Documento - EE.UU. Se advierte a los acusados de los atentados del 11 de septiembre sobre la falta de acceso a información clasificada y sobre otros inconvenientes de representarse a uno mismo


Público

AMNISTÍA INTERNACIONAL


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Se advierte a los acusados de los atentados del 11 de septiembre sobre la falta de acceso a información clasificada y sobre otros inconvenientes de representarse a uno mismo


10 de julio de 2008


Índice AI: AMR 51/076/2008


Dos de los cinco hombres acusados de orquestar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que se enfrentan a un juicio ante comisión militar que les puede imponer la pena de muerte se presentaron el 9 de julio por separado delante de un juez militar en Guantánamo para ser interrogados sobre su decisión de representarse a sí mismos. Los otros tres acusados tenían previsto comparecer el día 10 julio ante el juez, coronel de infantería de marina Ralph Kohlmann. Amnistía Internacional envío a una persona a los procesos en calidad de observador.


Como había dejado claro el juez en una orden emitida el 1 de julio, una de las principales cuestiones a tratar era si estos hombres habían decidido voluntariamente representarse a sí mismos como afirmaron durante la vista incoatoria que tuvo lugar el 5 de junio de 2008. 1Había indicios de que uno o más de los acusados habrían sido coaccionados por el resto a escoger la opción de representarse a sí mismos.


Los dos acusados a los que interrogó el juez el día 9 de julio eran el ciudadano pakistaní ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali (‘Ammar al Baluchi) y el ciudadano saudí Mustafa al Hawsawi. Ambos hombres negaron que algún otro de los acusados les hubiera coaccionado a la hora de tomar una decisión sobre el tema de la representación. Mustafa al Hawsawi declaró que los acusados habían hablado entre ellos durante la vista incoatoria y que "llegaron a un acuerdo sobre algunos asuntos". Cuando se le preguntó si alguno de los otros cuatro acusados había hecho algo que hubiera interpretado como una orden o una amenaza o como instrucciones sobre la manera de comportarse durante el proceso, Hawsawi respondió que "sin duda alguna, no" y "rotundamente no". ‘Ammar al Baluchi le dijo al juez militar que las denuncias de intimidación se debieron a un malentendido que se había producido porque el intérprete desconocía su cultura y no había entendido una broma que Khalid Sheikh Mohammed había gastado a Mustafa al Hawsawi.


Al Baluchi declaró ante el juez que había decidido libremente representarse a sí mismo por varias razones, entre ellas, razones éticas y religiosas y porque "estos procedimientos, no me convencen. Dijo que "sencillamente", se encontraba en entredicho la "justicia" de este "juicio llevado a cabo con el mayor secretismo". Reconoció que podía encontrarse en dificultades a causa de su falta de experiencia legal, pero añadió que debido a "su falta de comunicación con la representación letrada, no sé lo que hacen o lo que harán cuando no me encuentre presente. Nadie podía decirme lo que hacen en mi ausencia, por lo que he decidido representarme a mí mismo".


Se refirió también a varias cuestiones que suscitan preocupación y que Amnistía Internacional considera que, de no ponérseles remedio, representarían una grave violación de su derecho a llevar a cabo su propia defensa. Señaló que, a pesar de su decisión de representarse a sí mismo, las autoridades se habían negado a entregar al juez dos cartas y un alegato que había escrito; que no disponía de acceso a un ordenador; que no tenía acceso a una biblioteca jurídica; que era difícil ponerse en contacto y realizar consultas a su auxiliar jurídico, ya que no les era posible visitar Guantánamo con frecuencia y tampoco podían enviar correos electrónicos, mientras que el correo ordinario tardaba mucho en llegar (en el supuesto de que se entregara); y que, si bien los abogados podían enviar al juez correos electrónicos y cartas y presentar alegaciones, él no podía hacerlo.


El juez Kohlmann resolvió que Al Baluchi había decidido representarse a sí mismo voluntariamente y con conocimiento de causa, que el acusado deseaba que sus abogados militares estadounidenses actuaran como auxiliares jurídicos y que sus representantes jurídicos civiles estadounidenses actuaran como asesores legales. Al Hawsawi manifestó que todavía no había tomado una decisión sobre si quería o no aceptar la representación letrada militar o civil que se le ofrecía. El juez ordenó al abogado militar asignado a la causa que permaneciera en ella y declaró que el abogado civil podía ejercer como asesor legal salvo que, y hasta que, Al Hawsawi indicase lo contrario.2


El juez advirtió a Mustafa al Hawsawi de los inconvenientes de representarse a uno mismo, entre otros, que se enfrentaba a cargos muy graves, por lo que, para poder preparar una buena defensa, trabajo que normalmente desarrollan abogados con una gran preparación y familiarizados con las normas y leyes especiales y su aplicación, tendría que hacer un gran esfuerzo. Además, un abogado podría acceder más fácilmente a los testigos y a los materiales de investigación y se encontraría en una mejor posición que un acusado detenido para llevar a cabo la investigación. Según informes, el juez Kohlmann declaró que "si da la impresión de que estoy intentando convencerle de que desista de representarse a sí mismo, estaría en lo correcto".


