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ÍNDICE AI: ASA 13/05/97/s

21 de julio de 1997

Bangladesh: La inacción del Estado ampara a presuntos violadores

La absolución la semana pasada de cuatro agentes de policía acusados de violar a la joven Shima Chowdhury cuando se encontraba bajo su custodia en octubre de 1996, es la culminación de una sucesión de hechos que demuestran la incapacidad de las autoridades de Bangladesh para proteger los derechos humanos y garantizar que se hace justicia, según ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de las protestas suscitadas en todo el país.

Los cuatro policías fueron absueltos por un tribunal de primera instancia el 14 de julio. Según la información recibida, el juez deploró la inconsistencia de las pruebas y los testigos presentados por los abogados del Estado. Ningún funcionario de la administración penitenciaria ha comparecido todavía ante la justicia por presunta negligencia tras la muerte de Shima Chowdhury bajo «custodia segura», ocurrida en circunstancias misteriosas cuatro meses después.

«La inacción de diversas instituciones del Estado ha permitido a la policía quedar impune de un delito de violación, y ha provocado la muerte de Shima Chowdhury varios meses después ─afirma Amnistía Internacional en el informe que ha publicado hoy─. Ya es hora de que el Ministerio del Interior, la policía, el tribunal, la administración penitenciaria y las autoridades hospitalarias reconozcan su parte de responsabilidad en este asunto.»

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bangladesh que investigue pronta y seriamente esta inacción de las instituciones, a fin de llevar ante los tribunales no sólo a los que violaron a Shima Chowdhury, sino también a aquellos cuya presunta negligencia le causó la muerte.

Las investigaciones abiertas por el Gobierno y el Parlamento han sido desalentadoras. Más de cinco meses después de iniciadas, todavía no han producido ningún informe o recomendación.

No obstante, a raíz de las protestas de varios grupos defensores de los derechos de la mujer, entre ellos la Comunidad de Mujeres Unidas (Sammilito Nari Samaj) y el Centro Jurídico y Arbitral (Ain O Salish Kendra), el gobierno anunció que iba a recurrir contra la absolución de los cuatro agentes.

«Shima Chowdhury no tenía por qué estar siquiera bajo custodia. Pero al menos tendrían que haberla puesto en libertad en cuanto empeoró su estado clínico, tal como reclamaron los grupos de mujeres y las organizaciones de derechos humanos ─afirma Amnistía Internacional─. Sin embargo, la dejaron padecer en soledad una traumática experiencia, aquejada de una grave enfermedad sin procurarle medicación ni tratamiento alguno.»

La práctica de la llamada «custodia segura» ─forma de prisión dictada por un juez a instancias de la policía─ sigue estando permitida pese a que las víctimas y los activistas de derechos humanos han reclamado su abolición, alegando que vulnera el derecho fundamental de la mujer a la libertad y propicia los malos tratos. Hasta cuatro años han permanecido encarceladas algunas mujeres bajo la fórmula de «custodia segura».

Información general

La policía arrestó el 8 de octubre de 1997 a Shima Chowdhury, obrera de dieciocho años de una fábrica textil, y a su novio, Abdul Hafiz, aduciendo que una mujer no puede ir acompañada de un hombre si no están casados. Según informes, la policía no hizo constar su arresto ni presentó a la pareja ante un juez, en contra de lo dispuesto en la Constitución de Bangladesh, que exige la comparecencia del detenido ante un tribunal en un plazo de veinticuatro horas a partir del arresto. Posteriormente ambos jóvenes fueron trasladados a una comisaría de policía, donde los encerraron en habitáculos separados.

La noche del 9 de octubre, estando bajo custodia de la policía, ella fue drogada y violada hasta perder el conocimiento.

Shima Chowdhury, que presentaba marcas de lesiones en el cuerpo, fue ingresada en el Hospital Universitario de Chittagong. El 15 de octubre, un tribunal médico dictaminó que, a tenor de las pruebas examinadas, la joven había sido violada. Entre tanto, la policía comunicó a los informadores que la chica era prostituta y había sido violada por su propio novio, no por agentes de policía.

Shima Chowdhury fue radicalmente aislada del mundo exterior; no le dejaban recibir visitas de familiares, amigos ni organizaciones de derechos humanos. Al anunciarse las conclusiones del tribunal médico, los cuatro policías acusados de su violación fueron arrestados e internados en la prisión de Chittagong.

El 15 de octubre, el tribunal de justicia dispuso, a instancias de la policía, su ingreso bajo «custodia segura» en la prisión de Chittagong. Esta forma de prisión se aplica a mujeres que han sido víctimas de violación, agresión sexual, trata de blancas y secuestro. En teoría sirve para preservar su seguridad frente a nuevas agresiones, pero en realidad es una forma de castigo. Se las encierra junto a otras reclusas y reciben el mismo trato que si estuvieran acusadas de algún delito o hubieran sido condenadas. No hay fundamento jurídico en el Derecho de Bangladesh para esta fórmula de detención, susceptible de ser aplicada a una mujer exclusivamente en función de la voluntad de un juez.

Es obvio que el juez que dictó la orden de «custodia segura» tenía otras opciones. Varios grupos defensores de los derechos de la mujer y organizaciones de derechos humanos solicitaron al tribunal la custodia de Shima Chowdhury, pero este siempre rechazó tal petición. No se sabe con certeza si Shima Chowdhury recibió tratamiento médico por las lesiones que le produjo la violación.

De acuerdo con los informes de los grupos de derechos humanos de Bangladesh, Shima Chowdhury estuvo encarcelada sin posibilidad de acceso a un abogado o de recibir visitas de familiares y amigos. En enero de 1997 su estado empeoró, pero el médico de la prisión tardó tres semanas en visitarla. Finalmente autorizó su traslado a un hospital el 7 de febrero, pero no se llamó a una ambulancia, de modo que Shima Chowdhury fue trasladada al hospital varias horas después en un «culi» accionado con pedales. Ingresó cadáver. Aunque se le practicó una autopsia, el cuerpo fue incinerado inmediatamente ante la insistencia de la policía.

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Encontrarán más información en el informe Bangladesh: Institutional failures protect alleged rapists (ASA 13/04/97).