Documento - Afganist�n. Transferencia de personas detenidas que corren peligro de sufrir torturas: �Complicidad de la ISAF?


No difundir hasta el 13 de noviembre de 2007 Público


Amnistía Internacional


Afganistán

Transferencia de personas detenidas

que corren peligro de sufrir torturas:

¿Complicidad de la ISAF?



PÚBLICO


ASA 11/011/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA11/011/2007



Resumen


Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales el servicio de información de Afganistán, la Dirección de Seguridad Nacional (DSN), ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos. Las tropas internacionales que actúan en Afganistán como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) transfieren a las autoridades afganas a personas detenidas. Al poner a estas personas en una situación en la que corren grave peligro de sufrir torturas y otros malos tratos, los países con tropas en la ISAF pueden ser cómplices en estos abusos e infringen sus obligaciones jurídicas internacionales.


Este informe se basa en investigaciones sobre el sistema judicial afgano efectuadas por Amnistía Internacional y se centra en la política de la ISAF sobre reclusión y traslado. No abarca el sistema de reclusión utilizado en la operación Libertad Duradera dirigida por Estados Unidos. Amnistía Internacional ya ha puesto de relieve sus motivos de preocupación sobre la política de reclusión de Estados Unidos en Afganistán y seguirá haciéndolo. Ha planteado también la preocupación que le produce el incumplimiento por todas las partes involucradas en el conflicto –las fuerzas militares internacionales, el gobierno afgano y grupos armados como los talibanes– de sus obligaciones internacionales.


Los motivos de preocupación sobre la DSN se suscitaron por primera vez en 2002, poco después de que se remodelara el anterior servicio de información afgano a raíz de un llamamiento de la ONU en favor de una reforma en profundidad. Recientemente, en septiembre de 2007, la ONU reiteró sus motivos de preocupación sobre la DSN al pedir que se investigaran las denuncias sobre torturas y otros malos tratos perpetrados por este organismo. El mandato de la DSN no se ha hecho público en su integridad, pero al parecer incluye la facultad de detener, acusar, procesar y juzgar a personas por varios delitos relacionados con la seguridad. Este organismo cuenta también con centros de detención propios.


Desde principios de 2007, Amnistía Internacional ha evaluado varias cuestiones jurídicas, técnicas y prácticas relacionadas con la transferencia a las autoridades afganas de personas bajo custodia de la ISAF. En este informe se examinan los Memorandos de Entendimiento y otros acuerdos suscritos por un grupo central de países (Canadá, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Reino Unido) con el gobierno afgano para regular dichas transferencias. Otro grupo de países (Alemania Bélgica, Francia y Suecia) está tratando también de firmar acuerdos similares.


Pero la cuestión de la transferencia de personas detenidas no se circunscribe sólo a estos países, sino que corresponde a los 37 Estados que participan en la ISAF –tanto en su conjunto como en su calidad de países con tropas dirigidas por la OTAN– garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la adopción de medidas preventivas y compensatorias para abordar los reiterados abusos en el sistema de reclusión afgano.


Entre las iniciativas de reforma apoyadas por la comunidad internacional, la del sistema de reclusión afgano ha quedado relegada a un segundo plano, en concreto frente a la del sistema jurídico y a las de los procedimientos de reclutamiento y formación de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Sin embargo, el sistema de reclusión forma parte esencial de todo sistema judicial y la comunidad internacional debe abordar sus deficiencias junto con las de otros sectores.


Recientemente, en concreto el 19 de septiembre de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU, al ampliar el mandato de la ISAF, subrayó la necesidad de aumentar los esfuerzos dirigidos a reformar el sistema de reclusión en Afganistán. Junto con la obligación de ayudar al gobierno afgano, el Consejo de Seguridad añadió otro aspecto a la función de la ISAF al afirmar la necesidad de:


"[…] seguir avanzando en la reconstrucción y reforma del sector correccional, a fin de aumentar el respeto a la legalidad y los derechos humanos en dicho sector […]" (Resolución 1776 del Consejo de Seguridad de la ONU)


Los casos puestos de relieve en este informe incluyen denuncias de torturas perpetradas contra personas detenidas después de su transferencia a las autoridades afganas, incidentes en que países con fuerzas en la ISAF han perdido el rastro de personas detenidas después de haberlas transferido, dificultades en el seguimiento independiente de personas bajo custodia afgana y la práctica de efectuar transferencias en el acto sin ningún tipo de documentación.