También se planteó el asunto de la información clasificada. Amnistía Internacional ya ha expresado la inquietud que le suscita que los acusados, incluso si son representados por abogados que dispongan de la autorización correspondiente en materia de seguridad, puedan enfrentarse a un obstáculo casi insuperable para examinar ciertas pruebas, consideradas información clasificada, que se hayan utilizado en su contra (véase infra). Parece ser que el impedimento puede ser incluso mayor en el caso de los acusados que han decidido representarse a sí mismos.


Durante la sesión que mantuvo con Al Hawsawi, por ejemplo, el coronel Kohlmann advirtió al acusado de que, si decidía representarse a sí mismo, no podría acceder a documentos clasificados antes de la celebración del juicio, ya que carece de la autorización pertinente en materia de seguridad, como tampoco podría acceder a materiales que tratasen asuntos delicados que, en opinión del juez, debieran ser protegidos en aras de la seguridad nacional. El juez le advirtió de que la imposibilidad de acceder a tal información dificultaría considerablemente la capacidad del acusado para representarse a sí mismo.

Cuando se le preguntó si comprendía, Al Hawsawi respondió a través del intérprete: "Entiendo que se me ha asignado representación letrada para que me defienda. Mis abogados carecen de cierta información... Si usted no confía en los abogados, con todo mi respeto para los abogados aquí presentes, ¿cómo puede suponer que yo voy a confiar en ellos? En aras de la justicia, debe concedernos lo que le estamos pidiendo. Le pido que me permita acceder a toda la información que haga referencia a mi causa y, por el bien de la justicia, que yo sepa, justicia quiere decir imparcialidad".


Antes de su traslado a Guantánamo en 2006, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) había mantenido a estos dos hombres y a los otros tres encausados detenidos en secreto y en régimen de incomunicación durante un periodo de dos a tres años después de su detención en Pakistán en los años 2002 y 2003. Al ocultarse su paradero y la suerte que habían corrido, pasaron a ser víctimas de desaparición forzada. Al menos uno de los acusados, Khalid Sheikh Mohammed, fue sometido a la técnica de tortura con agua conocida como waterboarding, simulacro de ahogamiento. Las autoridades estadounidenses no han revelado qué otras técnicas de interrogatorio "habituales" o "mejoradas" se usaron con estas u otras personas detenidas por la CIA y la información sobre las técnicas empleadas con estos hombres, sus condiciones de reclusión y el emplazamiento de los centros de detención de la CIA permanece clasificada como alto secreto. Amnistía Internacional considera que, ya sea intencionadamente o no, el uso que Estados Unidos hace del alto secreto está impidiendo que salgan a la luz pública violaciones de derechos humanos y favorece la impunidad.


Para las comisiones militares convocadas en virtud de la Ley de Comisiones Militares, toda información clasificada "se debe proteger y no puede ser divulgada, si su divulgación puede suponer un peligro para la seguridad nacional". Siempre y cuando se evite la divulgación de "las fuentes, métodos o actividades que permitieron a Estados Unidos conseguir las pruebas" y el juez militar declare que las pruebas son "fiables" y las fuentes, métodos y actividades, información clasificada, se puede autorizar a la fiscalía a que presente las pruebas. La defensa puede recibir un resumen desclasificado de "fuentes, métodos o actividades" "en la medida en que quede garantizada la seguridad nacional". Es extremadamente preocupante que estas disposiciones se puedan aplicar incluso a aquellas pruebas clasificadas que "podrían contribuir razonablemente a la exculpación del acusado". De este modo, se puede negar al acusado el acceso a una parte o a la totalidad de las pruebas del gobierno que podrían ayudar a probar su inocencia, si tales pruebas se consideran información clasificada y el gobierno, con la aprobación del juez militar, considera "inviable" proporcionar una versión resumida. La fiscalía también se puede oponer a que la defensa interrogue a un testigo o a que presente una moción para la admisión de pruebas, si ello supone la revelación de información clasificada y, después de la objeción de la fiscalía, el juez militar tomaría "las medidas correspondientes para salvaguardar dicha información clasificada".


El día 10 de julio se celebraron por separado las sesiones de Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash y Ramzi bin al-Shibh, de nuevo, principalmente para estudiar la cuestión de la representación legal y la decisión tomada por estos hombres de representarse a sí mismos. El coronel Kohlmann declaró que, "de ser necesario", al día siguiente se celebraría una vista conjunta en la que se hallaran presentes los cinco acusados.


