Documento - Mensajes Contradictorios. Medidas antiterroristas y derechos humanos: Los primeros 100 días del presidente Obama.














Amnesty International Publications


Publicado originalmente en abril de 2009 por Amnesty International Publications

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Peter Benenson House

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Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2009


Índice: AMR 51/043/2009


Idioma original: inglés.


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EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid. España


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ÍNDICE





PrefacIO

Este informe evalúa las palabras y los actos del gobierno estadounidense encabezado por el presidente Barack Obama en sus primeros 100 días, y los compara con las recomendaciones específicas formuladas por Amnistía Internacional al nuevo presidente sobre las medidas antiterroristas y los derechos humanos. En esencia, Amnistía Internacional pidió al nuevo gobierno que reparara el daño causado por las políticas estadounidenses utilizadas en lo que el gobierno anterior denominaba “guerra contra el terror”, unas políticas que minaron el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Este informe no abarca los actos de otras ramas del poder estadounidense –el Congreso o los tribunales–, salvo para referirse a medidas tomadas por el gobierno en estos ámbitos.

El informe tampoco abarca los muchos motivos de preocupación adicionales de Amnistía Internacional respecto a Estados Unidos. La organización sigue trabajando sobre esos motivos de preocupación, relativos tanto a cuestiones internas de Estados Unidos –por ejemplo, la pena de muerte, las condiciones penitenciarias, la discriminación, la actuación policial o la violencia contra las mujeres–, como a cuestiones de política exterior estadounidense. Encontrarán más información sobre estas cuestiones y sobre las recomendaciones de Amnistía Internacional al respecto en nuestro sitio web: http://www.amnesty.org/es.

IntroducCiÓn

Al tomar posesión de su cargo el 20 de enero de 2009, el presidente Barack Obama heredó un legado de tortura, impunidad y detención ilegal. Ese legado era resultado de la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una respuesta caracterizada por un ataque al marco del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno estadounidense no sólo cometió violaciones de derechos humanos –incluidos los delitos de tortura y desaparición forzada, contemplados por el derecho internacional–, sino que las justificó, alegando que eran necesarias y legales.

Las imágenes de detenidos enjaulados y encadenados en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, de las torturas y malos tratos en la prisión de Abu Ghraib, Irak, o de los aviones Gulfstream utilizados para trasladar detenidos a prisiones secretas de todo el mundo, han quedado grabadas en la conciencia pública, indisolublemente unidas a la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre.

Durante su campaña por la presidencia, Barack Obama se comprometió a cerrar el centro de detención de Guantánamo y a poner fin a la tortura a manos de personal estadounidense. Lo que está por ver es hasta qué punto estas promesas supondrán un cambio real que lleve a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Amnistía Internacional publicó una lista de control frente a la cual evaluar los progresos realizados a este respecto por el nuevo gobierno en sus 100 primeros días.1 Tras las elecciones, la organización pidió al presidente electo Obama que, durante sus 100 primeros días en el cargo, tomara 17 medidas concretas para:

- cerrar Guantánamo y poner fin a la detención ilegal;

- erradicar la tortura y otros malos tratos;

- acabar con la impunidad.

Al concluir los 100 días, está claro que el nuevo gobierno ha tomado medidas importantes, entre ellas algunas para reparar las nocivas políticas de detención e interrogatorio establecidas durante el gobierno anterior. Sin embargo, otros cambios han sido más simbólicos que sustanciales, y las pocas acciones emprendidas por el nuevo gobierno para hacer rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos cometidas han cimentado la impunidad nutrida en el pasado, al menos para algunos de los responsables. Se necesitan más cambios urgentemente.

Con la lista de control de Amnistía Internacional como guía, este informe examina las palabras y los hechos del nuevo gobierno para evaluar los progresos realizados por Estados Unidos con el fin de cumplir sus obligaciones internacionales para con los detenidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo.



1. UN COMIENZO PROMETEDOR

pRIMEROS PASOS PositivOS

En su tercer día en el cargo, el presidente Obama firmó tres órdenes ejecutivas y un memorando que supusieron una ruptura con el enfoque de su predecesor hacia las políticas de detención e interrogatorio en el nombre de la lucha contra el terrorismo, un enfoque basado en los abusos, la injusticia y la impunidad. Fue un comienzo prometedor, bienvenido en gran parte por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, así como por las personas que, en Estados Unidos y el resto del mundo, llevaban años haciendo campaña para que se pusiera fin a las violaciones de derechos humanos asociadas a lo que el gobierno estadounidense llamaba “guerra contra el terror”.

Las órdenes ejecutivas sobre el cierre de Guantánamo, sobre los interrogatorios y sobre la revisión de la política de detención, y el memorando sobre el caso de Ali al Marri –el único “combatiente enemigo” que permanece recluido en territorio continental estadounidense– supusieron importantes pasos adelante.

Guantánamo Y LA DETENCIÓN ILEGAL

Desde el 11 de enero de 2002, Estados Unidos mantiene un centro de detención e interrogatorio fuera de su territorio nacional, en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba. Durante más de siete años, este centro ha sido la punta visible –aunque ni mucho menos transparente– del iceberg de detenciones indefinidas y secretas, entregas (transferencias, en este caso secretas, de detenidos entre países utilizando medios que esquivan el debido proceso judicial y administrativo) y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La base se ha convertido en un poderoso símbolo de la manera en que Estados Unidos ha despreciado los derechos humanos en el nombre de la lucha contra el terrorismo.


La orden ejecutiva titulada “Estudio y disposición de los individuos detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo y cierre de los centros de detención”, firmada por el presidente Obama el 22 de enero de 2009, da instrucciones para que se cierre el centro de detención de Guantánamo “en cuanto sea posible”, y no más tarde de un año después de la fecha de la orden.

La orden establece que el fiscal general coordinará un estudio interinstitucional para determinar quiénes de entre los detenidos de Guantánamo pueden ser liberados o transferidos desde la custodia estadounidense, quiénes pueden ser procesados en Estados Unidos, y bajo qué jurisdicción, y qué otras opciones jurídicas quedan para aquellos de los que el estudio determine que no pueden ser ni procesados ni juzgados.2 La orden ejecutiva afirma que los “nuevos esfuerzos diplomáticos” pueden ser fructíferos para resolver un “número sustancial” de casos, y da instrucciones a la Secretaria de Estado estadounidense para que lleve a cabo esos esfuerzos.

La orden da instrucciones también al secretario de Defensa para que tome las medidas necesarias para garantizar que se interrumpen todos los procedimientos ante comisiones militares en Guantánamo y que no se formulan más cargos en virtud de la Ley de Comisiones Militares contra detenidos, ni se remiten a juicio durante el estudio interinstitucional.

La lista de control de Amnistía Internacional incluía un llamamiento al nuevo gobierno para que abandone los juicios ante comisiones militares y transfiera a los tribunales federales existentes el juicio de cualquier detenido al que se imputen cargos sin demora. Las señales de una nueva apertura a la posibilidad de juzgar a detenidos de Guantánamo ante tribunales

Activistas de AI se manifiestan en Roma, Italia, enero de 2009 © Amnistía Internacional





federales civiles estadounidenses se han recibido con satisfacción pero, transcurridos los 100 días, no se ha formulado ningún compromiso sustancial a este respecto. La propia orden ejecutiva sólo establece que se evaluará “si es factible procesar a esos individuos ante un tribunal establecido en virtud del artículo III de la Constitución de Estados Unidos”. No descarta el consejo de guerra ni el juicio ante una comisión militar.

La orden ejecutiva da asimismo instrucciones al secretario de Defensa para que examine las condiciones de reclusión de Guantánamo, con el fin de garantizar que cumplen plenamente el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y todas las demás “leyes aplicables”.3

El hecho de que el centro de detención de Guantánamo, símbolo de la injusticia y el abuso, deje de estar operativo para el 22 de enero de 2010 es motivo de alegría. No obstante, la orden del presidente Obama deja abierta la posibilidad de que los detenidos permanezcan recluidos sin cargos en la base otro año más. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al nuevo gobierno para que resuelva rápidamente todos los casos de detenidos de maneras que cumplan plenamente las obligaciones internacionales de Estados Unidos.4

InterrogaTORIOS, TORTURA Y TRASLADOS

Desde finales de 2001, Estados Unidos ha mantenido un programa de detenciones secretas e interrogatorios, gestionado principalmente por la CIA. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas como parte de este programa se encuentran la tortura y las desapariciones forzadas, delitos ambos contemplados por el derecho internacional.

Los altos mandos de la CIA han manifestado que se ha sometido a este programa a menos de un centenar de personas. Se desconocen los nombres y paraderos de muchas de ellas, y tanto los lugares donde permanecieron recluidas como el trato que recibieron siguen clasificados como alto secreto. Al menos 16 de los “detenidos de alto valor” incluidos en este programa están ahora en Guantánamo, tras haber permanecido hasta cuatro años y medio recluidos en régimen de incomunicación y aislamiento antes de ser trasladados a la base naval. De estos 16, al menos 3 fueron sometidos a la forma de tortura conocida como waterboarding (simulacro de ahogamiento). Según un memorando publicado recientemente por el Departamento de Justicia, uno de estos hombres fue sometido a esta técnica 83 veces en agosto de 2002, y en marzo de 2003 otro hombre fue sometido a ella 183 veces. Otras técnicas de interrogatorio autorizadas para ser utilizadas en el programa de detención secreta eran la desnudez forzada, las posturas en tensión, la privación del sueño, los chorros de agua fría, la privación del alimento sólido o el confinamiento en espacios pequeños y oscuros.

La orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos”, firmada también por el presidente Obama el 22 de enero de 2009, supone un paso importancia hacia el final de este programa y de las violaciones de derechos humanos asociadas a él. La orden revoca la orden ejecutiva firmada por el presidente George W. Bush el 20 de julio de 2007, que autorizaba la continuación del programa de la CIA. Esta era una de las recomendaciones de la lista de control de Amnistía Internacional.

Esta orden ejecutiva revoca también, en la medida en que son contrarias a ella, otras órdenes ejecutivas, directivas y normas dictadas tras el 11 de septiembre de 2001. El presidente Obama ordenó que la CIA cerrara sus centros de detención secreta prolongada, y prohibió a la Agencia hacer funcionar ninguno de ellos en el futuro.5

La orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos” establece también que los interrogatorios de cualquier persona bajo la custodia o el control efectivo de cualquier organismo gubernamental estadounidense en “cualquier conflicto armado” debe regirse por las directrices sobre interrogatorio del Manual de Campo del Ejército. Según establece, “desde este día”, y sin “orientación adicional” del fiscal general, los responsables de interrogatorios estadounidenses no podrán utilizar los dictámenes judiciales o las directivas emitidas por el Departamento de Justicia entre el 11 de septiembre de 2001 y el 20 de enero de 2009 para interpretar las leyes relativas a los interrogatorios.

No obstante, sigue habiendo problemas importantes. La orden ejecutiva deja abierta la posibilidad de que la CIA detenga a personas de forma “breve, transitoria”. El director de la CIA confirmó el 9 de abril de 2009 que la Agencia mantenía esa autoridad para practicar detenciones. No está claro qué quiere decir en este caso “breves”, ni tampoco queda claro bajo qué autoridad jurídica mantendría la CIA bajo custodia a las personas en cuestión durante ese tiempo. La orden ejecutiva tampoco parece impedir que la CIA interrogue a detenidos recluidos en centros secretos controlados por otros países.

Además, el tomar como base el Manual de Campo del Ejército no es protección suficiente para los detenidos. El Manual no abarca las condiciones de detención no relacionadas con los interrogatorios, y algunas de sus disposiciones podrían aplicarse de manera contraria a la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos.

En particular, el apéndice M del Manual permite técnicas tales como la privación del sueño y el aislamiento. En otro apartado, permite la manipulación de los temores de los detenidos, lo que podría utilizarse de maneras que violan el derecho internacional. La orden ejecutiva hace referencia a la Convención contra la Tortura, pero no menciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni otras normas de derechos humanos. Esto debe ser remediado como parte de un reconocimiento más amplio y una mayor adhesión por parte de Estados Unidos respecto al derecho internacional de los derechos humanos.

La orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos” establece también un grupo de trabajo que deberá presentar su informe 180 días después del 22 de enero de 2009. Este grupo evaluará “la práctica de transferir a personas a otras naciones para garantizar que estas prácticas cumplen las leyes nacionales, las obligaciones internacionales y las políticas de Estados Unidos, y no dan lugar a la transferencia de personas a otros países para que sufran tortura”. Esto reconoce implícitamente que Estados Unidos ha incumplido su obligación internacional respecto a las transferencias de detenidos. La práctica de las entregas y la aceptación de “garantías diplomáticas” de otros Estados respecto a que los detenidos transferidos estarán a salvo a pesar del claro peligro de que sufran violaciones de derechos humanos ha dado lugar a que una cifra indeterminada de personas sean transferidas a la custodia estadounidense en lugares desconocidos o a la custodia de otros gobiernos que han sometido a esas personas a tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Las autoridades del nuevo gobierno han manifestado que no se debe enviar intencionadamente a personas a ser torturadas –como hicieron las autoridades del gobierno de Bush–, pero también han señalado que pueden continuar otros tipos de traslado –por ejemplo, mediante “garantías diplomáticas”– a Estados de los que se sabe que practican la tortura.

El grupo de trabajo se encargará también de “estudiar y evaluar” si las prácticas y técnicas de interrogatorio contenidas en el Manual de Campo del Ejército, al ser empleadas por organismos gubernamentales ajenos al ejército, “proporcionan un medio adecuado de adquirir la información necesaria para proteger a la nación”. Si el grupo lo considera necesario, recomendará “orientación adicional o diferente” para estos otros organismos. Amnistía Internacional sigue temiendo que esto pueda constituir una laguna jurídica aprovechable para el uso futuro de técnicas de interrogatorio incompatibles con el derecho internacional que prohíbe la tortura y otros malos tratos.

MEMORANDO PRESIDENCIAL SOBRE EL “COMBATIENTE ENEMIGO” Ali al Marri

El memorando presidencial “Revisión de la detención de Ali Saleh Kahlah al Marri” ordenó una revisión de la situación del único “combatiente enemigo” recluido en territorio continental estadounidense. Ali al Marri, ciudadano de Qatar con residencia en Estados Unidos detenido en Illinois, lleva recluido bajo custodia militar indefinida sin cargos ni juicio desde que, en junio de 2003, fue apartado del sistema de justicia penal y calificado de “combatiente enemigo”.

En febrero de 2009, Ali al Marri fue acusado para ser juzgado ante un tribunal federal estadounidense del cargo de conspirar para prestar apoyo material a una organización terrorista. El presidente Obama ordenó su traslado de la custodia militar a la civil. Este paso adelante se vio empañado por el hecho de que el nuevo gobierno, en un informe que pedía a la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimara el caso de Ali al Marri, no rechazó el argumento del gobierno de Bush de que Ali al Marri podía ser detenido indefinidamente como “combatiente enemigo”.

2. POCAS LIBERACIONES, nINGÚN CARGO

El compromiso en firme de cerrar el centro de detención de Guantánamo, los avances para poner fin a la tortura y la detención secreta a manos de la CIA, y los cargos presentados ante un tribunal federal contra Ali al Marri suscitaron grandes esperanzas sobre más progresos. Los acontecimientos posteriores –o la ausencia de ellos– han enfriado esas esperanzas.

Cuando se cumplen los 100 días del nuevo gobierno, el futuro sigue siendo incierto para los aproximadamente 240 detenidos aún recluidos en Guantánamo, mientras continúa la revisión ejecutiva ordenada por el presidente Obama sobre sus casos y sobre la política de detención estadounidense. Hasta el momento, la revisión sólo ha dado lugar a la liberación de un detenido. El nuevo gobierno no ha formulado cargos contra ninguno de los detenidos de Guantánamo.

Hay en marcha dos procesos sobre los casos de estos detenidos: las revisiones ordenadas por el presidente Obama sobre su liberación, traslado, procesamiento u otra opción aún sin determinar; y los recursos presentados por los detenidos en los tribunales estadounidenses sobre la legalidad de su detención (recursos de hábeas corpus), después de que la Corte Suprema, en su resolución de junio de 2008 en Boumediene v. Bush reconociera su derecho a presentarlos.

Aunque Amnistía Internacional no tiene motivo para dudar del compromiso del presidente Obama de cerrar Guantánamo, a la organización le preocupa el hecho de que la revisión ejecutiva ha carecido de transparencia, y la revisión judicial sigue enfrentándose a demoras y obstáculos.

En resumidas cuentas, transcurridos 100 días del nuevo gobierno, las detenciones ilegales en Guantánamo continúan y, para la inmensa mayoría de los detenidos, el cambio de gobierno no ha supuesto un cambio en su situación.6

LOS DETENIDOS PERMANECEN EN EL limbo

Pese al compromiso del nuevo gobierno de revisar, “de forma escalonada y lo antes posible”, los casos para determinar qué detenidos pueden ser trasladados o puestos en libertad, sólo un detenido fue liberado en los 100 primeros días gracias a la revisión ejecutiva. Binyam Mohamed, ciudadano etíope residente en Reino Unido, fue liberado y enviado a Reino Unido en febrero de 2009.

Poco después de que el nuevo gobierno ocupara su cargo, la calidad y la integridad de los archivos de los detenidos se convirtieron en objeto de disputa. Se citaron las palabras de un “alto cargo de la administración” que decía que la información está “desperdigada por la rama ejecutiva”. Sin embargo, un portavoz del Pentágono declaró que “los archivos individuales de cada detenido son completos y están lo suficientemente organizados”, aunque añadió que la cantidad de información “hace que una evaluación exhaustiva sea un empeño que lleva mucho tiempo”.7

El motivo por el que el gobierno no cuenta con información adecuada para justificar detenciones específicas es irrelevante.

Soldados estadounidenses montan guardia en un bloque de celdas del Campo Cinco del centro de detención de Guantánamo, noviembre de 2006. © US DoD




Si un gobierno no posee información fácilmente disponible que establezca unos motivos jurídicos y de hecho para mantener detenida a una persona, esa persona debe ser puesta en libertad. Si la persona continúa recluida, se están violando tanto su derecho a la libertad y la seguridad, a las que todo el mundo debe poder acceder, como la prohibición internacional de la detención arbitraria.

LA REVISIÓN Judicial SIGUE SUFRIENDO DEMORAS

En junio de 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos, en la causa Boumediene v. Bush, resolvió que los detenidos de Guantánamo tienen derecho a acceder sin demora a vistas ante los tribunales estadounidenses para impugnar la legalidad de su detención. El gobierno de Bush respondió a esa resolución con tácticas de litigio con las que consiguió demorar los procedimientos de hábeas corpus. Las demoras han continuado con el nuevo gobierno, que ha tratado de justificar algunas de ellas utilizando como argumento la revisión ejecutiva. No es una excusa válida.

