Documento - Bután: Un nuevo revés para los refugiados

DECLARACIÓN PÚBLICA


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4 de octubre del 2000 Documento público


Bután: Un nuevo revés para los refugiados


El gobierno de Bután, al rechazar la formula propuesta por las Naciones Unidas para decidir los requisitos de inclusión en un futuro programa de repatriación voluntaria, ha asestado otro duro golpe al futuro de las casi 100.000personas refugiadas en los campos del este de Nepal, ha dicho hoy Amnistía Internacional.


Bután y Nepal comenzaron las negociaciones para resolver el problema de los campos de refugiados en noviembre de 1992. Desde entonces se han celebrado nueve reuniones a nivel ministerial entre los dos países.


En la última reunión, en mayo del 2000, los dos países dijeron haber logrado «avances considerables» hacia la resolución del problema. El escollo principal era cómo verificar la documentación de las personas en los campos de refugiados para determinar su estatus. Nepal sostenía que la verificación debía realizarse por cabezas de familia y que el estatus que correspondiera al cabeza de familia determinaría automáticamente el del resto de los familiares. Bután insistía en que las personas mayores de 18 años de edad debían ser verificadas individualmente.


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó subsiguientemente una fórmula que sirviera de puente entre las dos posiciones. La fórmula de compromiso del ACNUR proponía que la unidad de verificación fuese la familia nuclear, incluidos los hijos solteros de hasta 25 años y los familiares ancianos. Nepal ha aceptado la fórmula. Bután, sin embargo, la ha rechazado.


«La decisión del gobierno butanés retrasará la resolución del problema todavía más. Es imperativo que los dos gobiernos renueven su compromiso de hallar una solución que respete los derechos de los refugiados, incluido el derecho a regresar a su propio país», explica Amnistía Internacional.


Información general


Desde finales de 1990, casi 100.000 personas de habla nepalí han huido o han sido desalojadas del sur de Bután hacia los campos de refugiados de Nepal, o han nacido en el exilio, de padres refugiados. Las razones del exilio se disputan con vigor.


Los refugiados alegan que son víctimas de violaciones de derechos humanos y de discriminación desde que el gobierno butanés introdujo la política de «una nación, un pueblo», a finales de la década de los ochenta, política que se basaba en las tradiciones de los butaneses del norte del país. El gobierno de Bután sostiene que las personas que se encuentran en los campos de refugiados son inmigrantes ilegales nepalíes que se habían quedado en Bután al término de sus contratos o butaneses que se marcharon del país voluntariamente y por lo tanto se considera que han renunciado a su nacionalidad en virtud de la ley de ciudadanía de Bután.


Amnistía Internacional publicó el mes pasado un informe titulado Bhutan: Nationality, Expulsion, Statelessness and the Right to Return que describe la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos con relación a estos temas y examina la situación en varios países y varios programas de repatriación. El objetivo principal del informe es asistir a la resolución de la situación de los refugiados butaneses, pero quizá pueda ser de utilidad también para otros gobiernos que están tratando de encontrar soluciones a las crisis de refugiados aún no resueltas en distintas partes del mundo.


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