Sobre la base de las investigaciones mencionadas, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que, con el fin de cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales, los países con tropas en la ISAF deben suspender de forma temporal todas las transferencias de personas detenidas a las autoridades afganas. Durante esta suspensión –que ha de ser inmediata– deben garantizar que las personas capturadas por sus fuerzas permanezcan bajo su custodia y sean tratadas con arreglo al derecho internacional humanitario y a las normas internacionales de derechos humanos. Con el fin de que la suspensión sea lo más breve posible, la ISAF debe participar de manera más decidida en el sistema de reclusión afgano y asegurarse de que las autoridades afganas adopten medidas urgentes para eliminar las torturas y otros malos tratos.


Dados los constantes informes de torturas y otros malos tratos perpetrados por la DSN a personas detenidas y la preocupación de la ONU y de otras instituciones, los países con tropas en la ISAF no deben eximirse de la obligación de proteger a las personas de tales abusos recurriendo a la firma de Memorandos de Entendimiento y de acuerdos bilaterales similares con el gobierno afgano. No pueden confiar en las promesas del gobierno afgano de que no seguirán produciéndose dichos abusos.


Tampoco deben soslayar –en aras de la conveniencia– la obligación jurídica internacional de proporcionar protección frente a torturas y otras formas de maltrato. Aunque el sistema judicial y el sistema de seguridad afganos siguen siendo débiles y mostrándose incapaces de cumplir y hacer cumplir las obligaciones internacionales de Afganistán respecto al trato que deben recibir las personas detenidas, los países con tropas en la ISAF que tengan personas detenidas deben cumplir la obligación de protegerlas.


Amnistía Internacional no propugna que los países con tropas en la ISAF reduzcan sus esfuerzos en Afganistán, ni que la ISAF ponga en marcha formas de reclusión prolongada ni asuma las funciones judiciales del Estado afgano, sino que busquen soluciones normativas y operativas para abordar los indicios recogidos en este informe y la cuestión de la tortura, los malos tratos y las detenciones arbitrarias practicadas por la DSN. Éste es el único modo de garantizar que no sean cómplices de las torturas.


Durante la suspensión propuesta, los países con tropas en la ISAF dirigida por la OTAN deben trabajar colectivamente para poner en marcha un plan de intervención a escala nacional con el fin de reformar el sistema penitenciario afgano para que se ajuste plenamente al derecho internacional y a las normas internacionales.


Los países con efectivos en la ISAF deben examinar la posibilidad de destacar personal e instructores en los centros de detención afganos con el fin de formar a los nuevos miembros del personal penitenciario y supervisar su labor. La formación impartida a la policía y a la magistratura podría ampliarse hasta incluir el sistema de reclusión; en este caso la formación podría facilitarla Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán, un grupo de países o incluso países por separado. Así, la participación de elementos civiles en la reconstrucción del Estado complementaría los aspectos militares de la función de la ISAF.


Además, el gobierno afgano debe actuar para erradicar todas las prácticas de detención arbitraria y tortura y otros malos tratos, reformar la DSN, hacer público el decreto presidencial secreto que regula las actividades de este organismo y proporcionar formación a su personal para garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional y de las normas internacionales.


Se debe facilitar acceso sin restricciones a todos los centros de la DSN a observadores independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. El gobierno afgano debe invitar también al relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura a que visite Afganistán para que haga un seguimiento de los informes de torturas y otros malos tratos y proporcione asesoramiento sobre la manera de salvaguardar los derechos individuales.


Por último, el gobierno afgano debe investigar con independencia y prontitud todas las denuncias de torturas y otros malos tratos. Se debe proteger a todas las personas detenidas para que no sufran más abusos. Se debe facilitar a las víctimas acceso a reparaciones con arreglo a las normas internacionales.


Amnistía Internacional considera que ha llegado el momento de que los agentes clave –los países con tropas en la ISAF dirigida por la OTAN, el gobierno afgano, la ONU, la UE, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y el Comité Internacional de la Cruz Roja– colaboren para abordar con urgencia todas estas cuestiones.















Afganistán

Transferencia de personas detenidas

que corren peligro de sufrir torturas:

¿Complicidad de la ISAF?



Recomendaciones


La ISAF, el gobierno afgano –y socios pertinentes como la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y la Unión Europea– deben abordar con urgencia los motivos de preocupación sobre derechos humanos relativos al trato que reciben las personas detenidas. Deben elaborar un plan global para reformar el sistema de reclusión afgano en general y la DSN en particular. Deben establecerse salvaguardias efectivas contra las torturas y otros malos tratos.


Recomendaciones a los Estados que participan en la ISAF



1. Declarar de inmediato una suspensión de la transferencia de personas detenidas a las autoridades afganas y asumir la responsabilidad de custodiarlas hasta que se establezcan salvaguardias efectivas contra las torturas y otros malos tratos en el sistema de reclusión afgano.