Por ejemplo, el nuevo gobierno declaró en un escrito al tribunal en marzo de 2009 que, en su revisión ejecutiva, se estaba dando una “mayor prioridad” a los casos de detenidos cuyo traslado o liberación habían sido aprobados en el proceso de revisión llevado a cabo por el gobierno de Bush. Cuando el presidente Obama ocupó su cargo, el gobierno anterior había aprobado el traslado o la liberación de al menos 57 detenidos de Guantánamo.

El nuevo gobierno alegó que los procedimientos de hábeas corpus en esos casos debían suspenderse mientras el estudio interinstitucional determinaba, “lo antes posible”, qué debía hacer el gobierno con cada detenido. En el caso de que este estudio aprobara de nuevo el traslado, alegó el Departamento de Justicia, el recurso de hábeas corpus del detenido probablemente se consideraría innecesario, ya que el tribunal no podría ordenar un remedio mayor que el ya aprobado por el ejecutivo; es decir, la liberación de la base (habida cuenta de que el gobierno se opone al derecho de los tribunales a ordenar que se libere a detenidos en territorio estadounidense: véase infra).

En el caso de los detenidos acusados por el gobierno anterior para ser juzgados ante una comisión militar, el nuevo gobierno ha tratado de conseguir que sus recursos de hábeas corpus se rechacen sobre la base de que los cargos que se les imputan siguen pendientes, y esto pese al hecho de que las comisiones militares se han suspendido a petición del presidente Obama.

Amnistía Internacional, como parte de su lista de control, ha intentado que el nuevo gobierno abandone toda su oposición a la presentación de recursos completos de hábeas corpus por parte de los detenidos de Guantánamo y otros detenidos en situaciones similares. No obstante, después de 100 días del nuevo gobierno, y más de 10 meses después de la resolución Boumediene, sólo unos pocos detenidos de Guantánamo han podido acceder a una vista judicial, y el gobierno sigue oponiéndose a que los tribunales estadounidenses tengan competencia para examinar denuncias sobre el trato recibido o las condiciones de reclusión.

Incluso en los casos en los que los jueces han ordenado la liberación inmediata de detenidos a los que consideran recluidos ilegalmente, los detenidos han permanecido en reclusión indefinida en Guantánamo, en algunos casos durante muchos meses.

Otro motivo adicional de preocupación es el enfoque del gobierno respecto a los detenidos de la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán. El 20 de febrero de 2009, en respuesta a una invitación cursada un mes antes por un juez federal para preguntarle si el nuevo gobierno adoptaría una postura distinta de la de su predecesor respecto a los detenidos de Bagram, el Departamento de Justicia respondió simplemente que “tras considerar la cuestión, el gobierno mantiene su postura antes expresada”, es decir, la postura del gobierno de Bush, radicalmente opuesto a una supervisión judicial efectiva de las detenciones fuera de territorio estadounidense (véase recuadro).8

¿LIBERACIÓN DE DETENIDOS EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE?

¿REVISIÓN Judicial PARA LOS DETENIDOS DE Bagram?

Todas las personas detenidas, salvo las capturadas como prisioneros de guerra en un conflicto armado internacional, tienen en principio derecho a un procedimiento justo ante un tribunal independiente para impugnar la legalidad de su detención, y tienen derecho también a remedios efectivos respecto al trato recibido y las condiciones de reclusión, y a acceso significativo a asistencia letrada.

El 2 de abril de 2009, un juez federal estadounidense resolvió que tres detenidos bajo custodia del ejército estadounidense en la base aérea de Bagram, Afganistán, trasladados allí por fuerzas estadounidenses tras haber sido capturados en otros países, podían impugnar ante un tribunal estadounidense la legalidad de su detención, y señaló que “salvo por el lugar donde permanecen recluidos, los detenidos de Bagram no se diferencian de los de Guantánamo”. La resolución es limitada y deja sin respuesta numerosas cuestiones, entre ellas una tan importante como la de qué sucederá con la mayoría de los más de 500 detenidos recluidos allí actualmente que fueron aprehendidos inicialmente en Afganistán. No obstante, supuso un paso positivo por parte de un juez federal hacia el Estado de derecho en Bagram y en contra de la postura establecida por el gobierno de Bush y adoptada por su sucesor.

Sin embargo, el 11 de abril, el gobierno de Obama manifestó que apelaría contra esta resolución. Dado que los detenidos de Bagram no tienen acceso a una revisión judicial efectiva en Afganistán, la apelación del gobierno significa esencialmente que, al igual que su predecesor, el nuevo gobierno pretende negar a los detenidos recluidos por Estados Unidos fuera de su territorio o de Guantánamo un medio efectivo de impugnar la legalidad de su detención, manteniendo así el carácter arbitrario de las detenciones, que viola el derecho internacional de los derechos humanos.

Tras la resolución Boumediene, una prioridad política primordial para el gobierno de Bush fue garantizar que ningún detenido de Guantánamo era liberado en territorio estadounidense. Este es uno de los motivos por los que se mantenía detenidos indefinidamente en Guantánamo a individuos cuyo traslado o liberación había sido aprobado por la revisión ejecutiva de dicho gobierno, o había sido ordenado por los tribunales de Estados Unidos. El nuevo gobierno podía y debía haber roto de forma inmediata, clara y enérgica con esta postura indefendible. Después de 100 días, no ha formulado ningún compromiso concreto ni ha emprendido ninguna acción para modificar esta política.

Estados Unidos mantiene recluidos ilegalmente en Guantánamo a 17 hombres de etnia uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China. En diversos momentos entre 2003 y 2008, el gobierno de Bush decidió que ninguno de ellos era “combatiente enemigo” y que podían ser liberados. Sin embargo, Estados Unidos no podía trasladarlos a China, pues existía un peligro real de que fueran torturados o ejecutados tras un juicio injusto. El gobierno anterior, según los informes, pidió a más de un centenar de países que los aceptara, sin éxito.

El 8 de octubre de 2008, un juez federal estadounidense resolvió que la detención indefinida de los uigures era ilegal, y ordenó que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno anterior apeló contra esta decisión, y el nuevo gobierno no retiró esa apelación. El 18 de febrero de 2009, en Kiyemba v. Obama, la Corte de Apelaciones anuló la orden del tribunal federal de primera instancia. El nuevo gobierno, al igual que su predecesor, se ha negado hasta el momento a liberar a los uigures en territorio estadounidense.9

Los esfuerzos diplomáticos ordenados por el presidente Obama parecen haber tenido cierto éxito. Francia e Irlanda han accedido a ofrecer protección a individuos recluidos en Guantánamo que no pueden ser devueltos a su país de origen ante el temor de que sufran violaciones de derechos humanos, y algunos Estados europeos más han accedido en principio si forma parte de un acuerdo de toda la Unión Europea. Algunas autoridades gubernamentales, en declaraciones públicas y reuniones con Amnistía Internacional, han manifestado satisfacción por el cambio de actitud del gobierno estadounidense respecto a poner fin a las detenciones de Guantánamo y reformar sus políticas de detención en el contexto de la lucha antiterrorista. Esto ha contribuido a que esos países se muestren más dispuestos a considerar el aceptar a detenidos liberados.

Amnistía Internacional insta al gobierno del presidente Obama a acusar o liberar de inmediato a todos los detenidos de Guantánamo. A los que puedan ser liberados, incluidos los uigures, debe ofrecérseles la posibilidad de ser liberados en territorio estadounidense si no hay otro país que esté dispuesto a aceptarlos.



SIN CARGOS, SIN JUICIOS, SIN justicIA

Estados Unidos ha afirmado que algunos de los detenidos en Guantánamo han cometido o han conspirado para cometer delitos graves, incluidos los atentados del 11 de septiembre de 2001, unos atentados que Amnistía Internacional califico de crímenes de lesa humanidad. Los procedimientos ante comisiones militares se han suspendido, pero sigue sin estar claro si este sistema de justicia de bajo nivel y discriminatorio se abandonará finalmente, y qué sucederá con los detenidos a los que Estados Unidos quiere juzgar.

Estados Unidos puede tener dificultades para establecer causas contra individuos, dado el régimen de tortura y otras violaciones de derechos humanos que ha utilizado, por no mencionar el secretismo generalizado con el cual se reunieron pruebas en el pasado. Sin embargo, este es un problema que el propio Estados Unidos ha creado y que no puede utilizarse para justificar nuevas violaciones de derechos humanos. No debe utilizarse como excusa para construir una nueva forma de detención arbitraria –Guantánamo en todo menos el nombre– con la que mantener recluidos a aquellos a los que no puede acusar pero a quienes considera demasiado peligrosos para ponerlos en libertad. El hecho de que la prohibición internacional del uso de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos pueda significar que no se puede presentar una causa contra un detenido no puede utilizarse como excusa para seguir recluyendo al detenido en cuestión sin juicio, o para hacer caso omiso de la prohibición en sí.

En los primeros 100 días hubo algunas señales inquietantes de que el nuevo gobierno no rechazaba la posibilidad de continuar con el desacreditado sistema de comisiones militares. Tal como se mencionó anteriormente, el nuevo gobierno, sobre la base de que los cargos contra ellos estaban aún pendientes, y pese a que las comisiones se habían suspendido, trató de que se denegaran los recursos de hábeas corpus de algunos de los detenidos a los que se había acusado para ser juzgados ante comisiones militares. Asimismo, un escrito presentado por el gobierno ante los tribunales en marzo de 2009 señalaba que “por indicación del secretario de Defensa, el Departamento de Defensa sigue investigando y evaluando casos para posibles juicios ante comisiones militares”.

