero de 2005.

(15) Comisión de Derechos Humanos, Resolución: 2004/41, 19 de abril de 2004, párr. 8.

(16) Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, artículo 7 (44 periodo de sesiones, 1992), Recopilación de las Observaciones Generales y las Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos de Derechos Humanos Creados en Virtud de Tratados, Doc. ONU: HRI\GEN\1\Rev.1 en 30 (1994), párr. 11.

(17) Véase, por ejemplo, Informe del Comité contra la Tortura, Doc. ONU: A/52/44 (1997), párrs. 121(d) (Georgia) y 146 (Ucrania); Doc ONU: A/55/44 (2000), párr. 61(b) (Perú); Doc ONU: A/58/44 (2003), párr. 42(h) (Egipto); Doc. ONU: A/59/44 (2004), párr. 146(d) (Yemen).

(18) Doc. ONU: E/CN.4/2002/76, de 27 de diciembre de 2001, Anexo 1.

(19) The New Light of Myanmar, publicación gubernamental oficial, 16 de marzo de 2005.

(20) Ibíd.

(21) Ibíd.

(22) El Ejército del Estado de Shan-Sur es un grupo armado de oposición que actúa en el sur y el este del estado de Shan.

(23) La Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia es un partido político de oposición legalmente inscrito, que obtuvo 23 escaños en el estado de Shan en las elecciones de 1990.

(24) The New Light of Myanmar, 5 de abril de 2005.

(25) The New Light of Myanmar, 23 de abril de 2005.

(26) Doc. ONU: E/CN/4/2003/68, de 17 de diciembre de 2002, párr. 26(g).

(27) Entrevista en Democratic Voice of Burma, 17 de octubre de 2003.

(28) The New Light of Myanmar, 17 de marzo de 2005.

(29) Democratic Voice of Burma, emisión del 20 de mayo de 2005.

(30) El gobierno militar de Myanmar está en el poder desde 1962. Después de protestas generalizadas contra el régimen unipartidista, las autoridades convocaron elecciones en 1990. Los partidos de oposición obtuvieron la mayoría de escaños, pero las autoridades aplazaron la transferencia del poder hasta que se redactara una nueva Constitución. El proceso de redacción de la Constitución, que se ha demorado reiteradamente desde una primera reunión en 1993, se reanudó en 2004. El 17 de febrero de 2005 comenzó una reunión, la Convención Nacional, para redactar los principios de la nueva Constitución. Los partidos políticos de oposición, incluidas la Liga de las Nacionalidades Shan para la Democracia y la LND, boicotearon la Convención por considerar que las autoridades han restringido sus actividades políticas y han encarcelado a importantes dirigentes políticos de la oposición, y que la Convención ha carecido de procedimientos democráticos y de libertad de expresión. En el periodo previo a las sesiones recientes de la Convención Nacional, miembros y dirigentes de partidos de oposición han sido seguidos, interrogados e intimidados por intentar llevar a cabo actividades políticas legítimas y pacíficas. Algunos han sido detenidos por sus protestas no violentas, por ejemplo pedir la excarcelación de todos los presos políticos.

(31) El Comité de Representación del Parlamento Popular, integrado por 10 miembros, fue creado por la LND en septiembre de 1998, con el apoyo de 251 parlamentarios electos, entre los que había parlamentarios de otros partidos.

(32) El Consejo por la Paz del Estado Shan representa a varios grupos armados de oposición de la etnia shan que acordaron ceses de hostilidades con las autoridades durante la década de 1990, después de decenios de lucha por una mayor autonomía.

(33) Coalición de partidos políticos que representan a grupos de nacionalidades étnicas no birmanas en Myanmar.

(34) U Shwe Ohn fue detenido en diciembre de 1992 y condenado a un año de prisión por escribir y distribuir un ensayo en el que hacía sugerencias a la Convención Nacional acerca de la nueva Constitución.

(35) Traducción no oficial publicada por Democratic Voice of Burma el 7 de abril de 2005.

(36) Embajada de Myanmar en Tailandia, citado en The Nation, 25 de agosto de 1996.

(37) Khin Nyunt fue director de la agencia central de información militar de Myanmar, donde había un comité asesor sobre la política gubernamental respecto a diversas cuestiones como narcóticos, asuntos exteriores, la posición de los grupos armados de oposición de las minorías étnicas y la corrupción gubernamental. La agencia central de información militar de Myanmar realizaba tareas de observación de grupos de oposición política, tanto armados como no armados, y de activistas políticos, y administraba centros de interrogatorio que eran conocidos por la práctica generalizada de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Khin Nyunt también tenía amplios intereses empresariales, incluidas publicaciones periódicas, muchas de las cuales han sido cerradas.

(38) Democratic Voice of Burma, 7 de abril de 2005.

(39) La Oficina Nacional de Información, que controlaba la información militar en Myanmar dirigida por el ex primer ministro Khin Nyunt, fue desmantelada por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo en octubre de 2004, después del cese de Khin Nyunt y su detención. La Oficina Nacional de Información controlaba todas las unidades de información, incluida la información militar, la Oficina de Investigaciones Especiales y el departamento de investigación criminal.

(40) The New Light of Myanmar, 19 de noviembre de 2004.

(41) Sydney Morning Herald, 27 de noviembre de 2004.

(42) "Cuando sea el momento oportuno la pondremos en libertad." Coronel Kyaw Win, 28 de marzo de 1995.

(43) Ministro de Exteriores, U Win Aung, citado por Agence France Presse, 27 de julio de 2003; y Kyodo News, 29 de julio de 2003.

(44) Ministro de Exteriores, U Win Aung, citado por Agence France Presse, 4 de octubre de 2003.

(45) The Truth, Volume III, Scrutiny of Letters sent from members of Amnesty International, publicado por Oficina de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa de Myanmar, y traducido por The New Light of Myanmar, http://www.myanmar-information.net/truth/truth.html.