2. Durante la vigencia de la suspensión, colaborar en la elaboración de un plan global para reformar el sistema de reclusión afgano en consonancia con la resolución 1776 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se autoriza a la ISAF a participar "en la reconstrucción y reforma del sector correccional, a fin de aumentar el respeto a la legalidad y los derechos humanos en dicho sector […]" (resolución 1776 del Consejo de Seguridad de la ONU).

3. Procurar que ninguna de las personas detenidas que han sido transferidas ya a las autoridades afganas sea objeto de torturas ni otros malos tratos, que se investiguen las denuncias de tortura y que se faciliten reparaciones a las víctimas.

4. No confiar en los Memorandos de Entendimiento como garantía de que se puede transferir a una persona a las autoridades afganas sin que corra peligro de sufrir torturas y otros malos tratos.

5. Apoyar las reformas jurídicas e institucionales en Afganistán para que en ellas se incorporen y apliquen las normas sobre derechos humanos relativas al trato que deben recibir las personas detenidas, y proporcionar ayuda económica para la formación de todo el personal afgano relacionado con el sistema de reclusión (véase en el apéndice el Programa de 12 Puntos para la Prevención de la Tortura a manos de Agentes del Estado, de Amnistía Internacional).


Recomendaciones a la OTAN



1. Revisar todas las políticas sobre la transferencia de personas detenidas y proporcionar apoyo a los Estados miembros en el establecimiento de unas normas mínimas relativas a esta práctica para los Estados que intervienen en Afganistán a través de la ISAF.

2. En colaboración con socios pertinentes como los Estados miembros, la UE, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, elaborar un plan nacional para la reforma del sistema penitenciario afgano en consonancia con la resolución 1776 del Consejo de Seguridad de la ONU.


Recomendaciones al gobierno afgano



1. Adoptar medidas estructurales efectivas para impedir las torturas y otros malos tratos y garantizar su aplicación. En ellas se deberían incorporar todos los elementos recogidos en el Programa de 12 Puntos para la Prevención de la Tortura a manos de Agentes del Estado, de Amnistía Internacional (véase el apéndice).

2. Hacer público el decreto presidencial secreto en el que se regulan las actividades de la DSN.

3. Garantizar que observadores independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, tengan acceso sin restricciones ni obstáculos a todos los centros de detención de Afganistán, incluidos los de la DSN y alta seguridad, y acceso sin vigilancia a todas las personas detenidas.

4. Garantizar que las víctimas de torturas y otros malos tratos tengan acceso a un procedimiento efectivo de tramitación de denuncias sin temor a sufrir represalias.

5. Garantizar una investigación inmediata, imparcial, independiente y exhaustiva de todas las denuncias de torturas y otros malos tratos con arreglo al derecho internacional. Los presuntos responsables deben ser enjuiciados según procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre justicia procesal y que no comporten la imposición de la pena de muerte.

6. Garantizar que las víctimas de torturas y otros malos tratos y las personas a su cargo puedan obtener reparaciones inmediatas y adecuadas del Estado, incluidas restitución, indemnizaciones económicas y justas y rehabilitación y asistencia médica satisfactorias.

7. Reformar la DSN para garantizar que sus actividades queden reguladas de forma adecuada en una legislación transparente que separe las funciones de custodia e interrogatorio, y poner fin a las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de este organismo, vigilando, por ejemplo, de manera profesional e independiente su respeto a los derechos humanos.

8. Invitar al relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura a que visite Afganistán, incluidos los centros de detención bajo control de la DSN.

9. Cumplir plenamente los requisitos relacionados con la presentación de informes al Comité de la ONU contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a otros órganos de vigilancia internacionales y regionales.

10. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el que se establece un sistema de visitas periódicas a todos los centros de detención por parte de observadores independientes, y aplicarlo en todos sus términos.

11. Ratificar y aplicar plenamente el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el fin de que todas las personas puedan presentar denuncias individuales, incluidas las víctimas de torturas u otros malos tratos perpetrados por las autoridades afganas.


Recomendaciones a la ONU



1. La Misión de las Naciones Unidas en Afganistán debe facilitar a la ISAF asesoramiento especializado sobre la elaboración de una política coordinada en materia de reclusión con el fin de garantizar el cumplimiento por la ISAF de las obligaciones recogidas en el derecho internacional, incluido el del principio de no devolución (non-refoulement).


Recomendaciones a la Unión Europea


El Consejo de la Unión Europea debe elaborar un código de conducta relativo a la transferencia de personas detenidas para los Estados miembros que intervienen en Afganistán, y participar en la elaboración de un plan global para reformar el sistema de reclusión afgano en consonancia con la resolución 1776 del Consejo de Seguridad de la ONU.

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