Los tribunales civiles estadounidenses han juzgado con éxito numerosos casos de terrorismo en el pasado, y el sistema jurídico de Estados Unidos cuenta ya con procedimientos para proteger la confidencialidad de los secretos de Estado en la medida en que sea compatible con un juicio justo. Los detenidos de Guantánamo han pasado años detenidos sin cargos ni juicio, y durante ese tiempo al parecer se ha recogido amplia información. No era ilógico esperar que estos detenidos fueran acusados para ser juzgados en los tribunales estadounidenses existentes durante los primeros 100 días del nuevo gobierno. El hecho de que no haya sucedido es motivo de honda preocupación y constituye una violación constante de los derechos de los detenidos.

En resumen, Amnistía Internacional pidió al nuevo gobierno que garantizara que todos los individuos detenidos como parte de las operaciones antiterroristas tienen acceso a una revisión judicial efectiva, y que todos los detenidos de Guantánamo son acusados o puestos en libertad sin peligro. La decisión de transferir a Ali al-Marri de la detención indefinida bajo custodia militar al sistema de justicia penal ordinario fue un importante paso adelante que señala el camino a seguir para otros casos. Sin embargo, para los detenidos de Guantánamo, los progresos durante los primeros 100 días del nuevo gobierno han sido mínimos, y para los detenidos de Bagram, la postura del nuevo gobierno es sustancialmente la misma que la de su predecesor. Esto debe cambiar.

3. LAS PALABRAS IMPORTAN, Y LA ESENCIA TAMBIÉN

El gobierno de Bush inventó o popularizó una serie de términos –“combatiente enemigo ilegal”, “guerra contra el terror”, “entrega extraordinaria”, “técnica de interrogatorio mejorada”– que han pasado a estar indisolublemente asociados a violaciones de derechos humanos. El presidente Obama se ha apartado de esos términos. Poco después de tomar posesión de su cargo, se le preguntó por el amplio marco establecido por el presidente Bush para la “guerra contra el terror”, y el presidente Obama respondió que “las palabras que utilizamos importan”.

Ese cambio de lenguaje se apreció en la presentación de una opinión jurídica por parte del nuevo gobierno ante un tribunal federal de primera instancia el 13 de marzo de 2009 en relación con la visión que el nuevo gobierno tenía de su autoridad para mantener recluidos a los detenidos de Guantánamo. En un comunicado de prensa que la acompañaba, el Departamento de Justicia subrayó que había abandonado la calificación de “combatiente enemigo” asignada a los detenidos por el gobierno de Bush.

El gobierno también parece haberse apartado del término “guerra contra el terror”. Por ejemplo, en marzo de 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que “el gobierno ha dejado de usar esa frase, y creo que eso habla por sí solo”.10

LOS CAMBIOS DEBEN IR MÁS ALLÁ DE UNA NUEVA RETÓRICA

No obstante, es el marco de guerra global establecido por el gobierno de Bush, y no sólo la terminología en él utilizada, lo que debe modificarse. Es ese marco, y las políticas asociadas a él que tan fundamental impacto han tenido en la interpretación hecha por Estados Unidos respecto a sus obligaciones internacionales y su trato a los detenidos. Es el paradigma de la guerra lo que ha distorsionado y sigue distorsionando la relación entre los derechos humanos y las medidas tomadas en el nombre de la lucha contra el terrorismo.

El gobierno anterior se basó en la doctrina de la guerra global para justificar la negación, a los detenidos acusados de implicación en actos de terrorismo, de la gama de derechos y protecciones que les otorgan el derecho internacional de los derechos humanos (y también las leyes ordinarias estadounidenses) y el derecho internacional de los conflictos armados. Esto se aplica especialmente al trato y las condiciones de reclusión, y al carácter secreto e indefinido de las detenciones, así como a la limitación –o la exclusión total– de la supervisión judicial. Los detenidos de Guantánamo, Afganistán y los centro secretos de la CIA en otros lugares del mundo han sufrido los efectos directamente.

Por desgracia, pese a este cambio de retórica, hay motivos para creer que el paradigma de la guerra global puede persistir. Dos de los más altos cargos jurídicos del gobierno de Obama –el fiscal general y la fiscal general adjunta– mantienen, aparentemente, la opinión de que Estados Unidos está implicado en una “guerra” global.

En su vista de confirmación ante el Comité Judicial del Senado en enero de 2009, el entonces aspirante a fiscal general, Eric Holder, afirmó categóricamente que Estados Unidos está “en guerra”. Siguió diciendo que, volviendo la vista a la década de 1990, concretamente a los atentados con explosivos contra dos embajadas estadounidenses en África Oriental en 1998 y al ataque contra el USS Cole en Yemen en 2000, “como nación, deberíamos habernos dado cuenta de que, en aquel momento, estábamos en guerra. No deberíamos haber esperado hasta el 11 de septiembre de 2001 para tomar esa determinación”.

Luego le preguntaron: “Si nuestros servicios de inteligencia capturaran en Filipinas a una persona sospechosa de financiar a Al Qaeda en todo el mundo, ¿consideraría a esa persona parte del campo de batalla, incluso aunque estemos en Filipinas, si participara en una actividad de Al Qaeda?”. El aspirante a fiscal general dijo que sí, que lo haría.

A Elana Kagan, confirmada como fiscal general adjunta el 19 de marzo de 2009, se le hizo la misma pregunta en su vista de confirmación en febrero de 2009, y dio la misma respuesta.

Aunque las leyes de la guerra y el derecho de los derechos humanos comparten protecciones fundamentales importantes –como la prohibición absoluta de la tortura–, en otros aspectos importantes el nivel de protección que ofrecen es diferente. El invocar las leyes de la guerra en situaciones que no constituyen conflicto armado mina gravemente el marco de los derechos humanos y el sistema de justicia penal ordinario, y distorsiona la aplicación del Estado de derecho en sí. El gobierno estadounidense debe reconocer que el derecho de los derechos humanos y el sistema ordinario de justicia de Estados Unidos –no las leyes de la guerra– constituyen el marco jurídico general para las medidas antiterroristas en situaciones que no constituyen conflictos armados en curso.

UTILIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FUERZA MILITAR

En el memorando que presentó el 13 de marzo de 2009 ante un tribunal federal, el nuevo gobierno manifestaba que, al menos en relación con los actuales detenidos de Guantánamo, no pretendía basarse en la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas para justificar las detenciones.11 En su lugar, basaba su autoridad para practicar detenciones en la Autorización del Uso de Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), una resolución aprobada por el Congreso estadounidense inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en “analogías” a las leyes de la guerra. Esto recuerda muy de cerca a las posturas sustanciales adoptadas por el gobierno anterior. La AUMF autorizaba al presidente a “utilizar toda la fuerza necesaria y adecuada” contra cualquier persona implicada en los atentados, “con el fin de prevenir actos futuros de terrorismo internacional contra Estados Unidos”. El gobierno de Bush también había tratado de basarse en la AUMF en el litigio de Guantánamo posterior a la resolución Boumediene.

La postura del Departamento de Justicia respecto a la AUMF puede suavizar un poco la preocupación nacional por la salud del sistema constitucional de “controles y equilibrio” de las tres ramas del poder en Estados Unidos, después de un periodo en el que se estaba recurriendo de forma insólita a la autoridad presidencial. Sin embargo, el hecho de que el nuevo gobierno mantenga las “leyes de la guerra” como referencia fundamental sobre la aplicabilidad a esas detenciones de los derechos humanos y el sistema ordinario de justicia penal hace perdurar las distorsiones del gobierno anterior.

La retirada del calificativo de “combatiente enemigo” y el abandono del eslogan “guerra contra el terror” parecen más una cuestión de relaciones públicas e imperativos diplomáticos que un intento real de reformar las políticas antiterroristas que han facilitado las violaciones de derechos humanos.

La utilización de la AUMF para justificar detenciones fuera de un conflicto armado internacional en curso es contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional. Se necesita un nuevo enfoque.

Tal como pidió Amnistía Internacional en su lista de control, el presidente Obama debe confirmar que la orden militar del 13 de noviembre de 2001 sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo” se ha revocado por completo, es decir, en todos los aspectos no abarcados por la orden ejecutiva sobre interrogatorios. El gobierno debe invocar la justicia penal ordinaria u otras leyes civiles pertinentes, y no las leyes de la guerra, como posible base legal para la detención de personas fuera de un conflicto armado internacional en curso. Asimismo, debe aclarar que no interpretará que la AUMF representa un intento por parte del Congreso de autorizar violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

4. TransparencIA Y secreTISMO: ESCAsos PROGRESOS

UNA MAYOR TRANSPARENCIA: EL LEMA DEL NUEVO GOBIERNO

Incluso antes de dictar las órdenes ejecutivas sobre Guantánamo, los interrogatorios y la revisión de la política sobre detenidos, el presidente Obama dio señales de ir a apartarse del nivel de secretismo ejecutivo por el que tanto se había criticado al gobierno de Bush. El 21 de enero de 2009, por ejemplo, el presidente emitió dos memorandos para los directores de los departamentos y organismos ejecutivos: uno en torno a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, y otro titulado “Transparencia y gobierno abierto”. En ellos, el presidente Obama subrayaba que “una democracia requiere rendición de cuentas, y la rendición de cuentas requiere transparencia”, y se comprometía a que su gobierno “creará un nivel sin precedentes de apertura”.

El 19 de marzo, basándose en los principios afirmados en el memorando en torno a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, el fiscal general Holder emitió unas directrices revisadas sobre esta ley, que reemplazaban a las emitidas el 12 de octubre de 2001. El fiscal general dijo que las nuevas directrices “restaurarán la presunción de revelación que yace en el núcleo de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información”. El memorando del fiscal general reiteraba las instrucciones del presidente Obama, es decir, que la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información debía administrarse con la clara presunción de que, “ante la duda, prevalece la apertura”.