La cuestión de la representación legal es una cuestión crucial, por lo que el juez militar hace bien en estudiarla detenidamente. No se debe olvidar, sin embargo, que durante años se ha negado asistencia letrada a estos acusados, mientras se los sometía a ellos y a otras personas a tortura y desaparición forzada, considerados delitos en virtud del derecho internacional. Así, mientras el gobierno intenta conseguir que se los condene e incluso que se los ejecute, una pregunta permanece en el aire, ¿cuándo se encargará de que también rindan cuentas los que se encuentran del lado de la ley? Amnistía Internacional no considera que el sistema de comisiones militares sea el sistema que promoverá esta rendición de cuentas. Mas bien, se ha implantado para tolerar los abusos del gobierno en lugar de para arrojar luz sobre ellos.

Aun en el supuesto de que se resuelva el tema de la representación legal de estos hombres, las graves deficiencias estructurales de las comisiones militares no se resolverán. Amnistía Internacional sigue instando al gobierno estadounidense a que deje de celebrar juicios ante comisiones militares y ponga a todos los acusados a disposición de tribunales federales ordinarios, en los que no se recurra a la imposición de la pena de muerte.


Amnistía Internacional considera los atentados del 11 de septiembre como un crimen contra la humanidad y ha solicitado repetidamente que la búsqueda de la justicia y la seguridad se lleve a cabo dentro del marco de estricto cumplimiento de la legalidad internacional. El gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sistemáticamente este principio. Cuando el gobierno estadounidense decide no juzgar en un juicio público e imparcial en Estados Unidos a los que, según afirma, perpetraron los atentados del 11 de septiembre y, en vez de eso, los envía a una base militar aislada y fuera del continente para que sean sometidos a un juicio injusto, no son sólo los derechos de los acusados los que se vulneran. Las víctimas y sus familias tienen derecho a que se haga justicia, a saber toda la verdad sobre lo sucedido y a conocer la identidad de los responsables más allá de toda duda razonable. El planteamiento de Estados Unidos, además de socavar el Estado de derecho, también contribuye a negar estos derechos a las víctimas y a sus familias.



Véase también:

USA: Guantánamo: Military judge to question capital defendants on decision to represent themselves, 8 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/074/2008/en

EE. UU.: Se presentan cargos por delitos punibles con la muerte contra otro detenido en Guantánamo, torturado bajo custodia secreta de la CIA, 2 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/071/2008/es/45411366-4e6c-11dd-8dbe-b30106323643/amr510712008spa.html

EE. UU.: Comienza el simulacro de juicio. Vista incoatoria en Guantánamo de cinco personas que habían permanecido detenidas en secreto, 6 de junio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/056/2008/es/7a3bdf2f-3886-11dd-a7d1-851179bc648e/amr510562008spa.html

USA: Way of life, way of death: Capital charges referred against five former secret detainees, 20 de mayo de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/041/2008/en

EE. UU.: Otro detenido de la CIA se enfrenta a juicio ante una comisión militar por delitos punibles con la muerte, 2 de abril de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/027/2008/es/c6e3c235-0b7f-11dd-badf-1352a91852c5/amr510272008spa.html

USA: Impunity and injustice in the ‘war on terror’: From torture in secret detention to execution after unfair trial? 12 de febrero de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2008/en

EE. UU.: Ley y desorden ejecutivo. El presidente da vía libre al programa de detención secreta, agosto de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/135/2007/es/dom-AMR511352007es.html

EE. UU.: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, marzo de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/044/2007/es/dom-AMR510442007es.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

1 En virtud de la Norma 506 de las comisiones militares, "el acusado puede renunciar expresamente a su derecho de disponer de representación letrada y puede, a partir de ese momento, llevar a cabo su propia defensa. El juez militar sólo admitirá tal renuncia si considera que el acusado está preparado para comprender los inconvenientes que supone representarse a uno mismo y que dicha renuncia se solicita de forma voluntaria y con conocimiento de causa. El juez militar puede exigir que se halle presente representación letrada de la defensa incluso si el acusado ha renunciado a su derecho de disponer de representación letrada y lleva a cabo su propia defensa. Se puede revocar el derecho del acusado a defenderse a sí mismo si el acusado no mantiene la compostura o no cumple las reglas básicas de decoro y procedimiento".

2 La Norma 506 de las comisiones militares estipula: "El acusado tiene derecho a que lo represente ante una comisión militar representación letrada civil, siempre y cuando los gastos no los sufrague el gobierno, y a que lo represente también el abogado defensor [militar] que se haya asignado a su causa. No se permite al acusado que lo represente más de un abogado militar” . En virtud de esta norma, "sometido al criterio del juez militar y a la normativa que pueda recomendar el secretario de Defensa, el acusado, con objeto de poder realizar consultas, puede contar en su grupo de asesoramiento legal con la presencia de personas que no cumplan los requisitos para actuar como representación letrada en virtud de la [norma] 502 ".


Índice AI: AMR 51/076/2008 Amnistía Internacional, 10 de julio de 2008

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