Documento - EE. UU. Detención en régimen de incomunicación / detención sin cargos / preocupación jurídica
PÚBLICO Índice AI: AMR 51/051/2005
10 de marzo de 2005
Más información (actualización núm. 2) sobre AU 166/03 (AMR 51/084/2003, del 11 de junio de 2003) y su actualización (AMR 51/030/2004, del 16 de febrero de 2004) – Detención en régimen de incomunicación / detención sin cargos / preocupación jurídica
EE. UU. Jose Padilla (también conocido como Abdullah Al Mujahi)
Un juez federal de primera instancia resolvió el 28 de febrero que el gobierno estadounidense no puede mantener a Jose Padilla detenido indefinidamente como "combatiente enemigo", y dio al gobierno un plazo de 45 días para imputarle cargos o ponerlo en libertad. El Departamento de Justicia va a apelar contra esta decisión.
Según los informes, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzalez, ha sugerido que el Departamento de Justicia puede presentar cargos penales contra Jose Padilla si su apelación no prospera, pero ha añadido que "la decisión aún no se ha tomado".
Jose Padilla es un ciudadano estadounidense que lleva casi tres años recluido en Estados Unidos sin cargos ni juicio. Está recluido como "combatiente enemigo" pese a que fue detenido lejos de campo de batalla alguno. Fue detenido en el aeropuerto de Chicago el 8 de mayo de 2002 como sospechoso de conspirar para detonar una "bomba sucia" radiactiva en una ciudad de Estados Unidos. En principio fue puesto bajo custodia del Departamento de Justicia como "testigo material" en una vista de gran jurado. Sin embargo, el 9 de junio de 2002 fue designado "combatiente enemigo" en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente Bush y fue transferido a la custodia militar en Charleston, Carolina del Sur.
Jose Padilla permaneció recluido en régimen de aislamiento sin acceso a un abogado o a su familia hasta febrero de 2004, cuando el Departamento de Defensa estadounidense anunció que le permitiría un acceso a su abogado "sujeto a las restricciones de seguridad adecuadas". Su caso finalmente se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero esta Corte no estudió el fondo del argumento de que la reclusión de Padilla era ilegal. El 28 de junio de 2004, la Corte Suprema resolvió que el caso no debería haberse presentado originalmente en un tribunal federal de Nueva York, sino en uno de Carolina del Sur.
Cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema discreparon; no sólo consideraban que el caso se había presentado en la jurisdicción adecuada, sino que dejaron clara su opinión sobre un poder ejecutivo sin restricciones: "En este caso está en juego nada menos que la esencia de una sociedad libre. Aún más importante que el método para elegir a quienes gobiernan a la gente y a quienes suceden a los gobernantes es el carácter de las restricciones impuestas al Ejecutivo por el Estado de derecho [...] Para que esta Nación siga manteniéndose fiel a los ideales simbolizados por su bandera, es preciso que no empuñe las herramientas de los tiranos, ni siquiera para resistirse a la agresión de las fuerzas de la tiranía".
El caso Padilla volvió a presentarse ante el tribunal federal de primera instancia del distrito de Carolina del Sur, tal como había ordenado la mayoría de la Corte Suprema. El gobierno persistió en su argumento de que el presidente está autorizado constitucionalmente para detener a Jose Padilla sin cargos ni juicio como "combatiente enemigo", y de que el lugar donde Padilla fue detenido no es trascendente. Sin embargo, el juez federal Henry Floyd concluyó que la decisión del presidente Bush de retirar a Padilla del sistema de justicia penal ordinario y ponerlo bajo custodia militar no fue "ni necesaria ni apropiada". En su resolución, el juez Floyd escribió que fallar en favor del gobierno "no sólo ofendería al Estado de derecho y violaría la tradición constitucional de este país, sino que también traicionaría el compromiso de esta Nación para con la separación de poderes que salvaguarda nuestros valores democráticos y nuestras libertades individuales".
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Yaser al-Hamdi, un segundo ciudadano estadounidense que estaba recluido como "combatiente enemigo" en suelo estadounidense, fue puesto en libertad en octubre de 2004 tras permanecer recluido sin cargos ni juicio más de tres años. En virtud de su doble nacionalidad estadounidense/saudí, fue devuelto a Arabia Saudí con varias condiciones, entre ellas la de que renunciara a su ciudadanía estadounidense. En Arabia Saudí no se le imputaron cargos. Su liberación se produjo después de que la Corte Suprema resolvió que tenía derecho al debido proceso y a que los tribunales estadounidenses examinaran el recurso de hábeas corpus presentado en relación con su detención. Un tercer hombre, el ciudadano de Qatar Ali Saleh Kahlah al-Marri, continúa recluido en suelo estadounidense como "combatiente enemigo".
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades estadounidenses a no apelar contra la resolución del juez federal Henry Floyd, sino a presentar sin demora cargos contra Jose Padilla o, de lo contrario, ponerlo en libertad;
- pidiendo garantías de que, si se presentan cargos contra Padilla, las autoridades no intentarán usar contra él en ningún procedimiento declaración alguna obtenida mediante tortura o coacción o sin el debido proceso.
LLAMAMIENTOS A:
Fiscal General
The Honorable Alberto Gonzalez
Attorney General, Office of the Attorney General
US Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001, EE. UU.
Fax: +1 202 307 6777
Correo-E.: AskDOJ@usdoj.gov
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de abril de 2005.