El nuevo gobierno ha tomado otras medidas para conseguir una mayor transparencia, un elemento fundamental para garantizar una protección de los derechos humanos y una rendición de cuentas efectivas.

El 2 de marzo de 2009, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicas siete opiniones jurídicas no desveladas hasta entonces, elaboradas en 2001 y 2002 por la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento y que, entre otras cosas, ofrecían asesoramiento jurídico sobre cuestiones relativas a la autoridad presidencial respecto al uso de la fuerza, la detención y el juicio de los individuos designados “combatientes enemigos”, y el traslado a terceros países de detenidos talibanes y de Al Qaeda capturados fuera de Estados Unidos.

El 16 de abril de 2009, el Departamento de Justicia hizo públicas otras cuatro opiniones jurídicas redactadas en 2002 y 2005 por la Oficina del Asesor Jurídico. Las cuatro trataban en detalle, y autorizaban legalmente, las técnicas de interrogatorio que la CIA había utilizado o pretendía utilizar en el programa de detenciones secretas, como el waterboarding (simulacros de ahogamiento), las bofetadas, las posturas en tensión, la reclusión en lugares muy reducidos, la explotación de fobias, el uso de chorros de agua fría, la desnudez forzada y la privación del sueño.

El 21 de abril de 2009, el Departamento de Defensa desclasificó y amplió el informe del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en torno a su investigación sobre el trato a los detenidos bajo custodia estadounidense (aunque todavía con tachaduras). Esta versión, distribuida al público el 22 de abril de 2009, añadía pruebas considerables sobre un marco utilizado por el gobierno anterior de autorizaciones sobre la tortura y otros malos tratos a detenidos, y sobre la intensidad y la prolongación de esa tortura y malos tratos. La versión del informe que se había publicado el 20 de noviembre de 2008 omitía gran parte de estos datos, censurados por considerarse “clasificados” en aquel momento.

En su lista de control, Amnistía Internacional había pedido al nuevo gobierno que desclasificara y publicara todas las opiniones jurídicas y documentos que autorizaban o aprobaban las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión y debatían si esas técnicas o condiciones eran conformes con la prohibición nacional o internacional de la tortura y otros malos tratos. El gobierno anterior se había negado en redondo a publicar estas y otras opiniones que incluían la supuesta justificación legal de las políticas que condujeron a violaciones generalizadas de derechos humanos. Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por el mayor compromiso de apertura del gobierno del presidente Obama, e insta a que ese compromiso se cumpla con el vigor necesario.

En otros aspectos, como se describe infra, el nuevo gobierno ha adoptado la postura de su predecesor. Los mensajes, una vez más, son contradictorios.

LAS DETENCIONES DE Bagram, EN UN VELO DE SECRETO

En marzo de 2009, según el Comité Internacional de la Cruz Roja –la única organización internacional con acceso a estos detenidos– había aproximadamente 550 detenidos recluidos bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram, Afganistán. Las detenciones allí siguen envueltas en un velo de secreto.

Prisioneros afganos ante el Tribunal Supremo tras abandonar la base estadounidense de Bagram, Kabul, Afganistán, 2005. © AP/PA Photo/Emilio Morenatti


Afghan prisoners at Supreme Court after leaving US base at Bagram, Kabul, Afghanistan, 2005 (C) AP Graphics bank





Un juez federal estadounidense pidió en enero de 2009 al gobierno de Bush que revelara el número de personas recluidas en Bagram, cuántas habían sido puestas bajo custodia fuera de Afganistán y cuántas de ellas tenían ciudadanía afgana. El gobierno de Bush respondió clasificando los datos principales como secreto y eliminándolos de la versión no clasificada del expediente. En una orden de seguimiento dictada en marzo, el mismo juez hizo las mismas preguntas al nuevo gobierno, que adoptó el mismo enfoque de su predecesor, eliminando de los archivos públicos los detalles de su respuesta al juez.12

La necesidad de transparencia se puso de manifiesto cuando el gobierno británico reveló, el 26 de febrero de 2009, que dos personas que había entregado a Estados Unidos en Irak en 2004 habían sido trasladadas posteriormente a la custodia estadounidense en Afganistán, donde permanecían cinco años después. No está claro si esas dos personas se encuentran recluidas en Bagram, pero su traslado a Afganistán por parte de Estados Unidos puede haber constituido un crimen de guerra.13

De forma más general, dado el historial de abusos en Bagram –incluidos la tortura, los malos tratos y la detención secreta– y el hecho de que Estados Unidos sigue recluyendo a personas como parte del conflicto armado no internacional en Afganistán, el constante secretismo es motivo de honda preocupación. El secreto facilita las violaciones de derechos humanos. Mientras Estados Unidos aumenta su número de tropas en Afganistán, la transparencia y la claridad sobre la política de detención estadounidense son más necesarias que nunca para proteger a los detenidos y garantizar que se rinden cuentas por las violaciones de derechos humanos.

LA DOCTRINA DEL SECRETO DE ESTADO

También suscita honda preocupación la postura del gobierno en una causa presentada ante la Corte de Apelaciones estadounidense. La causa en cuestión, Mohamed v. Jeppesen Dataplan, Inc., se ha presentado en favor de cinco hombres –Binyam Mohamed, Abou Elkassim Britel, Ahmed Agiza, Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah y Bisher al Rawi– que afirman haber sido objeto de entrega por parte de la CIA, transportados hasta y desde una diversidad de países y sometidos a graves violaciones de derechos humanos. En el núcleo de esta causa reside la cuestión del uso del secreto para bloquear el escrutinio judicial de las violaciones de derechos humanos.14

La demanda afirma que Jeppesen Dataplan, empresa de transportes filial de la compañía Boeing, proporcionó apoyo logístico, pilotos y aviones a la CIA para vuelos destinados a entregas extraordinarias, y que la empresa “sabía, o existen motivos razonables para que lo hubiera sabido, que los demandantes serían sometidos a desaparición forzada, detención y tortura en países en los que esas prácticas son habituales”. Por ello, los demandantes piden daños y perjuicios a la empresa.

El gobierno de Bush intervino en el caso, reivindicando “privilegios de secretos de Estado” en su nombre y el de Jeppesen Dataplan, e hizo que la causa se desestimara sobre esa base. El tribunal federal de primera instancia resolvió a favor del gobierno.

Se apeló contra la decisión ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, corte federal. Dos semanas y media después de que el nuevo gobierno tomara posesión de su cargo, se celebró una vista ante el tribunal. Cuando uno de los tres jueces preguntó si el gobierno del presidente Obama iba a adoptar sobre el caso una postura diferente a la de su antecesor, el abogado del Departamento de Justicia pareció sorprender a los jueces al responder que no.

Otro juez preguntó: “¿El cambio de gobierno no tiene importancia?”. El funcionario del Departamento de Justicia respondió: “No, señoría”. La cuestión había sido “examinada a fondo con las autoridades pertinentes del nuevo gobierno”, según dijo, y “estas son las posturas autorizadas”.

El “privilegio de secretos de Estado” se había invocado inicialmente con el argumento de que, aunque se había reconocido la existencia del programa secreto de la CIA, los datos seguían siendo altamente confidenciales, y su revelación podía poner en peligro la seguridad nacional. En una carta a la Corte de Apelaciones fechada el 21 de abril de 2009, los abogados de los demandantes-apelantes escribieron: “Ese motivo ya no existe, puesto que los métodos son ahora públicos y han sido prohibidos expresamente”.

A 27 de abril, la Corte de Apelaciones aún no había emitido su resolución.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno a no permitir que el secretismo impida la rendición de cuentas, y a garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen acceso a un remedio y una reparación plenos y justos por las violaciones sufridas.

5. ProCESAMIENTO, inVESTIGACIÓN, remedIO: SE AFIANZA LA impuniDAD

En una entrevista concedida poco más de una semana antes de tomar posesión de su cargo, se preguntó al presidente electo Obama si investigaría y enjuiciaría los delitos cometidos durante el gobierno de Bush, incluida la tortura. Respondió:

Evidentemente, examinaremos las prácticas pasadas, y no creo que nadie esté por encima de la ley. Por otra parte, también tengo la creencia de que debemos mirar hacia delante, no hacia atrás [...] No hemos tomado decisiones definitivas, pero mi instinto me dice que nos centremos en cómo asegurarnos de que, al avanzar, estamos haciendo lo correcto [...] mi orientación va a ser ir hacia delante.

No se puede negar que agentes estadounidenses cometieron delitos contemplados por el derecho internacional, y que las violaciones generalizadas de derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista –incluidas torturas y desapariciones forzadas– se autorizaron en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos. La cuestión era qué pensaba hacer el nuevo gobierno al respecto.

Amnistía Internacional pidió al presidente Obama que tomara cinco medidas inmediatas en sus primeros 100 días para rechazar y poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo.15 Esas medidas eran: garantizar que se establece una comisión de investigación; iniciar investigaciones y enjuiciamientos penales; permitir a las víctimas el acceso a remedios efectivos; y desvelar plenamente toda la información pertinente sobre las violaciones de derechos humanos.

Por desgracia, el único compromiso en firme pronunciado durante los primeros días del nuevo gobierno respecto a la cuestión de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado ha tenido como efecto afianzar la impunidad para algunos de los responsables de torturas y otras violaciones de derechos humanos igualmente criminales. Esto es incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.

AUMENTAN LOS INDICIOS DE DELITOS, PERO NO LAS ACCIONES AL RESPECTO

Un informe confidencial del CICR, filtrado en marzo de 2009, describe el trato recibido por 14 “detenidos de alto valor” recluidos bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006. El informe pinta una sombría imagen, y añade nuevos detalles a las denuncias existentes de tortura y otros malos tratos en el programa de detención secreta de Estados Unidos. Sus conclusiones son contundentes.16

Tres de los 14 detenidos dijeron al CICR que eran sometidos repetidamente a waterboarding. En el informe, el detenido Abu Zubaydah describe cómo:

me ponían en lo que parecía una cama de hospital, y me inmovilizaban con correas muy apretadas. Luego me ponían un trapo negro sobre la cara, y los responsables del interrogatorio echaban agua sobre el trapo, con una botella de agua mineral [...] luchaba, sin éxito, por respirar. Creía que iba a morir. Perdí el control de la vejiga. Desde entonces, todavía lo pierdo cuando me veo sometido a tensión.17

Los 14 detenidos dijeron al CICR que los habían obligado a permanecer de pie largo rato, les habían propinado puñetazos, patadas y golpes, les habían privado del sueño y los habían obligado a escuchar música constante a gran volumen. Ninguno había tenido acceso a abogados, al CICR o a sus familias. Tampoco habían tenido un contacto significativo con otros detenidos y, durante largos periodos –en algunos casos, años– ni siquiera habían tenido acceso al aire libre.

Las conclusiones del informe del CICR son inequívocas:

En opinión del CICR, [...] [l]a totalidad de las circunstancias en las que permanecían recluidos constituía de hecho una privación arbitraria de la libertad y la desaparición forzada.

El CICR considera claramente que las denuncias de los 14 detenidos incluyen descripciones de tratos y técnicas de interrogatorio –por separado o en combinación– que constituían tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.

El CICR subrayó que la “coincidencia de las detalladas denuncias realizadas por separado por cada uno de los 14 añade un peso especial” a las denuncias de malos tratos. También añadió un peso adicional la publicación de las opiniones jurídicas de la Oficina del Asesor Jurídico del 16 de abril y del informe ampliado del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado del 22 de abril.

Amnistía Internacional ha pedido que se abran investigaciones criminales sobre los programas de entregas y detenciones secretas, y contempla con decepción cómo el nuevo gobierno no parece haberlo hecho en sus primeros días. El informe del CICR, la publicación de las opiniones jurídicas y el informe ampliado del Comité de las Fuerzas Armadas añaden urgencia a este llamamiento. Amnistía Internacional desea señalar que, aunque el informe del CICR no ha sido de dominio público hasta hace unas semanas, el gobierno estadounidense lo recibió hace más de dos años. Asimismo, es evidente que los responsables gubernamentales de la toma de decisiones conocen desde hace mucho tiempo las opiniones de la Oficina del Asesor Jurídico y la información contenida en el informe del Comité de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Bush admitió haber sometido a waterboarding a tres detenidos. Tanto el presidente Obama como el fiscal general Holder han declarado que el waterboarding es una forma de tortura. La tortura constituye un delito en virtud del derecho tanto estadounidense como internacional. P

Torre de control del aeropuerto de Szymany, Polonia, donde un Boeing 737 utilizado por la CIA aterrizó en 2003, al parecer transportando a detenidos de Afganistán para recluirlos en un centro secreto de detención de la CIA. © AP/PA Photo







or lo tanto, Estados Unidos tiene ahora un presidente y un máximo responsable del cumplimiento de la ley que consideran que agentes estadounidenses han cometido actos de tortura. Están obligados a garantizar una rendición de cuentas tanto individual como institucional completa por estos crímenes.18

Sin embargo, el 16 de abril de 2009, cuando el Departamento de Justicia hizo públicas cuatro opiniones jurídicas escritas para la CIA por la Oficina del Asesor Jurídico en 2002 y 2005, tanto el presidente Obama como el fiscal general Holder dijeron que no se procesaría a nadie que se hubiera basado “de buena fe” en el asesoramiento legal ofrecido en esas opiniones. Entre otras técnicas de interrogatorio, las opiniones aprobaban las descritas en el informe del CICR: waterboarding, privación del sueño, posturas en tensión, explotación de fobias, desnudez forzada y chorros de agua fría contra detenidos recluidos en detención secreta e incomunicada.

El 21 de abril de 2009, al tiempo que reafirmaba su compromiso de no procesar a ciertos funcionarios que se habían basado en las opiniones jurídicas, el presidente Obama aclaró que contemplaba el posible procesamiento de “quienes formularon las opiniones jurídicas” como una cuestión diferente que sería “más decisión del fiscal general dentro de los parámetros de diversas leyes”, y que no quería “prejuzgar”.

El nuevo gobierno debe emprender cuanto antes investigaciones penales efectivas e independientes sobre todos los posibles responsables de actos cometidos como parte del programa de entregas y detenciones secretas de la CIA, incluidos no sólo los autores directos, sino también quienes autorizaron u ordenaron los delitos, participaron de cualquier otra manera o fueron cómplices en ellos, o fueron responsables en última instancia.

NECESIDAD DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS MÁS AMPLIA

Los abusos cometidos por personal estadounidense en Irak, Afganistán, Guantánamo y otros lugares han sido numerosos y variados. Incluyen desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (en algunos casos, con el resultado de muerte bajo custodia), detención prolongada en régimen de incomunicación y otras formas de detención arbitraria e indefinida, transferencias secretas internacionales de detenidos sin el proceso debido, y juicios injustos.

Las investigaciones criminales son una parte de las maneras de garantizar la rendición de cuentas por estos abusos, al igual que lo es una mayor transparencia, pero deben tomarse otras medidas igualmente importantes. Debe hacerse pública toda la verdad sobre lo sucedido y sobre cómo llegó a suceder, y debe haber un remedio y una rehabilitación efectivos para todas las personas cuyos derechos humanos se han violado.

No obstante, al igual que sucede con las investigaciones criminales, el nuevo gobierno no ha tomado las medidas necesarias sobre este asunto en sus primeros 100 días. Cuando ha actuado –mediante litigios– ha sido para continuar el patrón de bloquear la rendición de cuentas y fomentar la impunidad que caracterizó la respuesta del gobierno de Bush a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista.

AUSENCIA DE UN COMPROMISO firmE DE CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Durante el gobierno de Bush se llevaron a cabo algunas investigaciones y revisiones sobre los abusos en Guantánamo, Irak, Afganistán y otros lugares. Sin embargo, la mayoría eran poco sistemáticas, carecían por lo general de la independencia o el mandato necesarios para llegar a lo alto de la cadena de mando o más allá del ejército, y no entrevistaban a víctimas ni aplicaban las normas internacionales. Muchas de sus conclusiones permanecen clasificadas como secreto. Todavía hay mucho que no se ha investigado, mucho que está oculto de la vista pública.

Amnistía Internacional pidió por primera vez en 2004 que se estableciera una comisión de investigación sobre todos los aspectos de las políticas y prácticas estadounidenses de detención e interrogatorio. En su lista de control de noviembre de 2008, la organización reiteró este llamamiento al nuevo gobierno, y pidió al presidente que convirtiera en prioritario el establecimiento de dicha comisión independiente en sus primeros 100 días. Por desgracia, el gobierno no ha formulado ningún compromiso público a ese respecto. Lo más cerca que ha llegado ha sido cuando, en una conferencia de prensa el 21 de abril, manifestó:

[...] si es necesario, y cuando lo sea, que haya una mayor rendición de cuentas de lo que sucedió en este periodo, creo que, probablemente, el enfoque más sensato sería que el Congreso examinara las maneras en las que esto se puede hacer de forma bipartidaria, fuera del típico proceso de vistas que en ocasiones puede desmoronarse y dividirse por líneas de partido, y que haya participantes independientes que estén por encima de cualquier reproche y gocen de credibilidad.

No sugiero que deba hacerse, lo que digo es que, si surge la oportunidad, me parece muy importante que el pueblo estadounidense sienta que esto [...] se está haciendo para aprender algunas lecciones y poder avanzar de manera efectiva.

Aunque esta declaración supone un cierto progreso respecto a la reticencia anterior del presidente a respaldar de alguna manera el concepto de una comisión pública de investigación sobre las políticas y prácticas estadounidenses de detención e interrogatorio en el contexto de la lucha antiterrorista, todavía no llega al nivel del compromiso firme y específico de establecer esa una comisión de investigación dotada del poder adecuado tan necesaria.

BloQUEAR LA JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS: EL GOBIERNO QUIERE QUE SE DESEsTIME LA DEMANDA PRESENTADA POR LOS DETENIDOS

En los tribunales, el gobierno de Obama se ha basado en argumentos de secreto y seguridad nacional de una manera tal que, de hecho, ha bloqueado la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos (como en el caso de Jeppesen Dataplan antes citado). Hay otra causa judicial que suscita especial preocupación.

Dicha causa, actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito DC, se refiere a Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Rhuhel Ahmed y Jamal al Harith, cuatro ciudadanos británicos recluidos sin cargos ni juicio en Guantánamo durante dos años, de 2002 a 2004.19 Siete meses después de ser repatriados en marzo de 2004, presentaron una demanda en un tribunal federal estadounidense de primera instancia pidiendo daños y perjuicios por el trato ilegal que habían recibido en Guantánamo. Según la demanda, habían sufrido detención arbitraria prolongada, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contra de lo establecido por los Convenios de Ginebra, el derecho internacional consuetudinario y la Constitución estadounidense, y habían sufrido también un trato discriminatorio a causa de sus creencias religiosas, lo cual viola la ley federal estadounidense.

En un informe fechado el 13 de marzo de 2009, el Departamento de Justicia pretendía de hecho que se dictara una prohibición general de las demandas presentadas por ciudadanos extranjeros contra autoridades militares estadounidense por violaciones de cuestiones constitucionales. Para pedir dicha prohibición, alegaban que esas demandas “por acciones emprendidas respecto a extranjeros detenidos en tiempo de guerra, obligarían a los tribunales a enredarse en cuestiones militares, de seguridad nacional y de asuntos exteriores que son competencia exclusiva de la rama política”. Según el Departamento, el permitir esas demandas llevaría a las autoridades a “tomar decisiones basadas en el temor a un litigio, más que en una política militar adecuada”. El 24 de abril de 2009, la Corte de Apelaciones rechazó la demanda Rasul, al igual que lo había hecho en enero de 2008, antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos le pidiera que reconsiderara esa decisión a la luz de la resolución Boumediene v. Bush de junio de 2008, relativa a las detenciones de Guantánamo.

El gobierno debe abandonar este enfoque. El permitir que reine tal impunidad en presuntos casos de violaciones de derechos humanos sería manifiestamente incompatible con toda noción de justicia para las víctimas o con las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional.

ConclusiÓn

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se embarcó en un programa antiterrorista que burlaba sus propias obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El resultado inevitable fueron prácticas brutales y vidas destrozadas.

El enfoque estadounidense ha tenido también graves repercusiones en todo el mundo, tanto directamente, a medida que algunos gobiernos se fueron volviendo cómplices de los abusos de Estados Unidos, como indirectamente, mediante la creación de una atmósfera permisiva que dio nuevos aires a antiguas prácticas de represión. Bajo este ataque, el marco de los derechos humanos se resquebrajó.

El hecho de que gran parte de este programa se originara en el ejecutivo estadounidense, con el presidente a la cabeza, implica que Barack Obama ha heredado no sólo un legado de abusos, sino también una oportunidad única para reparar algunos de los daños causados al Estado de derecho durante el mandato de su predecesor.

El gobierno del presidente Obama ha dado pasos importantes para empezar a abordar este legado, y eso es algo que merece reconocimiento. El centro de detención de Guantánamo se convertirá en cosa del pasado, al igual que lo harán –según es de esperar– las técnicas de interrogatorio “mejoradas” y las prisiones secretas de la CIA. El nuevo gobierno –y esto es importante– reconoce que el enfoque de su predecesor era inaceptable, e incluso perjudicial para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta noción ha sido el motor de algunas de las medidas positivas adoptadas en los primeros 100 días.

Pero estos cambios positivos no ocultan el hecho de que más de 240 hombres permanecen detenidos ilegalmente en Guantánamo, que cientos más se consumen bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán, sin medio para impugnar su detención, y que Estados Unidos sigue reservándose el derecho a utilizar las entregas extraordinarias y permitir que la CIA mantenga recluidas a personas durante periodos breves y transitorios sin dejar claro el marco jurídico que rige esas detenciones.

Los cambios positivos tampoco pueden enmascarar la realidad de que el gobierno estadounidense sigue invocando el espectro de una “guerra” indefinida y perpetua, cuyo campo de batalla puede encontrarse en cualquier lugar, desde Peshawar hasta Perú, ni pueden ocultar que Estados Unidos parece seguir arrogándose el derecho de detener a personas como parte de esta “guerra” hasta que las hostilidades concluyan, sea eso cuando sea, y si es que llega a suceder.

El prometedor inicio de los primeros días del gobierno de Obama no debe dejar como estela una repetición del patrón de violaciones de derechos humanos, secretismo e impunidad fomentado por el gobierno anterior.

¿Y Ahora, QUÉ?

En su lista de control, Amnistía Internacional instó a que se tomaran 17 medidas en tres ámbitos: Guantánamo y la detención ilegal, la tortura y otros malos tratos, y la impunidad. Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Obama en su tercer día en el cargo supusieron un importante paso adelante en los dos primeros ámbitos, pero no abordaron la impunidad por las violaciones de derechos humanos ya cometidas en el nombre de la lucha antiterrorista. Por desgracia, las señales positivas iniciales sobre Guantánamo y la detención ilegal no han venido seguidas de un progreso sustancial, al menos públicamente, y a lo largo de los primeros 100 días del presidente Obama en el cargo se ha extendido una notable tolerancia hacia la impunidad.

La lista de control de Amnistía Internacional identificó cinco puntos de acción sobre los que el gobierno debía tomar medidas en sus primeros 100 días para acabar con la impunidad y garantizar la rendición de cuentas. Al concluir los 100 días, el comentario bajo cada uno de esos puntos es: “No se han emprendido acciones”, y se señala que, en todo caso, la impunidad se ha cimentado, al menos para algunos de los responsables de abusos graves. El presidente Obama debe empezar a abordar los delitos y las violaciones generalizadas de derechos humanos que han empañado la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno debe seguir con la promesa de los primeros días respecto a las detenciones ilegales, los juicios y la tortura y otros malos tratos. Debe garantizar que las comisiones militares se abandonan por completo, que se pone fin a la práctica de las entregas extraordinarias y que se cierran todas las lagunas jurídicas sobre la tortura y los malos tratos. Aquellos a los que se acuse de delitos reconocibles deben ser juzgados con las debidas garantías ante los tribunales estadounidenses, y debe darse una solución segura, duradera y legal a todos los detenidos que no sean acusados. Toda persona que permanezca bajo custodia estadounidense fuera de una situación de conflicto armado internacional reconocido y en curso debe poder impugnar de manera efectiva su detención ante los tribunales, lo cual incluye, cuando sea necesario, el acceso a un recurso de hábeas corpus ante los tribunales estadounidenses.

En resumen, el cierre de Guantánamo debe señalar el final de las políticas y prácticas que personifica, no simplemente un traslado de esos abusos a otro lugar, ya sea la base aérea de Bagram, en Afganistán, o cualquier otro.

Sobre todo, debe inyectarse una sensación de urgencia al proceso. El ataque al marco de los derechos humanos encabezado por Estados Unidos al lanzar su “guerra contra el terror” tuvo consecuencias graves para el Estado de derecho en Estados Unidos, e importantes repercusiones en los derechos humanos en el mundo entero. Los gestos simbólicos y las medias acciones sencillamente no bastan.

Amnistía Internacional elaboró su lista de control de 17 medidas pensando en lo que, siendo realistas, el nuevo gobierno podía llevar a cabo en sus 100 primeros días. Resulta descorazonador ver que ni siquiera se han aplicado estas 17 medidas. Mirando hacia los meses y años venideros, Amnistía Internacional considera que las autoridades estadounidenses deben establecer objetivos más ambiciosos para demostrar el compromiso necesario y emprender acciones concretas para prevenir que se repitan las violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo.20

Amnistía Internacional pide al presidente Obama que siga con la promesa formulada en su toma de posesión: rechazar como falsa la elección entre seguridad e ideales. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos internacionales deben ser las características esenciales de su mandato.



lista de control de “contra el terror, justicia”: evaluación de los primeros 100 días del Presidente Obama


CERRAR GUANTÁNAMO Y PONER FIN A LA DETENCIÓN ILEGAL

1. Confirmar que Estados Unidos cerrará de forma permanente el centro de detención de Guantánamo, y fijar un plazo relativamente breve para completar la aplicación de esta medida.

CONSEGUIDO: Orden ejecutiva del 22 de enero de 2009, “Estudio y disposición de los individuos detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo y cierre de los centros de detención”.

2. Dictar una orden ejecutiva mediante la cual se ponga fin a todo uso de las entregas extraordinarias, la detención secreta o la reclusión en régimen de incomunicación durante periodos prolongados por Estados Unidos o en su nombre en cualquier parte del mundo.

PROGRESO: La orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos” pone fin al programa de la CIA de detención secreta prolongada y garantiza el acceso del CICR a los detenidos bajo custodia estadounidense. Sin embargo, la orden no pone fin a la práctica de las entregas extraordinarias y deja abierta la posibilidad de que la CIA utilice los centros de detención de forma breve y transitoria, o utilice centros controlados por otros países para que éstos detengan e interroguen a personas a instancias suyas (detención por encargo).

3. Revocar la orden ejecutiva del 20 de julio de 2007 mediante la cual se autoriza la continuación del programa de interrogatorios y detención secreta de la CIA.

CONSEGUIDO: Esta orden queda revocada por la sección 1 de la orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos”.

4. Revocar la orden ejecutiva en materia militar del 13 de noviembre de 2001 sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo.

NO ESTÁ CLARO: Todas las órdenes ejecutivas de entre 2001 y 2009, en la medida en la que contradigan la orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos”, han quedado revocadas, aunque sin especificarse órdenes concretas. No está claro si la orden del 13 de noviembre de 2001 ha quedado totalmente revocada, especialmente como autoridad potencial para detener a personas.

5. Ordenar que se ponga fin a los juicios ante comisiones militares y se abandone el sistema de tribunales de revisión del estatuto de combatiente y juntas de revisión administrativa.

PROGRESO: Se han suspendido las comisiones militares. Sin embargo, no se ha puesto fin a estas comisiones de forma permanente, y el gobierno estadounidense se ha basado en cargos pendientes en virtud de la Ley de Comisiones Militares para oponerse a recursos específicos de hábeas corpus.

6. Anunciar un plan mediante el cual se acusará formalmente y sin dilación a las personas detenidas en Guantánamo para que sean enjuiciadas ante tribunales federales estadounidenses, o en virtud del cual se les devolverá la libertad protegiéndolas plenamente de convertirse en víctimas de más violaciones de derechos humanos, y garantizar que este plan estará dotado de los recursos necesarios.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES

7. Asegurar que a los detenidos de Guantánamo que pudieran correr peligro de ser objeto de violación grave de los derechos humanos si fueran devueltos a su país de origen se les ofrecerá la oportunidad de vivir en Estados Unidos, si así lo desean, y trabajar con otros gobiernos para asegurar que a otros detenidos en circunstancias similares se les ofrece protección.

DESIGUAL: Otros gobiernos, entre ellos Francia e Irlanda, se han ofrecido a brindar protección a detenidos que no puedan ser devueltos a sus países de origen. El gobierno estadounidense no se ha comprometido públicamente a permitir que ningún detenido de Guantánamo tenga la oportunidad de vivir en Estados Unidos, ni siquiera aquellos cuya liberación han ordenado los tribunales estadounidenses.

8. Comprometer a la Administración estadounidense a no privar de libertad de forma arbitraria a ninguna persona (promesa que debe incluir el no negar a nadie el derecho a una revisión judicial efectiva y no interferir con dicho derecho) y a poner fin de inmediato a la oposición del gobierno a la celebración de vistas de recursos de hábeas corpus con pleno disfrute de sus derechos para las personas detenidas en Guantánamo y personas en situaciones similares.

REVÉS: El gobierno ha adoptado el enfoque de su predecesor respecto a la detención en la base aérea estadounidense de Afganistán, y ha apelado contra la decisión de conceder derechos de hábeas corpus a algunos detenidos allí recluidos.

Aunque se reconoce el derecho de los detenidos de Guantánamo al recurso de hábeas corpus, este tipo de revisión judicial ha seguido enfrentándose a demoras con el nuevo gobierno. El gobierno sigue oponiéndose a que se incluyan el trato a los detenidos o las condiciones de reclusión en los recursos de hábeas corpus.



ERRADICAR LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

9. Dictar una orden ejecutiva en la que se declare que Estados Unidos no utilizará en ninguna circunstancia la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal y como se definen en el derecho internacional.

PROGRESO: La orden ejecutiva “Garantizar interrogatorios legítimos” es un importante paso adelante, orientado a poner fin a las prácticas eufemísticamente denominadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”, utilizadas en el programa de detención secreta. Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque se sigue utilizando el Manual de Campo del Ejército, que contiene lagunas jurídicas respecto a la tortura y otros malos tratos y no menciona la necesidad de cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos u otras normas de derechos humanos aparte de la Convención contra la Tortura.

10. Anunciar que el gobierno no utilizará ninguna información obtenida mediante tortura u otros malos tratos en ninguna actuación, salvo como prueba contra la persona que haya perpetrado dicho abuso.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES

11. Comprometerse a trabajar junto con el Congreso para retirar todas las reservas y declaraciones interpretativas de carácter restrictivo relacionadas con la tortura y otros malos tratos que se hayan formulado al ratificar Estados Unidos tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES

12. Levantar el secreto oficial que rige sobre todos aquellos dictámenes judiciales y otros documentos que autoricen o aprueben el uso de técnicas de interrogatorio y condiciones de reclusión en los que se analice la cuestión de si dichas técnicas o condiciones son compatibles con la prohibición nacional o internacional de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

PROGRESO: Se han publicado algunos dictámenes judiciales clasificados o no desvelados anteriormente de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia estadounidense. La desclasificación del informe ampliado del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado también ha revelado información adicional importante.



ACABAR CON LA IMPUNIDAD

13. Asegurar que se inician investigaciones criminales sobre los programas de entrega extraordinaria y detención secreta gestionados por Estados Unidos o en su nombre.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES

14. Rechazar toda situación de impunidad por crímenes de derecho internacional como la tortura y otros malos tratos a personas detenidas y la desaparición forzada.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES: Tanto el presidente como el fiscal general y el director de la CIA parecen dispuestos a aceptar la impunidad de al menos algunos responsables de delitos contemplados por el derecho internacional, entre ellos la tortura, otros abusos similares contra detenidos y la desaparición forzada.

15. Asegurar que se establecerá una comisión de investigación independiente sobre todos los aspectos de las prácticas de detención e interrogatorio empleadas por Estados Unidos en el contexto de la “guerra contra el terror”.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES: El presidente Obama manifestó que “si se necesita y cuando se necesite” una rendición adicional de cuentas, el Congreso podría examinar maneras de hacerlo con el acuerdo de las distintas partes. Aparte de esto, el gobierno no ha formulado ningún compromiso respecto a garantizar el establecimiento de una comisión de investigación dotada de poder suficiente.

16. Dar a conocer los nombres, nacionalidad, paradero actual, situación jurídica y circunstancias de la detención de todas las personas que han sido objeto de entrega extraordinaria o recluidas en virtud de programas de detención secreta.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES

17. Anunciar que su gobierno trabajará para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos de las que autoridades estadounidenses podrían ser responsables, tendrán un acceso efectivo a reparación y vías de recurso.

NO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES: En todo caso, se ha producido un revés. El Departamento de Justicia ha invocado las leyes de secreto de Estado e inmunidad militar de manera que impide que las víctimas de violaciones de derechos humanos obtengan una reparación y un remedio efectivos.

1 A causa de las fechas de publicación, este informe abarca hasta el 27 de abril de 2009, día 98 del nuevo gobierno. Esta versión inicial en español es un extracto de la versión completa en inglés. La traducción completa en español estará disponible próximamente.

2 El 15 de abril, el nuevo fiscal general, Eric Holder, declaró: “Hay algunos detenidos de los que probablemente concluiremos que ya no constituyen una amenaza para Estados Unidos y pueden ser liberados o transferidos a la custodia de otros países. Hay otros a los que decidiremos procesar ante un tribunal federal. Pero hay una tercera categoría de detenidos que plantean un problema más difícil... mucho más difícil. Si un detenido es demasiado peligroso para ser liberado, pero existen obstáculos insuperables para procesarlo ante un tribunal federal, ¿qué hacemos?”-

3 El estudio subsiguiente concluyó que las condiciones cumplían el artículo 3 común, y al mismo tiempo formuló una serie de recomendaciones de mejora. Sin embargo, ni la orden ni el estudio reconocían expresamente entre las “leyes aplicables” el derecho internacional de los derechos humanos, salvo la Convención contra la Tortura.

4 Estados Unidos de América: La promesa de un cambio real. Las órdenes ejecutivas del presidente Obama sobre detenciones e interrogatorios (Índice AI: AMR 51/015/2009), 30 de enero de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/015/2009/es.

5 El 9 de abril de 2009, el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, declaró que la Agencia “ya no tiene en funcionamiento centros de detención ni lugares negros” y había “propuesto un plan para cerrar los centros restantes”.

6 Véase USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy (Índice AI: AMR 51/050/2009), 9 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2009/en.

7 “Guantánamo case files in disarray”, Washington Post, 25 de enero de 2009, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/24/AR2009012401702_pf.html.

8 Véase USA: Out of sight, out of mind, out of court? The right of Bagram detainees to judicial review (Índice AI: AMR 51/021/2009), del 18 de febrero de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/021/2009/en; USA: Federal judge rules that three Bagram detainees can challenge their detention in US court (Índice AI: AMR 51/048/2009), 3 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/048/2009/en.

9 Otros detenidos permanecen en Guantánamo después de que los tribunales estadounidenses hayan ordenado su liberación. Por ejemplo, un juez federal de Estados Unidos ordenó el 14 de enero de 2009 la liberación de Mohammed el Gharani, ciudadano de Chad que tenía 14 años –era un niño– cuando fue puesto bajo custodia estadounidense. Mohammed el Gharani continúa en Guantánamo.

10 Véase “Obama team drops ‘war on terror’ rhetoric”, Reuters, 31 de marzo de 2009, http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKTRE52T7N920090330.

11 No está claro si el gobierno se basará en esta misma autoridad respecto a las detenciones en Bagram.

12 Véase USA: Administration opts for secrecy on Bagram detainee details (Índice AI: AMR 51/034/2009), 12 de marzo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/034/2009/en.

13 Véase USA: Urgent need for transparency on Bagram detentions (Índice AI: AMR 51/031/2009), 6 de marzo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/031/2009/en.

14 Véase USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy, 9 de abril de 2009, op. cit.

15 Véase también USA: Investigation, prosecution, remedy – Accountability for human rights violations in the ‘war on terror’ (Índice AI: AMR 51/151/2008), diciembre de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/151/2008/en.

16 ICRC report on the treatment of fourteen ‘high value detainees’ in CIA custody, febrero de 2007. El informe completo, en inglés, puede consultarse en http://www.nybooks.com/icrc-report.pdf. Las citas aquí reproducidas en español son traducción de Amnistía Internacional.

17 Encontrarán más información sobre el caso de Abu Zubaydah en el apéndice 1 de USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy, 9 de abril de 2009, op. cit.

18 Tal como el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, Manfred Nowak, insistió específicamente en respuesta a la promesa del gobierno de no iniciar procesamientos, la Convención de la ONU contra la Tortura, en la que Estados Unidos es parte, establece inequívocamente que todos los casos de presunta tortura deben ser investigados y entregados a las autoridades competentes para que se inicie un procesamiento, a menos que el presunto responsable sea extraditado para ser juzgado en otro Estado. Véase Der Standard, 17 de abril de 2009.

19 Véase USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy, 9 de abril de 2009, op. cit.

20 Por ejemplo, otra prioridad de Estados Unidos debe ser la ratificación de otros tratados como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que establece mecanismos independientes de vigilancia para todos los lugares de detención, o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como la eliminación de las reservas a los tratados de los que Estados Unidos es signatario, conforme pidió Amnistía Internacional en su lista de control.

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